Juicio a expresidentes

El próximo 1° de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular de Juicio a los Expresidentes. Para saber la ubicación de tu mesa puedes revisar este link: https://ubicatumesa.ine.mx/. Lograr llegar a este ejercicio requirió un año de trabajo que comenzó con la entrega de la solicitud de esta consulta a la presidenta de la cámara de senadores el 26 de agosto de 2020; en medio de la pandemia por el COVID-19.

Pese a las dificultades del periodo, como población; a partir del 1° de septiembre de 2020, nos movilizamos en todo el país para reunir las firmas correspondientes al 2% del padrón electoral; y desde diferentes comités de Morena y organizaciones cercanas se tomó la bandera de esta recolección de firmas, acompañados de ciudadanos informados, instalamos mesas para recabar firmas, en diferentes lugares, plazas y avenidas de todos los estados del país.

En catorce días, se recabaron cerca de dos millones y medio de firmas; en medio de la peor crisis sanitaria de los últimos años; esto nos habla del hartazgo y la búsqueda de justicia por parte de la población, que por años hemos sufrido de las políticas de estos exmandatarios.

El 15 de septiembre de 2020 se anunció que se recabaron alrededor de 2.5 millones de firmas, avalando con ellas que se realice la Consulta Popular, no fue una tarea fácil ya que las personas teníamos miedo de salir a las calles por la crisis sanitaria.

El día 29 de septiembre el INE comenzó la revisión de las firmas y el día 1° de octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró Constitucional la Consulta Popular, con seis votos a favor y cinco en contra; fijando de manera mañosa cómo fecha el 1° de agosto de 2021 como la fecha para realizar esta consulta y no el 6 de junio como sería lo más natural y como se estila en todo el mundo. También de forma chapucera hicieron un cambio a la pregunta que se planteaba en un principio; todo esto, como sabemos, para que haya posibilidad jurídica de que no se juzguen a los expresidentes; quedando la pregunta de la siguiente forma;

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Después de 2 de junio realmente no habido mucha propaganda ni difusión sobre la consulta pese a que es una obligación del INE hacerlo, aunque sabemos que es del interés del INE el que la consulta fracase, debido a los vínculos que sus directivos tienen con Calderón y Peña Nieto.

De hecho, existe una campaña mediática contra esta consulta ciudadana, ya que significa una consulta del pueblo y los burgueses de nuestro país no están dispuestos a que se haga justicia, están acostumbrados a imponer su voluntad ya que se creen dueños de nuestro país; no cederán ni un poco de sus privilegios; debemos organizarnos para salir y arrebatarlos con la lucha y la organización.

Comprendemos lo difícil que será llevar a cabo esta Consulta Popular con todos los medios de comunicación en contra; por ello es nuestro deber hacer este llamado a los ciudadanos para que salgan a votar este primero de agosto, demostrando el repudio al viejo régimen. Para lo cual se requieren 37.4 millones y sólo así se iniciará el proceso de juicio a los exmandatarios, que tanto daño le hicieron al pueblo mexicano.

Desde La Izquierda Socialista hacemos un llamado a la población para que salgan este primero de agosto a votar SI al juicio de ex presidentes; no queremos más impunidad, no queremos más saqueos, ni más traiciones a las masas trabajadores, queremos que se les enjuicie y se les procese, también exigimos que se les incauten todos los bienes obtenidos durante su sexenio y se le devuelvan al pueblo mexicano.

Las políticas capitalistas neoliberales que tuvieron los expresidentes no sólo llevaron al pueblo mexicano a la extrema pobreza y a una escalada de violencia; también acrecentaron la corrupción, las privatizaciones; las medidas entreguistas al Gran Capital, el saqueo y la explotación; arrebataron tierras y viviendas; cerraron fábricas, hubo fraudes electorales; utilizaban la represión sistemática y la represión masiva contra todo aquel que estuviera en contra de estas medidas. No olvidemos las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, crímenes e impunidad; no olvidemos a Digna Ochoa, no olvidemos a los pequeños que fallecieron en la guardería ABC, los crímenes cometidos al pueblo de Acteal y de Atenco a quienes nadie les ha hecho justicia; los mineros en Pasta de Conchos, Las Charcas y Sicartsa, recordemos Aguas Blancas; no olvidemos a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y una lista enorme de agravios contra este pueblo mexicano; estas son razones de sobra para enjuiciar a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; sin embargo no se está contemplando enjuiciar a Luis Echeverría.

Echeverria, el demagogo

Desde La Izquierda Socialista, levantamos la voz para que los crímenes de Luis Echeverría Álvarez no queden impunes; la represión hacia los estudiantes durante el 68 de la cual él fue partícipe, siendo Secretario de Gobernación. Ya en la presidencia, el halconazo ocurrido el 10 de junio de 1971; una manifestación de estudiantes que salió del Casco de Santo Tomás y avanzaba sobre avenida de los maestros, fue dispersada a punta de balazos; la matanza del jueves de corpus dejó claro que el gobierno de Echeverría tenía la misma política de Díaz Ordaz, la guerra sucia durante los años 70 donde el gobierno ejerció una represión indiscriminada contra la población civil; los combatientes de Lucio Cabañas llegaban a 102 en sus mejores momentos y el gobierno les envío 27000 efectivos militares a la sierra; eso no fue guerra sucia, fue terrorismo de Estado, cientos de campesinos revolucionarios perdieron la vida durante estas brigadas de terror que promovía el estado; en general se cometieron crímenes de lesa humanidad. Por eso exigimos que se enjuicie a este criminal y no quede impune. Debemos exigir justicia por los muertos y desaparecidos de esa época; no puede quedar en impunidad; sus crímenes son contra todo el pueblo mexicano; son crímenes de lesa humanidad.

Salinas, el padrino

Carlos Salinas el cual llegó al poder mediante un fraude electoral y gobernó de 1988 a 1994, iniciando con él una política entreguista y rapaz; es el responsable de la privatización de los bienes y las industrias nacionales.

Estuvo a cargo de la privatización de la banca mexicana y también remató Telmex, con su cómplice Pedro Aspe Armella, su entonces Secretario de Hacienda. Con el argumento de que la red pública de telefonía necesitaba expandirse, modernizarse, mejorar la calidad de servicios y hacer grandes inversiones, el gobierno de Carlos Salinas cedió el control de Teléfonos de México a Carlos Slim, creando así uno de los grandes monopolios de las empresas privadas. Ésta empresa que factura cientos de millones de pesos al mes; no sólo no mejoró el servicio ni lo modernizó, aumentó el precio y es quién actualmente dicta las normas sobre los precios de la telefonía en México, dejando así, fuera a cualquier posible competidor, todo esto bajo el amparo y protección de Carlos Salinas.

Carlos Salinas también fue el responsable de firmar el TLCAN, llevando así a México a la subordinación económica total frente a EEUU y acabando con el campo mexicano y la autosuficiencia alimentaria del país.

Durante su sexenio la corrupción de su familia imperó, no olvidemos “la partida secreta”; que no es otra cosa que dinero público que el presidente en turno podía usar a su conveniencia; regalarlo a sus familiares y amigos, pagar favores a empresarios, comprar conciencias de políticos, distribuirlo entre sus subalternos más leales, sobornar a los medios de comunicación y premiar a “intelectuales” y columnistas que estuvieran del lado del régimen en turno; está partida secreta la manejaba su hermano Raúl Salinas qué utilizó para desviar millones de pesos del presupuesto público a sus cuentas privadas.

Salinas es responsable de los casos de represión hacia el EZLN que durante su sexenio fueron brutalmente masacrados, utilizando al ejército mexicano para tal acto, las comunidades cercanas al EZLN también fueron reprimidas, secuestrando y amenazando a la ciudadanía de las regiones más pobres de Chiapas, donde la guerra continúa y las muertes de los pobladores pasan inadvertidas para los medios de comunicación.

Zedillo, el “brother” de la banca

Sobre Ernesto Zedillo, quien gobernó de 1994 al año 2000; pesan varios delitos que ocasionaron un grave daño al pueblo de México, como el multimillonario robo del FOBAPROA con cargo al erario público, y que actualmente seguimos pagando los mexicanos, el FOBAPROA es un enorme fraude, que endeudó a la clase trabajadora de México para rescatar financieramente a los dueños de bancos, aseguradoras y fondos de inversión que “quebraron” y fueron rescatados por el Estado mexicano; es una deuda heredada desde el sexenio de Zedillo, utilizada para rescatar a la clase burguesa y devolverle su solvencia económica; muchos de ellos envueltos en escándalos de fraude, corrupción, evasión fiscal y mala praxis; cómo Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi y Banco Unión hoy “inversionista” de Interjet; Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía y Ángel Rodríguez, de Banpais; al día de hoy seguimos pagando éste gran robo que se le hizo a la clase trabajadora del pueblo mexicano, para rescatar a un pequeño grupo de burgueses y pequeñoburgueses y así será por lo menos hasta 2070. Zedillo, remató Ferrocarriles Nacionales en sólo mil 400 millones de dólares, beneficiando así a la empresa Kansas City Southern, de la cual al concluir su sexenio; se convirtió en su administrador, así como los contratos de obras públicas entregados a grupo Intercom propiedad de su familia; las condonaciones de impuestos que se concedieron a sus hermanos cuando él era presidente, también existen documentos que describen los vínculos con el narcotráfico de su familia política encabezada por su esposa Nilda Patricia Velasco.

La masacre de Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio de 1995 donde 17 campesinos fueron asesinados por la policía estatal cuando se dirigían rumbo a Atoyac de Álvarez; estos fueron interceptados por un retén; en un video que se difundió se muestra cómo los campesinos iban desarmados y fueron agredidos y masacrados a sangre fría por elementos de la Policía.

Zedillo es responsable y autor intelectual de la masacre en el pueblo de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, mientras se encontraban orando en el interior de una iglesia, 45 personas fueron asesinadas; incluidas mujeres embarazadas y niños; esta terrible tragedia fue consecuencia de la política oficial de castigar a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio, el crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada, pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Y según las investigaciones oficiales, el ejército mexicano brindó protección y entrenamiento a los autores materiales de esta matanza de la cual es directamente responsable Ernesto Zedillo. A 24 años de los brutales acontecimientos, Acteal aún espera justicia.

Fox, el mesero

En el año 2000 llegó el cambio de partido con Vicente Fox; una gran decepción para el pueblo mexicano, que a los pocos días se dio cuenta que aunque se cambiaba de color de partido no se cambiaban las políticas capitalistas neoliberales ni tampoco era el gobierno de cambio que este pueblo buscaba, algunos de los delitos cometidos durante su sexenio fueron la corrupción y tráfico de influencias; los hijos de su esposa Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, actuaron con total impunidad durante todo el sexenio; interviniendo para que se le dieran contratos millonarios a la empresa Oceanografía, (antes de Odebrecht, existía Oceanografía) la cual al inicio del sexenio foxista estaba prácticamente en bancarrota y un año después se le otorgaban contratos millonarios a solicitud de los hijos de Martha, a los que Vicente Fox siempre ha defendido a capa y espada, aun cuando existen pruebas de un multimillonario fraude a Citicorp; también defraudaron con sus inmobiliarias a las personas, mayormente maestros, ya que hicieron trato con su Sindicato, robándoles no sólo el dinero que pagaban a Infonavit o Fovissste, también los despojaron de sus casas para revenderlas a un sobrecosto; todo esto bajo el amparo de Vicente Fox. Manuel Bribiesca Sahagún y Miguel Khoury Siman crearon varias empresas durante el sexenio foxista mediante las cuales adquirían de la “cartera vencida” del Fobaproa, casas y aseguraban su comercialización mediante créditos del Fovissste, construían naves industriales, y se presentaban a los remates del gobierno federal, daban consultoría financiera al gobierno federal, e incluso arrendaban aviones, avionetas, jets y helicópteros. Todo con un capital mínimo de 250 mil pesos. Según consta en los registros.

Uno de los crímenes cometidos por Vicente Fox contra la clase obrera fue la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea. Esta tragedia dejó un saldo de 11 mineros con quemaduras de primer y segundo grado, y 65 mineros murieron. Es importante señalar que la mina ya tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. El 12 de julio de 2004, se asentaron en acta de inspección 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas y muchas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades no supervisaron que se subsanaran las fallas. Las labores de rescate quedaron en manos del Grupo México, asegurando que no había posibilidades de vida ya que las temperaturas del estallido superaron inclusive las de un horno crematorio. El 4 de abril del 2007, después de rescatar sólo dos cuerpos, de Felipe de Jesús Torres Reyna y Manuel Peña Saucedo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas, la autopsia reveló que los mineros murieron por asfixia y no calcinados, cómo quería hacer creer la empresa de Grupo México y el gobierno federal; siendo ya Felipe Calderón presidente; se decidió suspender la búsqueda y rescate de los cuerpos, quitando toda posibilidad de un peritaje que deslindara responsabilidades.

Fox, utilizó la figura presidencial para enriquecerse y enriquecer a sus familiares, no sólo es culpable de tráfico de influencias, también de desvío de recursos públicos a sus cuentas privadas. Y sobre él, pesan también acusaciones de nexos con el narco.

Calderón, el narco estado

En 2006 llegó a la presidencia de la República; Felipe Calderón, por medio de un fraude electoral avalado por el entonces, IFE, y en su afán de legitimarse, hundió al pueblo mexicano en una violencia sin precedentes, con su famosa guerra contra el narco; poniendo al frente de esta a Genaro García Luna que ahora sabemos, no sólo no combatía a las bandas criminales, era su protector; a cambio de sobornos millonarios obviamente con la anuencia y permiso de Felipe Calderón, durante ésta llamada “guerra” ocurrieron miles de asesinatos y desapariciones forzadas, atribuidas a agentes estatales y federales, torturas utilizadas para lograr que las personas se auto-inculparan, violaciones perpetradas por elementos del ejército mexicano, homicidios de civiles en retenes militares, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzada de activistas que levantaban la voz contra el mandatario o su gabinete.

Durante el sexenio calderonista se utilizó el Instituto Nacional de Migración para secuestrar, esclavizar y vender migrantes a grupos de la delincuencia organizada. Da cuenta ello, la masacre de San Fernando Tamaulipas, ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010 donde 72 migrantes fueron asesinados luego de ser secuestrados; según la CNDH, la policía secuestró a las víctimas y las entregó a un grupo criminal; después de eso la policía municipal mantuvo protegido a este grupo de criminales. El segundo hecho en San Fernando se dio cuando el primero de abril de 2011 la procuraduría de justicia de Tamaulipas encontró al menos 193 personas en fosas clandestinas, pero la información se dio 5 días después; destapando así, un terror sin fin de fosas clandestinas por todo el país. “No existe información suficiente para tener datos contundentes sobre desapariciones, contemplando que en las administraciones anteriores se pretendió invisibilizar el tema de las desapariciones forzadas” declaró Andrés Manuel, durante una de sus mañaneras. Y si bien, AMLO no ha podido resarcir el daño, también es cierto que durante este periodo se han localizado cuerpos de personas a las que familiares y amigos habían buscado durante años. Aún quedan muchas víctimas por encontrar.

Otro delito del que se le acusa a Calderón, es que, por órdenes de él, se desaparecieron y/o destruyeron expedientes con pruebas de la corrupción de Vicente Fox; así como también expedientes con las pruebas de que García Luna ocupaba su cargo de Secretario de Seguridad Pública; para venganzas personales, políticas y/o negocios con el narco.

Calderón es culpable de proteger a los generales coludidos con el narcotráfico y encarcelar a quienes querían cumplir su trabajo, destruyó organizaciones civiles que cuestionaban su guerra; y en cambio protegió a personajes siniestros como Isabel Miranda de Wallace; a tanto llegó su corrupción que ni su propio gabinete estaba a salvo; no olvidemos la muerte de su Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos el llamado zar antidrogas, en aquel “fatídico accidente” que obviamente levanta suspicacias; otro más, tres años después; fue el de su también Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora junto a otros 7 funcionarios y tampoco éste accidente está libre de sospechas.

El general Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los militares involucrados en la “guerra sucia” de los años 70 y 80 del siglo pasado, identificado como uno de los operadores del cártel de Juárez. Fue asesinado en abril de 2012; convenientemente poco antes de que Calderón dejara la presidencia; este general le relató a la periodista Anabel Hernández, de forma detallada cómo acudía a las reuniones con los jefes de los cárteles por indicaciones directas del propio Felipe Calderón.

El general Tomás Ángeles Dauahare le entregó a Calderón un expediente que detallaba los vínculos foxistas con el narcotráfico y que señalaban a Genaro García Luna como cómplice del Cártel de Sinaloa; la recompensa a este general fue la persecución y tortura de su familia, así como el encarcelamiento de él bajo falsas imputaciones, de “testigos protegidos”. Otro más fue el coordinador de seguridad regional Javier Herrera Valles quién también denunció los nexos de García Luna y solicitaba a Felipe Calderón que investigara a fondo las instancias a cargo de éste. Desde luego su petición no fue atendida y corrió la misma suerte que el general Dauahare, fue detenido, torturado y encarcelado bajo cargos falsos.

Los periodistas que exponían al ex presidente y a su familia no corrían con mejor suerte, recordemos el caso de Jesús Lemus quien fue secuestrado y encarcelado por haber sacado a la luz pública las conexiones de Luisa María Calderón con La Tuta y El cartel de los Caballeros Templarios; el sexenio calderonista registra el mayor número de periodistas asesinados, los trabajadores de los medios y los periodistas se vieron expuestos a graves agresiones de las cuales se documentaron 258 sólo en el último año calderonista, durante el sexenio hubo 60 homicidios y 15 desapariciones de comunicadores.

Los activistas políticos que luchaban abiertamente contra estas injusticias, corrieron la misma suerte. Recordemos a Marisela Escobedo, una madre cuya hija fue asesinada en agosto de 2008; ella nos mostró cómo las instancias de gobierno estaban ligadas al crimen organizado, infestadas de corrupción y estas mismas autoridades fabricaban culpables; ya para 2010 era una mujer completamente incómoda para el poder estatal y federal y el 16 de diciembre fue asesinada frente al palacio de gobierno, del estado de Chihuahua, disparándole a quemarropa, quedando en total impunidad su asesinato y el de su hija por quién clamaba justicia.

Uno de los crímenes cometidos contra los trabajadores durante el sexenio calderonista, fue en el año 2009 después de ocupar ilegalmente las instalaciones de Luz y Fuerza, con militares y policías federales; el gobierno publicó una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, donde se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, siendo esto completamente inconstitucional, y así echó a la calle a 44,300 trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. No se trataba sólo de liquidar una empresa del estado; sino de desaparecer un sindicato democrático e independiente; que impulsaba la nacionalización de la industria eléctrica.

Un hecho realmente atroz ocurrido en el sexenio calderonista, fue la muerte de 49 niños en la guardería ABC el 5 de junio de 2009; y debemos ser claros, las guarderías son éxitos de las luchas obreras del pasado; sin embargo este capitalismo voraz al que nos sometieron estos sexenios; transformó este triunfo obrero en concesiones para beneficiar económicamente a sectores de la burguesía; las guarderías terminaron siendo entregadas a familiares y amigos de políticos y empresarios; recibiendo financiamiento del Estado. De esta forma fue que Gildardo Urquidez, Sandra Lucía Téllez y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, se hicieron dueños de la guardería ABC. Esta lamentable tragedia sacó a la luz la corrupción y el tráfico de influencias, y nos mostró las consecuencias de la privatización y falta de seguridad en estas guarderías concesionadas. Aquí el Estado no solamente actuó en defensa de sus familiares y amigos, sino que se encargó de atacar a los padres de estos niños inocentes que perdieron la vida, evitando que obtengan justicia.

El sexenio de Felipe Calderón, estuvo marcado por el abuso de poder, la impunidad, la venganza, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

Peña Nieto, el corrupto

En 2012 llega al poder Enrique Peña Nieto, su sexenio ha sido señalado como uno de los más corruptos en la historia de México. Se le acusa de delitos graves como corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, sobornos, fraudes, desvíos de recursos públicos y vínculos con el crimen organizado; así como también los hombres más cercanos a él, ahora son investigados por delitos de corrupción, sobornos, traición a la patria, negligencia y complicidad con el crimen organizado.

En 2009 la periodista Carmen Aristegui publicaba una investigación que reveló la existencia de la llamada casa blanca, una residencia valuada en 86 millones de pesos, el gobierno se vio obligado a dar una explicación que llegó a través de la primera dama Angélica Rivera, que dijo ser la propietaria del inmueble el cual adquirió con dinero de su trabajo como actriz durante 25 años para Televisa; esto causó una gran indignación por lo cual el propio exmandatario salió a admitir que se equivocó al permitir que su “esposa” diera una explicación. Esta casa la edificó constructora Teya, que pertenece al grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú quién también alquilaba las aeronaves para el PRI en la campaña presidencial de 2012, y quién se benefició en múltiples ocasiones con proyectos del gobierno federal.

A partir de ahí surgieron más casos de corrupción como el de Javier Duarte acusado de desviar 223 millones del erario público a sus cuentas privadas, el exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge y el ex mandatario de Chihuahua César Duarte.

Durante este sexenio se destapó la Estafa Maestra mediante la cual 11 dependencias usaban 128 empresas fantasmas para desviar 7760 millones de pesos; estando al frente Rosario Robles cómo Secretaria de Desarrollo Social; Alfredo del Mazo en el Banco Nacional de Obras y Emilio Lozoya como Director de Petróleos Mexicanos. Ellos tres son los principales operadores de la Estafa Maestra.

Emilio Lozoya Austin uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto siendo director de Pemex durante el sexenio peñista; es acusado de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero; enfrenta un proceso en su contra. La empresa paraestatal que presidía Lozoya, incurrió en casos de corrupción, como aceptar sobornos de parte de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto; también la compra de Agronitrogenados propiedad de Altos Hornos de México por la que pagó 500 millones de dólares, cuando estaba valuada en 50 millones de dólares; otra empresa envuelta en ésta corrupción es Fertinal, de quién se dice el expresidente Peña recibió sobornos millonarios por parte de Fabio Massimo, accionista mayoritario de ésta.

Otra Secretaría que también se vio envuelta en escándalos de corrupción por la compra de bienes y contratación de servicios fue la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong; quien asignaba de manera irregular los contratos millonarios a empresas privadas de sus allegados; en medio de irregularidades e incumplimiento de contratos; todo esto a cambio de comisiones y sobornos.

Amnistía Internacional señala que durante el sexenio peñista se violaron cruelmente los derechos humanos y hay muchos casos terribles que aún no salen a la luz. Durante éste sexenio hubo miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y una práctica de tortura generalizada. Los últimos dos años del gobierno de Peña transcurrieron con una media de 200 homicidios mensuales, los feminicidios se convirtieron en una epidemia en todo el territorio nacional; el país se convirtió en uno de los más peligrosos para las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas.

El 26 de septiembre de 2014 un hecho marcaba el sexenio peñista; estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron atacados por fuerzas de seguridad; 6 personas fueron asesinadas y decenas fueron heridas. 43 de ellos fueron sujetos de desaparición forzada y hasta el día de hoy se desconoce su paradero; lo que surgió a raíz de esto puso al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para tratar los casos graves de violaciones a los derechos humanos, el gobierno se aferró a la verdad histórica aún con las múltiples denuncias de irregularidades y fabricación de pruebas, y la condena y campaña mundial exigiendo justicia; Peña insistió en encubrir la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos e invirtió todos sus recursos disponibles para ocultar los hechos en vez de garantizar la verdad.

De esta tragedia existe una versión de una red de tráfico de drogas y armas que iba desde Iguala hasta la frontera norte y los normalistas sin saberlo tomaron diversos autobuses que eran usados como transporte en dicha red, donde estaban involucradas autoridades federales, estatales y locales e incluso el ejército y los distintos niveles de la policía. No debemos dejar de lado que este ataque estaba dirigido contra la organización más combativa a nivel nacional; la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México donde se aglutinan los normalistas rurales a nivel nacional y de dónde salen diversos dirigentes revolucionarios. Ahí se educa a generaciones de profesores valientes que se oponen a las políticas entreguistas al Gran Capital, este hecho lamentable, se da en un contexto generalizado de ataques a la educación pública y en especial a las normales rurales; las cuales se ha pretendido desaparecer durante años.

Durante el sexenio peñista también sucedieron casos graves de ejecuciones extrajudiciales cómo fueron la de Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro limón en el Estado de México, donde 22 civiles fueron asesinados por personal del ejército, mientras dormían dentro de una bodega. Otra masacre donde el ejército mexicano intervino fue en Apatzingán, 16 civiles perdieron la vida y hubo decenas de heridos; el 6 de enero de 2015 irrumpieron disparando contra un centenar de integrantes de Fuerza Rural, que realizaban un plantón en los portales de palacio municipal ninguno de los manifestantes tenía armas largas, sólo seis portaban pistolas registradas; que pusieron en el piso cumpliedo con todas las indicaciones del grupo G250 creado por Alfredo Castillo. Nadie de los manifestantes disparó, Rubén un elemento de Fuerza Rural, al escuchar la balacera brincó de su camioneta cuando un policía le exigió levantar las manos y ponerse de rodillas; a unos metros de él vio a otro hombre hincado encañonado por los uniformados, Rubén fue testigo de esta masacre. Soldados y policías dispararon a los hombres desarmados del plantón.

En 2015 el 22 de mayo en el rancho El Sol, ubicado en Tanhuato Michoacán; se informaba que había un enfrentamiento con delincuentes, miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación; hubo 42 civiles muertos y se comprobó que la versión dada por el gobierno fue una mentira, los peritajes demuestran que no fue un enfrentamiento, la mayoría de los cadáveres muestra que fueron ejecutados por la espalda.

Hay múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares durante el sexenio de Peña.

Aunado a todos estos delitos; Peña Nieto implementó una serie de reformas estructurales, atentando contra los derechos históricos de los trabajadores.

Como ejemplo, la reforma educativa; que no sólo no fue una reforma educativa, fue una reforma laboral a los trabajadores de la educación y para poder implementarla comenzó una brutal represión contra la CNTE, asesinando secuestrando y encarcelando dirigentes magisteriales; en su punto más álgido de los enfrentamientos contra el magisterio, se produce la masacre en Nochixtlán la mañana del 19 de junio de 2016 donde los pobladores llevaban ya un par de semanas acompañando el movimiento de los maestros; ese día policías federales dispararon contra la población; la saña contra el movimiento dejó muertos y heridos; la policía intentaba llevarse a los heridos de los hospitales pero la gente se los impidió; llegó un helicóptero que lanzó bombas de gas al personal médico y a familiares de los pacientes, lo que sucedió esa noche en Nochixtlán, nos habla de una guerra emprendida contra el magisterio y en la que se vio envuelta la población.

Una de las más grandes traiciones contra el pueblo mexicano fue la aprobación de la reforma energética; culminando así el ciclo de privatizaciones del país y sepultando la herencia histórica de la expropiación petrolera. Esta mal llamada reforma, no es otra cosa que la venta de nuestra soberanía energética al Gran Capital.

Por supuesto que estas políticas de privatizaciones y saqueo; de reducción de derechos sociales y laborales; no comenzaron en el sexenio de Peña, comenzaron 20 años atrás, privatizando la banca, las carreteras, empresas públicas, todo comenzó en el sexenio de Miguel de la Madrid, Marx tenía razón cuando afirmaba que “el ejecutivo del Estado moderno, no es otra cosa que un administrador de los intereses de la clase burguesa”; eso lo demostraron estos expresidentes al servicio de las transnacionales extranjeras y empresas privadas.

Juicio y castigo

No sólo queremos que se enjuicie a estos exmandatarios; exigimos que se les procese y se les condene; queremos verlos tras las rejas, eso sería un gran paso de justicia hacia el pueblo mexicano al que tanto daño le han hecho.

Conocemos las trabas que existen para enjuiciar a cualquier exmandatario, no confiamos en Lorenzo Córdova ni en el INE; el Poder Judicial, también juega a favor de estos exmandatarios, sabemos que será muy difícil poder procesarlos por medio de estas instituciones corruptas.

Sabemos que el INE, el Poder Judicial y otras estructuras, tratarán de boicotear que se haga realmente justicia y se meta a la cárcel a estos ladrones y asesinos que presidieron el país por muchos años. Por eso, necesitamos entender que nuestra última instancia, es la lucha de toda la clase trabajadora, debemos organizarnos y transformar la sociedad desde la raíz y así por fin retirarle sus pequeños privilegios a la burguesía, que tanto daño le hace al pueblo mexicano. Todo el poder a la clase proletaria porque sólo así podemos llegar a conocer un poco de justicia.

En La Izquierda Socialista, entendemos la necesidad de organizarnos, de participar en seminarios, círculos de formación política, y conformar comités; esto nos ayudará en la lucha; organicémonos en cada ciudad, en cada barrio, en cada universidad, en nuestros centros de trabajo y donde participemos cotidianamente, así que hacemos un llamado a sumarnos a esta campaña de difusión para que nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo y conocidos, salgan y voten este primero de agosto, en la Consulta Popular de juicio a los ex presidentes.

Los mexicanos debemos tener memoria; memoria histórica; memoria política, debemos empezar a exigir juicio para cualquier traidor, juicio para cualquier delincuente y criminal no importa el cargo político que ocupe.

La derecha que ahora se aglutina en una sola coalición de políticos y empresarios; no porque converjan en ideales, su interés es volver al poder para seguir implementando esas políticas entreguistas, siguen creyendo que son dueños de nuestro país; hacen y hará todo lo posible porque ningún exmandatario vaya a la cárcel. Usan las instituciones del aparato estatal cómo el INE para boicotear y frenar esta consulta.

Por ello es que debemos organizarnos para combatir la desinformación y el bloqueo dado a esta Lucha en torno a la Consulta Popular. Debemos salir a votar este primero de agosto, e informar a nuestros vecinos, amigos, conocidos; compañeros de trabajo, etc. Dónde se colocarán las urnas, ya que el INE en una simulación, cómo todo lo que hace, sólo colocará el 45% de ellas, siendo menos de la mitad de las que se colocan durante las elecciones, para de alguna forma impedir que se lleve a cabo y boicotear éste ejercicio popular.

Organicémonos e informemos; salgamos a las calles y exijamos que se encarcele a estos criminales, pero no sólo eso, que se les expropien las fortunas adquiridas durante su sexenio y se devuelvan al pueblo mexicano.

Queremos que sus cómplices también sean enjuiciados y procesados; no queremos que los secretarios de gobernación, los secretarios de hacienda, secretarios de seguridad, gobernadores, presidentes municipales, etc. sigan impunes; los queremos en la cárcel; que se les expropien sus fortunas, adquiridas de forma ilegal y a cambio del dolor del pueblo mexicano.

Estos exmandatarios actuaron con total impunidad protegiendo a sus familiares y conocidos, amigos y allegados; no más impunidad.Acabaron con los derechos de los trabajadores y del pueblo mexicano. Vendieron la seguridad de todos nosotros al mejor postor.

Los crímenes mencionados aquí, sólo son la punta del iceberg; cometieron cientos de crímenes, no podemos permitir que anden libres con sus fortunas intactas, construyendo nuevos partidos y postulando a sus esposas para ocupar cargos públicos.

Organicemos comités, círculos de estudio, juntas barriales; organicémonos en cada lugar en el que estemos para poder informarnos e informar a nuestros amigos, familiares, a nuestros vecinos y nuestros conocidos para que nunca más un crimen de Estado se cometa y que nunca más la impunidad sea el pan de cada día de nuestro país.

Salgamos y exijamos este primero de agosto que estos expresidentes sean enjuiciados y procesados.

La lucha organizada es la que nos puede proporcionar un poco de justicia.

Todo el poder a la clase proletaria.

El 1° de agosto se realizará una consulta con el objetivo de enjuiciar a los expresidentes por sus crímenes. Ésta consulta fue solicitada con más de dos millones de firmas de la población que fueron recolectadas en un tiempo récord. Para que sea vinculante, deberán participar al menos el 40% de los 93.5 millones de electores, es decir 37.4 millones de personas. La derecha desestima esta consulta y le apuesta a la mayor abstención para no alcanzar el número de participantes requeridos.

Sumado a esto, el INE (que no es para nada imparcial), argumentando falta de recursos, pondrá una cantidad mucho menor de urnas. Mientras en las elecciones de junio de 2021 hubo alrededor de 130 mil casillas, en esta consulta el INE estima colocar entre 50 y 59 mil. Además, sólo usará dos semanas para difundir su realización.

Es de esperar que la organización de la consulta sea conscientemente deficiente para, sumando todos los factores, tratar de incidir en una menor participación y no alcanzar los más de 37 millones.

La burguesía y sus políticos apuestan a la mayor abstención. El expresidente panista Vicente Fox ya hizo un llamado a no participar en la consulta mostrando el camino que tomará la derecha. Esa campaña se intensificará en los medios de comunicación de la reacción. Si ven que no les alcanza con la campaña para inhibir la participación, harán uso nuevamente del crimen organizado para atemorizar e inhibir el voto.

Los intelectuales orgánicos del sistema argumentan sobre el respeto a los buenos procedimientos legales. Sobre el respeto de las leyes de ese mismo aparato que ha mantenido impune a quienes han cometido crímenes contra el pueblo.

En el otro extremo estamos el pueblo agraviado: los que hemos sufrido con las privatizaciones, con los cierres de fábricas y eliminación de los contratos colectivos de trabajo; los que hemos vivido en carne propia la ofensiva impulsada por el gran capital y ejecutada por los gobernantes en turno contra los trabajadores y el movimiento obrero organizado; los que hemos visto como se desploma nuestro salario y se desvanecen nuestras conquistas; los que hemos sufrido las brutales represiones, las masacres recientes y las consecuencias de los vínculos del Estado con el crimen organizado. En este extremo estamos los que tenemos razones suficientes para ver a cada uno de los expresidentes tras las rejas.

Los crímenes no son exclusivos del periodo neoliberal. ¿Qué ha sido el neoliberalismo sino el capitalismo en su estado más puro? Pero hoy ante la profunda crisis mundial del sistema los más ortodoxos neoliberales abogan por la intervención del estado en la economía para el rescate de las ganancias. El capitalismo puede tener distintos modelos y formas de atacar, pero al final el problema de raíz es el sistema. Nosotros creemos que también Luis Echeverria debería ser juzgado, por el 2 de octubre, por el 10 de junio y por la guerra sucia.

Después de décadas de ataques, los partidos e instituciones de la burguesía quedaron desacreditadas. La búsqueda de un cambio profundo llevó al triunfo del actual gobierno. Pero mucho de lo viejo sigue en pie y se niega a morir. El aparato estatal se mantiene prácticamente intacto y actúa en su defensa, un ejemplo de ello es que el poder judicial modificó la pregunta, que originalmente es más explícita contra Salinas, Zedillo, Calderón, Fox y Peña. La pregunta que aparecerá en la boleta dirá:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Esta pregunta abre la puerta a incluir en la lista a otros funcionarios que también hayan cometido crímenes contra el pueblo, pero en realidad justifica con más ahínco la actual legalidad (que ha dejado impune a los crímenes del pasado) y la difumina, desembarcando directamente a quienes, dentro de este régimen presidencialista, estuvieron al frente del gobierno.

López Obrador no necesita de ninguna consulta para proceder en un juicio contra los expresidentes. Podría hacerlo sin ella. Él ha dicho que hay que ver hacia adelante y que no participará en la consulta. Aunque también ha argumentado el por qué sí deberían ser juzgados. Cuando fue la campaña de firmas para solicitar la consulta y se había mostrado la contundencia de la base organizada, AMLO metió también su iniciativa para que, si invalidaban o no se alcanzaba el número de firmas, la consulta se llevara adelante. Una respuesta contundente de la población en la consulta puede presionar y ser de incentivo a AMLO para dar un par de pasos al frente en este camino. Pero también el poder judicial y otras instituciones estatales moverán sus piezas porque no pueden actuar en contra de su naturaleza y buscarán que se mantengan impunes los expresidentes.

El gobierno de AMLO ha encarcelado ya a políticos corruptos, pero en la mayoría de los casos, han salido al poco tiempo regresando parte de lo robado. Hemos visto que, bajo la presión, también dejó en libertad a Cienfuegos, relacionado con el caso Ayotzinapa. Este gobierno recibe presión constante de la burguesía, una consulta exitosa significaría una presión en sentido opuesto.

No sería la primera vez que un expresidente es juzgado en América Latina. Lo hemos visto, entre otros, en Guatemala con el asesino Ríos Mont o hoy mismo en el Perú, donde casi todos los expresidentes están en la cárcel. Pero eso en si mismo no ha dado real justicia para el pueblo ni ha traído la justicia social, reflejo de ello es que en esos países hemos visto recientes revueltas populares. Eso se debe a que no es suficiente con meter a la cárcel a un par de criminales, se necesita desmantelar el aparataje estatal que la burguesía ha construido en doscientos años para defender sus intereses.

Esta campaña nos sirve para no olvidar, para recordar los agravios y seguir exigiendo justicia. También ayuda para dar una demostración frente a la derecha, para no dejarles levantar cabeza. Si quedamos muy lejos del objetivo, la reacción se envalentonará y avanzará en su ofensiva contra el actual gobierno, pero sobre todo contra los trabajadores. Ellos están en una constante lucha de desgaste, tienen en la mira golpear en el referéndum de 2022 y quisieran regresar al gobierno a más tardar en 2024, para restablecer su programa de ataques frontales. La consulta también debe servir para poner un freno relativo a la burguesía y no dejarla pasar a la ofensiva.

Esta consulta, sobre todo, debe servir para fortalecer la organización de los trabajadores, para levantar nuestras demandas y debatir con la población. Puedes estar a favor o no de este gobierno, pero podemos unirnos en una acción para mostrar que los trabajadores somos mas fuertes y estamos dispuestos a avanzar en la búsqueda de verdadera justicia. Servirá también para poner a prueba a este gobierno, ver hasta donde está dispuesto a llegar.
México es un país donde han crecido en abundancia las fortunas personales de un pequeño grupo de funcionarios corruptos (empezando con los expresidentes) y empresarios que han sido amamantados con las riquezas estatales. No basta con meterlos a la cárcel, se deben expropiar sus fortunas, no hacerlo significa seguir solapando la opacidad y la corrupción. Sus riquezas deben servir para el beneficio del pueblo trabajador, desarrollando un plan de industrialización estatal y mejoras en sectores como la salud, la educación, las pensiones, etc.

Participar y ganar esta consulta daría confianza al movimiento y sería una pequeña demostración de nuestra fuerza. Desde nuestro punto de vista, se requiere un cambio radical, que seamos el pueblo organizado quienes verdaderamente tengamos el poder en nuestras manos y así poder juzgar a quienes atenten contra los trabajadores del campo y la ciudad. Se requiere una economía al servicio de toda la población y no de una pequeña minoría, por eso necesitamos expropiar los bienes de los empresarios que se han enriquecido a costa de la explotación de nuestro pueblo y nuestros recursos y que nos han reprimido, atacado y asesinado para mantener sus privilegios. Con una economía planificada podemos erradicar el desempleo, la miseria y avanzar en una vida digna para todos. Necesitamos una sociedad socialista basada en la democracia de los trabajadores. Luchar por un cambio radical en la sociedad no es posible sin toda una serie de luchas parciales, donde las masas vayan adquiriendo experiencia y confianza y saquen la conclusión de que tenemos que cambiar las cosas verdaderamente de raíz.

¡A enjuiciar a los expresidentes!

¡Es la lucha del pueblo organizado la que generará justicia!