Menu

democracia burgués

Colombia: ¿Constitución o revolución?

, , , , , , ,

El viernes 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro salió a las calles de Cali. En su discurso del día, propuso una asamblea constituyente como salida a los varios problemas que su presidencia ha encontrado a la hora de lograr las reformas por las que fue elegido. Para citar:

Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó (…), entonces no es el pueblo el que se va a su casa arrodillado y derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. (…) Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución por que lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente.

La oligarquía ha despertado toda una algarabía alrededor de esta cuestión. La derecha reaccionaria y con vínculos al narcotráfico y el paramilitarismo declara que Petro finalmente se está moviendo en la dirección de perpetuarse en el poder. María Fernanda Cabal (a día de hoy, lo más cercano a una dirigente que tiene la oposición) declaró este discurso como un “golpe de estado”.

Esta propuesta es un reflejo de la crisis del reformismo, que en última instancia, no ha podido implementar ninguna de las reformas propuestas en las elecciones del 2022 ni el pliego de demandas con el que el Consejo Nacional del Paro descarriló el paro nacional del 2021. Después de un año y medio en el poder, el gobierno del Pacto Histórico no ha podido pasar la reforma a la salud, la pensional o la laboral. Pero la verdadera cuestión es: ¿Son el capitalismo colombiano y la democracia burguesa que la constituyente afirmaría suficientes para lograr estas reformas sociales?

La parálisis de las reformas

Para el día de hoy, ninguna de las reformas cuya promesa llevó a Petro al poder ha podido pasar por el escritorio de la presidencia. Cada una de las reformas se ha vuelto un gran debate nacional y la oligarquía ha sembrando el pánico sobre la posibilidad de como la reforma laboral va a aumentar el desempleo debido a la formalización del trabajo y la implementación del recargo nocturno y pagos a festivos; la reforma a la salud va a destruir por completo “uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica” según Forbes y como la reforma pensional va a terminar con el estado robando los fondos de retiros de los trabajadores.

Sin embargo, la realidad detrás de estas calumnias es diciente. Los empresarios, a través de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), declaran que la reforma laboral significa el incremento de costos del 30% mientras que el Banco de la República declara que la reforma laboral podría terminar eliminando 450000 trabajos. No solo esto, pero la reforma laboral tuvo que morir en la comisión séptima del senado debido al bajo quórum en su debate y a las artimañas de la oposición para abstenerse y así matarla. Pero ¿qué dice esto de las empresas colombianas? En un país en donde el salario mínimo es de $1’300.000 de pesos, equivalente a $335 USD, el hecho de que un incremento situacional a los costos laborales elimine tantos trabajos demuestra que tantas empresas no pueden ofrecer un salario digno a sus trabajadores.

La reforma a la salud, de manera similar, no ha encontrado manera de pasar por el laberinto legislativo, después de la purga de la ministra de salud Carolina Corcho por atreverse a sugerir que el monopolio de empresas aseguradoras colombianas tenía que reemplazarse con un modelo de salud único para luego ser removida y reemplazada por Guillermo Jaramillo y así quedar mitigada al 50%. Petro ha tenido que recurrir a maniobras ejecutivas como la implementación de la reforma a la salud a las EPS que están controladas por el gobierno en este momento.

La reforma agraria es posiblemente la deuda histórica más importante que el gobierno de Petro busca saldar. El análisis de OXFAM (2018), con datos del Censo Nacional Agropecuario indica que Colombia es el país de América Latina con mayor concentración de tierras 1% de las fincas de mayor tamaño acapara el 81% de la tierra; el 19% de la tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. El 0.1% de las fincas de más de 2000 hectáreas ocupa el 60% de toda la tierra. En este contexto, es altamente diciente que el gobierno del cambio haya propuesto una reforma agraria desde la rama ejecutiva que compense a los lugartenientes y revenda la tierra a los campesinos. Su progreso también es diciente: solo se han comprado el  4% de las tierras proyectadas para Marzo 7 con este plan.

En cada una de estas reformas hay un factor en común: el bajo margen de maniobra del capitalismo colombiano ha limitado enormemente la velocidad en la cual las reformas se pueden implementar. Esto le da más y más tiempo a la oligarquía de sabotearlas y preservar sus ganancias por cualquier medio necesario. Pero este no es un problema de tempo nada más, sino un reflejo de la situación del capitalismo internacional en donde ninguno de los reformistas actuales puede lograr reformas expansivas que mejoren la calidad de vida de la clase trabajadora. Estamos viviendo en un período de reformismo sin las reformas. Sin embargo, es obvio que este sabotaje no será gratuito a largo plazo para la oligarquía.En la medida en que las masas de trabajadores, campesinos y estudiantes vean cómo el capitalismo colombiano ahoga en burocracia, propaganda y sangre las reformas por las que marcharon en el 2021, entenderán que las reformas no se obtendrán a través de maniobras legales desde arriba, sino en las calles.

Los límites de la democracia burguesa

En una entrevista en el Tiempo que decidió aclarar su perspectiva y explicar que para él, una constituyente no sería una oportunidad para dar inicio a una nueva constitución sino para reorientar la constitución del 91 hacía varios puntos que no fueron ponderados en su momento. Petro termina proponiendo un programa de ocho puntos que pasa por varias aristas como la reforma agraria y el cambio climático como orientación a la posible constituyente.

  • El cumplimiento del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC,
  • Mejorar las condiciones de vida para los colombianos en materia de salud
  • Acceso al agua y renta básica, especialmente para la población de mayor edad
  • Recuperar los objetivos de la Constitución de 1991, priorizando educación pública y reforma agraria
  • Lucha contra la crisis climática y descarbonización de la economía
  • Garantizar la política monetaria manteniendo la independencia del banco central y priorizar el empleo y la producción
  • Un reordenamiento territorial para inclusión de las regiones históricamente excluidas
  • Separar la política de la financiación privada y reformar el sistema judicial.

Este programa político parte de la concepción de que Colombia es un país feudalista. Petro en su entrevista con el Tiempo declara que él es “un socialista” pero que “una sociedad poscapitalista aparecerá es porque se desarrollará el capitalismo”. Sin embargo, hay que entender la naturaleza de las tareas que Petro propone para una constituyente. Estás tareas, cómo la reforma agraria y la unificación territorial, son tareas democrático burguesas que la lucha por la independencia no pudo lograr en su momento.

Sin embargo, en el periodo actual del capitalismo, los terratenientes y los empresarios han llegado demasiado tarde al escenario de la historia para cumplir estás tareas y están completamente maniatados al mercado mundial. Esto no solo previene que, por ejemplo, conduzcan una campaña de expropiaciones de tierras como lo vimos en la guerra civil americana y la revolución francesa, sino que los pone en defensa de la monopolización de la tierra. Desde la movilización de paramilitares para el despojo de tierras hasta las maniobras de FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos, efectivamente la voz del latifundio colombiano) para ponerse a la cabeza de la reforma agraria y asegurarse de que la reforma agraria sea sobre la base de la compensación al latifundio, ha sido claro que el latifundio colombiano está altamente interesado en preservar su relación con el mercado estadounidense (a quién exporta 580 millones de dólares en carne de res y más de 17 mil toneladas de leche).

Según Petro, la constitución del 91 no se aplicó y es por esto que hay que convocar una constituyente. Pero esto despierta una pregunta obvia: ¿Por qué no se aplicó la constitución del 91? En su entrevista con el Tiempo, Petro declara que esto es debido a que el estado fue capturado por las mafias. Pero al mismo tiempo declara que él no puede decir que su gobierno está libre de esta misma corrupción ya que el estado está íntimamente ligado a las mafias incluso bajo su gestión.

Un caso reciente de esto son los dos fiscales anteriores (Francisco Barbosa y Marta Mancera, ambos rezagos de la presidencia de Duque) que fueron acusados de encubrir los crímenes de Francisco Martinez, quién durante su tiempo como director del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación, división de la Fiscalía General de la Nación) en Buenaventura encubrió varios casos de tráfico de drogas. Este es uno de los muchos casos de corrupción que Petro ha heredado de la oligarquía al depender de los funcionarios anteriormente nombrados.

Sin embargo, ante estos casos de corrupción, los comunistas colombianos tienen que explicar que esta es la verdadera naturaleza del estado burgués. Este no es un actor neutro que puede ser reorientado hacia las necesidades de las masas. Más bien, el estado son cuerpos de hombres armados en defensa de la propiedad privada y las instituciones que los apoyan. No hay ninguna constitución que pueda deshacerse de esta realidad sin tocar la propiedad privada.

No solo esto, pero el fenómeno de la corrupción (es decir, del enriquecimiento ilícito a través del uso de las instituciones del estado burgués) es un fenómeno que está ocurriendo en cada país capitalista, ya sea en Inglaterra donde el partido conservador inglés  no tuvo tapujos a la hora de repartir contratos de respuesta a la pandemia a los amigos del primer ministro Johnson, llevando a que el 20% no se cumplieran costando billones de libras esterlinas y miles de vidas o en Estados Unidos, en donde senadores como Dianne Feinstein se han enriquecido a través del uso de información clasificada para informar su especulación e inversiones.

La razón detrás de la corrupción colombiana no solo es la malicia de los empresarios y sus compinches dentro del narcotráfico (aunque ciertamente juega un factor) sino la naturaleza de un sistema económico que depende del lucro y de la explotación de la clase trabajadora para que Colombia pueda ser una parte funcional del mercado mundial capitalista. Esto no se puede solucionar con un simple cambio de las reglas del sistema, sino con un cambio de raíz.

El monopolio de la oligarquía

La consigna de una constituyente es errónea ya que otra constitución no podrá resolver la cuestión del atasco de las reformas. El incumplimiento de la constitución de parte de la oligarquía a la cabeza del país se debe precisamente al hecho de que la oligarquía colombiana conserva el poder político y económico.

Pero no solo es errónea debido a la coyuntura política de Colombia. Más bien, es errónea al respecto del periodo histórico en el que se encuentra Colombia. A día de hoy, la economía mundial se caracteriza por más y más concentración del capital y la riqueza en las manos de unos pocos bancos y monopolios gigantescos.  Esto se demuestra en qué el 55% del PIB viene de las cinco ciudades más grandes del país y en toda la producción industrial concentrada en grandes conglomerados como Nutresa, Argos y Terpel entre otras. Las 100 empresas más grandes de Colombia registran 45 dólares por cada 100 dólares en ventas en el mercado.

El problema no es que el capitalismo no se haya desarrollado en Colombia. El problema es que el desarrollo del sistema a nível mundial depende del atraso de países como Colombia precisamente para poder explotar sus clases trabajadoras por el menor costo posible.

Una asamblea constituyente que no toque a la propiedad privada y esté dispuesta a expropiar a las altas esferas de la economía será un callejón sin salida que solo restauraría fe en las instituciones burguesas que han destruido la vida de millones de Colombianos a través de las décadas, supervisando la explotación de la clase trabajadora y el despojo de tierras de los campesinos.  Detrás de esta constituyente, hay un intento de Petro de movilizar a sus bases a luchar pero sin atacar la propiedad privada. Pero de salir a las calles a luchar por esta constituyente, las bases que lo pusieron en el poder se desgastarán y desilusionarán cuando se den cuenta de que no podrán implementar las reformas por las que de verdad están luchando, ya que cada una de las reformas que Petro propone (desde la reforma agraria hasta la laboral) es una amenaza directa a la riqueza de la clase dominante colombiana.

Hemos visto en el último año y medio que las reformas por las que Petro fue elegido no se van a poder lograr a través de ninguna vía parlamentaria y como estas han sido estancadas por funcionarios burocráticos, empresarios en busca de proteger sus ganancias y sicarios dispuestos a asesinar a líderes sociales. Sólo se podrán lograr en las calles. Sin embargo, la clase trabajadora, el campesinado y la juventud no saldrán a las calles por llamados abstractos a la vida y la paz. Las masas más bien saldrán a luchar cuando se les arme con un programa que ponga sus destinos en sus manos y les permitan resolver los problemas que el capitalismo crea a través de sus propios medios.

¿Constitución o revolución?

El programa que Petro propone es hacer cumplir las promesas falsas de la oligarquía, como han sido documentadas en la constitución del 91 y los acuerdos de paz del 2016. Estos documentos, sin embargo, no reflejan las aspiraciones de la clase trabajadora de una sociedad verdaderamente democrática en donde la producción sea coordinada para el bien social en vez del enriquecimiento de una minoría. Más bien, estos documentos reflejan las aspiraciones del ala bienpensante de la oligarquía que sueña con una Colombia que mejore su posición en el mercado mundial (y por consiguiente, sus riquezas).

Este programa fluye del hecho de que el Pacto Histórico es un frente popular que plantea aunar a las fuerzas progresistas del país bajo la bandera del capitalismo progresista. Con Colombia Humana a la cabeza, defiende la idea utópica de un capitalismo “humano” que pueda lograr convertir a Colombia en una potencia mundial que logre establecer reformas por las cuales la oligarquía ha atacado y destruido a líderes sociales a través de la historia del país. La premisa detrás de este partido, en otras palabras, es el desarrollo del capitalismo para crear una base para las reformas a la salud, pensiones, el trabajo y la tierra.

Pero este programa es un callejón sin salida. El programa de Petro propone el desarrollo del capitalismo colombiano sobre una base “más justa y racional” en oposición a los capitalistas colombianos que mantienen control total del estado y por consiguiente de la aplicación de la constitución.

Lo que se requiere es el derrocamiento de la oligarquía y sus instituciones corruptas. Esto solo se podrá lograr sobre la base de un movimiento masivo y revolucionario de la clase obrera y el campesinado dispuesta a desmantelar el estado burgués y reemplazarlo con sus organizaciones democráticas, a desarmar a los hampones paramilitares de la oligarquía y a nacionalizar la banca, la tierra y los monopolios para ponerlos bajo control obrero.

Sobre la base de esa lucha, se podría tomar la enorme riqueza que Colombia produce para el imperialismo internacional y sus oficinistas en Bogotá para ponerla al servicio de la clase trabajadora, el campesinado y la juventud colombiana y así lograr la reforma agraria, “mejorar la condición de vida de los colombianos”, “acceso al agua”, “priorizar la educación pública” y todas las otras aristas de la constituyente propuesta por Petro.

La base para ese movimiento existe en la sociedad colombiana. Su potencial se vió en los paros nacionales del 19 y del 2021. Lo hemos visto en las grandes manifestaciones en defensa de las reformas del gobierno y en cómo cada manifestación de las aspiraciones de las masas se ha vuelto más difícil de controlar de parte de la dirección del Pacto Histórico. Sin embargo, el potencial de este movimiento está siendo desperdiciado al ser encasillado dentro de los límites puestos por la oligarquía colombiana que tiene sus propios representantes dentro del gobierno y del Pacto Histórico.

La tarea más urgente del movimiento obrero es romper con estos “compañeros” pro-capitalistas en la coalición de gobierno y dentro del mismo Pacto Histórico para establecer un partido revolucionario independiente de clase capaz de liderar a las masas explotadas a la victoria en los eventos por venir, que no serán una asamblea constituyente y un desarrollo pacifico del capitalismo colombiano, sino más crisis y eventualmente otros paros nacionales, en donde las tradiciones de los cabildos y la primera línea volverán a ser puestas a prueba en contra de las fuerzas del estado colombiano.

La materia prima para un movimiento revolucionario que pueda transformar de raíz la sociedad Colombiana existe. La vemos en la juventud en movimiento luchando para democratizar la Universidad Nacional y como ese movimiento se expande a varias universidades con las mismas demandas. La vemos en la clase obrera que se moviliza en defensa de las reformas bajo la dirección de las centrales y está dispuesta a ajustar cuentas con la burguesía en las calles. La vemos también en el campesinado que organiza sus comités para gestionar la reforma agraria y se encuentra con las barreras de la burocracia estatal para cumplir la promesa de Petro de hacer la tierra “del campesino desde el primer día de mi presidencia”

Esta organización tiene que ser guiada por un programa que proponga poner a la clase trabajadora en el poder para que pueda planificar la economía por el bien social y que sirva como guía de acción para los millones de trabajadores que buscan una solución duradera a la crisis, en vez de un simple periodo de respiro antes del inevitable regreso de la oligarquía al ejecutivo. Solo con esta organización podremos barrer con la oligarquía colombiana y transformar de manera profunda la sociedad que la séptima papeleta y la carta magna del 91 no pudo rescatar de la pobreza.

La batalla por la democracia burguesa en pleno apogeo

, , , , ,

Mientras que el resto del mundo es sacudido por la quiebra de los bancos en Estados Unidos y Suiza, en México parece —solo en apariencia- que la situación económica está en un segundo término, el escenario principal lo ocupa la batalla entre los partidos de la derecha y el gobierno de López Obrador. El punto de conflicto es el régimen “democrático” que dicen defender los dos bandos, por un lado la derecha rechaza el Plan B de AMLO acusándolo de ser autoritario y querer “someter a la democracia” al antojo del presidente. El otro bando acusa a la derecha de utilizar al INE para someter a la democracia en favor de unos cuantos potentados.

Para los contrincantes de esta batalla, la democracia se convierte en algo abstracto y casi sagrado, un remedio místico, como si, quien tenga la verdad sobre “la democracia” va a tener la verdad sobre lo correcto e incorrecto en la política mexicana. El marxismo tiene una posición sobre la batalla que se está librando, pero también sobre la mentada democracia que se dice defender, y que se toma como panacea para la vida política y moral del país.

¿Qué es la democracia?

Lenin en 1919 decía que, en la batalla por justificar el régimen capitalista, la burguesía y sus aliados en el movimiento obrero, forcejeaban entre argumentos ideológico-políticos en torno a la democracia y la dictadura, lógicamente se condenaba la dictadura y se defendía a la democracia. El dirigente revolucionario decía que esta discusión era una falacia e hipocresía, porque se hablaba de “democracia” y “dictadura” en forma general sin considerar que clase estaba detrás de ellas. Dice textualmente: “Porque en ningún país capitalista civilizado existe la “democracia en general”, pues lo que existe en ellos es únicamente la democracia burguesa, y de lo que se trata no es de la “democracia en general”. (Lenin, Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado)

Estas palabras son clave para entender la posición que tienen los marxistas con respecto a lo que sucede en el país, esta batalla por el control del INE y los paladines de la democracia.  Los marxistas no concebimos a la democracia como algo abstracto, sino como un régimen que la burguesía puede utilizar para esconder la dictadura del capital, por ello no hablamos de defensa de la democracia en abstracto, porque estaríamos defendiendo solo una de las caretas que utiliza la burguesía para mantener su régimen.

La derecha se opone al Plan B del gobierno porque no quiere perder sus privilegios económicos y mantener al INE como un instrumento de golpeteo político, defiende una forma de democracia burguesa, más corrupta y allegada al gran capital, podríamos decir una democracia más clásica, a la mexicana, como siempre ha sido. El planteamiento del gobierno de ahorrar dinero recortando altos mandos del INE, acotándole su poder político y planteando más transparencia, un INE sin corrupción; no está defendiendo una forma de democracia diferente en su contenido sustancial, es decir de clase. Lo que está haciendo es mejorar la democracia burguesa para que sea menos corrupta y más transparente.

Como decía Lenin, es una batalla política, un forcejeo entre dos concepciones de como ver a la democracia burguesa. En el caso de los planteamientos para mejorar al INE por parte del gobierno, en ningún momento pone en entredicho si esa “democracia” que defiende es para mantener el régimen del capital, al cual respalda y fortalece.

Nosotros oponemos a la democracia burguesa el régimen de democracia obrera o proletaria, un régimen, no solo más democrático porque todos los representantes están escogidos de forma directa por las fábricas o territorios determinados con derecho a revocabilidad inmediata, sin altos salarios -lo cual es un acto de corrupción institucionalizado en el régimen de democracia burguesa y aceptado por todo mundo-, con una rotatividad efectiva de todos los trabajadores y pobladores en general, etc. En otras palabras, el sistema por el que luchan los marxistas, no solo es más democrático y representativo que la democracia burguesa, es mucho menos corrupto y transparente, ligado de forma directa a las bases del pueblo.

Pero lo más importante de un nuevo sistema de democracia obrera o proletaria, es que se tiene que elegir sobre bases totalmente diferente, porque no va a defender la dictadura del capital, sino los intereses de los trabajadores. Para lograrlo tendrá que abolir la propiedad privada de los medios de producción y nacionalizar bajo control obrero las grandes fábricas, empresas y centros bancarios, para poner todos los recursos a disposición de las necesidades de la población.

El régimen de la burguesía solo promete elecciones más limpias cada cierto tiempo, donde las cupulas corporativas de los partidos y la clase económicamente dominante son las que dominan y deciden todo. Este sistema de democracia burguesa tiene como fin defender los intereses de la clase burguesa, de los más ricos. Para lograrlo se asegura que los diputados y senadores piensen como ricos, porque los vuelven millonarios con los salarios, los compromete con las leyes preestablecidas, que fueron promulgadas para defender el régimen de opresión capitalista. Como dice Lenin en el texto antes citado:

“Todos los socialistas, al explicar el carácter de clase de la civilización burguesa, de la democracia burguesa, del parlamentarismo burgués, han expresado el pensamiento que con la máxima precisión científica formularon Marx y Engels al decir que la república burguesa, aun la más democrática, no es más que una máquina para la presión de la clase obrera por la burguesía, de la masa de los trabajadores por un puñado de capitalistas.”

No tenemos ninguna ilusión de que el Plan B del gobierno va a traer una democracia plena, ni a favor de los explotados.

¿Y que postura tenemos frente al conflicto actual?

Una vez dicho lo anterior, no somos ajenos a los conflictos que hay entre las diferentes alas o facciones de la política burguesa, no podemos ser omisos a las movilizaciones que organiza la derecha donde las consignas piden la restricción a medidas democráticas básicas como las elecciones. Una de las pancartas que se exponía en la última marcha de la derecha decía más o menos así: por culpa de un voto inconsciente y desinformado pagamos todos, esto es un llamado a suprimir las elecciones.

La derecha agita en pro de la democracia para golpetear a sus enemigos y animar a su base, los sectores más reaccionarios, para salir a las calles. Les inyecta confianza al tiempo que las movilizaciones son más grandes y pueden llenar el zócalo por primera vez después de que perdieron las elecciones de 2018. Está claro que este sector de la burguesía es el más podrido y reaccionario y que su defensa de la democracia es más demagogia para recuperar fuerza y no perder lo poco que les queda en el aparato estatal, por ejemplo el control del INE.

Por su parte, el presidente también ha llamado a la movilización del 18 de marzo como una respuesta a las movilizaciones de derecha. Las masas volvieron a responder y llenaron el centro de la ciudad con 500 mil personas, según fuentes de las autoridades de la Ciudad. Las mañaneras también son utilizadas para responder las calumnias y ataques de la derecha. El gobierno busca responder y dejar claro que la correlación de fuerzas está a su favor, pero sin hacer nada fuera de la legalidad burguesa para hacer valer sus propuestas. Al final, aunque se tiene mucha más fuerza que la derecha, estos tienen el control de ciertas herramientas que permite un sabotaje a iniciativas del gobierno, como el control del Poder Judicial, el INE, etc.

Los marxistas defendemos los derechos democráticos elementales dentro del capitalismo, no porque creamos que es lo máximo o porque tengamos confianza en que por medio de ellos vamos a encontrar nuestra liberación, sino porque, la forma en que los trabajadores pueden entender que sus problemas no se van a resolver teniendo más o menos democracia burguesa, es conquistar una democracia plena. En otras palabras, luchamos por los derechos democráticos dentro del capitalismo para demostrar que el problema no es la falta de democracia burguesa sino el sistema capitalista en su totalidad.

Es por esto que no somos neutrales en este conflicto y que nos posicionamos del lado de los que marcharon el sábado 18, de los trabajadores y pobres del campo y la ciudad, apoyamos críticamente al gobierno de AMLO se su lucha contra la derecha corrupta y violenta, al mismo tiempo decimos que el planteamiento de AMLO, en su defensa de la democracia burguesa, no va a solucionar nada para los trabajadores, porque el problema no es la democracia en sí, sino el régimen de opresión capitalista.

La lucha por una democracia plena necesariamente pasa por luchar contra el capitalismo

Una de las grandes diferencias que mantenemos con el gobierno de AMLO es que él, como reformista que es, no concibe un cambio fuera del capitalismo, por tanto, toda su política es para mejorarlo, hacerlo más funcional, menos corrupto, más habitable. De ahí su batalla fundamental con la derecha partidaria, que estaba acostumbrada a utilizar al Estado como un negocio personal con el cual hacerse millonarios en unos pocos años.

Las movilizaciones que convoca AMLO, todo el respaldo político que tiene ante la población que le apoya, lo utiliza para restablecer la credibilidad del estado burgués, de sus instituciones y su moral. Esto causa una gran confusión entre los activistas del movimiento obradorista y, en general, de la izquierda mexicana. Vivimos movilizaciones masivas, hay una corriente de opinión mayoritaria en el país que apoya sin cuestionar las medidas que toma AMLO, sus seguidores las replican y utilizan como si fueran las verdaderas causas por las que hay que luchar. Lo que están haciendo en realidad, es lavarle la cara a esas instituciones que durante toda la historia moderna del país han actuado para salvaguardar los intereses del gran capital y de los políticos corruptos.

Veamos el ejemplo del ejército, por ser el más explícito. Esta institución fue organizada como salvaguarda de los intereses de la burguesía. Son los garantes de hacer cumplir la constitución y la constitución defiende los intereses de la burguesía. Es un instrumento de opresión violenta contra cualquier adversario que se atreva a cuestionar el régimen establecido, así lo ha demostrado su actuar en los últimos 100 años. AMLO dice que son leas les, que es pueblo y les entrega un poder económico y político que no habían tenido desde la época de la revolución.

Esta misma política la réplica en todos los espacios del estado y a todos los niveles de la democracia burguesa. Promueve cambios morales y administrativos como solución para purificarlos de su maldad, sin entender que estas instituciones son parte de un entramado de dominación de una clase sobre otra.

Para los marxistas, luchar por una verdadera democracia implica, en primera instancia, arrebatar el gran capital  un puñado de parásitos que se hace millonarios a cosa de la explotación de los trabajadores. Con ese dinero se podría crear buenas escuelas, buenos trabajos, mejor infraestructura, elevaríamos el nivel cultural de la población en poco tiempo, recortaríamos los horarios laborales para que la gente tenga tiempo para dedicarse al deporte, el arte o la política. Los funcionarios estatales se reducirían al mínimo adecuando la nueva tecnología para que todo fuera digital. El ejército y la policía fueran sustituidos por el pueblo armado, comités organizados de los barrios y las empresas. Los altos salarios de los diputados y senadores y demás burocracia del poder judicial serían sustituidos por tribunales populares, los representantes de los trabajadores tendrían un salario de un obrero cualificado, etc.

Pero, como ya lo dijimos, esto pasa por terminar con el capitalismo y con su aparato estatal e instituciones, su constitución. A este objetivo debería de ser orientada la energía y fuerza del movimiento de masas que hoy apoya a AMLO, para crear una nueva sociedad, no tratar de justificar y lavar la cara a la vieja.

Estas ideas las defendemos abiertamente, vamos al movimiento de masas que convoca AMLO a explicarlas y tratar de convencer a la gente de ello. Somos una minoría, pero no por eso renunciamos a luchar por nuestros objetivos dentro de la juventud y el movimiento de masas. Pensamos que sólo el marxismo puede dar claridad en esta lucha actual. Te invitamos a que te organices y luches con nosotros por el socialismo.