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corrupción de Cabeza de Vaca

La Reforma al Poder Judicial vista a la distancia: la justicia sigue siendo una cuestión de clase

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Hace algún tiempo, el 11 de marzo para ser exactos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma que consistía en la modificación de seis artículos de la Constitución, con la intención de hacer que la impartición de justicia sea más fácil, rápida, equitativa y con paridad de género.

Podemos repasar brevemente los puntos importantes de dicha reforma: en primer lugar se plantea reemplazar la jurisprudencia (interpretación de una determinada ley que se vuelve obligatoria después de que la SCJN emite una misma sentencia 5 veces consecutivas) por precedentes obligatorios que no requerirán reiteración.

Así mismo, la reforma plantea la transformación del Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Federal de Formación Judicial, para la formación de defensores públicos con la intención de que más gente pueda acceder a los servicios de uno y sea más fácil la obtención de justicia por parte de la clase trabajadora.

Ya no se necesitará reiteración de la Corte para poder notificar al Congreso de la inconstitucionalidad de una ley, se aumenta el número de magistrados de los Tribunales Colegiados de Apelación (antes Tribunales Unitarios de Circuito) de 1 a 3 con el objetivo de facilitar los procesos de apelación a una determinada sentencia.

Finalmente, se introduce la paridad de género como principio constitucional a observar por parte del Poder Judicial. Con esto, se quiere decir que la paridad de género debe ser perseguida en el Poder Judicial en todos los niveles, desde la conformación de la Suprema Corte de Justicia hasta el personal administrativo de los juzgados y tribunales de Distrito (la primera instancia del Poder Judicial).

Hasta aquí, parece de hecho una buena reforma. Incluso una necesaria, ya que el sistema de justicia mexicano nunca ha sido muy famoso por su eficiencia. A nivel mundial, son pocos los sistemas judiciales tan conocidos por sus altos niveles de impunidad resultante. Sin embargo, el diablo está en los detalles.

En toda ley nueva, en todo paquete de reformas, existe una sección de apartados, llamados Artículos Transitorios que son temporales, pero que también son condiciones sin las cuales la ley no se lleva a cabo. Particular revuelo causó entre los medios de comunicación el artículo transitorio decimotercero. Esto porque dicho artículo establece que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, permanecerá en su cargo dos años más de los estipulados.

De vuelta en marzo, muchos medios burgueses hacían eco de las voces que protestaban contra la reforma porque ese artículo transitorio es anticonstitucional (que técnicamente si lo es porque como tal no se modifica la duración de los ministros de la Suprema Corte), y porque ellos temían una intromisión (más ficticia que real) del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y una consecuente (supuesta) violación a la División de Poderes, entre otras ocurrencias.

Creemos que ciertamente la reforma tiene puntos criticables, pero no por las razones que vocifera la prensa burguesa. En primer lugar, partiendo de nuevo del Artículo Transitorio Decimotercero, no había ninguna razón aparente para extender el periodo de Arturo Zaldívar.

Para empezar, un ministro de la Suprema Corte de Justicia ya dura 15 años en su cargo. No se entiende para qué se debería mantener todavía hasta 2026 a un ministro que fue nominado directamente por Felipe Calderón. Esto sin mencionar que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene un salario superior al del presidente de la República.

Ahora, no podemos ver este Artículo (y sus implicaciones) como algo aislado, debemos ver esta reforma como un todo, con todas las características y aspectos que ya se mencionaron. El hecho de que cuestiones relativamente progresistas convivan en contradicción con una extensión-imposición antidemocrática nos revela que esta reforma tiene un problema de fondo, que es de hecho el problema de fondo de este sexenio: pretende conciliar demasiados intereses.

Ciertamente se requiere un Poder Judicial más eficiente, pero al mismo tiempo que esto se intenta, se perpetua y se reafirma la designación oligárquica de los impartidores de justicia. Se pretende formar más servidores públicos, pero con el mismo sistema de Derecho que mantiene un orden de clase.

Los ministros de la Corte más fácilmente pueden emitir sentencias, pero no se han inmutado ante los arrestos arbitrarios de normalistas en Chiapas (porque sí, eso debe contar como de orden federal). Han recibido mayor agilidad para emitir declaraciones de inconstitucionalidad pero han permitido que se alargue más de lo necesario el proceso requerido al gobernador criminal Francisco Cabeza de Vaca.

Con este contexto, cabe preguntarse para qué ha servido la reforma al poder judicial. De qué servirá que haya más personal femenino si no se han atendido las condiciones materiales que le dan origen a la violencia. De qué servirá que se haga más fácil el proceso de amparo si siguen existiendo sentencias injustas, y por el contrario, seguirá siendo el medio principal mediante el cuál los grandes criminales evaden la aplicación de justicia.

Una reforma al Poder Judicial que lo dote de efectividad y de paso le quite la característica de ser un nido de reaccionarios, debe partir de una comprensión de este poder como uno de los componentes del Estado capitalista, es decir, un Estado de clase.

Así, tenemos que todo poder judicial forma parte de una superestructura mediante la cual se conserva la base material de la sociedad, en este caso las relaciones de producción capitalistas. Dicho en otras palabras, la función del Poder Judicial es coadyuvar a la conservación de un orden social existente a través de la aplicación, u omisión, según sea el caso, de un sistema de Derecho hecho a la medida de la burguesía, del empresariado.

Luego entonces, si se quiere un Poder Judicial más efectivo, no se requiere sólo una reforma “por etapas”, se requiere toda una transformación que empiece por democratizar al poder judicial, abriendo la asignación de las magistraturas a plebiscito popular, limitando la duración en el cargo de los ministros (y no regalarles años extras) y homologando y recortando los salarios de todos los funcionarios.

Aún así, debemos entender que ningún cambio significativo en la superestructura puede suceder sin un cambio significativo en la base. Mientras exista el Estado burgués y las relaciones capitalistas de producción, el acceso a la justicia estará inclinado siempre hacia el lado de la clase dominante. Un poder judicial democrático y eficiente solo se desarrollará con un sistema de Derecho de la clase trabajadora, un sistema de Derecho del proletariado se logrará solamente con una base proletaria y democrática, sostenida sobre una economía socializada.

Apenas han pasado poco más de dos meses desde que la reforma entró en vigor, y aunque parezca poco tiempo, esos dos meses han sido muy convulsos y significativos en la vida pública nacional. Y por lo mismo, se ha hecho obvio que no habrá cambios significativos en términos reales, porque la justicia sigue siendo una cuestión de clase. Sólo en un orden social en el que no existan las clases será posible una justicia que sea para todos.

La batalla por el congreso: INE, Salgado y Cabeza de Vaca

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Estamos a poco menos de un mes de que arranque el proceso electoral, en este contexto se ha destacado una sucesión de acontecimientos que solo se pueden entender en el terreno de la batalla por obtener la mayoría parlamentaria para la segunda parte del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la elección del 2018 significó la salida del gobierno de la alianza oligarquía-tecnocracia que gobernó el país desde 1988, por supuesto que el proyecto de país que llevaron adelante representa es un hibrido de recetas dogmáticas ultra reaccionarias que se basan en la idea de que todo debe ser definido por el mercado. Este tipo de propuesta económica debe estar sustentada en un tipo de gobierno absolutamente alejado de toda decisión económica o política importante. En su lugar todas las funciones deben estar cubiertas por “juntas de notables”, llamadas organismos autónomos, cada uno de los cuales integrado por personalidades de las empresas privadas o asociaciones civiles que los propios organismos empresariales integran. Todo este esquema de poder transexenal, antidemocrático y oligárquico se protege y justifica por una pléyade de intelectuales orgánicos de la burguesía, que por convicción o por conveniencia sostienen que todo modelo de gobierno distinto al estado “neoliberal” es un atentado contra la democracia y representa una dictadura. Han sido más de tres décadas de reformas que no solo incluyen el terreno económico y el modo en que se gobierna, sino también estructuras como el poder judicial, el cual, como todo el mundo sabe, toma sus decisiones en función del mejor postor.

En oposición a dicho modelo surge producto de la ya citada elección del 2018 la llamada IV transformación, la cual en realidad no representa una propuesta revolucionaria, sino que simplemente busca otorgarle al gobierno capacidad de decisión en los distintos aspectos de la vida política. El discurso de AMLO de “separar el poder económico del poder político” va en el sentido de ponerle límites al absoluto dominio que tenía la oligarquía sobre todos los aspectos por medio de los ya citados “organismos autónomos” y del control absoluto sobre el poder judicial.

Por supuesto es un error suponer que el poder de la oligarquía proviene de su control del aparato político, mas bien el poder sobre el aparato político proviene de su control de todas las palancas económicas del país.

Para acabar con el poder político de la oligarquía es necesario expropiarla. Mientras ello no suceda la gran burguesía mexicana pagará jueces, políticos e incluso paramilitares para recuperar el control total del gobierno. En ese proceso no existe ningún escrúpulo, como ya hemos visto en la utilización cínica de las muertes por el derrumbe de la línea 12 del metro para golpeteo electoral.

El papel de los medios masivos de comunicación es clave, es una caja de resonancia ante todo escandalo verdadero o inventado que surja contra la 4t. Al mismo tiempo guardan un silencio cómplice ante las evidentes violaciones a la veda electoral por parte de todos los gobernadores de oposición o los escandalosos gastos de candidatos como el de Nuevo León. El caso de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, que está en proceso jurídico por recibir más de 10 millones de pesos de la delincuencia organizada, que el INE estaba dejando pasar como si nada, es simplemente escandaloso.

Uno de los protagonistas de la contienda es por supuesto el grupo faccioso que dirige Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se ha empeñado en torpedear a aquellos candidatos que les sea posible, dicho de otro modo, enfrentar los flancos débiles de Morena, que permitan construir o alimentar la leyenda negra de un Morena corrupto, acosador o antidemocrático.

El retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, en Guerrero y Michoacán respectivamente, no se debe a que no merezcan ser candidatos; sino porque calculan que por ese medio pueden hacer el mayor daño posible. Por supuesto que Félix Salgado es una figura indefendible y representa el mejor ejemplo de que parte del poder local en México sigue estando en manos de caciques, no obstante, como hemos señalado esa no es la razón por la que ha sido bloqueado, sino porque su caso se puede utilizar para la guerra sucia contra una posible mayoría en el Congreso por parte de Morena.

En este mismo sentido se inscribe la limitación de la sobrerrepresentación del partido mayoritario hasta el 8%, la cual también fue avalada por el Tribunal Electoral. Como hemos dicho, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la sobrerrepresentación se trabaja como una especie de “cláusula de gobernabilidad”, por supuesto que antes del 2018 se trataba de blindar las reformas neoliberales para evitar que un congreso opositor las pudiera bloquear, no obstante, apenas pasado el 2018 “descubrieron” que hay que generar “contrapesos” al poder del presidente.

Como es sabido, este 27 de abril el Tribunal Electoral decidió avalar ambas definiciones del INE, con ello se integra también al bloque oligárquico. A dicho bloque se han sumado el aparato judicial que no duda en otorgar los amparos que sean posibles sobre el tema que sea.

El nombramiento de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata al gobierno de Guerrero, ha significado una salida que al final no resuelve nada. Lo único que demuestra es que en ciertos casos pesan más los acuerdos entre cacicazgos que la voluntad de los militantes de Morena.

Por su parte la mayoría parlamentaria de Morena ha decidido activar el proceso de desafuero a uno de los elementos menos defendibles del bando oligárquico, Nos referimos al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Un socio de narcotraficantes y de delincuentes durante los últimos 20 años, que tan sólo se ha librado de las ordenes de aprensión por los distintos cargos públicos que ha desempeñado de forma ininterrumpida en los gobiernos tanto del PRI como del PAN.

El procedimiento para desaforar a Cabeza de Vaca todavía tendrá que atravesar algunos capítulos, pero su detención es tan inminente que se rumora que ha partido al exilio a los Estados Unidos.

Cabeza de Vaca es una papa caliente, es probable que el apoyo que aún sostiene el propio PAN vaya menguando, aunque cabe la posibilidad de que su detención se pueda negociar en función de que suelte la sopa sobre algunos otros trapos sucios, tal como ya ha sucedido con personajes como Emilio Lozoya.

Como sea, el caso de Cabeza de Vaca, es una prueba evidente que el grupo oligárquico defiende en realidad un modelo cleptocrático y no tiene ninguna autoridad para cuestionar las inconsistencias morales de Morena.

Es evidente que el camino que está eligiendo la dirección de Morena, explícitamente su presidente Mario Delgado, impulsando candidaturas de ex priistas y ex panistas, va en sintonía con la política de la derecha. Ellos se cambian de siglas sólo para ser electos bajo la cobija del movimiento para luego reintegrarse a sus grupos naturales, como fue el caso de Lili Téllez.

Si se hubiera apelado a la vasta militancia política de los luchadores sociales que participan en Morena, habría suficientes hombres y mujeres para ocupar los espacios que ahora tienen distintos elementos impresentables a lo largo y ancho del país.

Si la dirección de Morena se hubiese dedicado a organizar la movilización de las masas en torno a las principales demandas del campo y la ciudad, no hubiera espacio para la acción de los grupos de derecha y al mismo tiempo habría un ambiente social para un auténtico giro a la izquierda por parte de la llamada cuarta transformación.

Hoy en día no es del interés de las masas que la derecha logre sus objetivos, si esto sucede se generará primero una parálisis y luego una regresión reaccionaria que podría preparar una fase abiertamente contrarrevolucionaria.

Por el otro lado debemos reflexionar en el sentido de que es posible que realmente Morena y el Partido del Trabajo logren una mayoría suficiente para aplicar reformas importantes, en ese caso ¿Qué política se debería implementar? ¿Una política de conciliación y pactos como lo ha sido estos primeros tres años o una política que le arrebate el poder económico a la oligarquía y que con ello destruya las bases de su control sobre todos los aspectos de la vida del país?

Pongamos, por ejemplo, el caso del constante deterioro del metro, el cual ha supuesto una serie de accidentes de manera cada vez más frecuentes cuyo punto extremo ha sido la tragedia de Tláhuac. La importancia de un servicio dedicado a las masas trabajadoras debería implicar una masiva inversión en mantenimiento y desarrollo del mismo. En los últimos años el metro se ha empleado para enriquecer a los consorcios de la construcción a costa de la seguridad de las masas trabajadoras. Esto debe cambiar ya. De lograrse una mayoría en torno al movimiento lopezobradorista no debería haber pretextos. O se rompe con la oligarquía o se vuelve cómplice de sus crímenes.

En suma, la opción es simple o se avanza por la transformación real del país expropiando a la burguesía o ésta tarde o temprano regresará para mal de las masas trabajadoras del país.

Cabeza de Vaca: Político corrupto y corrupción política

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En los tiempos del apogeo del PRI, años sesentas y setentas del siglo pasado, había una cierta separación entre los altos mandos de la burocracia del Estado y los grandes grupos económicos del país. Había casos, por supuesto, como el del exgobernador del Estado de México, Carlos Hank González, que en ese sentido era todo un adelantado.

En general, el enriquecimiento de los políticos mexicanos, provenía de aprovechar cargos burocráticos para tomar ventaja en negocios privados como fue el caso de Miguel Alemán Valdés o Raúl Salinas, fundador del clan, que durante tres generaciones ha dado de qué hablar en México y el extranjero. En cierto sentido, partían de cero y eran vistos como advenedizos por parte de la gran burguesía.
Carlos Hank en ese sentido era todo un “teórico” del proceder del funcionario público priista con todo el desparpajo señalaba: “político pobre, pobre político” o “donde hay obras hay sobras”, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Pero como ya señalamos había una separación, con algunas excepciones la alta burguesía como la del grupo Monterrey, despreciaba a la alta burocracia del Estado y buscaba de alguna manera distanciarse.

El PAN fue creado y auspiciado por la alta burguesía para crear un frente político en contra del cardenismo, no obstante, en los años siguientes fue utilizado por esta misma burguesía para darle voz a sus demandas.
Como sea, en el sexenio de Salinas se da una especie de fusión. La alta burocracia estatal termina mirándose a sí misma más como parte de una clase que de un grupo político. Especialmente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se adoptan usos y costumbres de Norteamérica y Europa occidental, en donde el tránsito de poseer un cargo en el Estado a la dirección de empresas privadas se fue convirtiendo una práctica cotidiana.

Antiguos presidentes se convirtieron en miembros de consejos de administración de petroleras, mineras o empresas de telecomunicaciones y de forma simultánea, la familia de grandes oligarcas siempre tiene uno o dos elementos en el aparato del Estado, en el poder judicial o en los aparatos legislativos.
Siempre hay espacios para grandes apellidos entre organismos de supervisión de la “sociedad civil” (comisiones reguladoras supuestamente autónomas) que en realidad son instrumentos de la oligarquía para construir poder por encima de los políticos en turno, eso que llaman “visión de Estado”.

En este mundo los negocios y la política generan multimillonarios como la lluvia genera hongos. En el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto se podría decir que, marca el apogeo del poder de estos “hombres de negocios”.
El poder económico de la clase dominante abarca todas las esferas y no es posible establecer un límite nítido entre lo que es el negocio legal e ilegal, después de todo empresarios como Carlos Slim o Salinas Pliego ¿no multiplicaron sus multimillonarias fortunas a partir de comprar a precios ridículos propiedades del Estado como la telefonía y la televisión? Si ellos podían ¿por qué la nueva y ambiciosa generación de políticos no podría hacerlo? Se preguntaban: ¿Acaso no “merezco la abundancia”?
Por otro lado, en las altas esferas se sabe que la propia DEA y distintos gobiernos hacen acuerdos y negocios con un narcotraficante en contra de otro, si es así, entonces ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué tanto es tantito?
Para cerrar el círculo es necesario un “gobierno amigo” que garantice que el límite entre lo legal y lo ilegal y en ese sentido tanto el PRI como el PAN lo garantizaban.

Eso explica la razón por la cual 17 gobernadores tanto del PRI como del PAN estén bajo distintos procesos ya sea en la cárcel, fugitivos o sean sospechosos. No obstante, esto no significa que sean los únicos, tan solo son los que han actuado con tanto descaro que ha sido imposible para el Estado pasarlos por alto.
Después de todo el tamaño de la voracidad de los políticos del PRI y el PAN estaba generando tal nivel de desprestigio que llevó a una reacción de las masas a tal grado que ha puesto en peligro al propio sistema.
Tamaulipas, en particular, lleva décadas en manos del ala mas degradada de la burguesía, prácticamente desde hace 20 años todos los gobernadores de ese estado han convivido con el Cártel del Golfo.
Manuel Cavazos Lerma, quien gobernó el estado entre 1993–1999 tiene acusaciones de vínculos con el Cartel del Golfo, su sucesor Tomás Yarrington, quién lo hizo entre 1999 y 2004, construyó todo un entramado de corrupción y asesinatos que derivo en su captura en Italia y su posterior extradición a los Estados unidos.
Eugenio Hernández Flores que gobernó del 2005 al 2010 terminó preso en 2018 y también fue extraditado a los Estados Unidos, su sucesor seria Rodolfo Torre Cantú, no obstante, no le salían las cuentas con el cartel, con quien tenía distintos negocios, derivado de estos conflictos termino siendo asesinado en 2010.

La muerte de Torre Cantú llevó a la gubernatura a su hermano Egidio el cual hasta hora es el menos señalado, aunque se hizo conocido por ponerle el nombre Juan Nepomuceno Guerra, fundador del Cartel del Golfo a una de las calles de Reynosa.
Lo sucedió Francisco García Cabeza de Vaca en cual tenía ya un amplio “curriculum”, al parecer Estuvo preso en Texas por robo de armas en 1986, fue socio de los hijos de Martha Sahagún y ya antes de ser nombrado gobernador se decía que había participado en el reparto de más de 50 millones de pesos para “generar consenso” respecto de la reforma energética. Posteriormente se confirmó su participación, cuando el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya lo señaló directamente.
Actualmente se ha iniciado un proceso para su desafuero con el fin de procesarlo por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, las acusaciones sustentadas por la Unidad Especializada en Investigación de operaciones con recursos de proveniencia ilícita de la Fiscalía General de la República, señalan que se tiene registros de movimientos de sus cuentas y la de familiares cercanos, incluida su esposa por un monto de 951 millones de pesos, tan solo en el año precedente tuvo ingresos por medio de empresas fantasma por 41 millones de pesos, lo que supuso el congelamiento de 60 cuentas vinculadas.

Su corrupción solo se compara a su descaró cuando afirmó que no entiende por qué no se le llamó a rendir cuentas hace un año, cuando se filtró la acusación de Emilio Lozoya. Señalando que lo que sucede es que el gobierno lo que pretende es montar un circo con fines electorales.
En realidad, es verdad que Cabeza de Vaca es un escandaloso corrupto y que el gobierno solo esperaba un momento políticamente oportuno para proceder en su contra. No parece que AMLO se arriesgaría a proceder en contra del susodicho si no tuviera firmes pruebas de que el caso no se caerá. Al parecer se necesita como mínimo 70 días para que la cámara de diputados pueda desaforarlo. Es seguro que la información relacionada se dosificará en función de las necesidades del proceso electoral que ya está en marcha.
Desde ahora podemos afirmar que Cabeza de Vaca quedará desaforado y terminará en la cárcel y muy probablemente los Estados Unidos será su destino final.

Por ahora, tanto gobernadores de oposición como del PAN, han señalado su solidaridad con Cabeza de Vaca, esto irá cambiando conforme se acerquen las elecciones, al final como en todos los casos se declarará al imputado como “asesino solitario”.
Por supuesto que los trabajadores exigimos la cárcel para Cabeza de Vaca, el cual también se puede considerar cómplice del ambiente represor en contra de movimiento sindical democrático que ha forzado a exilio a la abogada laboral Susana Prieto. De hecho, consideramos que el gobierno se está quedando corto.

Exigimos la inmediata detención de todos los corruptos del sexenio pasado y el retiro del registro del PRI y el PAN por ser en realidad asociaciones delictuosas.
No es suficiente, mientras exista el capitalismo veremos una y otra vez más Cabezas de turco, perdón de Vaca.