ISSSTESON

Ante el arrebato de prestaciones a los trabajadores jubilados del ayuntamiento de Hermosillo por parte de la actual administración, los jubilados han tenido que emprender una lucha por reestablecer sus derechos adquiridos.

La actual administración, encabezada por el Panista Antonio Astiazaran, llego después de derrotar en las urnas la reelección de la expresidenta Celida López, quien después de representar el primer gobierno municipal de la capital por parte del partido Morena, la población hermosillense le negó su apoyo debido a su polémica gestión y su notable vinculo al exgobernador panista Guillermo Padres Elías. Pese a que la primer administración morenista del municipio fue la primera en no aumentar el nivel de la deuda, esta se vio rebasada por la crisis de la pandemia, sumado a un gobierno burocrático incrustado de funcionarios del viejo régimen.

Aunque en el gobierno de Celida López la burocracia con antecedentes panistas estuvo presente, el regreso oficial del viejo régimen llegó con la misma intención que ya todos conocemos: ver al municipio como un medio para su propio beneficio. Con una plena antipatía e insensibilidad, al no tomar en cuenta el hecho de que los hermosillenses aún no se recuperan de la crisis ocasionada por la pandemia, el cabildo municipal aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. En éste se perjudicará directamente a la población con aumentos en la tarifa del agua, parquímetros, predial, multas, aportaciones “voluntarias” para el rescate de la ciudad, cobros de $140 pesos trimestrales al contribuyente por adeudo en el ejercicio inmediato anterior, entre otros.

Según las declaraciones del secretario del ayuntamiento Florencio Diaz Armenta recibieron la administración con un déficit en ingresos/egresos de 7millones de pesos mensuales. Ante este déficit, el secretario afirmo que se vieron en la necesidad de hacer algunos recortes para solventarlo. Una medida fue revisar el convenio con el sindicato de trabajadores del ayuntamiento en donde notaron una cantidad de prestaciones que “estaban más allá de lo normal”. Revisando con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y con su respaldo, se señaló que no era “correcto ni legal” pagar ciertas prestaciones a trabajadores que no están en activo.

No contentos con este atropello a los bolsillos de la ciudadanía, esta administración se dio a la tarea de menguar el poder adquisitivo de los jubilados del ayuntamiento, donde en el nuevo convenio se quitaron prestaciones de suma importancia para los trabajadores que, durante muchos años y a pesar de las administraciones corruptas subordinadas a la oligarquía local, dieron sus servicios para mantener en funcionamiento el municipio dentro de sus posibilidades. Entre las prestaciones arrebatadas están: vales de despensa, apoyo a cirugías mayores, apoyo de gastos funerarios, apoyo para el pago del recibo de la luz, seguros de vida, finiquitos y fondos de retiro.

Con lo que el gobierno de Astiazaran no contaba, es con la tenacidad y determinación de lucha de los trabajadores jubilados por recuperar lo que les fue arrebatado. En los últimos días, los trabajadores han llevado a cabo una serie de manifestaciones, comenzando por la toma de las oficinas del ayuntamiento durante varios días. Pero tras algunas conversaciones con funcionarios y ante la negativa de estos a reestablecerles lo que por derecho les corresponde, los trabajadores han tenido que optar por elevar el nivel de presión bloqueando algunas calles de la ciudad.

El representante de pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo, Jorge Encinas Gámez, menciona que su protesta no es para exigir nada adicional a lo que ya percibían y afirma que cuentan con el sustento legal que ampara su derecho a recibir las prestaciones, entre ellas las resoluciones aprobadas en cabildo donde fueron establecidas con anterioridad. Aparte, la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde ordena al municipio reestablecer los beneficios refleja que más allá de las trabas y excusas que puedan poner, las necesidades de los jubilados no pueden esperar.

La actual administración ha decidido llevar una confrontación legal con los jubilados, invitando a estos a que conduzcan su inconformidad con las instancias legales correspondientes, apostando a que la lenta impartición de justicia y el influyentismo con el que cuentan en el poder judicial los ayude. Los panistas cuentan con un historial en el cobro de favores con este poder. Podemos poner de ejemplo la obstrucción en el caso de la guardería ABC, donde una de las dueñas de dicha guardería es prima de Margarita Zavala quien fuera primera dama del entonces presidente Felipe Calderón. Otro caso se vio con la liberación del exgobernador Guillermo Padres acusado de enriquecimiento ilícito.

Antonio Astiazaran ya cuenta con la experiencia de amedrentar a la clase obrera, cuando fue alcalde de Guaymas despidió a trabajadores; los cuales demandaron al ayuntamiento y ganaron los litigios cuando Astiazaran y sus secuaces dejaron el gobierno después de una oscura y corrupta gestión.

Como ya se mencionó, el retiro de prestaciones a los afectados se basa en la premisa de que al pagarlas se estaría cayendo en una ilegalidad. Cabe destacar que según declaraciones del mismo secretario Florencio Diaz, se destinó una bolsa de 5 millones de pesos para otorgarle un apoyo de $1500 a los jubilados “más vulnerables” que reciben una pensión inferior a los $7000, no como una prestación sino como un “apoyo humanitario”.

Siguiendo la misma lógica de los funcionarios ¿No se estaría cayendo en una ilegalidad otorgar un presupuesto adicional a los trabajadores “más vulnerables” que no están en activo? Las contradicciones de esta administración no se sostienen, pues a la vez que pregonan que recibieron las cuentas públicas en números rojos son ellos mismos los que, vinculados al viejo régimen, por años han sumido al municipio en una situación financiera deplorable.

Sus argumentos se vienen abajo aún más cuando el alcalde anuncia un programa para dotar al municipio de paneles solares y a la policía municipal de un juego de patrullas eléctricas cuando el costo de estos vehículos es muy elevado y donde las calles en mal estado, sumado a un manejo poco responsable por parte de los propios policías llevarían a un acelerado deterioro de las unidades, tal y como hemos visto en la constante compra de patrullas nuevas en cada cambio de gobierno con el pasar de los años. El vínculo del alcalde al negocio de las energías renovables solo confirma la política corporativista y el conflicto de interés que hay de tras de dichas iniciativas. La necesidad de un cuidado del medio ambiente y el auge de una ideología verde sin conciencia de clase ha permeado en la población hermosillense, siendo esta aprovechada por su gobierno para impulsar estas políticas “verdes” sin ser cuestionados.

Otra bomba de tiempo es la falta de pago de las aportaciones para el ISSSTESON de los trabajadores en activo. De septiembre a diciembre del 2021 solo se aporto el 16.3% de lo recaudado, es decir, de 136 mdp solo se pagaron 22millones. Su argumento es que el ISSSTESON no ha dado pensión a 140 trabajadores que ya cumplieron sus 30 años de servicio, sin mencionar que se trata de trabajadores que, a pesar de contar con 30 años trabajados, tienen menos de ese tiempo cotizando. Estos se encuentran en un esquema acordado únicamente entre el ayuntamiento y el sindicato llamado “Pre jubilatorio” donde el ayuntamiento sigue pagando a los trabajadores el tiempo que resta para completar los 30 años de cotización en ISSSTESON. En dicho esquema, el ISSSTESON no tiene ninguna jurisdicción para intervenir en un acuerdo entre dos partes ajenas, por lo que es totalmente injusto que el gobierno municipal no aporte las cuotas correspondientes usando dinero que no es suyo como método de presión.

Si bien, este artículo se centra mayoritariamente en la problemática de los jubilados por el municipio de Hermosillo, es importante mencionar la bancarrota del ISSSTESON, que en un ultimo periodo ha tenido problemas para pagar a todos los jubilados, llegando a retrasarse hasta 15 días, periodo donde el jubilado tiene que buscar la manera de sobrevivir endeudándose, incluso dejando de consumir algunos medicamentos. El actual director del instituto Jesús Manuel Acuña Méndez, declaro en una carta dirigida a los jubilados que “…somos un organismo deficitario.” Y si bien los pagos se han regularizado desde enero, el castillo de naipes que es toda la seguridad social en Sonora solo necesita una pequeña corriente de aire para caer. Hay que recordar que ISSSTESON es un instituto estatal, pero da seguridad social a trabajadores de gran parte de los municipios del estado, así como universidades, preparatorias, la sección 54 de la SNTE y otras dependencias.

Queda claro que la burocracia parasitaria de la administración actual tiene sus prioridades por encima de los trabajadores que dignamente mantuvieron en pie al ayuntamiento por años, a pesar del desfalco que representa a las arcas del municipio el ir y venir de cada gobierno. Estos beneficios ayudarían a los jubilados que perciben su modesta pensión a amortiguar la carestía de la vida que azota al mundo en las condiciones actuales y la frivolidad con la que estos funcionarios privan a personas, en su mayoría de la tercera edad, de medios indispensables para subsistir. Los pinta de cuerpo completo. La farsa del supuesto “apoyo humanitario” que comenta el secretario Florencio Diaz habla por sí mismo, con 1642 jubilados y 3500 personas dependientes afectadas, de los cuales 8 jubilados han fallecido sin los beneficios que debieron percibir.

La oligarquía local, muy bien representada en el poder político, jamás ha visto ni verá por los trabajadores. Desde la Izquierda Socialista apoyaremos en cualquier manifestación e invitamos a la solidaridad de la población hermosillense con los jubilados y a no caer en el juego del gobierno local de querer poner a la población en su contra. Ellos afirman que el bloqueo de calles es “afectar a terceros”, cuando son ellos mismos lo que están afectando la economía familiar y por consiguiente la derrama económica generado por el goce de prestaciones que ya no perciben. Los jubilados del ayuntamiento son un ejemplo para todos nosotros, mostrándonos que solo con la unión y organización de los trabajadores se puede luchar contra las decisiones abusivas que se dan desde la cúpula y dañan a toda la población.