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lucha por el aborto

La lucha por el derecho al aborto seguro en México

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La despenalización del aborto en México ha avanzado desde septiembre del año pasado, cuando la SCJN declaró la inconstitucionalidad de penalizarlo, pues viola los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, solo en 13 de los 32 estados se ha modificado la legislación local, siendo Jalisco el último en sumarse a la iniciativa.

Los casos más representativos son la CDMX y Oaxaca, donde la legalización ha llevado a una mejora en el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las clínicas y hospitales del estado están ahora mejor capacitados y preparados para ofrecer estos servicios de manera segura. Sin embargo, en Oaxaca, a pesar de la legalización, el acceso al aborto puede ser limitado en áreas rurales y en comunidades con menos recursos.

La legalización en los demás estados ha disminuido el número de abortos clandestinos y de riesgo, pero la falta de una implementación seria en el sector público hace que esto no se haya resuelto completamente. Aunque ya no está penado, el acceso sigue siendo complicado, especialmente para la población más vulnerable. Esto ha llevado a que las clínicas privadas enfrenten mayor demanda y expandan sus servicios. A pesar de que algunas organizaciones no gubernamentales y grupos proderecho reproductivos colaboran con clínicas privadas para proporcionar servicios de aborto y apoyo adicional a mujeres, debido al costo de estas clínicas, las mujeres de escasos recursos siguen sin poder acceder. Al final del día el capitalismo también aprovecha la demanda de este derecho.

Respecto al acceso a los servicios públicos, la situación es burocrática, limitando el número de fichas al día para iniciar el trámite, lo que obliga a llegar en la madrugada. Además, se limita la atención a una pequeña cantidad de mujeres provenientes de otros estados, lo que significa que si no se obtiene ficha el primer día, se debe esperar hasta el siguiente. El proceso puede tardar varios días o incluso semanas antes de que se proporcione el medicamento para realizar el procedimiento en casa o se programe una intervención quirúrgica.

Esta limitación pone en riesgo el acceso a este derecho para las mujeres trabajadoras, quienes deben conseguir permisos en sus trabajos para poder acudir al trámite, con el riesgo de no obtener ficha y de exceder las semanas reguladas.

Debate a nivel nacional

A pesar de que la SCJN ha despenalizado el aborto a nivel nacional, los grupos de derecha conservadores y provida no han cesado en sus ataques contra el derecho de las mujeres a abortar. Una investigación realizada por Opendemocracy reveló que la organización Vida y Familia (ViFac) ha recibido donaciones de algunas de las familias y empresas más ricas del país. ViFac administra una red nacional de “centros de embarazos en crisis” y, mediante campañas de publicidad engañosa, atrae a mujeres que desean abortar ofreciendo ecografías gratuitas e información sobre el procedimiento. Sin embargo, su objetivo es disuadirlas de interrumpir el embarazo mediante juicios morales, religiosos e información falsa, e incluso ofreciendo alternativas de adopciones irregulares.

Es escandaloso el apoyo económico que ha recibido esta organización provida. Entre 2017 y 2023, ViFac recibió 1.9 millones de dólares de 22 fundaciones empresariales y familiares, incluyendo la Fundación del Dr. Simi, la Fundación José Cuervo, Soriana, Grupo Bimbo; así como los dos principales donadores: el Nacional Monte de Piedad ($389,909 USD) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense ($719,620 USD).

Estos datos evidencian quién tiene el control del poder económico en el país y que, independientemente de las legislaciones estatales, tienen la capacidad de impulsar campañas publicitarias en cines, bardas, espectaculares, anuncios en redes sociales, etc., con la finalidad de desinformar y polarizar a la opinión pública contra la lucha por el legítimo derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Finalmente, ellos son la burguesía, quienes controlan el capital y se sienten con el derecho de controlar la reproducción de nuestra clase a través de la opresión de las mujeres trabajadoras.

Por otro lado, las organizaciones feministas y de derechos han continuado su lucha en el ámbito legal, presionando a los congresos estatales que aún no han despenalizado el aborto para que lo hagan. Sin embargo, es innegable que, a partir del decreto de la SCJN, la lucha por la legalización y despenalización del aborto ha abandonado las calles para centrarse en la lucha legislativa. El debate ya no está en las escuelas y la agitación ha disminuido, como si de alguna manera ya no fuera necesario, pues tenemos “garantizado nuestro derecho”. Esto no es así, ya que el debate sigue estando bajo los términos de la legalidad burguesa.

La lucha no puede limitarse a términos legales, ya que lo que diga un papel no garantiza que las mujeres podamos acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Por lo tanto, el debate debe continuar y la lucha en las calles debe seguir, exigiendo que todas las instituciones de salud pública cuenten con los recursos necesarios para que todas las mujeres, tanto del campo como de la ciudad, puedan acceder a su derecho.

Gobierno de la 4T

El programa de la 4T siempre se presentó como progresista, a favor de los pobres y desposeídos de derechos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca se pronunció a favor de la legalización del aborto; al contrario, adoptó una postura tibia en cuanto a la legislación sobre el aborto, reconociendo la necesidad de respetar las decisiones judiciales y los derechos humanos, pero sin impulsar la iniciativa a nivel federal.

En los estados donde gobierna Morena, y bajo la política de alianzas sin principios del partido, la legalización se ha logrado gracias a la presión de las movilizaciones de mujeres y no por iniciativa del gobierno estatal. Algunos gobernadores, provenientes de otros partidos, han tratado de evitar que la reforma pase, y varios diputados y senadores se han manifestado abiertamente en contra.

Por lo anterior, queda claro que no debemos tener ninguna esperanza de que este partido, por sí mismo, nos garantice derechos bajo el sistema capitalista. Al contrario, debemos recalcar que lo que hoy es ley en un gobierno “progresista” puede ser arrebatado en un gobierno de derecha. Un ejemplo de esto es el caso de Estados Unidos, donde los estados más conservadores han prohibido nuevamente el aborto. Esto tuvo un impacto en la frontera norte de nuestro país, donde cientos de mujeres estadounidenses cruzaron la frontera para obtener medicamentos para realizar el procedimiento, aumentando así los precios de manera estratosférica.

La lucha continúa

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es una batalla que continúa. Es un derecho que debemos ganar en las calles, organizándonos para cambiar nuestra situación de raíz. El aborto es solo una de las muchas cosas que deben cambiar para lograr una vida más digna. Bajo ningún gobierno, incluso de izquierda, la situación cambiará de raíz.

El 1 de octubre tomará posesión la primera mujer presidenta de la historia de nuestro país, y ha declarado que “es tiempo de mujeres”. Pero las comunistas nos preguntamos: ¿de qué mujeres? ¿De las que pertenecen a las familias y grupos empresariales más ricos del país que financian campañas contra los derechos democráticos de las mujeres que no pertenecemos a su clase? O es tiempo de que las mujeres trabajadoras tomemos las riendas de nuestro destino, porque, sin importar el género, las mujeres burguesas no tienen ningún interés en mejorar nuestras condiciones de vida. Ellas no están dispuestas a renunciar a sus vidas de lujos y excesos que pueden darse a partir de la explotación de nuestra clase.

Recordemos el ejemplo de la Unión Soviética, donde el aborto fue legalizado en 1920. Esto fue un parteaguas no sólo en términos de derechos, sino que tuvo un impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres proletarias, mejorando de manera considerable. Pero esto solo fue posible gracias a la lucha revolucionaria de las mujeres y hombres proletarios cuando tomaron el poder.

Por eso debemos luchar bajo la bandera del comunismo para lograr la emancipación completa de las mujeres proletarias y nuestros hermanos de clase, luchando contra el capitalismo voraz que se sirve de la opresión de la mujer para subsistir. La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por maternidades deseadas y en contra de la esclavitud doméstica, también es la lucha por el comunismo y por una vida digna.

La despenalización del aborto: Una batalla ganada pero la lucha continúa

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El pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad la despenalización del aborto a nivel federal, esto significa que todas las instituciones de salud federales, IMSS, ISSSTE y Pemex, deberán proporcionar este servicio de forma gratuita.

Sin lugar a duda, este es un gran avance del movimiento amplio de mujeres para poder decidir sobre nuestro cuerpo, sin embargo, esta sólo es una batalla ganada pues la realidad se sobre pone por encima de la legalidad y el camino aún es largo para garantizar el acceso pleno de las mujeres a este derecho de forma segura y gratuita.

¿Cómo se consiguió la despenalización a nivel federal?

El 7 de septiembre de 2021, se sentó el precedente legal por la declaración unánime de la SCJN de inconstitucionalidad del delito de aborto en el estado de Coahuila, esto abrió la puerta para presentar una serie de amparos que concluirían con la anulación del efecto del Código Penal Federal que criminaliza el aborto, debido a que la criminalización atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad para gestar. Esto quiere decir que ninguna mujer, persona gestante o personal de salud podrá ser proscrito por practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta acción legal conlleva que el delito de aborto será eliminado del Código Penal Federal, así las instituciones de salud pública federal ya no podrán negarse a otorgar el servicio so pretexto de tratarse de un delito federal.

A pesar de la eliminación del aborto como delito a nivel federal, aún falta que se modifiquen las legislaciones estatales de 20 entidades federativas. Esto significa que la lucha legal y política debe continuar hasta que todos los códigos penales estatales se homogenicen con el código penal federal. Sin duda, la brecha legal está abierta y las condiciones son favorables, legalmente, para que esto se consiga, incluso en los estados más conservadores y reaccionarios, porque mientras no se modifiquen las legislaturas locales, se puede seguir juzgando el delito de aborto, aunque los jueces estén obligados a acatar lo dictado por la SCJN.

Esta labor jurídica ya está siendo preparada por la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y otras organizaciones de mujeres en diferentes estados, pero sin lugar a dudas, ha sido la lucha organizada en las calles donde las mujeres hemos conseguido este avance legal, nuestra lucha está rindiendo sus frutos, pero no se debe bajar la guardia pues vivimos dentro de un sistema donde impera la desigualdad social y la explotación sin límites, si no seguimos en lucha permanente lo que hemos conseguido hoy  en el papel, no se va a materializar en un acceso real a nuestro derecho a decidir para todas las mujeres que pertenecemos a la clase obrera y campesina.

¿Por qué no es un triunfo total?

Desde el marxismo, entendemos que el Estado es un grupo de personas armadas al servicio de la propiedad privada, en este sentido reconocemos que todas las instituciones del Estado burgués existen para garantizar la defensa de los intereses de los dueños del capital. Así es como las constituciones, sus leyes, sus códigos penales, etc., pueden modificarse o ejecutarse con parcialidad con tal de no atentar contra los intereses económicos de la clase al poder. Para nadie es una sorpresa que la ley aplica diferente para ricos y pobres, no es tampoco una novedad que lo declarado en el papel, en la vía de los hechos, no se realice, como la igualdad legal entre hombres y mujeres cuando la realidad impone una brecha salarial entre hombres y mujeres por el ejercicio del mismo trabajo.

Otra de las atenuantes para no confiar en la legalidad burguesa, es que nos encontramos bajo la crisis económica más profunda de la historia del capitalismo, donde las contrarreformas y ataques a los derechos y calidad de vida de nuestra clase son el pan de cada día. Ejemplo de lo que mencionamos es en el corazón de la bestia, en el país de la “democracia y las libertades”, los Estados Unidos de Norteamérica. El 22 de enero de 1973 la suprema corte de EUA aprobó el fallo Roe v. Wade con el que se otorgaba el derecho al aborto a las mujeres en Estados Unidos, sin embargo, el 24 de junio de 2022, nueve jueces de esta corte decidieron restringir el derecho democrático de millones de mujeres estadounidenses a decidir sobre su cuerpo. Esto no se trató tan solo de la imposición de los prejuicios conservadores de un puñado de jueces, sino que se trata de una clara política de recortes y austeridad hacia el sector salud de ese país, que no ha podido recuperarse desde la crisis económica del 2008. Así de fácil es como se modifican las leyes en beneficio de una minoría, en detrimento de los derechos y conquistas del pasado de la mayoría.

Esta situación también la podemos ver en nuestro país, incluso en el gobierno de la 4T, pues aunque tiene tintes progresistas no rompe con la dinámica de superexplotación del capital. Esto se expresa en el recorte al presupuesto otorgado al programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, que está orientado para financiar la salud sexual y reproductiva de las mujeres que no cuentan con seguridad social, tomando en cuenta que existen en México 13 millones de mujeres, el 56%, trabajando en el sector informal de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022, más de la mitad de la población de mujeres económicamente activas. En 2019 se designaron 3,123 millones de pesos para la salud sexual y reproductiva de este sector de mujeres, mientras que para el 2023 se asignaron 2,240 mdp, una reducción del 28% y con tendencia a la baja. Esta cantidad representa tan sólo el 0.02% del Presupuesto de Egresos de la Federación[1], es una ínfima parte del presupuesto la que se dedica a atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres en México.

En este punto es donde la realidad se impone a la legalidad, porque el hecho de que el aborto no sea considerado un delito, no significa que las mujeres tendremos el libre acceso a nuestro derecho conseguido en el papel si no contamos con acceso a la salud pública y si las instituciones de salud no tienen el presupuesto suficiente para proporcionar el servicio. Aquí es donde las contradicciones del sistema se hacen más evidentes, pues el capital no invierte donde no hay ganancias, por lo tanto la salud pública no es de su interés, al contrario es un lastre del que desearían deshacerse mediante la privatización para poder lucrar a sus anchas con la salud de la clase obrera.

Por eso es que nuestra lucha debe continuar, porque ningún derecho está plenamente garantizado dentro del sistema capitalista. Necesitamos avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad en donde los presupuestos se asignen de acuerdo a las necesidades de la mayoría y no en función del lucro de una minoría parasitaria, donde todos los recursos que generamos la clase trabajadora sean utilizados para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos democráticos de hombres y mujeres.

La lucha de las mujeres en México y el mundo esta avanzando, pero solo podremos dar pasos firmes hacia nuestra emancipación por la vía revolucionaria, derrocando a este sistema que se alimenta de la explotación y marginación de las mujeres y hombres de la clase obrera. La lucha de clases es la vía hacia la emancipación.

¡Por el derecho a decidir se lucha contra el Capital!

[1] Información obtenida con base en la Cuenta Pública del 2019-2022 y PEF 2023.

Los pequeños pasos por la despenalización del aborto: ¡Aborto legal seguro y gratuito en todo el país!

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2021 ha sido uno de los años más significativos en cuestión a los avances con respecto a la despenalización del aborto en México, así como de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación. Siendo Colima, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Baja California los estados que han despenalizado y, en algunos casos, legalizado el aborto.

El 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Aunque el ministro presidente Arturo Zaldívar detalló que esto no significaba la despenalización del aborto en todo el país, sino que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar. Al mismo tiempo, las mujeres que han sido arrestadas por tener un aborto pueden demandar a las autoridades estatales que se les retiren los cargos.

Activistas y organizaciones de mujeres planean ejercer presión a las autoridades gubernamentales para que liberen a las mujeres que en este momento están cumpliendo penas de prisión por haber interrumpido su embarazo voluntariamente. Esto para nosotras las mujeres, pese a ser un avance pequeño, es casi nulo, pues la criminalización y el estigma que recae sobre las mujeres que deciden sobre su cuerpo sigue y seguirá hasta que no se presenten las condiciones jurídicas y materiales necesarias para poder interrumpir el embarazo oportunamente.

Entre el estigma y la ley

Algo que obstaculiza la ampliación de la ILE en el resto de las entidades federativas es la forma en que ciertos dogmas religiosos, culturales y de clase influyen en las decisiones políticas. La cuestión del aborto sin duda alguna también es una cuestión de clases. Si bien, este se practica en todas las clases sociales, no tiene la misma repercusión en ellas. La diferencia entre los abortos clandestinos de mujeres empobrecidas y los abortos clandestinos de mujeres con grandes alcances económicos son abismales.

Según la OMS hay aproximadamente 47,000 muertes relacionadas por complicaciones de un aborto inseguro. Las muertes de mujeres por abortos clandestinos no son ninguna casualidad, por el contrario, tienen una causalidad en el sistema decadente capitalista. Hay mujeres que viven en situación de pobreza y marginación y son quienes tienen menos accesibilidad a recursos de salud dignos. También son las más señaladas, criminalizadas y estigmatizadas tras realizarse un aborto. Cuestiones que evidentemente repercuten en la salud física y mental de dichas mujeres. Por la manera en que opera el sistema judicial dentro de un Estado burgués, es más probable que una mujer proletaria sea encarcelada por decidir sobre su propio cuerpo. Por el contrario, una mujer burguesa fácilmente tiene las condiciones económicas necesarias para tener acceso a un aborto seguro e incluso tener acceso a una defensa jurídica si se diera el caso.

La lucha no ha terminado, apenas va empezando

Como hemos visto, el camino de la lucha por la Interrupción Legal del Embarazo en México es aun largo. De 32 estados federativos, solo en 6 se ha logrado que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Si las mujeres no son dueñas de su cuerpo ¿Entonces de qué? El hecho de que en 6 estados de la república mexicana existe la ILE no es algo que cayó del cielo y mucho menos los tribunales nos han regalado. Esto es el resultado de una lucha constante que solo se logró a través de la conquista en las calles, a través de la organización de mujeres y sociales ejerciendo presión política. Ante este panorama, del cual queda mucho por recorrer, hay dos cuestionamientos que es preciso atender: el primero: ¿Qué hacer en los estados donde jurídicamente ya existe la Interrupción Legal del embarazo? Y segundo: ¿Qué hacer en los otros 26 estados donde aún no se avanza en materia de los derechos reproductivos de las mujeres?

Bien, en los estados donde ya se puede practicar un aborto de manera legal, las mujeres no pueden y no podemos conformarnos solo porque en una hoja de papel esté escrito, debemos de asegurarnos que cumpla con características básicas: Seguro y Gratuito.

Es vital contar con espacios seguros donde sea respetada y cuidada la integridad de la persona gestante que en ese momento necesite la interrupción del embarazo. Un cambio en la ley no significa un cambio en la mentalidad de gran parte de la sociedad conservadora mexicana, e incluso del personal del área de la salud. Esta es una de las más grandes barreras para la expansión de la ILE en el resto del país.

Otro aspecto muy importante es la accesibilidad de las mujeres de la clase trabajadora a una Interrupción Legal del Embarazo. En un Estado donde solo se garantiza un sistema de salud digno a una minoría con grandes niveles económicos, al resto de la población se le margina y no se les garantiza correctamente un sistema de salud. Con respecto a la ILE, las ricas abortan mientras las pobres mueren por no tener acceso a las mismas condiciones médicas y materiales. El hecho de que mueran más mujeres empobrecidas es el resultado de la sociedad dividida en clases sociales que origina el sistema capitalista.

Con respecto a la segunda interrogante ya mencionada, queda seguir tomando las calles, día con día, mes con mes, seguir tomando medidas radicales, pues no se puede “esperar” pacientemente” a que nuestros derechos humanos y reproductivos sean validados al antojo de una casta burocrática. Más que nunca, la organización entre mujeres y hombres de la clase obrera es la que ha traído la victoria en los demás estados, por lo tanto, es el único medio por el cual seguiremos expandiendo la marea verde en todo el territorio mexicano. ¡Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país YA!

La Lucha por la despenalización del aborto en Quintana Roo

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Tras firmar un acuerdo con diputados, el día 10 de febrero del presente año, la Red Feminista Quintanarroense liberó el Congreso estatal de Quintana Roo. Las instalaciones se pudieron utilizar en un horario de 9:00 a 5:00 pm, después de casi tres meses de la toma de las instalaciones. Esto se hizo con el fin de discutir la despenalización del aborto en el Estado, así como los 10 puntos del pliego petitorio.

Las fechas de discusión se acordaron entre los días 16 a 24 de febrero. Mientras se realicen los foros y los dictámenes, las compañeras mantendrán una comisión permanente en el recinto para vigilar que se respete el acuerdo firmado.
El 17 de febrero se tuvo el primer foro virtual, una mesa de debate con la Red Feminista Quintanarooense a las 10:00 am. Más tarde, a las 4:00 pm, se tuvo otra mesa con representantes de la reacción “pro-vida” a quienes no deberían darles más espacios para esparcir sus prejuicios religiosos, que van en contra de todo derecho humano. Además, los foros contaron con un tiempo limitado a 50 minutos, muy poco tiempo para un tema que requiere explicación amplia. Aún con esas limitantes, las colectivas se mostraron optimistas, puesto que por primera vez se dan espacios en el ámbito público para debatir este tema.

El 18 de febrero se realizó el foro virtual de debate con el Poder judicial y la Fiscalía General del Estado a las 10:00 am y un foro virtual con el SESA y el Colegio Médico de Quintana Roo. Este último, parece estar más comprometido con su línea político-ideológica, se posicionó contra la despenalización del aborto, alegando objeción de conciencia, exponiendo burdos argumentos anticientíficos y, como mencionó una integrante de la Red Feminista Quintanarroense: desactualizados. En el peor de los casos el presidente del órgano, José Antonio Danel Beltrán, alegó la falta de presupuesto, de personal y las desfavorables condiciones de los hospitales, así como la ineficiencia de las citas médicas, que todos conocemos. En ese caso, alguien al frente de éste Colegio, como supuesto representante, debería exigir más presupuesto para la salud, mejores condiciones para el personal y los derechohabientes. La precariedad del sistema de salud estatal no se resuelve negando derechos que involucran la salud de las personas, y no sólo eso, ¿no sería de gran ayuda tener más y mejores instalaciones de salud, dentro del contexto de una pandemia mundial?
El día 22 de febrero, el día en que se tenía acordado sesionar para votar la ley que permita la interrupción legal del embarazo, varios diputados y diputadas se ausentaron por lo que aplazó dicha sesión y provocó el descontento de las colectivas que habían convocaron a manifestarse en Chetumal y en la ciudad de Cancún. En esta última hubo provocaciones por parte de los periodistas, con el propósito de desviar la atención del verdadero motivo de la manifestación. En Chetumal hubo ataques a los murales de la fachada del recinto que se habían realizado ese mismo día por parte de varias colectivas, así como golpes a las puertas del edificio tomado en la madrugada. Además, los diputados están más preocupados por las elecciones que vienen y seguir posicionándose en algún cargo. Ese es precisamente el problema, estos que se dicen representantes populares deberían estar legislando a favor de mejorar las condiciones de vida de sus representados y en particular de la situación de la mujer en el estado, no preocupados por sus puestos burocráticos. Aquí incluimos también a los diputados y diputadas de Morena que fueron parte de los ausentes en la sesión y que demuestra su cobardía y falta de compromiso con la 4T, que provocó que en días pasados saliera la consigna #SinTuVotoYoNoTeVoto.
Una transformación de la sociedad no está completa si no contempla exigencias históricas del movimiento de mujeres por sus derechos democráticos. Nosotros, desde la Izquierda Socialista en Quintana Roo, exigimos que se dictamine a favor de la despenalización, no confiamos en el Estado Burgués, no debemos olvidar que es el mismo Estado que hace pocos meses disolvió la manifestación por el feminicidio de Bianca Alexis a punta de balazos. Creemos que hay una deuda histórica con las mujeres en el estado.

La última sesión que se efectuó, el día 24 de febrero, en la que se votaría el dictamen, entró en sesión y receso hasta 5 veces para las 10:30 pm por falta de cuórum. Las compañeras indignadas gritaron consignas como: “Sin dictamen nos quedamos”, “aborto legal, seguro y gratuito”. Les espetaron el mote de cobardes a los diputados. Todos sabemos que actúan así por mezquinas razones electorales. De Reyna Durán, de Morenae, tampoco se puede esperar mucho, es otra política carrerista, una burócrata con intereses personales, no le interesó nunca una transformación, siempre aspiró a ocupar un cargo público únicamente para enriquecerse. Esta transformación se parece mucho a lo mismo que siempre hemos sufrido en la entidad y eso significará un costo político aún mayor que asumir una postura firme por los derechos de las mujeres.
Tenemos que fortalecer la organización y la batalla en las calles, sólo podemos confiar en lo que seamos capaces de arrebatar con nuestra propia lucha. En el Estado de Quintana Roo, tarde o temprano ¡Será Ley!