Movilizaciones en Perú

Imagen del semanario Hildebrandt en sus trece

26 mayo, 2023

La Corrupción del Estado peruano, desde avionetas, almacenes, toneladas de droga, hermanitos y cuellos blancos

Said Jiménez América del Sur, Análisis, Internacional, Perú Movilizaciones en Perú, Perú

Como era de esperarse, a causa de las constantes represiones, abusos y muertes cometidos por la Policía Nacional contra los manifestantes, (sumado a que el movimiento no tiene una dirigencia con una perspectiva clara y revolucionaria que los guíe a la unidad para lograr acabar con esta dictadura) el movimiento en el Perú ha decaído. Mientras que la clase dominante del país sabía que tarde o temprano las marchas iban a entrar en un punto de reflujo, desde un inicio se atacó a la población con toda la represión posible y, al no tener el grado de organización deseado, tuvieron que replegarse. Los hermanos de provincia regresaron a sus lugares de origen y luego vino el fenómeno climático de El Niño y el ciclón Yaku.

La toma de consciencia en el movimiento no se desarrolla al mismo ritmo, y en el norte parecían hacer de oídos sordos hacia el llamado a unirse a las protestas, desestimando la lucha popular e ignorando el llamado a la unidad; sin embargo, eso cambió cuando les tocó vivir en carne propia los maltratos, las injusticias y la indiferencia de este gobierno opresor e ilegítimo, pues al verse afectados por el fenómeno del niño, uno de los más fuertes en los últimos 10 años, la inoperancia de la usurpadora Dina Boluarte, la negación de recursos, la indiferencia en su actuar, en llevar apenas unas palas y picos, y decir: “no hay, no hay”. Pero el Congreso destina a sí mismos millones de dólares en remodelaciones, en bufés, en compras innecesarias; a los damnificados de zonas adineradas del país reciben el apoyo total e incondicional de la policía, mientras que a la población más vulnerable del Norte se les discrimina y se les niega cualquier apoyo de maquinaria, sobre todo de bombas hidráulicas para retirar el agua y que se sequen las calles inundadas.

Como consecuencia de la negación del apoyo más la indiferencia, la población norteña se indignó, se unió e hizo un llamado a un paro general, mismo que tuvo una buena acogida por parte de diferentes regiones, pero no se logró el impacto que se deseaba.

Paralelamente a estas protestas y de las catástrofes naturales, en Lima se venía viviendo algo sumamente crucial: un sector de la prensa, algunos políticos y la prensa independiente buscaban por todos lados la tesis de maestría y doctorado de la infame fiscal Patricia Benavides, obtenida en tiempos récord según los registros.

Dicho grado lo obtuvo en una de las universidades que cuenta con un pésimo nivel académico del país, dicha universidad fue clausurada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en su momento, por no cumplir con los estándares de calidad en la educación. En esta universidad es donde obtiene de manera sospechosa su tesis, tanto de maestría como de doctorado, pero se niegan a presentarla para su análisis y escrutinio.

La abanderada en pedir las tesis para su revisión ha sido la congresista Susel Paredes, presentándose en diferentes medios. La crítica que se hace es que la tesis del presidente Pedro Castillo por lo menos estaba ahí, en físico para el análisis, para el debate, para la crítica, para lo que sea; en cambio la tesis de la fiscal Patricia Benavides no se encuentra. Y cuando se le exige dé una respuesta, hace caso omiso, oídos sordos y hasta el momento no ha presentado ninguna tesis, ni física, ni virtual que pruebe y fundamente sus supuestos grados académicos que son de suma importancia para alguien que ejerce el cargo como fiscal de la nación.

Pero no sólo es el tema de la tesis sino la de sus otros conocimientos académicos, por ejemplo, es requisito indispensable el dominio de dos idiomas para obtener estos grados y se ha demostrado que uno de los institutos en donde ella asegura haber obtenido sus estudios de inglés es en realidad una academia de cosmetología.

Otra curiosidad es que la fiscal asegura haber obtenido sus grados académicos en la universidad “Alas Peruanas” del hoy investigado Joaquín Ramírez, que en el 2011 fue secretario general del partido Fuerza Popular de la eterna candidata e investigada por lavado de activos Keiko Fujimori. Ramírez es un personaje oscuro en la política peruana, su familia tiene un conocido vínculo con el narcotráfico por lo que el ministerio público acaba de incautar sus bienes por un valor de mil millones de dólares por desbalance patrimonial.

Algo indignante que se ve, por ejemplo, si hacemos la siguiente comparación: Mientras a la hija de Pedro Castillo se le detenía por 9000 soles a este sujeto se le mantiene libre a pesar del origen desconocido de su fortuna (1000 millones de dólares). Joaquín Ramírez el actual presidente regional de la ciudad de Cajamarca, y al parecer goza de una impunidad privilegiada, goza de los amiguitos poderosos, goza de los cuellos blancos, así como de toda la mafia que parasita nuestro país. El que en algún momento fue el brazo derecho de Keiko Fujimori y el que hoy tiene a una sobrina de congresista y militando en Fuerza Popular, se pasea libremente por los canales de la prensa basura, prensa amarillista, dando su descargo intentando así lavar con ellos su imagen.

Otra de las particularidades de este caso resulta solo por mencionar, que hace ya más de 10 años se le investigó al hijo de exdictador Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, por hallarse en uno de sus almacenes toneladas de cocaína. Hoy lo curioso resulta ser que a las avionetas que son propiedad de Joaquín Ramírez, si se les pudiera hacer un análisis entre avionetas-depósitos-almacenes-droga-capos-cuellos blancos-hermanitos del puerto-mafia. Todo tiene un hilo conductor, y es evidente que la mafia burguesa tiene sumido al país en esta desgracia.

Por otro lado, mientras lo ya expuesto pasa por los hermanitos cuello blanco, por el partido naranja, no podemos dejar de mencionar las últimas manifestaciones que se están dando por parte de organismos internacionales como Human Rights y la última declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en sus análisis y conclusiones demuestran que hubo un abuso de poder por parte de la policía hacia los manifestantes, que hubo fuego abierto, matanzas, represión desmedida, falta de investigación por parte de la ministerio público hacia las víctimas de estos atroces sucesos.

Por su parte la usurpadora Dina Boluarte ha declarado ante los informes de la Human Rights, minimizando los hechos alegando que es apenas una ONG y que su mandato sigue firme y no haría caso de lo que diga una ONG.

En lo que respecta a la CIDH en su última manifestación con los sucesos de las 70 víctimas en el país la señora Boluarte ha declarado que admite algunos puntos, pero ha puesto en duda los análisis sobre el abuso cometido y sobre las muertes. Mientras tanto, hace unas semanas un pasquín de derechas contrató a una encuestadora para saber quién podría ser el nuevo presidente en una eventual elección y el resultado sorprende a la misma derecha que da a Pedro Castillo como ganador tanto en primera como en segunda vuelta. Ante tal resultado, el pasquín optó por no publicar la encuesta que se acaba de revelar en un seminario con fuentes confiables.

En estas últimas semanas algo inaudito ha ocurrido, es más hasta se ganaría un récord Guinness, y es que actualmente tres expresidentes se encuentran en el mismo penal, se trata de: Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Este último quien clama porque no lo dejen morir en prisión.

Tal vez serían cuatro, cinco o seis los exmandatarios que compartieran celda, pero como sabemos, Alan García cobardemente se quitó la vida de un tiro, también el aún hoy investigado Ollanta Humala quien estuvo bajo prisión preventiva y el último sería Pedro Pablo Kuczynski quien se encuentra con arresto domiciliario por la gravedad de su salud y por su avanzada edad.

Todo esto demuestra el estado putrefacto y fallido que es el Estado en el Perú y su clase dirigente. Hoy por hoy el anarquista Manuel González Prada se quedaría corto cuando en 1888 determinó “el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo brota pus”. Hoy me atrevo a decir que el nivel de decrepitud ha llegado a unos límites insostenibles, que ni las más agudas reformas planteadas desde Washington, ni las recetas del Banco Mundial ni mucho menos del Fondo Monetario Internacional (FMI) darán solución al caos generado durante más de 200 años de explotación y saqueo, todo lo contrario profundizarán aún más la crisis, sólo abuso, hambre, ignorancia y desempleo es lo generan sus recetas. Y cuánto más aún, es ingenuo pensar, que las más tímidas reformas que planteaba Pedro Castillo llevarían al país y a su clase trabajadora a ser dueño de su propio destino. Cuando una parte del cuerpo está gangrenada es necesario amputar esa parte para salvar el cuerpo, hoy el Perú tiene una gangrena muy avanzada y para salvarlo es necesario cortar de raíz con esa clase putrefacta, evitar una metástasis. Cerrar filas contra esa clase de políticos, dirigentes y gobernadores que nos llevan a la miseria y al caos. Solo una verdadera revolución será la que ejecute esa amputación, ese corte necesario. Una revolución dirigida por la clase obrera y campesina es la única solución a este mal endémico para salvar a las nuevas generaciones que se presentan como retoños en el campo.

28 enero, 2023

Masiva marcha a Lima y paro nacional ponen contra las cuerdas a Dina Boluarte

Said Jiménez América del Sur, Análisis, Perú Movilizaciones en Perú, Perú

Llegaron de todo el país, del sur y del norte, de la costa y de la selva, muchos aymaras y quechua, obreros, campesinos y la juventud estudiantil, todos unidos en Lima con un objetivo: derrocar a la presidenta ilegítima Dina Boluarte, que asumió el poder tras el golpe del 7 de diciembre contra Pedro Castillo.

La marcha de los 4 Suyos (llamada así por los cuatro puntos cardinales de la división administrativa del imperio inca) fue multitudinaria, decenas de miles como mínimo, aunque es difícil hacerse una idea general clara por la dispersión de la misma. Desde primera hora de la mañana se reunieron en distintos puntos de la capital, Lima, para marchar hacia el centro.

Habían llegado desde el lunes 16 de enero, a pesar de que el gobierno había declarado el estado de emergencia en los departamentos de Lima, el Callao, Puno y Cusco. Los bloqueos policiales de las carreteras querían impedir que las caravanas de vehículos convergieran hacia la capital pero, en vano, obreros y campesinos encontraron la forma de evitarlas.

El movimiento de masas contra el golpe de Estado en Perú ha llegado a ese punto que la clase dominante teme en todo el mundo: la represión ya no sirve para acobardar a las masas. La policía y el ejército ya han matado a casi 50 personas.

“Todo estaba bien. Los policías comenzaron a apuntarnos y amenazarnos con insultos racistas y ahí se descontroló todo. Ellos disparaban armas y nosotros nos hemos defendido con hondas”.

La policía utilizó fusiles de asalto AKM. Sonia Aguilar, campesina rondera de 35 años, murió instantáneamente de un balazo en la cabeza. Salomón Valenzuela Chua, de 60 años, también rondero, moriría al día siguiente por heridas de bala en el tórax. “Cuando nuestra hermana cayó muerta, todos se enfurecieron porque no era posible que nos maten”. La rabia de la gente estalló e incendiaron el edificio del poder judicial y luego obligaron a la policía a abandonar el pueblo e incendiaron también la comisaría.

Los que llegaron a Lima fueron recibidos por estudiantes de dos de las principales universidades: la San Marcos y la Nacional de Ingeniería, que habían tomado las instalaciones para proporcionar un lugar donde dormir a los que habían recorrido largas distancias en buses y micros. Los limeños solidarios les proporcionaron comida, agua y mantas.

Las columnas de manifestantes convergieron en la Plaza Dos de Mayo hacia las 4 de la tarde. No se componían solamente de delegaciones de las provincias, sino también un número considerable de obreros y estudiantes de la capital. Los principales organizadores habían anunciado que la marcha se dirigiría al Parque Kennedy, pero muchos decidieron marchar hacia el Congreso y la Presidencia, con un objetivo en mente: que se vayan todos, tanto la ilegítima “presidenta” asesina Dina “Balearte” cómo todo el Congreso golpista.

Uno de los principales lemas de las protestas de los últimos días, tras el baño de sangre de diciembre, ha sido: “Esta democracia, ya no es una democracia”. Los manifestantes se han dedicado a avergonzar a los policías: “que triste debe ser, matar a campesinos para poder comer”.

El gobierno se había preparado, con casi 12.000 efectivos de la policía, muchos de ellos antidisturbios, y vehículos blindados. La represión policial dividió la enorme marcha en al menos cinco grandes bloques. En la avenida Abancay, que conduce al Congreso Nacional, una barrera policial contenía a la multitud. Cuando intentaron avanzar, la policía empezó a disparar botes de gas lacrimógeno desde vehículos blindados.

Grandes grupos de manifestantes se reagruparon en torno a la Plaza San Martín, otros decidieron marchar hacia el distrito de Miraflores. La represión policial fue brutal durante horas. Grupos de reservistas del ejército que se han unido al movimiento contraatacaron contra los antidisturbios. Los jóvenes, con escudos de fabricación casera, organizaban la autodefensa.

En un momento dado se incendió una vieja casona de madera en una esquina de la Plaza San Martín. Testigos presenciales afirman que fue un bote de gas lacrimógeno de la policía el que inició el fuego, que envolvió todo el edificio. El centro de la ciudad se llenó de humo y gases lacrimógenos. La policía propinaba brutales palizas al azar.

Además de Lima, hubo manifestaciones masivas en Arequipa, Cusco, Puno, en varias provincias del norte de la capital, etc. Decenas de bloqueos de carreteras cubrieron el mapa del país.

En Juliaca (Puno), Arequipa y Cusco, las masas intentaron tomar, de nuevo, los aeropuertos locales. El ánimo es insurreccional. En Arequipa consiguieron desbordar a la policía que lo custodiaba y esta respondió, también de nuevo, con munición real matando a Jhan Carlo Condori Arcana, de 30 años.

Pasadas las 9 de la noche, Dina Boluarte pronunció un discurso que fue televisado. En lugar de utilizar un tono conciliador, atacó de nuevo a los manifestantes. Culpó de las protestas a “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Añadió que no tenía intención de dimitir y que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Pero al mismo tiempo extendió el estado de emergencia por 30 días a las regiones de Amazonas (en la frontera noreste), La Libertad (en la costa norte) y Tacna (en la frontera sur), revelando cómo el movimiento sigue creciendo en extensión geográfica.

Sin embargo, detrás de esta fachada la clase dirigente está claramente preocupada. El movimiento no da señales de amainar, a pesar de la brutal represión. Las encuestas de opinión muestran un rechazo abrumador a Boluarte y al Congreso.

Algunos de los comentaristas más sagaces de la clase dominante empiezan a preguntarse si no sería buena idea que Boluarte se hiciera a un lado para restablecer la calma y desactivar el movimiento.

El problema al que se enfrentan es que, por un lado, esto supondría una victoria para el movimiento y no hay garantías de que las masas se detengan ahí. Por otro lado, no tienen un sustituto claro para ella. Necesitarían una figura que tuviera un cierto grado de apoyo popular para sustituirla. De hecho, ella, al ser la propia vicepresidenta de Castillo, era la “mejor” figura para encabezar el golpe desde el punto de vista de la clase dominante. Esa carta ya ha sido quemada.

“Una nueva Constitución no resolverá las urgencias de la población de la noche a la mañana; sino, por el contrario, abriría el espacio para, por ejemplo, petardear una de las bases del crecimiento y la generación de recursos, como lo es el capítulo económico de la Constitución, volviendo al Estado empresario y desincentivando la inversión en nuestro país.” (énfasis nuestro).

La oligarquía capitalista y las multinacionales mineras temen lo que una Asamblea Constituyente pudiera decidir en materia económica. La nacionalización del gas y la minería fue una de las promesas electorales que auparon a Castillo a la presidencia. La misma encuesta de opinión que reveló el descrédito masivo de Boluarte y el Congreso, también mostró un fuerte apoyo a más empresas públicas.

Aún así, si se enfrentan a la perspectiva de ser derrocados por las masas de obreros y campesinos en las calles, la clase dominante podría considerar la opción de conceder algún tipo de Asamblea Constituyente: que se convocara después de muchos meses, que implicara un referéndum y luego unas elecciones meses después; y que tuviera una serie de mecanismos para garantizar que estuviera firmemente bajo su control. El objetivo sería desviar las masas de la movilización callejera y llevarlas a los canales seguros del parlamentarismo burgués, de la variedad constitucional.

El movimiento de masas de obreros y campesinos sigue en ascenso y se extiende en número y alcance. La resistencia de las masas peruanas es realmente inspiradora. Se han levantado y están dispuestas a llegar hasta el final. En el momento de escribir este artículo amaneció con 127 bloqueos de carreteras en las principales vías de todo el país, abarcando 18 regiones diferentes. Las masas obreras y campesinas están decididas y no han sido derrotadas.

Sin embargo, existe el peligro de una situación de empate virtual que podría agotar a las masas: Boluarte no está dispuesta a dimitir y el movimiento no está dispuesto a retroceder. Ahora es el momento de aprovechar la oportunidad y avanzar hacia adelante.

Para ello, el movimiento necesita una dirección democrática centralizada. Hasta ahora, la CGTP y la Asamblea Nacional Popular (ANP), le han dado un cierto grado de coordinación, junto con instancias de coordinación y organizaciones de masas que existen a diferentes niveles: Frentes de Defensa de los Pueblos regionales, la coordinación nacional de rondas campesinas, instancias sindicales, ligas campesinas, organizaciones indígenas, etc.

Todos ellos deberían reunirse en una gran Asamblea Nacional Revolucionaria de Obreros y Campesinos, formada por delegados elegidos y revocables, que tomara las riendas del país en sus propias manos y acabara con todas las instituciones existentes. La cuestión de quién gobierna el país está planteada. El pueblo trabajador del Perú debe llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias, tomando el poder en sus propias manos.

20 enero, 2023

Perú: masiva marcha a Lima y paro nacional ponen contra las cuerdas a Dina Boluarte

admin América del Sur, Análisis, Internacional, Perú Movilizaciones en Perú, Paro Nacional, Perú

Habían llegado desde el lunes 16 de enero, a pesar de que el gobierno había declarado el estado de emergencia en los departamentos de Lima, el Callao, Puno y Cusco. Los bloqueos policiales de las carreteras querían impedir que las caravanas de vehículos convergieran hacia la capital, pero, en vano, obreros y campesinos encontraron la forma de evitarlas.

El último incidente sangriento antes del paro nacional de ayer se produjo en Macusani, provincia de Carabaya, Puno. Aquí, miembros de las rondas campesinas habían llegado a la capital provincial para protestar contra Dina Boluarte y el golpe contra Castillo. Tras una marcha pacífica, se disponían a regresar a sus comunidades. Un rondero anónimo describió a La República lo que sucedió después: “Todo estaba bien. Los policías comenzaron a apuntarnos y amenazarnos con insultos racistas y ahí se descontroló todo. Ellos disparaban armas y nosotros nos hemos defendido con hondas”. La policía utilizó fusiles de asalto AKM. Sonia Aguilar, campesina rondera de 35 años, murió instantáneamente de un balazo en la cabeza. Salomón Valenzuela Chua, de 60 años, también rondero, moriría al día siguiente por heridas de bala en el tórax. “Cuando nuestra hermana cayó muerta, todos se enfurecieron porque no era posible que nos maten”. La rabia de la gente estalló e incendiaron el edificio del poder judicial y luego obligaron a la policía a abandonar el pueblo e incendiaron también la comisaría.

Los que llegaron a Lima fueron recibidos por estudiantes de dos de las principales universidades, la San Marcos y la Nacional de Ingeniería, que habían tomado las instalaciones para proporcionar un lugar donde dormir a los que habían recorrido largas distancias en buses y micros. Los limeños solidarios les proporcionaron comida, agua y mantas.

Las columnas de manifestantes convergieron en la Plaza Dos de Mayo hacia las 4 de la tarde. No se componían solamente de delegaciones de las provincias, sino también un número considerable de obreros y estudiantes de la capital. Los principales organizadores habían anunciado que la marcha se dirigiría al Parque Kennedy, pero muchos decidieron marchar hacia el Congreso y la Presidencia, con un objetivo en mente: que se vayan todos, la ilegítima “presidenta” asesina Dina “Balearte” y todo el Congreso golpista.

El gobierno se había preparado, con casi 12.000 efectivos de la policía, muchos de ellos antidisturbios, y vehículos blindados. La represión policial dividió la enorme marcha en al menos cinco grandes bloques. En la avenida Abancay, que conduce al Congreso Nacional, una barrera policial contenía a la multitud, pero cuando intentaron avanzar la policía empezó a disparar botes de gas lacrimógeno desde vehículos blindados.

Además de Lima, hubo manifestaciones masivas en Arequipa, Cusco, Puno, en varias provincias del norte de la capital, etc. Decenas de bloqueos de carreteras cubrieron el mapa del país.

En Juliaca (Puno), Arequipa y Cusco, las masas intentaron tomar, de nuevo, los aeropuertos locales. El ánimo es insurreccional. En Arequipa consiguieron desbordar a la policía que lo custodiaba, y esta respondió, también de nuevo, con munición real matando a Jhan Carlo Condori Arcana, de 30 años.

Pasadas las 9 de la noche, Dina Boluarte pronunció un discurso televisado. En lugar de utilizar un tono conciliador, atacó de nuevo a los manifestantes. Culpó de las protestas a “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Añadió que no tenía intención de dimitir y que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Pero al mismo tiempo extendió el estado de emergencia por 30 días a las regiones de Amazonas (en la frontera noreste), La Libertad (en la costa norte) y Tacna (en la frontera sur), revelando cómo el movimiento sigue creciendo en extensión geográfica.

Sin embargo, detrás de esta fachada, la clase dirigente está claramente preocupada. El movimiento no da señales de amainar, a pesar de la brutal represión. Las encuestas de opinión muestran un rechazo abrumador a Boluarte y al Congreso.

Algunos de los comentaristas más sagaces de la clase dominante empiezan a preguntarse si no sería buena idea que Boluarte se hiciera a un lado para restablecer la calma y desactivar el movimiento.

La dimisión de Boluarte bajo la presión del movimiento de masas plantearía inmediatamente la cuestión de la Asamblea Constituyente y la libertad de Castillo. La clase dirigente teme las consecuencias. En un artículo de opinión en el medio de derecha argentino Infobae, Rafael Zacnich Nonalaya, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, advertía: “Una nueva Constitución no resolverá las urgencias de la población de la noche a la mañana; sino, por el contrario, abriría el espacio para, por ejemplo, petardear una de las bases del crecimiento y la generación de recursos, como lo es el capítulo económico de la Constitución, volviendo al Estado empresario y desincentivando la inversión en nuestro país.” (énfasis nuestro).

Aún así, si se enfrentan a la perspectiva de ser derrocados por las masas de obreros y campesinos en las calles, la clase dominante podría considerar la opción de conceder algún tipo de Asamblea Constituyente: que se convocara después de muchos meses, que implicara un referéndum y luego unas elecciones meses después, y que tuviera una serie de mecanismos para garantizar que estuviera firmemente bajo su control. El objetivo sería desviar las masas de la movilización callejera y llevarlas a los canales seguros del parlamentarismo burgués, de la variedad constitucional.

El movimiento de masas de obreros y campesinos sigue en ascenso y se extiende en número y alcance. La resistencia de las masas peruanas es realmente inspiradora. Se han levantado y están dispuestas a llegar hasta el final. Hoy amaneció con 127 bloqueos de carreteras en las principales vías de todo el país, abarcando 18 regiones diferentes. Las masas obreras y campesinas están decididas y no han sido derrotadas.

17 enero, 2023

Perú: el movimiento de masas prepara marcha sobre Lima

Said Jiménez América del Sur, Análisis, Internacional, Perú Movilizaciones en Perú, Perú

Esta es una semana crucial para el movimiento contra el golpe de Estado en Perú. A pesar de la brutal y continuada represión, los obreros, campesinos y estudiantes en lucha contra la presidenta ilegítima Dina Boluarte han seguido el combate. La central sindical CGTP ha convocado una huelga nacional cívica y popular para el 19 de enero y columnas de manifestantes convergen hacia la capital, Lima.

Frente a la creciente indignación y oposición, la respuesta del Estado y sus instituciones sigue siendo la represión y la criminalización del movimiento. Esta semana han sido detenidos 14 dirigentes sociales y sindicales. Entre ellos se encuentra el Secretario General de la CGTP del departamento de San Martín, en el norte. La Dirección de Contra Terrorismo (Dircote) de la policía peruana detuvo a la presidenta y a siete dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, organización social de masas que lidera el movimiento en este departamento andino.

La policía también hostigó a los asistentes a una reunión de la Asamblea Nacional de los Pueblos para coordinar los preparativos de la huelga general del 19 de enero. La policía rodeó el edificio del Sindicato de Telefonistas en Lima, donde se iba a celebrar la reunión, y de forma provocadora procedió a exigir identificación y a amedrentar a los asistentes.

Campaña de criminalización

Parte de la campaña de criminalización del movimiento obrero y campesino es la constante difamación de los participantes como ‘terroristas’. Este fue particularmente el caso de la detención de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, a quienes se acusó de senderistas a pesar de que Sendero Luminoso tiene tiempo que prácticamente ha desaparecido. Sin tener en cuenta los hechos, el carácter “terrorista” de los detenidos saltó a todas las portadas de los medios de comunicación diarios y fue ampliamente difundido por los canales de televisión.

3/ illegitimate coup-govt (which has killed 48 in police and army repression) and mass media are attempting to criminalise the movement of workers and peasants, with slanderous allegations of them being “terrorists”, “narcos”, “armed from Bolivia”. pic.twitter.com/bEGa7gxFh2

— Jorge Martin ☭ (@marxistJorge) January 16, 2023

Una acusación si cabe aún más descabellada contra el movimiento fue que “armas y municiones” habían sido introducidas de contrabando desde Bolivia y que esto explicaría por qué tantas personas (18) habían muerto en los enfrentamientos en Juliaca, Puno, el 9 de enero. Los hechos, sin embargo, son tozudos. No se ha presentado ninguna prueba real de que los manifestantes tuvieran armas, y menos aún “balas dum dum” (expansivas) como chillaron los medios en sus portadas. El informe forense oficial de los fallecidos es claro: nueve de los muertos tenían fragmentos de bala en el cuerpo y los demás también habían muerto por disparos. Todos ellos podían atribuirse a fusiles de asalto AKM de la policía (en seis casos), perdigones de la policía y pistolas de la policía. Los muertos los mató la policía, no ninguna fantástica “munición boliviana”.

La ilegítima presidenta Boluarte (a la que el movimiento de masas ha rebautizado como “Balearte” por el gatillo fácil de las fuerzas del orden a su mando) también ha declarado, de nuevo, el estado de emergencia en varias provincias y departamentos de todo el país y el toque de queda en Puno. Esto significa que las garantías constitucionales democráticas básicas están suspendidas. La declaración del estado de emergencia el año pasado, antes de la huelga general del 15 de diciembre, fue el preludio de masacres en las que la policía y el ejército mataron al menos a 28 civiles desarmados, 10 de ellos solamente en Ayacucho en una sola jornada.

Es deber del movimiento obrero internacional alzar enérgicamente su voz contra esta brutal represión y rechazar al ilegítimo presidente golpista Boluarte.

Marcha de los 4 Suyos

Las tácticas de la clase dominante y del gobierno no son un signo de fortaleza, sino más bien una muestra de pánico, ante un movimiento creciente que la represión no ha sido capaz de detener.

Miles de personas procedentes de todo el país, no sólo de las regiones andinas pobres del sur, sino también del norte, se dirigen a la capital, Lima, con un único objetivo: derrocar a la odiada y sangrienta Dina Boluarte. El movimiento se ha dado el nombre de “marcha de los 4 Suyos”, por la multitudinaria marcha sobre Lima en 2000, que terminó de derrocar a la dictadura de Fujimori.

Obreros, campesinos, estudiantes, de pueblos y ciudades han organizado colectas y acopio alimentos para sostener delegaciones a la capital. Vienen de las regiones de habla aymara, de las rondas campesinas al norte de Lima, de Ayacucho, de las regiones selváticas al otro lado de la cordillera, etc. Los controles policiales detienen algunas de las caravanas, pero la gente encuentra la manera de pasar.

El movimiento cuenta con un amplio apoyo popular, del que deriva su fuerza. Según un reciente sondeo de opinión del IEP, el 60% de la población piensa que las protestas están justificadas (72% entre los jóvenes) y el 58% que la policía y el ejército cometieron excesos (70% entre los jóvenes). Por otro lado, el 71 por ciento desaprueba la presidencia de Dina Boluarte, con apenas un 19 por ciento a favor. El Congreso está aún más desacreditado, con un 89 por ciento en contra. Un abrumador 69% de la población piensa ahora que debería haber una Asamblea Constituyente, 22 puntos más que hace un año, lo que indica un rechazo generalizado a todas las instituciones burguesas existentes.

El gobierno de Boluarte está contra las cuerdas, incluso algunas instituciones se han pronunciado abiertamente en su contra, ya varios gobernadores regionales exigen su renuncia, y hasta algunos de sus propios ministros han dimitido. La marcha sobre Lima y la huelga general podrían ser el golpe de gracia que fuerce la caída ignominiosa de esta presidenta ilegítima.

“Nunca más pobres en un país rico”

El movimiento de masas de obreros y campesinos se ha fortalecido y ha adquirido cierto grado de coordinación nacional. Su programa político se limita hasta ahora a reivindicaciones democráticas: libertad para Castillo, cierre del congreso, nuevas elecciones y una asamblea constituyente. Pero lo que hay detrás de estas reivindicaciones es un profundo deseo de cambio radical, que no se limita sólo a cuestiones políticas, por importantes que sean, sino que se basa en la aspiración a una vida mejor y una redistribución sustancial de la riqueza.

El lema electoral de Castillo “nunca más pobres en un país rico” resume lo que hay detrás de este movimiento de masas. Perú es, en efecto, un país rico, pero en el que el poder y los recursos están en manos de un puñado de grupos económicos parasitarios, nacionales y multinacionales, mientras que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y precariedad.

Es significativo que el movimiento haga referencia a la marcha de los 4 Suyos del año 2000 y plantee también la consigna de “todas las sangres” (es decir, todos los diferentes grupos étnicos y nacionales que componen el país). La idea es que los obreros y campesinos de Perú, unidos como un solo puño, convergiendo en la capital, pueden derrocar al gobierno. Eso es cierto.

Sin embargo, lo que ocurrió tras el derrocamiento de Fujimori en 2000 fue la llegada al poder del autodenominado socialdemócrata Alan García, que procedió a continuar las políticas económicas capitalistas ultraliberales de su predecesor. La victoria popular se transformó en desilusión mientras las multinacionales mineras y 17 conglomerados económicos peruanos seguían saqueando la riqueza del país, sobornando de paso a presidentes y funcionarios del Estado en una obscena orgía de corrupción y desregulación.

Esta vez, la cuestión debe plantearse sin rodeos. Para que se produzca un cambio real y significativo, por el que ya han dado su vida casi 50 compañeros y compañeras en los últimos 40 días, las masas deben plantearse acabar no sólo con las podridas instituciones del poder burgués, sino también expropiar a la oligarquía capitalista y a las multinacionales, para que la riqueza del país pueda planificarse democráticamente, bajo control obrero, en beneficio de la mayoría y no de un puñado de parásitos. Ese es el único homenaje digno de la sangre derramada en esta lucha.

¡Victoria a los obreros y campesinos peruanos!

¡Abajo Dina Boluarte! ¡Cierren el Congreso! ¡Que se vayan todos!

¡Expropiar a la oligarquía capitalista y a las multinacionales mineras!

¡Todo el poder a la clase obrera!

12 diciembre, 2022

Perú: Las movilizaciones se extienden, hay que echar a la oligarquía y a todos los usurpadores

admin América del Sur, Análisis, Internacional, Perú Movilizaciones en Perú

Conforme pasan los días y las horas la resistencia al golpe de la oligarquía y el congreso crece en todo el Perú. Las regiones más empobrecidas de norte a sur se han levantado en una insurgencia contra los golpistas, contra el parlamento y por la convocatoria de nuevas elecciones.

La oligarquía, junto a la OEA y la derecha agrupada en el parlamento hicieron mal su análisis, pensaron que las acciones de Pedro Castillo habían desmoralizado a tal grado su base de apoyo, que podían quitarle de en medio sin mayor problema. Lo que ahora tienen es una movilización nacional que alcanza su punto más álgido en ciertas regiones como Andahuaylas donde la población se ha declarado en insurgencia y llamado a un paro indefinido.

En la capital, Lima, las movilizaciones aún no han alcanzado el nivel de masividad que hubo cuando la vacancia de Vizcarra. Esto es de entenderse. En Lima la concentración de pequeña burguesía y clase media que en aquél entonces participaron en el movimiento en esta ocasión no lo hacen. No obstante, los estudiantes y los barrios obreros que rodean a la capital se han movilizado aunque sin mucha organización y contundencia. Esto puede cambiar. La llegada de los contingentes para la movilización nacional del 15 de diciembre puede sacar del ostracismo a las masas limeñas.

Hasta ahora son 9 regiones las que se han sumado a la lucha, en Apurímac las organizaciones sociales han declarado la insurgencia popular. En la provincia de Andahuaylas no solo se han declarado en insurgencia, sino que ante la represión policial, el pueblo apresó a algunos policías como rehenes.

La Asamblea Nacional Extraordinaria Frentes de Defensa y Organizaciones Sociales del Perú con 200 delegados a nivel nacional ha aprobado: Libertad para Castillo, cierre del congreso, convocatoria a Asamblea Constituyente y Paro Nacional el 15 de diciembre. La asamblea de la Federación de Estudiantes del Perú ha acordado una huelga el 15 de diciembre con movilizaciones a la capital. También la FENATEPERU ha convocado a un paro el 15 de diciembre. En Junín el comando unitario regional de lucha organizó para el día lunes una jornada de lucha unitaria. El Frente Rural y Agrario del Perú ha convocado a paro indefinido a partir del 13 y llaman a sumarse a la jornada nacional del 15 de diciembre.

El pueblo está respondiendo y el 15 será el punto de convergencia nacional. La lucha apenas comienza.

Las consignas

Hasta ahora las movilizaciones están centradas en la exigencia del cierre del congreso corrupto y golpista, fuera la nueva presidenta ilegítima, libertad para Castillo, por unas nuevas elecciones y una asamblea constituyente.

Son consignas correctas puesto que dan una respuesta directa al golpe y las instituciones controladas por la oligarquía peruana, el Congreso y la constitución fujimorista. El punto es que, para llevar adelante estas consignas está implícita la necesidad de otro poder, otro organismo que los pueda resolver. ¿Cómo confiar en la institucionalidad burguesa actual para que pueda desaparecer los poderes golpistas? ¿Quién puede realizar estas tareas?

La única fuerza capaz de llevar adelante estas consignas, es el mismo pueblo trabajador organizado en una asamblea nacional unitaria de representantes electos de todas las fuerzas en lucha.

La cuestión que hay que poner sobre la mesa es ¿quién gobierna el país? ¿La voluntad democráticamente expresada de la mayoría del pueblo o la CONFIEP, la embajada de EEUU y las multinacionales mineras? Debemos advertir que incluso una nueva Constitución no resolvería ninguno de los problemas acuciantes de obreros y campesinos, si el poder económico sigue en manos de un puñado de oligarcas capitalistas. Ecuador y Bolivia aprobaron nuevas constituciones pero el poder de la clase dominante sigue intacto.

Una asamblea nacional revolucionaria de representantes deberá asumir la dirección de esta lucha y para vencer tiene que debilitar a su enemigo principal, la oligarquía capitalista peruana y el imperialismo americano que son los que mantiene a los congresistas en su sitio, los que financian los medios de comunicación vendidos, los que pagan a matones para asesinar a dirigentes campesinos.

Golpear a la oligarquía y el imperialismo significa quitarle el control de sus bienes económicos. Son una pequeña minoría que se hace valer por su dinero y sus medios económicos (fábricas, bancos, explotaciones mineras, la tierra, los medios de comunicación, etc.) si se les quita eso, si los trabajadores asumen la dirección de esas empresas, bancos y medios de comunicación, su poder se acaba.

Una asamblea general de lucha podría y tendría que organizar un nuevo poder. Sobre la base del derrocamiento de las actuales instituciones, el pueblo trabajador organizado puede darse la tarea de elaborar una nueva constitución que refleje las aspiraciones de las masas obreras y campesinas.

Un llamado a las fuerzas revolucionarias obreras y campesinas

Es necesaria la más amplia unidad en la acción para terminar con la odiada oligarquía y el congreso usurpador y corrupto. Este 15 de diciembre debe ser el comienzo de una ofensiva de los trabajadores, campesinos y la juventud. Después del paro nacional acompañado de la toma de carreteras, debemos instaurar una asamblea revolucionaria y en ella debería recaer la dirección de los próximos pasos.

Debemos seguir extendiendo la lucha a todos los rincones del país, en aquellos lugares donde la organización popular es fuerte, asumir el control de los medios de comunicación para tener informada a la comunidad, desarmar a la policía para evitar la represión, lanzar llamados a la a base del ejército para que se unan a la lucha los soldados rasos.

Coordinar una nueva jornada de lucha, ahora con el cierre de bancos y grandes empresas, toma de carreteras y centros comerciales. La lucha debe ir subiendo de tono. Si estamos organizados y decididos, podemos enfrentar la represión.

Ni un paso atrás, hasta terminar con el congreso corrupto, terminar con los golpistas y terminar con la oligarquía reaccionaria.

¡A construir los Comités de Lucha y Asambleas Populares!
¡Que decida el pueblo obrero, no la oligarquía!
¡Cierre del Congreso Burgués y Parasitario!
¡Que se vayan los Golpistas!
¡Libertad para Castillo! ¡Elecciones YA!
¡Asamblea Nacional Revolucionaria!
¡Expropiar a la oligarquía capitalista y las multinacionales!

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2 diciembre, 2022

La OEA llega al Perú en medio de una crisis política

Said Jiménez América del Sur, Análisis, Internacional, Perú Movilizaciones en Perú, OEA, Perú

El domingo 20 de noviembre, en un ambiente de incertidumbre y parálisis política, arribaron a Perú los integrantes de la Comisión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para reunirse con diversos actores políticos, para “ayudar” a dar salida a la confrontación entre el gobierno, el parlamento y la fiscalía. Esta intervención se da después de que el presidente Pedro Castillo solicitara a la OEA activar la “Carta Democrática Interamericana”, debido a que considera que está en riesgo la institucionalidad del Perú, ocasionada por la demanda en su contra que mantiene la fiscalía por supuestamente liderar una banda delictiva.

La comisión de la OEA estuvo en el Perú hasta el 23 de noviembre, donde realizaron más de 27 reuniones con autoridades del poder legislativo, ejecutivo, judicial, también con organizaciones religiosas, empresariales, sindicatos y de la sociedad civil, así como con gente de la oposición, para poder hacer una valoración recopilando la mayor cantidad de opiniones posibles. Las reuniones concluyeron con un exhorto de la OEA para establecer un diálogo democrático entre los diferentes sectores políticos, mientras se dedican a redactar el informe que presentarán en el Consejo Permanente de la OEA en Washington.

Parálisis política

El conflicto entre la administración de Castillo, el congreso y la fiscalía no es nuevo, estos comenzaron en el mismo momento en que el presidente tomó su cargo para ejercerlo por 5 años.

Cómo lo hemos explicado antes, el gobierno de Castillo llega en una confrontación abierta con los sectores más reaccionarios de la derecha peruana. Durante este periodo, la burguesía no ha perdido ni una sola oportunidad para tratar de echar del gobierno al presidente, lo consideran un intruso y estorbo para ejercer sus intereses de forma abierta.

Pedro Castillo, por su parte, ha respondido a la campaña de calumnias y fabricación de pruebas para acusarle a él y a sus cercanos, de corruptos, traición a la patria, etc.; con una sonrisa y amable invitación a trabajar juntos. En otras palabras, la respuesta tibia y blanda del gobierno lejos de desincentivar a la disidencia de la derecha la alienta.

La oligarquía peruana no quiere ningún tipo de negociación con el gobierno, lo quiere vacar a como dé lugar. A ellos no les interesa ningún tipo de reforma para mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres del país, tampoco les importa realmente si Castillo quiere o no mejorar el país. Lo que tienen claro es que cualquier reforma o cambio constitucional va contra sus intereses y no están dispuestos a aceptarlo.

Ya han intentado vacar al presidente en dos ocasiones. Ahora han metido a la cárcel a familiares cercanos de Castillo acusados de corrupción. Lo imputan también de traición a la patria por, supuestamente, prometer una salida al mar a Bolivia, mañana será cualquier otra cosa, no importa lo que sea, el caso es terminar con su gobierno.

La respuesta del gobierno

Estos constantes ataques se han transformado en campañas permanentes de calumnias en los medios de comunicación, en un boicot parlamentario frente a cualquier planteamiento que hace el gobierno e invención de pruebas para justificar una persecución judicial contra los allegados de Castillo.

Cómo ya lo hemos dicho, el gobierno ha respondido a cada ataque de forma blanda y timorata. Ha tratado de negociar con estos tipos, ha cedido en la purga de su gabinete para poner gente que le agrade a la derecha deshaciéndose de los sectores más ligados a las luchas populares y ahora ha llamado a la OEA para que interceda para destrabar el conflicto.

Lejos de movilizar a su base de apoyo, a los votantes que hicieron posible el triunfo del actual gobierno, los sectores más empobrecidos del país, los jóvenes y los trabajadores, para hacer valer en las calles la decisión de cambiar el país; Castillo ha optado por las vías institucionales para ir sobreviviendo, ha cedido a la derecha y ésta no le ha dejado en paz.

La lucha entre etas fuerzas lo que refleja es un conflicto entre los intereses de los trabajadores, que se ven reflejados de forma desdibujada en el actual gobierno y la burguesía, por el otro. Mientras que la burguesía utiliza las herramientas institucionales para imponer su control y echar a Castillo, el gobierno no puede utilizar esas mismas medidas para defenderse, porque el poder de los trabajadores no se encuentra en la institucionalidad burguesa. Lo único que podría salvar al gobierno actual es el movimiento de masas de la clase obrera.

Ninguna confianza en la OEA

El llamado a la intervención de la OEA por parte de Castillo es una tontería que refleja lo que hemos dicho. Todos hemos podido observar el papel de este organismo en los diferentes países donde los llamados gobiernos progresistas o reformistas han entrado en conflicto con los intereses del imperialismo o de las oligarquías locales.

Hay una larga lista de intervenciones de la OEA siempre a favor de los intereses del imperialismo y las oligarquías. En Brasil con el impeachment contra Dilma; en el golpe de estado contra Evo en Bolivia; su participación en contra de la revolución venezolana ha sido sistemática; son promotores del bloqueo contra Cuba; ha intervenido a favor del golpe contra Manuel Zelaya y justificando varios fraudes electorales en Honduras, etc.

¿Qué se puede esperar de la intervención de la OEA ahora en el Perú? Al imperialismo le conviene poner orden en el país y por ahora el único que les puede garantizar ese orden, frente a las aspiraciones revolucionarias de las masas, es Castillo. No van a pedir su cabeza, pero sí van a tratar de amarrarlo de manos lo más posible para que aplique el programa de la derecha y termine por defraudar a quienes lo llevaron a la presidencia, o sea a la clase obrera, a las masas empobrecidas.

La derecha y la oligarquía local tienen otros planes. Desde el domingo 20 de noviembre hubo movilizaciones durante toda la tarde y parte de la noche. En las redes sociales estaban agitando para que las movilizaciones se extiendan hasta el martes 22 y alentando a la preparación de un paro nacional.

Para ellos, la presencia de la OEA les fortalece moralmente y les inyecta fuerzas para incrementar su lucha contra Castillo. Varios de sus representantes van a tener reuniones con los emisarios de este organismo, por ejemplo la fiscal y diferentes miembros del parlamento.

En cualquier caso, la presencia y los acuerdos a los que lleguen, podemos suponerlos desde ahora. Van a ser favorables a la derecha y en contra de los intereses de los trabajadores, los estudiantes y las mujeres de la clase obrera del Perú.

Al tiempo que sucede lo anterior, el entonces premier, Aníbal Torres, presentó una moción de confianza al parlamento, para derogar una norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía en las reformas constitucionales. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, el congreso puede negarle al presidente mociones de confianza por dos ocasiones, después de esto el presiente tiene el derecho constitucional de cesar a todo el congreso y llamar a elecciones para que se elija un nuevo parlamento.

Esta moción se presentó ante el congreso donde, de acuerdo con la minuta de Aníbal Torres, se había negado la confianza, ocasionando la renuncia del premier. Sin embargo, bajo maniobras parlamentarias, el congreso ha declarado que realmente no se negó la moción por lo tanto no contaría como la primera negativa del congreso hacia la moción de confianza, de esta forma están boicoteando la posibilidad de que sean cesados y se llame a nuevas elecciones para escoger nuevos congresistas.

El gobierno nuevamente trata de utilizar todos los recursos constitucionales para destrabar la parálisis política que está causando la derecha, sin embargo, la verdadera fuerza que puede destrabar esto y dar un fuerte impulso para llevar adelante una política a favor de las masas, es con estas en las calles. La clase obrera y los campesinos pobres tienen el poder suficiente para hacer y deshacer una nueva sociedad. Lo que ha pasado hasta el momento es que la dirección de estas fuerzas, en vez de movilizar, juega el papel de freno.

Esta actitud va a generar frustración y desánimo. Si esto pasa, Castillo se quedará totalmente solo frente a la oligarquía y ese va a ser su momento final.

Los revolucionarios del Perú debemos organizarnos desde abajo y tener claro todo lo antes mencionado. Necesitamos crear una verdadera alternativa revolucionaria que pueda jugar un papel en todos estos acontecimientos.

Si estás de acuerdo con estas ideas, llámanos para organizarnos y luchar contra la derecha, contra la OEA y los titubeos de los dirigentes actuales.

31 agosto, 2022

Profunda crisis política en el Perú

Said Jiménez América del Sur, Análisis, Perú Movilizaciones en Perú, Perú

Perú sigue hundido en una crisis política sin precedentes. La nueva mesa directiva del Congreso de la República sigue con su campaña para destituir al presidente por medio de la vacancia. Este órgano del Estado peruano apenas cuenta con la aprobación del 13%. La inmensa mayoría de la población lo detesta. Sumado a lo anterior, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tampoco se salva del escándalo. Su título académico de maestría y doctorado cuenta con apenas dos meses de diferencia. Esto es algo totalmente inaudito en cualquier parte del mundo, encima los expide una universidad donde uno de los dueños es Joaquín Ramírez (ex secretario general de Fuerza Popular). Además, la hermana de la fiscal, Emma Benavides, estuvo involucrada en el cambio injustificado de fiscales en el caso “los cuellos blancos del puerto” y fue investigada por haber recibido coimas millonarias por la liberación de narcotraficantes.

La DBA (Derecha Bruta y Achorada) ha sumado fuerzas en su campaña vacadora, pero las denuncias de sus colaboradores caen en saco roto porque son inconsistentes y no tienen pruebas objetivas. No sólo se ha limitado en atacar al presidente sino que, para hacerle más daño, comenzaron a atacar a sus más cercanos, entre ellos la primera dama, su hermana, hijos y sobrinos. Esto ha llegado a tal punto que la fiscalía se presta al juego sucio pidiendo prisión preventiva de 36 meses a la sobrina del presidente, buscándola en el palacio de gobierno, lo que fue visto como un golpe blando que no llegó a tener éxito gracias a que las masas le hicieron frente a estos parásitos fiscales serviles, con intereses evidentemente políticos.

El presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, ha empezado a hacerle frente; junto con su premier, Aníbal Torres, convocando a las comunidades campesinas para unir fuerzas en contra de todo este movimiento vacador. Esto es positivo, sin embargo, no es firme en la lucha contra los que impulsan esa política, que son los dueños del capital. Castillo está tratando de movilizar a las masas a partir de la consigna de la Asamblea Constituyente, pensando que con eso se van a resolver sus problemas, cuando no es pues, una nueva constitución no elimina el poder que tiene el gran capital, en el que se sustenta la desigualdad y demás problemas de la sociedad.

Por estas últimas declaraciones del premier Aníbal Torres, convocando a las movilizaciones, el congreso lo citó el día jueves 18 de agosto para cuestionar estás convocatorias que “incitaban al odio y la violencia”. El objetivo era claro, censurar al premier y frenar las movilizaciones. El premier asistió con los argumentos suficientes, demostrando que, desde antes de julio del 2021, los grupos opositores y la burguesía han mostrado todo tipo de racismo y odio en contra del presidente y el sector popular que lo respalda. Con audios y vídeos demostró quienes son realmente los que motivan el odio y a la desintegración en el país. El caso más resaltante es la parte del vídeo donde se muestra a la vicepresidenta del congreso, Marta Moyano (Fuerza Popular), en el cual se aprecia cómo invoca a los transportistas a detenerse en los peajes y así generar desabastecimiento de alimentos, caos y especulación.

Este conflicto ha dejado en evidencia a los diferentes medios de comunicación, entre ellos RPP, quien censuró a mitad de la transmisión la parte donde dicha congresista llama al paro en perjuicio de la población. Esta tensión y conflicto político deja al descubierto que una buena parte de los medios de comunicación masivos están al servicio del gran capital y no se preocupan por transmitir la verdad de lo que sucede en el país.

Siguiendo esta línea de incertidumbre, acaba de salir en libertad, después de 17 años de prisión por el levantamiento en armas y asesinato de 4 policías en la región de Andahuaylas, el chauvinista Antauro Humala, hermano del ex presidente —traidor— Ollanta Humala, ambos hijos de un conocido “comunista” Don Issac Humala.

Haciendo un análisis sencillo de lo que propone Antauro Humala se puede evidenciar, una propuesta totalmente racista que más que generar la unión entre el campesinado y la clase obrera promueve una separación entre hermanos obreros peruanos, un movimiento que se basa en la etnia.

El movimiento etnocacerista es uno más de los movimientos chauvinistas, donde la fuerte figura de un caudillo que, basándose en un patriotismo, no rompe con los poderes de la burguesía y la clase dominante, sino que propone aliarse con ellos en pro de la “Patria”.

Sabemos que el nacionalismo de esta gente sólo lo utilizan para hacerse de cargos de gobierno y entrar en alianza con la burguesía entreguista y obedecen fielmente a los intereses del gran capital nacional e internacional. Así quedó evidenciado en las últimas elecciones generales presidenciales y congresales, dónde un sector de este movimiento no dudó en pactar una alianza con el candidato de extrema derecha Rafael López Aliaga, dejando imágenes para recuerdo.

Lo que vemos en nuestro entorno es una expresión de una crisis del régimen y de un sistema donde la clase gobernante ya no puede dirigir con los viejos métodos y la incapacidad del reformismo para dar una salida a esta crisis. Todo lo que sucede en nuestro entorno nos hace pensar que la necesidad de estar organizados y luchando por los intereses de las mujeres, los trabajadores y la juventud, con ideas de clase, es cada vez más importante.

11 abril, 2022

Protestas, estado de emergencia y la crisis política del gobierno de Castillo

Said Jiménez Análisis, Internacional, Perú Movilizaciones en Perú, Pedro Castillo, Perú

A finales de marzo iniciaron las protestas y los bloqueos carreteros en la región de Junín, pues los precios de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos de la canasta básica se han incrementado en forma desmedida, aumentando el costo de la vida, donde las principales afectadas son las familias de la clase obrera y campesina del Perú.

Estas movilizaciones son un síntoma claro de la profundización general de la crisis del sistema capitalista y de la imposibilidad de combatir sus contradicciones desde el seno del aparato estatal burgués. Desde los diferentes medios de comunicación se incentiva la idea de que el alza de los precios en los alimentos y combustibles se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual es relativamente cierto, decimos relativamente porque en este enfrentamiento bélico, hay sectores de acaparadores y especuladores que utilizan este tipo de conflictos para enriquecerse desmesuradamente a costa del sufrimiento y del hambre de la clase trabajadora alrededor del mundo, aunque también parecen olvidar que el incremento en los precios ya había iniciado incluso antes de la guerra.

Bajo estas condiciones, es inevitable detener los procesos de lucha de la clase obrera, pues la supervivencia de sus familias se encuentra en riesgo, por lo que no podemos decir que las protestas de Junín son de “dirigentes y cabecillas pagados”, como expresó el presidente Castillo, al contrario, estas se han desatado a consecuencia de su política de conciliación con la clase burguesa del Perú, pues en este afán de obtener el aval de los poderosos ha diluido su programa de reformas y ha dado la espalda a las esperanzas de transformación profunda que el pueblo trabajador depositó en él durante las elecciones pasadas. El 60% de la población en esta región le dio su voto a Castillo y él ha respondido reprimiendo las movilizaciones, poniéndose del lado de la defensa de los intereses de esa clase parasitaria que ha intentado vacarlo y que no lo quiere como representante de su Estado.

Las manifestaciones fueron subiendo de nivel, al igual que la represión, donde hasta ahora el saldo es de tres muertos, al menos una docena de heridos y catorce detenidos. Finalmente se estableció una mesa de negociación entre siete ministros del gobierno de Castillo y los manifestantes, donde se comprometen temporalmente a reducir 90% el impuesto selectivo al consumo y a gestionar una exoneración por tres meses de impuestos a la venta de alimentos básicos. Este acuerdo fue para generar una tregua temporal en las movilizaciones, pero las negociaciones se reestablecerán el 7 de abril. En pocas palabras, no se ha resuelto nada, solo se está ganando tiempo que será aprovechado por el gobierno para desgastar, amedrentar y evitar futuras movilizaciones.

Estas manifestaciones tan solo han sido la punta del iceberg de la acumulación de conflictos y ataques hacia los sectores oprimidos del Perú y a la inestabilidad del gobierno de Castillo, lo que nos llevó a los acontecimientos de ayer en Lima.

Al parecer para el país cada 5 de abril está condenado a ser un día lleno de incertidumbre y caos. Se cumplieron 30 años de ese famoso e inconstitucional autogolpe de estado ejecutado por el exdictador Fujimori. Aquel golpe de estado que perpetraba y apañaba muchos delitos y denuncias en su contra. Un autogolpe de estado con el único trasfondo del cambio de constitución con la excusa de siempre, la lucha contra el terrorismo.

Aquel cambio de constitución escrito desde las bases del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional del Perú) adecuado a una política neoliberal, una política que limitaba la participación del estado en puestos claves del sector industrial llevando a un proceso generalizado de privatizaciones en detrimento de la clase trabajadora.

A 30 años de ese día de calumnia y caos, el presidente Castillo no encontró mejor manera de recordarlo que dando un mensaje a la nación a las 23:40 horas del día 4 de abril, anunciando el Estado de Emergencia en Lima y el Callao, con un mensaje cargado de incertidumbre e ineptitud, impreciso, ambiguo que solo generaba confusión en la población, con un tinte claramente orientado por la derecha reaccionaria.

Quienes recomendaron tomar esta medida lo hicieron basados en Fake News, porque, si lo que se buscaba era estabilizar la ciudad, en primer lugar, no se hubiera decretado la inmovilidad ni en Lima metropolitana ni en la provincia del Callao, puesto que en estas ciudades no ha habido “saqueos”, sino en provincias como Ica, Trujillo y San Martín. Lo que se venía difundiendo en las redes sociales el día 4 de abril eran una sarta de noticias falsas y el grupo de inteligencia del Estado le advirtió al presidente Castillo que había una amenaza de saqueo para Lima y el Callao para este 5 de abril, la pregunta es ¿Quién te advierte de un saqueo? Es evidente que este decreto era una trampa que tenía toda la intención de movilizar a las bases de la derecha, utilizando las demandas legítimas de la clase obrera para llevar adelante sus pretensiones de sacar al presidente, pues si no pudieron mediante la vacancia, por qué no hacerlo en las calles.

El lunes 4 de abril, mientras que el pueblo clamaba por una solución clara y concisa, el presidente se encontraba celebrando su cumpleaños cosa que exacerbó el enojo de la población y la prensa burguesa aprovechó para azuzar los ánimos.

Es evidente que detrás de esta súbita subida de precios se encuentran enormes grupos de poder que lo único que buscan es desestabilizar al gobierno y generar hambre, confusión y caos, lo que estos grupos de derecha buscan es tener cualquier tipo de excusa para poder sacar a Castillo lo antes posible, ya lo han intentado en más de una ocasión en lo que va de su mandato pero no lo han logrado porque no cuentan con el respaldo popular, porque temen que de hacerlo el pueblo se levante, como ya lo ha demostrado, de manera masiva en el 2019 donde no duró ni una semana el presidente que nos impusieron.

Lamentablemente Castillo no ha sabido, ni ha querido apoyarse en el clamor del pueblo, pues en vez de unirse y dirigir al movimiento legítimo de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida hacia una lucha frontal contra los intereses del capital y en defensa de su gobierno, ha hecho todo lo contrario, les ha dado la espalda purgando de su gabinete a los sectores con más vínculos con el movimiento obrero, ha diluido por completo su de por sí escueto programa y ha sacado a la policía a reprimir y asesinar al pueblo que lo llevó al poder.

Todo esto lo ha hecho para congraciarse con una oligarquía que lo desprecia y aborrece desde el día que resultó candidato a la segunda vuelta electoral, esa misma burguesía es a la que Castillo espera agradar para mantener su gobernabilidad y no ser vacado. Pero los acontecimientos del 5 de abril muestran claramente que, si la derecha no puede vacarlo en el congreso, utilizará las demandas genuinas del pueblo oprimido para vacarlo en las calles.

Las protestas que se dieron en Lima, fueron significativamente diferentes a las protestas de Junín.

En Junín, las consignas de lucha eran por la disminución del costo de la vida, por demandas económicas legítimas del movimiento obrero y campesino de la región, que fueron atendidas con una represión brutal por parte de la policía. Mientras que, en Lima, los manifestantes salieron a las calles vestidos con playeras de la selección de Perú, ondeando banderas peruanas y gritando consignas exigiendo la renuncia o la vacancia de Castillo, a pesar de la gran movilización policiaca que hubo, la contención hacia los manifestantes no fue mediante la represión desmedida, pues incluso hasta ahora se habla de que ha habido más policías heridos que manifestantes, donde la policía fue quien terminó siendo replegada.

Esta represión selectiva marca muy bien la pauta de las intenciones de la derecha, pues siendo en Lima donde tienen su principal fuerza de apoyo, utiliza a los sectores más desclasados para hacer desmanes, aprovechando las movilizaciones que ocurren en otras regiones. Al haber un vacío en la dirección de la organización obrera y ante la inoperancia y claudicación de Castillo la derecha se monta de las demandas del movimiento obrero para mermar aún más la base de apoyo del presidente y destituirlo.

Castillo ha tenido la oportunidad tangible de llamar a las masas obreras en defensa de su gobierno, incluso de romper con el sistema Capitalista bajo la premisa del supuesto “marxismo” que solo en dicho representa. Sin embargo, ni siquiera se le ven intenciones de impulsar la asamblea constituyente para “reformar” al capitalismo peruano que es una demanda con clamor popular, al parecer se le olvidó que esa propuesta estaba en su agenda y da la espalda al pueblo y coquetea con la derecha. Aquella derecha que una vez vacado buscará meterlo preso.

Como verdaderos marxistas, entendemos que una asamblea constituyente y una modificación a la constitución bajo el proceso de la legalidad burguesa solo representará un cambio para no cambiar nada, pues mientras el poder estatal y las palancas fundamentales de la economía se encuentren bajo el control de la clase burguesa, este seguirá operando para garantizar la defensa del interés del capital y no en pro del pueblo oprimido del Perú. Como se menciona, Castillo ha abandonado esta vía a la que se había comprometido, sin embargo, el clamor de los partidos de izquierda de que la constituyente es la única vía para resolver los problemas y contradicciones inherentes al capitalismo en el Perú, también es equivocada.

El Perú está inmerso en una gran crisis política, social y económica, de las más profundas en los últimos tiempos, y los problemas fundamentales solo se podrán resolver por vías revolucionarias, nacionalizando las palancas fundamentales de la economía y la banca, expropiando a los terratenientes y repartiendo la tierra entre los campesinos pobres. Solo un gobierno de los trabajadores podría garantizar que estas medidas se ejerzan en favor de la mayoría de los oprimidos del campo y la ciudad.

La claudicación de Castillo ante la derecha solo es el reflejo más nítido de la bancarrota de un gobierno reformista que intenta curar con aspirinas el cáncer provocado por el capitalismo. No puede haber un cambio a medias en nuestro país, o vamos a fondo o la derecha nos aplastará.

Treinta años han pasado y en el Perú pareciera que las cosas no cambiarán, sin embargo, las leyes de la dialéctica nos dicen que nada permanece, todo está en constante movimiento, y tarde o temprano le llegará la hora de morir a este sistema capitalista decadente, pero para esto, es necesario que las tareas de la organización de la vanguardia obrera en las filas de partido revolucionario se cumplan. No podemos confiar en la estrategia del reformismo, que ha demostrado una y otra vez, a lo largo y ancho de América Latina sus limitaciones y claudicaciones, necesitamos confiar en las fuerzas de nuestra clase, necesitamos construir y ampliar las fuerzas del marxismo revolucionario, y luchar de manera decidida contra el sistema capitalista, necesitamos avanzar hacia la revolución socialista, solo así podremos emancipar al pueblo oprimido del Perú y del resto del mundo de la violencia, miseria y explotación de la sociedad dividida en clases.

28 marzo, 2022

El proceso de vacancia permanente y el indulto a Fujimori

Said Jiménez América del Sur, Análisis, Internacional, Perú, Política Movilizaciones en Perú, Pedro Castillo, Perú

La crisis política en El Perú se profundiza, pues el pasado 8 de marzo, congresistas de la oposición presentaron el tramite para el inicio de un nuevo procedimiento de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo, cuya admisión se aprobó el 14 de marzo por el pleno del congreso con 78 votos a favor, 41 en contra y una abstención. El proceso continuará el lunes 28 de marzo donde Castillo o su abogado, deberán presentarse para desacreditar las 20 razones que presentó la oposición para su destitución. Los argumentos para esta vacancia son absurdos, hablan de un “gabinete actuado en las sombras”, no están conformes con 10 de los ministros del Estado, sobre una presunta intención de otorgar una “salida al mar a Bolivia”, le acusan de tráfico de influencias en licitaciones y lo ligan a una serie de denuncias con una empresaria cercana a Castillo.

Como habíamos escrito en artículos anteriores, la oligarquía peruana no se siente cómoda con un presidente elegido por el pueblo oprimido, y ve a Castillo como un ente ajeno a su Estado al que hay que expulsar, a pesar de que, desde el principio, Castillo no ha hecho más que ceder ante las presiones de la oligarquía y el imperialismo. Esto lo llevó a renovar su gabinete en tres ocasiones, purgando a los sectores con más vínculos al momento social y ahora desesperado llama al diálogo.

Por otra parte, a consecuencia de su política de sumisión ante el estado burgués, su base de apoyo ha ido mermando, pues cierta capa de los que le votaron ven estas capitulaciones como una traición a los intereses del pueblo trabajador. En una encuesta nacional realizada por Ipsos, posterior a las acusaciones por corrupción hacia el presidente, determinó que el 53% de la población peruana estaría de acuerdo con la renuncia de Castillo. Si bien sabemos que este tipo de empresas encuestadoras suelen estar alineadas a los intereses de la clase dominante, no podemos hacernos los desentendidos ante una realidad, los ataques de la derecha, la crisis económica y, principalmente, la decepción que ha causado la claudicación del gobierno de Castillo, están surtiendo efecto en la clase trabajadora quienes a falta de un llamado serio por el presidente para combatir a la derecha reaccionaria entran en una fase de desmoralización y apatía.

Aún con el agua al cuello y con toda la evidencia de que la oposición no cederá hasta vacar a Castillo, este sigue sin llamar a las masas obreras y campesinas a salir a las calles a defender su gobierno. Al contrario, piensa jugar sus cartas en el marco de la legalidad burguesa, la misma legalidad que acaba de asestar un golpe brutal a la dignidad del pueblo peruano quien sufrió la brutalidad de la dictadura de Alberto Fujimori, al aprobar un indulto “humanitario”.

El 24 de diciembre del 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó un “indulto humanitario” a Alberto Fujimori quien fuera condenado en 2009 por la Corte Suprema. Los cargos imputados fueron por crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros, por los cuales debería pasar 25 años en prisión. El indulto llegaría en el contexto de un proceso de vacancia contra Kuczynski quien para evitar su destitución requería del apoyo de la facción fujimorista del congreso. Sin embargo, en junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra del indulto, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú anuló ese indulto, regresando al dictador a su celda.

Ahora, el jueves 17 de marzo el Tribunal Constitucional del Perú, anuló la anterior anulación de la Suprema Corte y reestableció la concesión del indulto a Fujimori. A tan solo 3 semanas de cumplirse 30 años del inicio de la dictadura fujimorista en el Perú, se ha dictaminado su liberación haciendo caso omiso a las leyes internacionales que indican que no se puede otorgar indultos a las personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad, sin embargo, dentro del estado de derecho burgués, las leyes solo son aplicables de acuerdo con las necesidades de la clase que las diseña.

Ahora se espera que en unos días sea puesto en libertad definitiva a una persona que a tan solo 2 años de haber tomado el poder lanzo los tanques militares a las calles para reprimir al pueblo, que asesinó y desapareció a cientos de periodistas, trabajadores y campesinos que luchaban por la verdad y la justicia social, sin olvidarnos de las miles de mujeres, principalmente indígenas, que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas en medio de una campaña contra la “reproducción de la pobreza”. Con el voto de tan solo 3 personas en el tribunal supremo se ha decidido negarle el derecho al acceso a la justicia a los miles de víctimas de la dictadura, poniendo en claro que el fujimorismo sigue siendo la pieza clave de control de la clase burguesa peruana.

Lo que debe quedarnos claro, es que tanto el Estado, como las leyes y la burguesía, no son neutrales, son fieles servidores y funcionarios al servicio del gran capital y cualquier iniciativa que crezca desde el pueblo será atacada hasta su destrucción. El papel del Estado es claro, no es una herramienta independiente y neutral entre las diferentes clases de la sociedad, sino que es el gendarme que cuida los intereses de los poderosos. No hay mejor ejemplo en este momento sobre todo si vemos el trato que se le da a Fujimori con respecto al que recibe Castillo.

Esta es una afrenta muy grave contra el pueblo obrero y su memoria histórica, que no debe pasarse por alto, es necesario que los amplios sectores del movimiento obrero, campesino, de la juventud y de las mujeres se unifiquen y salgan a las calles a devolver a Fujimori a la cárcel de donde nunca debe salir.

Como ya advertimos cuando el triunfo electoral de Castillo, no cabe una política de medias tintas, tratando de complacer a los capitalistas y las multinacionales y al mismo tiempo avanzar los intereses de obreros y campesinos. En aquél entonces dijimos que la debilidad de Castillo en el ámbito parlamentario institucional solo se podía revertir mediante la lucha de masas en las calles y una política audaz. Ninguna cantidad de concesiones complacerá a la oligarquía capitalista.

Solo de forma organizada los explotados podemos combatir los ataques perpetuados por la clase dominante, luchando de manera firme y consciente contra los explotadores. Esa es la única forma de garantizar un alto a este sistema de barbarie y explotación. Solo luchando contra el capitalismo y sus representantes podremos obtener verdadera justicia para todas las víctimas que dieron su viva luchando por una sociedad libre de explotación y opresión.