Mariana Sánchez Dávalos era egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y realizaba su servicio social en una clínica rural en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo. Con tan sólo 26 años cumplidos, Mariana se mudó a una comunidad rural para cubrir sus horas prácticas en la clínica antes mencionada. A su mamá, en una de las pocas videollamadas que pudo realizar por la difícil señal de internet y telefónica, le dijo que uno de sus compañeros la acosaba, sin imaginar que Mariana sería víctima de agresiones sexuales.
Éstas las refirió a la responsable de las estancias médicas, quien le dijo que se tomara unos días para “superar el trauma” y que volviera porque no le podía hacer un cambio o darla de baja del programa.
Un día antes de ser encontrada sin vida, Mariana habló con su mamá y le dijo angustiada que la seguían acosando, que ya no lo soportaba y que volvería a hablar con la responsable de las estancias médicas. Fue hallada sin vida el pasado 28 de enero al interior de su domicilio e incluso simularon un suicidio. Esa fue la versión que la responsable de las estancias médicas y las autoridades le dieron a la madre de Mariana que ella se había quitado la vida.
Esta historia no es nueva, es terrorífica; es maquiavélica; es, lamentablemente, un recurso normalizado en México. Así le sucedió a Mariana Lima Buendía. Su mamá, Irinea Buendía, luchando contra la impunidad, no solo consiguió justicia en su caso (si es posible acaso conseguir justicia plena bajo el capitalismo) sino también que se generarán precedentes con el caso de Mariana Lima, que “obliga” a investigar estos casos con perspectiva de género. También le ocurrió a María de Jesús P. Zamudio, Marichuy, estudiante del IPN asesinada y arrojada del 5° piso de su departamento después de una serie de agresiones sexuales. Yesenia Zamudio, mamá de Marichuy, también ha venido dando una batalla sin tregua en las calles.
También le ocurrió a Sara Abigail, hermana de una de nuestras compañeras, y a Bianca Alejandrina (Alexis), simpatizante y amiga de nuestra organización en Cancún, casos por los que seguimos pidiendo justicia. Los casos de la mayoría de ellas, también fueron calificados como suicidios y fue la propia presión de la movilización la que arrancó la verdad histórica de las autoridades de lo que realmente ocurrió.
Por la franca viralización de la noticia de Mariana Sánchez, las autoridades del gobierno en turno salieron a pronunciarse. Fue Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, quien actualmente sustituye a AMLO en las conferencias mañaneras, quien dijo que autoridades federales en coordinación con las del estado buscan garantizar un seguimiento al caso con perspectiva de género. Además, señaló: “Esta situación de Mariana nos indica que falta un camino muy largo para combatir y erradicar la violencia. Desde el principio, al primer contacto que tuvo con las autoridades, sufrió nuevamente violencia y criminalización a su persona”. Solicitó a las autoridades locales cooperar con las diligencias necesarias y señaló que hubo irregularidades antes y después del feminicidio. Sin embargo, las enormes irregularidades no han implicado medidas tan mínimas como aplicar sanciones administrativas.
En primera instancia, la denuncia de Mariana sobre abuso sexual fue ignorada y minimizada por las autoridades académicas y administrativas en turno, que fue la omisión agravante del hecho ya que esta omisión desencadenó que los agresores de Mariana siguieran teniendo la capacidad de asediarla hasta que terminó en su feminicidio. En segunda instancia, las autoridades no fueron quienes se comunicaron con la madre de Mariana, fueron sus compañeras de servicio, además sólo le permitieron ver el cuerpo de Mariana 20 minutos, después lo cremaron sin su autorización. Ahí se completó la impunidad del Estado y autoridades académicas, ya que no levantaron el cuerpo ni se hicieron las diligencias con perspectiva de género, si lo hubieran hecho, la cadena y custodia de evidencias se quedarían intactas. Su cuerpo no tuvo que ser cremado. Acción tras otra que se ha realizado, ha vulnerado y revictimizado a Mariana y es que esta historia también la sabemos porque el sistema jurídico mexicano actúa así de forma sistemática encubriendo la franca incapacidad de los operadores de justicia del Estado mexicano que además están marcados por el machismo que impera en nuestro país.
Esto es violencia capitalista
El de Mariana no es un caso aislado, es violencia estructural. Es común que una victima de feminicidio haya recibido anteriormente otro tipo de violencia y buscado ayuda, es igualmente común que las instituciones del Estado no brinden la ayuda necesaria. Cuando el crimen se ha cometido, los peritajes se hacen mal, las propias instancias del Estado encargadas de esto, suelen borrar evidencia y eliminan la posibilidad de que se pueda comprobar el crimen. Las instituciones de justicia, en vez de ayudar a las víctimas, las revictimizan y actúan no sólo impune, sino lentamente. En este caso de Chiapas los propios amigos de Mariana tienen miedo porque la propia universidad, el poder judicial, etc. actúan amenazantes y protegiendo a los criminales.
Olga Sánchez Cordero se ha mostrado más empática que el propio AMLO hacia estos tipos de problemas. Pero no basta la empatía, se requiere justicia. Cuando el gobierno federal actúa en un caso de feminicidio, y en general, cuando un caso de feminicidio obtiene algún grado de justicia pronta, es porque se actúa bajo la presión de un movimiento de masas, pero la inmensa mayoría de los casos sigue en impunidad. Por ejemplo, cuando se tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Olga se reunió con familiares víctimas de feminicidio y desaparición, desde gobernación se daría seguimiento a éstos casos, pero cuando la presión disminuyó el seguimiento y apoyo del gobierno federal se esfumó.
El gobierno de AMLO, y Olga con él, buscan presionar a las instituciones “de justicia” y hacer algunas reformas legales. Pero el sistema judicial, junto al Estado, está podrido. Se debe barrer con él. Los familiares y pueblo organizado en acción, suelen ser más efectivos en investigar estos casos que las propias instituciones estatales. Se debe cambiar completamente el sistema judicial para que este sirva a las víctimas y a los trabajadores, se deben instaurar tribunales populares y policías comunitarios bajo control del movimiento de masas de obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, etc.
Sin alternativas para las mujeres y la juventud
El caso de Mariana Sánchez no puede separarse del contexto actual en el que nos encontramos, vivimos en el peor periodo del sistema capitalista, en tiempos de crisis, esta situación se vive con mayor crudeza en los países ex coloniales como México, el capitalismo es incapaz de garantizar derechos tan básicos para las mujeres como la propia vida, a diario más de 14 mujeres son asesinadas en América latina y de esas casi 10 son de México.
Pese a que el Estado mexicano ha implementado una serie de leyes, en donde se enuncia como principio la batalla por garantizar una vida libre de violencia, algunas de ellas tienen un corte claramente punitivo. Mientras el estado se refuerza así mismo y a sus instituciones policiales con estas medidas, al mismo tiempo la militarización, en el contexto de crisis económica, pone de manifiesto que se disparan las tasas de violencia de género, ahí donde el machismo germina como cáncer y se recrudece en ambientes de podredumbre y barbarie.
Somos las mujeres de las clases trabajadora y campesina las que somos más vulnerables de sufrir violencia y si esto ocurre queda impune, porque la justiciabilidad está ligada a la clase social a la que se pertenece y el Estado actual sigue siendo en esencia el mismo que heredamos del pasado.
La juventud que hoy vive en nuestro país no tiene ninguna alternativa real bajo el capitalismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Vivimos sin esperanza de contratos laborales dignos, ya no digamos colectivos; sin esperanza en jubilaciones, a menos que de tu bolsillo comiences a depositarle a tu AFORE. La 4t está plenamente rebasada y le pone al capital en charola de plata la precariedad de la juventud y la omisión de la violencia machista. Y es que, en este contexto de crisis económica, hace falta más que buenas intenciones. Bajo el margen del capitalismo no se pueden asegurar ni siquiera los derechos humanos mínimos que, en tiempos de bonanza del sistema, a regañadientes se le podría arrebatar.
La precarización de las condiciones de los trabajadores de la salud en el mundo se ha cristalizado con la pandemia por COVID-19. En México, hay miles de trabajadores de la salud que ahora mismo son contratados temporalmente para atender la crisis sanitaria. En el momento que ya no sean necesarios ellos, regresarán a engrosar las filas de la precariedad en clínicas particulares diseñadas para los barrios populares en donde cobran 35 pesos la consulta. Una alternativa precaria pero real para los miles de a pie que no tenemos seguridad social y cruda para las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
Los residentes y estudiantes de medicina, históricamente, viven en clínicas y hospitales en condiciones deplorables. Bastaría revisar el contexto del movimiento médico de los años 60 para ver que las demandas de entonces son más vigentes que nunca.
La juventud y las mujeres no tenemos futuro digno bajo el régimen del capital, por ello debemos emprender una batalla real, independiente de los operadores del capitalismo y de combate para conquistar nuestro futuro. Sólo así, Mariana tendrá justicia verdaderamente, solo así evitaremos que nos sigan faltando más.