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Militarización

Hacia un balance de la Guardia Nacional: ¡La violencia en México no se resolverá con la militarización!

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La violencia en México es de los problemas más graves que nos aquejan día a día a las familias de la clase trabajadora. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, se sumaron 171,085 personas asesinadas[1] y se estima una media de 77 asesinatos al día a lo largo del territorio nacional[2]. La cifra de desaparecidos y desaparecidas resulta igual de alarmante. Desde 2010, el número estalló en 41,099 mil personas y, actualmente, se registran 114, 069 mil desaparecidos[3]. Todo parece indicar que la tendencia seguirá en aumento. Infancias, jóvenes, estudiantes, pueblos indígenas, mujeres y hombres de la clase obrera y campesina somos los que sufrimos en esta sociedad devastada por el crimen y la inseguridad generalizada, ante un gobierno que no tiene la capacidad para atender estos problemas o, lo que es peor, es el mismo Estado burgués el que nos reprime y asesina cuando nos ponemos en pie de lucha.

La apuesta más importante en materia de seguridad pública en el gobierno de AMLO ha sido la implementación de la Guardia Nacional (GN), activa desde mediados de 2019 a través de una serie de leyes expedidas, reformas constitucionales y un decreto presidencial. De esta forma, la Policía Federal prácticamente fue llevada a un proceso de extinción para que la Guardia Nacional asumiera su lugar en la defensa de la seguridad a nivel federal en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, el carácter ambiguo de las funciones de la GN y su estructura han sido fuertemente cuestionados desde su inicio, sobre todo en lo relacionado al papel que tendría este cuerpo armado para el fortalecimiento indirecto del Ejército mexicano. Y, en términos concretos, esa ha sido la realidad.

A pesar de crearse como institución de seguridad de carácter civil, la GN ha estado fuertemente vinculada con las Fuerzas Armadas desde sus primeros pasos. Basta con observar las cifras de sus miembros para diciembre de 2020, apenas un poco más de un año después de su creación: De los 100 mil activos, el 75% de sus elementos pertenecían al Ejército y la Marina (59 mil 548 de Sedena y 16 mil 513 de Semar)[4], incluyendo oficiales de mando. Actualmente, la GN cuenta con 120 mil elementos en sus filas. La cuestión es clara: La Guardia Nacional se consolidó en muy poco tiempo, desde su propia fundación, como un brazo armado más del Ejército para aumentar su poderío represivo dentro de la vida civil del país.

Una mirada general de las múltiples concesiones del gobierno de AMLO con el Ejército permite entender que no hay nada sorprendente en el carácter militar de la GN, es un paso más en el fortalecimiento del Estado burgués mexicano y su brazo represivo que se ha hecho en los últimos sexenios. Según el Inventario Nacional de lo Militarizado, “durante el actual sexenio de López Obrador, a nivel federal, 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública”[5]. Las dos obras insignia de la 4T en materia de infraestructura, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, fueron asumidas bajo la administración de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal, Tulum y el Felipe Angeles en CDMX. Los recursos económicos para las Fuerzas Armadas es uno de los gastos más grandes en el Presupuesto de la Federación de 2024: Sumando lo asignado a la Sedena, Marina y Guardia Nacional se da un total de 367 mil millones de pesos mexicanos. Para dimensionar, el presupuesto de Cultura es de 16 mil millones, 23 veces menor que el de las Fuerzas Armadas[6].

Con el paquete de reformas pasando por la mayoría calificada de Morena —el llamado Plan C de Andrés Manuel— es casi un hecho que el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum se caracterizará por el traspaso oficial de la Guardia Nacional a manos de la Sedena, a través de una serie de modificaciones a la Constitución aprovechadas para entregarles más libertad política y jurídica al Ejército en los asuntos civiles del país. En realidad, esto no es más que la oficialización de algo que ha pasado por décadas: Impunidad, corrupción y trabas institucionales para regular a las instituciones armadas.

Pero a pesar de los distintos crímenes y masacres que ha cometido el ejército hacia el pueblo, en defensa de los intereses del Estado burgués —y no pocas veces, coludido con el crimen organizado—, en 2021 el INEGI encontró una alta percepción afirmativa de la sociedad mexicana hacia el Ejército y la Marina, del 86% y 87% respectivamente, incluso con un 42% que considera al Ejército muy efectivo en sus tareas[7]. Las causas de este fenómeno son complejas, pues abarcan respuestas tanto objetivas como subjetivas de la realidad de las masas en el país, pero podemos relacionar este aumento de la popularidad en los últimos años con las políticas de AMLO en defensa de las Fuerzas Armadas para su involucramiento en la vida política del país. En uno de los documentos oficiales de la Guardia Nacional se lee que “esta honorable institución tiene como objetivo primordial recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado”[8]. Lo hemos dicho antes respecto al carácter populista de AMLO: Mediante concesiones y apoyos económicos logró mantener contentas a las masas del país, pero de fondo, sus intereses no han estado en el bienestar del pueblo, sino en el fortalecimiento del Estado capitalista.

Eso significó incluso darle la espalda a una de sus principales promesas de campaña, la solución del crimen de Estado de Ayotzinapa, para posicionarse en defensa del ejército afirmando que no hay pruebas que los vinculen a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. AMLO dejará la presidencia con un Estado fortalecido militar y judicialmente para seguir el proyecto de la 4T en manos de Sheinbaum.

¿La violencia se resolverá con el ejército?

Como comunistas nuestra postura es clara: Por supuesto que no. La teoría marxista del Estado comprende que el Estado es el principal instrumento de las clases dominantes para la defensa, por todos los medios, de sus necesidades económicas. El ejército se posiciona como el brazo represivo del Estado que usa la fuerza física para la protección de la clase al poder, así como sus propiedades, territorios y mercados económicos. El Estado mexicano y su ejército están en manos de las clases dominantes capitalistas, esto es un hecho innegable. Las lecciones históricas en México a lo largo del siglo XX y siglo XXI han sido prueba de ella: La matanza de Tlatelolco en el 68, los 43 desaparecidos en Iguala y la matanza de Tlatlaya del 2014, entre otras represiones a las luchas sociales del país.

La Guardia Nacional tampoco es una estrategia novedosa ni pretende cambiar nada el carácter reaccionario de las fuerzas armadas, al contrario, se mantiene en la misma lógica. Surge oficialmente en México en 1846 como estrategia del gobierno para la defensa del país contra la intervención estadounidense, y ante la falta de un ejército centralizado pronto se convirtió en el instrumento de las clases dominantes para imponer sus intereses políticos a lo largo del territorio nacional[9]. En la actualidad, con su regreso en 2019, la GN ha violado los derechos humanos de forma sistemática. En 2022, estudiantes de la Universidad de Guanajuato exigieron justicia ante el asesinato de su compañero Ángel Yael Ignacio, de 19 años, por parte de un elemento de la GN. Al mismo tiempo, se ha dado a conocer la desaparición de decenas de jóvenes en Guadalajara, demostrando la ineptitud de las fuerzas que nos protegen.

Mientras el Estado y sus instituciones se mantengan controlados por la parasitaria clase burguesa, no se hará absolutamente nada para transformar el modo de producción capitalista, la raíz fundamental de la explotación del trabajador y la naturaleza. La violencia, las desapariciones, el crimen descontrolado seguirán en aumento ante un capitalismo en estado de crisis y, por tanto, incapaz de resolver los desastres provocados por el mismo.

Aunque se nos diga que las Fuerzas Armadas son el pueblo uniformado, esto no significa que estén del lado de las masas, no mientras sigan obedeciendo los intereses del capital a través del Estado. La respuesta para combatir la violencia no es la militarización. Hace falta la revolución socialista que lleve a la transformación radical del sistema.

Para combatir la violencia se necesita del control de los medios de producción a manos de los trabajadores del campo y de la ciudad; la expropiación de las riquezas de los grandes capitalistas, incluyendo el narcotráfico; y nuestra propia organización y armamento del pueblo desde un programa político comunista y la lucha unificada por medio del partido revolucionario que busque la victoria de nuestra clase para una nueva sociedad con dignas condiciones de vida que el capitalismo es incapaz de ofrecernos.

[1] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-171085-homicidios-en-el-sexenio-de-AMLO-20240117-0008.html
[2] https://elpais.com/mexico/2024-04-18/los-homicidios-y-la-inseguridad-vuelven-a-repuntar-en-mexico-pese-a-las-promesas-electorales.html
[3] https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/informe-nacional-2024/
[4] https://ciep.mx/guardia-nacional-origen-composicion-y-presupuesto/
[5] https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/04/Comunicado-de-prensa-INM.pdf
[6] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2024.pdf
[7] https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/09/07/fuerzas-armadas-mexico-militarizacion-amlo-poder-civil/
[8] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/791999/Libro_GN_corregido.pdf
[9] https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin/article/viewFile/1502/1402

10 años sin justicia para Ayotzinapa: el Estado y el ejército siguen siendo los culpables

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2014, un punto de inflexión

La trágica noche de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, fue como levantar la tapa de la cloaca dejando en evidencia la podredumbre del Estado y el podrido sistema capitalista. El carácter asesino del Estado, sus vínculos con el crimen organizado y su encubrimiento de este crimen, quedaron en evidencia desde los primeros días ante los ojos de millones. La consigna “¡Fue el Estado!”, se erigió. Estudiantes inocentes, jóvenes socialistas, pobres de familias campesinas y proletarias, y potenciales futuros maestros fueron asesinados y desaparecidos. Julio Cesar Mondragón, un joven padre de familia, proveniente de la Ciudad de México, que su condición de pobreza lo llevó a estudiar en Ayotzinapa, fue uno de los 6 muertos de esa noche; apareció sin rostro, desollado. Cada hora, cada día, la indignación aumentaba. Ayotzinapa no era una excepción, las desapariciones y los homicidios ya estaban extendidos por todo el país. Una de las frases que fueron apareciendo en las pancartas de las manifestaciones de protesta en 2014 decía: “¿Qué cosecha un país que siembra muertos?”

Indignación, rabia, frustración, protestas, aires de revolución era la tensa atmósfera que se creaba. Podemos sentir un terremoto cuando sale a la superficie, pero éste es producto de movimientos poderosos y profundos que tienen un largo tiempo acumulando fuerzas, imperceptibles a simple vista. Las condiciones para un estallido estaban presentes y la noche de Iguala fue el detonante. Al mismo tiempo, en el IPN se generalizaba una huelga, la más grande en esta institución desde 1968. Ayotzinapa a su vez provocaría movilizaciones de estudiantes a un nivel tan amplio no vistas desde el 68, tal vez aún mayor. Universidades que nunca habían realizado un paro, ahora cerraban y protestaban por la aparición de los normalistas.

El 8 de octubre de 2014 se dio la primera gran jornada de lucha por la aparición de los normalistas. En 25 Estados del país hubo protestas. El grito de guerra fue desde entonces: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, exclamado por decenas de miles ese día. Los padres de los 43 llegaron al zócalo, el ambiente era desgarrador, era común encontrar a gente llorando, encolerizada. Era claro que algo había cambiado en la mente y corazones de millones. El gobierno no pudo más que estar contra la pared y a la defensiva, mientras su popularidad se desplomaba. Peña Nieto se convirtió en el presidente más impopular de la era moderna. Sus niveles de aprobación llegaron a rondar en tan solo el 17 y 18 %, y el ejército una de las instituciones más impopulares.

Lecciones de la lucha

En 2006 se había dado ya una explosión social en que vimos las movilizaciones más grandes en la historia moderna de México con 3 millones en la calle un solo día, una huelga de 240 mil trabajadores industriales (mineros metalúrgicos) y hasta un embrión de soviet en Oaxaca. El gobierno débil de Calderón recurrió a la militarización del país y asestó un golpe certero contra un sector clave de la clase obrera, los trabajadores del SME, al cerrar la compañía de Luz y Fuerza. En 2012 el PAN no pudo mantenerse en el gobierno. En un ambiente de desconcierto y relativo reflujo, el PRI se apoderó del gobierno con su candidato Peña Nieto. Éste, desde antes de entrar a la presidencia, se enfrentó a protestas estudiantiles y de trabajadores (#YoSoy132, lucha contra la reforma educativa iniciada en Guerrero, pero logró avanzar en toda una serie de ataques contra los trabajadores en sus primeros años de gobierno. Después del 26 de septiembre de 2014, todo se convirtió en su contrario.

Hablamos que después de décadas de ataques, el poder adquisitivo siguió un efecto de caída libre, los contratos colectivos fueron masacrados,  los recursos naturales (en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas y del conjunto de la población) fueron entregados al gran capital. Es decir que tanto la fuerza de trabajo como los recursos naturales se pusieron al servicio del gran capital. Tras la creciente desigualdad social se intensificó la pobreza extrema. El crimen organizado encontró un gran caldo de cultivo que lo fortaleció. El capitalismo en México no sólo dio síntomas de agotamiento, sino que traspasó a la descomposición barbárica.

El ambiente explosivo ya había dado síntomas de aparición en el pasado, con una tendencia general a la unidad de las luchas. Sin embargo, el Estado había usado tácticas como dar concesiones mínimas a un sector en lucha para presionar a los dirigentes a desactivar las movilizaciones. Esto fue efectivo en todo un periodo, por ejemplo, en el movimiento sindical.

Con Ayotzinapa se logró la unidad, no uniendo las causas, sino en este caso, todos identificándonos y unificándonos con la causa de los 43. La actitud digna de los padres de los normalistas, que no han aceptado otra cosa que la justicia y la aparición de sus hijos, se convirtió en el alma que impulsó y extendió el movimiento. El límite de la lucha se encontró en la ausencia de una dirección política consistente. Fue tal el impulso desde abajo, que se buscaron mecanismos de articulación y dirección, como la asamblea interuniversitaria, que estaba compuesta con representantes electos en asambleas y buscaba articular acciones unificadas.

La huelga del Politécnico reflejó qué tan profundo era el movimiento, pues esta lucha atrajo no solo a las capas avanzadas sino a las atrasadas que nunca habían participado en una lucha y acarreaban muchos prejuicios. Esto fue aprovechado por el Estado al tratar de dividir la huelga del IPN para que fuera solo de politécnicos o que sólo se abarcaran problemas académicos y no políticos. Ese ambiente fue cambiando. Un síntoma de radicalismo se vio cuando un provocador incitó a quemar la puerta de Palacio Nacional en una movilización por Ayotzinapa el 8 de noviembre, respaldada por miles de jóvenes, mostrando un reflejo distorsionado de que se quería pasar a la ofensiva. Gran parte de ellos eran estudiantes del IPN en huelga. Al final de 2014, los contingentes más numerosos (por mucho) eran los del Politécnico. Sin embargo, el ala academicista “anti política” se mantuvo en la lucha politécnica, dejando reminiscencias y métodos hasta hoy día que sólo le facilitan el trabajo a la autoridad, al no fomentar la organización, participación y vínculo de las luchas estudiantiles con el resto de escuelas y del pueblo trabajador. Por eso hay que reivindicar las tradiciones revolucionarias de 2014 y rechazar las que solo ayudan al Estado y al capital.

Más significativo, fue el impacto en algunos pueblos. Por ejemplo, en Tixtla, el municipio donde se encuentra Ayotzinapa, la población tomó el palacio municipal, se dio la unidad con las policías comunitarias, el proletariado en lucha (magisterio) y los estudiantes, comenzando con los de Ayotzinapa. Se dieron embriones de doble poder en 2014 que ponían en cuestionamiento la hegemonía del Estado burgués. Sin embargo, la ausencia de un partido revolucionario a nivel nacional impidió que el proceso siguiera avanzando.

La lucha de 2014 apuntó a un rompimiento radical con el actual Estado y sus instituciones. Las viejas instituciones perdían su autoridad frente a las masas, la conciencia de las masas llegaba a la conclusión de un cambio radical y se tomaban acciones que llevaron a situaciones, al menos embrionarias, de doble poder (donde los trabajadores comenzaban a tomar las riendas de la sociedad en sus manos sin que hubiera desaparecido el viejo poder burgués). Eso se notó en las siguientes experiencias de lucha, como las elecciones federales de 2015 (sobre todo en estados del sur como Guerrero, Chiapas y Oaxaca); la oposición a la reforma educativa a lo largo del sexenio; Nochixtlán , donde se dio una pequeña guerra civil;  la autoorganización popular en el rescate durante el terremoto del 2017 en Ciudad de México, entre otras.

El gobierno ¿del cambio?

El gobierno de López Obrador levantó enormes expectativas, de hecho, hoy a finales de su mandato como presidente mantiene un enorme apoyo del 72% en la población. La inmensa mayoría de la gente que protestó por justicia en el caso Ayotzinapa, votó para que López Obrador asumiera la presidencia. Este prometió justicia para Ayotzinapa y encontrar a los estudiantes. Primeramente, crea una comisión especial (Covaj) que de manera científica demostró que la versión difundida por el gobierno de Peña Nieto (conocida como la verdad histórica) era falsa. Asimismo, permitió el reingreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue bloqueada y expulsada en el gobierno de Peña Nieto. Hoy, no solo no reconoce que esta es una promesa que no ha cumplido, sino que se ha puesto del lado del ejército.

Pasaron 6 años y no ha habido justicia. El problema central es que López Obrador, en vez de apoyarse en la movilización y organización revolucionaria de las masas, rescató al desprestigiado Estado y de forma particular se ha apoyado en el ejército para gobernar. Ha decidido no confrontar al ejército. Eso llevaría a críticas de GIEI, que denunciaron que el ejército ocultaba información hasta llegar a un punto en donde no pudieron avanzar más y decidieron retirarse del país. Los padres de los 43 y sus representantes legales, también han señalado que hay referencias de documentación de la noche de Iguala, que el ejército tiene en sus manos y que no ha entregado.

En un reporte que AMLO les envió el pasado 8 de julio de 2024 a los padres de los 43, sale de manera clara en defensa de esta institución armada:

“Ciertamente, no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.

Recordemos que Salvador Cienfuegos fue el dirigente nacional de la Sedena en el año 2014 –antes había sido el principal jefe del ejército en el Estado de Guerrero–, quien tras el caso Ayotzinapa, señaló en 2015: “No voy a permitir que interroguen a mis soldados”. Cuando se crea la versión falsificada de los hechos del gobierno de Peña Nieto, la verdad histórica, uno de los objetivos centrales fue encubrir el papel del ejército, claramente involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes. Cuando el oficial en retiro fue detenido en EEUU por crímenes de narcotráfico, AMLO señaló:

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era sólo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás”.

Posteriormente en 2021, antes de iniciar el juicio contra Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, AMLO sintiendo la presión militar, intercedió directamente con el entonces presidente Trump, para que dejaran al influyente militar en  impunidad. En México simplemente se le dejó en libertad sin que se hiciera la más mínima investigación que demostrara ya fuera su culpabilidad o inocencia. Un coro de intelectuales de la 4T salió a justificar estos escandalosos hechos diciendo que de no actuar así se hubiera dado un golpe de Estado en el país.

Los padres de los 43, enviaron una carta-respuesta a AMLO el 20 de julio de 2024 donde dicen:

“Usted, sr. presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer: el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento.”.

Han decidido ya no tener más reuniones con AMLO, al menos que en verdad haya un indicio muy significativo que muestre dónde están los estudiantes.

También es de resaltar que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por AMLO, se señala con claridad la implicación directa del ejército, que ellos tenían información (dentro y fuera) en tiempo real de lo que ocurría y que tuvieron retenidos a un grupo de estudiantes. Mientras que la investigación avanzó, las versiones del ejército sobre su actuar fue cambiando, pero también su actitud fue bloquear de manera más abierta la investigación.

Este fenómeno se trasladó al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de otra comisión que formó AMLO para investigar violaciones graves a derechos humanos entre los años 1965 y 1990. Uno de sus comisionados, Abel Barrera, señaló cómo en un momento la Comisión ya no pudo avanzar y sus investigadores “tenían vigilancia de lo que hacían y había mucho jaloneo de documentos”.

El Ejército es un aparato profesional de represión

Es muy significativo que al informe final del MEH le hayan titulado: “Fue el Estado (1965-1990)”. Una de sus principales conclusiones es que el Estado ha sido el principal violador de derechos humanos en el periodo señalado y muchos apartados, en particular, muestran las atrocidades del ejército en el país.

Engels explica que el Estado es ante todo un aparato profesional de represión de la minoritaria clase económicamente dominante (y privilegiada) contra el resto de las clases. El Estado mexicano que emerge de la revolución nace bajo el asesinato de Emiliano Zapata, Felipe Ángeles y, posteriormente, Francisco Villa, y el subsecuente desmantelamiento de las organizaciones que representaban los intereses de las clases explotadas. El ejército ha mantenido un actuar represivo, que se ha construido como un aparato profesional de represión a las luchas de las clases explotadas y de las organizaciones revolucionarias. Ya en 1956 aparece en escena de forma descarada reprimiendo la huelga politécnica.

En los años 1965-66 el ejército realiza sus primeras acciones profesionales anti insurgentes, pero hay indicios de que ocupaban desde antes manuales para combatir a grupos disidentes, por ejemplo con el aplastamiento de la huelga politécnica en 1956. El MEH tiene registrado a 738 oficiales del ejército y 65 miembros de la policía que recibieron algún tipo de entrenamiento en EEUU, entre los años 1950 y 1975. Uno de ellos fue Miguel Nazar Haro, quien dirigiría la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que se convertiría en el CISEN, una de las instituciones de las fuerzas armadas especializadas en combatir la lucha de clases y a las organizaciones revolucionarias.

El ejército y otros cuerpos armados del Estado son aparatos que se han profesionalizado en la represión. AMLO dijo que no se iba a usar el Estado para reprimir al pueblo, pero hace pocas semanas cuerpos armados del Estado reprimieron a campesinos en defensa del agua que se oponen a la empresa Granjas Carroll en Puebla y Veracruz, siendo asesinados dos compañeros y perseguidos otros más. Los cuerpos armados del Estado se pusieron a favor del gran capital contra los campesinos en lucha. La filtración de Pegasus mostró que el ejército mantiene su labor de inteligencia y hasta el mismo Alejandro Encinas, antiguo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue espiado. El Estado y el ejército tienen en su sangre la represión y ni siquiera han sido depuradas estas fuerzas criminales. Actuaron junto con las policías, estatales, municipales municipales y el crimen organizado, como un solo hombre, para desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa, mientras que el aparato judicial les ha protegido, liberando a los pocos militares que habían sido detenidos.

Lo hemos dicho antes y lo afirmamos ahora. Si tu objetivo no es acabar con el sistema sino reformarlo, al final terminarás aceptando al sistema y sus reglas. AMLO no se ha posicionado a favor de llevar hasta sus últimas consecuencias la justicia para las víctimas, sino el defender las instituciones pilares del Estado.

¡26 de septiembre no se olvida!

Este crimen de Estado no será olvidado. Evidencia la putrefacción del Estado, pero también la descomposición social producto del sistema capitalista. La 4T no ha podido frenar que el crimen organizado penetre el tejido social en estados como Guerrero, Chiapas y otras partes del país. Si bien no fue este gobierno el que perpetró el crimen contra los normalistas, no ha podido hacer justicia pues prefiere defender al Estado antes que a las familias campesinas que perdieron a sus hijos. Hoy seguimos viendo cómo el Estado es penetrado por el crimen organizado y, en algunas zonas, no hay una diferencia clara entre uno y otro. Por ejemplo, este año fue asesinado un estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, por un grupo de policías que actuaron como si fueran sicarios.

Hoy seguimos viendo como el Estado es penetrado por el crimen organizado y en algunas zonas no hay una diferencia clara entre uno y otro. Por ejemplo, este año fue asesinado un estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, por un grupo de policías que actuaron como si fueran sicarios.

Hace 10 años el Estado mostró su naturaleza reaccionaria, pequeñas reformas no han logrado cambiar su carácter. Hace 10 años se mostró la enorme necesidad de una transformación social y el potencial que tenemos los trabajadores y estudiantes para llevarlo a cabo. Pero también se reflejó la necesidad de estar mejor organizados y preparados, de contar con un partido revolucionario que permite que la lucha llegue hasta sus últimas consecuencias. Si bien, hoy hay ilusiones en que el cambio se puede dar de forma más gradual con el segundo piso de la 4T, la realidad es que la 4T no ha conseguido solucionar ningún problema de fondo, empezando por erradicar la violencia y al Estado burgués criminal. Tarde o temprano los trabajadores y los jóvenes saldremos nuevamente a las calles, no a buscar migajas, sino un cambio radical, por ello no hay tiempo que perder. Debemos construir ya el Partido Comunista Revolucionario que necesitamos.

 

El asesinato de Yanqui Kothan, estudiante de Ayotzinapa

El asesinato de Yanqui Kothan, estudiante de Ayotzinapa

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El asesinato de un nuevo estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por parte de los Policías estatales de Guerrero es un nuevo crimen de Estado (dentro del que se expresan los tentáculos de caciques priístas, del crimen organizado y lo más podrido del PRD). Este joven de 23 años manejaba una camioneta donde iba acompañado de otros dos estudiantes de dicha normal. Hicieron una parada para comprar cosas, mientras se dirigían a recoger a otros estudiantes a la central de autobuses, y fueron acosados por una patrulla de la Policía estatal de Guerrero. Uno de ellos, conocido como Arenita, huyó, pero fue alcanzado y retenido por 3 horas. El otro, Osiel, fue retenido por alrededor de 10 horas y torturado por los elementos policíacos estatales, sin que nunca fuera presentado al ministerio público.

Con la tortura se buscaba que Osiel declarara que llevaban armas y drogas, cosa que no consiguieron. Se acusó a los estudiantes de poseer dos armas, una larga y otra corta. La primera no fue nunca presentada y todo indica que la segunda no fue activada y parece sembrada en la escena del crimen. También se dijo falsamente que llevaban alcohol y drogas, en otro intento de establecer una “verdad histórica”, es decir, dar una versión falsa de los hechos para encubrir la culpabilidad del Estado en este nuevo crimen. Pero esta versión se vino rápidamente abajo.

Yanqui Kothan Gómez Peralta, el estudiante asesinado, tenía 23 años, su madre señala que era deportista, muy contrario a la versión de sus vínculos con las drogas. Su madre, en una entrevista al canal de YouTube Rompeviento TV, repitió una frase ya dicha por los estudiantes normalistas: “Para el Estado ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte”.

La Fiscalía estatal hizo una prueba de rodizonato en la que los estudiantes salieron positivos, pero la pólvora puede esparcirse y no es concluyente de que ellos hayan disparado. No olvidemos que, en 2011, en una protesta, dos estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados, salieron positivos en dicha prueba pero luego se descubrió que ya muertos la policía puso en sus manos armas y las detonaron.

La prueba balística de efectos, que indica la trayectoria de las balas, muestra que estas vinieron de fuera hacia adentro pero no de dentro hacia afuera de la camioneta. Es decir, los estudiantes no dispararon, el estudiante fue ejecutado por los hombres uniformados de la Policía estatal. AMLO también desmintió que estos estudiantes estuvieran armados y hubieran disparado.

AMLO se ha doblegado ante el poder militar

Vayamos un poco más atrás. El presidente AMLO prometió justicia por la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, estamos próximos a cumplir 10 años de este trágico hecho. En efecto, se dio un giro en la política, se realizaron nuevas investigaciones, se vino abajo la falsa verdad histórica construida por el Estado, se encontraron restos de dos estudiantes y se ratificó que este fue un crimen de Estado, donde actuaron conjunta y coordinadamente elementos policíacos de varios municipios, policías estatales, ejército, posteriormente marina y crimen organizado. Hacer justicia implica llegar al final de la verdad y el Ejército se ha protegido dando información parcial, mintiendo y ocultando pruebas clave que están bajo su control.

El gobierno de AMLO se ha apoyado en el Ejército para gobernar y le ha dado muchas concesiones. Este es un Ejército que no ha sido depurado y que ha presionado a AMLO. Un ejemplo claro es cuando fue detenido el general en retiro Salvador Cienfuegos por crímenes de tráfico de drogas en EEUU, él fungió como Secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Su actuar se puede resumir en su frase “no toquen a mis muchachos”, es decir no toquen al Ejército por el caso Ayotzinapa. Fue tal la presión de estas fuerzas armadas que AMLO tuvo que actuar al más alto nivel, para negociar con el gobierno de EEUU su liberación, sin que se hiciera ninguna investigación o juicio en México, dejándolo simplemente en libertad.

AMLO mismo condecoró el año pasado a Cienfuegos por sus aportaciones hechas en el Ejército, mientras declaraba que ya se había hecho justicia para Ayotzinapa. Ésta es una prueba de cómo el actual gobierno se ha doblegado ante el poder militar y se ha demostrado en el caso Ayotzinapa. Las distintas investigaciones han evidenciado la existencia de toda una serie de documentos que el Ejército tiene sobre su posesión y que no ha entregado. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), antes de abandonar el país, solicitó al Estado la entrega de esa información que tiene el Ejército. El que hubiera este freno fue la razón central de su salida de México.

AMLO dijo en la conferencia mañanera del 20 de septiembre de 2023 que “es falso que el Ejército no haya entregado toda la información”. Una semana después, Alejandro Encinas entregó el segundo informe de la CoVAJ, mostrando algunos documentos que habían estado en propiedad del Ejército y que aportaron nueva información. Con esto quedó en entredicho lo que había dicho AMLO, que el Ejército había entregado toda la información.

Los padres de los 43 y sus asesores demandan la entrega de más de 800 folios que el Ejército tiene y no ha mostrado. El informe de Encinas mostró algunos de éstos, poco tiempo después renunció y las relaciones entre el gobierno y los padres se enturbiaron aún más.

Un grupo muy pequeño de padres fue expulsado del movimiento por haber marchado a favor de la liberación de los Abarca (que gobernaban el municipio de Iguala cuando la noche del 26 de septiembre de 2014). Encinas fue muy cuidadoso de no negociar con este sector. Los padres tenían una reunión en enero con el nuevo subsecretario de gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y cuando llegaron estaban sentados en la mesa los padres expulsados. Eso era intolerable y se rompió el diálogo entre los padres y el gobierno. De allí los padres demandan diálogo directo con el presidente.

El presidente ha lanzado una ofensiva, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA y de la que se desprende el GIEI, como la Comisión de Derechos Humanos Agustín pro Juárez y en particular contra el abogado de los padres Vidulfo Rosales. AMLO apela a un diálogo directo con los padres, sin permitirles que se dé junto con los asesores que ellos decidan. También da largas para la reunión, diciendo que se está recabando nueva información valiosa que les quiere mostrar. Nosotros creemos que debe haber diálogo sin que el presidente ponga condiciones. Los padres tienen el derecho de asesorarse de quien ellos consideren. Si fuera el caso que Vidulfo no está actuando de manera congruente, debe ser decisión de los padres, y solo de ellos, el excluirlo.

Las protestas de los padres

Hay una clara ruptura entre los padres y los funcionarios estatales del gobierno de AMLO. Los padres de Ayotzinapa instalaron un plantón en el Zócalo desde el pasado 26 de marzo. Exigen la apertura de los archivos militares, y un diálogo directo con el presidente. El pasado miércoles 6 de marzo, se decidió levantar el plantón. En esos 10 días no se acercó ninguna autoridad del Gobierno Federal, sólo las de la CDMX para pedir que se movieran, pues iban a instalar el escenario para el acto de inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Obvio no se movieron del lugar.

Es significativo que la candidata de la 4T a la presidencia de la república, la clara favorita a suceder a AMLO en la presidencia, dio a conocer sus 100 compromisos de gobierno, mientras los padres de los 43 se encontraban en plantón allí mismo en el Zócalo, y no dijo una sola palabra explícita de justicia para Ayotzinapa.

Una de las consecuencias de que no se haya tocado a los militares, ni con el pétalo de una rosa, es que sus organismos de inteligencia siguen siendo los mismos que en el tiempo del PRI y el PAN. Recordemos que ellos mismos tenían un infiltrado entre los 43 de Ayotzinapa y que no tuvieron reparo alguno en dejarlo morir junto a los demás estudiantes, con tal de encubrir el crimen. Hoy en día la inteligencia militar sigue actuando a sus anchas para generar ante la opinión pública la imagen de que los de Ayotzinapa son merecedores de todo menos de justicia.

Antes de levantar el plantón, el 6 de marzo, decidieron hacer una corta marcha y entregar una petición formal del diálogo con el presidente. En el camino se encontraron una valla y se dieron fricciones con elementos policíacos, quienes golpearon a un padre y a otro compañero. La manifestación terminó con la puerta 1 de Palacio Nacional rota con una camioneta. Si las fuerzas de seguridad lo hubiesen querido, habrían contenido la manifestación, pero permitieron que se rompiera la puerta. Este tipo de provocaciones tienen como objetivo preparar a la opinión pública para justificar un acto represivo. Al día siguiente fue ejecutado el estudiante Yanqui Kothan. No cabe duda que las fuerzas oscuras del Estado, de burgueses y altos funcionarios reaccionarios, que son  las mismas que no han dudado en masacrar campesinos y estudiantes, siguen actuando impunemente.

Varios manifestantes ingresaron a las orillas de la sede presidencial, mientras Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia de prensa matutina. Estos podrían parecer actos ultraizquierdistas, y claro está que se deben analizar, no desde un punto moral sino desde su efectividad política. Pero no podemos abstraernos del contexto de violencia en que está sumido el Estado de Guerrero. Fueron los propios padres quienes pusieron una barrera humana para evitar un ingreso mayor de los manifestantes al Palacio Nacional que llevara a una mayor polarización y salieron del lugar.

Fue un día después, el 7 de marzo, que fue ejecutado en Guerrero el estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por miembros uniformados de la Policía estatal. Eso provocó la movilización de los normalistas quienes, según varios medios de prensa, como respuesta, retuvieron por algunas horas a algunos miembros de la Guardia Nacional.

Cuando se vino abajo “la verdad histórica” del caso Yanqui Kothan, se informó que habían sido detenidos los policías implicados. Pero estos nunca fueron entregados a la Fiscalía estatal ni se tiene claridad de qué dependencia los retuvo. Dándose así las condiciones para que el policía fuera liberado y escapara. Los estudiantes reaccionaron con una violenta protesta en la Fiscalía estatal, lanzando bombas caseras y quemando varios autos que se encontraban en el estacionamiento.

A la par de la fuga del policía, dos peritos que investigan el caso de los 43 y se trasladaban a Guerrero a apoyar la investigación del estudiante recién asesinado, desaparecieron. Por fortuna fueron encontrados con vida. Esto habla de que hay fuerzas que buscan generar la mayor inestabilidad y caos en la entidad y en el caso Ayotzinapa. También es claro que el Estado no se mueve bajo las órdenes de Evelin Salgado sino que tiene una lógica de actuación propia, donde sectores de la reacción controlan parte de este aparato y lo usan en su beneficio.

¿Caos provocado?

Lo primero que tenemos que señalar es que las demandas de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa son legítimas y siguen siendo una lucha justa. Que el actuar del gobierno de AMLO ha sido muy limitado y el no quererse enfrentar al Ejército ha llevado a que no se alcance la justicia. Es el claro límite de los reformistas que se apoyan en y fortalecen al Estado burgués que tiene una esencia represiva y asesina contra los trabajadores del campo y la ciudad.

Pero, por un lado hemos visto una campaña de desprestigio contra elementos como Vidulfo Rosales, el abogado de los padres; por otro, hemos visto también una campaña contra AMLO. La candidata de la derecha a la presidencia, Xóchitl Gálvez, se reunió con Luis Almagro, dirigente de la OEA. Poco después, The New York Times sacó un artículo que habla de un supuesto financiamiento a AMLO por parte del narcotráfico. Seguido de esto, se dio una guerra en redes sociales hablando de que AMLO es un narco presidente. Según el gobierno, el 96% de estos tuits vienen del extranjero. Más que un vínculo real del actual gobierno con el narco, vemos una guerra sucia de la derecha nacional e internacional, quienes aspiran al desprestigio del gobierno para ganar posiciones en las elecciones del 2 de junio. Por supuesto, la oposición de derecha busca acentuar que esta ruptura entre la lucha de Ayotzinapa y el Gobierno de AMLO se acentúe y en el choque jalar agua para su molino.

La noche de Iguala mostró cómo el Estado y el crimen organizado se pueden incluso fundir y confundir en el Estado de Guerrero. Políticos y empresarios mantienen vínculos o incluso son parte del crimen organizado. Las pasadas elecciones estatales fueron vistas por las masas como la oportunidad de deshacerse de esas mafias y se dio un voto masivo a Morena. Pero una elección no es capaz de cambiar la realidad y menos si los gobernantes no asumen un programa revolucionario ni se apoyan en el movimiento de masas de los trabajadores para transformar la realidad.

Viejos políticos mafiosos de los partidos del PRI y el PRD, apoyándose en el crimen organizado, buscan desestabilizar al Estado para debilitar y desprestigiar a los gobiernos de Morena y regresar a sus viejos cotos de poder. Esto, sumado a las disputas entre el crimen organizado y el combate a la lucha de las comunidades, estudiantes y trabajadores; es un coctel de violencia que mantiene a la población atemorizada. Lamentablemente, el caso de Yanqui Kothan no es aislado, hay un ambiente de violencia generalizada.

El fracaso de los gobiernos de Morena en el tema de la seguridad, la imposibilidad de dar justicia al caso Ayotzinapa y frenar la violencia en el Estado de Guerrero (que vive realmente una situación de barbarie), sumado a la violencia que han sufrido los estudiantes mismos, ha llevado a la FECSM de Ayotzinapa a realizar acciones de carácter ultraizquierdista.

Claro está, que en Guerrero es común la violencia en las protestas de masas y eso muchas veces está completamente justificado. Engels decía que la violencia es la partera de la historia. Pero lo que debemos cuestionarnos, alejados de moralismo, es qué métodos nos ayudan a alcanzar nuestros fines y cuáles nos alejan. Nosotros creemos que los métodos que nos sirven son los que ayudan a elevar la conciencia de los trabajadores, que ayudan a cohesionarnos e impulsar al movimiento de masas. En el contexto de violencia, evidentemente deben haber medidas de seguridad y autodefensa, pero la clave está en conseguir el apoyo y la movilización de los maestros, el resto de trabajadores, de los campesinos y los estudiantes.

Han habido acciones de los normalistas que han llevado a que pobladores de Tixtla (el histórico municipio donde se encuentra la normal) lleguen a pensar que sería mejor que cerraran Ayotzinapa y eso contribuiría a que la violencia bajara. Si la lucha de los estudiantes se aleja del pueblo trabajador, estarán perdidos. Los métodos ultraizquierdistas, además, son más susceptibles para que la reacción los use e incluso infiltre elementos en protestas para provocar inestabilidad. Esto se combate con democracia interna; con la formación de cuadros comunistas revolucionarios, con suficiente nivel y claridad política, y con una estrategia que ayude a cohesionar la lucha de los trabajadores.

El gobierno de Morena ha dejado en evidencia los límites de los reformistas y de la lucha electoral. Eso no significa que las masas hayan abandonado esas vías para expresar su descontento e incluso luchar contra la reacción. Pero hemos visto expresiones mucho más avanzadas de las masas en Guerrero para hacer frente a la barbarie del sistema capitalista. Podemos mencionar huelgas del transporte público que han paralizado a Acapulco para exigir seguridad. Si esto se generalizara en una huelga general de los trabajadores, daría una respuesta contundente a la violencia barbárica. Imaginemos a los normalistas parando y yendo a protestar, pero no solos, sino con los trabajadores del transporte en paro junto con los maestros (históricos aliados), con el clave sector turístico en huelga. Eso sí que sería una respuesta de unidad frente a la reacción y sus grupos armados. No olvidemos otros métodos: las Policías comunitarias. Es decir, las comunidades organizadas democráticamente con un sector armado para hacer frente al crimen organizado bajo el control de la base.

Recordemos algo más. ¿Qué pasó en 2014? La unidad de la masiva lucha de los maestros con otros sindicatos, con los estudiantes de Ayotzinapa y las comunidades organizadas en Policías comunitarias. Esto consiguió, en una histórica marcha a Chilpancingo, liberar a Policías comunitarios que habían caído presos. Esto en un contexto de lucha nacional, pero que tuvo su epicentro en la lucha local en Guerrero. Eso puso al régimen contra la pared y se establecieron, en varios municipios, elementos de doble poder.

En Tixtla, por ejemplo, se formó un Gobierno popular. Un dato curioso, producto de esa lucha el auditorio municipal fue ocupado por el movimiento y llenado de murales. A Yanqui Kothan le gustaba pintar y pintó un mural, siendo adolescente, en dicho auditorio.

La situación de doble poder o se generaliza y acaba con el Estado burgués actual o el Estado actual predominará y aplastará al naciente poder de los trabajadores. Esto segundo fue lo que pasó. Pero estas luchas marcan el camino a seguir.

Tenemos enemigos internos. Los reformistas están buscando institucionalizar la protesta, dar apoyos sociales a cambio que la gente no se movilice. Han fomentado el fortalecimiento del Estado y su monopolio de violencia. Si bien han atacado en algunos casos al crimen organizado, también han desmantelado a Policías comunitarias.

El problema central lo vemos en los límites del programa y la política de los reformistas. Sin duda que hay una intención de desestabilizar al Estado de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado del partido Morena. Los reformistas no son capaces de resolver los problemas de fondo porque no buscan cambiar al sistema que es el problema de raíz. También, es cierto, que la derecha lanza sus tentáculos e intenta infiltrar nuestra lucha o cooptar a nuestros camaradas. Esto no se resuelve con una visión paranoica de desconfiar todos de todos, que es justo lo que busca la reacción, sino estableciendo mecanismos de democracia y control obrero y pugnando por direcciones conformadas por cuadros políticos consecuentes (nosotros diríamos realmente comunistas revolucionarios que promuevan la democracia obrera).

Existen elementos en el magisterio, en la FCSUM, en las comunidades, en otras escuelas y centros de trabajo, que ven necesaria una lucha revolucionaria ante la incapacidad reformista, ante la corrupción de algunos líderes, frente a las ganas y necesidad de los trabajadores y estudiantes de luchar, pero también de defender a nuestras organizaciones. Necesitamos crear cuadros comunistas revolucionarios consecuentes que pugnen por la democracia en el seno de nuestras organizaciones de combate, que pugnen por promover que las protestas ayuden a elevar la unidad y el nivel de conciencia del conjunto del pueblo, que defiendan a muerte nuestras demandas sin ninguna concesión al reformismo. Lo de los normalistas han sido crímenes de Estado, de un narco Estado, y la real justicia vendrá cuando acabemos con ese aparato criminal, que sólo será posible con un levantamiento generalizado de los trabajadores que barra con esta escoria y establezca un Estado de y para los trabajadores del campo y la ciudad.

Las condiciones de la lucha de clases en Guerrero no es un juego de niños. No vamos a poner el pecho a la reacción para que masacran a compañeros como Yanqui (que realmente fue una víctima de la reacción que busca inestabilizar al Estado y al país). Hay que saber actuar con cautela, proteger a nuestros cuadros y fortalecer la organización de masas de las comunidades y trabajadores de la ciudad y crear los cuadros revolucionarios que el movimiento necesita.

¡Justicia para Yanqui Kothan y los 43 de Ayotzinapa!

¡Por el desarrollo del movimiento de masas de trabajadores y estudiantes!

¡Por un Estado de los trabajadores que acabe con la violencia criminal del sistema!

La aprobación en el senado de la militarización de la seguridad pública, una victoria envenenada de la 4T

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Con votos de Morena, PRI, PRD, PT, Partido Verde y PES, el pasado 4 de octubre se aprobó en el senado la propuesta de ley que extiende la presencia de los militares en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Desde un punto de vista formal se trata de un triunfo de la administración de AMLO pues el gobierno mata dos pájaros de un tiro: básicamente se ha aprobado la esencia de la propuesta del presidente para mantener la presencia del ejército en tareas de seguridad y, además, el apoyo de las bancadas del PRD y el PRI significa una seria fractura en la coalición opositora “Va por México”. Uno de los acuerdos de esta alianza era no aprobar ninguna iniciativa enviada por el ejecutivo, lo que pomposamente llamaron “moratoria legislativa”. Pero, aunque se trata de un triunfo político del gobierno, desde un punto de vista de clase, no hay nada qué celebrar más allá del naufragio y fracaso del frente de derecha. A mediano y largo plazo, para la izquierda es una victoria que nos recuerda lo dicho por el rey de Epiro cuando ganó una batalla contra los romanos: “Con otra victoria como esta, estaremos totalmente perdidos”.

En primer lugar, desde el punto de vista de la forma, la aprobación de esta iniciativa es un indicador del grado en que el formalismo parlamentario y las maniobras legislativas —enfermedad que Lenin llamaba “cretinismo parlamentario”— han sustituido al movimiento de masas en los cálculos y acciones de la dirigencia y bancada de Morena e incluso del propio presidente. Dichas maniobras incluyeron, aparentemente, establecer pactos de impunidad con las dirigencias podridas del PRI —especialmente con el gánster Alejandro Moreno— y con una parte de lo que queda del PRD —presumiblemente con Miguel Ángel Mancera—; es decir, darle una máscara de oxígeno a dirigencias corruptas de partidos moribundos que deberían ser sepultados definitivamente por la izquierda. Veremos próximamente hasta qué punto llegan las implicancias de este pacto sin principios.

Y desde el punto de vista del fondo, la militarización de las tareas de seguridad pública es un regalo formidable para futuros gobiernos de derecha, que no dudarán en utilizar el nuevo marco legal contra el movimiento obrero y popular. No ayuda en nada pretender ocultar con eufemismos el notable incremento de la presencia militar en la vida política del país —algún comentarista decía, bromas aparte, que no se trata de militarización sino de “policiación del ejército”—. El hecho es que, llámese como se llame, los militares han acumulado un enorme poder y el actual gobierno les ha entregado tareas económicas —aduanas, bancos—, de comunicación, construcción y control del aeropuerto, de seguridad y mayores recursos económicos. Hay que sumar a lo anterior la incorporación de la guardia nacional como una corporación más de la Secretaría de Seguridad Nacional.

Los simpatizantes de AMLO deben saber diferenciar entre la oposición hipócrita de la derecha a la militarización, de la oposición a la militarización que viene de la izquierda y que se hizo oír en la marcha del 2 de Octubre y entre los padres de Ayotzinapa. No son lo mismo y deben ser diferenciadas por todo aquél que se asuma de izquierda. La primera es hipócrita y vil, porque fueron ellos los que patearon el avispero, los que estaban vinculados a uno de los bandos de la delincuencia (García Luna), los que usaron al ejército para reprimir y masacrar, etcétera. Es verdad que fue la derecha la que generó un problema que el actual gobierno pretende afrontar con la militarización. Pero creemos que existen otras alternativas que incluyen la organización y movilización de los trabajadores y del pueblo.

La izquierda —la verdadera, la popular, la vinculada a los movimientos sociales— tiene memoria, sabe del papel del ejército en la desaparición de los normalistas y conoce su labor de represión al movimiento obrero desde Nueva Rosita, las ocupaciones militares en un sin fin de huelgas de maestros, ferrocarrileros, médicos, etc.; su papel contra la guerrilla de Lucio Cabañas y la muerte de Genaro Vázquez, su papel en el 2 de Octubre y el halconazo; sus actividades de represión al movimiento neozapatista, Acteal y Aguas Blancas; etcétera. No se trata de simples verrugas en una cara bonita, sino del verdadero rostro del ejército.

AMLO no va a estar para siempre como presidente y, tal como vimos en los gobiernos de la Ciudad de México después de AMLO, los gobiernos de la 4T se irán desgastando en la medida en que no rompan con el capitalismo y la crisis mundial se profundice. Los gobiernos reformistas son un péndulo, así lo muestra la experiencia de América Latina. Los gobiernos oscilan entre la derecha y la izquierda, de crisis en crisis, pues bajo el capitalismo no hay solución. ¿Y qué pasará cuando la derecha recobre el gobierno? Pues que el andamiaje constitucional y legal estará dado para una dictadura cívico-militar y para que el ejército, que ya está en las calles, se dedique a aplastar al movimiento social y popular. Si incluso ahora desobedecen al presidente, siguen con labores de espionaje (como lo demuestran los Guacamaya Leaks) y se resisten a que se castigue a los culpables de Ayotzinapa ¿qué pasará cuando el perro sea recobrado por la correa de su viejo amo?

 

Se dice que el ejército es una de las instituciones mejor calificadas por la opinión pública, pero esto es una ilusión. Un gran sector de la población apoya lo que AMLO diga. Da la impresión de que esa calificación existe sólo porque se trata de una propuesta de AMLO, más no por un apoyo popular al ejército en sí, y aunque así lo fuera eso no cambiaría nada con respecto al ejército y su verdadero papel. Que no nos quepa duda, el ejército es, por esencia, un instrumento de represión de la clase dominante y retomará ese papel más pronto que tarde, incluso bajo un gobierno encabezado por personas como Ebrard, representante de la derecha dentro de la 4T.

Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? La izquierda debe brindar una que ponga una línea clara frente a la derecha, frente a personajes como Denisse Dresser y sabandijas como esas que se rasgan las vestiduras por la militarización pero sólo por vil oportunismo y estrategia para golpear a un gobierno que no les gusta. Regresar a una policía formalmente civil como la PFP o algo similar es, simplemente, retornar a lo mismo que nos llevó a la barbarie. Las policías civiles están tan podridas como el propio ejército y el ejército tanto como ellas.

La respuesta la dio el propio movimiento años atrás: las guardias comunitarias y los grupos de autodefensa, es decir; el pueblo en armas que impuso la seguridad por un periodo como ninguna policía o ejército convencional pudo hacerlo. Pero sólo una izquierda que luche contra el capital y por una alternativa socialista puede enarbolar la consigna de las policías comunitarias bajo control del movimiento de masas de los trabajadores, que sería sólo parte de un programa revolucionario más amplio y profundo. El reformismo, que intenta cuadrar el círculo, es orgánicamente incapaz de rebasar los límites de la «sagrada» institucionalidad y legalidad burguesas y por eso está condenada a fracasar y a preparar el retorno de la derecha. Por lo pronto es la militarización la obra más oscura entre los claroscuros del gobierno de AMLO. Un gobierno de izquierda que intenta lavar la cara del ejército burgués le limpia la cara a su futuro verdugo. Incluso asumiendo que lo hace con buenas intenciones, no olvidemos que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones.

Ni policía, ni ejército. La alternativa está en el pueblo en armas impulsando un programa socialista.

Proceso de militarización en México

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Escrito por: Karen Campos

En diciembre del año 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, inicia la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, a partir de este momento, la violencia en nuestro país fue incrementado a niveles escalofriantes.

Se inició un operativo conjunto en Michoacán, donde se ordenó el despliegue de 4 mil 200 soldados del ejército, mil de la armada y 1,400 policías federales. Entre 2006 y 2011, se incrementó un 50% el gasto en seguridad por parte del gobierno federal, sin embargo, a pesar de este incremento de presupuesto y gastos en seguridad pública, la percepción de la población ha sido completamente diferente y bautizaron al mandato de Calderón como el “sexenio de la guerra”. Los grupos criminales no desaparecieron, al contrario se multiplicaron, contando con cifras al inicio del sexenio de 8 cárteles de droga y al terminó con 14 grupos de narcotraficantes, de igual forma, al finalizar el sexenio, esta guerra fallida había cobrado ya, la vida de 120 mil personas.

Durante todo este periodo, se dejó ver la corrupción y la colusión de las autoridades con el crimen organizado, desde los más bajos rangos hasta las más altas esferas policiacas y militares. No se detuvieron a grandes capos, al contrario, si hacemos memoria, en el sexenio de su antecesor, Vicente Fox, el Chapo Guzmán se fugó de un penal de máxima seguridad.

Con el cambio de mandato en el 2012, donde Enrique Peña Nieto asume el cargo de la presidencia, la situación no fue diferente ya que en tan solo veinte meses de gobierno ya había 57,899 personas asesinadas, lo que da 14,205 personas más que Calderón durante el mismo periodo.

Ante la incapacidad del gobierno federal de proveer la seguridad necesaria para la vida cotidiana, se surgen a principios de 2013 las policías comunitarias y los grupos de auto defensa en Michoacán y Guerrero, donde era muy evidente la disminución de la violencia del crimen organizado en donde estos existían, sin embargo, estos grupos representaban de alguna manera, al pueblo en armas y tarde o temprano terminarían sacando la conclusión de que el estado no era necesario, ya que ellos mismos podían auto gestionarse y defenderse. Esta situación no podía ser permitida por el gobierno federal, y en vez de dedicar sus esfuerzos a erradicar el mal generado por el narcotráfico, fueron directamente a la desintegración de estos grupos armados, haciendo detenciones de los principales líderes como el Doc. José Manuel Mireles y disolviendo a los participantes dentro de las policías rurales, controladas por el estado, lo que nos va dando una idea del verdadero trasfondo de la inversión desmesurada en las fuerzas armadas mexicanas.

Según The Washinton Post, de 2012 a 2015, el gobierno de Peña, superaba los mil millones de dólares en compra de armamento a los Estados Unidos, todo esto, justificando la guerra contra el crimen organizado, pero la guerra en realidad, ha sido contra el pueblo mexicano. Según otra fuente, el New York Times el ejército mexicano opera para matar, donde los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, asesina a ocho personas, por cada enemigo que hieren; la Secretaría de Marina, asesina a treinta personas por cada enemigo que hieren, haciendo del ejército y marina mexicanos, uno de los más letales, es por esta razón que no debe extrañarnos encontrar fosas con cientos de muertos a lo largo y ancho de la república, y dentro de estos casos de desapariciones y ejecuciones sumarias, tenemos el caso de los 43 estudiantes Normalistas de Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó la actuación mexicana con respecto a derechos humanos, registrando violaciones graves con involucramiento directo del ejército. En ambos casos, el estado mexicano, ha dado versiones de hechos completamente infundamentadas y absurdas, para no asumir su responsabilidad y no perder la credibilidad del grueso de la población, pero como creer en ellos si tan solo durante la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, se encontraron 152 cadáveres en fosas clandestinas, además de los 240 desparecidos, reportados hasta 2014, donde la mayoría de los cuerpos tenían signos de tortura, y la situación es similar en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, todo esto bajo el consentimiento y conocimiento del Estado Mexicano, quien también ha optado por la militarización de la policía, que hace más precaria y violenta la situación general del país.

Pero en realidad, si todo este proceso de militarización, tiene como objetivo exterminar a los grupos delictivos, ¿Por qué en Coahuila y Tamaulipas, que son estados con más alto índice de inseguridad, tienen el índice más bajo de presencia policial del país?, ¿Por qué envían profesores y estudiantes a penales de máxima seguridad y no a los verdaderos delincuentes? o acaso, habiendo aumentado 30% los feminicidios en el Estado de México, es prioritario para la seguridad de la población, enviar a más de 3 mil policías, helicópteros y tanques, a reprimir la lucha del pueblo en contra de la reforma educativa. Esto solo es un indicativo de que la militarización engendrada desde el seno del estado, no es más que el freno y la intimidación hacia los movimiento sociales, que desde el 2014 no han parado, cada día el descontento social se incrementa y tanto la policía como el ejército, siempre están ahí, no para brindarnos seguridad, al contrario para sembrarnos terror de ser torturados o ejecutados sin juicio alguno, por el simple hecho de luchar por nuestros derechos o por mejorar la calidad de nuestras vidas, es inadmisible la actitud violenta y miserable de los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la privatización de la educación pública, estos represores estatales no son parte del pueblo, ni defienden los intereses del pueblo, ellos están ahí para proteger a la clase dominante que pretende arrebatarnos todo vestigio de conquistas obreras, a costa de nuestra miseria y sufrimiento, con tal de mantener su poder y sus ganancias intactas.

Rompamos con este Estado REPRESOR.

Ni un muerto más en Oaxaca.

Ni un desaparecido más.

No a la militarización del país.