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Privatización del agua

Sobre el problema del agua en la Península de Yucatán

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A nivel internacional la cuestión del agua es uno de los retos más importantes a resolver, sobre todo cuando el riesgo de la privatización cada vez es más palpable. Y para poder entender el problema del agua en la península “Plataforma Calcárea de Yucatán” el cual comprende los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo (a su vez a las ciudades, ejidos y pueblos que conforman dichos estados), se debe de tener en cuenta qué es un sistema Kárstico.

¿Qué significa Karst? Son formaciones que se producen por la disolución del carbonato cálcico de las rocas calizas debido a la acción de aguas ligeramente ácidas. El agua se acidifica cuando se enriquece con dióxido de carbono de la atmósfera o cuando atraviesa el suelo, y reacciona con los carbonatos generando su disolución y por otra parte la formación de bicarbonatos en el subsuelo, por lo que en los relieves de la península de Yucatán se pueden encontrar cuevas subterráneas, cenotes entre otras formaciones kársticas.

Ya entrando en materia, en la península se llevan a cabo actividades económicas que al no contar con un manejo adecuado de sus residuos generan contaminación de manera directa e indirecta en los mantos freáticos (acuíferos), un ejemplo claro son las fábricas de cerdos (granjas) que se encuentran en casi toda la península; los países de Europa no tienen  fábricas de cerdos por la alta generación de residuos (agua contaminada y excremento), sin embargo, tan solo en Yucatán hay más de 40 granjas en zonas protegidas, de un total de 500 en toda la Península, la mayoría de las cuales son irregulares y no cuentan con estudios de impacto ambiental.

Por otra parte, en Mérida, la planta de la cervecera de grupo Modelo ha empezado a crear problemas en la calidad del agua para los agricultores cercanos a esta fábrica, pues las aguas residuales contaminan suelos y agua; asimismo, los habitantes han observado la disminución del nivel de agua de sus pozos.

Sin embargo, solo una mínima parte de los campesinos emplean prácticas sustentables y ecológicas amigables con el ambiente y la salud humana; la gran mayoría de los productores emplean prácticas agrícolas heredadas de la revolución verde (capitalismo) con el discurso “DE QUE SE NECESITA PRODUCIR PORQUE LA POBLACIÓN MORIRÍA DE HAMBRE”; no obstante, la interrogante es la siguiente ¿mueres de hambre por no consumir alimentos o mueres por los químicos con los que se contamina lo que se come?

Y esto no solo afecta a la península de Yucatán sino como ya se mencionó, es un problema a nivel mundial y lo preocupante es que las políticas públicas solo han sido reformas que tapan un pequeño agujero del problema, pero no se da una solución al verdadero problema, el cual es una consecuencia del capitalismo.

La solución más viable son prácticas agrícolas sustentables, pero de igual manera sostenibles que busquen el menor impacto ecológico y el beneficio de las mayorías y no de los beneficios de un puñado de empresas capitalistas. Adicionalmente, se debe de legislar en pro de la mayoría y no de unos cuantos, por ejemplo, es necesario aprobar la nueva ley de aguas que están impulsando diversos colectivos en todo el país, siendo el Movimiento Agua para Todos, Agua para la vida, quienes articulan las propuestas ciudadanas para el bien común y la justicia socio hídrica.

Debemos pugnar por un cambio radical en el sistema económico, para que las palancas de la economía estén bajo propiedad y control democrático de los trabajadores, dando apoyos al campo y a los pequeños productores locales, en un proceso paulatino de explotación colectiva de un agro industrializado en beneficio del medio ambiente y la sociedad, dentro de una planificación económica para poner las riquezas de la naturaleza y la sociedad en beneficio de los trabajadores del campo y la ciudad.

Desde La Izquierda Socialista Campeche decimos No al subsidio para productos agrícolas de las transnacionales (Monsanto, que ahora ya ha sido absorbida por Bayer corporación; Syngenta; Pionee; Química sagal; Corteva; etc.) y Sí, al subsidio de los productos con prácticas agroecológicas.

El Salvador: la lucha contra la privatización del agua y contra el cambio climático

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El nuevo gobierno está a punto de cumplir sus primeros 100 días. Y en este tiempo la discusión sobre una ley general de aguas no ha sido prioridad. Como si ha tenido prioridad concederle permisos de extracción y utilización de agua al proyecto residencial de Apopa, o liberar permisos ambientales para la inversión.

En el Ministerio de Medio Ambiente y en la Asamblea Legislativa no se ve muestra alguna de que la Ley pueda ser discutida. Claramente esto es una falla del Estado, particularmente del gobierno de Bukele y de la Asamblea Legislativa que son los principales encargados de «legislar para el pueblo».

Los ministros han dicho públicamente que las organizaciones sociales queremos politizar el tema agua. Eso es absurdo y ridículo, con eso no hacen más que demostrar que el Estado que ellos administran está al servicio de los poderosos y no de los pobres como lo quieren vender.

¿Qué podemos concluir con esto?

Lo que la juventud, las mujeres pobres y la clase trabajadora en general debe observar, es que el problema del agua no está desvinculado de una situación de clase y por tanto de una situación política.

O sino como se nos argumenta que en Metrocentro no falte el agua, o que en la fábricas refresqueras o cerveceras la producción nunca pare y necesitan miles de litros de agua, y al contrario en nuestras pequeñas casas donde no ocupamos mucha agua, no tengamos a veces ni para lavarnos las manos.

¿Qué es lo que permite esta contradicción tan injusta? quién determina la ley sino la política que hacen las y los diputados y ministros. Cómo se maneja la política en el capital, pues la política y la justicia tienen un precio como cualquier mercancía. O sea lo que prevalece en esta sociedad no es la necesidad justa de los pobres sino la necesidad de la empresa que utiliza el agua y hace dólares con ella.

Los empresarios han desatado una lucha por tener el control del agua, pues la legislación actual les beneficia, pero no en el 100 %, el pueblo debe responder organizándose y administrando por su propia cuenta el recurso, porque solo así el agua no estará en favor de las empresas.

No podemos confiar en estos ministros y en las y los diputados que venden los intereses del pueblo por un par de lentejas. Por tanto exigimos una ley general de agua urgente y una legislación en favor de los intereses de las y los olvidados de siempre. Esta es una lucha real contra el capital que se hace rico constantemente con el agua de nuestro pueblo.

Nos sumamos a las huelgas contra el Cambio Climático

No solo en el país el capitalismo amenaza con controlar los recursos naturales, este es un problema mundial. Esto radicaliza cada vez más a la juventud. En el pasado 1.5 millones de jóvenes se han manifestado en las huelgas contra el cambio climático. Hoy se ha convocado nuevamente a jornadas de lucha a partir del 20 de septiembre. Un eslogan que se ha popularizado reza «Queremos cambio de sistema, no cambio climático». Como Alianza nos suscribimos a esta lucha mundial con el lema «Sin agua no hay vida» “Contra el cambio climático”.

¡Sin agua no hay vida, el agua no es mercancía!
¡El agua es mía no de la burguesía!

Cervecería Modelo en Apan, Hidalgo: una amenaza para el agua de la región

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Apan que cuenta con una historia y riqueza cultural impresionante, siendo parte de la región geográfica denominada como “altiplanicie pulquera”. Este municipio fue por mucho tiempo un productor inigualable de pulque, siendo la región madre del pulque y la charrería.

Dentro del municipio hay una localidad llamada Chimalpa Tlalayote, la cual es una comunidad rural marginada que cuenta con una característica que la destaca de muchas otras regiones del estado, esta localidad se encuentra ubicada dentro de la región Pánuco, la cual fue el foco de atención para el Grupo Modelo, que decidió instalar su nueva cervecería en esta región.

Con el apoyo del gobernador del estado Omar Fayad Meneses y notable confianza a la empresa, la cervecería se instaló con permisos del gobierno para explotar un manto acuífero con dos decretos de veda, sin importarles el riesgo ambiental que esto pueda causar, la cervecera estará produciendo aproximadamente 12 millones de litros diarios dejando a la población sin la posibilidad de abastecerse del agua suficiente para cubrir sus necesidades.

A los campesinos de la zona siempre se les fue negada la concesión de riego, en una clara preferencia a las grandes empresas, el gobierno prefirió darle a los permisos al grupo Modelo que a los agricultores que día con día trabajan las tierras en Apan, demostrando como el estado se encarga de beneficiar a los grandes capitalistas y al proletariado lo margina, se apropia de las riquezas que genera mediante su trabajo.

La situación que está pasando el acuífero es indignante y no puede ser referido como algo más que un despojo completo de un recurso tan importante como el agua, la empresa ha declarado que va a extraer de los 5 pozos seis millones de metros cúbicos del contenido del manto acuífero y a pesar de que repetidas veces han intentado convencer a los medios y a la población de que el recurso no peligra, la comunidad e incluso algunos catedráticos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo piensa lo contrario, entre ellos, tenemos al Dr. Arturo Hernández Hernández, coordinador de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de la Escuela Superior de Apan (ESAp) que nos comparte su opinión sobre esta problemática, contándonos que en el estado de Zacatecas paso algo bastante similar.

Le cuestionamos sobre el impacto ambiental que tenía esta planta y si este compensaba la explotación del manto, a lo que respondió:

“Yo soy originario de estado de Zacatecas y el impacto económico, la generación de empleos que conllevan este tipo de plantas no se compensa con el impacto ambiental que se ha causado, de hecho, causa problemática social en el momento que la comunidad se da cuenta que falta el suministro de agua”.

Adentrándonos más en su experiencia en Zacatecas, le preguntamos cual fue el impacto que llegaba a tener directamente la planta con el terreno.

“En Zacatecas la cervecera compró muchos de los terrenos aledaños, empezaron a producir sus maltas y explotaron también parte del suelo y eso en un futuro crea un terreno árido, que deja de generar. […]

Cuando recién llegó la cervecera, si generó empleos y hubo crecimiento económico en la zona, pero desde que la cervecera es dueño del conglomerado belga Anheuser-Busch InBev […] dejaron de donar aguas tratadas para uso de riego y comenzó a venderlas, además de esto, el desecho en el proceso del malteado que era regalado como alimento de ganado, después de esto, empezó a ser vendido y sus políticas cambiaron”.

El doctor, hizo hincapié en varios estudios que se estaban realizando en la UNAM sobre la planta y porque varios investigadores se posicionaban en contra del posicionamiento de la planta en esta zona.

“En la UNAM se preocupaban mucho de que la cervecera se posicionara en esta zona porque estos mantos permean hacia los mantos que están abasteciendo al Estado y la Ciudad de México, entonces, si hay un agotamiento aquí entonces también va a afectar a estas zonas”.

Después de esto, hizo referencia a la problemática social que conlleva el poner una cervecera de tal magnitud y porque no se puede compensar económica ni socialmente el daño ambiental.

“Si somos sinceros, en esta cervecera los grandes directivos, ingenieros, etc. no son gente de la región, ¿Quién es la gente de la región que fue contratada? Los empleados de las posiciones más bajas (peones) en el sentido económico como obreros, intendencia, etc. en lo que no se ve un derrame económico tan importante en comparación al daño que se está haciendo”.

Para finalizar, sostuvo su posición en cuanto a esta problemática, que sin duda, se hará todavía más grande de lo que se esperaba.

“En mi opinión, esta no es una condición sustentable o sostenible, la gente debería de estar consciente que esto va a afectar en gran medida el suministro de agua de la región […]”.

Después de analizar esta información, solo nos queda concluir que la historia se está repitiendo otra vez, como siempre, las empresas son beneficiadas y apoyadas por el estado, mientras la clase trabajadora es abusada y las comunidades aledañas son afectadas. Nuestra lucha, además de englobar temas laborales, sociales y económicos, también engloba temas ambientales y el capitalista es enemigo de la tierra y un explotador de sus recursos, su sistema es insostenible por el planeta tierra y empezamos a ver las consecuencias de esto cada día más, desde la escasez de recursos debido a su explotación, hasta la contaminación de bosques, lagos y ríos sin ningún tipo de consecuencia.

No cabe duda que la lucha es difícil, pero no imposible, mediante la organización y el estudio, podemos cambiar el mundo para que este sea cada vez mejor, el capitalismo responsable es un mito y nuestra única alternativa para tener una producción amable con el ambiente y con una explotación ajustada a lo que verdaderamente necesitamos va por la vía del socialismo, cualquier otra lucha por más bien intencionada que esté, termina siendo ineficiente a la hora de resolver los problemas ambientales que están destruyendo nuestro mundo cada vez más, grupos pequeño burgueses reformistas como Greenpeace, PETA, entre muchos otros, a pesar de que sus intenciones sean buenas y muchas veces logren sus objetivos se quedan muy atrás en comparación a el daño que nos estás haciendo las empresas y en gran medida no llegan a figurar el cambio que el mundo necesita en esta crisis medio ambiental. Mientras el reformismo intenta controlar las empresas capitalistas y evitar la contaminación desmedida, estas encuentran siempre la manera de lograr sus cometidos, con un apoyo gubernamental descarado, lo único que nos queda es luchar por lo que es nuestro derecho, por un recurso natural esencial para la vida que es el agua y el agua no vale ser desechada por unas cuantas monedas.

El Salvador: propuesta de los marxistas a la Ley General de Aguas

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Escrito por: Bloque Popular Juvenil

Desde el año 2006 hay una batalla reivindicativa sobre la regulación del uso del agua en El Salvador impulsada desde las organizaciones comunitarias, ambientalistas y sindicatos. Han pasado más de tres legislaturas de diputados desde ese entonces y la propuesta de Ley impulsada desde estos sectores no ha sido tomada en cuenta. Reflejando el carácter reaccionario de la democracia burguesa, específicamente de la Asamblea Legislativa.

La Ley General de Aguas presentada por las organizaciones sociales, a pesar de tener 92 artículos ya aprobados, se ha dejado de lado en el parlamento el 05 de junio del 2018 para apoyar una nueva ley inminentemente privatizadora, La Ley Integral de Agua como le han llamado, es la propuesta de los diputados de la derecha, que contemplaba originalmente la conformación de un ente rector de 5 personas, 1 delegado por la presidencia, 2 delegados por la empresa privada y 2 delegados de COMURES la corporación privada de municipalidades. Aunque la propuesta ha ido cambiando por la presión social, pero su idea central de que la empresa privada tenga la mayoría de delegados sin ninguna representación de las comunidades no ha cambiado. En esta propuesta dejan claras las intenciones de que los grandes empresarios sean los encargados de tomar las decisiones fundamentales del vital líquido en nuestro país.

La administración privada

La derecha siempre ha replicado que la administración privada de nuestros recursos, bienes y servicios siempre será mejor si se encuentra en manos de los capitalistas, sin embargo, a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que esto en absoluto ha sido así. Cuando los buitres de la empresa privada ponen sus garras sobre los recursos naturales, lo hacen a favor de conseguir amplias ganancias para sus amos. Esto ha sido así en nuestro país, basta revisar los procesos privatizadores como la banca nacional, las telecomunicaciones, la distribución de la energía eléctrica, el sistema de pensiones entre otros, para darnos cuenta de esta realidad. Todos esos procesos privatizadores han demostrado ser en beneficio de los empresarios y nunca en beneficio de los trabajadores y oprimidos del país.

En ese sentido nos oponemos rotundamente a la administración privada de nuestros recursos naturales, en especial del agua. Compartimos las preocupaciones de todos los trabajadores organizados en los sindicatos, colectivos, confederaciones, gremios que han salido a luchar contra la privatización del agua y que ahora se aglutinan en la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua. La propuesta de la Alianza sobre quién debe administrar el agua ha variado a lo largo de las discusiones que se han dado en su seno, la que actualmente se defiende se basa sobre la idea de rescatar y fortalecer la institucionalidad del Estado.

La administración pública

La institucionalidad del Estado para la mayoría de organizaciones significa mantener el carácter público del agua, con una fuerte intervención estatal en la administración del agua. Según la propuesta de la Alianza quien más tendría representación en el ente rector sería el Estado a través de todos los ministerios que hacen uso del agua, además de contemplar la participación de COMURES en este organismo y sin la participación directa (con voz y voto) de las organizaciones comunitarias.

Como revolucionarios no nos interesa lavar la cara de las instituciones burguesas del Estado, nos interesa sobre todo demostrar que esas instituciones son corruptas porque son parte de un sistema de dominación capitalista, lo han confirmado a lo largo de su historia, sea cual sea el gobierno que esté, la corrupción se mantiene en distintos niveles. La causa fundamental de que esto sea así, es que no hay intervención directa de las masas obreras de forma organizada en las decisiones de estas autónomas como ANDA y demás instituciones del Estado, esto las hace vulnerables a la corrupción ya que al final terminan sucumbiendo a los intereses de las grandes empresas y no a las necesidades de las masas.

Nosotros por el contrario creemos necesario someter al debate la idea de que el pueblo organizadamente puede administrar sus recursos naturales. Creemos que toda la riqueza del país debe estar en manos de la organización comunitaria de los trabajadores y demás clases oprimidas. En el caso concreto del agua, no se necesita grandes esfuerzos para esto, actualmente el 35 % del agua está siendo administrada ya por las comunidades, esto es un avance y una muestra de que la administración comunitaria es posible, sabemos que esta administración no es perfecta, pero esto precisamente se debe a que el proceso se hace de forma aislada y sin la intervención de un plan nacional estatal y democrático; sin embargo, por mucho tiempo esto ha sido posible, muchas comunidades organizan la distribución y el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la distribución del agua y en los mejores casos de forma democrática.

Creemos necesario poder desarrollar una lucha defensiva  y ofensiva  al mismo tiempo, primeramente para evitar que la empresa privada se agencie el control total y definitivo de la ANDA, y también agitar en favor de la administración comunitaria del agua, pues es la única forma en que podamos tener un sistema eficiente y transparente, bajo la administración privada es imposible poder tener finanzas publicas accesibles a todos los ciudadanos, porque existe el secreto comercial, esto significa que ninguna empresa que compita en el mercado puede revelar sus costos de producción y ganancias; con la administración netamente pública no hay un control eficiente de las finanzas y en muchos casos los libros contables no son de carácter público. Una administración comunitaria debe inscribir en sus estatutos el carácter público de sus finanzas.

Con un sistema nacional, democrático y representativo el agua podrá ser administrada y utilizada no para generar ganancias, sino para utilizarla para lo que realmente se necesita, satisfacer las necesidades de la sociedad, esto establecerá las bases para tener una administración planificada del agua y por qué no, de todos los recursos naturales explotables de nuestro país.

Bajo estos argumentos compartimos con todas las organizaciones en lucha nuestra propuesta de un sistema administrador del agua y un ente rector, de carácter comunitario y público. Con el ánimo que pueda fortalecerse a través del debate fraterno de todos los activistas en la lucha contra la privatización del agua.

Propuesta del BPJ para la administración del agua y el Ente Rector

En el caso de la administración creemos que se tiene que avanzar a un proceso paulatino de organización en las comunidades, establecer organización y gestión del agua en todos los barrios, cantones y colonias del país. Para lo cual proponemos:

  • Establecer un sistema de organización a través de asambleas comunitarias representativas y democráticas que administren el agua a nivel nacional.
  • El Estado debe promover este sistema nacional de asambleas poniendo a disposición infraestructura para las reuniones, técnicos, promotores y todo personal desinteresado y consciente de la necesidad del manejo racional de los recursos hídricos, técnicos y personal capacitado de la misma ANDA aglutinados en los sindicatos.
  • La organización y administración del agua debe iniciar desde los cantones, pasajes, barrios, colonias, municipios, departamentos y regiones para constituir una Asamblea Nacional Administradora del Agua, la cual tendrá como objetivo definir y elegir una entidad rectora que le dé seguimiento a los objetivos y planes surgidos de la Asamblea Nacional.
  • Los planes y objetivos sobre la administración y la gestión deberán ser discutidos en una Asamblea Nacional una vez cada 3 años. La discusión debe iniciar previamente desde las formas de organización más básicas, con la participación de todos los ciudadanos mayores de 18 años, de las comunidades hasta llegar a las formas más elevadas, la conformación de asambleas de delegados elegidos democráticamente de carácter municipal, departamental, regional y nacional.
Sobre el ente rector

Proponemos que el Ente Rector este constituido por una entidad tripartita con un tercio de representación del Estado, un tercio de representación de las comunidades organizadas y administradoras de agua; y un tercio de representación de los trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados de la autónoma de ANDA.

El ente rector se constituirá por:

  • 3 delegados con voz y voto en representación del Estado
  • 3 delegados con voz y voto en representación de las comunidades organizadas y administradoras del agua
  • 3 delegados con voz y voto de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de la autónoma de ANDA
Formas de elección
  • Todos los delegados del sector de las comunidades y administradoras de agua deben ser elegidos democráticamente en la Asamblea Nacional. La representación de las comunidades organizadas actualmente está distribuida de forma desproporcionada, en este sentido el Estado debe procurar desarrollar una campaña masiva de explicación política para convencer a las juntas de agua ya constituidas, para que se sumen al sistema de organización nacional de asambleas. Este proceso debe tener un carácter integrador para que haya una amplia participación y se aproveche la experiencia de estas juntas del agua que han funcionado de manera paralela al servicio dado por la ANDA por muchos años. Mientras tanto la representación del sector ciudadano o comunitario deberá ser constituida de manera proporcional al porcentaje de organización de cada sector (juntas de aguas, asambleas administradoras de agua). Definiendo por ahora dos delegados por juntas de agua y un delegado por asambleas comunitarias, pero tratando la manera de impulsar y generalizar el sistema nacional de asambleas administradoras de agua en todo el país por sobre las actuales juntas de agua.
  • Los delegados de los sindicatos y trabajadores no sindicalizados deberán ser sometidos al debate y a la elección democrática en Asambleas Sindicales, tendrán derecho 2 por sectores sindicalizados y 1 por sectores no sindicalizados en el ente rector.
  • Los delegados estatales serán designados por la presidencia.
  • Se deben elegir suplentes para cada uno de los nueve cargos de la Dirección Nacional u organismo rector, elegidos bajo los mismos parámetros de elección de los propietarios.
Periodos de funciones y formas de elección
  • Los delegados al Ente Rector deberán fungir durante un periodo de tres años. Y deberán cumplir los objetivos y planes que se discutan en las plenarias ampliadas de la Asamblea Nacional Administradoras del Agua, quien en última instancia será la máxima autoridad.
  • Cualquier delegado electo democráticamente que violara los objetivos y planes centrales de las Asamblea Nacional Administradora del Agua o fuese acusado de corrupción y otros delitos deberá ser removido de su cargo bajo la convocatoria del 50 % más uno de los delegados a nivel nacional de la Asamblea Nacional administradora del Agua. Es decir, la decisión deberá ser tomada por la Asamblea Nacional con la mayoría simple de los votos de sus delegados nacionales.
  • Se deberá crear un marco regulador de la ANAA, por parte de la Dirección Nacional que defina y estipule de forma detallada todo el funcionamiento y formas de gestión de las juntas de agua y las asambleas administradoras del agua.
  • Esta propuesta está lejos de ser la solución a todos los problemas de la administración del agua, pero para nosotros representa en si las ideas centrales de la forma en como solucionar el problema de la administración del agua y es por lo tanto nuestro aporte al debate. Huelga decir que está orientada a establecer un poder alternativo arraigado en la administración autónoma de las comunidades, ante el defectuoso y corrupto sistema de administración que por décadas ha brindado el Estado a manos de la burguesía por medio de la ANDA. No sobrarán los calificativos de utópicos o irrealistas, pero nos respalda el amplio bagaje histórico de la experiencia de las masas oprimidas en muchas latitudes y en nuestro propio suelo que han sabido insubordinarse ante el poder estatal y han tomado en sus manos las riendas de su propio gobierno. Esto representa una ruptura con las formas de dominación y control por parte del aparato del Estado burgués existente, por lo que no dudamos que tendrá una férrea resistencia por parte de éste y la clase empresarial del país que refleja sus intereses en el mismo.

¡Por una administración comunitaria, democrática y racional del agua!

El Salvador: amenaza de la privatización del agua

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Escrito por: Katia Barrera, Bloque Popular Juvenil – El Salvdor

En junio del año pasado, diputados de ARENA, GANA, PDC Y PCN, junto a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentaron una propuesta de Ley Integral del Agua, la cual tiene como uno de sus objetivos el crear una entidad autónoma encargada de regular el recurso hídrico, esta entidad estaría por encima de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y estaría adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lo que pretende esta Ley, según los diferentes representantes de los partidos políticos a excepción del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, es que la entidad autónoma a cargo del recurso hídrico posea la total administración del recurso del agua. De crearse dicha entidad sería la encargada de fijar las tasas de servicios técnicos, administrativos y científicos prestados a terceros, sean estos públicos o privados; de establecer las tasas anuales por uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos; de autorizar o suspender permisos otorgados para la exploración; de sancionar por violaciones a la Ley y aprobar un plan nacional hídrico. La directiva de la entidad encargada de regular el recurso hídrico estaría conformada por dos representantes de la ANEP, dos representantes de Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador y un representante del Gobierno de El Salvador.

En este sentido, es realmente alarmante el contenido de la ley, la cual pretende privatizar un bien natural como lo es el agua convirtiendo este derecho humano en una mercancía que esté al servicio de la lógica mercantilista promovida por la empresa privada.

Dentro de la representación de la entidad encargada de administrar el recurso hídrico claramente existirá una exclusión de la gran mayoría, la cual es la más afectada en cuanto a quien o a quienes se les otorgará los permisos para el aprovechamiento del agua. Esto es precisamente lo que el sistema capitalista busca: apropiarse de los recursos estratégicos para beneficiar solo a unos pocos siguiendo la lógica de explotación mercantilista del ser humano y los recursos naturales. Esto no es nada nuevo, por el contrario, es la única manera en la que el capitalismo puede perpetuarse. En el capitalismo neoliberal la privatización de los recursos es clave para sus intereses mezquinos de seguir acumulando más, en El Salvador lo hemos experimentado: sucedió con la banca, con las telecomunicaciones y se intentó hacer con la salud en la primera década de los dos mil.

En la propuesta de Ley hay muchos apartados que representarían un grave problema para la distribución y el uso de agua para la población, uno de ellos es el otorgamiento de permisos, los cuales dejan al libre arbitrio que empresas trasnacionales puedan licitar y por consiguiente obtener el permiso para la exploración y explotación de mantos acuíferos, para ser ellos los que administren en un principio solo una parte, pero al pasar los años serán estas empresas las que tendrán el control total de los recursos hídricos del país. Así ha sucedido en Honduras, en Chile y en otros países en donde se llevan acuerdos de Asocios Públicos-Privados pero que en la realidad son las empresas transnacionales y empresas locales las que se benefician directamente de las fuentes de aguas del país.

En la actualidad, el país enfrenta un estrés hídrico, fenómeno que provoca un deterioro del agua dulce, en términos de cantidad y calidad. Uno de los factores principales que genera este problema es la sobreexplotación del recurso por parte de la empresa privada, la cual genera un deterioro en los mantos acuíferos debido a la enorme cantidad que utilizan estas empresas y a la tala de bosques desenfrenada que realizan para la construcción de grandes centros comerciales y residenciales de lujo.

Lo que nos espera si esta Ley se llega a aprobar es que el agua deje de ser un beneficio para la población y pase a ser una mercancía para las empresas, ya que estas bajo la mentira de brindar un mejor servicio aumentarán los precios del consumo de agua significativamente.

Por esta razón hacemos un llamado enérgico a la organización, movilización, y unidad de todas las organizaciones de la juventud, las comunidades campesinas y los trabajadores por la defensa del derecho humano al agua, agitando porque el agua en el país, pase de estar administrada por ANDA a ser administrada por una entidad que contenga un cuarto de los trabajadores sindicalizados, un cuarto de los trabajadores no organizados, un cuarto de las organizaciones campesinas y comunitarias –que desde hace año luchan por la ratificación del artículo 69 de la Constitución de El Salvador y poseen experiencias de gestión comunitaria del recurso hídrico-; y un cuarto de representantes del Estado.

Esto servirá para que se puedan superar las deficiencias de ANDA, por un lado, expandiendo el servicio de agua potable al total de la población del país, según las necesidades de cada lugar, y por otro, dotando al carácter público de administración del recurso hídrico de una composición proletaria. Que el agua potable sea garantizada a todos los salvadoreños y a tarifas bajas, depende del nivel de lucha y organización de los trabajadores y campesinos, luchemos en las calles porque esto sea posible.

¡Por la unidad del movimiento en defensa del agua!