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Hiperinflación

Alberto Fujimori: La década que marcó al Perú para siempre

Alberto Fujimori: La década que marcó al Perú para siempre

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Si algún crédito se le puede dar a Alberto Fujimori, fue el de inventar un nuevo tipo de dictadura: una dictadura del siglo XXI. Lejos quedaron esas épocas donde, para instaurar una dictadura, se tenía que entrar a la fuerza. Él entró democráticamente y poco a poco acaparó todas las instituciones del Estado y medios de comunicación para que trabajaran a su favor. Y esto ya lo están copiando gobernantes actuales como Milei o Bukele. Entonces, podríamos analizar su gobierno desde distintos puntos.

Lucha de clases y neoliberalismo

Para fines de los años 80, el Perú llegó a tener una inflación del 2000%, escasez de productos y alta burocracia, fruto del desastroso gobierno socialdemócrata de Alan García. En las elecciones de 1990, un desconocido Fujimori llegó al poder, previa contienda en segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Este último, un conocido literato y candidato de la derecha, propuso un shock económico para poder levantar el país, algo con lo que estaban de acuerdo los economistas de la época. Fujimori en campaña prometió no hacerlo, pero una vez llegado al poder implementó un paquete de reformas neoliberales conocido como el “Fujishock” y disparó una ráfaga de decretos que incluyó: la liberalización de la economía, privatizaciones masivas (remate de empresas estatales a un precio menor que el del mercado), eliminación de derechos laborales como facilitar el despido y recortes al gasto público. Esto fortaleció el poder de la burguesía (empresarios y élites económicas) a expensas de la clase trabajadora y campesina. Al privatizar empresas estatales, Fujimori permitió que los recursos estratégicos del país quedaran en manos privadas.

El Estado como instrumento de represión

Durante el gobierno de Fujimori, se fortalecieron los aparatos represivos del Estado, especialmente en el contexto de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Si bien se logró reducir la violencia de esos grupos maoístas, esto se hizo a través de la concentración del poder en el Ejecutivo; violaciones a los derechos humanos de guerrilleros y campesinos y trabajadores que no tenían ningún lazo con estas guerrillas, además de un fuerte control autoritario. Esto fue el fiel reflejo de cómo el poder político puede utilizarse para proteger y mantener las estructuras económicas capitalistas, suprimiendo cualquier amenaza revolucionaria que busque desafiar ese orden. Fujimori implantó un terrorismo de Estado, lo que provocó que los proletarios dejaran de hacer política por temor a ser tildados de terroristas. Y hasta ahora se sigue acusando de terrorista a cualquier  grupo o colectivo que busca defender sus derechos y osa a alzar su voz de protesta.

Consolidación del capitalismo global

Fujimori promovió la apertura del mercado peruano al capital extranjero siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Esta subordinación a intereses globales podría interpretarse como una forma de neocolonialismo, porque los recursos y la fuerza laboral del país se explotaron para el beneficio de empresas multinacionales, beneficiando la economía extractiva con un nulo desarrollo interno que permitiera mejorar la situación de la clase obrera y campesina. Los dueños eran extranjeros en su mayoría y la burguesía parasitaria, como los llamaba Mariátegui, se dedicó al comercio y la intermediación, sin interés en establecer una industria nacional.

Desigualdad económica

Sus defensores indican que Fujimori estabilizó la economía y redujo la hiperinflación, y lo hizo, pero a un alto costo social. La pobreza extrema y la desigualdad persistieron (incluso se puede decir que aumentaron), y las condiciones de vida para los sectores menos favorecidos de la sociedad se mantuvieron igual. 

Alienación y desesperanza

El campesino escucha, espera, y ya no espera nada. Lo que antes era frustración ha dado paso a indiferencia. El Congreso fujimorista fue una maquinaria que solo sirvió para que unos pocos sigan en el poder, beneficiándose de leyes a medida, de tratos opacos y de lobbies que ni siquiera se molestan en disimular. Para el campesino, fue un teatro del absurdo: mientras ellos discutían si sus sueldos les alcanzaban para pagar sus lujos, el campesino siguió sobreviviendo día tras día, con lo justo, y a veces con menos que eso. Porque  la alienación no sólo es económica, como todos piensan, también es política y social.

Paternalismo populista

Lo más trágico no es el descaro, sino la resignación. ¿Cómo llegamos a un punto donde la corrupción, las matanzas y las injusticias son parte de la cotidianidad? Pese a los crímenes que cometió el régimen fujimorista, aún hay quienes en el campo lo defienden. Se aferran a los recuerdos de las ollas comunes, de los regalos populistas, de esa imagen paternalista de un “Chino” que, con una sonrisa, les daba la mano mientras con la otra robaba el futuro de una nación. Se quedaron en esa ilusión, en esa añoranza, y no ven, o no quieren ver, lo que se esconde detrás de esos gestos calculados.

Si algo nos ha enseñado esta tierra es que, por más dura que sea la realidad, siempre hay espacio para la resistencia. Nos toca organizarnos, prepararnos y reclamar lo que nos pertenece. Porque si seguimos callados, si seguimos esperando que algo cambie desde el Congreso o el Gobierno, solo estaremos alimentando un ciclo que parece no tener fin. Porque, como dijo Marx en el Manifiesto Comunista “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.

Se agudiza la miseria y la crisis social. Echemos las bases hacia un Congreso Obrero, la huelga general y un gobierno de trabajadores

Se agudiza la miseria y la crisis social. Echemos las bases hacia un Congreso Obrero, la huelga general y un gobierno de trabajadores

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Apenas han pasado unos días desde la asunción del ahora flamante Presidente Milei, y ya ha comenzado a despertar preocupación y repudio en amplios sectores de masas –incluyendo a sectores que le votaron– por las medidas que su gobierno ha anunciado hasta el día de hoy.

Los recortes que comunicó en su campaña contra lo que él llama la casta política y sus amigos, terminaron de un día al otro mostrándose como lo que en realidad es: una clara y brutal ofensiva contra las masas trabajadoras, sus derechos y sus banderas. En apenas días, el falso libertario abandonó su inaplicable teoría del anarco capitalismo, para abrazar fervorosamente y con el aplauso del FMI una política clásica macrista de recortes y endeudamientos que las masas debemos pagar, eso sí, con una crudeza y violencia cualitativamente superior al gobierno Macri.

El intento de sacar la movilidad jubilatoria para pasar a otorgar los aumentos por decreto, cuando las jubilaciones ya se encontraban en una situación lastimosa por el tipo de movilidad, en realidad busca, siguiendo las pautas del FMI, liquidar o confiscar las previsionales.

El paquete anunciado de eliminación de los subsidios a las tarifas del transporte, luz, agua y gas, el anuncio de que no habrá licitación de nuevas obras públicas por parte del Estado, y la cancelación de las licitaciones ya aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado, tiene como objetivo barrer de un plumazo cinco puntos del PBI y alcanzar el equilibrio fiscal en 2024. El peso de estas medidas recae sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores más pobres. Lógicamente, cualquier medida política económica genera un desequilibrio social y por ende una agudización de la lucha de clases.

Los anuncios del ministro Caputo de hace dos días, han desencadenado un proceso inflacionario y una crisis política semejante al Rodrigazo de junio de 1975. Aquel 4 de junio, el ministro Celestino Rodrigo anunció un plan de medidas económicas que incluían un aumento de los precios de los combustibles, una devaluación del peso argentino y una reducción de los subsidios estatales. Estas medidas tuvieron un impacto inmediato en la clase obrera y los sectores populares, ya que los precios se dispararon y el poder adquisitivo de los de abajo se vio seriamente afectado, algo bastante parecido, pero en un contexto actual de crisis peor que en ‘75.

Los anuncios de Luis Caputo en la Red X del día 14 de diciembre, no dejan duda al respecto de los recortes salvajes que se vienen: “La prioridad del gobierno es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato. Los siguientes números reflejan el ajuste inevitable que enfrentaremos a fin de lograr ese objetivo”. Por supuesto, los números hablan por sí solos de ajuste:

Las medias anunciadas ponen dinamita en los cimientos de la economía y golpean brutalmente los salarios. Milei habló de cortar la inflación y su gobierno ha provocado todo lo contrario: preparan el escenario para una hiperinflación galopante. Los combustibles pasaron a $730- el litro, descargándose dicho aumento sobre los precios de la canasta básica. El dólar oficial pasó de $400 a $800, más impuestos, poniendo más presión a la pauperizada economía de los trabajadores.

Nos dicen que no se pueden seguir subsidiando los servicios en manos del Estado, pero la trasferencia de recursos de los bolsillos de los trabajadores a las arcas de los capitalistas es simplemente monumental, mostrando su hipócrita política de cara a los trabajadores.

Pero sí se puede salvar al gran capital a través del Banco Central que se endeudará por un monto de hasta U$S 30.000 millones para rescatar la deuda privada de las empresas importadoras. Emitirá Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), a los que podrán acceder en pesos los importadores de bienes y servicios y se liquidarán en 2027 en dólares.

Se trata de una impúdica emisión de deuda del Banco Central para hacerse cargo del endeudamiento de las empresas importadoras. Lo que deben los importadores a los proveedores extranjeros, que en promedio fue de 30 mil millones de dólares en los últimos años, aumentó en 2023 a casi 58 mil millones de dólares, como resultado de la insuficiencia de divisas que generó la sequía. Esto llevó al BCRA a demorar o reducir la entrega de divisas, causando la acumulación de los impagos de las firmas con sus proveedores.

El acuerdo del gobierno Milei/Macri/Caputo con los bancos, para mantener el paquete de las Leliq el BCRA anunció que mantendrá la tasa de política monetaria. Así, la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días se mantendrá en 133%. A su vez, decidieron disminuir la tasa de pases pasivos, que se ubicará en 100%.

Como era de esperar, el demagogo que agitaba contra “la casta” se ha revelado como el más decidido defensor de los intereses de los grandes capitalistas y del imperialismo.

¿Quién paga el ajuste mileista/macrista?

En su momento planteamos que no podíamos enfrentar a Milei y su plan reaccionario con el discurso y las medidas políticas y económicas de Sergio Massa y el gobierno de los Fernández. La disyuntiva fascismo vs democracia escondía los planes de ajuste del Sergio Massa. Decíamos también que de ganar Milei, el falso profeta, la situación para las masas iba a complicarse exponencialmente. El recorte presupuestario, con motosierra en mano, claramente deberá estar acompañada con el protocolo que anunció Patricia Bullrich  contra la protesta social ante la lógica respuesta de las masas, en un intento de legitimar la represión que va a sufrir la clase obrera ya no como votantes, sino como explotados.

La lucha de clases ha entrado en una fase de agudización. Los sindicatos entrarán probablemente en una secuencia de sacudidas, como los primeros temblores antes de una hecatombe mayor. La tarea de los revolucionarios es luchar por la independencia de la clase. Es muy probable que la misma necesidad por parte de los y las trabajadores de parar la mano al ajuste hambreador sea el abono para la independencia política de nuestra clase. Los jefes sindicales de la CGT solo se pronunciaron con preocupación por las medidas anunciadas por el gobierno de Milei como además por la desocupación en la planta de los estatales y la pulverización del salario. Se presentan además como los garantes de la gobernabilidad. Pero no llaman a asambleas de base para ir preparando la respuesta obrera y popular ante lo que todos y todas sabemos que viene. Por el contrario, lo que les pesa son el manejo de las Obras Sociales y que no sea un botín que les arrebate el gobierno mileista.

Hoy Patricia Bullrich anunció un protocolo completo antipiquete. Los anuncios facultan, no ya al desalojo de manifestaciones o piquetes, sino también impedir el agrupamiento o la llegada de manifestantes a las concentraciones.

Tal protocolo da facultades a las fuerzas represivas para identificar a los participantes en las manifestaciones, y las fuerzas de seguridad actuarán –es decir, ejercerán represión– sin necesidad de orden judicial, contra los piquetes hasta liberar las vías de tránsito ocupadas. Lo mismo aplica para los piquetes obreros que bloqueen el ingreso a las fábricas. En la práctica, buscarán prohibir el derecho legítimo a la huelga. También serán identificados los vehículos que las organizaciones políticas y sociales utilicen en la organización de piquetes y protestas, pudiendo ser confiscados. A ello se le suma una medida muy acorde con el “espíritu libertariano y privatizador”: los costos financieros de la represión podrían recaer sobre las organizaciones involucradas en la forma de sanciones pecuniarias.

Para eso, el “ministerio de represión” del gobierno Milei, encabezado por Bullrich, contará con las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal.

No queda duda, que la clase dominante se está preparando para reprimir de forma sistemática a la clase obrera en el momento en que ésta se ponga de pie, para enfrentar el ajuste que ya ha comenzado a ser anunciado.

Durante una primera etapa, es lógico y natural que un sector de la clase obrera reaccione con dudas e incluso temor, ante los anuncios de ajuste salvaje y aumento de la represión. Más aún en un contexto de más de 10 años consecutivos de ajuste capitalista y empobrecimiento acelerado.

En consecuencia, una respuesta de masas por parte de la clase obrera podría tomar un tiempo que no sabemos. Qué duración tendrá ése período, no es una cuestión que pueda responderse de antemano, pero es probable que sea relativamente corto. Un sector de las masas trabajadoras necesita conocer la experiencia del actual gobierno, su ajuste y represión, antes de quitarse de encima las dudas de dar tiempo a un gobierno que recién asume, y entrar decididamente en el escenario de la lucha de clases.

Lo mismo aplica para el sector de trabajadores que, buscando una salida desesperada al ajuste massista votó a favor del Milei para castigar a “la casta”. Pero en los hechos la casta está gobernando hoy con todas las de la ley. Las feroces medidas antiobreras y la criminalización de la protesta legítima, seguramente empujen a capas de este sector hacia la lucha en las calles con el conjunto de la clase obrera.

Mientras tanto, desde la izquierda y la vanguardia del movimiento obrero debemos continuar avanzando en la tarea de preparar las luchas que vienen. Empleando los métodos democráticos de nuestra clase, promoviendo el debate abierto y fraterno en cada centro de trabajo, fabrica, universidad o barrio.

La izquierda más que nunca debe romper con sus políticas del trabajo parlamentario en sí mismo en el intento de seguir ganando uno o dos parlamentarios más, cuya estrategia electoralista le imposibilitó aprovechar la decepción de las masas con el gobierno de Fernández. El trabajo de los revolucionarios es el derrocamiento del sistema en su conjunto.

Debemos preparar la etapa que viene, la nueva era en manos de Milei/Macri, nos debe encontrar sentando las bases para un Congreso Obrero que nos permita, como un solo cuerpo y en la más amplia unidad, construir un plan de lucha colectivo contra el ajuste, planteando la consigna de la huelga general, en la perspectiva de un Gobierno Obrero. No hay tiempo que perder.

¿Venezuela al borde de un estallido social?

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Escrito por: Jorge Martín

El agravamiento de la crisis económica está haciendo que la vida se torne insoportable para los trabajadores en Venezuela. La destrucción del poder adquisitivo de los salarios se ha combinado con el colapso de toda la infraestructura básica (agua, electricidad y transporte público). Los trabajadores en diferentes sectores han comenzado a organizarse y protestar, exigiendo salarios más altos; mientras los campesinos luchan contra los intentos de destruir la revolución agraria de Chávez.

He visitado Venezuela cada año por los últimos 15 años, y en mi visita más reciente, el pasado mes de junio, quedé golpeado por el severo y agudo deterioro de las condiciones de vida.

La crisis económica en Venezuela entró en su cuarto año y, en lugar de mitigarse, está empeorando. La hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los salarios -hasta el punto de que el nivel actual del salario mínimo, después de que el gobierno lo aumentó en junio a 5 millones de bolívares mensuales-, apenas puede comprar un kilo de carne, un pollo completo, o un poco más que un cartón de 30 huevos.

La escasez de billetes obliga a muchos trabajadores a pasar largas horas haciendo cola en las sucursales bancarias y en los cajeros con el fin de retirar la cantidad de dinero necesaria para pagar el transporte. Los propietarios de los autobuses que operan en las líneas regulares están exigiendo aumentos de tarifas abruptas para cubrir los precios exorbitantes de repuestos, cauchos, aceite de motor, etc. El gobierno ha permitido algunos aumentos, pero los propietarios de autobuses los consideran insuficientes, y han recurrido a negarse a operar o hacerlo sólo como “piratas”: deteniéndose fuera de las paradas reguladas y cobrando a los clientes precios mucho más altos. Los propietarios de camiones ahora han comenzado a reemplazar los autobuses como un medio de transporte público. Estos camiones abiertos no son seguros para el transporte de pasajeros y ya han causado varios accidentes.

Colapso de la infraestructura

La gente tiene que hacer cola durante largas horas antes de poder acceder a cualquier forma de transporte. En los barrios de los cerros de Caracas, el transporte casi ha desaparecido y la gente tiene que subir y bajar por las laderas empinadas que separan sus casas de las estaciones de metro. El Metro es casi la única forma de transporte que funciona, y desde agosto del año pasado se ha vuelto gratis, ya que los boletos cuestan más imprimirlos, que la tarifa que representan, así como el hecho de que ya no había monedas ni billetes de denominaciones suficientemente bajas para pagar las tarifas (que no habían aumentado con la inflación).

Sin embargo, ahora se supone que el Metro debe hacer frente al transporte de muchos más pasajeros que ya no pueden usar los autobuses, porque no pueden acceder al dinero en efectivo o porque los autobuses no están en funcionamiento. El sistema Metro también se ha visto afectado por la falta de mantenimiento, la mala administración, la falta de repuestos, el ausentismo laboral, etc. Los trenes son mucho menos frecuentes y se detienen durante largos períodos en cada estación, y como resultado están insoportablemente abarrotados.

Grandes partes del país, incluida la capital, Caracas, ahora sufren cortes regulares de agua, algunas áreas solo reciben agua corriente una o dos veces por semana, y en algunos casos cada 10 días. Los cortes de electricidad también son frecuentes, y en lugares como Maracaibo han provocado protestas callejeras ya que las personas no pueden soportar el calor y la descomposición de los alimentos en sus congeladores y refrigeradores. Las razones principales de este colapso en la infraestructura son la corrupción, la mala gestión y la falta de mantenimiento, recursos y trabajadores.

La hiperinflación también está deteniendo lentamente a toda la economía. Muchos trabajadores todavía están empleados en fábricas donde no se produce nada. A veces van a trabajar, sólo para mantener ése ingreso, pero únicamente por unas pocas horas, luego pasan el resto del día persiguiendo dinero en efectivo, comida o tal vez haciendo algunos negocios en el sector informal para complementar sus salarios, que ya no les permiten alimentar a sus familias.

Una camarada que labora en una imprenta dijo que no habían recibido ningún pedido durante seis meses. Las plantas de ensamblaje de automóviles en Carabobo no han ensamblado una sola unidad desde diciembre de 2016. Las empresas han ofrecido paquetes de despido de trabajadores (“cajita feliz”) y muchos, desesperados, los han tomado, aunque la cantidad que reciben en Bolívares pierde su valor en solo unos pocos meses.

En estas condiciones, muchos se han visto obligados a emigrar. Aunque las cifras están en disputa, estamos hablando de millones (quizás de 2 a 4 millones) que han abandonado Venezuela en los últimos años. Un fenómeno que originalmente afectaba principalmente a las capas medias y profesionales ahora se está extendiendo a las familias de clase trabajadora, que venden todos sus bienes a fin de enviar a uno o más miembros de la unidad familiar al extranjero para ganarse la vida y enviar unos dólares en remesas. Mientras que las clases medias se van en avión y van a Europa, Estados Unidos o Argentina, la clase trabajadora se va por tierra a través de Colombia hacia Perú, Bolivia o Chile. Allí enfrentan condiciones de explotación horribles, pero al menos pueden enviar quizás 50 dólares al mes de regreso a su país, lo que brinda un alivio bien recibido en un momento en que el salario mínimo equivale a aproximadamente US $ 1,50 en el mercado negro.

La cantidad de trabajadores que emigran está teniendo un impacto en muchas instituciones públicas, incluidas Corpoelec (electricidad), CANTV (telecomunicaciones), Movilnet (teléfonos móviles e Internet), etc., que se suma al colapso de la infraestructura. Incluso en la fábrica textil Heroínas de Aragua, ocupada y bajo control de sus trabajadoras, tres trabajadoras habían abandonado el país, de una fuerza de trabajo de menos de 50.

La crisis económica también está destruyendo una de las conquistas de la revolución: la educación universitaria gratuita. Tanto los maestros como los estudiantes están abandonando las universidades en grandes cantidades, ya que el poder adquisitivo de los salarios se ha destruido y los estudiantes se ven obligados a ganarse la vida para ayudar a sus familias o se sienten obligados a emigrar. En el Colegio Universitario de Caracas, compañeros me dijeron que en algunas carreras hasta el 80 por ciento de los estudiantes abandonaron sus cursos, antes de concluir el año lectivo.

Esto a pesar del hecho de que la universidad ofrece a los estudiantes tres comidas gratis por día. Aun así, para muchos estudiantes que provienen de familias de clase trabajadora en Los Valles del Tuy, no vale la pena continuar sus estudios ya que ni siquiera pueden obtener el efectivo necesario para pagar el transporte. Un camarada de la UCV dijo que 1,500 estudiantes han abandonado sus cursos este semestre solo en su facultad. La situación es similar en instituciones bolivarianas como la UBV, UNEFA y otras.

Las remesas de los migrantes venezolanos que trabajan en otros países proporcionan una de las válvulas de escape, que hasta ahora han impedido una explosión social. Se calcula que las remesas ascendieron a un total de US $ 2.000mn el año pasado y aumentarán a US $ 6.000mn este año.

La otra válvula de escape es proporcionada por el CLAP: paquetes de alimentos subsidiados vendidos por el gobierno. Estos se proporcionan una vez al mes o, en algunas áreas, cada 20 o 15 días, y contienen una cantidad de alimentos básicos (arroz, pasta, harina de maíz, aceite, etc.). Los productos en las cajas CLAP son principalmente importados (de México, Colombia, Turquía, etc.), lo que agrava el agotamiento de las reservas internacionales del país. El gobierno también implementó una política de bonos, que se pagan periódicamente a millones de familias para complementar salarios con los que no se puede vivir. Estos también se pagan imprimiendo dinero inorgánico.

También se debe subrayar el hecho de que a través de Misión Vivienda, la Revolución Bolivariana ha proporcionado 3 millones de hogares a familias de clase obrera que en general no pagan alquiler. El porcentaje de los salarios invertido en alimentos ha aumentado a casi el 100 por ciento: las personas casi se han dado por vencidas a satisfacer pequeños lujos como comprar ropa nueva, zapatos o salir a tomar algo. Además, cuando los trabajadores reciben sus salarios, tienen que gastar inmediatamente la cantidad total, generalmente comprando alimentos, ya que el dinero perderá su valor en cuestión de días o semanas.

Además de todas estas dificultades, el sistema de salud pública también se ha visto severamente afectado por la crisis. Los medicamentos son muy difíciles de encontrar y, cuando están disponibles, son muy caros. Si se tiene la desgracia de terminar en el hospital, debe proporcionarse su propio medicamento y, en muchos casos, también pagar los materiales e insumos médicos. La crisis no sólo está afectando a los hospitales, sino también a la Misión Barrio Adentro, una de las conquistas de la revolución.

La lucha de clases en el campo

En el campo, hay una ofensiva coordinada para desmantelar los “logros” de la reforma agraria que se llevó a cabo bajo Chávez con la expropiación de grandes extensiones de tierra, que fueron entregadas a las comunas campesinas. Los capitalistas terratenientes compran a los jueces locales, a los funcionarios del Instituto de Reforma Agraria (INTI) y a los oficiales de la Guardia Nacional para desalojar violentamente a los colectivos campesinos de las tierras que les habían sido otorgadas legalmente por el INTI. En algunos casos, los campesinos han sido arrestados por la Guardia Nacional, en otros amenazados o asesinados por matones contratados por los terratenientes (sicarios), que en algunos casos están conectados a la burocracia estatal y en otros a la oposición reaccionaria.

Los peores casos de esta contraofensiva, que los activistas revolucionarios describen como una “restauración del latifundio”, tienen lugar en la región al sur del lago de Maracaibo, pero también se encuentran ejemplos en Barinas, Apure, Yaracuy, Portuguesa, etc. A pesar de las solemnes promesas del presidente Maduro durante la campaña electoral, de que estos ataques a las tierras recuperadas por los campesinos iban a cesar, han continuado.

La guerra de baja intensidad contra la Comuna El Maizal es parte de esta contraofensiva. Recientemente, la burocracia de la empresa estatal Agropatria (dirigida por oficiales militares) les negó las semillas y el fertilizante necesarios para el ciclo de siembra. Cuando intentaron adquirirlos en el mercado negro (que se suministra directamente desde Agropatria), ¡fueron arrestados brevemente por cargos de compras ilegales! El movimiento campesino respondió tomando las instalaciones de Agropatria, exigiendo soluciones.

Otro ejemplo de cómo la burocracia, la corrupción y la mala gestión amenazan las conquistas de la revolución, es el caso de la granja de cerdos “Porcinos del Alba”, en el Estado Lara. La granja fue abandonada por el gerente designado por el Estado y los cerdos estaban muriendo. Recientemente los comuneros de El Maizal decidieron ocuparla y ponerla a producir ellos mismos.

Reacción

Toda esta situación se ha vuelto insoportable. El gobierno prometió medidas para lidiar con la guerra económica antes de las elecciones a la Asamblea Constituyente hace un año, pero no se ha hecho nada. Maduro prometió restablecer la “prosperidad económica” si ganaba las elecciones presidenciales del 20 de mayo, pero una vez más, nada ha sucedido realmente y las condiciones para los trabajadores han continuado deteriorándose.

Recientemente, el gobierno propuso la idea de negociar los precios de 50 productos alimenticios básicos con los capitalistas. Se prometió un anuncio pero nunca llegó. Está claro que los productores no aceptarán ninguna forma de control de precios en una situación de hiperinflación aguda. No tiene absolutamente ningún sentido comercial para ellos.

En las últimas dos semanas, un creciente número de intelectuales de izquierda chavistas han publicado artículos muy críticos, reprendiendo la inacción del gobierno en el campo económico y advirtiendo de la creciente rabia que se está acumulando entre las masas bolivarianas.

Los trabajadores y campesinos están cada vez más impacientes y están empezando a tomar las calles. La Plataforma de Lucha Campesina ha organizado una marcha a pie hasta la capital bajo el nombre de “la Marcha Campesina Admirable”, en defensa del “legado agrario de Chávez” y en contra del “sicariato” (asesinato selectivo de activistas campesinos).

Las enfermeras de hospitales a lo largo de todo el país han estado protestando durante semanas, algunas de ellas en huelga, otras sosteniendo piquetes fuera de los hospitales. Sus demandas se pueden resumir en lo siguiente: “queremos un salario decente, no queremos emigrar”. Cuando el gobierno les ofreció una entrega más regular de las cajas de CLAP y les pidió que hicieran sacrificios, respondieron que no querían caridad sino salarios con los que puedan vivir, y que harían sacrificios si pudieran ver a altos funcionarios y ministros del Estado sufriendo las mismas condiciones que la gente trabajadora común, en términos de salarios, transporte, etc.

Existe la amenaza de que si las demandas de las enfermeras no son satisfechas, habrá una renuncia masiva de trabajadores de la salud, lo que completaría el colapso del sistema.

Los trabajadores de CANTV, Movilnet, empresas cementeras, el Metro de Caracas y la compañía eléctrica han llevado a cabo protestas y manifestaciones, y amenazan con irse a la huelga. La situación está llegando a un punto de ebullición. Esta semana hubo protestas de los trabajadores de CANTV que fueron más allá de lo que los líderes sindicales habían pedido. Mientras querían una protesta controlada para entregar una carta a la gerencia de la empresa, los trabajadores ocuparon las oficinas centrales de la compañía y trancaron la vía pública.

Ahora, la federación de trabajadores de Corpoelec, Fetraelec, ha llamado a una huelga general nacional, que comenzará el 23 de julio. El estado de ánimo es tal que los trabajadores de CANTV, Movilnet y otros centros de trabajo podrían unirse. El comienzo de un movimiento genuino por parte de los trabajadores debe ser bienvenido y es una señal alentadora. De una situación de desesperación, desesperanza y desmoralización, nos estamos moviendo hacia una en la que los trabajadores se están moviendo hacia la acción colectiva en un intento de resolver sus problemas.

Política económica

Sin embargo, surge la pregunta: ¿De dónde vendrá el dinero para satisfacer las demandas salariales necesarias y justas de los trabajadores? Este es el problema crucial. Existe un agudo debate entre las diferentes tendencias del movimiento bolivariano acerca de los motivos de la crisis y qué políticas económicas deberían usarse para combatirla. Algunos, como el ex ministro Jesús Farías, argumentan a favor de un abandono total de los controles cambiarios, los cuales a su parecer no han funcionado. Otros, como el ex ministro Luís Salas y la economista Pascualina Curcio, dicen que la devaluación de la moneda es principalmente “inducida” por un ataque concertado al Bolívar, llevado a cabo a través de sitios web que actúan como indicadores del tipo de cambio en el mercado negro (como Dollar Today y otros).

Esto es incorrecto ya que confunde el síntoma con la causa. La existencia de un mercado negro de dólares no es el resultado de la existencia de un sitio web que dice que los dólares valen 3,5 millones de bolívares. Por el contrario, es la escasez de dólares en relación con la demanda lo que eleva su precio. Los capitalistas participan en una fuga de capital porque no tienen confianza en que invertir su dinero en bolívares en la economía local les garantizará lo que ellos consideran una tasa razonable de ganancia. En el fondo, la razón principal de esto es el hecho de que, en Venezuela, tuvo lugar una revolución que alentó a los trabajadores, entre otras cosas, a tomar las fábricas. También hubo expropiaciones por parte del gobierno en el pasado. Ningún capitalista sensato invertiría en tales circunstancias.

A esto se agrega el hecho de que el gobierno, al implementar el control de cambio, ha estado asignando una cantidad limitada de dólares a precios subsidiados para las importaciones. La economía venezolana, fuertemente distorsionada por la producción de petróleo, depende en gran medida de las importaciones. El mecanismo de dólares subsidiados para la importación, sin embargo, se convirtió en un canal para una transferencia masiva de la renta petrolera hacia el sector privado. Las empresas que necesitan importar (y otras que no), solicitan dólares preferenciales, que luego intercambian en el mercado negro, obteniendo ganancias masivas sin la necesidad de producir o importar nada. Cientos de miles de millones de dólares de la renta petrolera han sido entregados a los capitalistas de esta manera.

La crisis económica venezolana fue provocada por el colapso del precio del petróleo después de 2013, pero lo que la crisis reveló claramente es la imposibilidad de regular el capitalismo. Si se intenta hacerlo, al imponer controles de precios, controles de divisas, leyes estrictas de protección laboral, etc., se terminará con una fuga de capital y una huelga de inversiones de capital.

Por supuesto, la crisis económica venezolana se ve agravada por la corrupción, la mala administración, las sanciones imperialistas y el sabotaje económico deliberado. Pero estos son factores agravantes, no la causa principal de la crisis.

Farías y otros identifican parcialmente el problema de los controles. Su solución es levantar todos los controles y por lo tanto, permitir el funcionamiento “normal” del capitalismo. Esa es una posible salida, una en la que los trabajadores deberán pagar el costo de la crisis. Si se eliminan todos los controles de la economía y se permite que el capitalismo salga de la crisis utilizando sus propios métodos, sabemos muy bien cómo se hará todo ello. Habrá despidos masivos de trabajadores, cierre de fábricas, destrucción de las fuerzas productivas, privatización de empresas estatales, etc.

Sin embargo, las soluciones propuestas por el grupo de economistas en torno a Luís Salas y Pascualina Curcio, tampoco constituyen una solución. Básicamente proponen controles renovados, esto es, la política que ya ha fallado. Curcio propone enfrentar la devaluación de la moneda (que atribuye al papel pernicioso de un sitio web) mediante la creación de una nueva moneda respaldada por las reservas de oro en el banco central. Eso sin duda resolvería un problema. El Bolívar-Oro sería una moneda sólida, que ofrecería seguridad a los capitalistas. De hecho, dado que el oro se puede medir por su precio en dólares en el mercado mundial, lo que Curcio propone es la vinculación de la moneda con el dólar a un tipo de cambio dado.

El problema con esta propuesta, del que Curcio parece no darse cuenta, es que el gobierno no podría imprimir dinero para pagar el déficit fiscal, que actualmente asciende a alrededor del 20 por ciento del PIB. Eso significaría un recorte masivo en el gasto público, algo que Curcio ciertamente no defiende, pero que sería una consecuencia necesaria de la política que ella defiende. Por otro lado, si el gobierno imprimiera dinero sobre la base de la misma cantidad fija de oro, ello conduciría inevitablemente a la inflación, y nos colocaría de nuevo en la posición en la que estamos ahora.

Parece que el gobierno sigue una política a medio camino entre aquellos que defienden mantener los controles y aquellos que están a favor de levantarlos. Por ejemplo, el gobierno está de facto devaluando de forma controlada la moneda para acercar su precio a la tasa del mercado negro. Los controles de precio han dejado de existir en la práctica, en tanto los 50 precios acordados nunca fueron anunciados. El gobierno hace llamado tras llamado a los capitalistas privados a invertir, ante lo cual ellos exigen total liberalización (de precios, de cambio y del mercado laboral). Ahora el gobierno está llamando a los capitalistas turcos a invertir. Dados los extremadamente bajos salarios reales en Venezuela, quizás algunos se vean tentados a hacerlo. Ello no es una solución real, y en ningún caso, no corresponde a los intereses de los trabajadores venezolanos, que no pueden sobrevivir con sus salarios actuales.

En todo caso, la persistencia de la situación actual representa ya un paquete de ajuste masivo, que los trabajadores están pagando con la destrucción del poder de compra de los salarios.

¿Cuál es la solución entonces? La única salida a la crisis que beneficiaría al pueblo trabajador de Venezuela sería la expropiación de los capitalistas, banqueros y terratenientes, a fin de establecer una economía planificada democráticamente bajo control obrero. En los últimos 15 años, Venezuela ha demostrado numerosos ejemplos de la superioridad del control obrero tanto sobre la administración capitalista privada como sobre la administración burocrática en el sector público. Sin embargo, la burocracia estatal y el gobierno han asfixiado el control obrero, que en este momento se encuentra en su punto más bajo.

En mi última visita, tuve el privilegio de visitar Alina Foods, en Mérida, una fábrica de bocadillos (tostones) que ha estado funcionando bajo control obrero por dos años. Los trabajadores han defendido las instalaciones cuando los dueños huyeron (después de haber hecho un montón de dinero especulando con dólares preferenciales para importación), y después comenzaron a producir bajo su propio control. Ellos han tenido que enfrentar todo tipo de dificultades, incluyendo el sabotaje abierto por parte del anterior gobernador “bolivariano”, de viceministros, oficiales del ejército a cargo de otras empresas estatales, etc. No sólo han mantenido la producción sino que ahora han incorporado a nuevo turno completo de más de 30 trabajadores. Este es el ejemplo a seguir.

El gobierno de Maduro insiste en que hay una guerra económica contra la Revolución Bolivariana. ¿Por qué entonces está haciendo un llamado a aquellos que llevan adelante esta guerra a cambiar sus métodos e invertir productivamente para satisfacer las necesidades del pueblo? ¡No sólo eso, sino que en medio de esta guerra se le siguen dando al enemigo los dólares preferenciales para hacer la guerra!

Agresión imperialista y golpe militar

Claramente, la crisis económica es la amenaza inmediata y principal que enfrenta la Revolución Bolivariana, o, para ser más exactos, lo que queda de ella, que puede encontrarse en las comunas campesinas, en las fábricas bajo control obrero, en las comunidades urbanas organizando la distribución de alimentos, y en los trabajadores del sector público, que se mantienen en sus puestos de trabajo aún y a pesar de todas las dificultades.

Sin embargo, el imperialismo no ha desistido en sus intentos de poner punto final, de una vez por todas, a esta experiencia revolucionaria. Ahora ha dado a conocerse que en Agosto del año pasado, el presidente norteamericano Donald Trump, solicitó a sus asistentes organizar un plan para invadir a Venezuela. El usó los ejemplos de Panamá y Granada para demostrar que un plan de tal naturaleza podría funcionar. Sus asistentes insistieron que no era buena idea… no porque sería antidemocrático, o contra las leyes internacionales. ¡No! Eso nunca le ha preocupado al imperialismo norteamericano. Ellos argumentaron en contra del plan porque pensaban que sería contraproducente, y tienen razón. Cualquier intento de invasión militar por parte de los EEUU en Venezuela, generaría inmediatamente un movimiento armado de resistencia antiimperialista que involucraría a millones y tendría una reacción en cadena a través del continente y más allá.

Sin embargo ello no detuvo a Trump en cuanto a plantear la cuestión en una reunión con cuatro presidentes latinoamericanos en Septiembre. Podemos apostar que aquellos involucrados fueron los presidentes colombiano, mexicano, brasileño y argentino. Todos ellos tuvieron la misma opinión y se opusieron a la invasión. En cualquier caso, ello significa que la cuestión de una invasión militar ha sido discutida seriamente, lo cual es por sí mismo un absoluto escándalo. ¡Tan sólo imaginen a cualquier otro país en el mundo discutiendo sobre invadir a los EEUU porque no les gusta su presidente!

De hecho, los sectores más astutos del imperialismo norteamericano probablemente están discutiendo sobre una táctica que involucre incrementar las sanciones desde los EEUU y otros países en América Latina con el fin de poder lograr un “cambio de régimen” en Venezuela, a través de mecanismos de asfixia económica. No obstante, se trata de agresión imperialista, tan sólo que utilizando diferente instrumentos.

Lo que es aún más preocupante que eso son las recientes revelaciones sobre un plan de golpe dentro del ejército venezolano. De acuerdo a una investigación de Bloomberg, un grupo de oficiales (capitanes, coroneles y generales de los cuatro componentes del ejército) habían planeado un golpe militar que debió llevarse a cabo hace un año, durante la época de las guarimbas opositoras. El golpe, cuyo nombre clave era “Operación Constitución”, implicaba tomar el palacio presidencial de Miraflores y el Fuerte Tiuna, y llevar a juicio al presidente Maduro. Otra conspiración similar fue la que llevaba por nombre clave “Operación Armagedón”, e implicaba el asesinato del presidente Maduro durante un desfile militar.

Estos planes fueron retrasados en tanto el ejército frustró antes otra conspiración golpista. Los oficiales involucrados en la conspiración decidieron entonces retrasar la ejecución del plan hasta este año durante los preparativos de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. El reporte de Bloomberg dice que los oficiales militares efectuaron algunas de sus reuniones secretas en Colombia. Por supuesto, las agencias colombiana y estadounidense estaban al tanto de los planes golpistas, y aunque no les dieron apoyo abierto, se hicieron de la vista gorda ante los mismos. Podemos tener certeza de que el reporte de Bloomberg resta importancia al papel jugado por la inteligencia colombiana y de los EEUU. ¡Cualquier golpe militar de derecha en Venezuela, comenzaría por confirmar las opiniones de los EEUU y Colombia!

Estos reportes revelan que el malestar dentro de las fuerzas armadas es mucho más profundo que lo que el gobierno dice. El gobierno Maduro ha sido cuidadoso en mantener la lealtad del alto mando militar, dándole participación en la economía (a través de compañías como CAMIMPEG y AgroFANB), designando oficiales militares para dirigir empresas estatales (desde PDVSA hasta Aceites Diana), donde han sido notoriamente ineficientes y corruptos, y más recientemente, elevando los salarios de los oficiales de alto rango.

Sin embargo, si la situación de colapso económico continúa agudizándose y se combina con una ola de protestas obreras y campesinas, es probable que una sección de las fuerzas armadas pueda decidir intervenir y tomar el poder, bajo la excusa de tener que “enfrentar el caos económico con mano dura”.

Un golpe militar sería un desastre para el pueblo trabajador, en tanto sería utilizado ya sea directamente, o mediante una “transición tecnocrática”, para implementar el “ajuste necesario” que la clase dominante exige en Venezuela.

La situación en Venezuela es por lo tanto crítica. Al final, los trabajadores y los campesinos han empezado a moverse, ofreciendo un atisbo del camino a seguir. Sólo el pueblo trabajador de Venezuela puede ofrecer una salida a la crisis actual.