El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha dispuesto que los 250 mil encuestadores y encuestadoras, trabajadores mexicanos temporales y precarizados que venimos realizando el levantamiento del CENSO 2020, seguiremos trabajando hasta el último día de marzo de 2020. Esto sin duda pone en riesgo nuestra salud, la de nuestra familia y la de millones de personas, pues de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el periodo más peligroso de la expansión del COVID-19 en nuestro país es del 23 al 31 de marzo, la entrada a la fase 2 de esta contingencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
La naturaleza de nuestro trabajo es de contacto directo con familias en sus hogares. Nuestro peligro de contagio aumenta por dos aspectos:
- El primero de ellos, la merma física de nuestros cuerpos debida a las cargas extras de trabajo, sin horario fijo, y laborando los fines de semana, no pocas veces desvelados, insolados y deshidratados. Además de ello, para subsanar las metas nos vemos precisados a transcribir en casa encuestas levantadas por los supervisores en papel.
- El segundo, el no contar con las mínimas condiciones ni protocolos para prevenir el contagio, como son: gel anti-bacterial, mascarillas, revisión de nuestra temperatura, información, etc. Ante nuestras quejas, fue apenas el 20 de marzo que el INEGI dispuso depositar a cada encuestador doscientos pesos, para la adquisición de gel y cubrebocas.
Es preciso señalar que enfrentamos una creciente desconfianza y hasta hostilidad por parte de los encuestados, que nos consideran una amenaza para su salud y ven un despropósito del INEGI el no acatar la cuarentena en este periodo álgido de la pandemia que el mismo Gobierno de México y la Secretaría de Salud a nivel Federal han establecido, con el fin de evitar la diseminación del COVID-19.
Este fin de semana se “filtró” un Comunicado interno del INEGI llamado “Covit-19”, el cual da paso a partir del día de hoy y hasta el 30 de marzo, al empadronamiento vía internet, pero insiste en la realización de las encuestas en vivo, casa por casa, aunque se compromete a extender permiso de retiro a laborar en casa a los encuestadores que padezcan alguna afección crónica o una enfermedad respiratoria.
La demanda de suspensión del Censo, iniciada por nuestros compañeros de Yucatán, ha sido infructuosa hasta ahora. Las autoridades del INEGI esgrimen que estamos fuera de riesgo de contagio, no tematizan el problema de la diseminación, y priorizan criterios como la importancia de los resultados del Censo y la gran cuantía de recursos económicos invertidos para su realización. Ello resulta demagógico pues diversos estudios plantean la necesidad de realizar una auditoría al INEGI, dado que cuenta con un superávit, en gran medida basado en el despido de trabajadores y la reducción salarial a los mismos.
El INEGI ha omitido las disposiciones que la Secretaría de Salud ha emitido para hacer frente al COVID-19 y eso viola no sólo la ley de la Función Pública sino nuestros Derechos Humanos. Sólo una prueba de su irresponsabilidad es haber contravenido la disposición denominada de “Sana Distancia” -la cual comenzó a funcionar el día de hoy, con el objeto de evitar diseminar el Coronavirus – al convocar inesperadamente en Querétaro, a una reunión informativa y aclaratoria con una Delegada comisionada para “aplacar los ánimos” en diversas áreas censales del país. Y es que la reunión se celebró en la azotea de uno de sus módulos, un espacio de 30 metros cuadrados a lo sumo, donde bajo el rayo del sol fuimos concentrados aproximadamente 40 encuestadores.
La Delegada inició con un tono suave y palabras comprensivas de nuestra situación, dejando claro que no estaba en sus manos resolverla. El INEGI no estaba dispuesto a la suspensión del censo ni de las entrevistas. Respecto a la preocupación del contagio, sostuvo: “Infórmense, yo me he informado y estoy segura, no me voy a enfermar”. Al asunto de la diseminación, solo dijo guarden 1.5 mts. de distancia. Y dejó a criterio personal la renuncia laboral, minimizando sus efectos lesivos sobre el INEGI. Su opinión “profesional” es que por muy masivas que fueran las renuncias, “no dañarían los resultados del Censo, toda vez que será fácil hacer un ajuste en los números, sustentado ello en la problemática generada por la pandemia”. En pocas palabras, los únicos lesionados con la renuncia seríamos nosotros.
E insistió en que debíamos acosar en los domicilios a los entrevistados, por tres, cuatro y hasta cinco veces, hasta lograr las entrevistas, exponiéndonos así a ser objeto de violencia. Como anécdota, platicó su estrategia con una persona que reiteradamente se negó a conceder la entrevista “con el argumento de la disque inseguridad. Así que me presenté. Era la dueña de una disque farmacia, con dos o tres frascos en unos anaqueles. Y le dije: si fuera cierto que usted teme a la inseguridad, mejor hubiera contestado a la primera, y no haber dejado pasar cuatro o cinco intentos de los entrevistadores. Tenga usted en cuenta que no la dejaremos en paz hasta que nos conteste. Y en el momento que el entrevistador trasponga la puerta de su local, usted dejará de existir, será un número más, él sólo pensará en la siguiente casa que tiene que entrevistar”.
Ante los planteamientos de renunciar, advirtió que el INEGI pagaría la parte proporcional a los días trabajados, pero hasta el mes de abril, por los difíciles cálculos económicos requeridos en el ajuste. Eso sí, advirtió enfáticamente: “si renuncian, los perseguiremos, hasta lograr que entreguen el equipo completo y todo los que se les ha proporcionado y hasta que devuelvan los gastos de campo que no hayan aplicado; hasta por cinco años los perseguiremos hasta lograr que, así sean cien pesos, los devuelvan. Porque de algo deben estar seguros, y es que el INEGI cuida nuestros impuestos”. Así, por su voz, habló el estado.
Al salir por la puerta, la mirada de la Delegada hizo extensiva su molestia y desprecio. Muy probablemente se dirigía a apagar el siguiente “incendio” de su lista. A su juicio, nuestros reclamos eran nada, comparados con los planteados en otras reuniones, “tan difíciles que ni se imaginan”.
Yo me retiré tarareando aquel canto de los parias del mundo, teniendo la certeza de que no nos olvidaría, y disfrutando mi liberación del miedo a expresar mi inconformidad.
La Delegada no habló del trabajo gratuito que hemos sido forzados a regalar los fines de semana, ni de las horas extras depositadas diariamente a costa de nuestro descanso y de nuestra salud, y del abandono de nuestras familias. Tampoco habló del desaliento de los encuestadores, ante la presión ejercida por los supervisores para cumplir “metas” dictadas desde la comodidad de los escritorios por burócratas a los que solo les interesa el mayor logro al menor costo. En este contexto, los supervisores aclaran: “Ustedes no pueden pedir esto o lo otro, para el INEGI solo son números, es triste, pero es así”. El INEGI ha asegurado sus uniformes y equipo con responsivas. Nos ha dado copia de la alta al servicio médico del ISSSTE, pero no autorizó copias de los contratos ni del seguro de vida que firmamos.
En los hechos, lo que emerge es la irresponsabilidad e inmoralidad de una institución que maneja un doble discurso, que reduce toda relación humana a aspectos instrumentales y cuantitativos, y que antepone las “metas” estadísticas, las inversiones económicas y el ahorro de fondos y recursos, a la salud social, nacional y global, y que desconoce los derechos humanos de los más precarizados y expuestos, que somos los entrevistadores. Queda claro que para dicha Institución nuestras vidas y nuestra salud no importan, que somos simplemente “carne de cañón” en su labor estadística.
Cuando finalice el Censo, seguirán jactándose de que fue levantado por 250 mil entrevistadores en todo el país. Pido al que lee estas líneas que no olvide que no fuimos ni somos números, sino 250 mil trabajadores sobreexplotados. Nunca acepte ser un número más en una estadística.
Santiago de Querétaro, México, a 23 de marzo de 2020.
Encuestadora del Censo INEGI 2020, en Querétaro, México.
Correo: elandador24@hotmail.com
