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Reforma industria eléctrica

La industria privada es un lastre: ¡Renacionalización de todo el sector energético!

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La reforma eléctrica del gobierno de AMLO quiere poner un límite a la voracidad de las empresas privadas en el sector eléctrico, quienes se han beneficiado por toda una serie de reformas del pasado (principalmente la del 2013). La industria estatal en realidad se ha puesto al servicio de la privada, solucionando el caos que la economía de libre mercado está generando en el sector. Este es un ejemplo del histórico papel parasitario de los empresarios. Esta iniciativa, hay que decir, es muy tímida pues le deja al capital privado la posibilidad de seguir manteniendo el 46% de participación en el sector. Pese a ello, esta iniciativa está siendo muy bien vista por el pueblo y distintas organizaciones hemos conformado el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, realizando asambleas, foros y movilizaciones.

Las expropiaciones fueron la palanca del desarrollo económico

La burguesía nacional nunca ha jugado un papel progresista. En la revolución mexicana Los sectores más representativos de las masas fueron derrotados, los triunfadores llevaron adelante un programa de desarrollo capitalista, aunque viéndose obligados a dar concesiones a las masas. La debilidad y parasitismo de la burguesía nacional, incapaz de desarrollar las fuerzas productivas, se suplió con la intervención del Estado en la economía, expropiando sectores claves. Esto inicia con la expropiación petrolera, la creación de la CFE y LyFC y, a la postre, creando un monopolio estatal de los energéticos. Esto, sumado a las favorables condiciones internacionales, llevaría al más importante desarrollo económico del país.

La industria eléctrica se integra al país bajo la iniciativa privada extranjera. Pero fue la industria estatal, creada bajo el gobierno de Cárdenas, la que realmente se da a la tarea de electrificar a todo el país. En esta tarea la industria privada en realidad se convirtió en un lastre y obstáculo. Fue así como, en 1960, se nacionalizó el conjunto de esta industria. CFE y LyFC se convirtieron en industrias muy competitivas.

¿La burguesía protege la ecología?

Con Miguel de la Madrid se da un giro en la política del país e inician décadas de ataques y desmantelamiento de las conquistas de la revolución y las luchas de los trabajadores. A inicios de los años 90, se hicieron reformas como la modificación al artículo 27 que permitió la venta de la tierra ejidal (repartida con la revolución), después vendría un voraz despojo de las tierras por parte de grandes empresas capitalistas extranjeras y nacionales, como las generadoras de electricidad privadas. También con Salinas se estableció el esquema de auto abasto energético.

Cuando vinieron las primeras privatizaciones no hubo una gran resistencia. La clase trabajadora no media aún sus nefastas consecuencias. Pero cuando quisieron tocar la industria energética, petrolera y eléctrica los trabajadores salimos a luchar una y otra vez, convocados por organizaciones claves como el SME o por el mismo AMLO. Pero finalmente en 2013 pudieron llevar adelante una reforma eléctrica que abrió el sector en dos rubros: generación y distribución. En realidad, se ha desarrollado un mercado paralelo en el que los privados ahora venden electricidad a particulares con una relación muy benéfica.

Se comenzó a hablar de la necesidad de una transición energética buscando generación de electricidad no contaminante. El capitalismo está destruyendo al planeta, del total de emisiones globales de CO2 emitidas por energéticos contaminantes, China aporta el 28.13% del total mundial, EE. UU. el 15.48, la Unión Europea el 9.91% y México el 1.38%.

Realmente la defensa de la ecología fue un pretexto para posicionar a la industria privada en el sector eléctrico bajo la ayuda del Estado.

Las empresas generadoras de electricidad limpia se instalaron con métodos violentos, con despojos de tierra y de recursos naturales para las comunidades, dando una mínima parte de la ganancia a los campesinos que pudieron concesionar sus tierras con contratos desfavorables. Esta lógica no ha llevado al progreso real en las comunidades, algunos pocos campesinos pueden recibir un ingreso mayor al que tenían antes (que es menos del 1% de lo que se genera) y eso en sí mismo puede ponerlos como protectores de estas empresas frente al resto de la población que se ve más afectada.

En 2014 se comenzaron a emitir los certificados de energía limpias y se fortaleció un esquema complejo en que en realidad el Estado y su industria eléctrica subsidia al sector privado. Por ejemplo, las tiendas OXXO, los Walmart o Grupo Bimbo, tienen o son accionistas de empresas generadoras de energía limpia (con el supuesto esquema de auto abasto) y con esto reciben un costo tres veces menor por la electricidad que una casa habitación sin subsidio.

La industria Estatal tiene que asegurar la distribución de la electricidad, venga de donde venga, a todo el país. La industria privada no gasta en la transportación de esa energía. Una empresa como Oxxo tiene acciones en 5 generadoras eólicas, que no necesariamente producen toda la electricidad para las 20 mil tiendas que tienen en el país, y la CFE tiene que asegurar que la electricidad llegue hasta su tienda más recóndita.

La burguesía ahora aparece como la más preocupada del medio ambiente. Critican al gobierno por usar energías contaminantes. Es pura hipocresía, buscan ser subsidiados y aumentar sus ganancias[1].

Los analistas de la burguesía ponen el grito en el cielo cuando se menciona que la CFE pueda asumir el control del conjunto del sector eléctrico. Gritan que eso es un monopolio. Argumentan que la competencia baja el costo y mejora el servicio. Eso es falso. La electricidad se vende al precio más alto que imponga el grupo de proveedores que la suministra. Las empresas privadas a las que se les puso en bandeja de plata la creación de empresas de generación eléctrica a bajo costo además terminan teniendo una ganancia mayor.

Según Miguel Santiago Reyes, director de la división Energía de la Comisión Federal de Electricidad, el subsidio que da la CFE a la industria privada supera los 471 mil millones de pesos (con lo que se podrían poner 10 dosis de vacunación contra el COVID-19 a toda la población del país). La empresa española Iberdrola, concentra el 26% de estos subsidios[2].

Los analistas de la burguesía se quejan de que no se pueden romper las reglas establecidas pues es un mal síntoma para los inversionistas. Quieren que sigamos subsidiando a los grandes capitalistas y ellos sigan enriqueciéndose a costa del pueblo trabajador del campo y la ciudad. En el marco de la nueva reforma energética, AMLO dijo que se debía poner una pausa en la relación entre México y España, porque “era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la mayor parte, lo saqueaban”. Esto seguramente para frenar acciones legales contra la reforma energética de Iberdrola y el gobierno España, para poder así negociar nuevas reglas del juego.

La industria privada nos lleva a la anarquía

El esquema de la derecha es que varios sectores privados intervengan en la industria eléctrica. Lo que busca la burguesía, en última instancia, no es satisfacer una demanda social sino obtener ganancias, las mayores con la menor inversión posible. Eso lleva al desarrollo caótico y no planificado del sector, que de seguir así puede llevar a problemas serios de suministro en el futuro, porque varias industrias basadas en ambientes naturales pueden tener intermitencias y deben ser cubiertos por electricidad generada de ora forma. Este desarrollo anárquico puede llevar a la saturación de los nodos de distribución. La industria privada esta a favor de convivir con el sector estatal para trasladarle a él estos problemas y que se mantenga como instrumento de subsidio imprimiéndole una mayor carga económica en pro de mayores beneficios para la industria privada.

Con lo dicho a lo largo de este artículo queda claro que el sector privado más que beneficiar, es una carga que desestabiliza al sector energético. Son una sanguijuela que se enriquecen de chupar la sangre de nuestras riquezas y del pueblo trabajador. Ya han obtenido demasiados beneficios con estos contratos leoninos, ya han incrementado sus fortunas a costa del saqueo y explotación. Entonces ¿De qué nos sirve darles la oportunidad de mantener el 46% del sector eléctrico?  La reforma de AMLO es un paso adelante al buscar poner un limite a la voracidad del gran capital, pero está claramente limitado al no actuar como lo hizo Cárdenas, quien puso a todo un sector clave en manos del Estado.

Un argumento de los analistas del capital contra la reforma de AMLO es que el sector estatal no tendría la capacidad financiera para hacer las inversiones que se requieren para el desarrollo de esta industria. Al decir que debe nacionalizarse todo el sector pegarán el grito en el cielo de forma más alta. Esto se debe hacer bajo la modalidad de expropiación sin indemnización, solo así se resarcirá parcialmente todo el saquero que han generado. Pero además debería ser el primer paso. Esto que pasa en el sector eléctrico ocurre en el conjunto de la economía, donde la burguesía genera anarquía en la economía, frente a ello crisis e inestabilidad a nivel nacional y mundial.

El problema con la postura  del actual gobierno está en querer limitar, pero no arrebatar los privilegios del gran capital. Aunque ahora paguen impuestos y se hagan contratos más ventajosos para el estado no ha impedido que la riqueza de los multimillonarios mexicanos, durante este sexenio, se haya incrementado en prácticamente un 30%. No se puede hacer medio cambio.

La renacionalización de todos los energéticos (que debe pasar por el desarrollo de la industria del litio) debe administrarse democráticamente bajo control obrero para eliminar la corrupción, elevar la productividad, mejorar los salarios y el servicio.  Pero debería ser el primer paso para avanzar en poner en manos de los trabajadores las palancas fundamentales de la economía bajo una planificación económica racional. Eso significaría que los trabajadores realmente tengamos el poder en nuestras manos y avancemos hacia acabar con los males del desempleo, la pobreza, la explotación y la violencia que hoy nos siguen azotando.

El actual gobierno esta bajo presión de los empresarios nacionales y extranjeros que lo puede llevar a hacer más concesiones y aguar más la reforma. El Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, las organizaciones sindicales, las bases críticas de Morena, las organizaciones estudiantiles, etc., debemos pugnar por llevar la reforma hasta la renacionalización de toda la industria eléctrica, como un primer paso firme. Eso implica fortalecer la organización, la información con la población y movilizarnos para que no se haga ninguna concesión a la burguesía y se actúe con firmeza en beneficio del pueblo trabajador. Los socialistas estaremos en esta batalla, luchando por nuestras ideas y te invitamos a que te sumes con nosotros a luchar para que el poder y la economía pase a manos de los trabajadores, a luchar por el socialismo basado en la democracia obrera.

[1] (Distorsiones en el pago de energía eléctrica por parte de OXXO, Walmart y Grupo Bimbo – YouTube)

[2]  (Subsidio de luz a empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo supera los 471 mil 200 millones de pesos: CFE – Proceso)

Crisis energética y reforma en México: ¡Expropiación ya!

Crisis energética y reforma en México: ¡Expropiación ya!

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La crisis energética es un hecho en todo el mundo. En ese contexto, el gobierno de AMLO ha lanzado una iniciativa de reforma constitucional para reestablecer una parte del control estatal de la energía eléctrica y al mismo tiempo desarrollar una industria estatal del Litio. Obviamente, la iniciativa enfrentará la oposición férrea de la oligarquía y sus socios extranjeros, pero nos preguntamos: ¿Qué alcances podría tener? ¿Qué se necesita en el terreno energético y minero para lograr verdaderos avances en el contexto de la 4T?

Fracaso del “modelo europeo”

Los precios internacionales de energía eléctrica están disparados. Por ejemplo, un hogar español en los primeros días de octubre de 2021 puede recibir una factura de energía por 368 euros (unos 9200 pesos) y tendrá la esperanza de que, con ciertas medidas gubernamentales, baje a 281 euros (7000 pesos). Si millones de trabajadores en España ganan unos 1000 euros en promedio, tenemos una situación catastrófica e insoportable[1].

Esta situación no es privativa del Estado español, en toda Europa se viven escenas que suelen ser normales en países de América Latina o África como, por ejemplo, la pelea entre dos consumidores en pos de un poco de gasolina[2] a un precio de 40 pesos el litro o vehículos de carga de combustible custodiados por el ejército. Mientras que el pánico crece conforme se acerca el invierno.

Al mismo tiempo, la eléctrica española Endesa incrementó sus beneficios en un 700% durante 2020[3] e Iberdrola reporta ganancias por 3611 millones de euros, unos 90 mil millones de pesos. Las ganancias récord acompañan la desesperación de las masas que, por primera vez en Europa en muchos años, corren el riesgo de morir de frío o como en el caso de Texas, Estados Unidos, pagar la factura eléctrica en planes de pago parecidos a los de la hipoteca de una casa.

Las causas fundamentales de dicha crisis han sido las reformas privatizadoras que buscan someter este tipo de servicios a los vaivenes del mercado, bajo el dogma, “las ganancias son privadas, las pérdidas son de todos”. En Europa las comisiones reguladoras, como en el caso de los Estados Unidos, son asociaciones independientes del gobierno que sólo buscan dejar que el mercado dicte los precios bajo la ley de la selva.

La supuesta política de impulso de energías limpias se ha convertido en un mecanismo para subsidiar a organismos privados que en muy poco contribuyen al abastecimiento del servicio eléctrico, pero con el pretexto de que no contaminan reciben subsidios millonarios que por supuesto pagan los usuarios.

En ninguna parte del mundo las nuevas tecnologías son capaces de sustituir a los hidrocarburos como la principal fuente de generación de energía eléctrica, el caso español es también ejemplar, en años recientes se llegó a producir hasta un 20% del consumo total con energía eólica, no obstante, ese también ha sido un factor de crisis, dado que este año 2021, “no ha soplado el viento”, como es evidente ningún gobierno responsable puede hacer depender su sistema eléctrico de los caprichos del viento.

A nivel mundial, el 63% de la electricidad se produce por hidrocarburos, el 11% por energía atómica, el 16% por hidroeléctricas, es decir que por medios convencionales se genera el 90% de la producción mundial. Sumadas todas las demás fuentes, que se podrían considerar limpias, apenas cubren el 10% de la producción, con la desventaja de que están sujetas a las condiciones climáticas de modo contundente. Por lo tanto, es absolutamente imposible que en estos momentos y quizá en los próximos 20 años dichas energías puedan reemplazar la quema de combustibles fósiles.

La reforma privatizadora en México

La estrategia de las empresas privadas en México y en todo el mundo ha sido la de acaparar el control del mercado por medio de privatizaciones, la regulación por medio de comisiones autónomas del gobierno, pero no de ellos, así como establecer un monopolio de la producción de energías limpias, que les permitan subsidios y sobreprecios extraordinarios. Repetimos, el monopolio de las energías limpias tiene como objetivo exprimir al erario público, dado que incluso estas mismas grandes empresas están interesadas en mantener la mayoría de su producción con la quema de combustibles fósiles.

En México este modelo de negocios tenía obstáculos importantes, el primero era la existencia de una compañía nacional que mantenía la hegemonía en la industria a todos los niveles, en segundo lugar, existía un marco legal que dejaba los precios fuera de los vaivenes del mercado.

La reforma de Peña Nieto tenía como objetivo destruir la CFE, segmentarla en distintas empresas, agotarla financieramente y finalmente rematarla como fierro viejo. Con la existencia de la CFE se hacía innecesaria la existencia de una comisión reguladora, así como organismos “autónomos” que como hemos dicho siempre, están sometidos a los conglomerados privados más grandes.

El marco legal de Peña Nieto estaba acorde con la idea de disolver la CFE, uno de los principales temas era la cuestión de subsidiar a las empresas privadas que generasen energías limpias, excluyendo a la CFE de ellas. Obviamente el objetivo era saquear al Estado, dado que nunca fueron capaces de producir energía suficiente ni barata, como se ve en la siguiente gráfica, dichas energías solo representan el 4% de la producción total nacional.

La reforma Peñista también tenía el objetivo de legalizar lo que por años se vino implementando de forma ilegal con el apoyo de los gobiernos en turno. Es decir, había empresas privadas que creaban energía —supuestamente para consumo propio— pero CFE se tenía que encargar de llevarla o transmitirla a donde las empresas privadas ocuparan, sin pagar un sólo peso.

También, se firmaron acuerdos con grandes empresas internacionales, donde el gobierno les garantizaba la compra de su producción de energía, delimitando el papel de la CFE a simplemente trasladar de forma gratuita la energía. Estos contratos eran escandalosos pues se compraba la electricidad a sobre precios, se les condonaban impuestos a las empresas privadas, el Estado garantizaba los planos y proyectos, todo para que la empresa privada sólo llegara y ganara dinero.

La contrarreforma de AMLO

La reforma energética que propone el gobierno de AMLO tiene como objetivo regresar al escenario previo a la reforma de Peña Nieto, en suma, revertir el desmantelamiento de la CFE y establecer su primacía respecto de los generadores privados, los cuales en los pocos años de vida de la actual ley se dedicaron a exprimir las arcas del Estado por medio de “certificados de energías limpias”, especulando con las concesiones y regalando electricidad a las grandes corporaciones como FEMSA, Wal-Mart, etc.

Sin duda la generación de energías limpias es el futuro, entre otras cosas, dado que a lo largo del siglo seremos testigos del agotamiento de las fuentes de hidrocarburos, no obstante, el desarrollo de dichas fuentes no puede quedar en manos de particulares, dado que como se ha demostrado en Europa y Estados Unidos, su intención real es la especulación.

Desde nuestro punto de vista la reforma propuesta por AMLO es un paso adelante, no obstante, no es suficiente, especialmente porque debería estar enmarcada en un plan nacional de desarrollo industrial, que abarque todos los aspectos de la producción energética, incluyendo por supuesto, un plan de desarrollo de energías limpias, especialmente la solar, la hidráulica y la eólica cuya conversión a electricidad no genera efectos tan dañinos al ambiente, así como la cancelación de todos los contratos privados y que CFE sea dueña del 100 % de la producción y distribución de la energía, cosa que AMLO no propone.

Lo que está proponiendo AMLO ya lo hemos visto en otros países latinoamericanos con gobiernos “progresistas”. Por ejemplo, en Brasil, donde Lula, en vez de renacionalizar la industria petrolera y su empresa Petrobras, lo que hizo fue aumentar la inversión del Estado para que controlara el 51% de la producción de petróleo, pero sin revertir el proceso de privatización.

Otro aspecto limitado de AMLO es que, para conseguir aprobar su reforma busca romper la alianza de la derecha haciendo llamados al PRI a que vote por ella, apelando a su pasado cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Este partido dice actuará en base a sus convicciones, no cederá ante el chantaje del gobierno de AMLO o del PAN. Esto quiere decir que actuará en base a sus intereses y cederá frente a quien le haga más concesiones y le ofrezca mejores prebendas. AMLO, para llevar adelante su reforma, debería apoyarse en la movilización y la organización de las masas y no en llamados hacia los partidos de la burguesía.

AMLO ha dicho que está en contra del neoliberalismo, pues se basa en la privatización de las empresas públicas. Sin embargo, al estar en contra del neoliberalismo, necesariamente se tiene que plantear seriamente la renacionalización de la industria eléctrica, petrolera y minera. Si no lo hace, al final AMLO sólo se quedará en el discurso y, obviamente, no se cortará la dependencia a los vaivenes internacionales, pues no se puede controlar lo que no se posee.

¡Fuera manos privadas del litio!

Actualmente México es el noveno país en reservas de litio con 1.7 millones de toneladas, no obstante, tan solo en Sonora se estima que podría haber 240 millones de toneladas, por supuesto es una estimación sujeta a múltiples factores, sin embargo, el potencial es enorme si tomamos en cuenta que el país con mayores reservas probadas es Bolivia, con apenas 21 millones de toneladas.

Hasta ahora dicho mineral es clave para el desarrollo de baterías, indispensables en la industria automotriz, electrónica y de comunicaciones, por ende, su control es estratégico para la industria del futuro.

Por supuesto el atractivo de Sonora es evidente, ubicada a tan sólo unos kilómetros de la frontera, se antoja como un apetitoso botín listo para que alguna transnacional haga el negocio de su vida. De hecho, Tesla y diversas compañías fabricantes de automóviles estaban muy interesadas en celebrar contratos para adquirir el Litio o si es posible las minas completas, las cuales en la actualidad son propiedad de Bacanora Lithium, una empresa de muy reciente creación, pero con vínculos con capitales alemanes y chinos.

La reforma que propone AMLO incluye la nacionalización de la explotación del litio sin que ello implique la expropiación de las mineras que ya existen.

Nuevamente encontramos un aspecto viable en la propuesta, pero al mismo tiempo, nos topamos con el límite del respeto a la propiedad privada, cuyo control sobre la minería es absolutamente total y ha representado un saqueo superior al de la época colonial.

Actualmente hay 25 millones de hectáreas del territorio nacional concesionadas para la explotación minera, por las que se pagan ridículos derechos entre 5 a 100 pesos por hectárea[4] (Véase tabla 1).

No obstante, el valor de la producción durante el 2016 fue de cerca de 300 mil millones de pesos, mientras que los ingresos por impuestos al Estado representaron poco más de 17 mil millones de pesos[5], mirando en su conjunto, sólo pagaron el 0.6% de lo que produjeron.

Un dato más reciente, referido a las empresas mineras mexicanas que cotizan en la bolsa en 2021, señala que respecto a sus ganancias pagaron el 9% en forma de impuestos[6], obviamente, esto se refiere sólo a las empresas mexicanas, Grupo México y Peñoles.

En conclusión, las mineras no pagan impuestos, especialmente si son extranjeras.

Este es el rubro del que cojea la reforma del litio y la reforma energética, específicamente la eléctrica; el saqueo y entrega a particulares. Pues están protegidos por los privilegios de la propiedad privada. Si no se rompe con ella, la reforma no pasará de ser un paliativo.

En suma, no es suficiente regresar a las reglas previas a la reforma de Peña Nieto, porque el daño ya está hecho, lo que se debe hacer es proceder inmediatamente a la expropiación de la industria minera y eléctrica para que dichos recursos se puedan poner a disposición del desarrollo de cada una de las regiones del país.

¡Fuera manos privadas del litio!

¡Por la expropiación de la industria minera y eléctrica bajo control obrero!

[1] https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11415636/10/21/La-inflacion-se-descontrola-el-precio-de-la-electricidad-se-mantendra-caro-hasta-2024.html

[2] https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2021/09/28/61535974268e3e483a8b4629.html

[3] http://www.luchadeclases.org/estado-espanol/61-analisis-politico/3870-las-electricas-vuelven-a-golpear-a-las-familias-trabajadoras.html

[4]E https://www.redalyc.org/journal/413/41345703005/html/

[5] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ffundar.org.mx%2Fmexico%2Fpdf%2F3.3.Elpapeldelaminer%25C3%25ADa.pdf&clen=535241&chunk=true

[6] https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/03/30/el-sat-le-saca-brillo-a-las-mineras-listadas-en-la-bolsa-pagan-1293-mdd-en-impuestos/

Reforma para la industria eléctrica: demasiado poco

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La reforma energética de Peña Nieto, aprobada en el año 2013, bajo lo auspicios de la alianza PRI-PAN-PRD llamada “pacto por México”, significaba el último clavo al ataúd de la industria estatal construida sobre la base de las expropiaciones petroleras y eléctrica en el siglo XX. Respondía al vejo reclamo de la burguesía mexicana, y obviamente también de la extranjera, de que la producción comercialización y distribución de la energía debían quedar en manos privadas.

La reforma sometía a las dos empresas nacionales: Pemex y la CFE a condiciones de desventaja tales que en poco tiempo no quedaría de ellas más que su recuerdo. Básicamente se trataba de desmantelarlas y venderlas como fierros viejos.

El abandono de la energía por parte del Estado incluía incluso la regulación. Ésta quedaría a cargo de comisiones “autónomas”, es decir, bajo el control de personalidades que responden fundamentalmente a los intereses de los grandes monopolios extranjeros. El estado lo único que tendría que hacer era cobrar impuestos todo en aras de la “inversión” que, por cierto, al final nunca llegó. En este contexto se establecieron convenios lesivos tanto para CFE como para Pemex que en suma significaban mecanismos de transferencia de recursos estatales a manos privadas.

El escándalo de las maniobras de altos hornos de México con empresas otrora parte de Pemex, con contratos de suministros de gas a CFE, la compra forzosa de energía eléctrica cara con el supuesto de que era “energía limpia”, entrega de proyectos de extracción de crudo, etc.

La destrucción de la industria energética ha continuado dos años después del inicio del gobierno de AMLO. Los grandes monopolios privados se amparan en la vieja ley. Pese a que la succión de recursos se ha visto disminuida, la destrucción no ha parado.

Por lo tanto, a la vista del sentido común, es claro que, sólo modificando la ley, incluida la constitución, es posible un auténtico cambio de rumbo.

Una nueva reforma energética es, por lo tanto, algo absolutamente indispensable, no obstante, es importante analizar la profundidad de la misma. Sería muy lamentable que sucediera como en otros casos, en donde las intenciones iniciales suenan muy ambiciosas, pero al final las concesiones a la gran burguesía dejan las cosas con apenas un cambio cosmético, como ha sido el caso de la lucha contra el outsourcing, que han llevado a nuevas leyes que lejos de eliminarlo lo legalizan.

Con fecha 1° de febrero se entregó la iniciativa a la cámara de diputados, lamentablemente sólo se limita a la industria eléctrica y no implica reformas constitucionales. Deja abierta la puerta a los particulares para que se amparen en la supuesta “libertad de mercado en la industria eléctrica” para continuar con los obscenos y ventajosos contratos que se mantienen vigentes.

La reforma incluye básicamente lo siguiente:

1.- El estatus de prioritaria a la producción y distribución de energía eléctrica a la de CFE respecto a los particulares. Elimina el estatus de “energía no limpia” a la producción hidroeléctrica que, dicho sea de paso, es la más limpia de todas. Por el tamaño de la inversión en infraestructura que requiere sólo CFE tiene la capacidad de generar dicha producción.

En el caso de la producción de plantas termoeléctricas se les adjudica un segundo nivel en prioridad, dejando a las particulares, tanto termoeléctricas como eólicas, en tercer término.

2.- Estos estatus de prioridad solamente son una referencia para el establecimiento de contratos entre particulares y la CFE. Son criterios por medio de los cuales CFE puede establecer condiciones a particulares, ello incluye el precio de la compra de energía, en el caso de que se necesite, y la desaparición de contratos de compra obligada.

En realidad, la actual iniciativa tan solo se trata de un intento de limar las aristas más filosas de la parte referida a la electricidad de la vieja reforma energética.

La actual reforma es demasiado poco para las necesidades de rescate que requiere CFE, no obstante, es sorprendente el tamaño de la reacción de la burguesía que ha puesto un grito en el cielo, reclamando que la iniciativa “inhibirá la inversión”.

Por el contrario, nosotros reclamamos una reforma de fondo, la expropiación de la producción privada de energía eléctrica que se use para la comercialización. Así como la integración de la industria eléctrica a un plan nacional de reindustrialización.

¡Basta de chantajes de la burguesía!