¿Qué sigue después de la consulta popular?
Todos conocemos el resultado de la pasada consulta popular, en la que sólo participó un 7% del 40% que se necesitaba para ser vinculatoria, y poder iniciar el proceso para enjuiciar a los expresidentes. Y aunque el cometido que se tenía previsto, no se logró por medio de la consulta popular, no debemos darnos por vencidos, al contrario, debemos salir y organizarnos, seguir luchando y exigiendo justicia. Tenemos que entender que la consulta no era un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un hecho aún más trascendental. Lo que ahora nos debe interesar es continuar exigiendo justicia y, si bien la consulta no logró llevar a juicio a los exmandatarios que tanto daño le hicieron al país, eso no significa que no existan otros medios para hacerlo. Entonces lo que debemos preguntarnos es ¿ahora qué sigue?
La explicación y promoción de la consulta significó cierto nivel de organización y movilización de miles de activistas y ciudadanos comprometidos en todo el país, y ese es el camino que debemos seguir, es decir, organizarnos y seguir movilizándonos.
Una de las principales propuestas que han surgido para llevar a juicio a los expresidentes y a otros actores políticos es la intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, tal como lo ha comentado Omar García, uno de los principales impulsores de la consulta popular.
El TPP es un tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales de la humanidad que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. Su origen se remonta a los Tribunales Russell, también de carácter ético, que juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en Vietnam por Estados Unidos (1966-1967) y en las dictaduras de América Latina (1974-1976). Precisamente, la creación del TPP fue la respuesta ante el reclamo social para constituir un espacio permanente donde los pueblos pudieran encontrarse y presentar los casos de violaciones a los derechos fundamentales.
La actividad del TPP se basa en los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Carta de Argel, 1976) y analiza las causas históricas, políticas y económicas que generan las violaciones de los derechos de los pueblos. De este modo, tras los análisis pertinentes y después de escuchar a los testigos, el jurado emite un veredicto, de carácter jurídico, en contra de los agentes responsables de las violaciones denunciadas. Los tribunales de opinión como el TPP reivindican que los estados no son los únicos representantes e intérpretes auténticos de las normas, de su puesta en práctica y su obligatoriedad.
Hasta la fecha el TPP ha organizado demandas procedentes de movimientos y organizaciones sociales, sindicales, políticas, etc. Así, este tribunal ha acompañado las luchas populares en defensa de los derechos fundamentales en numerosos países, juzgando simbólicamente a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, situaciones de genocidio, la negación de la autodeterminación, las invasiones extranjeras y la destrucción del medio ambiente, entre otros casos.
Si bien es viable que el TPP sesione o que se establezca un Tribunal en México, hay que recordar que ya existe una experiencia que podemos tomar en cuenta para analizar los alcances de realizar juicios sobre una base meramente ética.
El Tribunal Permanente de los Pueblos-capítulo México, sesionó entre 2011 y 2014. El título de su expediente fue Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Sus conclusiones fueron entregadas a las autoridades gubernamentales y judiciales mexicanas, aunque no existe evidencia que nos demuestre que las autoridades mexicanas hayan seguido las recomendaciones y tomado acciones en consecuencia, ni tampoco se sabe si los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciaron carpetas de investigación o si solicitaron a sus pares mexicanos la documentación necesaria para dar seguimiento a las recomendaciones del Tribunal.
Cabe mencionar que el TPP desplegó su trabajo en siete ejes: 1) feminicidio y violencia de género; 2) migración, refugio y desplazamiento forzado; 3) devastación ambiental y derechos de los pueblos; 4) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; 5) violencia contra los trabajadores; 6) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, y 7) guerra sucia y represión como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Como podemos observar, los ejes sobre los que sesionó el Tribunal son de primer orden y afectan a millones de personas en nuestro país, sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado mucho, para poner un ejemplo, los feminicidios y la violencia de género no sólo no han disminuido, sino que han aumentado, un ejemplo más es la falta de acceso a la justicia, puesto que en los años recientes han sido asesinados activistas, defensores de bosques y/o habitantes que se oponían a proyectos que tienen como fin depredar aún más los recursos naturales.
Con la experiencia previa del Tribunal la pregunta sería ¿El gobierno de AMLO acatará las recomendaciones?
¿Necesitamos un juicio ético o moral?
Por otra parte, no podemos ser víctimas de la fraseología de “izquierda” y creer que con buenas acciones o con voluntad las cosas van a cambiar. AMLO es muy dado a decir que él gobierna con el ejemplo, que si buenas personas llegan al gobierno las cosas mejoraran, incluso se editó una Cartilla Moral, sobre la cual se basa la 4T. Asimismo, ha explicado que se han perdido valores y muchas más cosas al respecto, sin embargo, estamos muy lejos de resolver los problemas únicamente con la guía moral o ética de “ciertas personalidades”.
Lo que necesitamos es que los responsables de las atrocidades que se han cometido en contra del pueblo trabajador en nuestro país sean castigados, queremos verlos tras las rejas, queremos que se les expropien sus fortunas, dado que las amasaron por medio de actos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias.
Sabemos muy bien quiénes son y qué hicieron, así que no es necesario que nadie venga y nos diga que bajo el auspicio de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña se violaron en innumerables ocasiones los derechos humanos, tampoco necesitamos que nos señalen a los autores intelectuales de las atrocidades que se han cometido en nombre de la “modernidad” y que han afectado a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, asimismo, no queremos que las víctimas sigan esperando justicia, una justicia que se niega a aplicarse, y que hace que la impunidad se mantenga.
Lo que necesitamos es que la justicia realmente sea pronta y expedita, pero bajo las instituciones que nos rigen actualmente es muy difícil que eso suceda, puesto que somos testigos de que la impartición de justicia se decanta hacia el poderoso, a quien puede pagar amparo tras amparo, quién se puede dar a la fuga y vivir cómodamente en otro país.
Por otra parte, no nos oponemos a que el Tribunal sesione y de recomendaciones para que se de visibilidad a los crímenes, se actué y se castigue a los culpables, pero sí consideramos que la justicia no se debe ejercer tan sólo de manera ética o moral, sino por medio de la sanción de los actos que los llevaron a juicio. Exhibir a los responsables ya no es suficiente, porque sabemos que además de cobardes, éstos sujetos son cínicos, y muy poco les importa que la población sepa o conozca las “malas acciones” o poco “decorosas” que realizaron, ya que hasta ahora viven en la impunidad disfrutando de sus privilegios y cuidando de sus intereses.
¿Se puede cambiar el sistema desde dentro?
Uno más de los aspectos a abordar sobre el tema de la impartición de la justicia no solo en nuestro país, es la cuestión que gira en torno a que los activistas se postulen o los postulen para cargos de elección popular con la idea de realizar los cambios pertinentes desde el interior del sistema.
Casos ha habido muchos, y uno de los más recientes es el del mismo Omar García (Manuel Vázquez Arellano), que bajo la bandera de Morena es diputado federal, había que aclarar que llego al puesto de manera plurinominal. Él explica que su participación se da bajo un gobierno progresista, y que es posible incidir sin desvincularse de las organizaciones sociales. Y esa incidencia se tiene que ver reflejada en las leyes que emanan de dichas instituciones, en el caso de Omar, sería la Cámara de Diputados.
De entrada, no nos oponemos a la llegada de activistas o de personajes fuera de la órbita partidaria o electoral, la cuestión de fondo es la forma en la que llegan. No es lo mismo llegar con un apoyo de masas, es decir, que haya una base que apoye, pero que también oriente y discuta la política a aplicar, de esa forma existe un vínculo directo con la base, de esa misma forma la rendición de cuentas es más fácil, pues solo hay que discutir si se llevó adelante el programa, así como las propuestas discutidas y aprobadas por la mayoría. Esta forma de acceder a puestos de elección popular es una forma de blindarse contra los cantos de sirena del sistema.
Por el contrario, si se llega de manera aislada, quien llegue será víctima de todas las presiones que sobrevienen del puesto y que será muy difícil eludir. Con esto acusamos a Omar de venderse o que será absorbido por el sistema, obviamente que no, lo que queremos es poner de relieve que estando solo frente a políticos de carrera, más los intereses del partido que lo postulo, aunado a las prebendas que se le pueden ofrecer existe la posibilidad de la adaptación al sistema, y algo que no podemos negar. Ir de la mano de las organizaciones sociales, no es lo mismo que ser postulado por las mismas organizaciones o incluso por un movimiento social amplio, como es el caso de Ayotzinapa.
A manera de conclusiones
Para nadie es ajeno que las instituciones de impartición de justicia de nuestro país están podridas hasta la médula. La mayoría de los jueces y magistrados son corruptos o permisivos ante las decisiones que se toman, y que siempre favorecen al sector privilegiado, dejando a su suerte a los millones de trabajadores que vivimos al día. Nosotros sabemos que esas instituciones existen para beneficiar los intereses de la burguesía, por tanto, los jueces y magistrados se convierten en sus lacayos.
Derivado de lo anterior podemos entender que realizar un cambio desde las entrañas del sistema es una tarea bastante compleja e incluso estéril, ya que todos los mecanismos existentes están diseñados para que nada cambie. Se pueden emitir leyes, se pueden hacer propuestas y pronunciamientos, algunos de los cuales llegarán a ver la luz, incluso algunos tendrán un efecto positivo en la población (Ley Olympia o la despenalización del aborto), pero en lo tocante a la impartición de justicia, encaminada a que se castigue a los responsables de los daños y perjuicios en contra del pueblo mexicano está sellada. Y el más claro ejemplo es la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se atribuyó el cambio de la pregunta en la pasada consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, la propuesta original versaba de la siguiente forma:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Y fue cambiada por la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
A todas luces se vio que la intervención de la SCJN dejó mucho que desear, por lo que cabe preguntarse ¿a quién o quiénes benefició la SCJN con la modificación de la pregunta? Con el resultado de la consulta podemos inferir nuestra respuesta.
Asimismo, podemos hablar del Tribunal, y aunque éste si actúa de forma independiente de las instituciones jurídicas y/o judiciales, las recomendaciones que emite se envían a las instituciones que no han hecho nada para dar solución e impartir justicia. No importa que la institución tenga un carácter nacional o internacional, todas se circunscriben dentro de los márgenes del capitalismo, lo que nos lleva a un callejón sin salida.
Como trabajadores no debemos confiar es nadie más, sólo nosotros y nuestra fuerza somos capaces de transformar la realidad. Es el camino que debemos seguir, impulsar, promover y organizar; porque sabemos que ningún Tribunal o dependencia Estatal, brindará justicia para las víctimas, la justicia sólo vendrá de parte del pueblo organizado e informado.
La burguesía estaba en contra de que se llevará a cabo la consulta popular, porque a ellos no les gusta que el pueblo decida, no les gusta que las masas se movilicen y se organicen, e hicieron todo lo posible para desinformar y confundir. Saben que un pueblo desinformado no cuestiona el poder económico y político que está en manos de unos cuántos, un pueblo desinformado es fácil de manipular y engañar.
Por esa razón debemos asegurar la mayor organización posible, así como la discusión de un programa que incluya todas y cada una de las luchas, para asegurarnos que la oligarquía y sus cómplices dejen de vivir en la impunidad.
