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Reforma al poder judicial

Se aprueba la reforma jurídica, pero la escoria sigue penetrando a la 4T

Se aprueba la reforma jurídica, pero la escoria sigue penetrando a la 4T

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En medio de protestas de la derecha, que incluyeron un paro parcial del poder judicial, la reforma jurídica, una de las últimas iniciativas que impulsa el gobierno de AMLO, ha sido aprobada. Esto representa una derrota para la derecha. Sin embargo, a pesar de que se ha demostrado que la correlación de fuerzas es favorable al gobierno actual, lo determinante ha sido mantener acuerdos y negociaciones con elementos de la derecha, lo cual ha implicado hacer concesiones. El caso más patético fue lo ocurrido con Miguel Ángel Yunes y su hijo, una de las familias más reaccionarias de la derecha veracruzana –los cuales han sido acusados de pederastia, asesinato y enriquecimiento ilícito–, quienes votaron a favor de la reforma del poder judicial, siendo a las horas expulsados del Partido Acción Nacional.

La movilización de la derecha

El embajador de EEUU, Ken Salazar, criticó abiertamente la reforma jurídica, la elección de jueces y reducción de años para acceder a dichos puestos. Claro que al imperialismo le conviene un sistema judicial tal como esta en México. Las críticas del embajador no solo obedecen a la actual reforma, es una presión del imperialismo para tratar de alinear al siguiente gobierno de la 4T a favor de los intereses de las empresas imperialistas.

La derecha mexicana, en la misma línea que los imperialistas, se ha opuesto radicalmente a la reforma. Sabiendo de su debilidad parlamentaria, la derecha utilizó argucias legales junto con una intensa campaña de propaganda para tratar de arrebatar la mayoría obtenida por la 4T en las urnas. Jueces y magistrados impulsaron un paro en el poder judicial, que, aunque no fue de enorme magnitud, tuvo cierto eco en algunos centros laborales. A la par, movilizaron a una parte de su base. Lograron movilizar a un sector de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, que no fue más que eso: un sector de una facultad que históricamente ha tenido dentro de su base un ala de derecha. Lo mismo hicieron con algunas escuelas privadas y su base partidista en varias partes del país.

Las protestas de la derecha obligaron a cambiar de sede la sesión vespertina de la Cámara de Diputados, aunque finalmente no hubo problema para aprobar la reforma. En el caso del Senado, incluso lograron ingresar a la sede del parlamento. Esta incursión no se debió a una movilización masiva de la derecha, que no era más que algunos cientos, sino a las maniobras, cierta habilidad de sus dirigentes y, también, a los titubeos de la 4T.

¿Quiénes irrumpieron en el senado?

Por un lado, había claros provocadores, porros, que rompieron las puertas de vidrio y activaron extintores contra la policía. Por otro lado, estaban los hijos y operadores de los propios diputados y dirigentes del PRI, PAN y PRD, gente cercana a Xóchitl Gálvez y Claudio X. González. Por ejemplo, estuvo presente el hijo de la priísta Carolina Viggiano, una de las líderes juveniles de la campaña de Xóchitl Gálvez o la hija de Rosario Robles. Algunos de estos jóvenes son los llamados líderes estudiantiles que se han opuesto a la reforma del poder judicial. Se puede visitar la cuenta de X de Arlin Medrano (@ArlinMedrano_), quien documenta estos hechos.

Criticar en abstracto la toma del parlamento no tiene sentido. Es criticable este hecho porque, con todas las maniobras posibles, la burguesía, los altos magistrados y sus seguidores, la derecha, trataba de impedir la votación de una reforma que limita los privilegios de los jueces y magistrados y abre una rendija para que la población ejerza presión sobre ellos. La 4T no ejerció gran represión. La derecha en el poder ya hubiera movilizado a enormes contingentes militares, reprimido y encarcelado a compañeros que hubieran intentado tomar el parlamento en contra de una medida reaccionaria.

La toma parlamentaria será necesaria en el futuro, pero no por minúsculos grupos de pequeñoburgueses fanáticos y derechistas a sueldo; sino como lo ha hecho el movimiento indígena y popular en Ecuador; como pasó en Bangladesh o en Siri Lanka donde las masas tomaron el palacio presidencial. Claro que esto no es suficiente, debe sustituirse el Estado burgués actual por un poder emanado de la organización de los trabajadores. Es decir, que nuestra crítica a la toma del senado por los porros y derechistas obedece no a cuestiones morales sino a posiciones opuestas de clase.

Respuesta contra la derecha

De igual manera, se vieron muestras de apoyo a la reforma y de respuesta contra las acciones de la derecha. Se convocó a una movilización estudiantil en apoyo a la reforma, donde los manifestantes, a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gritaron: “¡Fuera Piña!”, refiriéndose a la odiada magistrada que encabeza la oposición a la reforma y ha protegido a políticos de la oposición de derecha y a empresarios.

Otra acción destacable fue la de algunos miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes también realizaron una movilización y un mitin en apoyo a la reforma frente al poder judicial.

Después de la toma del Senado por parte de la derecha, la reunión se trasladó a la antigua sede de Xicoténcatl. Vimos protestas de gente en las calles del centro de la CDMX, en apoyo a la reforma.

 



¡Ya pasó, ya pasó, la reforma ya pasó! Enhorabuena por la justicia en México

Publicado por Lenia Batres Guadarrama en Martes, 10 de septiembre de 2024

 

Polarización

Lo que vimos fue una escalada de la polarización en torno a esta reforma. Sin embargo, las movilizaciones no fueron masivas. Por primera vez, vemos actuar a la derecha de manera más consistente en una lucha. Algunos de sus elementos se están politizando y adquiriendo experiencia más allá de los aparatos partidistas. Estas movilizaciones seguirán sucediendo por parte de la derecha en sus intentos por volver a consolidarse como contrapeso político ante el gobierno oficial de la 4T. No obstante, tenían la desventaja de su aislamiento social, ya que la gran parte de la población odia al poder judicial por defender a los ricos y no traer justicia al pueblo. Por ello, apoya la reforma de López Obrador y no a este paro y lucha de la derecha.

La estrategia de AMLO no ha sido movilizar a su base. Por el contrario, ha jugado un papel para contener la movilización social, llamando a la gente a esperar que el gobierno solucione los problemas. Aun así, vimos una respuesta favorable a una reforma que, en realidad, es bastante limitada.

Como explicamos en un artículo anterior, esta reforma reduce los privilegios de altos funcionarios y da a las masas la posibilidad de elegirlos, lo que podría llevar a que muchos de los actuales jueces y magistrados sean sustituidos. Sin embargo, todo el sistema jurídico permanece básicamente intacto y no garantiza justicia para las mujeres violentadas, para los explotados ni para el pueblo trabajador en su conjunto. Podemos decir que la reforma tiene como objetivo seguir limpiando la cara a un Estado que perece, es una herramienta de opresión de una clase sobre otra. La reforma quiere hacerlo más funcional y librarlo de injerencias fácticas, pero el Estado, por su naturaleza, es una fuerza fáctica para mantener el control de un puñado.

Aunque la reforma purgue a elementos nefastos, la corrupción va a seguir en otros niveles y de otras formas, porque la corrupción es la muestra más clara de la podredumbre del sistema capitalista, el cual potencia la avaricia, la acumulación y el individualismo, como esencia del funcionamiento de la sociedad, mientras que siga existiendo esto, la corrupción va a seguir.

Cuando López Obrador ganó las elecciones hace seis años, en los meses previos a su toma de posesión, concilió y evitó la polarización para no entrar en un escenario crispado. Ahora, al terminar su sexenio, lanza una ofensiva de reformas que caldea los ánimos. Su lógica será terminar con fuerza y tratar al final de minimizar la polarización exacerbada. Es un político sumamente hábil. Mientras una noche antes se aprobaba la reforma jurídica en el Senado, en medio de grandes tensiones, al día siguiente, en su mañanera, el tema principal fue que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, respondía preguntas de su andar junto a Obrador, bajando así la tensión. Pero el escenario en que entrará Claudia Sheinbaumb será inevitablemente más polarizado.

Lo cierto es que el proceso de polarización no se va a detener. Claudia Sheinbaum llegará con una correlación parlamentaria y social favorable, pero sin la autoridad ni la habilidad de AMLO. Las contradicciones seguirán desarrollándose, y ella es más propensa a hacer concesiones a la derecha. Esto llevará a que no se solucionen de fondo los problemas (incluso hoy vemos una reforma limitada al poder judicial desde el punto de vista de la legalidad burguesa), lo que propiciará el desarrollo de tendencias más a la izquierda que planteen una transformación realmente profunda de la sociedad.

Por otro lado, se desarrollará también un ala de derecha. La única forma de frenarlos no es moderando las reformas, sino aplicando un programa que realmente solucione los problemas de raíz, como la explotación, la violencia y la falta de justicia para las familias trabajadoras. Eso implicaría un enfrentamiento feroz contra la gran burguesía y su aparato estatal. Eso significaría una lucha real contra el capitalismo y su Estado burgués. Claudia no tiene la menor intención de esto. Por lo tanto, será inevitable que un ala de derecha, o incluso de ultraderecha, vaya tomando consistencia y se vaya desarrollando. Es nuestra tarea como Organización Comunista Revolucionaria el consolidarnos como la alternativa revolucionaria que lucha contra la derecha y la izquierda reformista por un plan socialista que lleve a los trabajadores al poder.

La batalla por la Reforma al Poder Judicial

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La batalla por la Reforma al Poder Judicial ha abierto una nueva confrontación entre la derecha, el imperialismo norteamericano (EEUU y Canadá) y la burguesía nacional en contra el Gobierno y la mayoría Diputados y Senadores recién electos.

Este bloque reaccionario de derecha quiso evitar todo esto uniéndose en las elecciones en una sola fuerza, pero fracasaron y lo que no ganaron por las urnas lo quisieron boicotear a partir de un “golpe” técnico con la intervención de la Suprema Corte; ello para invalidar la mayoría representativa que goza el bloque del gobierno (Morena, PT y PVEM), alegando una supuesta sobrerrepresentación. Esta última carta no jugó a su favor, pues el ministro encargado de dictaminar el caso decidió no hacer el caldo gordo al bloque reaccionario y [qué hizo en su lugar] —esta postura también refleja las presiones que están recibiendo los ministros y las fisuras que hay en la cúpula del poder judicial—. Incluso después de esto, la derecha ha intentado que la suprema corte de justicia atraiga el caso, aunque este fuera de sus atribuciones.

Una vez que se ha ratificado la mayoría en la cámara de Diputados por parte del bloque en el gobierno y el intenso cabildeo que hay en entre los Senadores para ganar el voto restante para tener mayoría en la Camarada de Senadores —ya dos Senadores que fueron votados por el PRD se han pasado al bloque del gobierno—, parece que no hubo nadie que se interponga en la votación de la Reforma al Poder Judicial.

¿A quién representa el Poder Judicial?

No queremos abordar todo lo que la Reforma plantea porque es ampliamente conocido, nos centraremos en dos de los aspectos que nos parecen importantes; por un lado, el papel político que está jugando el Poder Judicial desde que AMLO llegó a la presidencia y; la ambigüedad que hay con respecto a los trabajadores —la inmensa mayoría de los que trabajan en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal—, los cuales están en la cuerda floja al saber que pueden perder su empleo. Los trabajadores de base, sindicalizados, no se han manifestado en contra de la reforma pues no hay afectaciones, pero los de confianza están en la cuerda floja al saber que pueden perder su empleo si son destituidos los ministros o jueces para los que trabajan.

Sobre lo primero, el Poder Judicial, la gente que está al frente de este órgano de poder, ha jugado el papel de un oponente político frente al gobierno de Andrés Manual López Obrador. De forma sistemática, se han puesto en contra de las medidas más progresistas del Gobierno, liberando delincuentes que este ha apresado, boicoteando por medio de resoluciones proyectos y reformas, etc. Pareciera que su papel fundamental fuera el de paralizar al Gobierno, boicotearlo.

El Poder Judicial es parte esencial del Estado capitalista, es el encargado de “hacer respetar la Constitución” y la “institucionalidad” para que el capitalismo funcione de acuerdo con las leyes. Pero la realidad es más compleja que un pedazo de papel escrito hace más de 100 años y que todas las interpretaciones que se les pueda dar a la Constitución y leyes secundarias.

Las estructuras del Estado están hechas para funcionar de forma armónica, independientemente del supuesto equilibrio que debe haber entre los tres Poderes —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial—. La tarea de estos tres poderes es garantizar que el sistema continúe funcionando para mantener el estatus quo, es decir, la explotación del hombre por el hombre. Así ha operado desde la consolidación del Estado mexicano, en los años 40, hasta antes del gobierno de AMLO. Todos se movían al unísono, no había contradicción entre ellos.

Pero la llegada al gobierno de AMLO rompió esta armonía, y no porque el actual presidente esté en contra del capitalismo —lo ha hecho funcionar mejor que cualquiera de los otros presidentes-, sino porque su gobierno reclamo que el Estado y sus instituciones no estuvieran bajo las órdenes del gran capital. Este planteamiento es contradictorio porque esencialmente el Estado es una herramienta de opresión de una clase sobre otra, así se ha demostrado a lo largo de la historia, pero también la historia ha mostrado excepciones en momentos determinados y circunstancias determinadas. Podemos considerar una de esas excepciones este gobierno.

¿De qué se trata esa excepcionalidad? Estos gobiernos llegan al poder en medio de una profunda crisis del sistema y del status quo, donde la clase dominante ya no puede seguir dominado como antes al tiempo que la clase explotada no tiene la posibilidad –por su desorganización, confusión ideológica y falta de dirección– para impoener otro sistema social. En estos momentos de crisis se suelen levantar una personalidad que se opone al poder político reinante, pero que sigue manteniendo las bases económicas sobre las que funciona la sociedad. Balanceándose entre una clase y la otra: dando concesiones, cooptando dirigentes, reprimiendo, utilizando las estructuras leales del estado, busca armonizar la sociedad para que esta se desarrolle.

Esta clase de gobierno entran en conflicto directo con sectores de la clase poseedora porque su gobierno tiene que romper una forma tradicional de llevar adelante la política, buscando la autonomía del poder político del económico. Busca una cierta autonomía del Estado para poder funcionar como un regulador para mantener el control de la sociedad. Todo esto lo hemos visto en el actual gobierno. No es extraño que la derecha tradicional se haya atrincherado en ciertos sectores del aparato estatal y luchen contra el gobierno de AMLO.

Estos sectores representan la vieja forma de relaciones entre el Estado y la burguesía, entre el crimen organizado y el Estado. Quieren mantener las cosas como están en el poder judicial porque quieren seguir manteniendo privilegios escandalosos de forma personal –salarios, dietas, “apoyos”, jubilaciones– y darse una vida faraónica.

La reforma plantea que jueces y magistrados puedan ser elegidos por medio de votación. Nosotros estamos de acuerdo en ello, pero no nos quedamos ahí, rescatamos lo que Marx planteaba en La guerra civil en Francia:

“Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables.”

También creemos que no deberían de ganar mucho más de un obrero cualificado, sin tener apoyos o dietas especiales para su funcionamiento. Aunque esta reforma no resuelve de fondo el problema de la explotación capitalista, pensamos que es progresista en los sentidos antes mencionados y limitada en otros.

Inestabilidad en el trabajo de miles que laboran en el poder judicial

El lado más criticable de la reforma es que, no plantea nada claro con respecto a los miles de trabajadores que laboran en el poder judicial, los que sacan el trabajo duro y perciben un sueldo decente, pero en ningún caso oneroso. Es cierto que las diferencias salariales son muy grandes dentro de las diferentes instancias y secretarias, por ejemplo, el salario de un secretario ejecutivo está por encima de los 100 mil pesos, los consejeros arriba de los 150 mil, los magistrados aún más. No estamos de acuerdo con este derroche de recursos, por supuesto, contra esto se debería de enfocar la reforma.

Para los trabajadores sindicalizados AMLO ha dicho que no van a perder su trabajo y no se verán afectadas sus prestaciones, eso es correcto. Pero los que se mantienen en la inestabilidad son los miles de trabajadores de confianza que son mandos medios, los cuales gozan de un salario decente, pero que su estabilidad laboral depende de si son serviles a los jefes o de ¿quién llegue como jefe inmediato? La reforma debería de plantear un cambio en las relaciones laborales y basificar a estos trabajadores y darles estabilidad laboral. Así se le cortaría la base de apoyo a los sectores más reaccionarios que están al frente del poder judicial y además se daría un derecho laboral a miles de trabajadores, al tiempo que se cortaría esa cadena de sumisión política que hay entre los mandos y los subordinados a lo interno de esta institución.

Conclusión

Esta reforma está siendo utilizada por la derecha para reagrupar sus fuerzas y organizar movilizaciones en las calles. Saben que no van a poder frenar la reforma en el parlamento, pero políticamente lo quieren aprovechar lo máximo posible.

Ya han sacado cartas de las academias de derecho de las escuelas privadas, han movilizado a un sector de estudiantes de la facultad de derecho, hay un paro de labores de los trabajadores de la Corte, el imperialismo se ha manifestado claramente en contra de la reforma y las cámaras empresariales también se han posicionado en contra.

A pesar de que la reforma se pueda votar y aprobar, la derecha tratará de mantenerse beligerante y sentar al nuevo gobierno de Claudia a negociar.

Tenemos que ser claros, lo que mueve al bloque reaccionario no es la democracia ni el equilibrio de poderes, mucho menos los derechos de los trabajadores del poder judicial. Lo que le interesa es tener una fuerza política que pueda sabotear las medidas que les parezcan más radicales. Así lo hicieron con la reforma energética que AMLO planteó en su momento. Además de ser un contrapeso político al gobierno.

No es de extrañarse que los empresarios se opongan a la reforma, los jueces y magistrados les ayudan a saltar el pago de impuestos y cualquier otro problema que tengan con la ley. Lo mismo es con el imperialismo americano y canadiense, los cuales se sienten más cómodos hablando con estos sectores corruptos para garantizar sus intereses.

Los trabajadores del poder judicial deben organizarse de forma independiente de los corruptos magistrados que quieren utilizarlos como carne de cañón. La lucha en las calles y la organización es la única garantía para defender sus derechos.

Por último, esta reforma, aunque progresista, no va a solucionar nada en términos de fondo sobre los problemas que se viven en el país. La única forma de terminarlos es termina con el capitalismo.

La reforma al poder judicial limitará a los altos funcionarios, pero no traerá justicia a los trabajadores

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Desde un inicio el poder judicial se construyó como una enmarañada institución con el claro objetivo de defender los intereses de la gran burguesía y la burocracia estatal. Hay miles de argucias que permiten a éstos salir impunes, aun cuando haya leyes que les desfavorecen o hayan cometido delitos. El poder judicial es el reflejo más fiel del carácter del Estado burgués en su conjunto, que es un aparato en defensa del gran capital. Los elevados salarios para los altos funcionarios tienen el objetivo de acercarlos material e intelectualmente a los intereses de la gran burguesía. Es una especie de soborno legal.

El Poder Judicial defiende al gran capital

En sus capas más altas es uno de los sectores con mayores privilegios, los jueces siguen ganando más que el propio presidente de la República. Si sumamos el sueldo base, la compensación garantizada y prestaciones de salud, un magistrado gana anualmente 2,483,371 mil pesos, que serían casi 207 mil pesos mensuales. Estas cifras no consideran las prestaciones adicionales, por ejemplo, un magistrado recibe $16,285 mensuales para gastos en telefonía celular, que es más de lo que recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos y que si se enfrenta a un problema legal se verá en dificultades para pagar siquiera un abogado. Sin embargo, no es el ingreso extra más oneroso que reciben los magistrados.

La magistrada Lenia Batres, identificada con la 4T, en su discurso en los foros de los diálogos nacionales sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, ha señalado que sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. Y expone que de cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, 12 mil 845 son sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre libre mercado, que incluso se llegan a considerar “derecho humano”. Mientras que tan sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua.

Impunidad para los pobres

Cuando un delincuente entra a juicio, muchas veces queda en libertad pues hay leyes que lo permiten por razones tan absurdas como el que no se presentaron de una forma adecuada las pruebas. Por ejemplo, el poder judicial ha dejado en libertad a muchos implicados en el caso Ayotzinapa. Pero en contraste, se calcula que 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no cuentan aún con sentencias y entre las mujeres esto pasa en una de cada dos. Las cárceles están llenas de pobres que no conocen de leyes ni pueden pagar abogados, mientras que los delincuentes de cuello blanco gozan de completa impunidad.

Además de ello está la acción política descarada del poder judicial, sobre todo, en la segunda parte del sexenio de AMLO. El poder judicial ha actuado en sincronía con los viejos partidos burgueses y las cámaras empresariales para bloquear las leyes aprobadas por la 4T para paralizar al gobierno. La diferencia ahora es que la 4T ha recuperado la mayoría calificada lo que le permitirá, a partir del 1 de agosto, hacer cambios constitucionales y, por tanto, aprobar la reforma al poder judicial.

La limitada reforma de la 4T

El gobierno de AMLO se despide con la reforma judicial. Ésta, sin embargo, no ataca problemas fundamentales. La propuesta plantea limitar los privilegios de los grandes magistrados que no deberían ganar más que el presidente; bajar de 11 a 9 el número de magistrados y su tiempo en el cargo de 15 a 12 años; se propone la separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se plantea un tribunal de disciplina judicial para que los ministros y magistrados sean electos por voto universal.

Estas reformas, sin embargo, no son toleradas por los grandes magistrados, la derecha y la gran burguesía. Por un lado, porque reduce sus privilegios y, segundo, porque pone bajo escrutinio de la población la elección de las autoridades judiciales cuando hasta ahora podían asegurar que hubiera representantes más fieles a los intereses del gran capital.

Para una estructura tan inamovible esto suena a un terremoto, pues puede cambiar de golpe a los funcionarios que dirigen la judicatura, pero esto en sí no cambia nada de fondo. Que el poder ejecutivo sea electo por voto universal no ha impedido tener gobernantes fieles a los intereses del gran capital. ¿Quién nos asegura que llegarán jueces sensibles a los intereses de la clase obrera? Pero esto no transforma el enmarañado sistema jurídico que por un largo periodo histórico se creó para asegurar los privilegios de los altos funcionarios y del gran capital. Como se puede inferir esta reforma no elimina los problemas de impunidad, ni el carácter de clase de esta institución, ni siquiera intenta resolver problemas de carácter estructural que mejoren su funcionamiento dentro de los marcos de una democracia burguesa sana.

Por una verdadera justicia para los trabajadores

El problema fundamental de la falta de justicia se sustenta en que vivimos en una sociedad económicamente injusta. La expresión más clara es que un puñado de parásitos capitalistas se enriquecen a costa de la mayoría de la clase obrera. Bajo el sexenio de AMLO, los 5 más grandes capitalistas aumentaron su riqueza en promedio un 226%, según la lista de Bloomberg. Sin dar concesión a los argumentos hipócritas de la derecha que sumieron al país en un permanente baño de sangre, debemos reconocer que el sexenio de AMLO será el más violento de la historia moderna. Incluso un poder judicial eficiente y no corrupto que en verdad castigue a los delincuentes no sería materialmente capaz de resolver las decenas de miles de expedientes de delitos como homicidios dolosos o feminicidios. Hay que cambiar las condiciones materiales que provocan esta violencia y el resto de los problemas sociales.

La 4T se ha planteado como objetivo la reforma del sistema y el Estado. Esta es una diferencia fundamental con nosotros los comunistas quienes vemos como el sistema está podrido, no tiene nada de progresista, es insalvable, nosotros no queremos restaurar al actual Estado, sino destruirlo y crear otro radicalmente diferente que sea dirigido por los trabajadores, que defienda nuestros intereses.

Es utópico creer que con mejores jueces y leyes acabaremos con el problema de la explotación o la violencia en nuestro país. Pueblos, municipios y estados enteros están acosados por el crimen organizado. Frente a ello, hemos visto la creación de organismos como la policía comunitaria y juicios populares democráticos. En el pasado también vimos la creación de organismos de naciente poder obrero como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Si bajo este sistema obtenemos derechos y limitamos el poder de los altos funcionarios, bienvenido sea, pero no podemos creer que una simple reforma jurídica sumamente limitada es la solución. Ésta vendrá de generalizar estas experiencias de poder obrero que deben transformarse en un Estado democrático de los trabajadores con milicias populares que aplasten a los delincuentes y en la expropiación de las grandes palancas económicas para que la riqueza no vaya a un puñado, sino que acabemos con el desempleo, la explotación y la pobreza en nuestro país. Cuando el poder lo tengamos los trabajadores bajo una economía nacionalizada y planificada, podemos hablar de verdadera justicia.

La Reforma al Poder Judicial vista a la distancia: la justicia sigue siendo una cuestión de clase

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Hace algún tiempo, el 11 de marzo para ser exactos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma que consistía en la modificación de seis artículos de la Constitución, con la intención de hacer que la impartición de justicia sea más fácil, rápida, equitativa y con paridad de género.

Podemos repasar brevemente los puntos importantes de dicha reforma: en primer lugar se plantea reemplazar la jurisprudencia (interpretación de una determinada ley que se vuelve obligatoria después de que la SCJN emite una misma sentencia 5 veces consecutivas) por precedentes obligatorios que no requerirán reiteración.

Así mismo, la reforma plantea la transformación del Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Federal de Formación Judicial, para la formación de defensores públicos con la intención de que más gente pueda acceder a los servicios de uno y sea más fácil la obtención de justicia por parte de la clase trabajadora.

Ya no se necesitará reiteración de la Corte para poder notificar al Congreso de la inconstitucionalidad de una ley, se aumenta el número de magistrados de los Tribunales Colegiados de Apelación (antes Tribunales Unitarios de Circuito) de 1 a 3 con el objetivo de facilitar los procesos de apelación a una determinada sentencia.

Finalmente, se introduce la paridad de género como principio constitucional a observar por parte del Poder Judicial. Con esto, se quiere decir que la paridad de género debe ser perseguida en el Poder Judicial en todos los niveles, desde la conformación de la Suprema Corte de Justicia hasta el personal administrativo de los juzgados y tribunales de Distrito (la primera instancia del Poder Judicial).

Hasta aquí, parece de hecho una buena reforma. Incluso una necesaria, ya que el sistema de justicia mexicano nunca ha sido muy famoso por su eficiencia. A nivel mundial, son pocos los sistemas judiciales tan conocidos por sus altos niveles de impunidad resultante. Sin embargo, el diablo está en los detalles.

En toda ley nueva, en todo paquete de reformas, existe una sección de apartados, llamados Artículos Transitorios que son temporales, pero que también son condiciones sin las cuales la ley no se lleva a cabo. Particular revuelo causó entre los medios de comunicación el artículo transitorio decimotercero. Esto porque dicho artículo establece que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, permanecerá en su cargo dos años más de los estipulados.

De vuelta en marzo, muchos medios burgueses hacían eco de las voces que protestaban contra la reforma porque ese artículo transitorio es anticonstitucional (que técnicamente si lo es porque como tal no se modifica la duración de los ministros de la Suprema Corte), y porque ellos temían una intromisión (más ficticia que real) del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y una consecuente (supuesta) violación a la División de Poderes, entre otras ocurrencias.

Creemos que ciertamente la reforma tiene puntos criticables, pero no por las razones que vocifera la prensa burguesa. En primer lugar, partiendo de nuevo del Artículo Transitorio Decimotercero, no había ninguna razón aparente para extender el periodo de Arturo Zaldívar.

Para empezar, un ministro de la Suprema Corte de Justicia ya dura 15 años en su cargo. No se entiende para qué se debería mantener todavía hasta 2026 a un ministro que fue nominado directamente por Felipe Calderón. Esto sin mencionar que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene un salario superior al del presidente de la República.

Ahora, no podemos ver este Artículo (y sus implicaciones) como algo aislado, debemos ver esta reforma como un todo, con todas las características y aspectos que ya se mencionaron. El hecho de que cuestiones relativamente progresistas convivan en contradicción con una extensión-imposición antidemocrática nos revela que esta reforma tiene un problema de fondo, que es de hecho el problema de fondo de este sexenio: pretende conciliar demasiados intereses.

Ciertamente se requiere un Poder Judicial más eficiente, pero al mismo tiempo que esto se intenta, se perpetua y se reafirma la designación oligárquica de los impartidores de justicia. Se pretende formar más servidores públicos, pero con el mismo sistema de Derecho que mantiene un orden de clase.

Los ministros de la Corte más fácilmente pueden emitir sentencias, pero no se han inmutado ante los arrestos arbitrarios de normalistas en Chiapas (porque sí, eso debe contar como de orden federal). Han recibido mayor agilidad para emitir declaraciones de inconstitucionalidad pero han permitido que se alargue más de lo necesario el proceso requerido al gobernador criminal Francisco Cabeza de Vaca.

Con este contexto, cabe preguntarse para qué ha servido la reforma al poder judicial. De qué servirá que haya más personal femenino si no se han atendido las condiciones materiales que le dan origen a la violencia. De qué servirá que se haga más fácil el proceso de amparo si siguen existiendo sentencias injustas, y por el contrario, seguirá siendo el medio principal mediante el cuál los grandes criminales evaden la aplicación de justicia.

Una reforma al Poder Judicial que lo dote de efectividad y de paso le quite la característica de ser un nido de reaccionarios, debe partir de una comprensión de este poder como uno de los componentes del Estado capitalista, es decir, un Estado de clase.

Así, tenemos que todo poder judicial forma parte de una superestructura mediante la cual se conserva la base material de la sociedad, en este caso las relaciones de producción capitalistas. Dicho en otras palabras, la función del Poder Judicial es coadyuvar a la conservación de un orden social existente a través de la aplicación, u omisión, según sea el caso, de un sistema de Derecho hecho a la medida de la burguesía, del empresariado.

Luego entonces, si se quiere un Poder Judicial más efectivo, no se requiere sólo una reforma “por etapas”, se requiere toda una transformación que empiece por democratizar al poder judicial, abriendo la asignación de las magistraturas a plebiscito popular, limitando la duración en el cargo de los ministros (y no regalarles años extras) y homologando y recortando los salarios de todos los funcionarios.

Aún así, debemos entender que ningún cambio significativo en la superestructura puede suceder sin un cambio significativo en la base. Mientras exista el Estado burgués y las relaciones capitalistas de producción, el acceso a la justicia estará inclinado siempre hacia el lado de la clase dominante. Un poder judicial democrático y eficiente solo se desarrollará con un sistema de Derecho de la clase trabajadora, un sistema de Derecho del proletariado se logrará solamente con una base proletaria y democrática, sostenida sobre una economía socializada.

Apenas han pasado poco más de dos meses desde que la reforma entró en vigor, y aunque parezca poco tiempo, esos dos meses han sido muy convulsos y significativos en la vida pública nacional. Y por lo mismo, se ha hecho obvio que no habrá cambios significativos en términos reales, porque la justicia sigue siendo una cuestión de clase. Sólo en un orden social en el que no existan las clases será posible una justicia que sea para todos.