Derecho a la autodeterminación

Escrito por Lucha de Clases

Contra la monarquía y el régimen del 78, por un proceso constituyente republicano y socialista en todo el Estado

El día de ayer, 27 de octubre, fue una jornada histórica. Por primera vez en 80 años,  se proclamaba la república como forma de gobierno en una parte del territorio del Estado español. Así, el parlamento catalán declaraba a Catalunya como Estado independiente en forma de república. El gobierno español no tardaba en responder con un auténtico golpe a la democracia, anunciando la destitución del gobierno catalán, la disolución del Parlament, y la convocatoria de elecciones en Catalunya para el 21 de diciembre, usando las atribuciones que le otorga el artículo 155 de la Constitución de 1978, avalado por el Senado con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE.

La proclamación formal de la república catalana ha golpeado el fetichismo de intocabilidad del régimen del 78 en dos de sus aspectos más antidemocráticos y reaccionarios: la “indisolubilidad de la nación española”, impuesta por la fuerza por el franquismo al término de la Guerra Civil y conservado en la Constitución de 1978; y la monarquía borbónica, una reliquia de un pasado medieval bárbaro asociada a los períodos más negros de la historia española contemporánea, que también fue una herencia impuesta por el régimen franquista en la Constitución de 1978.

Es este desafío al poder intocable del Estado, de sus jueces, de sus fuerzas represivas y de la oligarquía de las 200 familias que gobierna en la sombra, lo que la clase dominante española y sus políticos marionetas no pueden tolerar. Si hoy la gente corriente en Catalunya puede ningunear al Estado, mañana la clase trabajadora puede pretender lo mismo en el conjunto del país. Este desafío se ha sustentado en la lucha tenaz de millones de catalanes, en las urnas y en la calle, para tomar su destino en sus manos y llevar a la práctica su derecho a la autodeterminación que le ha sido negado por el Estado español a golpe de decretos, resoluciones judiciales y de porras policiales.

De un lado tenemos la batalla épica de millones de gente común, compuesta abrumadoramente por trabajadores y capas extensas de la clase media, que buscan vivir en un Estado republicano de una forma más democrática, progresista y socialmente avanzada. Del otro lado, tenemos un Estado de origen totalitario sustentado en la represión, la corrupción desenfrenada, y que sirve a los intereses de la minoría de banqueros y grandes empresarios que dominan la economía y nuestras vidas, apoyado por todas las potencias imperialistas europeas y EEUU y sus estados títeres en el resto del mundo. En esta tesitura, todo socialista revolucionario, todo activista de izquierda comprometido, todo trabajador con conciencia de clase, e incluso cualquier demócrata consecuente, no puede dudar de en qué lado posicionarse. Estamos incondicionalmente del lado del pueblo catalán y de su república y en contra de la derecha franquista, de su aparato de Estado represor y de sus aliados imperialistas. Y debemos utilizar e inspirarnos en el ejemplo valiente de la mayoría del pueblo catalán para avanzar en la misma senda en el resto del Estado español, contra el mismo enemigo: el régimen podrido del 78 y su monarquía.

Vacilaciones en la Generalitat

La declaración unilateral de independencia (DUI) por el parlamento catalán no estaba asegurada 48 horas antes. Sectores importantes del nacionalismo burgués y pequeñoburgués catalán se mostraban dispuestos a enterrar la proclamación de la república a cambio de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Rajoy, disolviendo el Parlament y convocando elecciones autonómicas, a fin de evitar la aplicación del 155. Durante la semana, sectores importantes del PDECAT con vínculos más cercanos a la burguesía catalana, encabezados por el expresident Mas y el exconseller Santi Vidal, estuvieron presionando fuertemente en este sentido. También trascendió, sin nombres, que el sector “moderado” de ERC presionaba en la misma línea. El PNV, interesado en salvaguardar sus acuerdos con el PP pero obligado a rechazar el 155, ofició de mediador entre Rajoy y Puigdemont. El PSOE, aterrado por la división en el PSC y la perspectiva de tener que avalar una fuerte represión policial en Catalunya tras la aplicación del 155, suplicaba a Puigdemont a voz en grito que convocara elecciones autonómicas a cambio de no apoyar el 155.

Finalmente, en otro de los quiebros a los que nos ha tenido acostumbrados desde el 1-O, Puigdemont anunció repentinamente la mañana del jueves 26 de octubre por las redes sociales, que iba a disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas para el 20 de diciembre, sin proclamar la independencia, a la espera de una ratificación posterior en una comparecencia ante la prensa. En ese momento, miles de estudiantes gritaban “¡Puigdemont traidor!” en la Plaza de Sant Jaume, y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, emitía un tuit con la frase: “155 monedas de plata”. ERC amenazaba con abandonar el Govern. Sin embargo, un par de horas después, con un retraso considerable, Puigdemont comparecía públicamente para desdecirse, depositar nuevamente en el gobierno del PP la responsabilidad por no haber llegado a un acuerdo, y anunciar la convocatoria del Parlament para el día siguiente a fin de que proclamara los resultados del referéndum del 1-O.

La aplicación del 155

¿Qué había pasado? Lo más probable es que Puigdemont intentara llegar a un acuerdo con Rajoy para retirar la DUI y adelantar las elecciones catalanas, a cambio de la no aplicación del 155, la anulación de los procesos judiciales abiertos contra el Govern y sus altos funcionarios, y la libertad de los dos Jordis. Pero el gobierno del PP no aceptó y decidió seguir adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que no dejaba opciones a Puigdemont, salvo la de quedar como un traidor ante sus bases, altamente movilizadas. Un gobierno y una burguesía inteligentes, con una perspectiva amplia, habría considerado la posibilidad de alcanzar un acuerdo para aparecer como los salvadores de la situación y utilizarlo para afirmar su victoria frente a un independentismo pequeñoburgués incapaz de pelear hasta el final que aparecería batiéndose en retirada. En lugar de eso, ha optado por la perspectiva de profundizar un conflicto social que podría descender de la arena parlamentaria al adoquín de la calle en una escalada represiva cuyo alcance sería imposible de prever. Pero la derecha española, la clase dominante y el aparato del Estado, si por algo destacan, son por su estrechez de miras y su carácter reaccionario y vengativo. No en vano, son hijos directos del fascismo y del franquismo. El gobierno y el Estado sufrieron una afrenta humillante por el pueblo catalán y sus instituciones y están dispuestos a cobrarse la factura, caiga quien caiga, para dar una lección.

Pero la decisión de Rajoy de limitar a 54 días la intervención de la Generalitat, hasta las elecciones del 21 de diciembre, frente a los 6 meses con que se había especulado días atrás, muestra también su miedo a la reacción popular en Catalunya y la dificultad extrema de tomar posesión un aparato autonómico complejo y dirigirlo, donde sus funcionarios, incluso en las fuerzas policiales de los Mossos, estarían rodeados de un enemigo hostil, y donde cualquier accidente o provocación podría precipitar un estallido social de consecuencias imprevisibles. Seguramente, el gobierno español acaricia la idea de que el independentismo boicotee las elecciones, o se divida entre los partidarios de participar y los que no, para que eso garantice una mayoría españolista en el futuro Parlament. Pero incluso, en ese caso, una mayoría españolista en el Parlament carecería de la base social suficiente para gobernar con autoridad, asumiría la política de recortes y austeridad que ha venido aplicando Junts pel Sí y que éste ha conseguido hacer pasar como un mal menor inevitable hasta proclamar la independencia. Pero el grueso de la población catalana no tendría la misma “comprensión” ante un Govern dominado por la derecha españolista al que vería, pese a todo, como producto de un golpe institucional.

Pero Rajoy también se enfrenta a la posibilidad de que el independentismo catalán, ante su incapacidad y falta de voluntad de defender la República por métodos revolucionarios, acepte el desafío y se presente a las elecciones con una posibilidad clara de reeditar su mayoría absoluta, volviendo la situación al punto de partida. La profundización de la política represiva judicial contra Puigdemont y demás consellers apretaría las filas del independentismo y proporcionaría nuevas banderas para movilizar a sus bases en estas elecciones.

Por su parte, el PSOE ha quedado nuevamente atado al carro del régimen del 78. El “giro a la izquierda” de Pedro Sánchez ha resultado ser un gran “bluff”, haciéndose corresponsable de la política represiva del PP y de Ciudadanos en Catalunya, y haciendo cada vez menos creíble su pretensión de presentarse como una alternativa a Rajoy. Los réditos que esta política le dará fuera de Catalunya son discutibles, y dentro de Catalunya serán demoledores. Lo que va a quedar claro es que las expectativas hacia un PSOE renovado y hacia la izquierda han sido sepultadas en la conciencia de cientos de miles que prestaron oído a la demagogia de Pedro Sánchez en las primarias socialistas.

Unidos Podemos y la cuestión catalana

La posición de los dirigentes de Unidos Podemos y de los Comunes en todo el tema catalán ha sido lamentable, con vacilaciones continuas y, por momentos, bastante pusilánime. Primero, anunciaron que participarían en un eventual referéndum convocado por la Generalitat, como una forma de “movilización popular”; luego, cuando este fue convocado se asustaron por la presión del españolismo y declararon que no participarían; más tarde, ya en septiembre, cuando se inició la ofensiva represiva del PP y la población catalana comenzó a movilizarse masivamente a favor del referéndum, cambiaron de opinión y, atropelladamente, volvieron a defender su participación en el mismo, no sin grandes enfrentamientos entre la posición valiente de Podem y su dirigente, Albano Dante, de implicarse en el mismo y reconocer su resultado, y la posición oficial de Podemos de no estimular la participación.

Posteriormente, tras el 1-O, nuevamente asustados y aprisionados ante la extraordinaria movilización popular y las amenazas del régimen español, se han prestado a la confusión, declarando su oposición a las medidas represivas de Rajoy pero declarando “ilegal” e “ilegítima” la DUI, desmovilizando a las capas más vacilantes, dentro y fuera de Catalunya, que comenzaban a mirar con simpatía el 1-O y el paro general del 3-O, facilitando la propaganda de la derecha española entre estos sectores en relación al respeto a la “legalidad” y al nacionalismo españolista reaccionario. En la práctica, la consigna de Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau de “ni 155, ni DUI”, equivalía al final a justificar el 155, una vez que el Parlament llevó adelante la DUI, como ha declarado sin sonrojo Alberto Garzón, quien ha culpado en un tuit de la aplicación del 155 a la “irresponsabilidad” de Puigdemont.

Pablo Iglesias ha declarado en la misma línea que: “La decisión de los partidos que gobiernan en Catalunya favorece la estrategia del PP y va a permitir que sigan sin hablar de corrupción y de los problemas que afectan a la mayoría de los españoles”. Es decir, se culpa al Parlament catalán por lo sucedido, no al carácter reaccionario del PP y del régimen del 78.

Alberto Garzón ha llevado una política particularmente oportunista repelente, cediendo a la presión del régimen y del aparato de IU, cuando tachaba por igual de “irresponsables” a Rajoy y Puigdemont por no “negociar”, cuando Garzón sabe perfectamente que la burguesía española jamás negociará ningún referéndum pactado sobre la autodeterminación catalana porque la “unidad indisoluble de España” forma parte de su ADN. Esto debe arrancarse con una movilización social que rebase la “legalidad” del régimen y es lo que ha hecho valientemente una parte sustancial del pueblo catalán.

Garzón ha querido justificar también su posición con una demagógica postura “obrerista”, diciendo que no le gustan los nacionalismos ni las banderas, demostrando así que, en su neutralidad ante el conflicto de Catalunya, ha terminando apoyando “por pasiva” al nacionalismo español reaccionario, que es el que están en situación de superioridad por su carácter opresor. Quien no distingue entre naciones opresoras y naciones oprimidas, entre las aspiraciones progresistas y democráticas del derecho a la autodeterminación y a una república democrática –como representa el nacionalismo catalán en este caso particular–  y el nacionalismo opresor, imperialista, del ordeno y mando, de estirpe franquista, representado por la derecha española, no sólo carece del derecho de llamarse comunista –como pomposamente se reclama en su último libro– sino también de demócrata consecuente.

Este “obrerismo” simplón está de más especialmente en relación a la cuestión nacional catalana, porque si algo han demostrado los acontecimientos de las últimas semanas es que la burguesía catalana, sin fisuras, se ha alineado con la burguesía española contra su pueblo, anunciando el traslado de la sede social de más de 1.000 empresas de todo tipo.

En el fondo, lo que tenemos aquí es el fracaso de la política reformista en un periodo de agudas tormentas sociales y que pone la Revolución a la orden del día. La paradoja es que una dirección nacionalista pequeñoburguesa, vacilante y por momentos dispuesta a traicionar, como en el caso del movimiento por la autodeterminación catalana, ha terminado encabezando un movimiento popular de millones que ha utilizado métodos semirrevolucionarios y de desobediencia civil de masas que han puesto en jaque al régimen del 78 y a su aparato de Estado, en lo que Juan Luis Cebrían califica cínicamente hoy en un artículo en El País, como “la más seria amenaza contra la democracia española desde que se aprobara la Constitución”. Claro que esto lo dice el hijo del que fue director del diario falangista “Arriba” y jefe él mismo de los servicios informativos de televisión Española en los últimos años de la dictadura franquista, aún en vida de Franco.

Cuando en Catalunya, un sector considerable de las masas se lanza por el camino del desafío abierto al régimen, nuestros dirigentes en Unidos Podemos y los Comunes, que en la víspera se llenaban la boca hablando de “proceso constituyente”, de “empoderar al pueblo”, y de “romper el candado al régimen del 78”, al final se achantan y amilanan, y se empecinan en que el movimiento abandone la calle y la desobediencia civil, y se reconduzca dentro de las instituciones desacreditadas del régimen del 78 y apueste por una negociación imposible con aquél. Un papel particularmente penoso lo han jugado también los sectores más derechistas de Podemos, como el errejonismo o Carolina Bescansa, de quienes es conocida su aversión a todo movimiento de masas que amenace con desbordar la apacible vida institucional, e hipersensibles al látigo disciplinador de los medios de comunicación burgueses.

Culpar al movimiento de masas de Catalunya, como hacen Iglesias y Garzón -por no hablar de los sectores a su derecha en sus organizaciones-, de haber fortalecido al régimen reaccionario español por haber ido demasiado lejos en su audacia y en su espíritu revolucionario por cambiar las cosas, es una indignidad. Lo que ha demostrado precisamente el magnífico movimiento popular en Catalunya es que sólo a través de la movilización de masas y la creación de organismos populares de lucha, como los Comités en Defensa del Referéndum y de la República, es cómo se puede poner en crisis al régimen del 78 y a la monarquía, y abrir una senda de transformación radical de la sociedad. Lo único que podemos lamentar del movimiento, o más exactamente de su dirección, por el momento, es no haber ido mucho más lejos en su alcance y no haberse extendido por todo el Estado, para dar una pelea lo más amplia posible al régimen del 78 en el conjunto del Estado.

Lo que Garzón e Iglesias deben hacer es organizar el movimiento de respuesta en el resto del Estado contra la represión en Catalunya, vinculándolo a la necesidad de echar al PP para terminar con su política antisocial y neofranquista. Deben pasar de las palabras a los hechos y actuar en consecuencia. Es un paso adelante que el compañero Pablo Iglesias se haya manifestado a favor de inscribir en las banderas de lucha de Podemos la España republicana como parte de la lucha contra el régimen del 78. Lo que hay que explicar es cómo conseguir esto. Y el movimiento en Catalunya nos da las claves de cómo, en las condiciones del capitalismo español, cualquier demanda democrática profunda, como el derecho de autodeterminación o la República, sólo puede conseguirse con métodos revolucionarios de lucha y en un combate claro contra la oligarquía de las 200 familias, es decir. en un combate contra el capitalismo mismo.

¿Qué hacer ahora?

El movimiento por la república en Catalunya es muy profundo y abarca a capas más amplias que las procedentes del nacionalismo. La intervención de la autonomía catalana por parte del Estado incrementará la rabia y determinación de luchar de millones. La consigna del momento debe ser el desacato al artículo 155 y a sus medidas, y defender las instituciones amenazadas con la lucha de masas: manifestaciones, declarando la huelga general, rodeando y ocupando  los edificios oficiales, etc.

El Govern afirma que permanecerá en su puesto, pero no se pueden aceptar sus frases tranquilizadoras cuando tampoco han dado ninguna consigna tendente a la movilización popular para oponerse a la ofensiva del Estado. Hay que confiar sólo en la propia movilización de masas y en la autoorganización popular.

Ya los trabajadores de la CCMA (TV3, Catalunya Ràdio, ACN, etc) han declarado que no aceptan el 155 y que no aceptarán una directiva impuesta. El sindicato mayoritario de la enseñanza pública (USTEC-STEs) se ha declarado contrario al 155 y que no va a colaborar con la intervención de Ensenyament. El sindicato mayoritario de la administración pública (CATAC) también se ha pronunciado contra el 155 aunque no ha llamado a la desobediencia. Algunos sindicatos pequeños han registrado ya la convocatoria de una huelga general a celebrarse en un plazo de 10 días. Ese es el camino a seguir, acción obrera y de masas contra el 155 para hacerlo inaplicable, en lugar de aceptar los ceses (como ya ha hecho el director de los Mossos, Pere Soler).

Lo más importante es desarrollar la autoorganización popular. Los elementos de esta última ya existen, y están actuando. Abarcan ya a miles de activistas organizados y movilizados a través de los Comités de Defensa de la República, de los que existen más de un centenar en toda Catalunya y ya se han dotado de una coordinación nacional.

De lo que se trata ahora es de extender en el plazo más breve posible los CDRs por todo el territorio catalán, fundamentalmente en las ciudades y barrios obreros, a fin de alcanzar a las capas más amplias de la clase trabajadora. Deberían convocarse asambleas vecinales en cada barrio para formar estos CDRs allí donde aún no se han organizado, y de ser posible dentro de empresas, fábricas y oficinas, y elegir representantes para una nueva asamblea nacional de CDRs que se proponga como la más genuina representación del pueblo catalán.

La CUP ha jugado un papel principal en el impulso de los CDRs, aunque no ha sido la única en hacerlo, y ese debería seguir siendo su cometido principal. Los dirigentes del PDeCAT y ERC pretenden que la nueva representación popular surja de la asamblea de cargos electos, alcaldes y concejales, no sometidos a control alguno por abajo; pero ya hemos conocido las vacilaciones y maniobras de estos dirigentes en estas semanas. Los CDRs tienen la obligación de disputar la dirección del movimiento al nada confiable nacionalismo burgués del PDeCAT y al vacilante nacionalismo pequeñoburgués de ERC.

Una asamblea nacional de CDRs debería plantearse la organización de una huelga general bien convocada contra la intervención de la autonomía catalana y contra las medidas represivas del gobierno central. Para ganar a la mayoría de la clase trabajadora para la lucha activa contra la intervención del Estado y el establecimiento de un gobierno del pueblo que lo represente, los CDRs deben dotarse de un programa que vincule la lucha por una República Catalana con la lucha contra la austeridad, los recortes y por recuperar y avanzar en los derechos sociales. Hay que exigir al Govern de la República que haga efectivas inmediatamente todas las leyes progresistas (pobreza energética, contra los desahucios, etc) que el Tribunal Constitucional había vetado. La campaña de la izquierda independentista y de los CDRs de los últimos días por “República ahora, pan, trabajo y techo” es un paso importante en esa dirección que hay que profundizar con la adopción de un programa socialista claro que vincule la defensa de las reivindicaciones más inmediatas en materia de empleo, salarios, jornada laboral, vivienda, infraestructuras de los barrios, etc. y contra las privatizaciones de los servicios públicos, con la nacionalización de la banca y las grandes empresas, bajo control obrero, como única manera en que el pueblo catalán podrá ser dueño de sus recursos para reorganizar la economía en base a las necesidades de la aplastante mayoría.

Ganar el apoyo de la clase obrera con una política internacionalista

Debemos ser honestos y hablar claro. La república catalana ha acumulado una fuerza poderosa, expresada en el apoyo activo de millones formados por trabajadores, desempleados, jóvenes y pequeños propietarios del campo y de la ciudad. Estas son las fuerzas vitales de la sociedad catalana. Pero debe reconocerse que aún falta conseguir el apoyo decidido de un sector significativo de la clase obrera catalana que recela de los objetivos de la república, que desconfía de los dirigentes nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses, que está preocupada por sus empleos y pensiones ante la guerra económica lanzada por las burguesías española y catalana; o que, simplemente, siente perder sus lazos y vínculos con sus hermanos de clase del resto del Estado.

Es imprescindible ganar a estas fuerzas de la clase para la perspectiva de una república socialista no sólo para ampliar significativamente la base social de sustento de la misma, sino para evitar que el nacionalismo españolista pueda manipular la incertidumbre y dudas razonables de estas capas y utilizarlas para dividir a la clase trabajadora, enfrentándolas con el resto de sus hermanos trabajadores catalanes ya ganados para el movimiento. Si esta tarea permanece sin cumplir, la posibilidad de una república socialista catalana no podrá llevarse a cabo. Decimos más. Enfrentada a un enemigo poderoso, como el Estado español, coaligado con todas las potencias imperialistas europeas, la revolución catalana no puede quedar aislada, hay que extenderla más allá de sus fronteras, como trataron de hacer hace 100 años los bolcheviques en Rusia tras el triunfo de la Revolución de Octubre. Esto implica, en primer lugar, tratar de extender la lucha por la república y el socialismo al resto del Estado español. Esta será la manera más efectiva de debilitar a la reacción españolista contra Catalunya en su propio terreno y de extender, al mismo tiempo, la lucha contra el régimen del 78, por la república y el socialismo, fuera de Catalunya.

La CUP, en particular su corriente Endavant, y los sectores de izquierda de Podem y los Comunes tienen una responsabilidad especial en esto. No es la hora de la diplomacia. Es mucho lo que hay en juego. Hay que decir claramente lo que se necesita hacer.  Admiramos en los compañeros de la CUP y de los demás sectores de la izquierda revolucionaria catalana su abnegación, sacrificio, honestidad, entrega y capacidad de lucha. Pero una táctica correcta para ganar a la clase obrera tiene tanta o más importancia que la mera disposición a luchar. La izquierda revolucionaria catalana debe sacar conclusiones. Es indispensable hacer un llamamiento explícito a la clase trabajadora española, a sus organizaciones y a las corrientes y partidos de izquierdas españoles, a que sigan el ejemplo de Catalunya, a que se levanten contra el régimen del 78 y la monarquía.

Una genuina política internacionalista por parte de la izquierda catalana será la mejor manera de conseguir vencer los recelos que puedan existir en las diversas capas de la clase obrera, dentro y fuera de Catalunya, para que se unan a la lucha por la república y el socialismo.

La lucha por una república socialista catalana no puede ni debe ser un fin en sí mismo, sino –como hemos mencionado otras veces– la chispa que encienda la revolución en la península ibérica y más allá.

Escrito por: Lucha de Clases

Parecía como si todo estuviera decidido de antemano el presidente catalán, Carles Puigdemont, iba a acudir al Parlamento catalán y anunciar la formación de una república independiente, como estaba obligado a hacer por los resultados del referéndum del 1 de octubre. Esto sería seguido por la suspensión de la autonomía catalana por parte del Estado español, que había declarado ilegal el referéndum, y tal vez incluso por la detención de los miembros del gobierno catalán por rebelión. Al final, el choque se retrasó, pero con toda probabilidad no se evitó.

En los días previos a la sesión del parlamento catalán del martes 10 de octubre, el presidente Puigdemont había sufrido una intensa presión de la opinión pública burguesa. Las organizaciones patronales catalanas (unidas en su oposición a la independencia) le habían dicho en términos inequívocos, en público y a puertas cerradas, que no debía dar más pasos hacia la independencia.

Esta posición casi unánime de la clase capitalista catalana fue articulada claramente por Durán i Lleida, líder de Unió, partido político que había sido un aliado cercano de CDC (predecesor del PDECAT de Puigdemont), dentro de la antigua CiU. En una entrevista televisiva del día, Lleida dijo que “el capital quiere estabilidad y sabe que [es decir, la independencia] crea inseguridad” y agregó que el gobierno español no tendría “otra opción que usar el artículo 155”, que permite la suspensión del autogobierno catalán.

A la presión de los capitalistas catalanes (que en los últimos días han anunciado el traslado la residencia legal de las mayores empresas catalanas al resto de España) debemos sumar la presión de los patrones capitalistas de la Unión Europea, a quienes también les desagrada la “inestabilidad”. En una declaración pública, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió al presidente catalán “que respete el orden constitucional y no anuncie una medida [Declaración Unilateral de Independencia] que haga imposible el diálogo”. También debe haber habido una serie de llamadas privadas de los pesos pesados ​​europeos.

La secuencia de actos del día había sido acordada de antemano entre la coalición gobernante JxSi (Junts pel Sí, integrada por el PDCAT y ERC) y los anticapitalistas independentistas de la CUP. El Presidente Puigdemont iba a leer una declaración completa declarando una República Catalana y luego anunciar que su implementación iba a ser suspendida para dar tiempo a negociaciones y conversaciones.

En el último minuto, la sesión se retrasó una hora y el presidente cambió el guión. En lugar de leer la declaración de la República Catalana, hizo una declaración en nombre de su gobierno. El punto clave fue cuando explicó que “con los resultados del referéndum del 1 de octubre, Cataluña ha ganado el derecho a ser un Estado independiente, y ha ganado el derecho a ser escuchada y respetada”. Y añadió: “Habiendo llegado a este momento histórico… asumo, al presentarles los resultados del referéndum… el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en  forma de república”.

Hay que observar que la utilización de las palabras fue particularmente ambigua y vaga. En ese momento, la muchedumbre que seguía la sesión de fuera del Parc de la Ciutadella estalló en aclamaciones. Mucha gente se abrazaba y lloraba. Eso no duró, sólo dos frases más tarde añadió: “y con la misma solemnidad el gobierno y yo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas iniciemos un diálogo sin el cual no es posible alcanzar una solución acordada”. Las caras de la muchedumbre cambiaron, del júbilo a la incredulidad. Los parlamentarios de la CUP se negaron a ponerse de pie y no aplaudieron al final del discurso y su portavoz Anna Gabriel hizo un discurso agudo quejándose de que esto no era para lo que habían venido a la sesión.

Una vez finalizada la sesión, los diputados de la mayoría independentista, en una sala separada, se reunieron para firmar la Declaración de Independencia, un documento que hasta ahora no tiene efecto legal y no será publicado como un documento oficial en el boletín del gobierno catalán.

La reacción de la CUP y de muchas de las personas que se han movilizado por cientos de miles en las últimas semanas y que se han enfrentado la represión brutal de la policía para asegurarse que el referéndum fuera llevado adelante fue de decepción, de rabia, pero también en gran medida, de reconocimiento de que lograr una República Catalana no sería tan fácil como se podría haber esperado. La CUP emitió entonces una advertencia al gobierno catalán de que daría a este intento de negociaciones sólo un plazo limitado y que, mientras tanto, no tomarían sus asientos en el parlamento (lo que JxSi necesita para garantizarse la mayoría parlamentaria).

La forma en que se hizo la declaración de Puigdemont y su contenido revela claramente la debilidad de la estrategia de los políticos burgueses y pequeñoburgueses catalanes. En primer lugar, se habilitó un espacio para que las masas se concentraran en el Parc de la Ciutadella,a un centenar de metros del Parlament. Querían que la sesión estuviera libre de la presión directa de las masas que se han movilizado en las últimas semanas.

En segundo lugar, la declaración es un intento de conseguir que las potencias europeas participen en el conflicto, para que puedan de alguna manera mediar entre los gobiernos catalán y español. Esto es absurdo en extremo, ya que las potencias capitalistas europeas no se preocupan por el derecho a la autodeterminación de las naciones pequeñas (aunque, por supuesto, están contentas de usarlas como hoja de parra cuando se aviene  a sus intereses). Si se produjera una ruptura importante de la “ley y el orden” que amenazara con graves consecuencias económicas y financieras, podrían considerar la posibilidad de intervenir, pero cualquier intervención no tendría en cuenta en absoluto los intereses del pueblo catalán.

La comparación que se ha producido en los círculos nacionalistas catalanes con la forma en que Eslovenia se hizo independiente (primero una declaración de independencia que fue suspendida con la esperanza de celebrar un referéndum acordado, y seis meses más tarde con una declaración final) es completamente equivocada. En ese momento ya existía un poder imperialista extranjero (Alemania), que estaba planeando la disolución de Yugoslavia por sus propias razones reaccionarias. Además, el apoyo a la independencia en Eslovenia fue abrumador, cuando en Cataluña no lo es.

En el otro lado de la moneda a las maniobras y a las medidas de medias tintas tomadas por el gobierno catalán está la reacción del Estado español. Esta mañana Rajoy hizo una declaración tras un consejo de ministros en la que explicó que había enviado un requerimiento por escrito al gobierno catalán para explicar si había o no declarado la independencia.

Esto, lejos de ser un gesto de buena voluntad o de un respiro en las tensiones, es un requisito legal para la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite al gobierno central suspender, parcial o totalmente, las competencias autonómicas. Así es como actuará el régimen español. No puede permitirse la menor sombra sobre el imperio de la ley y la legalidad española y responderá con todos los medios a su disposición, tanto legales como represivos.

Los dirigentes del PSOE ya han dicho que apoyarán plenamente la aplicación del artículo 155, añadiendo que la negociación que Puigdemont propone es “ilegal”. Para cubrirse, también han anunciado un acuerdo con Rajoy para convocar una comisión de “reforma constitucional” que trabajará durante un período de seis meses. Esto no es ni siquiera una zanahoria adecuada, para equilibrar el palo del artículo 155.

Todo el mundo entiende que el régimen español de 1978 nunca permitirá que el derecho de autodeterminación sea incluido en la constitución española (a falta de una situación revolucionaria en la que se arriesguen a perderlo todo). Cualquier reforma constitucional que involucre a los dos principales partidos del régimen (PP y PSOE) sólo producirá pequeñas enmiendas secundarias.

En la sesión de la tarde del Congreso, Mariano Rajoy aclaró los límites de cualquier “reforma”: “la soberanía de España en su conjunto no puede ser negociada, ni la indivisibilidad de la nación española” y añadió: “están tratando de confundir sobre un supuesto derecho a decidir, que es una manera astuta de invocar un derecho a la autodeterminación que no está reconocido en ninguna constitución”.

Por lo tanto, es probable que en los próximos días el Estado español vuelva a tomar medidas contra los derechos democráticos del pueblo catalán y recurra a la represión. El conflicto no ha terminado en absoluto. Un enfrentamiento acaba de ser evitado por unas pocas horas, quizás días o, como mucho, unas pocas semanas. El Estado español aprovechará la jornada del 12 de octubre para movilizar a las fuerzas del nacionalismo español en las calles, incluida otra manifestación ya convocada en Barcelona.

Esta actitud del gobierno español y de los partidos del régimen, Ciudadanos y PSOE, confirma nuestra previsión sobre la inutilidad de la posición de Unidos Podemos y de Catalunya en Comú que habían pedido a Puigdemont que no hiciera una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) para apostar por un acuerdo negociado entre la Generalitat y Rajoy. También confirma la inutilidad de las ilusiones que estos partidos habían depositado en el movimiento “Parlem/Hablemos” que se expresó en las “manifestaciones blancas” del sábado pasado cuando miles salieron a las calles de todo el Estado exigiendo “ni DUI, ni 155”.

La posición de Rajoy y de la dirección del PSOE ya había sido anunciada con la manifestación reaccionaria en Barcelona y otras ciudades el domingo 8 de octubre, cuando unas 350.000 personas se manifestaron bajo la consigna de la “unidad de España” y donde se escucharon cánticos de “Puigdemont a prisión”, entre otros. Más allá de que varios miles de ellos provenían de fuera de Catalunya; no obstante, aunque el tamaño de esta manifestación fue estimable, palidece ante los más de 700.000 que se manifestaron contra la represión policial del referéndum el 3 de octubre o con el millón que salió a las calles en la Diada el pasado 11 de septiembre.

Por otro lado, está claro también que el estado español y la policía han empezado a soltar a sus perros de presa fascistas que, aunque reúnen a grupos muy minoritarios, se hacen notar claramente en este tipo de manifestaciones reaccionarias, como sucedió en la manifestación de Barcelona del domingo o, al día siguiente en Valencia, cuando atacaron brutalmente una manifestación de la izquierda y de los nacionalistas valencianos, en el día del País Valenciano.

No obstante, nos reafirmamos en nuestra posición que hemos manifestado en declaraciones anteriores. En la medida que el tufillo franquista y fascista se haga más presente en este tipo de manifestaciones, sumado a la represión policial creciente en Catalunya y en otras zonas del Estado, más claramente quedará expresado su carácter reaccionario ante millones de trabajadores y jóvenes del Estado, parcialmente confundidos y desorientados a corto plazo por la oleada de nacionalismo español lanzada por los medios y los partidos del régimen. Es sólo cuestión de tiempo que todo esto provoque una reacción poderosa y en sentido contrario.

Los acontecimientos de las últimas 24 horas demuestran claramente algunos puntos centrales que hemos subrayado desde el principio: la creación de una república catalana (incluso el ejercicio del derecho a la autodeterminación) en el contexto del régimen español es una tarea revolucionaria y por lo tanto no puede ser dirigida por los políticos burgueses y pequeñoburgueses catalanes.

Una tarea revolucionaria consiste en confiar en el poder de las masas organizadas y movilizadas, que se demostró en los acontecimientos del 20 de septiembre (cuando 40.000 personas rodearon el edificio de la Consellería de Hacienda de la Generalitat en un intento de impedir las acciones de la Guardia Civil); el 1 de octubre, cuando cientos de miles de personas ocuparon escuelas, abrieron y protegieron las mesas electorales; y el 3 de octubre cuando nuevamente cientos de miles de personas paralizaron Catalunya y tomaron las calles en docenas de pueblos y ciudades.

La causa de una república catalana necesita ampliar su base social de apoyo apelando a aquellos sectores de la clase obrera catalana que desconfían justificadamente de los dirigentes burgueses catalanes del Govern. En cierta medida, esa ampliación de la base social, ya sucedió como resultado de la represión policial el 1 de octubre, pero tiene que ir más lejos.

Si bien las cifras del referéndum deben ser tomadas con cautela (con el miedo a la represión policial, la propia represión policial que cerró cientos de mesas electorales donde se estaban registradas para votar más de 700.000 personas y se incautaron decenas de urnas que nunca se pudieron contar), está claro que la participación fue significativamente menor en las zonas obreras que rodean Barcelona y Tarragona, donde se concentran los trabajadores catalanes castellano-parlantes. Así, mientras que la participación global fue del 43 por ciento, en la zona obrera industrial del Baix Llobregat fue sólo del 32 por ciento; y en el Barcelonés (incluyendo Barcelona, ​​Badalona, ​​Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besos y Hospitalet) fue del 36 por ciento.

Aunque también puede haber una simpatía extendida hacia la idea de formar una república, muchos trabajadores y pensionistas están lógicamente preocupados con el destino de sus empleos, jubilaciones, etc. en una eventual república catalana, ante la campaña de terrorismo económico lanzada por los grandes empresarios y el gobierno central.

Estas capas sólo pueden ser ganadas mediante una clara identificación de la idea de una República Catalana, y de los derechos nacionales y democráticos, con la idea de revertir la austeridad y los recortes, y de luchar por empleo, vivienda, salud, educación y  pensiones para todos, a través de la nacionalización bajo control obrero de las grandes empresas y bancos. Más aún, deben ser reconfortados con la idea de que una república independiente socialmente avanzada en Catalunya, podría desatar un movimiento de apoyo y de solidaridad de los trabajadores del resto del Estado español que se movilizarían no solamente contra cualquier intento de represión o de represalia económica hacia Catalunya desde el capitalismo español, sino que también se pondrían en marcha para ajustar cuentas ellos mismos con la propia monarquía y el régimen del 78. La causa de una república catalana implica, por tanto, no sólo combatir toda separación y división de los trabajadores por ser españoles o catalanes; sino, por el contrario, debe apelar a la mutua simpatía, solidaridad, fraternidad y unión en la lucha, a un lado y otro del río Ebro.

Esta es la razón por la que los marxistas en Catalunya, y también en el resto del Estado, abogamos por una República Socialista como el único camino a seguir. Tal programa sería también la mejor manera de atraer a los trabajadores del resto del Estado español en una lucha común contra el régimen de 1978.

Escrito por: Lucha de Clases – Corriente Marxista Internacional

Ayer 3 de octubre, Catalunya vivió una protesta gigantesca contra la represión del Estado, en un clima insurreccional en algunas partes de la comunidad. El gobierno del PP quemó en apenas 15 días todo su arsenal represivo en su intento vano de abortar el Referéndum sobre la independencia del 1-O, y lo hizo arrojando gasolina sobre el fuego en un pastizal seco, provocando un incendio de dimensiones colosales. La acción directa de las masas en la calle ha maniatado todo intento del Estado de aplastar el movimiento por la autodeterminación. Desairado por todo un pueblo, y suspendido en el aire sin apoyos parlamentarios sólidos, el Rey ha acudido en ayuda del gobierno del PP y de Ciudadanos, en un intento agónico de disciplinar las filas “constitucionalistas” y de cortar cualquier vía de negociación con la Generalitat. La monarquía ha atado así su destino a lo que pase en Catalunya.

Lo que dejó el 1-O

Millones de personas en Catalunya valoraron como una victoria, duramente ganada en las calles, el referéndum del 1-O. Y así ha sido percibido en el resto del Estado y en las principales cancillerías internacionales.

El odio de la población a las fuerzas represivas traídas por el gobierno, que justamente, son vistas como una fuerza de ocupación, se ha quintuplicado tras la brutal represión contra miles de personas indefensas en las colas de votación. Cientos de vecinos en varias poblaciones de Barcelona y Tarragona se manifestaron airados el lunes y martes a las puertas de los hoteles que alojan a policías y guardias civiles, forzando su traslado a otras residencias e instalaciones militares. Los bomberos de Tarragona, también reprimidos por la policía en las colas de votación tras actuar como escudos humanos en varios lugares para proteger a la gente de la represión, instalaron el lunes sus camiones delante de la puerta de la comisaría de la Policía Nacional de Tarragona haciendo sonar sus sirenas durante unos minutos antes de marcharse, en un acto de abierto desafío.

Conviene repasar brevemente el comportamiento épico de millones de personas en Catalunya en estas semanas para asegurar la celebración del Referéndum, a fin de atisbar su verdadera dimensión y el inmenso poder que descansa en las masas cuando se ponen en movimiento.

La prohibición de actos y mítines en apoyo al Referéndum en Catalunya fue desafiada y derrotada desde el minuto uno con la participación de miles en todos ellos.

La prohibición de pegar carteles fue desafiada y contestada por decenas de miles imprimiendo el material en sus casas y oficinas y empapelando toda Catalunya con piquetes de centenares de personas.

Los detenidos el 20 de septiembre fueron liberados tras gigantescas movilizaciones “tumultuarias”.

Una organización ejemplar, con participación de varios miles, aseguró el aprovisionamiento y la presencia de urnas de votación ante las mismas narices de los servicios secretos que fueron incapaces de detectar esta organización audaz.

Las papeletas, prohibidas, fueron impresas por millones en casas particulares, oficinas y pequeñas imprentas para que llegaran a todos.

10.000 fuerzas policiales bien pertrechadas fueron incapaces de impedir completamente la votación y que millones vencieran el miedo y la aprensión y salieran a la calle para votar en un acto  “ilegal” calificado de sedicioso por la “justicia”. Decenas de miles hicieron guardia durante la noche para defender sus colegios de votación, y cientos de miles aguardaron haciendo cola horas antes de comenzar la votación.

Lo más importante: gran parte de la organización de la preparación de la votación en los barrios y pueblos fue organizado por Comités de Defensa del Referéndum que se formaron por decenas en toda Catalunya, días antes de la votación, agrupando a miles de vecinos y activistas, en lo que supone embriones de poder popular.

Un gobierno, como el catalán, que ha desobedecido las leyes (injustas) establecidas, y ha sido acusado de todo tipo de delitos sigue en su puesto, y el gobierno central ni siquiera ha sido capaz, hasta el momento del discurso del Rey, de intervenir completamente la autonomía catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución, por miedo a la reacción de la población.

Si todo esto no expresa una actitud revolucionaria en millones de personas, no sabemos cómo podría denominarse tal cosa.

El “Paro de país” del 3 de octubre

La jornada de movilización de ayer fue gestada de una manera peculiar, en lo que fue llamado un “paro de país”, coincidiendo con una convocatoria de Huelga General impulsada por la CGT y otros sindicatos minoritarios, con apoyo de la CUP y Podem. Ya el día anterior, el lunes, cientos de miles de trabajadores pararon unos minutos al mediodía para concentrarse a las puertas de sus empresas y frente a los ayuntamientos.

La movilización de ayer fue organizada por la llamada “Taula Democràtica” (Mesa Democrática) que incluye a todas las organizaciones y organismos que apoyan el derecho de autodeterminación, incluidos los grandes sindicatos, CCOO y UGT, y organizaciones de pequeños empresarios, la Generalitat, y la izquierda catalana salvo el PSC.

Lamentablemente, los dirigentes catalanes de CCOO y UGT dejaron clara su oposición resuelta a una huelga general, sobre todo en las grandes empresas, y centraron su compromiso en alcanzar un acuerdo de “paro” con las pequeñas empresas que integran  la “Taula” y con la Generalitat, en lo referido a los empleados de organismos públicos. En las grandes empresas, los sindicatos simplemente notificaron a los trabajadores que se oponían a la Huelga General y que participar en ella era un asunto voluntario e individual, lo que ocasionaba no sólo pérdida de salario sino incertidumbre e indefensión ante la patronal. No obstante, algunos sectores significativos de la clase obrera participaron activamente en la huelga, como los estibadores de Barcelona y Tarragona, los bomberos, y los conductores de autobús de las capitales, y los del metro y tren del área metropolitana de Barcelona.

Así, la huelga fue masiva en puertos, transporte, administración pública, comercio, educación, sanidad y pequeñas empresas, así como en los museos y teatros. El polígono alimentario de Mercabarna también quedó paralizado, y algunos polígonos industriales de Lleida. Las empresas de los diferentes polígonos industriales del sur de Barcelona pararon al 50%.

El sector agrario y las pequeñas explotaciones agrícolas también se sumaron al paro, impulsado por la Unión de Payeses. Significativamente, el Monasterio de Poblet, habitado por monjes cistercienses, también anunció su adhesión a la huelga.

Por la mañana, hubo cortes en unas 60 carreteras de toda Catalunya.

En las grandes empresas, el paro fue débil, en gran medida por la actitud que ya mencionamos de las direcciones sindicales. Tuvo una pequeña incidencia en la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona (30%), pero no alcanzó a la principal planta industrial de Catalunya, la SEAT de Martorell.

Donde la protesta sí alcanzó una incidencia mayúscula fue en las concentraciones y manifestaciones de masas habidas a lo largo de todo el día.

En Barcelona, la Guardia urbana cifró en 300.000 los participantes en las diversas concentraciones de la mañana en toda la ciudad, siendo la más nutrida la protagonizada por los estudiantes. Por la tarde, hubo 700.000 personas en una manifestación gigantesca.

En Girona, participaron 60.000 personas en una ciudad de 100.000, al mediodía. En Lleida, hubo 45.000 personas según la Generalitat, y en Tarragona hubo 10.000 por la mañana y más de 30.000 en la manifestación de la tarde.

En otras poblaciones también hubo manifestaciones destacables, como 5.000 en Tortosa, y 8.000 en Reus y Badalona.

Significativamente, en muchas de las manifestaciones pudieron verse banderas españolas aisladas, y por supuesto republicanas, junto a un mar de banderas esteladas, en una movilización que juntaba a una mayoría de independentistas con personas no independentistas contra la represión policial. Esto es muy positivo porque expresa la unidad por debajo de las más amplias masas populares, y amplía la base del movimiento.

El gobierno de Rajoy, suspendido en el aire

El gobierno Rajoy, arrogante hace sólo un mes, ahora descansa en el aire. En los dos días que siguieron al 1-O apareció noqueado, confuso y vacilante. No sólo acusó el golpe de verse humillado ante la combatividad popular en Catalunya, sino que le llovieron críticas dentro y fuera del país por la represión policial. En las últimas semanas ha perdido el apoyo casi incondicional del PNV, quedando en minoría parlamentaria

La parálisis del gobierno central se acentúa por el miedo a recurrir a la represión violenta una sola vez más, porque podría producir una conflagración social definitiva y el estallido de una revolución abierta en Catalunya.

Ante la presión de Ciudadanos para que Rajoy aplicara el ya famoso artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya, destituir al gobierno de Puigdemont e imponer la convocatoria de elecciones autonómicas, el gobierno se encontró inesperadamente con el rechazo del PSOE a la aplicación de estas medidas. Pedro Sánchez, acuciado por la presión del PSC, llamó a una negociación entre Rajoy y Puigdemont. Esto obligó al PP a anunciar ayer al mediodía que renunciaba a aplicar el artículo 155 sin los suficientes apoyos parlamentarios.

Sólo la cobardía de la dirección del PSOE y las vacilaciones y falta de resolución de la dirección de Unidos Podemos han impedido en estos dos días una aceleración del desprestigio del gobierno Rajoy e incluso una caída del mismo, si hubieran llamado inmediatamente a la movilización en todo el Estado contra la represión en Catalunya y por el rechazo a su política antisocial y represiva general. Así, alimentan la confusión generada en un sector de la población trabajadora del resto del Estado, intoxicada por el fetichismo hacia el respeto reverencial a las leyes (por muy injustas que sean) y, en menor medida, por la propaganda del nacionalismo españolista.

Puigdemont, oliendo el desconcierto del PP, y enfrentado a la presión del movimiento en Catalunya para que proclame unilateralmente la independencia, ha maniobrado para tratar de retrasar esta medida a fin de poder arrancar ilusoriamente un acuerdo airoso, apelando a la mediación europea. Así, retrasó primero la declaración unilateral de independencia (DUI) prevista inicialmente ayer martes, para el jueves; luego al domingo, y finalmente a la semana que viene.

La intervención del Rey – el peligro bonapartista

En un movimiento inesperado, ante la parálisis del gobierno, la Casa Real anunció ayer por la tarde la retransmisión por TV de un discurso del monarca sobre la crisis catalana. Conscientes del desprestigio del gobierno del PP y de la humillación que suponía no responder con firmeza a lo que aparenta ser un vacío de poder, los sectores decisivos de la clase dominante española se han decidido por un movimiento desesperado, en un intento de retomar la iniciativa, para dar confianza al nacionalismo españolista existente en las capas más atrasadas de la sociedad y provocar un cambio reaccionario en el ambiente general contra el pueblo catalán.

Mucha gente ingenua esperaba un mensaje balsámico que expusiera la intransigencia y el aventurerismo de la Generalitat, pero que lamentara los efectos de la represión policial y emplazara a un acuerdo negociado “dentro de la Constitución”. Nada de eso. Reflejando el carácter reaccionario hasta la médula de la burguesía española y de su aparato de Estado, y el sentimiento de su prestigio ofendido por las masas en la calle, lanzó un desafío a la Generalitat calificando su actitud de “deslealtad inadmisible” y llamó al Estado “a restaurar el orden constitucional en Catalunya”. Con un desprecio soberano a la mayoría del pueblo catalán, sólo tuvo palabras cálidas para la minoría que apoya a la derecha española en Catalunya con la frase: “No estáis solos, tenéis nuestra solidaridad y la garantía del Estado de Derecho”.

Esto es una declaración de guerra a los millones que apoyan un referéndum de autodeterminación, a los millones que participaron en la votación del 1-O y a los millones que se movilizaron ayer en toda Catalunya, independentistas o no, contra la represión policial, a la que no hizo referencia; lo que sólo puede entenderse como un apoyo explícito a la misma.

La Corona se pone así sobre su espalda la decisión que debía haber tomado el temeroso gobierno del PP, como es un llamamiento implícito a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y hacer pagar al gobierno catalán, incluidas las acciones penales, por la humillación sufrida. Pero, sobre todo, el discurso del Rey tenía un destinatario: la dirección del PSOE, para que pusiera fin de una vez por todas a sus vacilaciones y retornara sin vacilar al “bloque constitucionalista” y apechugue como los demás con las acciones a emprender, y sus consecuencias.

Este es un movimiento muy arriesgado para la clase dominante, que ha decidido quemar todos sus cartuchos de una sola vez, porque si la jugada sale mal el prestigio de la monarquía se derrumbaría, y eso podría conducir al desarrollo de un movimiento de masas en todo el Estado a favor de la República, extendiendo el movimiento revolucionario desde Catalunya al conjunto del Estado.

La actitud del Rey desvela la falsedad propalada durante décadas sobre el papel decorativo de esta figura, cuando la Constitución de 1978 le otorga importantes poderes de reserva que podría utilizar contra su propio pueblo, como declarar el Estado de Excepción e incluso liderar un golpe militar, como jefe máximo del ejército, también recogido en la Constitución.

Otro objetivo que se deduce del discurso de Felipe es organizar, a marchas forzadas un movimiento de masas reaccionario que pueda oponer en las calles, quizás no en Catalunya pero sí en el resto del Estado, al magnífico movimiento popular de Catalunya, apelando al “respeto a la ley y la democracia”, a “la Constitución”, contra el “separatismo”, y demás. Hasta ahora, todos los intentos de la derecha y de la ultraderecha española para generar tal movimiento durante las semanas anteriores resultaron en un fracaso, por el ineludible tufillo franquista y fascista que exhalaban todas sus concentraciones y pequeñas manifestaciones.

Esta mañana, la Audiencia Nacional acaba de citar para el viernes al jefe de los Mossos, Trapero, y a los dirigentes de las asociaciones civiles independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana; acusados del delito  de “sedición”. Es el primer movimiento represivo del Estado desde el 1-O y sigue al discurso de ayer de Felipe VI, seguramente para preparar un siguiente golpe, aún mayor.

Un momento crítico: hacia la revolución o hacia la reacción

Estamos en un momento crítico, si las vacilaciones y retrasos de Puigdemont se prolongan, sin dar una salida, reflejo de la inconsistencia, cobardía y falta de decisión propias de un político burgués que teme y desconfía del propio movimiento de masas generado; pero también de las divisiones internas en el PdeCat entre el sector más proclive a retroceder y el que no, eso puede trasladarse a las capas más vacilantes del movimiento y arrastrar en cascada a un sector significativo, y ser la señal para que la reacción neofranquista retome la iniciativa.

Pero el movimiento del Rey tiene grandes riesgos. Está por ver no sólo la reacción de la clase obrera catalana, de la juventud y de las masas de la pequeñaburguesía que apoyan abrumadoramente el proceso independentista, ante un intento de imponer la legalidad constitucional de manera violenta, en una situación que bordea la insurrección. El PSOE está fraccionado. La dirección del PSOE andaluz, fiel lacaya del nacionalismo españolista y de la burguesía española, ha criticado la falta de firmeza de Rajoy y ha saludado el discurso del Rey. Pero numerosos dirigentes medios y locales han declarado su “frustración” por la falta de diálogo que ha expresado el discurso Real, y no sólo en Catalunya, también en Baleares,  Euskadi y otras partes. Unidos Podemos y sus confluencias han reaccionado de forma valiente. Alberto Garzón, que ha mantenido una posición lamentable sobre el tema catalán en estas semanas aunque defendió el derecho a participar en el 1-O y condenó implacablemente la represión policial, ha llamado abiertamente a luchar por la República. En las mismas líneas se ha expresado Xavi Domènech. Pablo Iglesias ha llamado a Felipe VI “el Rey no votado” y ha calificado su discurso de “no en nuestro nombre”. Si Unidos Podemos, como fervientemente esperamos, levanta una posición valiente y desafiante a los planes reaccionarios del régimen del 78, podría organizar un movimiento de masas que tenga como objetivo no sólo apoyar al pueblo catalán y rechazar cualquier tipo de violencia contra él, sino liderar un movimiento poderoso a favor de la República.

Incluso en el caso que el monarca, la derecha y la cobarde dirección socialista tuvieran un cierto éxito en organizar un movimiento de masas españolista significativo, arrastrando a las capas más atrasadas, inevitablemente se destacarán en el mismo los elementos fascistas y franquistas más repugnantes, incluyendo el intento de criminalizar y de generar violencia física contra la izquierda y sus activistas. El grueso de la clase obrera española puede estar dividido y confuso sobre la cuestión catalana, pero hay una memoria histórica y un instinto de clase antifranquista que no han podido sepultar 40 años de régimen del 78. Si las provocaciones de la reacción van demasiado lejos, eso prepararía una respuesta feroz de la clase obrera que cambiaría rápidamente toda la situación, unido a las condiciones de precariedad laboral y de hartazgo hacia la corrupción del sistema, y que podría conducir a un estallido revolucionario en toda regla con un contenido republicano y anticapitalista.

El movimiento por la autodeterminación de Catalunya ha llegado al punto más elevado jamás imaginado. El grueso del pueblo catalán ha asombrado a millones en todo el mundo por su determinación, tenacidad y valentía en estas semanas, enfrentado a un aparato de Estado poderoso. La corriente Lucha de Clases apoyó sin ambages el referéndum del 1-O y su resultado, bloqueada cualquier otra alternativa para que el pueblo catalán pudiera expresar democráticamente su opinión sobre su relación con el Estado español y, por lo tanto, defendemos la proclamación de una república catalana independiente. Ahora bien, proclamar la independencia no basta para constituirse como país independiente. Aunque el movimiento tiene, sin duda, el apoyo de la mayoría de la población catalana, falta asegurar el apoyo incontestable de la mayoría decisiva de la clase obrera, sobre todo de la población castellano-parlante, que aglutina una parte sustancial de los batallones pesados del proletariado catalán, y que mira con desconfianza al ala burguesa del movimiento representada por el PDeCat y sus políticas a favor de los ricos, los recortes y la austeridad. Lo que se necesita, por tanto, es que la izquierda del movimiento, donde la CUP y los sectores más a la izquierda de los Comunes y Podem, tienen una posición significativa, luche por alcanzar la dirección del mismo, vinculando la república con un programa socialista de transformación, que arrastre al grueso de la clase obrera catalana.

En lo inmediato, y ante la inminente intervención de la autonomía catalana y de la destitución represiva del gobierno de Puigdemont, lo que se necesita es preparar la resistencia para responder con una nueva ofensiva en la calle.

Extender los Comités de Defensa, embriones del poder obrero y popular

La principal tarea del momento es extender y fortalecer en el plazo inmediato los Comités de Defensa hasta el último barrio y pueblo de Catalunya, con especial énfasis en los barrios obreros y zonas fabriles, no como núcleo de activistas sino como organizaciones de masas. Habría que convocar una asamblea nacional de comités de toda Catalunya que asuma la verdadera representación del pueblo catalán ante la probable destitución del gobierno de la Generalitat, y formar un gobierno de carácter obrero y popular que, dotado de un programa amplio, recoja las demandas de todos los sectores populares, desde los campesinos, pequeños propietarios y profesionales, hasta las demandas obreras más inmediatas, vinculándolas con la nacionalización de las grandes empresas y bancos catalanes, que ya han manifestado su apoyo y solidaridad con sus hermanos de clase de la oligarquía de Madrid.

Habría que tomar el control de los Mossos, depurarlos de los elementos reaccionarios que también existen en su seno, y proclamar así una república socialista catalana que hiciera un llamamiento revolucionario a la clase obrera española para que se levante contra el podrido régimen capitalista español, e inaugurar así una oleada revolucionaria socialista por la península, y más allá.