Por: Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia
Como resultado de la Reforma Energética de 2013, actualmente más del 63.66 % de la generación de energía está en manos de empresas privadas; el resto 36.34 % está a cargo del sector público, del cual el 34.17 % es generado por la CFE mientras que el 2.17 % restante es generado por PEMEX. Con la Reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto la privatización aumentó, se profundizó y potenció la privatización furtiva de la industria eléctrica así como la dependencia energética hacia los Estados Unidos.
La Reforma Energética derivó en instrumentos de política energética para que de forma sustantiva se crearan condiciones de certeza de la propiedad sobre activos de la CFE, rentabilidad y control de las inversiones en electricidad, a favor de empresas privadas y extranjeras. Se tomó la decisión de privatizar los organismos del Estado mexicano; de la contratación con inversionistas privados y extranjeros en todas sus actividades del proceso de trabajo eléctrico.
En materia de electricidad, la Reforma Energética significó la sustitución de la CFE por empresas privadas y extranjeras en todo el proceso de trabajo eléctrico, definiendo una nueva estructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a partir de lo que llamaron Mercado Eléctrico Mayorista, integrado por generadores, suministradores, comercializadores y usuarios calificados.
A decir de los diseñadores de esta política de desregulación del SEN, los privados participarían en igualdad de condiciones y la CFE formaría parte de una empresa más que competiría en dicho mercado. Sin embargo, este supuesto Mercado fue diseñado de origen para que la CFE padeciera un mecanismo de regulación asimétrica, evitando su operación con eficiencia, desarrollando subsidios para productores privados de energía y perdiendo clientes a favor de empresas privadas y extranjeras; es decir, todo un mecanismo para que la CFE no pudiera operar con eficiencia y rentabilidad, asegurando el retorno de su capital como marca la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de todas y todos los mexicanos.
El establecimiento del supuesto mercado, fue la imposición de condiciones para favorecer el despacho permanente y constante de la generación eléctrica proveniente de las plantas legadas a los productores privados, que mayormente suministran energía a clientes que antes eran de CFE. Los generadores privados, en un mercado artificial, son despachados preferentemente, perjudicando a la CFE, que no puede hacer lo mismo con su parque de generación para alimentar a los usuarios de Suministro Básico; las plantas de CFE fueron desplazadas por las centrales privadas y las centrales renovables.
Mientras mayor participación de privados y extranjeros se permitió en el SEN, el costo de la electricidad se encareció porque no sólo la CFE tuvo que tomar de su propio presupuesto proveniente de sus partidas asignadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para garantizar los subsidios a las empresas generadoras, sino que al ser despojada de sus principales clientes, tuvo que sobre endeudarse para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Reforma de Peña Nieto. La política neoliberal implica endeudamiento excesivo de las empresas públicas a privatizar: es así como en el gobierno de Peña Nieto heredó una deuda de la CFE por 60 mil millones de dólares, equivalente a 70% de sus activos. La CFE se convirtió en la Empresa garante de la rentabilidad de privados nacionales y extranjeros.
Por ejemplo, la Reforma Energética permitió utilizar el sistema de transmisión de CFE para llegar desde puntos alejados a los centros de consumo. Los productores privados han instalado plantas eólicas y solares alimentando a miles de usuarios ubicados en todo el país, conectándose al sistema de transmisión y distribución de la CFE sin pagarle los costos reales de porteo de los sistemas de transmisión – distribución, ni los costos de respaldo de generación. La CFE asumió la brutal tarea de ser la que mantiene la estabilidad, confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional a un enorme costo.
Todo esto contrario a la necesidad de garantizar la seguridad energética del país de forma soberana y en el marco de la obligación de brindar un servicio público de calidad y eficiencia a bajo costo para toda la población. La generación de electricidad avanzó hasta casi convertirse en responsabilidad de las inversiones privadas y extranjeras. Finalmente todo lo anterior incide en duplicar los costos de la energía que al final deberán cubrir los usuarios para garantizar rentabilidad a la empresa privada y extranjera.
El neoliberalismo plantea que mientras más control tenga el mercado sobre las actividades productivas, mientras menos intervenga el Estado, éstas terminarán siendo más económicas, eficientes, competitivas y accesibles para la población. Nada más falso que eso. En la actualidad hay muchas empresas de generación eléctrica favorecidas en el despacho eléctrico y las tarifas no bajan, al contrario, suben.
Toda empresa privada realiza sus actividades buscando el desarrollo de utilidades; sólo los organismos estatales como la CFE, pueden contener objetivos sociales que deben garantizar no sólo mejores precios y tarifas, sino también coberturas que usualmente no realizaría una empresa privada. De esta manera fue como la CFE y la hoy extinta Luz y fuerza del Centro, lograron la interconexión del 98.8% del territorio nacional.
Fue entonces hasta el periodo neoliberal que el proceso de trabajo eléctrico fue desregulándose, de tal manera que las tarifas eléctricas fueron en aumento para cubrir y amortizar los contratos de obra desarrolladas por el capital privado, así como la participación del generador privado en el suministro de electricidad.
Por lo tanto, es necesario romper con toda lógica neoliberal, pues ésta ha representado el desarrollo de procesos que privatizan los bienes públicos, encarecen los servicios y elitizan su acceso, a sabiendas de que estos son servicios básicos fundamentales para el desarrollo nacional.
Desde el inicio de las administración de Andrés Manuel López Obrador, en materia de electricidad, la Secretaría de Energía ha detenido los intentos de aumentar de forma significativa las tarifas por parte de la Comisión Reguladora de Energía, organismo creado para la administración de los contratos privados y la destrucción de la CFE; también ha cancelado las subastas eléctricas donde los privados nacionales y extranjeros hubieran podido seguir subiendo energía a la red eléctrica pagando precios ridículos por porteo y sin pagar por el respaldo y la intermitencia de su generación; se canceló la construcción de líneas de transmisión que representaban jugosos negocios para empresas privadas; asimismo detuvo las subastas de mediano plazo y la entrada de suministradores básicos distintos de la CFE.
Todas estas acciones son correctas en el marco de la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, de detener la privatización y el debilitamiento de la CFE, sin embargo es insuficiente. Debemos avanzar hacia la renacionalización de la industria energética en su conjunto, lo que implica la recuperación de la propiedad de los activos privatizados, entregados de forma ilegal para el uso y usufructo de las empresas privadas.
La renacionalización implica la recuperación de la generación eléctrica con las capacidades nacionales propias que brinde seguridad energética y garantice el acceso a la energía eléctrica a todas y todos los mexicanos, cuestión que hoy es imposible por el encarecimiento desmedido del servicio.
Cancelar la política energética neoliberal, pasa decididamente por echar abajo los contratos leoninos que la CFE firmó al amparo de la Reforma Energética y que fomentan el endeudamiento y la pérdida de la propiedad de sus activos.
Por tanto, implica la recuperación del carácter social y colectivo de la hoy Empresa Productiva del Estado para garantizar el acceso al servicio a bajas tarifas a todas y todos los mexicanos, empezando por aquellos que han vivido procesos de abuso en las tarifas eléctricas y los más de dos millones de personas que no cuentan con suministro eléctrico.
Renacionalizar implica recuperar la propiedad de la Nación sobre los activos estratégicos energéticos; única medida de una política energética soberana para colocar a las industrias y recursos estratégicos, al servicio de las amplias mayorías empobrecidas por décadas de gobiernos neoliberales.
Para alcanzar estos objetivos estratégicos y profundizar las acciones hasta ahora realizadas, es importante la organización de los sectores populares, de los campesinos, de los trabajadores en su conjunto; un esfuerzo que pasa por la lucha por tarifas justas y por el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.
Se requiere de organización política para conseguir la renacionalización y detener de una vez por todas a los empresarios nacionales y extranjeros, algunos disfrazados de dirigentes sindicales, quienes sólo tienen por agenda la continuidad de la Reforma Energética pro privatizadora que garantice rentabilidad a unos cuantos, a costa de los activos de la Nación y de profundizar el empobrecimiento de amplios sectores.
Resulta fundamental cerrarle el paso a los Neoliberales que se disfrazan y desde el movimiento social buscan beneficiarse, subsumiendo las demandas sociales detrás de negociaciones que llevan por delante el otorgamiento de contratos a favor de empresas privadas y extranjeras.
Invitamos a tod@s a organizarnos, movilizarnos y avanzar en la unidad para luchar por la soberanía energética en beneficio de tod@s los Mexican@s y combatir sin cuartel a los Neoliberales que de manera abierta o disfrazándose buscan que el control del sector energético lo tengan las empresas privadas nacionales y extranjeras en beneficio de unos cuantos.
COORDINADORA NACIONAL DE USUARI@S EN RESISTENCIA (CONUR)
¡La patria no se vende!
¡Por la renacionalización de la industria energética!
¡Por el acceso a la energía eléctrica como derecho humano!
¡Por el borrón y cuenta nueva!
¡Por una tarifa justa de luz!
¡Los neoliberales no pasarán!
