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Elecciones presidenciales en Venezuela

Insurrección popular, violencia y represión estatal después del 28 de julio: un debate con el chavismo de base – Primera parte

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Después del 28 de julio, la historia se ha acelerado hasta un paso de vértigo en nuestro país, aunque siguiendo derroteros muy contradictorios. Parafraseando a Trotsky cuando escribió su memorable balance de la Revolución de 1905, ha terminado de desenredarse el nudo en torno al posible desenlace de la larga historia de la Revolución bolivariana, y aunque lo ha hecho de forma esperada, ha sido a la vez de manera trágicamente irónica.

Los niveles de represión estatal que hemos observado en nuestro país, después de las elecciones presidenciales, no tienen precedentes en este siglo: aproximadamente 25 personas fallecidas en protestas, la mitad en apenas 3 o 4 días y la mayoría por disparos en la parte superior del cuerpo; más de 2200 personas detenidas arbitrariamente en todo el país en apenas diez días, sin las órdenes correspondientes de Fiscalía; numerosas desapariciones forzadas; allanamientos ilegales de morada a discreción de los cuerpos represivos, para detener arbitrariamente a manifestantes, activistas o políticos; uso de cuerpos parapoliciales para disolver protestas a plomo o golpear y detener a manifestantes; torturas y violaciones flagrantes al debido proceso; promoción de las delaciones entre vecinos para favorecer la captura de manifestantes en sus comunidades; detención de menores de edad; y suspensión parcial de derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones personales.

El gobierno justifica tales medidas argumentando la existencia, durante el día de las elecciones, de un golpe de Estado por parte de la derecha reaccionaria para, a través de un sabotaje electrónico de la transmisión de actas electorales, evitar la victoria electoral de Nicolás Maduro. Luego, ha acusado también a las masivas protestas populares que tuvieron lugar a partir del día siguiente a las elecciones (y en las que ciertamente hubo expresiones de violencia), de ser parte del mismo plan de golpe “fascista”. Y así, ha justificado el salto cualitativo en la política de represión estatal que ya venía fortaleciéndose progresivamente durante el último lustro, pero que supera con creces los niveles de represión observados en 2017.

Pero, lo primero que debemos preguntarnos quienes nos consideremos genuinos revolucionarias y revolucionarios (no oportunistas ni carreristas de esos que se han acomodado al capitalismo y al Estado burgués a través de sus lazos con el PSUV), es si todo esto ha sido realmente así. A pesar de que los intentos violentos de la burguesía de derrocar a Chávez, primero, y a Maduro después, han sido sistemáticos en un cuarto de siglo, ¿es verdad que la derecha intentó un golpe de Estado el 28 de julio? ¿Se trató realmente de pura y dura violencia pro fascista, al mejor estilo de las guarimbas de 2014 y 2017? Más aún, ¿cuál fue el carácter de clase de estas protestas? Y, en consecuencia, ¿puede la izquierda justificar de alguna forma la represión estatal en curso?

En las próximas líneas, intentaremos, desde una perspectiva marxista, dar respuesta a estas cuestiones.

Un resultado electoral inverosímil

A diferencia de lo que ocurrió en la gran mayoría de las 29 elecciones pasadas, el pasado 28 de julio el gobierno decidió interrumpir por la fuerza el proceso electoral en su última fase: la de escrutinio público y auditoría.

Empleando fuerzas parapoliciales, amedrentó a electores y testigos de mesa a lo largo y ancho del país. En algunos casos, según se evidencia en videos grabados en el momento de los hechos, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, en otros casos, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), decidieron llevarse las cajas y/o las máquinas de votación sin que el proceso pudiera concluir según la norma.

Horas más tarde, cerca de la media noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que, con apenas el 80% de las actas escrutadas (que supuestamente mostraban una tendencia irreversible), Nicolás Maduro había ganado las elecciones, a contravía de lo que un gran número de actas de votación arrojaba en todo el país (y fue difundido por la gente de a pie públicamente a través de las redes sociales): que el vencedor era el candidato de la oposición derecha, Edmundo González, incluso en municipios y estados que habían sido bastiones históricos del chavismo.

El rector principal del CNE, Elvis Amoroso, así como otras figuras públicas del gobierno, argumentaron, para defender tanto los resultados anunciados como las patentes irregularidades en el proceso, que hubo un ciber ataque contra la red del CNE (llegándose a señalar cosas tan disparatadas como que la red de CANTV -la estatal telefónica- recibió 30 millones de ataques por minuto). Ello, a pesar de que, durante todo el día, tanto dirigentes del PSUV, como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el propio Amoroso, habían señalado que el proceso transcurría con total normalidad. Ello, a pesar de que los técnicos de CANTV señalaron, días antes, como corresponde según el protocolo, que la red estaba completamente blindada y se habían realizado pruebas contra posibles hackeos para verificar los niveles de seguridad de la red, por lo que cualquier ataque cibernético resultaba altamente improbable.

A la mañana siguiente, también ocurrió un hecho sin precedentes en 25 años. Sin que el CNE hubiese ofrecido un segundo boletín y sobre la base de sólo el 80% de las actas, supuestamente escrutadas, se procedió a proclamar a Nicolás Maduro como presidente electo.

Una genuina pero contradictoria insurrección popular

De repente, el silencio funerario que envolvía a Caracas y las ciudades del interior fue interrumpido por una catarata de cacerolazos a lo largo y ancho del país, y, protestas, piquetes, barricadas y marchas espontáneas empezaron a surgir en los barrios pobres de la ciudad capital, así como en muchas ciudades del interior.

Una genuina insurrección popular, aunque con características profundamente contradictorias, fue puesta en marcha, tomando al gobierno completamente por sorpresa.

La situación, aunque debido a la ausencia de una dirección audaz y al papel de la represión estatal no llegó a desarrollarse hasta sus últimas consecuencias, fue potencialmente revolucionaria. En efecto, aunque fue cortada en seco mediante la bayoneta y el fusil a los dos o tres días de haberse iniciado, mostró algunos elementos de la definición clásica de situación revolucionaria elaborada por Lenin, sobre todo en lo que respecta a la masividad de las movilizaciones populares espontáneas, que desbordaron a la policía, y en el quiebre puntual de las fuerzas represivas en ciertos lugares del país: varios módulos móviles de la detestada PNB (que regularmente cobra vacunas a conductores, y cuyo cuerpo de acciones especiales es responsable de los planes de “lucha contra el crimen”, que en realidad implican criminalización y represión de la juventud de los barrios pobres) fueron quemados y destruidos, evocando, a pesar de la distancia histórica, las escenas que el país vivió durante el Caracazo, hace 35 años. Incluso, el que se ubicaba en la Plaza O’leary, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, fue empujado calle arriba por un grupo de manifestantes, quienes lo empleaban como barrera de defensa ante los piquetes policiales. En algunas ciudades, como Carirubana, en el estado Lara, el orden policial se quebró. Los oficiales, quitándose sus uniformes, se negaron, algunos en medio del llanto, a reprimir a la gente, arriesgándose así a ser dados de baja deshonrosa (de acuerdo a la ley burguesa) por sus superiores.

En otras ciudades, la PNB simplemente observó, pacíficamente, cómo los manifestantes se apoderaban de los cuarteles, sin poder hacer nada. En esos casos, según puede observarse en vídeos, no hubo violencia de los manifestantes contra los efectivos policiales, hecho que, de nuevo, nos recuerda inevitablemente, aunque en menor escala, cuando los barrios desbordaron a la Policía Metropolitana un 27 y 28 de febrero de 1989.

En Caracas, una gigantesca marcha espontánea barrió casi toda la ciudad capital desde Petare (donde se ubica uno de los dos barrios populares más grandes de América Latina) en el este, hasta el centro de la ciudad, lugar de asiento de las instituciones del poder estatal. En la movilización pudo escucharse a gente decir que, si los dirigentes de la oposición no participaban en la protesta, ellos mismos podrían hacerse cargo de la situación al llegar a Miraflores, constituyendo ellos mismos su propio consejo de ministros. Aunque esto haya sido un hecho puntual, nos permite tener una idea del estado psicológico de sectores de las masas que se movilizaron los días 29, 30 y 31 de julio. La gente quería un cambio radical de la situación, y había quienes estaban dispuestos a jugar un papel protagónico e intentar tomar en sus propias manos su destino, de ser necesario. Desde otras barriadas populares en el oeste, sur y suroeste, también se produjeron movilizaciones importantes hacia el centro de la ciudad.

En horas de la tarde, una de ellas, que se desplazaba por la avenida Urdaneta (que pasa frente al Palacio de Miraflores), compuesta de gente que iba a pie y jóvenes motorizados de las barriadas populares, fue contenida por un piquete policial en la esquina del Banco Central, a pocas cuadras del Palacio, y luego repelida a balazos por cuerpos parapoliciales del gobierno, mal llamados colectivos, tal y como fue también registrado audiovisualmente. Los cuerpos policiales permitieron actuar a los colectivos impunemente.

Mientras, la dirección de la oposición de derecha, se mantenía ajena a los acontecimientos. De haber existido una dirección y partido revolucionarios, con un ejército de miles o decenas de miles de cuadros, forjados sobre la base del estudio de la teoría y el programa marxista, así como de una intervención sistemática en la lucha de clases, éste habría podido ganar la simpatía de una capa importante de las masas que se lanzaron a las calles del país, a fin de orientar su ira y combatividad en líneas genuinamente revolucionarias. Pero tal factor subjetivo, sigue aún ausente en nuestro país.

En cambio, hemos asistido a lo que parece ser una ruptura definitiva de varias generaciones con las tradiciones del chavismo: En La Guaira, Coro, Mariara y otras ciudades, movilizaciones de jóvenes expresaron su ira contra el gobierno derribando estatuas de Chávez. Para millones de venezolanos jóvenes (muchos de los cuales provienen de hogares chavistas), Hugo Chávez no es ya el mejor presidente de la historia, aquel en cuyo gobierno las masas proletarias y oprimidas conquistaron mejoras sin precedentes desde el siglo pasado en sus condiciones de vida, así como un importante conjunto de derechos políticos y civiles.

Para las generaciones nacidas en el presente siglo, Chávez es el antecedente del gobierno Maduro, un gobierno profundamente corrupto y decadente, bajo el cual prácticamente se han pulverizado el salario y las prestaciones, el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación, y se han cercenado progresivamente todos los derechos democráticos de la población. Por eso han dirigido su ira contra la propia idea e imagen de Chávez: Maduro, y toda la oligarquía termidoriana que dirige el PSUV, al liquidar las conquistas políticas y sociales logradas durante la Revolución Bolivariana, han destruido la bandera y el símbolo que Chávez representó en el período anterior para millones de hombres y mujeres de a pie, y, sobre todo, para la juventud trabajadora de entonces.

Las masas, hastiadas, agotadas y arrechas con la situación del país, votaron masivamente contra Maduro. En muchos casos, no votaron por Edmundo González o por la figura de María Corina Machado, sino contra Maduro, incluyendo cientos de miles y quizás hasta millones de votantes que aún se reivindican chavistas, pero que sienten un odio enorme contra el gobierno Maduro. Así, el resultado que el gobierno quiso imponer por la fuerza, pasando por encima de los hechos (porque la vasta mayoría de las actas dadas a conocer por los propios testigos y miembros de mesa, dieron como ganador a Edmundo González), fue el catalizador de la breve insurrección popular que tuvo lugar entre los días 29 y 31 de julio, aproximadamente.

Diez años de un espantoso retroceso en sus condiciones de vida, determinaron el voto masivo por la opción de la decapitación (es decir, de un agresivo programa de ajuste monetarista y privatizaciones, para terminar de desregular la economía venezolana hasta niveles sin precedentes históricos), como lo hemos expuesto en nuestro documento de perspectivas previo a las elecciones el 28J (https://luchadeclases.org.ve/?p=12399).

He allí la esencia contradictoria de la poderosa movilización que estalló el 29 de julio: las masas se levantaron contra un régimen que les oprime brutalmente para echarlo abajo, pero acaudillados bajo la figura de la dirigente del ala más reaccionaria de la burguesía venezolana. Un ala de la burguesía que de ponerse a la cabeza del Estado les oprimiría de formas incluso peores, y seguiría avanzando en el camino de la destrucción de las conquistas sociales del último período; camino sobre el cual Maduro ha andado ya muy largos trechos.

Ni con la boliburguesía ni con la reaccionaria derecha tradicional

No se trata aquí, aclaramos, de que defendamos en lo más mínimo a la derecha tradicional y su candidato, o el resultado electoral que, según todo indica, les es muy favorable. Con ellos no tenemos nada en común, y más bien los denunciamos como parte responsable de la catástrofe social y económica que ha sufrido el país durante la última década.

La destrucción de la base social histórica del chavismo, se debe no sólo a las políticas reformistas del primer gobierno Maduro en el contexto de los efectos de la crisis capitalista de 2009 y la caída de los precios de las commodities (entre ellas el petróleo). No fue sólo consecuencia de la descontrolada emisión de dinero que favoreció una brutal crisis de hiperinflación en 2017, y su posterior y complementario ajuste monetarista salvaje de 2018, mediante el cual terminó de destruir el salario, las contrataciones colectivas y las condiciones generales de vida y trabajo. No. La burguesía venezolana y el imperialismo yanqui tienen una gran responsabilidad en todo esto.

Desde los inicios de la Revolución Bolivariana intentaron derrocar a Chávez por medios violentos (golpes de estado, insurrecciones reaccionarias, incursiones paramilitares etc.). Cuando no pudieron, intentaron hacerlo por la vía de la democracia burguesa, por la vía de las elecciones. En paralelo, y en la medida en que este último método no les fue útil tampoco, el empresariado llevó adelante un masivo sabotaje de inversiones y de producción en miles de industrias a lo largo y ancho del país, así como una política de acaparamiento masivo y sistemático que duró más de una década. Una situación bastante similar a la vivida en Chile antes del golpe del 73, o en Nicaragua durante la década de la revolución sandinista. Por lo tanto, la burguesía tiene una enorme cuota de responsabilidad en el largo proceso de dislocación de la economía venezolana, que a principios de esta década alcanzó niveles de paroxismo.

Finalmente, el punto máximo de la guerra económica contra el proletariado venezolano fueron las sanciones de Washington contra la economía venezolana. Según el propio Francisco Rodríguez, un reconocido economista burgués, quien ha trabajado para firmas en Wall Street y es considerado en su medio todo un “Chicago Boy”, la crisis económica que despuntó en 2014 habría tenido, de no ser por las sanciones de la administración Trump, un desarrollo relativamente cíclico y normal, como otras que han ocurrido en la historia latinoamericana. En cambio, bajo el peso de las sanciones a PDVSA y al Estado venezolano y sus empresas, la crisis se convirtió en la peor depresión económica en toda la historia del capitalismo.

Aproximadamente, se estima que entre 2013 y 2020 el PIB de Venezuela se contrajo un 90%; millones de trabajadoras y trabajadores huyeron del país, estableciéndose a lo largo y ancho del continente americano y hasta en países de Europa, luego de ser despedidos o luego de que miles de empresas y ramas industriales enteras quebraron y/o cerraron; aunque no existen cifras oficiales, la ONU señala que la pobreza en el país podría, a inicios de 2024, estar superando el 80% y la pobreza extrema el 50%; el salario formal (aquel que suma para prestaciones y otros beneficios contractuales), sigue siendo de los más bajos del mundo, mientras que el ingreso mínimo (a través de bonificaciones) ronda los $130 mensuales.

Y hoy, estos mismos sectores intentan volver a comandar el Estado, pero no para salvar a la clase trabajadora de las dolorosas penurias a las que han sido sometidos durante toda una década. Su objetivo es volver a colocar a la burguesía tradicional a la cabeza del país para terminar de liquidar las contadas conquistas (casi ninguna, para ser sinceros) que aún quedan en pie de la extinta Revolución Bolivariana (como la gratuidad parcial de ciertos servicios de salud y educativos), y avanzar hacia un proceso de total liberalización y privatización (de hecho y de derecho) de la economía, como el que está llevando adelante el gobierno Milei en la Argentina.

No tenemos pues, ningún punto en común con estos enemigos históricos de la clase obrera y el pueblo pobre de Venezuela. Pero ello, tampoco nos coloca en el otro bando: el de la nueva oligarquía que, disfrazada de “socialista” y explotando en el legado de Hugo Chávez, se ha erigido a partir de la destrucción de las conquistas de la Revolución Bolivariana, y una política de pillaje y saqueo sistemático de los recursos naturales y financieros del Estado. Ambos bloques son, a su forma, enemigos de la clase obrera y el conjunto de los oprimidos. Y, por lo tanto, sin que ello implique conceder nada al bloque de la derecha tradicional, debemos condenar la represión salvaje que está teniendo lugar en los barrios pobres del país desde hace un mes.

Las expresiones de violencia como justificación de la represión

Muchos viejos amigos, compañeros de lucha, e incluso simpatizantes y compañeros que en algún punto tuvieron posiciones similares al conjunto de la izquierda socialista revolucionaria, hoy por hoy están defendiendo la represión estatal contra el pueblo pobre que se lanzó a las calles.

En realidad, se trata de una situación general entre la base remanente del chavismo que se ha mantenido apoyando a Maduro, a pesar de su profundo giro a la derecha. Sobre la base de los viejos, errados y falsos argumentos que ofrece el gobierno (como la amenaza del fascismo, la defensa de la patria, un supuesto intento de golpe de Estado por parte de MCM, o la necesidad de defender la revolución), apoyan la feroz represión que el gobierno, sin descanso, está llevando adelante contra las protestas populares.

Uno de los principales argumentos del gobierno para condenar las protestas, ha sido acusar su carácter violento. De esta forma, se vincula la reciente oleada de protestas con las guarimbas de 2014 y 2017, a fin de deslegitimarla ante los ojos de la base del chavismo que decidió cerrar filas en torno a Maduro de cara a los comicios presidenciales.

En primer lugar, ciertamente hubo expresiones importantes de violencia en las protestas. Así lo hemos relatado al principio de este artículo. Pero, al mismo tiempo, hubo enormes movilizaciones pacíficas de la gente de a pie, que igualmente han sido reprimidas brutalmente. Sobre la base de las manifestaciones violentas, el gobierno justifica la represión de cualquier protesta, sobre todo, las que tienen lugar en las barriadas populares del país. Esto es inaceptable, y lo rechazamos totalmente.

En segundo lugar, debemos preguntarnos, ¿qué significa que una manifestación sea violenta? ¿Cuándo es una manifestación violenta? En primera instancia y desde una perspectiva burguesa -la que hoy, por cierto, emplea el gobierno para justificar la represión-, podemos decir que una protesta es violenta cuando implica el daño o destrucción de propiedad pública o privada, la agresión a ciudadanos no involucrados en las protestas o el combate físico contra la fuerza pública. Pero, si analizamos la cuestión más a fondo y desde una perspectiva de clase, surgen entonces otras interrogantes ¿Acaso es falso que muchas protestas obreras y populares en nuestra historia implicaron expresiones de violencia? ¿No es eso parte de la lucha de clases? ¿Acaso no es algo que ocurre en la historia de todos los pueblos oprimidos del mundo?

Muchos revolucionarios, que luego formaron parte del PSUV, y hoy están defendiendo la represión casi con pasión y fervor policíaco -porque supuestamente todas las protestas opositoras son violentas-, han defendido históricamente la violencia que los oprimidos ejercieron contra la clase dominante, en casos como el del Caracazo, por ejemplo. El Caracazo fue precisamente una clara expresión de violencia, casi salvaje, de los oprimidos contra la clase dominante, sus políticos y el Estado.

Otro caso defendido por viejos revolucionarios, activistas y militantes, ha sido el de las protestas estudiantiles hacia finales de los 80 y en los 90. ¿O es que nos hemos olvidado de los famosos jueves culturales de la UCV? Los jueves culturales no eran sino una guarimba sistemática en una de las entradas de la universidad. Durante varios años, grupos armados de estudiantes se caían a plomo con la Policía Metropolitana en la entrada sureste de la universidad, jueves tras jueves, semana tras semana. Quemaban autobuses y los empleaban de barricadas. Incluso, el talentoso periodista y autor José Roberto Duque, escribió una breve pero hermosa novela sobre aquel episodio, en la que narra la acción de aquellos jóvenes como una suerte de epopeya contemporánea, urbana y tropical; Duque relata el viaje de aquellos jóvenes, armados más de gallardía y voluntarismo que de teoría, programa u organización, como una acción heroica. A pesar de que incluso da cuenta de los excesos que cometieron durante las batallas callejeras contra la policía, jamás habría sido capaz de tildarlos de terroristas o de drogadictos, como hoy hace el gobierno del PSUV contra los jóvenes que el 29 de julio emplearon métodos similares, para enfrentar a una policía que es tanto o más represiva que la de entonces.

Aunque nosotros no compartimos necesariamente los métodos ultraizquierdistas de aquellos compañeros, desconectados de las luchas concretas del movimiento obrero y del imprescindible trabajo de construcción de una organización proletaria, no podemos tampoco negar su valentía ni el importante papel que jugaron, enfrentando la represión estatal, durante los días del Caracazo. Jamás los llamaríamos terroristas, menos aún drogadictos. Aquellos son calificativos más propios del léxico de señores y señoras burguesas, y dice mucho de la actual condición de clase de Maduro y toda la boliburguesía.

Hoy, tristemente, Duque respalda a Maduro de forma casi absolutamente acrítica. De hecho, su último artículo publicado se refiere a las protestas post 28-J casi como mera violencia enfermiza y desquiciada, promovida por el odio que MCM, su corriente política y sus acólitos inyectan en un sector de la población. Preguntamos. ¿Qué diferencia hay entre los jóvenes que destrozaron módulos policiales de la PNB hace dos semanas, y aquellos héroes de la UCV en los 80 y 90? ¿Justificará el compañero José Roberto Duque la represión en curso contra el pueblo pobre?

Elecciones, protestas y crisis política: una posición de clase ante lo que acontece en Venezuela

Elecciones, protestas y crisis política: una posición de clase ante lo que acontece en Venezuela

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Momentos de elevada tensión política y social se viven actualmente en Venezuela. El 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales, con una alta presencia de votantes en los 15.700 centros de votación dispuestos en todo el país. Pero lo que se pretendía vender al mundo como una jornada cívica y participativa, terminó manchada de irregularidades, arbitrariedades y abuso gubernamental.

Previamente sostuvimos que la situación en torno a las elecciones del 28 de julio contemplaba solo dos posibles salidas: transición negociada o reelección fraudulenta. A la luz de los hechos, el madurismo decidió dar un salto al vacío violentando el cierre del proceso comicial y fabricando un fraude colosal, que no tiene precedentes recientes en la historia de Venezuela.

Crónica de un fraude anunciado

Ya desde horas de la noche del sábado 27 de julio, electores de todo el país comenzaron a concentrarse en los centros de votación. Con esto se confirmaba el alto interés de la población de participar en estas elecciones, como desde las parlamentarias de 2015 no ocurría.

Durante la mañana del 28 de julio los centros de votación de todo el país estuvieron llenos de electores. En la mayoría de ciudades la afluencia comenzó a bajar a partir del medio día, a excepción de los centros que iniciaron el proceso tarde o no habían iniciado.

En algunas ciudades del interior nacional se sospecha que funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los centros de votación más grandes ralentizaron el comienzo del proceso con una clara intención de desgastar a los electores en cola.

No está de más recordar que toda tendencia a la participación masiva suponía votos al principal adversario de Maduro, en este caso Edmundo González, candidato del consenso derechista, del imperialismo estadounidense y auténtico monigote de María Corina Machado. Por esta razón, la táctica electoral del partido de gobierno buscó sin éxito fomentar la abstención entre el electorado opositor en todo momento.

También cabe acotar que pese a la alta concentración de votantes en los centros electorales, la participación tendría un techo que con dificultad superaría el 75%. La restricción al voto en el exterior de 4 de los 8 millones de emigrantes venezolanos (20% del padrón electoral), explica en gran manera lo anterior.

Hasta las 6:00 PM, en la mayor parte del territorio nacional la jornada transcurrió con relativa tranquilidad. Sin embargo, se produjeron incidentes aislados pero graves:

Grupos parapoliciales en un centro electoral de Maturín abrieron fuego contra electores en cola, resultando herida una mujer de la tercera edad. Asimismo, en Caracas, 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) fueron detenidos por enfrentar al director de dicha institución, quien a base de agresiones pretendía forzarlos a votar por Nicolás Maduro. A 3 días de lo ocurrido solo se ha reportado la aparición de 4 estudiantes en el centro de reclusión DIP-PNB. Condenamos enérgicamente tales acciones arbitrarias y violaciones a los derechos fundamentales de estas personas.

Conforme caía la tarde, grandes grupos de votantes llenaron los centros electorales para exigir el cierre de las mesas de votación –en los casos donde ya no había cola– y atestiguar el proceso público de escrutinio, contemplado por la ley. Es a partir de aquí cuando comienzan a difundirse por las redes sociales actas de escrutinio impresas en manos de testigos de mesa opositores, desde centros electorales de todos los Estados de Venezuela. En cada una de estas actas, el candidato del imperialismo obtuvo apabullantes victorias.

Pero desde otros miles de centros de votación comenzaron a llegar reportes de irregularidades. A testigos de mesa de la derecha se les negó la entrega de las actas de escrutinio y otros fueron sacados de los centros electorales con violencia policial y parapolicial. Votantes que rodearon estos centros intentaron ser dispersados con agresiones, para negarles el derecho legal a presenciar los escrutinios públicos.

Por si fuera poco la transmisión de los resultados desde los centros de votación fue abruptamente interrumpida. La operación fraude estaba en proceso.

Los enfrentamientos no se hicieron esperar. En uno de ellos perdió la vida por impacto de bala un hombre en el Estado Táchira. Alrededor de las 7:00 PM, en las principales ciudades del país se evidenció un despliegue inusual de organismos policiales y parapoliciales. La tensión comenzó a inundar el ambiente.

La responsable de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para asistir a la sala de totalización de la junta electoral, Delsa Solórzano, denunció que le fue impedido el acceso a la misma, a una hora del cierre formal de las mesas de votación.

Pasada la medianoche, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, en compañía de tres de los cuatro rectores restantes del organismo, anunció cuestionables resultados de un supuesto boletín a la medida de los intereses del madurismo. Los datos de dicho boletín fueron:

Con una transmisión del 80% de las actas y una participación del 59% de los electores, Nicolás Maduro se impuso con 5.150.092 votos (51,20%) frente a los supuestos 4.445.978 (44,2%) obtenidos por Edmundo González. Los demás candidatos de relleno obtuvieron un total de 462.704 votos (4.6%).

Según Amoroso, estos resultados mostraban una ”tendencia irreversible», a falta de la sumatoria del 20% restante de las actas y con una diferencia electoral de 704.114 votos (7,33%). Aquí tratamos con una gran inconsistencia.

Además, en dicha declaración Amoroso destacó, sin presentar pruebas, que el ente electoral sufrió un hackeo informático proveniente de Macedonia del Norte, responsable de interrumpir la transmisión de datos por un importante lapso de tiempo.

Acto seguido, la derecha en voz de María Corina Machado desconoció los resultados presentados por el CNE, recalcando varias irregularidades como la interrupción de la transmisión de resultados y la negativa a contar con un representante en la sala de totalización del ente electoral. Afirmando poseer un resultado distinto, anunció que Edmundo González había sido electo como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

En respuesta a la acusación de hackeo informático, el ex candidato presidencial Enrique Márquez –quien fue rector del CNE–, denunció al día siguiente que la auditoría post electoral al sistema, que podía generar pruebas fehacientes del supuesto ataque, fue suspendida.

Con toda la responsabilidad que amerita, debemos señalar que los resultados ofrecidos por el CNE son contrarios a toda la información suministrada por los actores que tuvieron acceso a las actas en los centros de votación.

A 3 días del anuncio de resultados, el organismo electoral no ha publicado las actas de cada mesa de votación que los avalen, de la misma manera que aún no se conocen las actas del referendo sobre el Esequibo, a casi 8 meses desde su realización. Nicolás Maduro ha señalado que el retraso en la presentación de las actas que avalan su victoria, se debe a que el sistema electoral no ha dejado de recibir ataques informáticos desde el extranjero.

Precisamente, Nicolás Maduro introdujo el 31 de julio un recurso contencioso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), prometiendo que el PSUV y el Gran Polo Patriótico están listos para presentar el 100% de las actas de escrutinio. Creemos que con tal maniobra Maduro trata de ganar tiempo ante las presiones internas y externas que se han producido.

Hay un hecho evidente, el madurismo viéndose derrotado decidió desconocer la decisión mayoritaria de la población, saboteando el cierre del proceso electoral a base de acciones arbitrarias, un mar de irregularidades y violencia contra la ciudadanía congregada en miles de centros de votación. Todos estos hechos cuentan con nuestro rechazo más categórico.

Lo anterior no supone, bajo ningún concepto, que damos nuestro apoyo a la derecha proimperialista. Sabemos que la misma está constituida por una cofradía de delincuentes, que en el pasado organizaron golpes de Estado y pidieron al imperialismo intervención militar y sanciones financieras. La misma aspira volver a gobernar para continuar la austeridad y el ajuste, acelerando y expandiendo el proceso de privatización para seguir haciendo pagar la crisis al pueblo trabajador.

Pero tal postura no nos obliga a avalar las acciones autoritarias de los liquidadores de la revolución bolivariana, perpetradores del ajuste antiobrero y antipopular más brutal de nuestra historia y auténticos saqueadores de la riqueza nacional.

Una sublevación popular

El lunes 29 de julio, luego de cierto estado de shock y descontento traducido en cacerolazos en todo el país, a partir del medio día se produjo en toda Venezuela un levantamiento popular en toda regla.

En la Gran Caracas, habitantes de numerosos barrios populares inundaron las calles y autopistas, establecieron barricadas o decidieron marchar repudiando el evidente fraude electoral con el que se burló su decisión en las urnas. Hablamos de pobladores de Petare, Antímano, El Guarataro, La Dolorita, La Vega, entre otros barrios.

En el interior del país se registraron saqueos, quema de alcaldías y módulos de cuerpos represivos, manifestantes rodeando instalaciones militares y hasta el derrumbe de estatuas de Hugo Chávez en varias ciudades. La ira popular se había desbordado y en ella se mezclaron elementos de indignación, rabia, hartazgo y revanchismo.

Es necesario hacer notar la gran tragedia política que hoy aqueja la clase obrera y demás sectores oprimidos. Actualmente las masas populares identifican sus penurias y privaciones con los ideales del socialismo y la revolución bolivariana, los cuales nada tienen que ver. Y esto es gracias a la desastrosa y corrupta gestión madurista en favor del capital, que emplea fraseología revolucionaria ante cada arremetida contra los derechos y conquistas de los trabajadores de la ciudad y el campo.

Conviene resaltar que las ofensivas insurreccionales de la derecha de 2014 y 2017 nunca pudieron extenderse más allá de las zonas de clase media alta. Mientras las urbanizaciones y localidades de la pequeña burguesía ardían en barricadas y violencia reaccionaria, los barrios permanecían tranquilos. Pero en la actualidad, la situación se ha convertido en su contrario.

Hoy en los barrios reina la ira de los desposeídos, esos que con el peso de la crisis sobre sus hombros han sido defraudados una y otra vez por Maduro. Esto no se trata de una reedición de las guarimbas como desde el PSUV se intenta vender. Esto no es una nueva expresión del “fascismo” y ”terrorismo” de la reacción. Lo que vimos el 29 de julio fue una sublevación de los barrios ante el fraude y la burla realizada por el mismo gobierno responsable de la imposición de salarios de hambre, de la destrucción de los niveles de vida alcanzados durante el auge de la revolución bolivariana, del colapso de los servicios públicos gracias a los recortes y al ajuste, así como del asalto general a los derechos democráticos.

A falta de una alternativa revolucionaria, las aspiraciones de los pobres de Venezuela actualmente se ven falsamente proyectadas en la demagogia de la derecha más rancia, la cual aspira llegar al poder para gobernar en su contra y en favor de la vieja burguesía parásita y el imperialismo. Derecha que desde Miraflores no le temblaría el pulso en cobrar al pueblo humilde haber osado empezar una revolución en el pasado, valiéndose de las mismas armas represivas que han sido creadas y fortalecidas por Maduro.

Represión y bonapartismo

En respuesta, el gobierno desató una fuerte represión empleando a las fuerzas de seguridad y a grupos parapoliciales para disparar a la población. Cómo cabe esperar, en varias ciudades se han registrado muertes por impacto de bala y decenas de heridos.

Las detenciones, según fuentes oficiales, superan las 1000 personas. Medios de información reportan desapariciones de jóvenes protestantes en varias ciudades del país, donde no se sabe a ciencia cierta hacia dónde fueron trasladados.

Desde horas de la mañana del martes 30 de julio, policías y grupos armados encapuchados ingresaron en numerosos barrios caraqueños para amedrentar a sus residentes e impedir nuevas protestas. Ocurre lo mismo en muchos barrios del interior nacional, mientras la militarización del país avanza sin contemplaciones.

Motivado a la represión directa en los barrios a partir del 30 de julio, en Caracas las movilizaciones populares se redujeron considerablemente. En gran número de ciudades del interior del país las protestas y enfrentamientos siguen, aunque con menor fuerza. Grupos policiales y parapoliciales hacen labores de patrullaje en los barrios durante las noches, lo que supone un toque de queda de facto en tales territorios.

De manera tajante e inequívoca debemos rechazar la toma de los barrios por grupos policiales y parapoliciales. La presencia de estos destacamentos en zonas populares solo busca generar terror, amedrentamiento y persecución a nuestros hermanos de clase.

Para impedir un nuevo 29 de julio, esta práctica pudiera convertirse en la nueva normalidad en los sectores populares, donde de facto quedarían suspendidos los derechos políticos y la protesta pacífica del pueblo más humilde. Y no solo hablamos de protestas con carácter político, también nos referimos a manifestaciones por el colapso de los servicios públicos que nunca faltan en estas localidades.

Conocemos muy bien la actuación de los cuerpos policiales que en todo lugar violentan el debido proceso y los derechos humanos de la población más humilde. Son los mismos que en la operación “Gran Cacique Guaicaipuro” detuvieron a jóvenes inocentes en la Cota 905, haciéndolos pasar por miembros de la banda del Coqui. Son los mismos que extorsionan a todo el que pueden, los que detienen sin reportar el lugar de aprehensión de los capturados y quiénes practican aberrantes torturas en los centros de reclusión.

Los comunistas no creemos en la posibilidad de reformar los distintos destacamentos represivos del Estado burgués, cuya función es ejercer la violencia organizada de las clases dominantes para mantener a raya a los explotados y oprimidos. Nuestra lucha busca organizar al pueblo trabajador para hacer la revolución, destruir el aparato estatal capitalista, disolver los esencialmente corruptos cuerpos represivos, para sustituirlos por el poder social organizado y armado de la clase obrera y sectores populares.

Si para alguien quedaba alguna duda del carácter antipopular del gobierno, aquí está la prueba definitiva. Para todo aquel con ojos para ver, todo el garrote de Maduro y los grupos de poder del PSUV está dirigido contra sus otrora bases sociales. Esto se opone diametralmente a los ideales de la revolución bolivariana, asesinada y sepultada en la fosa bajo el palacio de la pretendida “burguesía revolucionaria”.

Sin ninguna duda, queda demostrado que Maduro encabeza un régimen bonapartista, cuyo único sostén radica en los aparatos militares, policiales y parapoliciales. El pueblo trabajador venezolano hoy resiste el yugo de lo que Carlos Marx apuntó como “el dominio de la espada sobre la sociedad”.

La derecha se desmarca de la sublevación popular

Mientras tanto, la oposición de derecha ha centrado el grueso de sus acciones en recopilar la data de los escrutinios en un sitio web, para evidenciar la victoria de Edmundo González ante el mundo. Según la totalización parcial del 85% de las actas de escrutinio recopiladas por la derecha, el candidato del imperialismo alcanzó 7.086.955 (67%) frente a 3.206.164 (30%) obtenidos por Maduro.

En todo momento y lugar María Corina Machado se ha mostrado distante de las protestas en los barrios. La líder de la reacción se ha limitado a proponer asambleas en todo el país, invitando a sus seguidores a concentrarse en paz y en familia, precisamente en los bastiones históricos de la derecha de cada ciudad. Actos donde, además, la composición social pequeñoburguesa predomina sobre otras. No dudamos que tal moderación ha desalentado en parte la movilización popular en los barrios, tanto como la represión estatal.

Edmundo González –en los pocos segundos que Machado le concede para hablar– ha dejado ver en sus declaraciones que su mayor interés es lograr una transición en paz. Con este mensaje expresa el temor de la burguesía tradicional de que la iniciativa de las masas marque la pauta. Después de todo, una masa insurrecta dispuesta a deponer un gobierno hoy puede ser incontrolable en el futuro. Es claro que para la derecha y la burguesía proimperialista los barrios insumisos son más peligrosos que las amenazas del gobierno.

Pero desde un punto de vista económico hay una razón detrás de dichas declaraciones. En un comunicado, la patronal más importante de Venezuela, Fedecámaras, señaló lo siguiente: «(…) Hacemos un llamado a que las manifestaciones que se están dando en diferentes ciudades del país, se hagan de manera pacífica, con el debido respeto a la propiedad privada, ya que pueden estar en riesgo, tanto la vida de nuestros trabajadores, así como la estructura física de las empresas, importantes fuentes de empleo.». De esta manera la burguesía tradicional, jefa nacional de la derecha solo debajo del imperialismo estadounidense, pide calma para seguir haciendo negocios, explotando la clase obrera más barata, precarizada y con menos derechos de la región.

Queda demostrado que la táctica actual ordenada desde Washington consiste en seguir presionando para lograr una transición ordenada de poder en Venezuela. Con las pruebas en forma de actas colectadas por la derecha, María Corina Machado jugará a la táctica de exponer al gobierno, su ilegitimidad y autoritarismo –incluso a riesgo de terminar en la cárcel–, debilitándolo, intentando generar fisuras en las entrañas del mismo, mientras EEUU negocia con algunos grupos de poder madurista para que generen una ruptura.

Reacciones internacionales

A pocas horas de conocerse el primer boletín del CNE, llovieron los cuestionamientos a los resultados electorales desde la mayoría de países de América y Europa, a excepción de Bolivia, Nicaragua y Cuba. Sin esperar mucho tiempo, el gobierno venezolano anunció la expulsión del personal diplomático de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.

En su cuenta en X, el presidente argentino Javier Milei acotó lo siguiente: “Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”. La torpeza y brutalidad de Milei quedan en evidencia. Así, en esta declaración contradictoria incita a que el sector militar venezolano ejecute un golpe de Estado para la defensa de la democracia. Pero de personajes reaccionarios como este no nos extraña tal pedido. Podría decirse que el mismo resume muy bien la hipocresía histórica de la derecha internacional, que mientras derrama lágrimas de cocodrilo sobre Venezuela, en el pasado legitimó el golpe de Estado de abril de 2002 en este mismo país, avaló la asunción golpista del poder por parte de Dina Boluarte en Perú, apoya a Israel en el brutal genocidio contra el pueblo palestino, y cuando son gobierno no dudan en aplicar recortes brutales y la austeridad más profunda, acompañadas de represión y persecución a los trabajadores. Rechazamos de manera contundente este tipo de declaraciones.

Por su parte, la cancillería brasileña solicitó una verificación imparcial de los resultados, pidiendo al CNE la publicación de los datos desagregados por mesa de votación. Tal pedido fue ratificado por Lula de manera conjunta con Joe Biden tras una llamada telefónica que sostuvieron el 30 de julio, cuyo contenido fue difundido por ambos gobiernos. Se ha podido conocer que Brasil tendrá la custodia de la embajada argentina en Caracas –cuyo personal diplomático debe abandonar el país–, haciéndose cargo de los 6 políticos cercanos a María Corina Machado refugiados allí, y quizás también del resguardo de la líder derechista la cual se presume que se esconde en dicha sede diplomática. A todas luces, Lula está en comunicación con las partes del conflicto, creando canales de negociación a espaldas del pueblo trabajador.

Con un tono moderado, el presidente de Colombia Gustavo Petro ha invitado al gobierno venezolano a que posibilite la culminación de las elecciones en paz, permitiendo un escrutinio transparente con veeduría de todos los factores políticos y veeduría internacional profesional. La burguesía colombiana, tanto como la brasileña, temen la agudización del conflicto por sus repercusiones humanitarias y migratorias.

En una línea un poco más tajante –aunque dentro de cierta moderación–, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que reconocerá los resultados si el CNE los confirma.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, instó a las instituciones de Venezuela a que garantice una total transparencia del proceso electoral, con el acceso a las actas de escrutinio y el conteo detallado de votos. Así, las voces políticas del imperialismo europeo, el cual también ha venido recobrando presencia en el negocio energético venezolano, fijan posición en la línea de la solución negociada y ordenada, que permita seguir extrayendo recursos sin problemas.

Maduro ha recibido el apoyo diplomático de potencias aliadas como China y Rusia, a las que no podemos descartar que hayan jugado cierto papel en las acciones gubernamentales del 28 de julio. Para los gobiernos de estos países es importante evitar perder una cabeza de playa latinoamericana para sus intereses geopolíticos.

El 31 de julio, Maduro pudo celebrar la no aprobación por falta de votos de la propuesta resolutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigía la publicación de las actas de votación con presencia de observadores.

Además de la petición de un conteo ”justo y transparente” de votos, el imperialismo estadounidense ha comenzado a subir levemente el tono. Fuentes periodísticas han filtrado la información de que desde Washington evalúan imponer sanciones personales más fuertes a funcionarios venezolanos. Asimismo, el miércoles 31 de julio el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby, expresó que la paciencia de EEUU y de la comunidad internacional “se está agotando”. Cómo militantes venezolanos de la ICR rechazamos de manera contundente la prepotencia y el tono amenazante con el que el imperialismo yankee se entromete en los asuntos internos de Venezuela y el resto del mundo. Estos asesinos, responsables de generar baños de sangre, golpes de Estado, saqueo de recursos y desestabilización en tantos países no pueden pretender dar clases de democracia ni mucho menos intentar imponerla, para encubrir la dictadura de sus bancos y multinacionales.

Aunque era previsible que los jefes máximos de la derecha venezolana subirían el tono, creemos que mantendrán cierta cautela para no poner en riesgo los avances en el posicionamiento de multinacionales como Chevron en el negocio petrolero de nuestro país. Esto a menos que la crisis política escale, viéndose obligados a tomar una posición mucho más contundente.

Cómo hemos dicho, el imperialismo estadounidense está pujando por concretar una transición ordenada de poder. Sus intereses actuales no están del lado de un escalamiento del conflicto político venezolano, que lo obligue a dedicar atención ante tantos frentes abiertos a nivel internacional (Ucrania, Palestina, Yemen, entre otros). Además, temen escenarios que precipiten nuevas oleadas de migrantes venezolanos que empeoren la actual crisis migratoria dentro de EEUU.

Cohesión estatal momentánea

Maduro, a partir de la sublevación de los barrios, ha denunciado que está en marcha un intento de “golpe de Estado fascista”, prometiendo sofocar toda rebeldía con mano dura. Dando muestras del más asqueroso clasismo burgués, ha calificado a todos los manifestantes de los barrios como “delincuentes” y “drogadictos”. De esta manera, la capa de nuevos ricos del PSUV demuestra su desprecio a los barrios y a los pobres, de donde irónicamente muchos de ellos provienen y a quienes dicen representar.

El Ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, ha felicitado los resultados emitidos por el CNE, para luego secundar la denuncia del supuesto “golpe de Estado”. En una muestra de total subordinación, ha acotado que los esfuerzos para contrarrestarlo están siendo dirigidos por el propio Nicolás Maduro.

Hasta el momento no ha aparecido ninguna fisura en las estructuras del gobierno y de la fuerza armada nacional. Las protestas populares, aunque importantes, hasta el momento no han tenido la suficiente fuerza para quebrar las lealtades que los negocios en los terrenos minero, gasífero y petrolero unen al alto mando militar con Maduro.

Todo indica que la alta dirigencia gubernamental nunca estuvo dispuesta a confiar en una entrega pactada de poder y transición ordenada del mismo, sin represalias por parte del imperialismo estadounidense. Esta consideración llevó a la cúpula del madurismo a aferrarse al poder a toda costa, vulnerando el reconocimiento internacional que venía reconquistando durante los últimos años. A fin de cuentas, si el poder es la única garantía real de seguridad que poseen, nunca serán capaces de soltarlo sin luchar.

La actuación fraudulenta del gobierno al cierre del proceso electoral nos hace pensar que en las primeras de cambio creían poder imponerse en las urnas. La prepotencia burocrática de los que creían tener a dios tomado de la barba, claramente se ha estrellado con la realidad.

Ahora el madurismo resiste las consecuencias en su castillo, preparado para temporadas bajas de relativo aislamiento internacional, sanciones y recrudecimiento de la crisis económica. Creen poder sostenerse como en el pasado, pero claramente las cosas no son como antes.

La rebelión de los barrios ha dado una señal evidente de que el descontento popular reinante ha alcanzado sus límites. La situación sigue siendo inestable. Nada se ha resuelto aún. Cualquier paso en falso puede agudizar el conflicto y la disposición de lucha de los sectores populares, poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno.

Con el retroceso momentáneo de las masas, el gobierno comienza a tomar la iniciativa:

En horas de la mañana del 30 de julio, fue detenido el dirigente del partido derechista Voluntad Popular, Freddy Superlano, junto a 2 colaboradores suyos. Y ya en horas de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez pidió la detención de María Corina Machado y Edmundo González. Según el periodista Gregory Jaimes, la orden de captura contra los anteriores ya fue firmada por funcionarios del Circuito Judicial de Caracas.

Es posible que el pedido de detención para Machado y González solo juega el papel de amenaza, para forzar una huida de estos hacia el exterior. De concretarse dicho escape la derecha quedaría descabezada y desmoralizada nuevamente. También es posible que el gobierno decida esperar hasta retomar completamente el control de los barrios, para proceder a detener a Machado y González. Hacerlo en este momento supondría despertar de nuevo la sublevación popular, que en Caracas ha sido parcialmente sofocada.

Por una posición de clase

Lo que ocurrió el 28 de julio estaba entre los escenarios más probables de nuestros análisis previos. Siempre anticipamos que era poco probable que el gobierno decidiría reconocer una derrota, en forma de una transición negociada, aceptando las garantías que posiblemente le ofreció el imperialismo estadounidense. Hay mucho que perder para ellos, por tanto optaron a plantarse en el poder pese a todos los costos.

La situación de tensión política sigue al rojo vivo. Todo apunta que estamos lejos de una solución, con la probabilidad de que se desaten escenarios más funestos. Pero independientemente de quien se imponga en la contienda entre la derecha y el gobierno, la clase trabajadora no tiene nada que ganar. La disyuntiva entre la muerte por asfixia o la decapitación sigue estando a la orden del día.

Debemos tener claridad. Para superar el actual estado de postración en el que se encuentran las fuerzas revolucionarias, clasistas y de izquierda que desde hace tiempo rompieron con el gobierno, tenemos que reconocer la verdad por más dura que esta sea: desde antes de las elecciones presidenciales, o incluso desde hace varios años, el pueblo trabajador ya estaba derrotado, en la medida en que sus niveles de organización han sido incapaces de defender y posicionar sus intereses en la sociedad.

En lugar de caer en negación, es preciso seguir el consejo del filósofo Baruch Spinoza: “Ni reír, ni llorar, sino comprender».

Mientras la ofensiva de los viejos y nuevos ricos sigue su marcha, los trabajadores de la ciudad y el campo, soportando todo el peso de la crisis, la pérdida de derechos democráticos y ante la falta de una dirección independiente de clase; hemos sido incapaces de plantar cara y dar batalla. Y mientras la situación siga siendo la misma, los resultados serán invariables.

La conclusión a la que debemos arribar en estas horas difíciles es que cuanto antes las fuerzas revolucionarias, comunistas y de izquierda debemos desplegar todos los esfuerzos posibles para levantar los niveles de organización y coordinación de las distintas luchas de la clase obrera y el pueblo.

Para nada estamos de acuerdo con las posiciones que han expresado otras organizaciones de izquierda, cuya iniciativa no marca una separación tajante con los intereses de poder de la derecha proimperialista:

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), por ejemplo, insiste en la tesis de “reagrupar las fuerzas genuinamente democráticas”, estando tras la cola de individuos como Enrique Márquez, que en el pasado apoyó las ofensivas insurreccionales de la derecha y el falso gobierno interino de Juan Guaidó. Esta organización en los últimos días ha exigido con todas sus fuerzas que el CNE publique las actas de votación, pero en ningún momento ha llamado a la desconfianza necesaria de los sectores oprimidos hacia los partidos de la clase dominante. En su llamamiento, la dirección del PCV habla de “construir espacios de amplia unidad para fortalecer la lucha por la recuperación de la Constitución y el estado de derecho en Venezuela” –lo cual, al no mencionar a quienes excluyen de tal “amplia unidad” se puede interpretar como un llamado a la unidad de acción con la derecha proimperialista.

Por otro lado, algunas organizaciones de la plataforma por el voto nulo han planteado a la opinión pública discutir la propuesta de una huelga general. Sin embargo, ante la debilidad actual de las genuinas fuerzas de la izquierda, si este llamado fuese asumido solo la derecha proimperialista estaría en capacidad de capitalizarlo. En nuestra opinión, ni a nivel de discurso y acciones debemos promover iniciativas que solo favorezcan a cualquiera de nuestros enemigos de clase.

Lejos de pensar en atajos, debemos enfocarnos en nuestro objetivo: levantar las fuerzas de la clase obrera y el pueblo pobre. Esto implica apoyar la lucha por la recuperación de los sindicatos como instrumentos para la defensa de los intereses de los trabajadores, promover la organización estudiantil revolucionaria, fomentar la creación de comités de lucha por servicios públicos de calidad en los barrios, combatir junto al movimiento de mujeres y la comunidad LGBT por la conquista de derechos y contra las ofensivas de odio conservador y religioso, e incentivar la lucha campesina contra el latifundio y el sicariato.

No obstante, el factor decisivo en toda la situación ha sido justamente la ausencia de una dirección revolucionaria de la clase obrera. Para impulsar con más eficiencia las tareas antes señaladas se requiere construir un nuevo partido comunista revolucionario, con una gran solidez teórica, que defienda en todo momento la independencia de clases y esté presto a echar raíces dentro del movimiento obrero. Para consumar tan ambicioso objetivo, los militantes de Lucha de Clases – sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria, trabajamos sin descanso.

Venezuela: declaración de Lucha de Clases sobre las elecciones presidenciales del 20 de mayo

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Escrito por: Lucha de Clases – Venezuela 

Nicolás Maduro fue reelegido para otro mandato en las elecciones presidenciales de Venezuela el domingo 20 de mayo. Victoria obtenida frente a una oposición divida, con una abstención cercana al 54%, principalmente impulsada por los sectores de la derecha aglutinada en el FAVL, lo que le permitió una victoria holgada de 6.245.862 votos, (68%) frente 1.927.387 (21%) del candidato de la fracción de la derecha que decidió participar en las elecciones Henri Falcón, 996.073 por el sacerdote evangélico Bertucci (10 por ciento) y 34.614 por el poco conocido Quijada que se presentó como candidato chavista disidente (0,4 por ciento).

Hipocresía de la derecha

Las elecciones se llevaron a cabo en el marco de un ataque sostenido de la oposición reaccionaria y el imperialismo para impedir que se celebraran. Desde el día en que se convocaron, tanto EE. UU. como la UE anunciaron que no reconocerían su legitimidad y exigieron su suspensión. A ellos se unieron los países del Grupo de Lima, un grupo ad hoc de gobiernos derechistas latinoamericanos establecido para emitir declaraciones en línea con la política imperialista de Estados Unidos cuando no pueden obtener la mayoría en la Organización de Estados Americanos y otros organismos oficiales. La supuesta preocupación por las garantías democráticas de gobiernos como Argentina, Brasil, Colombia, México y Honduras es completamente hipócrita. Ninguno de estos gobiernos ha investigado la ejecución extrajudicial del activista de derechos indígenas Maldonado en Argentina; los cientos de miles de desplazados y desaparecidos en Colombia; la participación y encubrimiento del estado de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México y el flagrante fraude electoral en Honduras hace apenas unos meses, por mencionar algunos casos.

Los reaccionarios partidos de oposición venezolanos, ahora agrupados en el llamado Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), que se pasaron seis meses el año pasado organizando una campaña violenta y terrorista para exigir elecciones anticipadas, ahora llamaron al boicot. La elección tuvo lugar exactamente un año después de que una turba de partidarios violentos de estas damas y caballeros rodearan a Orlando Figuera, un joven partidario chavista de tez oscura, y le pegaran fuego. Orlando murió como consecuencia de las heridas. Este incidente por sí mismo te dice todo lo que necesitas saber sobre el verdadero carácter de la oposición venezolana reaccionaria, oligárquica, proimperialista y racista.

La celebración de las elecciones se llevaron a cabo fue una respuesta clara a estas fuerzas reaccionarias. Sin embargo, la oposición venezolana recibió un duro golpe el año pasado y ahora está dividida y desmoralizada. Todos los intentos que hicieron para movilizar a la gente en las calles en el periodo previo al 20 de mayo fracasaron miserablemente. A medida que se acercaba el día de las elecciones, un número cada vez mayor de líderes de la oposición rompió filas con FAVL y pidió un voto para Henri Falcon, que fue respaldado por su propio partido además del MAS y COPEI.

Pero no lograron alentar a su propia base. La participación fue extremadamente baja en las áreas más ricas de las grandes ciudades, baluartes tradicionales de la oposición de derecha, donde la mayoría de los centros de votación no tenían colas o estaban completamente vacíos durante todo el día.

Por supuesto, Henri Falcón, fiel a la tradición de la oposición venezolana cada vez que pierde una elección, denunció un supuesto “fraude”, habló de 900 casos de irregularidades, dijo que no reconocía el resultado y llamó a convocar nuevas elecciones en octubre. Esto es ridículo. Para todos fue claro que no había sido capaz de movilizar la base de apoyo de la oposición, que siguió en gran medida la llamada de boicot emitida por la FAVL, siguiendo instrucciones de Washington.

Abstención

La primera lectura que consideramos pertinente realizar, a pesar de la aparente contundencia e incluso carácter épico que algunos miembros de la dirección del gobierno pretendan darle al resultado, es que el gobierno y la oposición no abstencionista no logro convencer de la importancia de participar ni siquiera a la mitad del registro electoral. Las convenientes comparaciones con los registros de otros países como Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos obvian un detalle de carácter subjetivo que no podemos pasar por alto, en esos países no hubo una revolución y no gobernó un Hugo Chávez en su historia reciente. Si el gobierno no es capaz de analizar, identificar y reconocer, el reflujo en el movimiento de masas y su silente grito desesperado de la necesidad acuciante de solución a las problemáticas más urgentes que viven las grandes mayorías, la creciente desconfianza, no sólo en la revolución, en el gobierno, ya inclusive en la democracia burguesa como mecanismo para superar la crisis y se hace de oídos sordos de esta realidad y asume con soberbia y arrogancia la victoria, abrazados sólo 68% “inmenso y contundente” sin darnos cuenta del silencio del 54% de todo el registro electoral que optó por no participar, puede llevarlo a tomar medidas erradas por su desconexión con las aspiraciones más profundas de las masas.

La mayoría de la oposición reaccionaria, con el apoyo total de Washington, Bruselas y los gobiernos derechistas de la región , llamaron al boicot, lo que provocó en una participación muy baja en las zonas de clase media y alta de las principales ciudades, vemos como municipios dónde generalmente gana la derecha como Chacao, Baruta y el Hatillo, tuvieron una participación de apenas 13,87%; 15,67% y 15,16% respectivamente. Como reacción, muchos en los barrios de clase trabajadora y pobres salieron a votar como una forma de rechazar tal intromisión imperialista descarada. Sin embargo, incluso aquí la participación fue visiblemente menor que en elecciones anteriores.

Desde Lucha de Clases consideramos que no toda la abstención, muy alta para una elección presidencial en nuestra historia reciente, pueda o deba considerarse simpatizante de la derecha, ya que hubo una franja significativa de la misma que es parte del chavismo de base, descontento, desmoralizado y desmovilizado por la fuerte crisis económica e incrédulo en las promesas de prosperidad del Candidato Presidente, además de un 20% de abstención dura histórica, que incluso se abstuvo en las elecciones presidenciales de Chávez del 2012, cuando se registró la más alta participación de la historia del país.

A pesar de que los medios internacionales hablan de “irregularidades masivas” (BBC), de que “Maduro se reeligió” (El País), y de que fue una “farsa de elección” (Financial Times), las elecciones se llevaron a cabo en condiciones normales, sin incidentes y en presencia de observadores internacionales, incluido el ex presidente español Zapatero. La ONU y la UE también fueron invitados a enviar observadores, pero se negaron. Ahora afirmarán que hubo “numerosas irregularidades” a pesar del hecho de que no estaban sobre el terreno para presenciarlas.

Trabajadores y pobres votan en contra del imperialismo

La participación fue mayor en los barrios de clase trabajadora y pobres, que son la base tradicional de apoyo de la Revolución Bolivariana. Muchos aquí votaron para dar una respuesta clara a la campaña escandalosa del imperialismo y la oposición exigiendo que se cancelen las elecciones. Muchos también votaron para defender lo que queda de los logros de la revolución. Existe una comprensión clara de que si la oposición ganara las elecciones, destruirían todo y harían que los trabajadores y los pobres paguen el precio total de la crisis con un brutal programa de “ajuste” inspirado por el FMI. Aún así, la participación fue menor de lo habitual en los bastiones chavistas tradicionales. Hubo filas en muchos colegios electorales, que los medios internacionales deliberadamente ignoraron, pero estas no fueron tan largas ni tan persistentes como lo habían sido en elecciones anteriores. Esto fue a pesar de que el PSUV y el estado usaron sus aparatos para intentar movilizar el voto chavista de una manera sin precedentes. El voto de Maduro fue de alrededor del 30 por ciento del censo total, frente al 40 por ciento cuando fue elegido por primera vez en 2013. Perdió 1,3 millones de votos a pesar de que el censo se había ampliado en 2 millones.

Todavía hay un voto chavista duro, que sale en cada elección por lealtad a la Revolución Bolivariana y la lucha por el socialismo que Chávez representó. Pero cada vez es más difícil que este sector movilice a otras capas más amplias. En la izquierda del movimiento chavista hay una creciente crítica a la dirección y la burocracia, ya que han demostrado que no pueden lidiar con la situación económica y son un obstáculo para la iniciativa revolucionaria de las masas.

Uno de los principales puntos de conflicto ha sido el de las comunas rurales. En los últimos meses ha habido varios casos en que grupos de campesinos organizados en comunas – en tierras otorgadas oficialmente – fueron desalojados. Estos desalojos tuvieron lugar a manos de la policía local, la Guardia Nacional, jueces locales y funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, y se llevaron a cabo en nombre de los propietarios, en muchos casos con estrechos vínculos políticos y comerciales con el aparato estatal.

En el periodo previo a las elecciones, altos funcionarios gubernamentales intervinieron para revertir esta tendencia e incluso Maduro prometió que ya no habría más desalojos. Una de las principales organizaciones campesinas revolucionarias, la CRBZ, convocó a votar por Maduro pero mantuvo todas sus críticas contra la burocracia y el aparato estatal. Lo mismo fue el caso en la Comuna El Maizal, en Lara, donde el estado todavía no ha reconocido la victoria electoral del vocero de la comuna Ángel Prado, contra el candidato oficial del PSUV en las elecciones municipales de diciembre y a pesar de todo, participaron masivamente el 20 de mayo en las presidenciales votando por Nicolás Maduro.

Somos Venezuela, aumento del voto nulo, descenso del PCV y PPT

El recién surgido Movimiento Somos Venezuela, a pesar de contar con un despliegue propagandístico inmenso, todas las prebendas asociadas al movimiento, entorno al carnet de la patria y sus bonos, una campaña con “caravanas de la esperanza” con autobuses nuevos color amarillo que recorrieron el país y la promoción de figuras del ámbito del espectáculo, empresarios y sectores de una especie de chavismo edulcorado, no logró convencer ni fracturar al chavismo de base de manera significativa al obtener apenas 374.862 votos. El PSUV sigue siendo, con sus 5.277.955 votantes, por mucho, el principal partido que atrae el voto chavista.

Dos hechos particulares vale la pena destacar del resultado electoral, primero, el voto nulo, que no tiene tradición en Venezuela y al cual ninguna organización llamó públicamente a impulsar, paso de 67.000 en las presidenciales del 2013 a 177.480 este domingo 20 de mayo. Lo cual interpretamos como la forma de expresarse de algunos sectores descontentos del chavismo, que no se sintieron representados por el Candidato Nicolás Maduro, pero que no estuvieron dispuestos a hacerle el juego a la derecha proimperialista y su llamado a la abstención. Y es curiosa esta cifra, ya que supera la votación obtenida por partidos a la izquierda del PSUV como PCV o PPT, quienes obtuvieron una votación de 171.043 y 91.547 respectivamente.

La pérdida de votos del PCV y PPT, si la comparamos con 2013 cuando obtuvieron 283.678 y 168.983 respectivamente o inclusive con las municipales de diciembre 2017 donde obtuvieron 271.686 y 208.404 cada uno podríamos interpretarla como un incremento en la desconfianza en su capacidad de presionar al Gobierno, su constante ambivalencia entre criticar y tolerar actitudes negativas del gobierno, sumado a la incomprensión de algunos sectores, que apoyaron con fuerza dichas tarjetas, al tener la audacia política de enfrentar al PSUV, a pesar de las presiones, en el municipio Libertador, postulando a Eduardo Samán, Angel Prado en Simón Planas, Regulo Reina en Temblador, entre otros, y a los cuales, o se le censuró y boicoteó la campaña (caso Samán) o simplemente no se les reconoció la victoria, (casi Prado y Reina).

La persistencia del PSUV en sus arbitrariedades, inclusive en periodo electoral, a pesar de haber firmado sendos pactos con PCV y PPT, incumplía de manera reiterada con parte de sus contenido, despidiendo trabajadores/as, reprimiendo protestas, permitiendo despidos masivos, autorizando calificación de despidos a dirigentes sindicales, manteniendo la bonificación salarial, entre otras cosas, aumentó la desconfianza en las masas en dichos partidos y permitió el descenso de su participación.

Nosotros abogamos por la unidad de la clase trabajadora y de los sectores revolucionarios del chavismo, dicha unidad pasa por la construcción colectiva de un programa revolucionario que permita superar la crisis sin cargarla en los hombros de las y los trabajadores. Consideramos que llego el momento de construir una alternativa revolucionaria para la clase obrera y popular.

Resolver la crisis con una alternativa revolucionaria

El problema es que, sobre la base de su historial, Maduro y la dirección bolivariana no pueden o no quieren implementar las medidas necesarias para enfrentar la crisis económica. En lugar de enfrentar la crisis de frente expropiando a los capitalistas, banqueros y terratenientes, el gobierno hace llamamientos constantes para que inviertan. Mientras ataca el papel que desempeñan en la “guerra económica”, el gobierno les otorga préstamos y acceso a dólares. En su discurso de victoria electoral, Maduro, una vez más, hizo un llamamiento a la oposición para que volviera a la mesa de negociaciones, un llamamiento que extendió al imperialismo estadounidense.

En las próximas semanas veremos una intensificación de la campaña imperialista contra el gobierno venezolano con mayores sanciones. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, hablando en Argentina, dijo que Washington estaba considerando sanciones petroleras, lo que tendría un impacto paralizante en la economía. Esperan derribar al gobierno exacerbando la crisis y asfixiando económicamente al país.

Para las masas bolivarianas, el problema principal será la profunda crisis económica, con hiperinflación, un colapso en el poder adquisitivo de los salarios y la consiguiente escasez de productos básicos. Maduro prometió lidiar con estos problemas después de las elecciones y aseguró que lograría “prosperidad económica”. Estas promesas no se cumplirán y las capas avanzadas de los trabajadores y los pobres se verán empujados a buscar una alternativa real, capaz de enfrentar al imperialismo pero al mismo tiempo avanzar hacia la solución de la crisis económica.

De hecho, solo hay dos soluciones posibles. Una, defendida por todas las alas de la oposición y que cuenta con el respaldo del imperialismo, es un brutal plan de ajuste que incluiría recortes al gasto social y estatal, levantamiento de subsidios, abolición de los alimentos subsidiados del CLAP, privatización de empresas estatales y recursos naturales y despidos masivos en empresas del sector público y privado. Eso sería un completo desastre para los trabajadores y estaría acompañado de un aplastamiento de los derechos democráticos.

La otra sería nacionalizar todas las palancas fundamentales de la economía bajo el control obrero democrático y usarlas para producir para satisfacer las necesidades del pueblo, no el beneficio del puñado de parásitos que componen la oligarquía.

La política a mitad de camino del gobierno de Maduro, con concesiones cada vez mayores a la clase dominante, solo lleva a la desmoralización, el escepticismo, un agravamiento de la crisis y, finalmente, de una forma u otra, a un plan de ajuste brutal que recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Para romper con esta situación, la vanguardia revolucionaria debe fijarse el objetivo principal de construir una alternativa genuina y revolucionaria basada en un programa socialista que ofrezca una solución en beneficio de los trabajadores. Esa es la tarea más urgente, únete a Lucha de Clases e impulsemos la construcción de una alternativa revolucionaria.