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Nos faltan 43

10 años de Ayotzinapa: Testimonio de Hilda Hernández, madre de César González, uno de los 43

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Ese 26 de septiembre yo, por ejemplo, estaba en casa. Me acuerdo que no tenía mucho de haber entrado a trabajar a Coppel y me fui. Pero para eso Mario, mi esposo, había hablado con mi hijo en la tarde y le dijo que cómo estaba porque mi esposo siempre se comunicaba con él. Él dijo que estaba muy bien, muy contento de estar en la normal, que ya hacían actividades y que ya habían tenido su primera clase ese día. Los muchachos, pues como siempre tienen actividades, le dijo a su papá: luego te marco porque vamos a ir a una actividad. Ese fue el último momento que habló mi esposo con él porque después estuvo marque y marque y marque y no le contestaba y no le contestaba. Yo le dije: seguro están en guardias. En las guardias no les dejaban tener su teléfono, a él de contrabando se lo prestaban para poderse comunicar con su papá.
Cuando nos enteramos que había sucedido algo en la escuela no lo podíamos entender, no lo podíamos creer. A mí la verdad sí me entró desesperación y lloré. Me acuerdo que pedí permiso [en mi trabajo] porque estaba pasando algo en la escuela de mi hijo. Un compadre que vive cerca de la casa nos llevó de taxista. Nos llevó hasta la normal, se hicieron 11 horas. Nosotros somos de Huamantla, Tlaxcala.
Al llegar ahí, a la entrada de la normal, había mucha gente. Ya desde el arco (como le dicen los muchachos) había muchas personas vestidas de verde, pero no sabíamos, hasta ahora, que son policías comunitarios, con armas también. Sí nos quedamos así [sorprendidos], porque nuestro entorno es muy diferente. Al llegar abajo a la normal había muchísima gente, mucha gente, muchos estudiantes, muchas señoras. Nosotros nos dirigimos a buscar al secretario, David Flores Maldonado, le dicen La Parka. Él es el que dirigió a todos nuestros muchachos, nos dijo que seguro los policías los habían detenido y que de seguro estaban en la cárcel, que no nos preocupáramos. Muy tranquilos nos lo dijo y pensábamos que sí. Pero al ver que no tenemos ninguna información y más que no eres de ese lugar, pues más te entra la desesperación. Mi esposo también es muy atrabancado y muy desesperado.
Entonces así nos amanecimos toda la noche para el 27. Y el 27 fue cuando fuimos a Iguala temprano. No nos conocíamos nadie de nosotros, las compañeras ni nada. Nada más me acuerdo que alguien nos dijo que nos subiéramos a los camiones porque íbamos a ir a Iguala. Y fuimos y anduvimos buscando ahí en las comandancias, en que pensábamos que podían estar nuestros muchachos. Y otros al cuartel y no encontramos nada, nada. Todo estaba
impecable. En verdad pensamos que nadie había estado pero hoy sabemos que sí llegaron a las Barandillas, que es un lugar donde entran todas las personas que detiene la policía, los llevan a allá. Y ahí son 17 muchachos, por eso es que dice licenciado Vidulfo que son 17 muchachos que se llevaron de ahí. Ya estaban presos pero se los llevaron.
Otro ataque estuvo en el palacio de justicia, con algo así aproximado como 25 muchachos. Donde supimos que los golpearon, feo pues. Y también se los llevaron y no sabemos a dónde. Y otros muchachos que no supimos qué fue lo que pasó.
Otros que son sobrevivientes, los del quinto camión, ellos mismos dicen que no sabían que en el quinto camión había droga (que eso fue lo que investigaron los expertos de GIEI) y [los estudiantes] se llevaron, por llevarse los camiones, no por la droga.
Y fue un caos muy feo. Ahí fue cuando yo dije: ¡qué pasa, cómo pueden llevarse a tantos muchachos! ¿O dónde están? ¡No, no, no lo entiendo! Así ya quedamos, como en shock, todos. No dormíamos, casi no comíamos, la verdad, por lo mismo. 10 años, que todavía no sabemos dónde están nuestros hijos. Y nos imaginamos, a la mejor… digo, ¿cómo los trataron? Porque, por ejemplo, yo sé que mi hijo iba en un camión, de los tres que detuvieron en la calle N. Álvarez de Iguala, donde los interceptaron los policías. Policías y supuestos, porque al final de cuentas eran militares disfrazados también y de la delincuencia y policías. Donde los bajaron a nuestros muchachos, agredieron primero al camión con el muchacho que le dieron en del brazo, que todo esto [se señala el antebrazo] estaba sangrando. Les echaron gas lacrimógeno y nuestros muchachos por fuerza tuvieron que bajar [del camión]. Los iban golpeando, los subieron a las camionetas y con golpes los subieron. Los amagaron, los amarraron y ahí fue donde no supimos a donde se los llevaron. Ellos fueron los 17 muchachos que se llevaron de Barandillas.
Y son 10 años, que es mucho, pero no se olvida el momento de todo lo que has vivido, de todas las mentiras que te ha dicho el gobierno, de todos los supuestos cuerpos que te han querido entregar, todo el daño psicológico que tú has llevado por pensar que puede ser tus hijos de todo lo que les hicieron.
En Guerrero es muy cruel [la violencia contra] las personas que se llegan a llevar y más la delincuencia organizada, porque los destazan. Pero es muy cierto también que, si se los hubieran llevado la delincuencia organizada a nuestros hijos, hubieran aparecido al siguiente día y eso no sucedió. Entonces, con las investigaciones que hemos tenido, gracias a los expertos, todo apunta a que el ejército está implicado en una desaparición de nuestros muchachos. Que el gobierno de ahora no lo quiera entender así, ni el anterior, siempre cubriéndose ellos mismos. Tanto así que Enrique Peña Nieto y todos los altos funcionarios de las dependencias, como es la Sedena, la Semar, en ese entonces la Policía Federal organizaron, orquestaron la mentira histórica, que no fue verdad al final de cuentas. Porque los expertos al investigar, y sin querer, la misma Sedena les entregó un video donde ahí muestra cómo llegaron los de la Marina al basurero de Cocula para alterar todas las investigaciones para que dijeran que fueron nuestros hijos los que fueron calcinados y no fue así.
Entonces digo, hay mucha evidencia palpable, verídica y científica la cual el gobierno no quiere seguir esas líneas. Quiere seguir encubriendo al ejército; quiere seguir cubriendo a todos los implicados como son Tomás Zerón, como es Ángel Aguirre Rivero (el exgobernador), como es Iñaki Blanco, como es Leonardo Vázquez de Seguridad en Guerrero, como es Lambertino una señora que tuvo los videos del Palacio de Justicia en Iguala y ella los tiene y no los quiso entregar y no le han hecho nada y no la han detenido. Entonces son muchas violaciones a este caso que han sucedido en las cuales el gobierno no ha querido y sigue protegiendo a todos aquellos implicados de la desaparición de nuestros muchachos.
Por eso es que nosotros nos tenemos que poner a buscar, a investigar. Tenemos que leer para que precisamente el gobierno no nos vea ignorantes. Como nos lo dijo el presidente Andrés Manuel que dice que debemos de leer. Le digo que hemos leído mucho más que él, porque él no sabe en realidad toda la situación de esto y siempre da vuelta a las cosas echándole la culpa terceros como son nuestros equipos de trabajo, a nuestros abogados. Siempre está diciendo que ellos son los culpables de que estemos aquí, que no han dicho la verdad; a la Comisión Interamericana que tanto nos ha ayudado; a los expertos, también, que gracias a ellos tenemos estas investigaciones. Entonces no puede ser posible que el gobierno quiera tapar con un dedo lo que no se puede tapar.
Sigue siendo necio y terco el señor aun sabiendo que ahí están las pruebas, aun sabiendo que todo lo que nosotros estamos diciendo es verdad. No estamos mintiendo y mucho menos mentiríamos por nuestros hijos. Lo que queremos es saber de nuestros hijos. No nos interesa la política, no nos interesa ningún dinero y bien que nos lo han ofrecido. Ellos piensan que con dinero todo se calma y no es así. Nosotros no queremos ningún dinero, nosotros lo que queremos es saber de nuestros hijos. Tener, si Dios nos permite, tener a nuestros hijos. Y que diga la Ley que sean castigados todos los implicados en esta situación. ¡Todos! No más.

El asesinato de Yanqui Kothan, estudiante de Ayotzinapa

El asesinato de Yanqui Kothan, estudiante de Ayotzinapa

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El asesinato de un nuevo estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por parte de los Policías estatales de Guerrero es un nuevo crimen de Estado (dentro del que se expresan los tentáculos de caciques priístas, del crimen organizado y lo más podrido del PRD). Este joven de 23 años manejaba una camioneta donde iba acompañado de otros dos estudiantes de dicha normal. Hicieron una parada para comprar cosas, mientras se dirigían a recoger a otros estudiantes a la central de autobuses, y fueron acosados por una patrulla de la Policía estatal de Guerrero. Uno de ellos, conocido como Arenita, huyó, pero fue alcanzado y retenido por 3 horas. El otro, Osiel, fue retenido por alrededor de 10 horas y torturado por los elementos policíacos estatales, sin que nunca fuera presentado al ministerio público.

Con la tortura se buscaba que Osiel declarara que llevaban armas y drogas, cosa que no consiguieron. Se acusó a los estudiantes de poseer dos armas, una larga y otra corta. La primera no fue nunca presentada y todo indica que la segunda no fue activada y parece sembrada en la escena del crimen. También se dijo falsamente que llevaban alcohol y drogas, en otro intento de establecer una “verdad histórica”, es decir, dar una versión falsa de los hechos para encubrir la culpabilidad del Estado en este nuevo crimen. Pero esta versión se vino rápidamente abajo.

Yanqui Kothan Gómez Peralta, el estudiante asesinado, tenía 23 años, su madre señala que era deportista, muy contrario a la versión de sus vínculos con las drogas. Su madre, en una entrevista al canal de YouTube Rompeviento TV, repitió una frase ya dicha por los estudiantes normalistas: “Para el Estado ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte”.

La Fiscalía estatal hizo una prueba de rodizonato en la que los estudiantes salieron positivos, pero la pólvora puede esparcirse y no es concluyente de que ellos hayan disparado. No olvidemos que, en 2011, en una protesta, dos estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados, salieron positivos en dicha prueba pero luego se descubrió que ya muertos la policía puso en sus manos armas y las detonaron.

La prueba balística de efectos, que indica la trayectoria de las balas, muestra que estas vinieron de fuera hacia adentro pero no de dentro hacia afuera de la camioneta. Es decir, los estudiantes no dispararon, el estudiante fue ejecutado por los hombres uniformados de la Policía estatal. AMLO también desmintió que estos estudiantes estuvieran armados y hubieran disparado.

AMLO se ha doblegado ante el poder militar

Vayamos un poco más atrás. El presidente AMLO prometió justicia por la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, estamos próximos a cumplir 10 años de este trágico hecho. En efecto, se dio un giro en la política, se realizaron nuevas investigaciones, se vino abajo la falsa verdad histórica construida por el Estado, se encontraron restos de dos estudiantes y se ratificó que este fue un crimen de Estado, donde actuaron conjunta y coordinadamente elementos policíacos de varios municipios, policías estatales, ejército, posteriormente marina y crimen organizado. Hacer justicia implica llegar al final de la verdad y el Ejército se ha protegido dando información parcial, mintiendo y ocultando pruebas clave que están bajo su control.

El gobierno de AMLO se ha apoyado en el Ejército para gobernar y le ha dado muchas concesiones. Este es un Ejército que no ha sido depurado y que ha presionado a AMLO. Un ejemplo claro es cuando fue detenido el general en retiro Salvador Cienfuegos por crímenes de tráfico de drogas en EEUU, él fungió como Secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Su actuar se puede resumir en su frase “no toquen a mis muchachos”, es decir no toquen al Ejército por el caso Ayotzinapa. Fue tal la presión de estas fuerzas armadas que AMLO tuvo que actuar al más alto nivel, para negociar con el gobierno de EEUU su liberación, sin que se hiciera ninguna investigación o juicio en México, dejándolo simplemente en libertad.

AMLO mismo condecoró el año pasado a Cienfuegos por sus aportaciones hechas en el Ejército, mientras declaraba que ya se había hecho justicia para Ayotzinapa. Ésta es una prueba de cómo el actual gobierno se ha doblegado ante el poder militar y se ha demostrado en el caso Ayotzinapa. Las distintas investigaciones han evidenciado la existencia de toda una serie de documentos que el Ejército tiene sobre su posesión y que no ha entregado. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), antes de abandonar el país, solicitó al Estado la entrega de esa información que tiene el Ejército. El que hubiera este freno fue la razón central de su salida de México.

AMLO dijo en la conferencia mañanera del 20 de septiembre de 2023 que “es falso que el Ejército no haya entregado toda la información”. Una semana después, Alejandro Encinas entregó el segundo informe de la CoVAJ, mostrando algunos documentos que habían estado en propiedad del Ejército y que aportaron nueva información. Con esto quedó en entredicho lo que había dicho AMLO, que el Ejército había entregado toda la información.

Los padres de los 43 y sus asesores demandan la entrega de más de 800 folios que el Ejército tiene y no ha mostrado. El informe de Encinas mostró algunos de éstos, poco tiempo después renunció y las relaciones entre el gobierno y los padres se enturbiaron aún más.

Un grupo muy pequeño de padres fue expulsado del movimiento por haber marchado a favor de la liberación de los Abarca (que gobernaban el municipio de Iguala cuando la noche del 26 de septiembre de 2014). Encinas fue muy cuidadoso de no negociar con este sector. Los padres tenían una reunión en enero con el nuevo subsecretario de gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y cuando llegaron estaban sentados en la mesa los padres expulsados. Eso era intolerable y se rompió el diálogo entre los padres y el gobierno. De allí los padres demandan diálogo directo con el presidente.

El presidente ha lanzado una ofensiva, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA y de la que se desprende el GIEI, como la Comisión de Derechos Humanos Agustín pro Juárez y en particular contra el abogado de los padres Vidulfo Rosales. AMLO apela a un diálogo directo con los padres, sin permitirles que se dé junto con los asesores que ellos decidan. También da largas para la reunión, diciendo que se está recabando nueva información valiosa que les quiere mostrar. Nosotros creemos que debe haber diálogo sin que el presidente ponga condiciones. Los padres tienen el derecho de asesorarse de quien ellos consideren. Si fuera el caso que Vidulfo no está actuando de manera congruente, debe ser decisión de los padres, y solo de ellos, el excluirlo.

Las protestas de los padres

Hay una clara ruptura entre los padres y los funcionarios estatales del gobierno de AMLO. Los padres de Ayotzinapa instalaron un plantón en el Zócalo desde el pasado 26 de marzo. Exigen la apertura de los archivos militares, y un diálogo directo con el presidente. El pasado miércoles 6 de marzo, se decidió levantar el plantón. En esos 10 días no se acercó ninguna autoridad del Gobierno Federal, sólo las de la CDMX para pedir que se movieran, pues iban a instalar el escenario para el acto de inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Obvio no se movieron del lugar.

Es significativo que la candidata de la 4T a la presidencia de la república, la clara favorita a suceder a AMLO en la presidencia, dio a conocer sus 100 compromisos de gobierno, mientras los padres de los 43 se encontraban en plantón allí mismo en el Zócalo, y no dijo una sola palabra explícita de justicia para Ayotzinapa.

Una de las consecuencias de que no se haya tocado a los militares, ni con el pétalo de una rosa, es que sus organismos de inteligencia siguen siendo los mismos que en el tiempo del PRI y el PAN. Recordemos que ellos mismos tenían un infiltrado entre los 43 de Ayotzinapa y que no tuvieron reparo alguno en dejarlo morir junto a los demás estudiantes, con tal de encubrir el crimen. Hoy en día la inteligencia militar sigue actuando a sus anchas para generar ante la opinión pública la imagen de que los de Ayotzinapa son merecedores de todo menos de justicia.

Antes de levantar el plantón, el 6 de marzo, decidieron hacer una corta marcha y entregar una petición formal del diálogo con el presidente. En el camino se encontraron una valla y se dieron fricciones con elementos policíacos, quienes golpearon a un padre y a otro compañero. La manifestación terminó con la puerta 1 de Palacio Nacional rota con una camioneta. Si las fuerzas de seguridad lo hubiesen querido, habrían contenido la manifestación, pero permitieron que se rompiera la puerta. Este tipo de provocaciones tienen como objetivo preparar a la opinión pública para justificar un acto represivo. Al día siguiente fue ejecutado el estudiante Yanqui Kothan. No cabe duda que las fuerzas oscuras del Estado, de burgueses y altos funcionarios reaccionarios, que son  las mismas que no han dudado en masacrar campesinos y estudiantes, siguen actuando impunemente.

Varios manifestantes ingresaron a las orillas de la sede presidencial, mientras Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia de prensa matutina. Estos podrían parecer actos ultraizquierdistas, y claro está que se deben analizar, no desde un punto moral sino desde su efectividad política. Pero no podemos abstraernos del contexto de violencia en que está sumido el Estado de Guerrero. Fueron los propios padres quienes pusieron una barrera humana para evitar un ingreso mayor de los manifestantes al Palacio Nacional que llevara a una mayor polarización y salieron del lugar.

Fue un día después, el 7 de marzo, que fue ejecutado en Guerrero el estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por miembros uniformados de la Policía estatal. Eso provocó la movilización de los normalistas quienes, según varios medios de prensa, como respuesta, retuvieron por algunas horas a algunos miembros de la Guardia Nacional.

Cuando se vino abajo “la verdad histórica” del caso Yanqui Kothan, se informó que habían sido detenidos los policías implicados. Pero estos nunca fueron entregados a la Fiscalía estatal ni se tiene claridad de qué dependencia los retuvo. Dándose así las condiciones para que el policía fuera liberado y escapara. Los estudiantes reaccionaron con una violenta protesta en la Fiscalía estatal, lanzando bombas caseras y quemando varios autos que se encontraban en el estacionamiento.

A la par de la fuga del policía, dos peritos que investigan el caso de los 43 y se trasladaban a Guerrero a apoyar la investigación del estudiante recién asesinado, desaparecieron. Por fortuna fueron encontrados con vida. Esto habla de que hay fuerzas que buscan generar la mayor inestabilidad y caos en la entidad y en el caso Ayotzinapa. También es claro que el Estado no se mueve bajo las órdenes de Evelin Salgado sino que tiene una lógica de actuación propia, donde sectores de la reacción controlan parte de este aparato y lo usan en su beneficio.

¿Caos provocado?

Lo primero que tenemos que señalar es que las demandas de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa son legítimas y siguen siendo una lucha justa. Que el actuar del gobierno de AMLO ha sido muy limitado y el no quererse enfrentar al Ejército ha llevado a que no se alcance la justicia. Es el claro límite de los reformistas que se apoyan en y fortalecen al Estado burgués que tiene una esencia represiva y asesina contra los trabajadores del campo y la ciudad.

Pero, por un lado hemos visto una campaña de desprestigio contra elementos como Vidulfo Rosales, el abogado de los padres; por otro, hemos visto también una campaña contra AMLO. La candidata de la derecha a la presidencia, Xóchitl Gálvez, se reunió con Luis Almagro, dirigente de la OEA. Poco después, The New York Times sacó un artículo que habla de un supuesto financiamiento a AMLO por parte del narcotráfico. Seguido de esto, se dio una guerra en redes sociales hablando de que AMLO es un narco presidente. Según el gobierno, el 96% de estos tuits vienen del extranjero. Más que un vínculo real del actual gobierno con el narco, vemos una guerra sucia de la derecha nacional e internacional, quienes aspiran al desprestigio del gobierno para ganar posiciones en las elecciones del 2 de junio. Por supuesto, la oposición de derecha busca acentuar que esta ruptura entre la lucha de Ayotzinapa y el Gobierno de AMLO se acentúe y en el choque jalar agua para su molino.

La noche de Iguala mostró cómo el Estado y el crimen organizado se pueden incluso fundir y confundir en el Estado de Guerrero. Políticos y empresarios mantienen vínculos o incluso son parte del crimen organizado. Las pasadas elecciones estatales fueron vistas por las masas como la oportunidad de deshacerse de esas mafias y se dio un voto masivo a Morena. Pero una elección no es capaz de cambiar la realidad y menos si los gobernantes no asumen un programa revolucionario ni se apoyan en el movimiento de masas de los trabajadores para transformar la realidad.

Viejos políticos mafiosos de los partidos del PRI y el PRD, apoyándose en el crimen organizado, buscan desestabilizar al Estado para debilitar y desprestigiar a los gobiernos de Morena y regresar a sus viejos cotos de poder. Esto, sumado a las disputas entre el crimen organizado y el combate a la lucha de las comunidades, estudiantes y trabajadores; es un coctel de violencia que mantiene a la población atemorizada. Lamentablemente, el caso de Yanqui Kothan no es aislado, hay un ambiente de violencia generalizada.

El fracaso de los gobiernos de Morena en el tema de la seguridad, la imposibilidad de dar justicia al caso Ayotzinapa y frenar la violencia en el Estado de Guerrero (que vive realmente una situación de barbarie), sumado a la violencia que han sufrido los estudiantes mismos, ha llevado a la FECSM de Ayotzinapa a realizar acciones de carácter ultraizquierdista.

Claro está, que en Guerrero es común la violencia en las protestas de masas y eso muchas veces está completamente justificado. Engels decía que la violencia es la partera de la historia. Pero lo que debemos cuestionarnos, alejados de moralismo, es qué métodos nos ayudan a alcanzar nuestros fines y cuáles nos alejan. Nosotros creemos que los métodos que nos sirven son los que ayudan a elevar la conciencia de los trabajadores, que ayudan a cohesionarnos e impulsar al movimiento de masas. En el contexto de violencia, evidentemente deben haber medidas de seguridad y autodefensa, pero la clave está en conseguir el apoyo y la movilización de los maestros, el resto de trabajadores, de los campesinos y los estudiantes.

Han habido acciones de los normalistas que han llevado a que pobladores de Tixtla (el histórico municipio donde se encuentra la normal) lleguen a pensar que sería mejor que cerraran Ayotzinapa y eso contribuiría a que la violencia bajara. Si la lucha de los estudiantes se aleja del pueblo trabajador, estarán perdidos. Los métodos ultraizquierdistas, además, son más susceptibles para que la reacción los use e incluso infiltre elementos en protestas para provocar inestabilidad. Esto se combate con democracia interna; con la formación de cuadros comunistas revolucionarios, con suficiente nivel y claridad política, y con una estrategia que ayude a cohesionar la lucha de los trabajadores.

El gobierno de Morena ha dejado en evidencia los límites de los reformistas y de la lucha electoral. Eso no significa que las masas hayan abandonado esas vías para expresar su descontento e incluso luchar contra la reacción. Pero hemos visto expresiones mucho más avanzadas de las masas en Guerrero para hacer frente a la barbarie del sistema capitalista. Podemos mencionar huelgas del transporte público que han paralizado a Acapulco para exigir seguridad. Si esto se generalizara en una huelga general de los trabajadores, daría una respuesta contundente a la violencia barbárica. Imaginemos a los normalistas parando y yendo a protestar, pero no solos, sino con los trabajadores del transporte en paro junto con los maestros (históricos aliados), con el clave sector turístico en huelga. Eso sí que sería una respuesta de unidad frente a la reacción y sus grupos armados. No olvidemos otros métodos: las Policías comunitarias. Es decir, las comunidades organizadas democráticamente con un sector armado para hacer frente al crimen organizado bajo el control de la base.

Recordemos algo más. ¿Qué pasó en 2014? La unidad de la masiva lucha de los maestros con otros sindicatos, con los estudiantes de Ayotzinapa y las comunidades organizadas en Policías comunitarias. Esto consiguió, en una histórica marcha a Chilpancingo, liberar a Policías comunitarios que habían caído presos. Esto en un contexto de lucha nacional, pero que tuvo su epicentro en la lucha local en Guerrero. Eso puso al régimen contra la pared y se establecieron, en varios municipios, elementos de doble poder.

En Tixtla, por ejemplo, se formó un Gobierno popular. Un dato curioso, producto de esa lucha el auditorio municipal fue ocupado por el movimiento y llenado de murales. A Yanqui Kothan le gustaba pintar y pintó un mural, siendo adolescente, en dicho auditorio.

La situación de doble poder o se generaliza y acaba con el Estado burgués actual o el Estado actual predominará y aplastará al naciente poder de los trabajadores. Esto segundo fue lo que pasó. Pero estas luchas marcan el camino a seguir.

Tenemos enemigos internos. Los reformistas están buscando institucionalizar la protesta, dar apoyos sociales a cambio que la gente no se movilice. Han fomentado el fortalecimiento del Estado y su monopolio de violencia. Si bien han atacado en algunos casos al crimen organizado, también han desmantelado a Policías comunitarias.

El problema central lo vemos en los límites del programa y la política de los reformistas. Sin duda que hay una intención de desestabilizar al Estado de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado del partido Morena. Los reformistas no son capaces de resolver los problemas de fondo porque no buscan cambiar al sistema que es el problema de raíz. También, es cierto, que la derecha lanza sus tentáculos e intenta infiltrar nuestra lucha o cooptar a nuestros camaradas. Esto no se resuelve con una visión paranoica de desconfiar todos de todos, que es justo lo que busca la reacción, sino estableciendo mecanismos de democracia y control obrero y pugnando por direcciones conformadas por cuadros políticos consecuentes (nosotros diríamos realmente comunistas revolucionarios que promuevan la democracia obrera).

Existen elementos en el magisterio, en la FCSUM, en las comunidades, en otras escuelas y centros de trabajo, que ven necesaria una lucha revolucionaria ante la incapacidad reformista, ante la corrupción de algunos líderes, frente a las ganas y necesidad de los trabajadores y estudiantes de luchar, pero también de defender a nuestras organizaciones. Necesitamos crear cuadros comunistas revolucionarios consecuentes que pugnen por la democracia en el seno de nuestras organizaciones de combate, que pugnen por promover que las protestas ayuden a elevar la unidad y el nivel de conciencia del conjunto del pueblo, que defiendan a muerte nuestras demandas sin ninguna concesión al reformismo. Lo de los normalistas han sido crímenes de Estado, de un narco Estado, y la real justicia vendrá cuando acabemos con ese aparato criminal, que sólo será posible con un levantamiento generalizado de los trabajadores que barra con esta escoria y establezca un Estado de y para los trabajadores del campo y la ciudad.

Las condiciones de la lucha de clases en Guerrero no es un juego de niños. No vamos a poner el pecho a la reacción para que masacran a compañeros como Yanqui (que realmente fue una víctima de la reacción que busca inestabilizar al Estado y al país). Hay que saber actuar con cautela, proteger a nuestros cuadros y fortalecer la organización de masas de las comunidades y trabajadores de la ciudad y crear los cuadros revolucionarios que el movimiento necesita.

¡Justicia para Yanqui Kothan y los 43 de Ayotzinapa!

¡Por el desarrollo del movimiento de masas de trabajadores y estudiantes!

¡Por un Estado de los trabajadores que acabe con la violencia criminal del sistema!

A 9 años: No sólo es Ayotzinapa, el capitalismo nos lleva a la barbarie

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Las fuerzas armadas estatales fueron partícipes, desde el primer momento, del crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa iniciado en la noche del 26 de septiembre de 2014. El saldo es de 6 personas asesinadas en esa noche, un estudiante aún en coma y la desaparición de 43 más, de los cuales se han encontrado hasta ahora restos humanos de 3 de ellos. Fue un actuar estructurado entre las fuerzas armadas del Estado y el crimen organizado. Perpetuado el crimen había que ocultar o distorsionar los hechos, tanto para la opinión pública como para encubrir el proceso legal. Eso ocurrió desde las altas esferas del Estado, inventando una versión falsa de los hechos, la llamada “verdad histórica”. El poder judicial dispersó el caso en varias fiscalías del país, para complejizar y hacer muy difícil el acceso a la justicia. Muchos jueces han liberado a presuntos culpables y desechado pruebas clave. Aunque el mismo presidente ha solicitado información fundamental que tiene el ejército y la marina, estos sólo han dado una pequeña parte de la misma, mienten sobre su actuar, destruyen información clave o la ocultan. No cabe duda, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el gobierno actual, el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado.

El corrupto Estado mexicano tiene una historia de sangre, donde la tortura y asesinato han formado parte de su actuar regular, basta recordar el 2 de octubre de 1968. Así como la democracia burguesa es una delgada hoja de parra que encubre la dictadura del capital, el Estado sirve para protegerse y defender los intereses de la burguesía legal e ilegal (narcotráfico) pero  debe dar una cara pública de paladín de la justicia imparcial y defensa de la democracia. Debido a acuerdos internacionales, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a aceptar la intervención del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Su objetivo ha sido siempre la defensa y fortalecimiento de las instituciones del Estado, pugnando por su buen actuar. Lo interesante es que eso ha implicado críticas a su funcionamiento, mientras hacen una investigación paralela en el caso Ayotzinapa. Esto ha dejado en evidencia la putrefacción del Estado mexicano y su implicación directa en el asesinato y desaparición de estudiantes y en el ocultamiento del crimen. No cabe duda: ¡Fue el Estado! ¡Fue el ejército!

Bajo el gobierno de AMLO ha habido más apertura, se ha intentado avanzar en la verdad y la justicia, se ha dado mayores facilidades al GIEI. Pero el aparato Estatal actúa de forma independiente, reacciona contra ello y sigue boicoteando para que no haya justicia. AMLO puede tener mejor voluntad política, en su persona podría querer que se sepa la verdad y se haga justicia. Pero su política entra en contradicción entre lo que quiere y lo que ocurre. En su lógica de reformar al sistema, inevitablemente se apoya y fortalece instituciones clave del Estado como el ejército para gobernar. A eso hay que sumar que esas no han sido ni siquiera depuradas y se convierten en el Estado dentro del Estado, ejerciendo una gran presión contra el mismo poder federal. El resultado es que AMLO no va a fondo pues significaría combatir al ejército criminal, en que se apoya y es su aliado. Eso quedó en evidencia en la negociación que hizo con Trump cuando en EEUU detuvieron al que fuera jefe de las fuerzas armadas en los tiempos de la desaparición de los 43, Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico (quien además actuó como protector del ejército tras la noche de Iguala).  Por la intervención de AMLO y Marcelo Ebrard, Cienfuegos fue liberado sin juicio ni investigación en México. El que AMLO no quiere enfrentarse al ejército lo vemos en el mismo caso Ayotzinapa, donde tiene una actitud tímida contra las fuerzas armadas.

El problema de fondo no es el gobierno, es el sistema y su Estado. No basta cambiar la administración del Estado, hay que destruirlo y sustituirlo por otro basado en la organización de los trabajadores.

El VI informe de GIEI

Los estudiantes de Ayotzinapa, tenían designado por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que están afiliados, conseguir autobuses para que los estudiantes de las normales rurales pudieran asistir a la marcha del 2 de octubre, aniversario de la masacre estudiantil de 1968, en ciudad de México. A eso fueron a Iguala ese 26 de septiembre. Tomaron 5 autobuses. En ese momento fueron atacados por fuerzas estatales y grupos de narcotraficantes Guerreros Unidos. Eso derivó, como ya dijimos, en 43 estudiantes desaparecidos, 6 muertos (incluyendo un estudiante desollado y 3 civiles que no pertenecían a la normal) y, entre los heridos, un estudiante en estado vegetativo.

El informe del GIEI demuestra la actuación de distintas corporaciones estatales: policías Estatales, Ministeriales, el ejército y la marina (en los días posteriores), así como del crimen organizado. Esto ocurre en distintas zonas de la ciudad de Iguala. Se ve el actuar coordinado de policías y elementos del crimen organizado, quienes atacan a los estudiantes, mientras que los elementos del ejército estaban presentes (dejando abierta la posibilidad de su actuación) y no actuaron en la defensa de los estudiantes.

El GIEI señala que las declaraciones del ejército han cambiado en el tiempo, de acuerdo a los descubrimientos que sus investigaciones han arrojado. Que han dado información parcial o de plano han ocultado la verdad. Por ejemplo, hay declaraciones de elementos de la Sedena que señalan que estuvieron en ciertos escenarios particulares pero la geolocalización de sus teléfonos móviles demuestra que estuvieron moviéndose en los distintos escenarios de la ciudad donde se perpetró el crimen.

También se sabe que el ejército tenía infiltrados dentro de los estudiantes que daban  información en tiempo real y que hubo también información entre el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y los militares (quienes de hecho tenían gente en esa dependencia manipulando las cámaras y manteniendo comunicación directa). Esa información, también, llegaba de manera continua con el Secretario de la Defensa Nacional, al que de hecho no se ha investigado. ¿Qué demuestra esto? Qué el ejército estuvo presente en los escenarios del crimen, saben qué pasó y ocultan la verdad.

Gracias a la investigación, por ejemplo la comunicación del ejército con otras dependencias, se sabe de la existencia de información y documentos probatorios en propiedad del ejército que éste ha ocultado o destruido.

También se muestra en el informe del GIEI que el ejército, en coordinación con el grupo Guerreros Unidos del narcotráfico, ayudó a desaparecer al menos a 6 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por ello los padres y estudiantes de la normal han realizado protestas frente al 23 batallón.

De la verdad histórica a la institucionalización de la mentira

¿Por qué se fue el GIEI del país? Porque no tenía posibilidad de avanzar significativamente en la investigación debido al ocultamiento de la verdad por parte de instituciones como el ejército. Sin embargo, AMLO, tras el VI informe, dijo que no coincidía con ellos señalando que se habían abierto las carpetas y habían 150 detenidos, incluyendo dos generales y altos funcionarios como el pasado fiscal.

A dos días del 9⁰ aniversario de la sangrienta noche de Iguala, el presidente mexicano ha declarado que ya se entregó toda la información. Se tuvo una reunión entre el gobierno y los padres de los 43 el 25 de septiembre de este año, pero en esta ocasión López Obrador no estuvo presente. Al finalizar la reunión, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales declaró:

“Alejandro Encinas lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos”.

“Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo… no se dice nada de quién construyó la verdad histórica”.

Este fue un crimen de Estado en colusión con el crimen organizado. Es el reflejo claro del fracaso del reformismo, que se apoya en las instituciones estatales que tienen un historial de crímenes contra los trabajadores y que después sucumbe a sus presiones. Vemos la claudicación de López Obrador ante la presión del ejército. No hay verdad y no hay justicia para Ayotzinapa

Nos faltan 43 y muchos más

El caso Ayotzinapa y el problema de la violencia serán cuentas pendientes que no logrará resolver el actual presidente. Es un problema heredado, pero que hunde sus raíces en la descomposición social a la que nos ha llevado el capitalismo. Décadas de ataques, privatizaciones, sobreexplotación, falta de educación, falta de empleos formales, pérdidas de contratos colectivos, ruina en el campo, etc. llevaron a un colapso de los niveles de vida y una desigualdad obscena. Esa precariedad dio paso a la instauración sólida del mercado de la droga, creándose poderosas organizaciones de narcotraficantes, con fuerte poderío económico y militar, que controlan o se disputan amplios territorios. AMLO lleva adelante programas sociales que contienen parcialmente la precarización de la población, pero eso es una aspirina para curar la enfermedad llamada capitalismo.

Combatir de raíz el problema significa atacar las riquezas de los grandes capitalistas y narcotraficantes, poner las palancas económicas en manos de los trabajadores y las riquezas al servicio de la sociedad, así podemos acabar con la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de educación y la violencia.

Parte del problema de la violencia está ligada al crimen organizado pero no se limita a éste. Fuera de esto también vemos alarmantes cifras de homicidios, feminicidios y desapariciones, lo que indica que hay una descomposición social muy profunda y arraigada, que, sostenemos, está intrínsecamente ligada a un sistema capitalista putrefacto que nos lleva a la barbarie.

La derecha arremete contra él actual gobierno de manera hipócrita. Xóchitl Gálvez ha reivindicado la política de seguridad de Felipe Calderón, donde no sólo se expone el saldo de sangre sino también la infiltración del narcotráfico en el Estado, llegando a las más altas esferas. Pero es verdad que la 4T no ha logrado revertir el problema de la violencia.

Para un burócrata reformista, si las cifras no cuadran no hay que cambiar la realidad sino las estadísticas. Dado el alarmante problema de los desaparecidos, se han arrojado cifras de más de ciento diez mil casos. El equipo de seguridad de AMLO presionó para hacer un nuevo censo de las víctimas. Se ha descubierto a desaparecidos en listas de vacunación sin que realmente se sepa dónde están, pero también vemos que algunos sí han aparecido en casas (donde no dan datos si fueron secuestrados y no quitaron el reporte u otra razón). Sin embargo, el fin no es tener datos más fidedignos sino el de bajar las estadísticas. Esto llevó a la renuncia de Karla Quintana, comisionada de búsqueda de personas desaparecidas, identificada con el equipo de Alejandro Encinas, quien no estuvo de acuerdo con esta política.

El caso de Jalisco 

No sólo no se ha dado justicia para Ayotzinapa, el problema de violencia persiste. El 11 de agosto desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco, 5 jóvenes. Se mostraron videos donde presuntamente se encontraban estos maniatados y posteriormente se encontró un auto, propiedad de uno de los chicos, en llamas, con restos humanos de una persona dentro del mismo. Eso generó la indignación de los tapatíos que realizaron protestas por su aparición.

Las cifras oficiales de desaparecidos en Jalisco son de más de 14 mil, aunque hay muchas críticas de que ocultan muchos casos. El actuar de las fiscalías y el gobierno de Alfaro es patético, parecen coludidos al crimen organizado

En Jalisco se han dado fenómenos de desapariciones múltiples como el de cuatro mujeres en Encarnación de Díaz, secuestradas fuera y dentro de su casa. Otro caso es el de unos trabajadores de un Call Center en Zapopan, que fueron secuestrados en su trabajo y luego aparecieron muertos. Es un ejemplo de la barbarie que recorre muchas zonas del país, donde los jóvenes, las mujeres y los trabajadores estamos en permanente riesgo y donde las autoridades se coluden con el crimen organizado y no son capaces de dar la más mínima justicia.

Jalisco representa un problema grave pero no el único. En varias zonas del país el crimen organizado es un cáncer. El estado de Guerrero mismo es un claro ejemplo de ello, donde el crimen organizado amedrenta a la población, impone tarifas en productos básicos, asesina a activistas sociales y a gente que les denuncia. Se infiltra en las policías y se disfraza en las policías comunitarias. Sólo ahí donde el pueblo trabajador muestra la fuerza de su unidad, su organización y lucha, es donde se les puede hacer frente y replegar.

La única forma de hacer frente a la violencia barbárica a que nos lleva el capitalismo es con un poderoso movimiento de masas revolucionario, como el que se vivió embrionariamente en 2014-15 que llevó a la  unidad de los comunitarios, con los estudiantes y proletarios (empezando por los maestros) y a la toma del palacio municipal de Tixtla por parte del pueblo trabajador.

No hay alternativa dentro de este sistema

El crimen organizado sigue actuando, se infiltra en los partidos políticos y en los gobiernos locales. El Estado está podrido. Fiscales y jueces siguen protegiendo a los criminales, no hablamos solo de narcotraficantes, de militares o policías, sino de feminicidios y asesinos comunes, que siguen libres. Las madres se organizan más efectivamente que el Estado para encontrar desaparecidos, los familiares hacen mejores investigaciones que las fiscalías, el pueblo trabajador organizado es más efectivo que el Estado burgués.

Ya en 2014 vimos emerger un inspirador movimiento de masas que puso al régimen contra la pared, donde la rabia se mezclaba con aires de revolución. Vimos un profundo movimiento que augura un cambio radical y no es para menos. Lo cierto es que este sistema capitalista nos ofrece ser carne de explotación o la muerte. El movimiento está pasando por la experiencia de AMLO, lo que podemos concluir es que el sistema está  tan enfermo, que pequeñas reformas no lo sanarán. El sistema debe morir para que la vida florezca. No hay salida, o nos organizamos para acabar con el capitalismo o el capitalismo acabará con nosotros.

¡Organízate, fórmate y lucha por el comunismo!

Ayotzinapa es la bandera que nos exige luchar por la justicia que aún no llega

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El clamor popular dijo, desde el primer momento, que fue el Estado el culpable del asesinato, que hoy asciende al menos a 9 personas; 27 heridos y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ante los ojos de millones de personas en México y el mundo, se mostró la infiltración del crimen organizado y su protección por parte del Estado que en todo su actuar se movió en defensa de los criminales. La procuraduría de justicia inventó un escenario del crimen al que llamó la verdad histórica, que culpaba al alcalde de Iguala y decía que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hoy ha quedado más que demostrada la falsedad de la Verdad Histórica. Una prueba contundente contra ella es el encontrar restos de uno de los estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y posteriormente de Christian Rodríguez, en la barranca de La Carnicería, un hecho desgarrador.

El inicio del colapso del régimen

Como un castillo de naipes, la popularidad de Peña Nieto colapsó, llegando a ser el presidente con menor credibilidad en décadas. Pero junto a él la credibilidad del resto de las instituciones del Estado y del régimen cayeron: el ejército, las policías, las instituciones del poder judicial, los gobiernos a todos sus niveles, los partidos políticos, los medios de comunicación, etc. Vimos una crisis del régimen que expresaba que la burguesía ya no podía seguir gobernando como antes si no quería que le estallara una bomba en sus manos.

Las movilizaciones fueron la expresión clave del colapso del régimen, no sólo por su masividad sino por las conclusiones que el movimiento asumió. El movimiento se desarrolló, porque a diferencia de lo que había ocurrido con dirigentes de otras luchas sindicales, sociales y políticas, los padres de los 43 no se doblegaron y no aceptaron las migajas del régimen. Eso permitió al movimiento avanzar hasta cierto punto.

Métodos democráticos y la necesidad de una dirección revolucionaria

La lucha abarcó a trabajadores del campo y la ciudad, a amas de casa, y a sectores de la pequeña burguesía, pero fue la juventud el motor. Se buscaron organismos desde la base para articular la lucha en universidades (como las Asambleas, las interuniversitarias, etc.) así como en comunidades. El movimiento se extendió a nivel nacional, universidades que nunca habían realizado un paro en su historia ahora entraban en acción. Fueron varios estados donde se realizaron movilizaciones masivas, por casos locales de homicidios. El IPN viviría al mismo tiempo una masiva huelga, que si bien no de forma inmediata, terminaría dando un apoyo importante a esta lucha, aunque sin conseguir una unificación plena de ambos movimientos. También Ayotzinapa animó a la lucha magisterial, que ya venía de un importante movimiento contra la reforma punitiva de Peña Nieto.

Ayotzinapa fue el espejo de una realidad cruel que se vive a diario en el país: el de los homicidios dolosos y las desapariciones. El movimiento podría haber avanzado más lejos, por ejemplo, al conformar una organización nacional en busca de justicia de desapariciones, feminicidios y homicidios. El movimiento realizó movilizaciones masivas de gran radicalidad, pero llegó un momento que eso no era suficiente, o el movimiento pasaba a una insurrección nacional (en algunos lugares adquirió este carácter) o a acciones como una huelga general. Los padres eran una dirección moral, pero se necesitaba más que eso, se requería una dirección revolucionaria. Lo que muestra la lucha por los 43, es el enorme potencial revolucionario del pueblo mexicano, la fuerza de la espontaneidad de las masas, los avances de la articulación del movimiento localmente, pero también la necesidad de una organización de los explotados a nivel nacional, un partido revolucionario que pueda llevar al movimiento hasta sus últimas consecuencias.

El gobierno de AMLO muestra sus límites

Se cumplen ya 7 años, Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta que no logra cerrar. La justicia sigue sin llegar. Esta extensa batalla les ha desgastado y minado su salud. Varios padres de familia de los 43 normalistas ya han muerto en medio de la lucha por justicia.

La investigación se tuvo que repetir, se demostró que muchas de las declaraciones que sustentaban la investigación (y la verdad histórica) se obtuvieron por tortura. Recientemente se ha dicho que existen 40 videos extraídos de dependencias gubernamentales que demuestran esto. En esta nueva etapa desde sectores del Estado se ha filtrado información sensible de la investigación que ha puesto en alerta a implicados, dificultando su actuar para proceder contra ellos. Al menos ocho testigos clave del caso Ayotzinapa han sido asesinados, Alejandro Encinas, encargado del gobierno de AMLO para dar seguimiento al caso, ha dicho que en total han muerto 21 testigos clave. El actuar de las instituciones estatales sigue siendo lento y camina boicoteando la investigación, su naturaleza es proteger a las cabezas estatales y a los grandes capitalistas (incluyendo a los ilegales que actúan en el crimen organizado). Para contrarrestar esto, el gobierno de AMLO junto a la fiscalía impulsa, con la información recabada, procesos contra funcionarios que han ocultado o tergiversado los hechos.

El mismo presidente ha dicho:

“Y sí, no es un asunto sencillo porque es una red de complicidades y de componendas, nada más que hemos tomado la decisión y por convicción, porque no somos iguales a los de antes, de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”.

Esa red esta intrínsecamente ligada al Estado, es el Estado mismo y se usa al mismo Estado para combatirlo. Incluso si te planteas no la creación de un nuevo Estado sino su depuración y reforma se necesita un enfrentamiento real contra el crimen organizado, contra las cúpulas militares mafiosas, etc. Pero AMLO no ha mostrado estar dispuesto a hacerlo, no ha querido proceder con firmeza contra el ejército. Un ejemplo lo pudimos ver con la liberación negociada del general Cienfuegos de las cárceles de EEUU para dejarlo libre en México sin proceso alguno, no olvidamos que el general en retiro protegió al ejército para que no se le tocara ni investigara por el caso Ayotzinapa, cuando todo apunta a su clara implicación en la desaparición forzada de los 43. El gobierno señala que sí se ha actuado contra militares, por ejemplo, se tiene una orden de aprensión y se busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, que si bien tenía un cargo dirigente en la Seguridad Nacional no es un militar de carrera. También se tiene la detención del general Crespo, pieza clave en el caso. Los hechos dirán si en verdad se quiere acabar con las mafias incrustadas en el ejército vinculadas al crimen organizado o solo se cortará un par de cabezas para dejar a los jefes y las mafias en impunidad.

Pese a la lentitud, hay, sin embargo, algunos avances. Se habla que hay dos zonas de búsqueda nueva que pueden arrojar algún resultado. Que se han lanzado ya 89 órdenes de aprensión, pero 40 aún están sin ejecutarse, incluida la de Tomás Zerón. Se ha echado abajo la verdad histórica. Se ha demostrado que no hay vínculo entre los estudiantes y el crimen organizado (como algunos medios burgueses quisieron hacer ver). Se ha demostrado que se usó durante el sexenio de EPN la tortura de forma sistemática para obtener declaraciones y fabricar pruebas.

Hoy Encinas dice que se hará todo lo humanamente posible para encontrar a los normalistas, pero pasando 7 años los indicios y las pruebas se van perdiendo y no hay garantía de encontrarlos a todos. Los padres han manifestado que están inconformes con los resultados de la investigación, el propio Alejandro Encinas ha dicho que ellos también lo están. No se ve con claridad que habrá justicia y se encontrará a los normalistas.

Por el camino de la legalidad del Estado burgués tendremos como resultado un proceso lento y, en el mejor de los casos, una justicia a medias. Si esto pasa con Ayotzinapa, ¿qué esperanza hay de que haya justicia para los homicidios dolosos, los feminicidios y las desapariciones, que en su conjunto suman cientos de miles de casos?

Al final del día seguimos viendo que impera la impunidad y no se están generando cambios profundos en las condiciones materiales, llevando a la repetición de crímenes de violencia.

Los ataques al magisterio y a las normales continúan

Se requiere más que buena voluntad para que la justicia llegue. Según los datos del presidente Obrador, de sus 100 promesas que se comprometió al tomar la presidencia, 98 ya se han cumplido. Dice que queda pendiente la descentralización del gobierno (que no se ha cumplido por la pandemia) y el dar justicia para el caso Ayotzinapa.

El problema no es la buena voluntad sino la estrategia del gobierno que quiere rescatar y reformar a un Estado criminal en vez de destruirlo para sustituirlo por un Estado de los trabajadores.
Claro que hay esperanza e ilusiones de que, aunque tarde, la justicia llegue, pero no se niega el elemento de frustración de los padres. Sumado a esto, hay un enojo en el magisterio por la forma en que se ha procedido al regreso a clases, cuando los contagios estaban en niveles históricos.

Maestros reflexionan sobre los avances de este gobierno y varios sacan la conclusión que la reforma educativa no cambió más que en su forma punitiva. Es muy ilustrativo que Enrique Dussel, destacado intelectual obradorista y teórico del Instituto de Formación Política de Morena, dijera: “La reforma educativa es el mismo perro, pero con otro collar”. A lo que Luis Hernández Navarro ha dicho: “Su afirmación no es exagerada. La reforma educativa de la Cuarta Transformación (4T) es, en esencia, el mismo erizo neo¬li¬be¬ral de Enrique Peña Nieto, al que se le han limado algunas de sus espinas más filosas.” (La Jornada: El alebrije de la reforma educativa).

El enojo magisterial ha salido a relucir con las protestas recientes en Chiapas y cuando maestros interceptaron a AMLO y retuvieron su auto por dos horas, impidiéndole asistir a su conferencia mañanera.

Los estudiantes normalistas también han estado en conflictos, siendo reprimidos por gobiernos locales dirigidos por la derecha de Morena como el caso de Chiapas y Puebla. A penas, al finalizar agosto, fueron liberados 95 estudiantes normalistas de Mactumatzá. En algunas Normales existen autogobiernos, pero la ausencia de cuadros, de métodos efectivos democráticos de control y de una política no sectaria y políticamente revolucionaria, ha llevado a casos de corrupción interno. Muchos de los recursos ni siquiera llegan a los estudiantes, llegan a los profesores y directivos, donde también faltan cuadros políticos con consciencia de clase e irónicamente, profesores de varias normales no pertenecen al magisterio democrático y son del SNTE.

AMLO criticó los autogobiernos, pero su propuesta ha sido eliminar los históricos internados y comedores, dando el dinero directamente a los estudiantes para que ellos decidan donde comer o vivir. Eso debilitaría políticamente a la organización estudiantil y en el futuro abriría la puerta para que se concreten ataques. Lo que se requiere es luchar por una organización de estudiantes y del magisterio sólida y revolucionaria, que no actúe bajo métodos burocráticos, que tenga un programa y consciencia de clase y permita la militancia en organizaciones revolucionarias consecuentes. Por eso esa propuesta de AMLO debe ser rechazada respondiendo con mayor democracia y formación política interna, que fortalezca a la organización. Se requiere una política revolucionaria firme en los principios pero que sea capaz de dialogar y vincularse con el pueblo, también aquel que confía y apoya al gobierno de AMLO. Éstos también quieren un cambio en la sociedad y están dispuestos a luchar por él, aunque se puedan tener diferencias esta base del pueblo es nuestra potencial aliada, no nuestra enemiga.

Ayotzinapa sigue exigiendo justicia

El 26 de septiembre no se olvida y no debemos dejar de luchar hasta que la justicia deje de estar sólo en las palabras y se traduzca en hechos. Por su historia y vínculos, también debe ser espacio para manifestar el descontento magisterial y del estudiantado normalista, también debe servir para exigir justicia por el resto de los desaparecidos, homicidios y feminicidios. Ayotzinapa sigue siendo nuestra bandera, pero a su vez es muchas banderas de reclamo de una justicia que aún no llega.

¡Justicia para los 43 y los miles de desaparecidos del país!

¡Ni una ni un asesinado más!

¡Abajo toda la reforma educativa de Peña Nieto, por una educación al servicio de los trabajadores!

¡Combatir los ataques de las normales fortaleciendo la organización con democracia y formación política!