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Escuela de Derecho Ponciano Arriaga

Comunicado de la asamblea general de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga

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Lunes 24 de febrero de 2020

Comunicado a estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en relación al escrito emitido por la C. Raquel de la Luz Sosa Elizaga

La C. Raquel Sosa, Directora General del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, no se ha permitido acudir a dialogar con ningún miembro de la comunidad edpamita, ningún alumno, profesor o administrativo en nuestro recinto universitario, ubicado en la calle Luis González Obregón 9, Col. Centro Histórico, C.P 06020 de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México; ella junto con la C. Verónica Castro Flores quien funge con las funciones de Dirección-Coordinación Académica, por voluntad propia se marcharon dejando nuestro recinto universitario sin presencia de alguna autoridad desde el lunes 17 de febrero de 2020.

Respecto a los párrafos segundo, tercero y cuarto de dicho documento, la comunidad estudiantil únicamente sabía que día a día el personal administrativo nos auxiliaba para asuntos académicos, desconocemos los términos a los que fueron engañadas para firmar dicho convenio, de igual forma consideramos como un sensible error haber publicado datos personales, acción que puede desencadenar graves consecuencias a la esfera jurídica de los miembros de nuestra comunidad. Por otro lado, es de conocimiento colectivo de la inestabilidad en relación a pagos oportunos en tiempo y forma, no sólo el personal administrativo lo ha padecido sino también el cuerpo académico, personal de limpieza y de seguridad, todo ello mermando en el adecuado funcionamiento de nuestras actividades universitarias; y que corresponderá a su propia voluntad, de aquellos afectados, echar a andar el concerniente organismo jurisdiccional. Cabe puntualizar que las compañeras administrativas, en ningún momento se negaron a abandonar el inmueble, ellas por su propia voluntad se retiraron de nuestro plantel.

Respecto al quinto párrafo, nuestra comunidad jamás descalificó a la C. Sosa, simplemente huyó debido a las múltiples preguntas e inconformidades a las que no posee respuestas ni manera de atender y que existen debido a la pésima administración que han realizado.

Conforme a lo vertido en el párrafo sexto, es menester puntualizar que la C. Verónica Castro Flores ha condicionado la asignación de becas a los alumnos; cuando por mandato presidencial, son de asignación universal y prioritaria. Respondiendo a los párrafos séptimo y octavo, el personal administrativo ejecutó acciones conforme a la normatividad existente, ya que ni la comunidad estudiantil conoce ni tiene acceso al reglamento que se menciona, es obligación de cualquier institución educativa brindar herramientas y acciones que permitan que todo miembro de la comunidad académica goce de oportunidades para lograr acreditar todas sus materias. Respecto al cuerpo docente, en la licenciatura de Derecho resulta menester la presencia de un cuerpo docente que lleve a cabo litigios a la par de impartir cátedra, puesto que es el acto ideal para poder impartir una perfecta clase que permita al estudiante una máxima comprensión del funcionamiento del sistema jurídico mexicano, en cambio el contratar a la totalidad de la plantilla docente bajo la condición de tiempo completo implica que no se ejecute el vínculo con la práctica cooptando así el máximo aprovechamiento de la experiencia de nuestros profesores. La transición llevada a cabo por la C. Raquel Sosa, ha sido claramente ineficiente y pésimamente ejecutada, puesto que no somos la única escuela o cede con múltiples vicisitudes que hunden éste proyecto educativo.

1. El supuesto proceso de regularización de estudiantes con materias no aprobadas, se le impuso obligadamente a un amplio número de estudiantes tomar un receso de alrededor de seis meses; aun así, el número de alumnos irregulares persiste y no fue satisfactorio puesto que los alumnos que ya egresaron, los de octavo semestre y sexto semestre fueron forzados a aplazar en tiempo y forma su titulación.

2. La conversión de cuatrimestre a semestre, matemáticamente es lo mismo puesto que nuestras actividades estudiantiles se realizan en doce semanas, mismas que corresponden a un modelo cuatrimestral, tal y como venía ejecutándose desde la fundación de éste recinto universitario, causando así la pérdida del cuatrimestre de verano, es decir que la conversión no resulta fructífera puesto que se pierden semanas que bien pueden dar cabida a un tercer cuatrimestre o un intersemestral que permita regularizar a todo aquél que adeude alguna materia.

3. La inscripción del Plan de Estudios en la Dirección General de Profesiones de la SEP, resulta una contradicción puesto que afirma la existencia de que nuestra institución educativa posee un RVOE y una Clave de Institución Pública por lo que abona aún más en la incertidumbre de legalidad de la validez de estudios.

4. Sin duda el proceso de inducción y selección de docentes para incorporarse al Programa de Universidades para el Bienestar, en el caso de ésta escuela de derecho, resulta ineficaz puesto que se han desechado a profesores de tiempo parcial que abonaban de sobremanera en el aprendizaje y aprovechamiento de su experiencia como litigantes, mismos que nos acercaban al ejercicio de la práctica con casos reales y actividades que in situ de alguna litis que permitiera mejorar nuestro nivel educativo. Sobre los acuerdos establecidos con la Dirección General de Profesiones, consideramos:

1. La continuidad del plan de estudios anterior, demuestra que las decisiones que han tomado la C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro ha sido incorrecta, ineficaz, autoritaria y atenta contra nuestros derechos humanos puesto que jamás fueron implementadas bajo el consenso de la colectividad.

2. De las equivalencias, solo podrán ser efectivas siempre y cuando exista una certeza jurídica que avale nuestro plan de estudios.

3. Procesos de titulación, con base al reglamento anterior; una vez más se reafirma la incapacidad de la C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro para dirigir éste proyecto.

4. Ampliación del periodo de regularización de materias, contradice el gasto excesivo ante la SEP mencionado en el párrafo séptimo, mismo que no debería ser punto de discusión, puesto que es un derecho para todo estudiante tener acceso a los mecanismos existentes para gozar del estado de “estudiante regular”.

Sobre la preocupante mentirosa y denostadora postura que se acusa en el párrafo décimo; la comunidad estudiantil, nunca tomó por la fuerza ni la violencia las instalaciones; tanto la C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro huyeron ante su incapacidad para resolver ésta problemática que data desde que la última asumió el cargo de Directora-Coordinadora, por varias horas nuestra universidad estuvo sin la representación de las autoridades oficiales, por lo que la comunidad estudiantil en asamblea general acordó resguardar el inmueble y establecer una asamblea permanente hasta la resolución de todos y cada uno de los puntos establecidos en nuestro pliego petitorio, mismos que cabe señalar son innegociables. Por otro lado, expresamos nuestra inconformidad por la publicación de nombres y matrículas de algunos de los miembros de ésta honrosa comunidad estudiantil que no exige nada fuera de la ley y con mayor transparencia. Responsabilizamos directamente a la C. Raquel Sosa y a la C. Verónica Castro de toda acción que pueda afectar la esfera jurídica de cualquiera que aparece en la lista difundida. La difusión de dicha lista, lo consideramos como un acto de cobardía, que sólo abona a incitar actos violentos en contra de aquellos que con un profundo ahínco deseamos mejorar la calidad educativa de nuestra universidad.

El párrafo onceavo resulta contradictorio, ya que sostienen que se reanudarán las actividades basándose en lo que dice el Reglamento Escolar y el Estatuto Académico del Programa, cuando en el punto uno del párrafo noveno dice que se implementará la continuidad del plan de estudios anterior, cabe mencionar que ninguno está publicado, ni ha sido distribuido entre la comunidad estudiantil, docente y administrativa de ésta escuela por lo que nadie conoce su contenido y mucho menos de su existencia.

Respecto a lo vertido en el párrafo doceavo consideramos que dichas acciones reafirman la ineficacia de las C. Raquel Sosa y la C. Verónica Castro, una como Coordinadora del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la otra como Directora-Coordinadora de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, es por ello que en nuestro pliego petitorio exigimos la renuncia innegociable de las ya mencionadas.

Finalmente, la Asamblea General (alumnos, profesores y personal administrativo) sigue en espera de la visita personal de las autoridades correspondientes para establecer mesas de diálogo y sean atendidas todas y cada una de nuestras peticiones. Las puertas han estado abiertas permanentemente al diálogo, tal como la madrugada del jueves 20 de febrero de 2020, en la que un amplio grupo de estudiantes que ha hecho labor de difusión de nuestra problemática, logró verla ingresar al Palacio Nacional para participar en la Conferencia de Prensa Presidencial, intentando establecer diálogo y ella con una actitud clasista simplemente nos ignoró e ingresó al inmueble.

No dejemos de lado el gran respaldo de nuestro cuerpo docente, quienes siempre nos han brindado su apoyo asistiendo a nuestras asambleas, donando víveres, así como su asesoría, sin ellos y sin el apoyo del personal administrativo ésta lucha no sería tan exitosa como lo ha sido desde aquel lunes 17 de febrero de 2020, en que la clasista y discriminatoria actitud de la C. Raquel Sosa increpó a ésta colectividad abandonando el inmueble por propia voluntad y pie, seguida de la C. Verónica Castro.

Dejamos en claro que la acción de resguardar las instalaciones y declarar la Asamblea General Permanente son producto del constante abandono y falta de respaldo a la Comunidad Universitaria por parte de sus Autoridades. El referido comunicado emitido el día de hoy por la C. Raquel Sosa, no es más que el reflejo desesperado de mostrar un supuesto interés en atender las demandas realizadas por nuestro movimiento estudiantil, con el objetivo de contrarrestar la notoria y evidente ineficiencia administrativa de las autoridades responsables. No solo queremos un diálogo, sino que exista certeza jurídica y que se materialicen los compromisos producto del mismo para toda la Comunidad estudiantil. Creemos fielmente en el proyecto educativo impulsado por el presidente, es por ello que hacemos extensivas nuestras demandas para que la educación en México realmente sea una verdadera transformación que empuje al elefante reumático, y que de nuestra querida escuela egresen abogados comprometidos con valores y compromiso social de denunciar y alzar la voz ante cualquier injusticia.

Atentamente

Asamblea General Estudiantil

En defensa del proyecto original en la Universidad del Bienestar Benito Juárez

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¡Por una educación popular, democrática, científica y al alcance de todos! 

Publicamos a continuación una colaboración de una estudiante de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que se encuentra actualmente en paro. 

El día 17 de febrero del 2020, la visita de la Dra. Raquel Sosa, Rectora de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, terminó con un estallido de paro de labores en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, luego de que de forma autoritaria se negara a dialogar con la comunidad estudiantil de una serie de problemas que se han venido desarrollando. Hasta ahora se ha conformado un pliego petitorio por parte de la comunidad estudiantil el cual plantea, entre otras cosas: condiciones dignas para estudiar, instancias democráticas para la participación de la comunidad universitaria, la salida de la hasta entonces directora Verónica Castro Flores, respeto a los derechos estudiantiles y laborales de docentes y trabajadores. También los docentes y trabajadores de la EDPA han planteado un manifiesto solicitando respeto a sus derechos laborales y al derecho de libre catedra.

¿Qué pasa en la EDPA y en la UBBJ?

En el 2015, la militancia más progresista y a la izquierda de Morena planteó construir un proyecto educativo que le hiciera frente al modelo fallido y elitista que se había estado impulsando en los últimos años (la reforma educativa del 2013, los intentos de recortar el presupuesto educativo, el intento de mandar al IPN al TNM, etc.) de esta forma nacieron las escuelas universitarias. La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) es una de estas escuelas que solían ser financiadas directamente por los funcionarios de Morena que daban el 50% de su salario.

Tras el triunfo contundente de AMLO en el 2018, se planteó como eje el crear más espacios educativos, más universidades y dar educación a todo joven, saldando una demanda histórica que ha tenido el movimiento estudiantil en los últimos 10 años. Así nació la Universidad del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación 30/07/2019, proyecto que prometió abrazar a las entonces llamadas universidades de Morena y convertirlas en escuelas públicas respetando el carácter gratuito pero sobre todo popular.

El proyecto fundador de la Universidad del Bienestar Benito Juárez

Sin exámenes filtros de admisión

En la Universidad del Bienestar no hay exámenes de admisión para el ingreso a su matrícula educativa pues se plantea que la educación es un derecho universal y que cualquier persona que cuente con la acreditación de un bachillerato podría estudiar una carrera. Esto combate la visión que ha creado el modelo neoliberal de que estudia quien puede y “tiene la capacidad”. La realidad está lejos de ese concepto pues estudia quien tiene los recursos para estudiar. Por ejemplo, un estudiante de preparatoria que puede competir de mejor manera al presentar el examen de admisión debe dedicarse de manera exclusiva a esta actividad, esto quiere decir contar con el apoyo económico de sus padres. Los cursos que preparan para el examen de admisión van de los 4 mil a los 8 mil pesos, las guías de estudio de 250 a 350 pesos y la matrícula en una preparatoria particular de los 4 mil a los 7 mil pesos mensuales. En una preparatoria pública, en cambio, se debe contar con tiempo, apoyo de los padres y un compromiso autodidacta de repasar los tópicos ya que es una realidad las limitaciones que tiene la masificación de la educación con poca o nula cobertura educativa. Concluimos que cuando se dice que los estudiantes compiten en libertad y misma capacidad por un lugar en las universidades queda claro que no es así, que hay una ventaja ya recorrida para los estudiantes y aspirantes con mayor poder adquisitivo.

Becas para todos…

AMLO prometió apoyar a los jóvenes estudiantes, sobre todo a los que están en grados de vulnerabilidad extrema, el programa jóvenes escribiendo el futuro, es la puesta en marcha de este planteamiento. Los estudiantes de las distintas escuelas que forman la UBBJ tienen el derecho de recibir esta beca ya que, según el listado del programa, los estudiantes de estas escuelas cumplen con el perfil de ser estudiantes en grados de marginalidad por su contexto. El único requisito que se solicita es estar matriculado y estudiando en una escuela de las que enumera dicho programa y ser un estudiante regular, es decir que no adeude materias.

Estudiantes de clase proletaria

Este proyecto se construyó y se pensó para ser una alternativa real en el país de educación publica, gratuita y popular, por ello se ubican en zonas populares, y cuentan con una variedad de carreras que tienen una proyección social, como lo es Derecho (con un enfoque en derechos humanos), ingeniería en procesos agroalimentarios, medicina integral y salud comunitaria, enfermería y obstetricia, veterinaria y zootecnia, ingeniería en agricultura, ingeniería agroforestal, ingeniería en procesos petroleros, ingeniería en energías renovables, ingeniería en minas y mantenimiento, ingeniería en química en desarrollo de la industria petrolera, gestión integrada al agua, ingeniería forestal comunitaria, contabilidad y administración pública, estudios sociales, formación docente en educación básica, expresión y producción artística, música y laudaría, patrimonio histórico y cultural, entre otras. Desde el cardenismo, con las normales rurales, el IPN y Chapingo, no había una apuesta real de un modelo educativo que le apostara a la profesionalización nacional como motor del desarrollo económico. Esto, frente a la oleada del neoliberalismo, que tuvo intentonas de privatizar la educación, significó un aire fresco en todo el país a la oferta de educación pública.

Del ideario a la puesta en Marcha de la UBBJ- Modelo de educación critico o un modelo de educación de mano de obra calificada

Los ejes anteriores dan una muestra palpable del potencial de la Universidad para el Bienestar para la sociedad que había estado reclamando oportunidades reales y al alcance de todos, sin embargo , la transición de las escuelas universitarias al modelo de la UBBJ no ha sido fácil. Ha sido desinformada, corporativa y sin vínculo con las escuelas y las comunidades que estas albergan.

El primer chapuzón de agua a la realidad ha sido cuando se anunció que las escuelas que integran la UBBJ necesitaban de un organismo, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) para funcionar. Este ni más ni menos es un organismo que recibe financiamiento público y se creo para fomentar la educación en adultos en Latinoamérica y que después de años ha planteado coordinar el proyecto de la UBBJ. Sin embargo, este organismo ha tenido limitantes para la fiscalización de recursos además que es conocido que desde que Raquel Sosa está al frente de este proyecto se adeudan salarios a los trabajadores, aparecen “renuncias voluntarias” y en otros casos más se alegan despidos injustificados. Hay que sumar que los docentes y trabajadores que pertenecen a la UBBJ no tienen aún idea de cómo será su relación laboral, condiciones o prestaciones laborales. Hasta ahora tienen contratos por honorarios y sin información alguna, sus empleos están vulnerados a decisión unilateral de la Dra. Sosa y de quien ella designa como director de cada una de las escuelas.

En segunda instancia hay un ambiente que desconcierta a los estudiantes que pasaron de las escuelas universitarias a este proyecto al no ser aclarado que ya es una escuela pública y tienen validez oficial esto aunado a la campaña mediática que desde el inicio distintos medios de comunicación soltaron enunciando estas escuelas como patito ha traído inquietudes razonables.

Y en tercera instancia se tiene por aprobado por la propia CREFAL un reglamento general que regulará la UBBJ que: 1) Carece de ordenamientos necesarios para explicar el funcionamiento total de la universidad 2) Plantea un modelo administrativo contrario al sentir y fundación de la propia Universidad, lo que pone en riesgo el modelo educativo y la propia esencia de este proyecto que aun no termina de nacer.

La forma de homologar la administración local de las escuelas universitarias a la UBBJ ha sido improvisada de un semestre a otro, prácticamente se obligó a los estudiantes a aprobar un reglamento que aun no existía y que no se conocía por ende. Se dijo, al menos en la EDPA, que debían firmar que estaban de acuerdo con el reglamento y que los estudiantes que entramos con otra reglamentación aceptábamos este nuevo ordenamiento, aun cuando preguntamos se nos dijo que sería igual y que era el requisito para ser admitidos en la UBBJ.

De esta forma todos los estudiantes hemos aceptado un reglamento que hasta ahora podemos leer y analizar y nos parece pone en riesgo la propia permanencia de los compañeros estudiantes. Por ejemplo, en su artículo 15 se plantea que de contar con 4 inasistencias en un semestre se tendrá por reprobado el curso, sin dejar claro qué es causal de justificación, pero si menciona que reprobar una materia es causa de baja temporal o definitiva.

Las autoridades administrativas locales de la EDPA explicaron que las causales para justificar una inasistencia eran una operación o cirugía, el fallecimiento de un familiar o la presentación con una orden judicial. Estas causales son inflexibles, ni siquiera en el campo laboral se restringen los permisos o justificaciones de falta laboral. No plantea que hay estudiantes que trabajan, se dedican al cuidado del hogar, maternan o simplemente tienen un estado de salud que les impide cubrir ese requisito.

Se tiene derecho a realizar un examen de acreditación de tener una materia reprobada y si no se aprueba se tendrá en la mitad del semestre en curso una recuperación especial que consiste en ir 15 días a dicho curso si no se acredita entonces se dará de baja a cualquier estudiante, con una sola materia adeudada.

Esta hipótesis regresa a excluir de su perfil a los estudiantes que trabajan o tienen otras actividades, impone solo un mecanismo estandarizado de como debe ser el estudiante e incluso de cómo debe ser fuera de clase (dedicarse únicamente a la escuela) para poder avanzar.

Seguramente esta medida responde a las becas que se otorgan y a la matrícula que invertirá por estudiante el CREFAL, sin embargo, en escuelas como el IPN y UNAM sencillamente si el estudiante no cubre el perfil de regularidad se le quita la beca y puede seguir matriculado o se establecen tiempos para la recuperación educativa. Existen considerables oportunidades para que los estudiantes se regularicen académicamente. Es decir se intenta y se buscan mecanismos para que los estudiantes acrediten y terminen sus estudios, no para que la tasa de deserción estudiantil sea alta y que los jóvenes que se queden sean de nueva cuenta quienes tienen mejores condiciones adquisitivas que les permiten cumplir con este perfil. Un estudiante que trabaje y tenga hijos a la larga tiene más probabilidades de ser dado de baja con este modelo porque tendrá que trabajar, quizá se ausente si sus hijos enferman. La beca de 4 mil pesos bimensual es un hecho que no le alcanzará para cubrir los gastos promedio de una familia y además para sostener sus estudios. Es un modelo punitivo que se enfoca en purgar a los estudiantes de las clases marginales que dice arropar es contradictorio.

Según datos del INEGI, tan solo ocho de cada 100 alumnos que inician estudios universitarios los concluyen y de estos, el 35,2 % deserta por una condición económica. El modelo de la UBBJ planteó no hacer exámenes de admisión porque se piensa que es un filtro elitista que va contra el derecho elemental de educación de las personas, sin embargo esta medida de acreditación de asignaturas de manera autómata asume que el modelo educativo de educación básica en México esta en primer instancia homologado y sin fallas. La realidad es que Raquel Sosa, quien se ostenta como la coordinadora del proyecto de la UBB,J desea no tener criticas al proyecto educativo como lo fue y ha sido la UACM, desea que las y los estudiantes hagan carreritas eficientes y eficazmente. Por ello también el reglamento, en su artículo 17, nulifica el derecho de libre catedra de los profesores y en él plantea criterios específicos para que se tomen en cuenta en la evaluación como si todos los estudiantes y profesores fueran máquinas calibradas para actuar de la misma manera.

Por si no fuera poco, el reglamento general no designa facultad o invitación a la comunidad universitaria a la reflexión, discusión o construcción de planes y programas de estudio de cualquier universidad pública requiere. Este RGE no habla de organismos formados para la comunidad universitaria, de sus facultades, no plantea las instancias democráticas, se menciona una coordinación académica la cual es invisible en procedimiento, pero con meta facultades en ejecución. No existe a la fecha ley orgánica pero ya opera, funciona y se amenaza con sancionar las medidas mencionadas de este reglamento.

Los planes de estudio de la Lic. En Derecho fueron modificados quitando materias en contenido en materia de Derechos Humanos, cuando este es el perfil de la licenciatura, se eliminó en forma, la clínica de Derechos Humanos que era un proyecto de poder relacionar la teoría y la práctica de los estudiantes para profesionalizar el ejercicio jurídico y también como aporte social brindando servicios de asesoría y acompañamiento. El actual plan de estudios es apenas un modelo estándar de un abogado tradicional.

La chispa que incendió la movilización de la comunidad universitaria en la EDPA ha sido la actitud de la Dra. Raquel Sosa y de la Directora de la EDPA Verónica Castro Flores, que de forma sistemática han llegado de forma imprevista, impositora e incluso inquisitiva a plantear las nuevas reformas al modelo educativo. La respuesta de ambas siempre ha sido “si este proyecto no les acomoda pueden buscar una alternativa en línea” o “esta escuela no es para ustedes”, cuando fueron son y han sido los estudiantes, trabajadores y docentes quienes han echado adelante un proyecto educativo de vanguardia, quienes han apostado incluso algunos donaron horas clase para no interrumpir las clases aun cuando no estaba asignado el presupuesto dedicado a nuestra escuela.

El semestre pasado se descansó sin mediar comunicación alguna a los estudiantes 5 meses, se dijo que desaparecerían los exámenes extraordinarios y en enero de la nada apareció la fecha para registrar e inscribirte a exámenes con solo 2 días de anticipación, cuando todo el tiempo dijeron habrían recursamientos intersemestrales. En las vísperas de reinscripción al semestre 2020-1 se les notificó de nueva cuenta de manera sorpresiva y en un papelito a los estudiantes irregulares que tenían este semestre para acreditar sus materias o serían dados de baja, cabe señalar que no ofertaron recursamientos de todos los ciclos educativos. Desde la transición se perdieron espacios universitarios como la clínica de derechos humanos, el servicio médico, la biblioteca no cuenta con personal calificado, incluso con vigilante y limpieza, cuando se contrató a una persona para esta última ha sido en condiciones de precariedad laboral.

El proyecto que se quiere hacer funcionar con este reglamento es más parecido a un modelo de educación neoliberal que el de una alternativa para las clases desprotegidas.

La comunidad universitaria en la EDPA ha dado el paso más difícil que es no seguir postergando la defensa de un proyecto educativo popular que nació de un sentido reclamo real al derecho a la educación publica y gratuita, pero también el de ofrecerle a la sociedad profesionistas empáticos, preparados para la defensa de sus derechos ante los atropellos de la autoridad, en materia de género, raza, etnia y clase. La defensa del proyecto original de la EDPA es también la defensa de los derechos laborales, estudiantiles y civiles mínimos que toda persona merece y debe hacer valer.

¡Dialogo Publico Ya!

¡Solución al pliego petitorio!

Como lo han hecho los estudiantes universitarios en el 99 en defensa de la gratuidad, los “uacmitas” en el 2012 en defensa de la democracia universitaria y los politécnicos en defensa del proyecto socialista y popular en el 2014, así hoy defendemos nuestro derecho a una educación pública, gratuita y para todos.