Menu

Deuda con el FMI

El acuerdo de Argentina con el FMI evita el default pero prepara una explosión social

, , , , ,

El reciente acuerdo entre el FMI y Argentina, aprobado en el contexto de protestas masivas, evita lo que era un default inminente de su préstamo de 2018 por el mecanismo de posponerlo. Las condiciones del acuerdo significarán un severo programa de austeridad, la mayor sujeción del país al FMI a través de inspecciones trimestrales y, en realidad, es muy poco probable que logre sus objetivos declarados. La aprobación del acuerdo con el FMI ha abierto profundas grietas dentro de la coalición gobernante Frente de Todos y está ejerciendo una poderosa presión hacia la unidad nacional por arriba para evitar una explosión social por abajo.

El motivo inmediato del acuerdo entre el FMI y Argentina es el hecho de que el país no pudo pagar su cuota de 2.800 millones de dólares de marzo del préstamo stand-by de 2018. En 2018, el gobierno argentino del presidente derechista Macri firmó un préstamo récord de US$57.000 millones del FMI. Macri se embarcó entonces en toda una serie de contrarreformas (laboral, de pensiones), que provocaron un movimiento de protesta masivo y finalmente no pudo implementar por completo.

En ese momento, lo que estaba sobre la mesa era una explosión social y el derrocamiento del gobierno por un movimiento de masas en las calles (como había sucedido en el Argentinazo). Solo se evitó porque los dirigentes sindicales y del kirchnerismo (el movimiento político peronista de “izquierda” liderado por Cristina Fernández, viuda del expresidente Néstor Kirchner) logró bloquear la ira popular y canalizarla hacia las elecciones, culminando con la victoria del kirchnerista Frente de Todos y la elección de Alberto Fernández como presidente en 2019.

Gran parte del préstamo del FMI de 2018 terminó en manos de capitalistas que luego procedieron a desviar el dinero al exterior, gran parte a cuentas opacas en paraísos fiscales. Ese préstamo, que fue contraído por un gobierno de derechas y del que sólo se beneficiaron los capitalistas, ahora pesa como una losa al cuello de la economía argentina. El gobierno de Alberto Fernández es una alianza incómoda entre el propio presidente, representante del ala más burguesa y “respetable” de los peronistas, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, representante del ala kirchnerista del movimiento. Ambos sectores han trabajado para mantener la estabilidad y gobernabilidad de la débil economía capitalista argentina asolada por la crisis, incluido el pago diligente y puntual de la deuda con el FMI.

Hasta que, claro, esto se volvió completamente imposible. Según algunos cálculos, las reservas netas del banco central se habían vuelto negativas, después de pagar más de 1.000 millones de dólares al FMI en enero. La cuestión a la que se enfrentaban el FMI y el gobierno argentino era la de un impago muy costoso. Costoso para el FMI en términos de la cantidad que perdería pero también desde el punto de vista de sentar un precedente para otros países. Costoso desde el punto de vista del gobierno argentino y los intereses capitalistas que representa, ya que lo aislaría de los prestamistas internacionales en un momento de profunda crisis económica. Había que llegar a un acuerdo.

El acuerdo, que llega después de dos años de conversaciones, reestructura $44 mil millones de deuda, lo que permite que Argentina acceda a nuevos fondos, incluido un primer desembolso de $9.7 mil millones. Sin embargo, el acuerdo viene con condiciones estrictas y se basa en un conjunto de predicciones y pronósticos que ni siquiera los propios representantes del FMI creen que se pueden cumplir. En primer lugar, el programa estará sujeto a inspecciones trimestrales, lo que significa que el FMI controlará en detalle las políticas del gobierno argentino bajo la amenaza permanente de default cual espada de Damocles.

Entre los términos acordados se encuentra una reducción progresiva del déficit presupuestario del 3% en 2021 al 0,9% en 2024 y un presupuesto equilibrado en 2025. Esto significa un ajuste fiscal brutal, cuya peor parte recaerá sobre la clase trabajadora y los pobres. Esto se hará principalmente a través de recortes en los subsidios a los precios del gas y la electricidad para los consumidores domésticos. Es decir, los trabajadores argentinos verán aumentar sus facturas en 3.800 millones de dólares (1% del PIB) en total, para financiar el pago de la deuda con el FMI.

Al mismo tiempo, el acuerdo prohíbe al gobierno imprimir dinero para financiar el déficit, en un intento de combatir la inflación. Los objetivos de inflación también son muy poco realistas, del 52% actual, a entre el 38 y el 48% para fin de año. Esto en un momento en que, además de las presiones inflacionarias previamente existentes, Argentina se ha visto afectada por el impacto de la guerra en Ucrania en los precios mundiales, particularmente en el sector energético. ¡En realidad, los economistas argentinos pronostican que la inflación llegará este año al 60% o más!

Nadie cree que se puedan cumplir los objetivos del acuerdo. Las medidas propuestas supondrán un ataque abierto a las condiciones de vida de la clase trabajadora, que verá facturas más altas, con una alta tasa de inflación que se comerá los salarios. El acuerdo, con sus recetas monetaristas, tendrá un impacto depresivo en una economía ya maltrecha. Con tasas de interés más altas y capacidad de compra de los salarios más baja, los capitalistas seguirán sacando su dinero del país en lugar de invertirlo.

Ignacio Labaqui, analista de Medley Global Advisors, citado en el Financial Times, describió el acuerdo como un puente hacia las elecciones de 2023: “El FMI aparentemente prefiere ver si el próximo gobierno está más dispuesto a implementar reformas”.

La propia directora del FMI, Georgieva, comentó que “Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales excepcionales, que incluyen un ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, inflación alta persistente, una pesada carga de deuda y bajos amortiguadores externos”. Advirtió que «los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando» y que «en este contexto, la recalibración temprana del programa… será crítica». Esa es una forma diplomática de decir que el acuerdo fracasará. De hecho, todos saben que Argentina caerá en default tarde o temprano. El acuerdo simplemente pospone la fecha.

La firma del acuerdo también ha abierto severas divisiones dentro del partido gobernante Frente de Todos, entre el presidente Alberto Fernández y los kirchneristas encabezados por la vicepresidenta Cristina Fernández. Ya en febrero, Máximo Kirchner renunció como líder de la bancada parlamentaria del FdT en protesta, aunque se mantiene como diputado. El acuerdo final solo se aprobó gracias a los votos de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio (JxC), ya que un grupo importante de parlamentarios del FdT se abstuvo (13) o votó en contra (28). Así, un total de 41 de los 117 diputados de la bancada se opusieron al acuerdo.

Por supuesto, estas demostraciones públicas de oposición fueron principalmente de cara a la galería, ya que el números de abstenciones y votos en contra fue cuidadosamente calibrado para garantizar que el acuerdo se aprobara con la mayoría necesaria (contando con el apoyo de la oposición). La idea era hacer un gesto hacia la base kirchnerista, profundamente opuesta a cualquier trato con el FMI, pero no impedir que se firmara el acuerdo. Los kirchneristas siguen siendo parte del gobierno de Alberto Fernández y no están dispuestos a abandonar ninguno de los ministerios clave que ocupan.

Días después de la firma del acuerdo con el FMI, los kirchneristas propusieron una ley para implementar una aportación extraordinaria del 20% a quienes hayan sacado dinero del país y no lo hayan declarado a Hacienda, a pagar en dólares. Se calcula que la cantidad total evadida asciende a la asombrosa cifra de 400.000 millones de dólares. Sin embargo, esto es principalmente una acción propagandística, para decirles a sus votantes que van a ser los ricos y los evasores de impuestos quienes paguen la deuda al FMI. En la práctica, esta ley, si se aprueba, tendrá poco impacto. El dinero evadido, por definición, se mantiene a seguro fuera del alcance de las autoridades y así seguirá siendo.

Sin embargo, la firma del acuerdo con el FMI reveló poderosas tendencias hacia la unidad nacional, con el voto a favor de legisladores de oposición que dieron al gobierno los votos necesarios para aprobarlo. Esto es bastante significativo en un momento en que todos los partidos están pensando en las próximas elecciones en 2023. Está claro que había sectores de JxC que estaban considerando votar en contra para hacer caer al gobierno, pero la clase dominante los disciplinó. Prevenir un default y la turbulencia política que eso provocaría en un momento de profunda crisis social era primordial desde el punto de vista de la clase dominante. Ante la amenaza de un estallido social por abajo, la clase capitalista presiona hacia la unidad de sus representantes políticos en ambos campos, gobierno y oposición. La propia directora del FMI subrayó este punto: “Un fuerte consenso político y social es clave para sostener la implementación de la agenda de reformas”. Así, la firma del acuerdo con una amplia mayoría parlamentaria no es un signo de fortaleza de la clase dominante, sino de debilidad.

Así que, finalmente, el acuerdo fue aprobado a pesar de una serie de protestas masivas en las calles desde diciembre y una brutal represión policial, que ha incluido el ataque a organizaciones obreras y populares, el arresto de conocidos activistas, etc.

En realidad, lo que se prepara en Argentina es una explosión social masiva. Las elecciones de 2019 actuaron como válvula de escape para evitar un levantamiento en ese momento, como los de Ecuador y Chile. La ira de las masas, en la medida en que los dirigentes sindicales burocráticos no ofrecían ninguna alternativa, se canalizó hacia las elecciones. Existía una débil esperanza de que con el regreso de los peronistas al poder se repetiría de alguna manera el crecimiento económico de los años de Kirchner. Eso fue una ilusión, el ciclo de altos precios de las materias primas que sustentó ese crecimiento había terminado.

Y luego llegó la pandemia, que hizo caer en picada la economía argentina y provocó un fuerte aumento de la pobreza, desde un mínimo del 25 % en 2018, a un aumento al 35 % en 2019 y un pico del 43 % en 2020. Esas cifras no han disminuido sustancialmente y, a pesar del crecimiento económico nominal, la tasa oficial de pobreza se mantiene en un espantoso 40%.

Estas son las condiciones que preparan una explosión social masiva. El fantasma del argentinazo acecha a la clase dominante. Los dirigentes sindicales burocráticos de la CGT y la CTA, así como los dirigentes del kirchnerismo, están haciendo todo lo posible para impedirlo. Pero todas las señales están ahí, y ya ha habido algunas explosiones regionales y locales. El problema es que cuanto más tiempo las organizaciones oficiales del movimiento obrero logren controlar la situación, más violenta será la explosión una vez que finalmente estalle.

Desafortunadamente, los representantes oficiales de la izquierda en la coalición electoral FITU, parecen estar enfocados en una estrategia de acumulación lenta de fuerzas en el frente electoral, cuando lo que se requiere es una política revolucionaria audaz que plantee la cuestión de la crisis del capitalismo como centro de la lucha política. Más que ganar unos cuantos votos más y uno o dos diputados más, lo que se debe plantear es la necesidad de una clara alternativa socialista y un plan de lucha para derribar el acuerdo con el FMI y con él a los partidos políticos que lo respaldan, tanto en el gobierno como en la oposición. La única alternativa a la crisis del capitalismo argentino es que los trabajadores tomen las riendas del país, expulsen al imperialismo y expropien a los capitalistas.

Argentina: El Fondo Monetario Internacional, la economía y las condiciones de vida de los trabajadores

, , , , ,

En los últimos meses, la opinión pública se vio bombardeada por dos temas claves, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la explosión de contagios de la tercera ola de Ómicron Covid-19.

El juego de titanes en el ring – los que pelean sin pelear

El oficialismo junto a la oposición representa, desde hace meses, un sainete sobre la deuda externa y la pandemia, mientras que los sectores populares se encuentran en una situación de subsistencia y pauperización de las condiciones de vida.

Desde Juntos presionan para que el acuerdo con el FMI sea sin más y/o acorde a las imposiciones del organismo internacional, mientras que el Frente de Todos muestra una cierta oposición verborrágica, cuando en realidad en lo que va de su gestión llevan pagado u$s2.470- debiendo sumarse el próximo vencimiento de enero de u$s1.700- de pago de capital.

El Frente de Todos trató durante todo el proceso de la negociación, de que el FMI asuma la responsabilidad de haber otorgado al gobierno de Macri la alevosa cifra fugada de u$s44.000-, la tierra arrasada de la pandemia macrista dejó no solo postrada a la Argentina ante los acreedores internacionales, sino que profundizó el mecanismo perpetuo de dominación, la deuda externa.

Cristina Fernández, por su lado, no se cansa de decir que fuimos pagadores seriales de la anterior deuda durante su gobierno, como señal de garantía de pago de la deuda actual contraída por el macrismo. La prioridad de los titanes en el ring de ambos lados de la grieta es sostener la gobernabilidad.

Tirándose piedras de un lado y del otro, en la lógica de Juntos por el Cambio si estuvieran en la Rosada, implicaría subordinarse aún más al imperialismo e impondría un entendimiento con las reglas del FMI, con mayores recortes a la ayuda social, eliminando subsidios, imponiendo un retroceso a las condiciones laborales a la clase obrera y la juventud y que presentan a la sociedad como políticas para “sacar” del marasmo económico al país, olvidando decir que de ser posible, sería sobre la súper explotación y las pérdida de conquistas de la clase trabajadora.

Por el lado del Frente de Todos, intentan mantener cierta “independencia” para crecer y pagar, pero en definitiva terminan sí o sí pagando, con su verborragia combatibia terminan aplicando el ajuste a los trabajadores y jubilados, ofreciendo garantías al empresariado mientras que dicen que no van a ir contra las condiciones de trabajo y de vida de la inmensa mayoría del país.

Default, Ómicron e inflación un coctel por demás de volátil

En realidad, en las actuales condiciones de la economía y la falta de divisas en el Banco Central, sumado a la formidable emisión monetaria, se prepara un cóctel explosivo, la volatilidad del virus tiene su contracara en la economía.

La Argentina no se encuentra en condiciones de hacer frente al calendario de pagos acordado con el FMI en la era macrista. Es probable que incluso los pagos de enero sean parte de la negociación/refinanciación actual con el FMI.

Pero hay algo que el Frente de Todos (FdT) por su programa y condición de clase no cuestiona, la legitimidad de la deuda contraída por Macri y el conjunto de la deuda con los acreedores externos. El Frente de Todos se mueve en una contradicción flagrante, o va a un default o termina sí o sí acordando con el Fondo con las condiciones que éste imponga, algo que resulta más que probable. ¿Qué pasaría si se va a un no pago o incluso a una suerte de moratoria? Hay algo que el FdT tiene más que claro que la respuesta es en el plano político y no con la planilla Excel, como gustan decir tanto a los economistas conservadores y liberales como a los “progres”.

La posibilidad de un no pago podría entusiasmar o estimular a la militancia y a sectores de trabajadores en una perspectiva de repudio al imperialismo, pero todo el arco político y el propio imperialismo tienen claro que se debe evitar una repetición de una nueva versión del 2001. Así es como el delicado equilibrio del juego de titanes en el ring está pendiendo de un delgado hilo que puede cortarse en cualquier momento pudiendo abrir paso a la conformación de una situación prerrevolucionaria o revolucionaria, por la acumulación de contradicciones que existen en la situación, dependiendo además de cómo se desarrolle la crisis de poder de los frentes patronales, evidentemente para que esto suceda, tendría que producirse una fisura en la clase dominante para que se cuelen las reivindicaciones obreras y populares.

Debemos agregar a todo este cuadro, algo que se evita introducir en los debates en las diferentes facciones de un lado y del otro de la grieta, incluida la izquierda parlamentaria, y es que nos encontramos a las puertas de una nueva recesión mundial, dada por dos factores que se conjugan y se potencian, la pandemia y como consecuencia de la expansión cuantitativa, una creciente inflación mundial que tiene, por ejemplo, a EE.UU. con una inflación del 8%.

Esta situación explosiva va a tener un impacto mucho mayor de lo que fue la recesión en 2020 de la mano del Covid-19. Ya que, en la actualidad, la normalidad laboral desconoce lisa y llanamente las olas de contagios de la mano de la cepa Ómicron. Para estimular la economía se vuelve a como dé lugar a la “normalidad”, y el virus es tan contagioso que la merma de la planta laboral llega a niveles inusitados y generando un mayor impacto recesivo en la economía. Lógicamente esto se entrelaza con lo que dijimos más arriba, expansión cuantitativa y su consecuente inflación mundial. Entonces el FdT se encuentra a las puertas de un arreglo con el FMI que entre otras cosas nos va a llevar -en la lógica capitalista- a una devaluación del salario más profunda de la que hoy tenemos.

Esta sangría de dólares junto a la formidable ganancia de los capitalistas, si se destinara a resolver los grandes problemas de vivienda, salud, empleo y educación junto a las necesarias obra pública, ayudaría a paliar la desesperante situación, ante los flagelos que surgen de la avaricia de los empresarios y de un sistema que perpetua a la degradación y horror sin fin a la clase obrera y a la juventud.

El imperialismo – Argentina país atrasado

Lenin, en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo señala con sucinta claridad cuáles son algunas de las características del imperialismo:

  • El elevado desarrollo de la producción capitalista se ha concentrado en unos pocos grandes monopolios y este fenómeno puede observarse (entonces y hoy en día) en todos los países. Unas pocas empresas controlan cada sector (telefonía, transportes, etc.) frente a los rasgos iniciales del capitalismo (donde en cada sector competían muchos pequeños productores).
  • El nuevo papel de los bancos y la fusión de estos con el capital industrial llevan a la formación del capital financiero y al poder de la oligarquía financiera. Los bancos ya no son pequeños prestamistas. Los volúmenes de capital en liza son tan grandes que su actividad se vuelve imprescindible para la producción. Aún más, la información y la capacidad de incidencia que tienen los bancos los convierten en un centro decisivo (y decisorio) para la economía de cada país.
  • La exportación de capital adquiere una gran importancia respecto a la exportación de mercancías, característica de la fase precedente. Esto facilita la penetración y el expolio de las grandes potencias contra los países menos desarrollados.
  • La formación de asociaciones de capitalistas internacionales que se reparten el mundo, y la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. En la época del librecambio, en el siglo XIX, las burguesías de los distintos países buscaban nuevos países para obtener más materias primas y nuevos mercados donde colocar sus mercancías. Dicho proceso ha terminado. El mundo se ha repartido territorialmente de forma completa y concreta. Esto obliga a cualquier potencia a desplazar o someter a otros países (o a otras potencias) si pretende obtener más materias primas o ampliar su mercado. Y si no lo hace las que sí lo hagan se acabarán haciendo más poderosas.

El imperialismo entonces es la fase superior del capitalismo, es el fin del capitalismo de libre cambio, en definitiva, es la fusión del capital industrial con el capital bancario.

León Trotsky en “El Programa de Transición” 1938 decía sobre la expropiación de los bancos privados y la estatización del sistema de crédito: “El imperialismo significa la dominación del capital financiero. Al lado de los consorcios y de los trusts y frecuentemente arriba de ellos, los bancos concentran en sus manos la dirección de la economía. En su estructura, 105 bancos reflejan bajo una forma concentrada, toda la estructura del capitalismo contemporáneo: combinan la tendencia al monopolio con la tendencia a la anarquía. Organizan milagros de técnica, empresas gigantescas, trusts potentes y organizan también la vida cara, las crisis y la desocupación. Imposible dar ningún paso serio hacia adelante en la lucha contra la arbitrariedad monopolista y la anarquía capitalista si se dejan las palancas de comando de los bancos en manos de los bandidos capitalistas […].”

Un reciente informe de BBC News, señala que el mundo sigue dominado por 28 grandes bancos internacionales, demuestra sin más la tremenda concentración en apenas 80 años.

El dominio del capital financiero en el mundo y especialmente en los países capitalistas atrasados es marcado, combinado con la subordinación de las clases dominantes de cada país. Para nuestro país esto es consecuencia del lugar que ocupa en la división internacional del trabajo, como país proveedor de materia primas.

La debilidad desde su nacimiento y la aparición tardía de la burguesía de la mano del imperialismo inglés y luego el estadounidense, cuando el imperialismo en pleno ascenso se repartía el mundo y se aseguraba en los países periféricos las materias primas y los mercados que necesitaba, determinaron su carácter subordinado, atrasado y parasitario.

La idea de desarrollar un capitalismo autónomo en nuestro país es una utopía, los capitalistas criollos expresan el tipo de capitalismo que se pudo desarrollar, atrasado y atado por múltiples hilos al capital internacional y a la inversión extranjera, lo que genera gobiernos e instituciones con un grado profundo de dependencia. Si en la Argentina por múltiples factores económicos, históricos, desarrolló un tipo de capitalismo con un relativo grado de independencia, que se materializó en la industria blanca, semipesada y en siderurgia, fue por la necesidad de Europa y EE.UU. de reconvertir su desarrollo industrial a la industria bélica al servicio de la 2da guerra mundial. Las condiciones que hicieron posible ese desarrollo limitado ya no existen y es muy improbable que puedan volver.

La política reformista bajo un contexto de crisis como el que se viene profundizando en estos dos últimos años, termina por convertirse en políticas de contrarreformas, y caen sosteniendo programas más conservadores o de ajuste.

De igual forma sucede con los reclamos a los organismos financieros internacionales, los llamados a democratizar las instituciones financieras o las peticiones para que las potencias imperialistas atiendan nuestros reclamos -EE.UU. y UE- y nos ayuden dándonos más tiempo, -20 años para crecer y pagar- simplemente quedan para el juego  distraccionista a sus seguidores o tan solo en buenos deseos, marcando la inmensa impotencia de esta facción de la burguesía ante el imperialismo.

Los organismos financieros internacionales defienden los intereses de los dueños de las grandes empresas, a sus gobiernos y al imperialismo, mientras hipócritamente realizan declaraciones promoviendo mayor igualdad entre los pueblos y planteando la necesidad de generar mayores oportunidades para luchar contra la explotación y expoliación de la región.

El acuerdo alcanzado este viernes 28/1 por un lado legítima la estafa macrista y por otro muestra la impotencia de los representantes políticos que no tienen otra alternativa que ofrecer al capitalismo. La toma de nueva deuda para pagar deuda y las revisiones trimestrales del FMI son un cuchillo en la garganta para el país e impone un escenario de mayor ajuste.

Derrotar el ajuste derivado del “entendimiento” con el Fondo implica derrotar a la burocracia dirigente de las Centrales Obreras (CGT-CTA) que se encuentran encolumnadas para sostener el acuerdo.

Debemos tomar el toro por sus astas, y atacar las razones del problema: el sistema capitalista. Una minoría que controla la banca y las grandes empresas que producen con la finalidad de generar ganancia, no para satisfacer las necesidades de la humanidad o cuidar el medio ambiente. Esta es la esencia del imperialismo y sus mecanismos para seguir expoliando a países como el nuestro. Solo la movilización obrera y popular que vaya construyendo la huelga general hacia un gobierno obrero y de los trabajadores puede romper las cadenas de sometimiento y expoliación sobre Argentina. La expulsión del FMI implica la expulsión del imperialismo, es decir la ruptura con el capitalismo.

Por una salida obrera a la crisis – Poner en pie un Gobierno de Trabajadores

Desde 2008 al presente vivimos una sucesión de crisis que no encuentra un fin con certidumbre para la gran mayoría del mundo.

El capitalismo ha demostrado de lo que es capaz, devastación ambiental, miseria generalizada, gobiernos inestables allá o acá, matanzas en diferentes puntos del planeta, más de 85 millones de personas deambulan por el mundo buscando pan, trabajo y un lugar para vivir, escapando de las guerras y hambrunas despojados de la vida. Y en los últimos años la pandemia del Covid-19, viene siendo un flagelo que no se termina por la existencia del negocio capitalista.

Nuestro país como toda una serie de países atrasados y sus clases dominantes, no pueden más que demostrar su debilidad congénita para hacer frente a esta crisis secular y orgánica del capitalismo. No son capaces de satisfacer las necesidades más elementales de las masas, en nuestro caso desarrollar un poderoso mercado interno.

Ha llegado la hora de la revolución ya que el capitalismo demuestra a cada paso que es horror sin fin. Tenemos ante nuestros ojos la barbarie capitalista a la que el mundo es sometido.

Esta es la disyuntiva que tiene la vanguardia obrera y la juventud, debemos poner en debate esta perspectiva ante el escepticismo de los reformistas de centro y de izquierda, ante las políticas que no salen de los marcos capitalistas en la idea de querer reformar lo irreformable, de controlar lo que no se puede controlar: el capitalismo.

Estamos en una carrera contrarreloj. Nuestra tarea es hacer consciente el instinto o la semi consciencia de la clase trabajadora de cambiar la sociedad.

Se están preparando grandes acontecimientos, debemos estar a la altura de las tareas y preparar el futuro, necesitamos cambiar el eje del debate, ante semejante crisis en la región y en nuestro país no podemos pensar de la misma manera que en el pasado.

Para que tengamos un futuro debemos preparar la resistencia en la perspectiva de la huelga general, de un congreso obrero de ocupados y desocupados que ponga en perspectiva el derrocamiento del capitalismo y el surgimiento de un poder obrero, de un gobierno propio, de una nueva legalidad.

Súmate a esta tarea, precisamos de la mayor participación de las trabajadoras, trabajadores, jóvenes y luchadores. Súmate a construir la Corriente Marxista Internacional en Argentina. 

El Salvador: la adquisición de nueva deuda ¿quién pagará?

, , , , , , ,

La crisis generada por el Covid-19 y la situación de pánico internacional ha establecido las condiciones para conseguir, sin casi ningún cuestionamiento, la aprobación de una deuda de grandes magnitudes para el Estado salvadoreño. Que el gobierno de El Salvador busque endeudamiento no ha sido una sorpresa, de hecho es el plan principal que tienen para acabar con los problemas fiscales del país, ante la ausencia de políticas estrictas contra los empresarios millonarios y sus ganancias. Este nuevo préstamo por $2,000 millones le dará un respiro al gobierno de Bukele para enfrentar la crisis, pero una vez pase la emergencia las consecuencias las tendrá que pagar el conjunto de la clase trabajadora con creces. ¿Esto se pudo haber evitado o había otra alternativa? Los marxistas creemos que sí, y trataremos de explicarlo en el presente artículo.

La nueva adquisición de deuda

El jueves 26 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó dar luz verde a la financiación de $2,000 millones de dólares en concepto de deuda ante la Emergencia Nacional por el Covid-19, y fue votado por todas las bancadas de los partidos políticos, sin excepción, argumentando la necesidad del endeudamiento por las condiciones a las que nos ha sometido la pandemia que ha puesto de rodillas a poderosos gobiernos alrededor del mundo.

Actualmente, la deuda pública alcanza el 70 % del PIB nacional ($19,854.43 fuente BCR) y este año pagaremos en servicio de deuda, intereses de deuda anterior, alrededor de 1,102 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, este monto es mayor que lo presupuestado en Salud y Educación para el 2020. También tenemos que tener en cuenta que estos mil millones de dólares son solo pagos por intereses y no la deuda en sí, la deuda en sí es totalmente impagable; si tomamos en cuenta todo el dinero que se ha pagado solo en intereses, hemos pagado la deuda no una sino hasta tres veces repetidamente. Este es el gran negocio de los organismos internacionales con los países que se endeudan, y una de las formas clásicas del capitalismo para salir de sus crisis.

Las medidas contra el Covid-19

La deuda de 2,000 millones de dólares según los políticos servirá para financiar los programas de prevención y tratamiento del virus, se utilizará también como medida de contención de los daños a la economía de las familias más pobres. Algunos de los programas que el gobierno impulsará y pagará con los fondos de esta nueva deuda son: la cuota de $300 dólares a las familias más pobres del país; el financiamiento para el hospital temporal en CIFCO adecuado para atender los casos de Covid-19; la creación de un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas; y también se tiene contemplado inyectar un porcentaje de dinero a las alcaldías para el desarrollo de proyectos municipales.

El Diario de Hoy lo resume de esta manera: “Según el decreto se determina que el 70% se destinará para el programa de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables, cubrir las deficiencias del presupuesto 2020 generadas por el COVID-19 e incorporar los recursos al Presupuesto General del Estado 2020”.[1]

Algunas de las medidas anunciadas e implementadas por el gobierno y la Asamblea Legislativa en los decretos por emergencia nacional son medidas que serán un alivio a las condiciones de vida de los trabajadores y evitarán muertes y contagios relacionados con el COVID-19, apoyamos la contribución económica a las familias y la construcción del hospital provisional, el apoyo y rescate a la pequeña y mediana empresa, etc. pero criticamos seriamente la forma en que estos gastos de emergencia sanitarias serán financiados, ya que la alternativa que el gobierno eligió, permite que quienes paguen los platos rotos de esta crisis sean los más pobres del país.

Deuda: pan para hoy hambre pa´mañana

Desde nuestro punto de vista la adquisición de nueva deuda con los organismos internacionales puede traer consecuencias catastróficas para la economía familiar, si bien es cierto, que traerá un alivio momentáneo a las familias obreras, no podemos dejar de señalar que en el futuro nos pasará una factura enorme que seguramente impulsará al gobierno a desmantelar las instituciones estatales que brindan los pocos derechos constitucionales como salud, educación, vivienda, acceso al agua, entre otras.

Una familia desempleada o subempleada recibirá un incentivo de 300 dólares en esta emergencia, el propietario de una pequeña empresa recibirá un crédito para paliar los problemas financieros actuales, y hasta aquí todo marcha bien. Pero los problemas se expresarán en los siguientes años, cuando el presupuesto del gobierno se vea disminuido por las obligaciones de deuda financiera, como ya hemos explicado antes, normalmente los estados pasan décadas pagando intereses generados por el crédito de los grandes bancos. Cada vez la deuda se hace más y más insostenibles y los gobiernos comienzan a recortar los presupuestos de salud, educación, etc., para conseguir los fondos necesarios para pagarla, afectando directamente a la clase trabajadora.

Para El Salvador, por tener una economía históricamente raquítica, ha sido siempre imposible brindar niveles de vida dignos a sus ciudadanos a través de las contribuciones al Estado y a la vez cumplir con el pago de los intereses de deuda. Decir lo contrario es una total falacia. Normalmente los políticos y presidentes nos dicen que vendrán tiempos mejores, que las calamidades como estas son pasajeras, que pronto creceremos económicamente lo suficiente como para pagar la deuda y brindar salud y educación desde el Estado, pero eso nunca ha pasado, resulta ser tan solo un cuento de hadas que ya no nos tragamos tan fácilmente.

La nueva adquisición de deuda significará en el futuro recortes en el sistema de salud, en el sistema educativo y en el acceso a nuestros derechos. Supongamos que el Estado en enero próximo (2021) estime tener 6 mil millones de dólares para su presupuesto nacional similar al que presentó para el 2020, este dinero deberá distribuir en cada área estratégica de sus carteras de Estado, pero cada cartera recibirá menos dinero porque buena parte del mismo sera para pagar la deuda anterior y la nueva deuda que se esta adquiriendo.

¿Cuánto puede ser el monto de intereses por la nueva deuda?

Si ya pagamos $1,102 millones en servicio de deuda anterior, podríamos sumarle unos 200 millones de dólares o más a este servicio, monto que significa actualmente casi una tercera parte del presupuesto que recibió en 2020 el sistema de salud ($755.78) ¿Cuánto podríamos hacer con esto en materia de salud para la clase obrera? Clínicas médicas, hospitales en municipios pequeños, adquirir medicamentos, etc., pero no, todo este dinero se tendrá que regresar al bolsillo de los banqueros, mientras miles de trabajadores están siendo condenados al padecimiento de enfermedades crónicas o incluso la muerte, con un sistema de salud precario.

Todo lo que los bancos nos dan ahora tendremos que pagarlo mañana multiplicado por 3 o 4 veces, a costa de disminuir el presupuesto para garantizarnos servicios y derechos básicos. Según estimaciones de Panorama Económico es posible que las tasas de interés actualmente estén en 10 % y 11 % lo que significará adquirir una deuda con altos costos de en intereses. La adquisición de más deuda no resolverá ninguno de nuestros problemas, al contrario solo complicará las cosas, creando una burbuja que explotará tarde o temprano.

¿Quiénes deben pagar esta deuda?

En los momentos de calamidad la burguesía se lanza a una ofensiva mediática por intentar dar un mensaje de unidad nacional, intentan hacernos creer que los empresarios millonarios es gente de bien que procura nuestro bienestar, no dejando ningún resquicio para que se interpreten de manera lúcida las grandes diferencias entre ellos y la clase trabajadora, de allí que, para insistir en este mensaje, Bukele invita a Murray Meza a una de sus conferencias de presa. En esta falsa propaganda burguesa, el gobierno del Estado nos hace creer que cualquier deuda adquirida en estos momentos será saldada con el esfuerzo de todos y todas, empresarios y clases trabajadoras, pero en realidad no hay nada más falso que esto. Sin embargo, la vida práctica desnuda totalmente estas diferencias frente a los ojos de los trabajadores, las vuelve más palpables y evidentes.

Según datos del Ministerio de Hacienda, nuestro sistema tributario ideado por la misma burguesía para poder sacar hasta el más mínimo beneficio a los asalariados y beneficiar a las grandes empresas, obliga a que el 87% de los ingresos tributados sean pagados por la clase trabajadora y solo un 13% sea pagado por las grandes empresas. Así por cada 100 dólares de impuestos que el Estado recibe las empresas pagan solo $13 y los trabajadores $87. Una lógica totalmente perversa.

Al analizar esta lógica de recaudación de impuestos, los trabajadores deben concluir que quienes cargarán con el pago de los $2,000 millones de dólares, y el siguiente préstamo que se venga, no serán los grandes empresarios, sino los trabajores mismos, a acosta de la disminución de nuestra capacidad adquisitiva; es decir, nuestro salario se verá disminuido por el aumento de impuestos o porque tendremos que pagar más por salud, vivienda, agua o educación.

¿Cómo creemos los marxistas que se puede financiar el programa de emergencia ante el Covid-19?

A pesar de todos los esfuerzos y medidas que se han tomado para contener el virus, El Salvador no está preparado para una emergencia como la que nos ha mostrado el Covid-19 a nivel mundial. Desde el inicio de esta situación como BPJ hemos exigido medidas radicales para poder preparar las condiciones necesarias de salud para el pueblo salvadoreño. Sin embargo, esas medidas que exigimos chocan con los intereses mezquinos de los capitalistas, esta es la principal piedra de tropiezo de la salud de la población en el momento actual. Nuestras propuestas son:

Combatir la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas

Todo el financiamiento de un plan integral de contención se puede hacer impulsando medidas drásticas. Tenemos que partir de las actuales condiciones del sistema de salud del país, que solo han sido posible a través de una recaudación tímida de impuestos a los grandes capitales. Según el Diario El Mundo, en 2016 se registraron mas de $1,500 millones en evasión y $1,000 millones más o menos en elusión fiscal por parte de las grandes empresas. Podría decirse que, año con año, las empresas eluden y evaden unos $2,000 millones de dólares al Estado aproximadamente.

Hasta hoy el gobierno de Bukele no ha implementado ninguna reforma tributaria para que esto se resuelva, a pesar que fue una promesa de campaña. Por el contrario, en diciembre pasado el mismo gobierno condonó $600 millones a las grandes empresas, millones que debían en concepto de impuestos. Todo este dinero perfectamente podría haberse invertido en hospitales, en camas hospitalarias, en clínicas médicas, en medicamentos, en fortalecer todo el sistema de salud. Pero no fue así, se les perdonó ese dinero y ya.

Por tanto, como medida drástica, exigimos una reforma fiscal revolucionaria que imponga impuestos a los bienes suntuosos de los ricos, donde paguen más los que tiene más, el cobro inmediato de toda la deuda fiscal de las grandes empresas y que todo este dinero vaya a las arcas del sistema de salud y a las demandas de emergencias por el Covid-19. La deuda no debería ser necesaria cuando tenemos un puñado de ricos viviendo a costa de nuestro sudor en montañas de dinero.

Reorientación de fondos de ministerios no esenciales y la reducción inmediata de salarios de los altos funcionarios del Estado

En diciembre y enero conocimos el aumento desmedido a los de los Ministerios de Defensa ($172 millones, 18.4% de aumento) y Seguridad ($474 millones, 11 % de aumento) además de los $22.55 millones en publicidad, mayor que otros ministerios como Trabajo, Vivienda y Medio Ambiente. Consideramos absurdo que el gobierno tenga que endeudarse hasta las narices sin mover ni un solo centavo de estas carteras de Estado que suelen ser innecesarias. Exigimos la reorientación proporcional de estos fondos al ramo de salud, para garantizar nuestra salud y nuestras vidas, basta de derroche en burocracia y propaganda gubernamental innecesaria.

La reducción de salarios a los grandes funcionarios es una medida que el gobierno también podría implementar, no es posible que se diga ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, cuando tenga funcionarios ganando hasta 10 salarios mínimos al mes, mientras el pueblo sobreviva en condiciones precarias de salud. Esta no es una medida descabella, países como Uruguay[2] han empezado a implementarla, creemos que es necesaria emularla en esta crisis y creemos además debería ser para siempre. Exigimos la reducción de los salarios de los funcionarios de media y alta categoría a por lo menos tres salarios mínimos desde ya. ¡Basta de seguir manteniendo parásitos del Estado a costa de nuestros impuestos!

Nacionalización y control de la industria farmacéutica

La industria farmacéutica ha sido una de los sectores productivos más exitosos de los últimos años en el país, como lo mencionábamos en un artículo anterior, solo en el periodo 2013 a 2018 según IMQUIFARM las farmacéuticas habían reportado 200 % de rentabilidad y sus inversiones se expandía a nivel centroamericano, siendo Laboratorios Vijosa la número uno del sector. Todo esto desde luego a costa de la mayor explotación de la clase obrera. ¿Es posible que ahora estas farmacéuticas no puedan ponerse al servicio de la clase trabajadora cuando ya han tenido jugosas ganancias?

El desabastecimiento en los hospitales ha sido por años una constante demanda de todos los usuarios del sistema de salud público. Sin embargo, esto contrasta con las ganancias de las empresas. En este orden ilógico vemos como un trabajador puede morir en la banca de un hospital o en su casa esperando por el medicamento que le puede salvar la vida, mientras las empresas cuentan año con año sus niveles de rentabilidad, esta es la lógica del libre mercado, esta lógica no puede seguir así, el Estado debe tomar esta industria bajo su control y ponerla a disposición de la clase obrera, al interés de la salud de la clase obrera. ¡Basta de hacer un negocio con nuestros padecimientos! ¡Medicamentos gratuitos para los productores de la sociedad!

Nacionalización de las clínicas y hospitales privados

Casi la misma lógica se desarrolla con el sistema de salud privado, mientras al sistema de salud en el país se le adjudica un monto pírrico del 2.7 % del PIB, el crecimiento de las ganancias de los hospitales privados y clínicas privados resulta indirectamente proporcional al desarrollo integral que debería tener el sistema público.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, contamos apenas con 1 cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes. Si las proyecciones del presidente se cumplen, esto quiere decir que pronto tendremos miles de infectados que no podrán ser atendidas en condiciones adecuadas y por lo tanto, estarían condenados a la muerte. Es cierto que se prepara un hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, pero eso como bien lo ha dicho el presidente: en primer lugar no estará listo hasta dentro de 2 o 3 meses y, en segundo lugar, no dará abasto para el nivel de infectados que tendremos. ¿Qué hacemos ante esto, esperamos el colapso del sistema con los brazos cruzados viendo a los trabajadores morir?

No, lo que se tiene que hacer es poner a disposición del pueblo trabajador todo el sistema de salud privado y público, esta es una medida a la que los países están recurriendo, como por ejemplo Irlanda y recientemente México que han nacionalizado su sistema de salud.

Según la OPS, en el país hay 39 hospitales privados y 44 hospitales públicos, el gobierno debe tomar todo esta capacidad instalada para ponerla al beneficio de la clase trabajadora, esta es la única alternativa para salvar las vidas. La propiedad privada y los intereses capitalistas de los burgueses no pueden sobreponerse a la vida de cientos o miles de personas, es hora de las medidas drásticas.

Conclusiones

El virus que nos azota no fuera tan peligroso si el mundo estuviera preparado previamente para contrarrestarlo, pero absurdamente los capitalistas no invierten capital en la investigación de este tipo sino están seguros que obtendrán rentabilidad inmediata. Ahora vemos como al capitalismo le importa un comino la vida de la clases obrera y nos condenan ahora a la barbarie.

La economía de mercado que reina en nuestra sociedad está destinada para generar rentabilidad y no para solventar las necesidades de la clase obrera; en una economía planificada bajo el socialismo la industria podría estar planificada para poder solventar nuestras necesidades, elevando así inmediatamente nuestros niveles de vida, invirtiendo en salud, educación, vivienda y recreación con la riqueza socializada y producida por la clase obrera.

Debemos redoblar nuestra lucha contra este sistema inhumano luchando por el socialismo, pues hasta hoy es la única alternativa científica capaz de superar el salvaje capitalismo.

¡No al pago de la deuda externa!

¡Aumento inmediato al ramo de salud al 5%!

¡Reforma fiscal revolucionaria que pague más lo que tienen más!

¡Nacionalización y control obrero de la industria farmacéutica, clínicas y hospitales privados ya!

¡Por medidas drásticas contra el Covid-19!

El autor es miembro del Bloque Popular Juvenil, sección salvadoreña de la Corriente Marxista Internacional.