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Crimen organizado

Violencia en Sinaloa

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Desde el jueves 25 de julio, cuando se dio la noticia que las autoridades de EE. UU. apresaban a Ismael el “Mayo” Zambada, estaba claro que la situación de las diferentes fracciones del cártel de Sinaloa cambiaría. Después de muchas especulaciones de posibles negociaciones entre el narcotraficante y las autoridades de los Estados Unidos, que implicaría el intercambio de información a cambio de un retiro tranquilo, se dio a conocer una carta donde el Mayo daba su versión de cómo fue que lo apresaron. En ella se hablaba de una traición por parte de los chapitos —fracción del cartel de Sinaloa que encabezan algunos de los hijos del Chapo Guzmán— que implicó su detención y entrega a las autoridades gringas, la desaparición de algunos de sus colaboradores (dentro de ellos un miembro activo de la policía de investigación que trabajaba como su escolta) y el asesinato del ex rector de la Universidad de Sinaloa.

Los acontecimientos que han seguido a esta declaración y los argumentos que ha dado el presidente de la república, utilizando lo dicho por el Mayo y dándolo como cierto, nos hace pensar que eso es lo que más se acerca a la realidad de lo que pasó.

Los chapitos, con la entrega de Zambada, creían que mataban a dos pájaros de un tiro; por un lado, pensaron que ellos se quedarían con la dirección del cártel de Sinaloa y, por otro, la entrega del Mayo debería implicar dar protección y mejor trato a los hijos del Chapo presos en EE. UU. No era una mala idea en general, pero la realidad es diferente y ahora están sumergidos en una guerra por la dirección del cártel.

Otro aspecto interesante que resaltar es que Andrés Manuel dijo en una de sus mañaneras que los causantes de la violencia son los EE. UU. porque ellos estuvieron involucrados de forma directa en una negociación con los chapitos para la entrega del Mayo. El embajador gringo en México ha dicho que eso no tiene ni pies ni cabeza, pero la realidad es dura y él cínico frente a los hechos.

Siguiendo esta idea vemos dos aspectos importantes. El gobierno de los EE. UU. y la DEA mantienen un constante diálogo y tienen mayor conocimiento de lo que sucede con los diferentes cárteles de la droga en México que el mismo gobierno mexicano. Estos grupos delincuenciales se pueden ocupar, cuando el imperialismo norteamericano se los pida, como grupos de choque contra una fuerza política no deseada.

La segunda cuestión es que el gobierno mexicano está lejos de tener un trabajo de inteligencia que le permita dar seguimiento cercano a los movimientos del narco y la DEA en el territorio nacional. A pesar de la inversión masiva en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, quedan en ridículo ante la intervención extranjera.

Resultados de guerra

En las dos semanas desde que se desató el conflicto entre la fracción del Mayo y los chapitos, hasta ahora (23 de septiembre) la cifras son de 51 muertos, 64 desaparecidos y más de 30 enfrentamientos, y bloqueos en las regiones donde se desarrolla el conflicto con mayor intensidad. Pero son datos que da la Fiscalía General del Estado; grupos civiles y colectivos de desaparecidos tienen cifras más elevadas.

Se habla de convoyes que llegan desde Durango, que bajan de la sierra, fuerzas que se alinean de uno u otro lado. El mensaje de los asesinatos es brutal, los reportes indican decapitaciones, cuerpos desfigurados a golpes, tiros de gracia, cuerpos abandonados en carreteras con mensajes sobre el cuerpo entre otros tipos de mensajes.

Fruto de los enfrentamientos en las zonas rurales ha habido desplazamientos de personas e incluso un pueblo entero, El Palmito en el municipio de Concordia; Baila no ha tenido energía eléctrica durante días. Son 6 municipios donde esta guerra a implicado desabasto de alimentos, cierre de las escuelas y una circulación muy reducida de gente en las calles.

En la página digital de Pie de Página, hay un artículo que detalla el mapa de la “guerra” en Sinaloa, el cual, citando a Revista Espejo, indica que han sido más de 161 sucesos ocurridos en 10 días de enfrentamientos. Los municipios más afectados son Culiacán, El Dorado, Cosalá, San Ignacio, Elota y Concordia. Como dice el artículo, seguramente la falta de cobertura mediática hace que los reportes no mencionen las actividades que se ha registrado en otras zonas.

El gobierno estatal es cómplice y el federal omiso

En la carta del Mayo, menciona que la reunión planificada era para reunirse con el gobernador actual, dejando claro los vínculos que hay del gobierno con el narco. Los acontecimientos lo confirman. No nos asombra que la policía estatal esté ausente o, en el mejor de los casos, llegue a los lugares del enfrentamiento mucho después de que estos se han realizado.  El gobernador Rocha ha salido varias veces a hablar, primero negando la situación de la violencia, después decretando la suspensión de la celebración del 15 de septiembre y últimamente diciendo que se está recuperando la estabilidad. Suspendió las clases en todas las escuelas de Culiacán, pero sin tener una idea clara de cómo tratar el conflicto, la estrategia de este gobierno es de mantenerse a salvo.

Por su parte, el gobierno federal mandó un primer grupo de militares de fuerzas especiales para actuar, en la práctica no han jugado ningún papel. Posteriormente ha mandado un convoy más grande para tratar de controlar la situación, pero hasta el momento todo ha sido inútil.

Los Estados Unidos, que claramente son culpables del enfrentamiento actual, se lavan las manos y se preguntan “¿cómo es posible que nosotros hayamos causado la violencia?” La respuesta es sencilla, porque ponen sus intereses por encima de los de cualquiera, querían presentar la cabeza de uno de los grandes narcotraficantes de México de cara a las elecciones y así apuntalar la campaña de Kamala Harris.

López Obrador llama a los cabecillas para que se serenen y piensen en la gente. Estos “llamados” a la conciencia de los criminales parece un chiste. Lo que vive la gente de a pie de esta región no es gracioso. Hay un sentido de impotencia entre los jóvenes y trabajadores, que no saben cómo frenar esto, se dan cuenta que la intervención del ejército no es suficiente, están entre la total indefensión.

¿Qué alternativa hay?

Entrevistas de las fracciones en pugna que circulan en las redes sociales nos dejan ver cuáles son las intenciones de los jefes. La fracción del Mayo piden la cabeza de uno de los hijos del Chapo Guzmán; los contrarios no dicen mucho de lo que piden, pero leyendo entre líneas de cómo actuaron en coordinación con la DEA, parece que quieren quedarse con la dirección del cártel, lo cual se ve algo complicado.

El “Mayo” no era una figura decorativa en la estructura, él, por su pasado y la fuerza de su fracción, negociaba las plazas y daba fe a los acuerdos que se llegaban entre las diferentes bandas. De alguna forma él mantenía el orden entre los integrantes del cartel de Sinaloa y del Pacífico. Con su captura y la traición de los chapitos el equilibro se rompió, y esto es lo que ahora nos tiene en la situación antes descrita.

Un freno a la guerra no va a venir por la intervención del Estado. AMLO no quiere un enfrentamiento directo con el crimen organizado que implique cientos de muertos. El gobierno estatal y las policías locales tienen los reflectores encima y por eso no han demostrado su apoyo definitivo a alguna de las bandas enfrentad, porque es mucha la presión que está recibiendo el gobernador y las corporaciones policiales, del gobierno federal, del ejército, de la DEA y de los grupos criminales que seguramente financian parte de campañas.

El freno a este conflicto lo vamos a ver cuándo las dos facciones enfrentadas lleguen a un acuerdo y sientan que esta guerra les está afectando a sus negocios más que beneficiarse. Desgraciadamente va a ser hasta que estos dos grupos se pongan de acuerdo y se retome cierto equilibrio que la violencia va a parar.

La peor parte la ha sacado la población. La gente de a pie y los trabajadores, los negocios se han mantenido cerrados, la circulación en las calles ha descendido enormemente. Hay algunos trabajadores que han sido obligados por sus patrones a asistir a trabajar exponiéndolos a fuego cruzado.

Por el momento los jóvenes y trabajadores deben mantenerse alerta y bien organizados. La toma del congreso que hicieron los estudiantes por la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es un buen inicio para hacerse presentes. Los que se han movilizado están exponiendo la vida y no es fácil superar ese temor. Lo más simbólico de la toma, aunque no guarde una relación con el conflicto, es que hay una parte aún pequeña de la juventud que está comenzando a perder el miedo y están dispuestos a arriesgar su vida para luchar por sus intereses.

Chiapas, un infierno en el paraíso

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Chiapas es uno de los estados del país con mayores recursos naturales e hídricos invaluables.

Además cuenta con un patrimonio cultural inigualable gracias a todas las zonas arqueológicas que existen. Su biodiversidad es inmensa y es el lugar donde habitan diferentes etnias indígenas como los tzotziles, zoques, chamulas, tzeltales y lacandones, entre otras.

A pesar de ser un estado muy rico, Chiapas tiene el mayor porcentaje de población en condición de pobreza del país con el 67.4%, es decir, dos terceras partes de su población viven en esta condición, 3 millones 838 mil personas. De igual forma, Chiapas tiene el mayor porcentaje poblacional en condición de pobreza extrema, que es del 28.2% (1 millón 607 mil).[1]

Para cualquiera sería evidente que existe una contradicción, cómo puede haber tanta pobreza en un estado tan rico, pero lo que sucede en Chiapas es la evidencia clara de cómo funciona el sistema capitalista, enriqueciendo a una minoría a costa de la explotación y pobreza de la mayoría.

Veamos algunos ejemplos. De acuerdo con el SIAM[2] en el 2015 se otorgaron 99 concesiones de explotación minera cuyos permisos tienen vigencia hasta 2050 y 2060, el 14.21% del territorio de Chiapas se encuentra concesionado a las empresas mineras, principalmente canadienses. Otro ejemplo son las concesiones de agua que ha otorgado la CONAGUA a FEMSA, pues desde 1995 esta empresa tiene permitido extraer 1.4 millones de litros diarios a un bajo costo. El impacto de esta sobreexplotación hídrica ha sido devastador para las de por sí empobrecidas comunidades indígenas, ya que los pozos se están secando y las comunidades carecen de seguridad en el acceso al agua potable, además, claro está, se ven afectadas por los daños medioambientales que provoca la empresa en la región.

Aunado a la explotación de las empresas trasnacionales, tenemos la crisis de violencia provocada por el crimen organizado que se ha agudizado, provocando un proceso de desplazamiento forzoso de comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar lo poco que tienen para salvaguardar su vida y evitar el reclutamiento forzoso.

Chiapas es un estado fronterizo, es una vía de acceso importante de armas, drogas y sobre todo de migrantes, lo que hace que el territorio sea muy disputado por los cárteles no solo para el ejercicio de sus negocios de tráfico de drogas sino para la trata de personas.

Hace 3 años inició el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CS) pues se disputan el control del territorio, desde entonces las comunidades han tenido que acostumbrarse a los bloqueos carreteros, las detenciones y requisas en el transporte público, a resguardarse por las constantes balaceras y al paisaje de muertos, colgados y decapitados por las calles. Poco a poco todo esto se ha ido convirtiendo en la cotidianidad de la vida de los pobladores de la zona fronteriza y del norte de Chiapas ante unas autoridades y una fiscalía omisas y corruptas.

La situación ya era caótica, pero en los últimos meses se ha ido agravando, el conflicto es completamente abierto, ahora Chiapas es una zona de guerra. Los cárteles han quemado las casas de comunidades enteras obligando a la gente a huir, además han implementado el reclutamiento forzoso de los hombres, viejos o jóvenes y están siendo utilizados como barreras humanas para contener el fuego cruzado de la organización enemiga.

Esta situación es insostenible y ha provocado el desplazamiento de aproximadamente 10 mil personas, según algunos reportes, y lo insólito, un fenómeno de migración desde México hacia Guatemala. El pasado 19 de julio se dio un enfrentamiento en Amatenango de la frontera donde la población quedó en medio del fuego de armas de alto calibre y de detonaciones de granadas lanzadas por drones, esto generó la huida masiva de los pobladores hacia Guatemala pues no pueden moverse a otras regiones ni salir del estado dado que los caminos y carreteras están tomados por los cárteles. Se habla de que hay entre 300 y 500 personas refugiadas en Guatemala.

El comunicado que lanzó el EZLN, también es un reflejo de la situación que se vive en Chiapas. A principios de este año, por medio del subcomandante Moisés, se anunció la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes y de las Juntas de Buen Gobierno, derivado de los enfrentamientos entre el CS y el CJNG y los ataques perpetrados por estos grupos hacia las comunidades zapatistas.

Las condiciones que viven las comunidades campesinas, indígenas y trabajadoras de Chiapas son muy alarmantes y no hay ninguna entidad ni del gobierno estatal ni federal que estén atendiendo la problemática, al contrario, se sabe que el gobierno estatal está completamente coludido con el crimen organizado y la respuesta del gobierno federal ha sido laxa, inoperante e ineficiente. En las mañaneras de AMLO el problema sólo se ha abordado como un conflicto entre dos cárteles, sin mucha importancia. La presencia del ejército y la guardia nacional, como parte de su estrategia de seguridad nacional, es muy reducida. De hecho, sin temor a equivocarme, se han destinado en el pasado más elementos del ejército a combatir a los zapatistas que en la actualidad al crimen organizado, que ha convertido en un campo de batalla a Chiapas.

También debemos resaltar que el abandono de las comunidades zapatistas refleja una debacle de la dirección de movimiento, pues a pesar de 30 años de resistencia han sido incapaces de organizar a sus fuerzas contra el “crimen desorganizado” como lo llaman ellos. Se han hecho a un lado mientras la barbarie arrasa con las comunidades.

Sin embargo, hay sectores del zapatismo que no están de acuerdo con el abandono de sus territorios y han salido a plantar cara a los grupos criminales, como el caso de los denominados “Ex compas zapatistas” en Chenaló que han lanzado un comunicado donde se muestran armados como parte de la comunidad para combatir la ola de violencia y los desplazamientos de sus comunidades, ante el abandono a su suerte de las instituciones del gobierno burgués.

AMLO una y otra vez ha repetido que no apoya los grupos del pueblo trabajador en armas, que ya el ejército es el “pueblo uniformado”, pero hay una diferencia muy grande entre estas dos posturas, pues el supuesto “pueblo uniformado”, el ejército, existe porque obedece a los intereses de una clase, la clase capitalista dominante, mientras que el pueblo trabajador en armas, las policías comunitarias existen para defender los intereses de sus habitantes como se ha demostrado en Ostula, Michoacán, quienes expulsaron en 2009 a los templarios de su territorio y a pesar de que ahora están siendo atacados por el CJNG, siguen resistiendo y han impedido que el crimen organizado invada sus tierras ricas en hierro, oro y titanio.

Si AMLO está en contra de las policías comunitarias es porque es un fiel defensor del Estado de derecho burgués y el hecho de que los trabajadores y campesinos se organicen para defender sus intereses refleja un germen de consciencia sobre el control del sistema y, por lo tanto, puede llevarlos a conclusiones revolucionarias donde luchar contra el orden establecido sea la premisa.

Y este es el camino que debe tomar el movimiento de la clase obrera, pues sólo nosotros, el pueblo de a pie en armas puede hacer frente a estos grupos del narcotráfico que están coludidos con las grandes empresas,con la finalidad de desplazar a los pobladores de sus tierras ancestrales para poder explotar los grandes recursos que proveen las tierras de este estado. No podemos continuar omisos ante la situación de Chiapas, es necesario hacer un llamado general a la formación de policías comunitarias, a que las comunidades de trabajadores, campesinos e indígenas se organicen en asambleas y discutan acciones para defender sus territorios y sus vidas, es claro que no podemos confiar en el Estado que sólo vela por los intereses de la burguesía legal e ilegal, el destino de Chiapas sólo puede confiarse a la organización de nosotros los oprimidos.

[1] https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/productos/files/OBPOBREZA/Chiapas.%20Pobreza_2022.pdf

[2] Sistema Integral de Administración Minera

La violencia del crimen organizado y la crisis del Estado burgués

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El levantamiento y asesinato de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco y 7 jóvenes en Zacatecas, hace unas semanas, por parte del crimen organizado, ha generado horror a nivel nacional. En los últimos meses, el asedio en Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes se ha intensificado debido a la disputa territorial entre el Cartel de Jalisco y el Cartel de Sinaloa, sin embargo, esto no es una cosa nueva, más de 15 años lleva la disputa del narco. Los distintos grupos criminales tienen una guerra entre sí por el territorio y las rutas de comercio y distribución de droga. Un estudio de AC Consultores señala que el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en 28 Estados de la república y el Cartel de Sinaloa en 24.

Esta disputa entre los carteles de droga está configurada por su extrema violencia, despojo de tierras, asedios y un mar de sangre de la clase trabajadora, sus hijos y las mujeres. El asedio contra la población por parte del crimen organizado llega a grados insoportables como lo muestra el caso del enfrentamiento en Texcaltitlán, Estado de México. La población se opuso a que el cartel de La familia michoacana les extorsionara generándose un fuerte enfrentamiento en que murieron 14 personas (la mayoría del crimen organizado) por balazos, palos o machetazos.

Violencia hacia la juventud

Los jóvenes asesinados que comentamos al inicio de éste artículo eran grupos de amigos que salieron una tarde a dar una vuelta por el vecindario. En realidad jóvenes, los chicos de Zacatecas tenían entre 14 y 18 años y los de Lagos de Moreno, Jalisco entre 18 y 22 años; jóvenes dedicados al estudio o al trabajo informal. De acuerdo con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 26 jóvenes de entre 15 y 29 años son asesinados al día. Desde la llamada guerra contra el crimen organizado desatada en 2006 hasta la fecha han sido asesinados 153,243 jóvenes. Esta falsa guerra contra el narco fue más bien el inicio de la disputa del Estado y el gobierno en turno contra el narco por el control territorial, en torno al mercado de la droga.

Recordemos el asesinato de 3 estudiantes de cine en Jalisco, que se encontraban haciendo tomas para una tarea, parados sobre tierras que parecerían “públicas”; en realidad estaban ocupadas por el narco y ellos fueron levantados y disueltos en acido. El CJNG fue el ejecutor. Vimos protestas en varias partes del país exigiendo la aparición con vida de Salomón, Marco y Daniel e incluso la Cineteca Nacional se solidarizó (esto ocurrió en 2018). Esta ha sido la realidad concreta de la juventud en nuestro país. No podemos decir “estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada”, porque entonces todos en México estamos parados en lugares incorrectos a horas incorrectas. No importa la zona o el día, el narco opera en todo el país, ya sean los carteles más grandes o los pequeños grupos en disputas municipales.

La violencia es una herramienta indispensable de estos grupos, no sólo entre ellos, sino para con la población en general. Así imponen su dominio, la violencia no tiene un fin más que el de exhibir hoy día su poderío y para el crimen organizado la juventud es la carne de cañón que usa para mantener su poder. Lo que también sucede es la cooptación de jóvenes: los esclavizan y los someten a trabajos forzados, siendo “narcomenudistas” o “halcones”(un tipo vigilancia). Las redes del crimen organizado tienen estructuras, cargos, y métodos de operar que necesitan gente para sostener este inmenso aparato de contrabando que engulle en distintas zonas a mujeres, campesinos, jóvenes y trabajadores.

Hace poco salió un artículo en la revista Science (www.science.org/doi/full/10.1126/science.adh2888) que señala al crimen organizado como el 5to “empleador” más grande México: hay 175 mil personas trabajando en grupos criminales, cada mes 1,400 personas son “reclutadas” para distintas tareas y esto permite, a pesar de las disputas violentas entre grupos, siempre tener elementos que hagan el trabajo (claro, todos ellos jóvenes). Es increíble que el crimen organizado sea un sector que parece estar dando “trabajo” a la juventud y que se muestre como alternativa de “futuro” para la juventud. Si esta situación es posible es porque en este sistema capitalista la privatización de todos los sectores, como la salud, la educación y el trabajo deja al margen a una inmensa capa de jóvenes sin alternativas para el desarrollo de su vida; los deja sin expectativas de un futuro digno y lo único que conocen en sus zonas es el asedio del narco que con los años también se ha transformado para sostener sus intereses.

El crimen organizado y su papel en la sociedad

La configuración de los grupos criminales ha cambiado a lo largo de los años, por ejemplo, el Cartel de los Zetas, antes de ser cartel, fue el brazo armado del Cartel del Golfo, organizado y educado bajo mando del ex militar Arturo Guzmán Decena, entrenado por militares israelíes. Recluto principalmente a ex militares del ejército mexicano, que se caracterizaron por ser un grupo de intimidación: se encargaban de garantizar del transporte de drogas y liberar rutas de mercado. En 2010 se separaron del Cartel del Golfo y aunque al inicio los Zetas eran puros ex militares, en sus últimos años reclutaron jóvenes desde los 15 años.

Este grupo tenía el internet lleno de videos violentos, desollando mujeres, hombres y jóvenes; esto no era accidental, sino que se usaba para crear terror colectivo y hacer públicas las evidencias de lo que eran capaces de hacer. Eran una muestra fiel de la degeneración social. Fue un grupo de extrema violencia y con nexos con organizaciones criminales a nivel internacional.

El crimen organizado es violencia, pero también es sustituto de las carencias del Estado burgués. El crimen organizado, en algunas zonas del país, ha pavimentado calles y ha puesto electricidad en colonias; reparten despensas, construyen escuelas y centros de salud,  tiene controles de vigilancia para evitar en sus territorios robos u otros actos delictivos de individuos o grupos criminales ajenos a su dominio y con esto han conseguido el respaldo de una cierta capa de la población. Ahí donde ni los gobiernos ni el Estado burgués llegan con sus programas sociales, está el crimen organizado jugando ese papel.

La naturaleza aborrece el vacío y el narco no hace estas cosas por buena voluntad, sino por la necesidad del control territorial y del mercado ilícito. Podemos señalar —a partir del modesto análisis a lo largo del presente artículo— que el crimen organizado es lo que Lenin señala sobre el Estado: literalmente, un grupo de hombres armados en defensa de la propiedad privada; eso es el narco: un sector de la sociedad que “emplea” a la juventud (que en realidad la esclaviza, junto a los campesinos para trabajar los campos), pavimenta calles, tiene un desarrollo económico en el mercado de la droga, armas y tráfico de mujeres, y está completamente desarrollado como una clase dominante que oprime y explota, siendo así como la burguesía común y corriente.

El narco es una parte de esta sociedad, tiene una cultura “popular”, sin dejar de ser también en su práctica lo más lumpen y degenerado de la sociedad burguesa: son una burguesía degenerada e ilícita. Aunque tienen una práctica independiente, han cooptado estructuras del Estado: lo vimos en 2014, con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La noche de Iguala tiene el sello del narco, del Narcoestado, que es una realidad: están en el ejército, en las policías institucionales, tienen relaciones con gobernantes, compran y ponen políticos donde mejor les convenga, hacen politiquería y hay municipios completamente cooptados por el narco; la ley del narco es la que impera, por ejemplo en Chilpancingo, Guerrero, que está tomada por el conflicto entre los Ardillos y los Tlacos, que de manera sangrienta buscan hacerse de las rutas de transportistas. Un  vídeo filtrado en junio de este año muestra a la Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, reunida en un restaurante con el líder del grupo los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, luego de que aparecieran los cuerpos de 7 personas decapitadas —5 transportistas y 2 mujeres— con narcomensajes.

La gente de a pie vive esto bajo la presión constante de conflicto entre estos grupos y, además, el resto de las dinámicas comerciales y sociales también están supeditadas a esto. El aumento de los productos de la canasta básica no sólo sucede por la crisis, sino también por el cobro de plaza; que haya pollo o tortillas en el municipio prácticamente depende de la disputa entre estos grupos. Nuestras vidas parecen depender de las dinámicas de estos grupos criminales. Cuando observamos la red del crimen organizado, descubrimos que está incrustada en las profundidades de esta sociedad capitalista en México, sin perder su independencia.

¿Qué hacer ante esto?

Los gobernantes, ante los cuestionamientos de los jóvenes asesinados y las cifras que se conocen de la desaparición forzada y asesinatos, sólo tiene una respuesta: “es una situación lamentable”. Mientras vemos a madres en busca de sus hijos, hermanos y esposos; se volvieron buscadoras, ya no de cuerpos con vida, sino de restos, de huesos que tiene el sello de la violencia en México.

Madres buscadoras, organizadas, han encontrado fosas comunes en todo el país, han avanzado más que las propias instituciones, han encontrado a personas y brindado alivio a otras familias, aunque sea por tener los restos de sus familiares con ellos.

Mientras, para los gobiernos en turno, parece que la única alternativa para combatir la violencia fuera la de la militarización del país. Esto con Calderón y su supuesta Guerra contra el crimen organizado y ahora con AMLO y la creación de una Guardia Nacional que pensó que quitaría de las garras del narco a la juventud, enlistándola en el ejército. Pero esta política ha demostrado ser un fracaso durante 17 años. El ejército responde a los intereses de la clase dominante y no es defensor ni salvaguarda de la gente de a pie; no se combate la violencia con las fuerzas armadas, se combate garantizando que las necesidades básicas de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres.

Solventar estas necesidades significa romper con la dinámica capitalista. Combatir la violencia significaría organizar asambleas populares en los municipios y los barrios para hacer contrapeso al asedio de los grupos criminales.

Entonces nos damos cuenta de que la clase trabajadora está asechada por la burguesía común y corriente y luego también por el crimen organizado, ambos regidos por las mismas leyes del capitalismo; unos más violentos que los otros.

Decía Lenin: el capitalismo es horror sin fin, y ésa es la realidad hoy día para la juventud que es perseguida por la degeneración y es asesinada día con día.

En defensa de los activistas sociales amenazados por la violencia del crimen organizado en Tixtla, Guerrero

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El pasado 15 de junio, fue un día particularmente sangriento en Guerrero con 17 homicidios en el Estado, esto es una reacción del crimen organizado que se niega a perder sus cotos de poder y sus jugosos negocios. “El comisario de la comunidad de Acatempa, municipio de Tixtla, Julio César Coctecón, fue privado de su libertad y posteriormente apareció su cuerpo descuartizado en el barrio de El Fortín”. Julio César pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Exigimos justicia para el compañero Julio Cesar y protección para los pobladores y activistas en Guerrero.

Estos hechos ocurren poco después de las recientes elecciones donde se registraron 910 agresiones de algún tipo, lo más grave fueron las desapariciones y homicidios, 91 políticos fueron asesinados.  El Estado de Guerrero fue uno de los más peligrosos. Sin embargo, este ambiente de violencia no se limita al proceso electoral ni a los políticos de los partidos oficiales. Activistas campesinos, estudiantiles, sindicales y de las policías comunitarias, así como la población en general vive bajo amenaza. Dentro de esto vemos casos de feminicidios y desapariciones de chicas, en Tixtla vimos a final del año pasado el caso dramático de Ayelin, de tan sólo 13 años, que fue secuestrada y después encontrada mutilada y asesinada. Este caso es el botón de muestra de que la situación ha llegado a un estado de barbarie.

Esta violencia ésta íntimamente relacionada con la descomposición social y el ascenso del crimen organizado, sumado a las históricas tradiciones represivas en el Estado de Guerrero por parte de los caciques locales. El crimen organizado se ha convertido en una fuerza con poder de disputar localmente para su beneficio el control del Estado. Busca dirigir los gobiernos municipales, y de hecho a varios los gobierna, para que los cuerpos represivos del Estado sean usados como protección para sus ilegales negocios. La situación llega a tal punto que disputan o desaparecen el poder de los gobiernos federales. Chilapa, por ejemplo, pasó de ser un poblado tranquilo a vivir una encarnizada lucha del crimen organizado.

Al candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Acros, derrotado en las elecciones para dirigir el Estado de Guerrero, se le acusa de tener nexos con el crimen organizado. Morena, a pesar de lo criticable de la elección de su candidata a gobernadora y su política reformista, fue un instrumento del pueblo para luchar por salir de la actual situación de barbarie. Se votó por un cambió en Guerrero, llevándose la gobernatura y arrebatando 15 alcaldías, aunque 36 de ellas siguen bajo control del PRI y PRD.

Tixtla es uno de los municipios donde el crimen organizado, concretamente Los Ardillos, ha gobernado de forma descarada a través de personajes como Bernardo Ortega Jiménez, hijo del fundador de los Ardillos, y su novia Erika Alcaraz Sosa, todavía alcaldesa. Eso mantiene a la población subyugada, amenazada y bajo peligro permanente. Los Ardillos, a través de la coalición del PRD-PRI, fueron derrotados en las elecciones municipales donde ganó Morena.

En medio de este duro panorama, tenemos que reconocer la valentía del pueblo de Tixtla y de los guerrerenses. A pesar del cerco policial que está en las entradas y salidas de la ciudad y del cerco mediático, del terrorismo de estado y del crimen organizado que tiene sometida a la población, el 6 de junio, el pueblo hizo valer su rechazo a la actual situación, manifestándose con su voto y con ello mostraron su hartazgo.

Tras las elecciones el ambiente de violencia se ha incrementado y tememos por la seguridad de la población y los activistas del movimiento social.

El grupo criminal los Ardillos, ha mantenido un importante control en Tixtla y sus alrededores. Como dice una nota de Proceso, de octubre de 2020, en Tixtla: “Los Ardillos lo controlan todo y detienen a cualquier persona en los retenes que instalan junto a los filtros de las policías municipal y estatal”.

El caso de Julio César Coctecón, hace poco asesinado, lamentablemente no es el único, la nota citada de Proceso nos recuerda que:

“En noviembre de 2015, Los Ardillos asesinaron a cuatro policías comunitarios del grupo La Patria es primero, en las inmediaciones del barrio de El Fortín, ubicado en plena zona urbana de Tixtla.”

“El 5 de mayo de 2018, los cuerpos de nueve trabajadores de una empresa distribuidora de productos Coca Cola fueron encontrados asesinados en la batea de una camioneta repartidora que dejaron abandonada sobre el libramiento que conecta la capital del estado con el poblado de Tixtla, en la región Centro.”

“Luego, el 28 de noviembre de 2018, el ex coordinador de la policía estatal en la región Norte de la entidad, Domingo Tlatempa Vázquez, fue privado de su libertad en su domicilio en Tixtla y posteriormente localizado desmembrado frente a la sede del Ejecutivo estatal en la ciudad de Chilpancingo”.

El compañero Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, denunció que fue levantado por Los Ardillos, el 20 de julio pasado, poco después que tuvieran una reunión con Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación federal. El asesinato reciente de Julio Cesar se da al poco tiempo de que se identificaran restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 desaparecidos.

La organización Siempre Vivos, de Chilapa, ha denunciado que los Ardillos son responsable del asesinato de al menos 300 personas. Acciones como el criminal asesinato de Julio César Coctecón, es una señal de que el crimen organizado quiere seguir actuando con plena impunidad y ve al pueblo organizado como una amenaza para ello. En zonas donde la población ha adquirido un alto nivel de organización, basado en las asambleas comunitarias de toda o la gran mayoría de la comunidad, el establecimiento de radios y policías comunitarias, se ha logrado mantener al margen a los grupos criminales. Cuando la organización de las masas no ha alcanzado ese nivel de fuerza el crimen organizado se vuelve un latente peligro. El pueblo de Tixtla debe fortalecer su organización, también saber preservar la vida de su comunidad, saber cuando replegarse y cuando avanzar. En última instancia será la organización de masas revolucionaria de los trabajadores del campo aliados con los de la ciudad, la que acabará con estas lacras.

No queremos más activistas asesinados, no queremos vivir con miedo. Los gobiernos de Morena, federal, estatal y municipal deben tomar todas las acciones para resguardar la seguridad de la población y los luchadores sociales. Eso implica dar más que dadivas a la población, se requiere elevar el nivel de vida para salir de la pobreza y la barbarie y eso no es posible sin golpear los intereses de los grandes capitalistas, los legales y los ilegales, que han sumido a la población en la miseria y la violencia. Se debe fomentar la organización de la población y resguardar su integridad. Se debe actuar ya, no queremos otros casos como los de los 43, no queremos más Samir Flores asesinados, no queremos más compañeros caídos como Julio César Coctecón.

Tixtla, cuna del general Vicente Guerrero, tiene un legado de gente valiente. La historia se vuelve a escribir como hace 200 años. La elección muestra el coraje, el descontento de un pueblo con gran historia. Están jugando con fuego y quienes violentan pueden despertar a este pueblo guerrero, a los valientes hijos de Vicente Guerrero. Si los tixtlecos traducen el descontento manifestado en la elección en unidad y lucha revolucionaria de masas, pondrán nuevamente a temblar a los que hoy les oprimen.

Llamamos a las organizaciones de trabajadores, de estudiantes, indígenas, de mujeres… ha evidenciar lo que pasa en Tixtla y el Estado de guerrero. A exigir seguridad para todo luchador social y la población y a seguirnos organizando por un cambio de raíz en la sociedad que acabe con la pobreza, la explotación y la violencia.

La absolución de “El Güero” Palma, síntomas de un Estado fallido

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La madrugada del pasado 1° de mayo, se dio a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, representado por el secretario Víctor Francisco Chávez Romero, dictaminó la absolución de cargos de delincuencia organizada a Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar quien había permanecido en prisión durante 26 años sin sentencia, por lo que se notificó a la dirección del penal del Altiplano sobre su liberación inmediata. En la resolución presentada por el Juez, se concluye que los medios probatorios son insuficientes para acreditar el delito por el que se le acusa.

¿Quién es “El Güero” Palma?

Este personaje es originario de una comunidad marginada La Noria de Abajo, Sinaloa. Nació en el seno de una familia muy pobre, en su adolescencia se dedicó al robo de autos hasta que fue reclutado como sicario por Miguel Ángel Félix Gallardo, el principal capo de las drogas de esa época. “El Güero” poco a poco fue subiendo de posición en el cartel de Guadalajara, donde paso de sicario a ser responsable del tráfico de cocaína por Sonora. En este proceso conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán y se harían buenos amigos.

Posteriormente, tuvo un conflicto con Félix Gallardo, quién lo acuso de traición por quedarse con un cargamento de cocaína, en venganza a esto, Gallardo ordenó el asesinato de su familia, que es uno de los episodios más violentos de la vida de Palma, pues le enviaron la cabeza de su esposa y sus hijos fueron arrojados de un puente.

Este suceso desató el inicio de una guerra de revanchas. Finalmente, en abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido, ahora el imperio del narcotráfico del cartel de Guadalajara quedaría dividido. Los Arellano Félix con el control de Tijuana, “El Chapo” con Tecate, ambos en Baja California y “El Güero” con San Luis Colorado, Sonora.

Al ser Tijuana el mejor centro de tráfico de drogas a Estados Unidos, se formó una alianza entre “El Chapo” y “El Güero” contra los Arellano Félix por el control de esta zona, lo que dio origen al cartel de drogas más poderoso hasta nuestros días, el Cartel de Sinaloa. Así se dio inicio un proceso de guerra entre carteles por el control del territorio, los años 80 y 90 fueron la época de apogeo del quien se considero uno de los narcotraficantes más violentos, “El Güero” Palma.

Captura, absolución y reaprehensión

El 22 de junio de 1995, el ejército mexicano capturó a Héctor Luis Palma Salazar después de que cayera la avioneta en la que viajaba en una zona montañosa de Nayarit, uno de los grandes capos había caído, desde entonces estuvo preso hasta 2007 que fue extraditado a Estados Unidos, la mayoría de los delitos que se le podían imputar ya habían prescrito, por lo que solo pudo ser condenado a 16 años de cárcel por una operación de 50 kg. De cocaína, de estos se le tomaron en cuenta los 5 años de prisión en México y el resto fue reducido por buena conducta, cumplió el 85% de su condena y fue devuelto a México en 2010.

Con los antecedentes que mencionamos, es evidente su culpabilidad ante diversos crímenes violentos y de narcotráfico, pero también es muy evidente la incapacidad del Estado mexicano para poder condenar a un criminal de tal magnitud, con respecto a su absolución, esta estuvo llena de irregularidades, pues tanto los abogados defensores como el juez se aprovecharon de los problemas de origen, donde es claro que los ministerios públicos hacen una mala integración de las investigaciones, con el objetivo de que esas fallas en el proceso, en un momento determinado, pueden aplicarse bajo el uso exacto de la ley e invalidar los procesos, y precisamente este absurdo jurídico fue lo que sucedió en la madrugada del pasado 1° de mayo, cuando se declaró la absolución y liberación de Héctor Palma.

Sin embargo, su liberación duró tan solo unos minutos pues fue reaprehendido por la Policía Federal Ministerial, haciendo efectivo un acuerdo de detención por caso urgente, derivado de una investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, pero esta solo podría mantenerlo en arraigo por 48 horas, la FGR se esta movilizando para poder encontrar en algún estado o incluso en Estados Unidos, para mantenerlo recluido, hasta ahora solo han podido conseguir una orden para mantenerlo en arraigo por 40 días, mientras buscan alguna carpeta de investigación que permita procesarlo penalmente. La realidad es que no está claro que puedan encontrar algo en su contra y hay una alta probabilidad de que quede en libertad.

La lucha contra el crimen organizado

La historia del narcotráfico en nuestro país es muy extensa, este logró permear tanto las instituciones del Estado mexicano como a su brazo armado; la policía y el ejército, sin el aval y corrupción permitida por el estado hubiera sido difícil su proliferación, sin embargo, es evidente que la burocracia estatal se benefició de la protección brindada al crimen organizado al igual que algunos sectores de la burguesía nacional. El dinero del narco ha financiado campañas políticas a todos los niveles, diputados, gobernadores y hasta presidentes, este dinero manchado de sangre se ha blanqueado a través de diversas empresas legales enriqueciendo más a una pequeña minoría de la población. También no podemos olvidar que las fuerzas armadas del narco han sido utilizadas como medio de represión y asesinato de líderes de movimientos sociales, de esta manera han disipado los intentos de organización de la clase obrera.

Casos como el de la absolución de “El Güero” Palma son una muestra más de la corrupción del Estado burgués, que a pesar de estar bajo una administración progresista nos deja claro que no puede reformarse porque está podrido hasta la médula, este sistema es incapaz de ofrecer justicia y protección a nuestra clase, por el simple hecho de que se beneficia económicamente de los negocios del narco y del terror que generan. Solo la organización de los oprimidos puede hacerles frente, como han demostrado con las policías comunitarias, donde los pobladores han logrado repeler al narco y defender sus territorios del hostigamiento constante del crimen organizado, ese es solo un pequeño ejemplo de lo que se puede lograr con la organización democrática del pueblo.

Juicio del “Chapo” Guzmán terminó en circo mediático

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Por: Antonio Sánchez

El circo terminó, el Chapo ha sido condenado a cadena perpetua. No obstante, en función de las revelaciones que fueron trascendiendo a lo largo del juicio, en realidad se trató de todo un espectáculo de corrupción e impunidad que dejó sin castigo a los principales responsables.

Desde principios de año, las declaraciones en el enjuiciamiento de “el Chapo” han sido muy llamativas y escandalosas debido a las implicaciones que tendrían de ser verdaderas. Uno de los resultados más visibles del capitalismo en México ha sido la corrupción, la cuál se encuentra de manera más o menos aparente en todos los niveles estatales y es el principal enemigo declarado del gobierno entrante de AMLO. Para la mayoría de los mexicanos no resulta sorpresiva la vinculación de altos funcionarios gubernamentales con el negocio del narcotráfico sólo que en esta ocasión se dan nombres específicos y líneas directas con expresidentes de los últimos cuatro sexenios.

En las declaraciones hechas en la primera audiencia del año por Vicente Zambada, hijo de “El Mayo” Zambada, principal líder actual de Cartel de Sinaloa, habla que fueron sobornados por su padre un coronel y dos generales. Estos en su momento pertenecieron a la SEDENA como funcionarios, los cuales son: Humberto Eduardo Antimo Miranda (oficial mayor de la SEDENA durante el gobierno de Felipe Calderón), Marco Antonio de León Adams (jefe de la guardia personal de Vicente Fox cuando fue presidente) y Roberto Francisco Miranda Moreno (jefe del Estado Mayor Presidencial durante el mandato de Zedillo). Además, Vicente dijo que el monto total de dinero de los sobornos hechos entre el año 2001 al 2008 ascendían al millón de dólares mensuales. También se implicó a Genaro García Luna el cual supuestamente recibió en dos ocasiones la cantidad de 3 millones de dólares.

Entre los diferentes propósitos de los sobornos estaba el dar información anticipada de diversos operativos de búsqueda para su posterior huida y ayuda logística para eliminar o encontrar bases de los carteles enemigos como lo son el de Arturo Beltrán Leiva, los Zetas y los Carrillo Fuentes. La situación de que varios exmilitares se unan a las filas del narcotráfico se ha regularizado constantemente trayendo varios problemas debido a que su entrenamiento les proporciona una gran ventaja al del sicario promedio.

A pesar de lo anterior, la verdadera “bomba” vino el 15 de enero cuando Álex Cifuentes Villa (un traficante colombiano, que trabajó para el enjuiciado durante seis años desde el 2007) afirmó que se le dio un pago de cien millones de dólares a Enrique Peña Nieto (aun cuando éste pidió otros ciento cincuenta millones) al inicio de su sexenio para cancelar la búsqueda del fugitivo. Tras estas acusaciones sin aparente fundamento, se pronunció Francisco Guzmán, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Él argumentó que el gobierno del Peña, desde el primer día, se propuso atrapar al recocido narcotraficante, además de que progresivamente se lograría y se le extraditaría.

Al principio de las audiencias el juez Brian Cogan prohibió o directamente desechó el uso de testimonios donde se mencionen nombres de altos funcionarios del gobierno mexicano para no causar más polémica en torno al caso pero esto siguió ocurriendo. Parecía algo imposible de callar, sobre todo en los testimonios de los narcotraficantes presos en Estados Unidos. Lo que los testigos digan siempre podrá ser puesto en duda aún y cuando estén bajo palabra, desde la defensa hay sospechas de que la DEA presiona a sus aliados a hablar de más en sus declaraciones para inclinar el juicio a su favor, sin embargo, lo que se dice no debe ser tan alejado de la situación real.

El hecho de que el gobierno mexicano sirva como un brazo más de la delincuencia se debe a que bajo el sistema capitalista éste sólo funciona como un simple intermediario entre las distintas facciones de la clase dominante del país (uno de estos es el narcotráfico), apoyando a su vez a la gran clase empresarial extranjera. Incluso se ha visto como la armada, que es una de las entidades más “pulcras” del país, con el tiempo ha mostrado que no está absenta de este tipo de escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. La población obviamente está descontenta con esta situación donde parece que el mejor postor es quien contrala a la nación.

Por otro lado, el narcotráfico ha traído una ola de violencia desmesurada desde hace dos sexenios. Personajes como el Chapo Guzmán han relucido mundialmente como una muestra de que en nuestro país el capitalismo ha creado en la clase baja una capa de personas desesperadas por una vida mejor y que para cumplir su objetivo están dispuesto a recurrir a la delincuencia.

Este circo mediático ha terminado con la sentencia al narcotraficante más famoso de la última década. El Chapo obtuvo 10 cargos delictivos en su contra y una cadena perpetua. Aparte de la sentencia final a mucha gente le quedó claro como en México los pasados gobiernos del PRI y PAN trabajaron para la conveniencia del crimen organizado. Esto habla de la podredumbre del actual sistema capitalista en decadencia que es la verdadera raíz del problema. Sino acabamos con el sistema actual nunca se podremos resolver los problemas de fondo de nuestra sociedad ni a mediano ni a largo plazo.