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Ayotzinapa

10 años de Ayotzinapa: Testimonio de Hilda Hernández, madre de César González, uno de los 43

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Ese 26 de septiembre yo, por ejemplo, estaba en casa. Me acuerdo que no tenía mucho de haber entrado a trabajar a Coppel y me fui. Pero para eso Mario, mi esposo, había hablado con mi hijo en la tarde y le dijo que cómo estaba porque mi esposo siempre se comunicaba con él. Él dijo que estaba muy bien, muy contento de estar en la normal, que ya hacían actividades y que ya habían tenido su primera clase ese día. Los muchachos, pues como siempre tienen actividades, le dijo a su papá: luego te marco porque vamos a ir a una actividad. Ese fue el último momento que habló mi esposo con él porque después estuvo marque y marque y marque y no le contestaba y no le contestaba. Yo le dije: seguro están en guardias. En las guardias no les dejaban tener su teléfono, a él de contrabando se lo prestaban para poderse comunicar con su papá.
Cuando nos enteramos que había sucedido algo en la escuela no lo podíamos entender, no lo podíamos creer. A mí la verdad sí me entró desesperación y lloré. Me acuerdo que pedí permiso [en mi trabajo] porque estaba pasando algo en la escuela de mi hijo. Un compadre que vive cerca de la casa nos llevó de taxista. Nos llevó hasta la normal, se hicieron 11 horas. Nosotros somos de Huamantla, Tlaxcala.
Al llegar ahí, a la entrada de la normal, había mucha gente. Ya desde el arco (como le dicen los muchachos) había muchas personas vestidas de verde, pero no sabíamos, hasta ahora, que son policías comunitarios, con armas también. Sí nos quedamos así [sorprendidos], porque nuestro entorno es muy diferente. Al llegar abajo a la normal había muchísima gente, mucha gente, muchos estudiantes, muchas señoras. Nosotros nos dirigimos a buscar al secretario, David Flores Maldonado, le dicen La Parka. Él es el que dirigió a todos nuestros muchachos, nos dijo que seguro los policías los habían detenido y que de seguro estaban en la cárcel, que no nos preocupáramos. Muy tranquilos nos lo dijo y pensábamos que sí. Pero al ver que no tenemos ninguna información y más que no eres de ese lugar, pues más te entra la desesperación. Mi esposo también es muy atrabancado y muy desesperado.
Entonces así nos amanecimos toda la noche para el 27. Y el 27 fue cuando fuimos a Iguala temprano. No nos conocíamos nadie de nosotros, las compañeras ni nada. Nada más me acuerdo que alguien nos dijo que nos subiéramos a los camiones porque íbamos a ir a Iguala. Y fuimos y anduvimos buscando ahí en las comandancias, en que pensábamos que podían estar nuestros muchachos. Y otros al cuartel y no encontramos nada, nada. Todo estaba
impecable. En verdad pensamos que nadie había estado pero hoy sabemos que sí llegaron a las Barandillas, que es un lugar donde entran todas las personas que detiene la policía, los llevan a allá. Y ahí son 17 muchachos, por eso es que dice licenciado Vidulfo que son 17 muchachos que se llevaron de ahí. Ya estaban presos pero se los llevaron.
Otro ataque estuvo en el palacio de justicia, con algo así aproximado como 25 muchachos. Donde supimos que los golpearon, feo pues. Y también se los llevaron y no sabemos a dónde. Y otros muchachos que no supimos qué fue lo que pasó.
Otros que son sobrevivientes, los del quinto camión, ellos mismos dicen que no sabían que en el quinto camión había droga (que eso fue lo que investigaron los expertos de GIEI) y [los estudiantes] se llevaron, por llevarse los camiones, no por la droga.
Y fue un caos muy feo. Ahí fue cuando yo dije: ¡qué pasa, cómo pueden llevarse a tantos muchachos! ¿O dónde están? ¡No, no, no lo entiendo! Así ya quedamos, como en shock, todos. No dormíamos, casi no comíamos, la verdad, por lo mismo. 10 años, que todavía no sabemos dónde están nuestros hijos. Y nos imaginamos, a la mejor… digo, ¿cómo los trataron? Porque, por ejemplo, yo sé que mi hijo iba en un camión, de los tres que detuvieron en la calle N. Álvarez de Iguala, donde los interceptaron los policías. Policías y supuestos, porque al final de cuentas eran militares disfrazados también y de la delincuencia y policías. Donde los bajaron a nuestros muchachos, agredieron primero al camión con el muchacho que le dieron en del brazo, que todo esto [se señala el antebrazo] estaba sangrando. Les echaron gas lacrimógeno y nuestros muchachos por fuerza tuvieron que bajar [del camión]. Los iban golpeando, los subieron a las camionetas y con golpes los subieron. Los amagaron, los amarraron y ahí fue donde no supimos a donde se los llevaron. Ellos fueron los 17 muchachos que se llevaron de Barandillas.
Y son 10 años, que es mucho, pero no se olvida el momento de todo lo que has vivido, de todas las mentiras que te ha dicho el gobierno, de todos los supuestos cuerpos que te han querido entregar, todo el daño psicológico que tú has llevado por pensar que puede ser tus hijos de todo lo que les hicieron.
En Guerrero es muy cruel [la violencia contra] las personas que se llegan a llevar y más la delincuencia organizada, porque los destazan. Pero es muy cierto también que, si se los hubieran llevado la delincuencia organizada a nuestros hijos, hubieran aparecido al siguiente día y eso no sucedió. Entonces, con las investigaciones que hemos tenido, gracias a los expertos, todo apunta a que el ejército está implicado en una desaparición de nuestros muchachos. Que el gobierno de ahora no lo quiera entender así, ni el anterior, siempre cubriéndose ellos mismos. Tanto así que Enrique Peña Nieto y todos los altos funcionarios de las dependencias, como es la Sedena, la Semar, en ese entonces la Policía Federal organizaron, orquestaron la mentira histórica, que no fue verdad al final de cuentas. Porque los expertos al investigar, y sin querer, la misma Sedena les entregó un video donde ahí muestra cómo llegaron los de la Marina al basurero de Cocula para alterar todas las investigaciones para que dijeran que fueron nuestros hijos los que fueron calcinados y no fue así.
Entonces digo, hay mucha evidencia palpable, verídica y científica la cual el gobierno no quiere seguir esas líneas. Quiere seguir encubriendo al ejército; quiere seguir cubriendo a todos los implicados como son Tomás Zerón, como es Ángel Aguirre Rivero (el exgobernador), como es Iñaki Blanco, como es Leonardo Vázquez de Seguridad en Guerrero, como es Lambertino una señora que tuvo los videos del Palacio de Justicia en Iguala y ella los tiene y no los quiso entregar y no le han hecho nada y no la han detenido. Entonces son muchas violaciones a este caso que han sucedido en las cuales el gobierno no ha querido y sigue protegiendo a todos aquellos implicados de la desaparición de nuestros muchachos.
Por eso es que nosotros nos tenemos que poner a buscar, a investigar. Tenemos que leer para que precisamente el gobierno no nos vea ignorantes. Como nos lo dijo el presidente Andrés Manuel que dice que debemos de leer. Le digo que hemos leído mucho más que él, porque él no sabe en realidad toda la situación de esto y siempre da vuelta a las cosas echándole la culpa terceros como son nuestros equipos de trabajo, a nuestros abogados. Siempre está diciendo que ellos son los culpables de que estemos aquí, que no han dicho la verdad; a la Comisión Interamericana que tanto nos ha ayudado; a los expertos, también, que gracias a ellos tenemos estas investigaciones. Entonces no puede ser posible que el gobierno quiera tapar con un dedo lo que no se puede tapar.
Sigue siendo necio y terco el señor aun sabiendo que ahí están las pruebas, aun sabiendo que todo lo que nosotros estamos diciendo es verdad. No estamos mintiendo y mucho menos mentiríamos por nuestros hijos. Lo que queremos es saber de nuestros hijos. No nos interesa la política, no nos interesa ningún dinero y bien que nos lo han ofrecido. Ellos piensan que con dinero todo se calma y no es así. Nosotros no queremos ningún dinero, nosotros lo que queremos es saber de nuestros hijos. Tener, si Dios nos permite, tener a nuestros hijos. Y que diga la Ley que sean castigados todos los implicados en esta situación. ¡Todos! No más.

10 años sin justicia para Ayotzinapa: el Estado y el ejército siguen siendo los culpables

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2014, un punto de inflexión

La trágica noche de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, fue como levantar la tapa de la cloaca dejando en evidencia la podredumbre del Estado y el podrido sistema capitalista. El carácter asesino del Estado, sus vínculos con el crimen organizado y su encubrimiento de este crimen, quedaron en evidencia desde los primeros días ante los ojos de millones. La consigna “¡Fue el Estado!”, se erigió. Estudiantes inocentes, jóvenes socialistas, pobres de familias campesinas y proletarias, y potenciales futuros maestros fueron asesinados y desaparecidos. Julio Cesar Mondragón, un joven padre de familia, proveniente de la Ciudad de México, que su condición de pobreza lo llevó a estudiar en Ayotzinapa, fue uno de los 6 muertos de esa noche; apareció sin rostro, desollado. Cada hora, cada día, la indignación aumentaba. Ayotzinapa no era una excepción, las desapariciones y los homicidios ya estaban extendidos por todo el país. Una de las frases que fueron apareciendo en las pancartas de las manifestaciones de protesta en 2014 decía: “¿Qué cosecha un país que siembra muertos?”

Indignación, rabia, frustración, protestas, aires de revolución era la tensa atmósfera que se creaba. Podemos sentir un terremoto cuando sale a la superficie, pero éste es producto de movimientos poderosos y profundos que tienen un largo tiempo acumulando fuerzas, imperceptibles a simple vista. Las condiciones para un estallido estaban presentes y la noche de Iguala fue el detonante. Al mismo tiempo, en el IPN se generalizaba una huelga, la más grande en esta institución desde 1968. Ayotzinapa a su vez provocaría movilizaciones de estudiantes a un nivel tan amplio no vistas desde el 68, tal vez aún mayor. Universidades que nunca habían realizado un paro, ahora cerraban y protestaban por la aparición de los normalistas.

El 8 de octubre de 2014 se dio la primera gran jornada de lucha por la aparición de los normalistas. En 25 Estados del país hubo protestas. El grito de guerra fue desde entonces: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, exclamado por decenas de miles ese día. Los padres de los 43 llegaron al zócalo, el ambiente era desgarrador, era común encontrar a gente llorando, encolerizada. Era claro que algo había cambiado en la mente y corazones de millones. El gobierno no pudo más que estar contra la pared y a la defensiva, mientras su popularidad se desplomaba. Peña Nieto se convirtió en el presidente más impopular de la era moderna. Sus niveles de aprobación llegaron a rondar en tan solo el 17 y 18 %, y el ejército una de las instituciones más impopulares.

Lecciones de la lucha

En 2006 se había dado ya una explosión social en que vimos las movilizaciones más grandes en la historia moderna de México con 3 millones en la calle un solo día, una huelga de 240 mil trabajadores industriales (mineros metalúrgicos) y hasta un embrión de soviet en Oaxaca. El gobierno débil de Calderón recurrió a la militarización del país y asestó un golpe certero contra un sector clave de la clase obrera, los trabajadores del SME, al cerrar la compañía de Luz y Fuerza. En 2012 el PAN no pudo mantenerse en el gobierno. En un ambiente de desconcierto y relativo reflujo, el PRI se apoderó del gobierno con su candidato Peña Nieto. Éste, desde antes de entrar a la presidencia, se enfrentó a protestas estudiantiles y de trabajadores (#YoSoy132, lucha contra la reforma educativa iniciada en Guerrero, pero logró avanzar en toda una serie de ataques contra los trabajadores en sus primeros años de gobierno. Después del 26 de septiembre de 2014, todo se convirtió en su contrario.

Hablamos que después de décadas de ataques, el poder adquisitivo siguió un efecto de caída libre, los contratos colectivos fueron masacrados,  los recursos naturales (en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas y del conjunto de la población) fueron entregados al gran capital. Es decir que tanto la fuerza de trabajo como los recursos naturales se pusieron al servicio del gran capital. Tras la creciente desigualdad social se intensificó la pobreza extrema. El crimen organizado encontró un gran caldo de cultivo que lo fortaleció. El capitalismo en México no sólo dio síntomas de agotamiento, sino que traspasó a la descomposición barbárica.

El ambiente explosivo ya había dado síntomas de aparición en el pasado, con una tendencia general a la unidad de las luchas. Sin embargo, el Estado había usado tácticas como dar concesiones mínimas a un sector en lucha para presionar a los dirigentes a desactivar las movilizaciones. Esto fue efectivo en todo un periodo, por ejemplo, en el movimiento sindical.

Con Ayotzinapa se logró la unidad, no uniendo las causas, sino en este caso, todos identificándonos y unificándonos con la causa de los 43. La actitud digna de los padres de los normalistas, que no han aceptado otra cosa que la justicia y la aparición de sus hijos, se convirtió en el alma que impulsó y extendió el movimiento. El límite de la lucha se encontró en la ausencia de una dirección política consistente. Fue tal el impulso desde abajo, que se buscaron mecanismos de articulación y dirección, como la asamblea interuniversitaria, que estaba compuesta con representantes electos en asambleas y buscaba articular acciones unificadas.

La huelga del Politécnico reflejó qué tan profundo era el movimiento, pues esta lucha atrajo no solo a las capas avanzadas sino a las atrasadas que nunca habían participado en una lucha y acarreaban muchos prejuicios. Esto fue aprovechado por el Estado al tratar de dividir la huelga del IPN para que fuera solo de politécnicos o que sólo se abarcaran problemas académicos y no políticos. Ese ambiente fue cambiando. Un síntoma de radicalismo se vio cuando un provocador incitó a quemar la puerta de Palacio Nacional en una movilización por Ayotzinapa el 8 de noviembre, respaldada por miles de jóvenes, mostrando un reflejo distorsionado de que se quería pasar a la ofensiva. Gran parte de ellos eran estudiantes del IPN en huelga. Al final de 2014, los contingentes más numerosos (por mucho) eran los del Politécnico. Sin embargo, el ala academicista “anti política” se mantuvo en la lucha politécnica, dejando reminiscencias y métodos hasta hoy día que sólo le facilitan el trabajo a la autoridad, al no fomentar la organización, participación y vínculo de las luchas estudiantiles con el resto de escuelas y del pueblo trabajador. Por eso hay que reivindicar las tradiciones revolucionarias de 2014 y rechazar las que solo ayudan al Estado y al capital.

Más significativo, fue el impacto en algunos pueblos. Por ejemplo, en Tixtla, el municipio donde se encuentra Ayotzinapa, la población tomó el palacio municipal, se dio la unidad con las policías comunitarias, el proletariado en lucha (magisterio) y los estudiantes, comenzando con los de Ayotzinapa. Se dieron embriones de doble poder en 2014 que ponían en cuestionamiento la hegemonía del Estado burgués. Sin embargo, la ausencia de un partido revolucionario a nivel nacional impidió que el proceso siguiera avanzando.

La lucha de 2014 apuntó a un rompimiento radical con el actual Estado y sus instituciones. Las viejas instituciones perdían su autoridad frente a las masas, la conciencia de las masas llegaba a la conclusión de un cambio radical y se tomaban acciones que llevaron a situaciones, al menos embrionarias, de doble poder (donde los trabajadores comenzaban a tomar las riendas de la sociedad en sus manos sin que hubiera desaparecido el viejo poder burgués). Eso se notó en las siguientes experiencias de lucha, como las elecciones federales de 2015 (sobre todo en estados del sur como Guerrero, Chiapas y Oaxaca); la oposición a la reforma educativa a lo largo del sexenio; Nochixtlán , donde se dio una pequeña guerra civil;  la autoorganización popular en el rescate durante el terremoto del 2017 en Ciudad de México, entre otras.

El gobierno ¿del cambio?

El gobierno de López Obrador levantó enormes expectativas, de hecho, hoy a finales de su mandato como presidente mantiene un enorme apoyo del 72% en la población. La inmensa mayoría de la gente que protestó por justicia en el caso Ayotzinapa, votó para que López Obrador asumiera la presidencia. Este prometió justicia para Ayotzinapa y encontrar a los estudiantes. Primeramente, crea una comisión especial (Covaj) que de manera científica demostró que la versión difundida por el gobierno de Peña Nieto (conocida como la verdad histórica) era falsa. Asimismo, permitió el reingreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue bloqueada y expulsada en el gobierno de Peña Nieto. Hoy, no solo no reconoce que esta es una promesa que no ha cumplido, sino que se ha puesto del lado del ejército.

Pasaron 6 años y no ha habido justicia. El problema central es que López Obrador, en vez de apoyarse en la movilización y organización revolucionaria de las masas, rescató al desprestigiado Estado y de forma particular se ha apoyado en el ejército para gobernar. Ha decidido no confrontar al ejército. Eso llevaría a críticas de GIEI, que denunciaron que el ejército ocultaba información hasta llegar a un punto en donde no pudieron avanzar más y decidieron retirarse del país. Los padres de los 43 y sus representantes legales, también han señalado que hay referencias de documentación de la noche de Iguala, que el ejército tiene en sus manos y que no ha entregado.

En un reporte que AMLO les envió el pasado 8 de julio de 2024 a los padres de los 43, sale de manera clara en defensa de esta institución armada:

“Ciertamente, no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.

Recordemos que Salvador Cienfuegos fue el dirigente nacional de la Sedena en el año 2014 –antes había sido el principal jefe del ejército en el Estado de Guerrero–, quien tras el caso Ayotzinapa, señaló en 2015: “No voy a permitir que interroguen a mis soldados”. Cuando se crea la versión falsificada de los hechos del gobierno de Peña Nieto, la verdad histórica, uno de los objetivos centrales fue encubrir el papel del ejército, claramente involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes. Cuando el oficial en retiro fue detenido en EEUU por crímenes de narcotráfico, AMLO señaló:

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era sólo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás”.

Posteriormente en 2021, antes de iniciar el juicio contra Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, AMLO sintiendo la presión militar, intercedió directamente con el entonces presidente Trump, para que dejaran al influyente militar en  impunidad. En México simplemente se le dejó en libertad sin que se hiciera la más mínima investigación que demostrara ya fuera su culpabilidad o inocencia. Un coro de intelectuales de la 4T salió a justificar estos escandalosos hechos diciendo que de no actuar así se hubiera dado un golpe de Estado en el país.

Los padres de los 43, enviaron una carta-respuesta a AMLO el 20 de julio de 2024 donde dicen:

“Usted, sr. presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer: el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento.”.

Han decidido ya no tener más reuniones con AMLO, al menos que en verdad haya un indicio muy significativo que muestre dónde están los estudiantes.

También es de resaltar que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por AMLO, se señala con claridad la implicación directa del ejército, que ellos tenían información (dentro y fuera) en tiempo real de lo que ocurría y que tuvieron retenidos a un grupo de estudiantes. Mientras que la investigación avanzó, las versiones del ejército sobre su actuar fue cambiando, pero también su actitud fue bloquear de manera más abierta la investigación.

Este fenómeno se trasladó al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de otra comisión que formó AMLO para investigar violaciones graves a derechos humanos entre los años 1965 y 1990. Uno de sus comisionados, Abel Barrera, señaló cómo en un momento la Comisión ya no pudo avanzar y sus investigadores “tenían vigilancia de lo que hacían y había mucho jaloneo de documentos”.

El Ejército es un aparato profesional de represión

Es muy significativo que al informe final del MEH le hayan titulado: “Fue el Estado (1965-1990)”. Una de sus principales conclusiones es que el Estado ha sido el principal violador de derechos humanos en el periodo señalado y muchos apartados, en particular, muestran las atrocidades del ejército en el país.

Engels explica que el Estado es ante todo un aparato profesional de represión de la minoritaria clase económicamente dominante (y privilegiada) contra el resto de las clases. El Estado mexicano que emerge de la revolución nace bajo el asesinato de Emiliano Zapata, Felipe Ángeles y, posteriormente, Francisco Villa, y el subsecuente desmantelamiento de las organizaciones que representaban los intereses de las clases explotadas. El ejército ha mantenido un actuar represivo, que se ha construido como un aparato profesional de represión a las luchas de las clases explotadas y de las organizaciones revolucionarias. Ya en 1956 aparece en escena de forma descarada reprimiendo la huelga politécnica.

En los años 1965-66 el ejército realiza sus primeras acciones profesionales anti insurgentes, pero hay indicios de que ocupaban desde antes manuales para combatir a grupos disidentes, por ejemplo con el aplastamiento de la huelga politécnica en 1956. El MEH tiene registrado a 738 oficiales del ejército y 65 miembros de la policía que recibieron algún tipo de entrenamiento en EEUU, entre los años 1950 y 1975. Uno de ellos fue Miguel Nazar Haro, quien dirigiría la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que se convertiría en el CISEN, una de las instituciones de las fuerzas armadas especializadas en combatir la lucha de clases y a las organizaciones revolucionarias.

El ejército y otros cuerpos armados del Estado son aparatos que se han profesionalizado en la represión. AMLO dijo que no se iba a usar el Estado para reprimir al pueblo, pero hace pocas semanas cuerpos armados del Estado reprimieron a campesinos en defensa del agua que se oponen a la empresa Granjas Carroll en Puebla y Veracruz, siendo asesinados dos compañeros y perseguidos otros más. Los cuerpos armados del Estado se pusieron a favor del gran capital contra los campesinos en lucha. La filtración de Pegasus mostró que el ejército mantiene su labor de inteligencia y hasta el mismo Alejandro Encinas, antiguo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue espiado. El Estado y el ejército tienen en su sangre la represión y ni siquiera han sido depuradas estas fuerzas criminales. Actuaron junto con las policías, estatales, municipales municipales y el crimen organizado, como un solo hombre, para desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa, mientras que el aparato judicial les ha protegido, liberando a los pocos militares que habían sido detenidos.

Lo hemos dicho antes y lo afirmamos ahora. Si tu objetivo no es acabar con el sistema sino reformarlo, al final terminarás aceptando al sistema y sus reglas. AMLO no se ha posicionado a favor de llevar hasta sus últimas consecuencias la justicia para las víctimas, sino el defender las instituciones pilares del Estado.

¡26 de septiembre no se olvida!

Este crimen de Estado no será olvidado. Evidencia la putrefacción del Estado, pero también la descomposición social producto del sistema capitalista. La 4T no ha podido frenar que el crimen organizado penetre el tejido social en estados como Guerrero, Chiapas y otras partes del país. Si bien no fue este gobierno el que perpetró el crimen contra los normalistas, no ha podido hacer justicia pues prefiere defender al Estado antes que a las familias campesinas que perdieron a sus hijos. Hoy seguimos viendo cómo el Estado es penetrado por el crimen organizado y, en algunas zonas, no hay una diferencia clara entre uno y otro. Por ejemplo, este año fue asesinado un estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, por un grupo de policías que actuaron como si fueran sicarios.

Hoy seguimos viendo como el Estado es penetrado por el crimen organizado y en algunas zonas no hay una diferencia clara entre uno y otro. Por ejemplo, este año fue asesinado un estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, por un grupo de policías que actuaron como si fueran sicarios.

Hace 10 años el Estado mostró su naturaleza reaccionaria, pequeñas reformas no han logrado cambiar su carácter. Hace 10 años se mostró la enorme necesidad de una transformación social y el potencial que tenemos los trabajadores y estudiantes para llevarlo a cabo. Pero también se reflejó la necesidad de estar mejor organizados y preparados, de contar con un partido revolucionario que permite que la lucha llegue hasta sus últimas consecuencias. Si bien, hoy hay ilusiones en que el cambio se puede dar de forma más gradual con el segundo piso de la 4T, la realidad es que la 4T no ha conseguido solucionar ningún problema de fondo, empezando por erradicar la violencia y al Estado burgués criminal. Tarde o temprano los trabajadores y los jóvenes saldremos nuevamente a las calles, no a buscar migajas, sino un cambio radical, por ello no hay tiempo que perder. Debemos construir ya el Partido Comunista Revolucionario que necesitamos.

 

El asesinato de Yanqui Kothan, estudiante de Ayotzinapa

El asesinato de Yanqui Kothan, estudiante de Ayotzinapa

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El asesinato de un nuevo estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por parte de los Policías estatales de Guerrero es un nuevo crimen de Estado (dentro del que se expresan los tentáculos de caciques priístas, del crimen organizado y lo más podrido del PRD). Este joven de 23 años manejaba una camioneta donde iba acompañado de otros dos estudiantes de dicha normal. Hicieron una parada para comprar cosas, mientras se dirigían a recoger a otros estudiantes a la central de autobuses, y fueron acosados por una patrulla de la Policía estatal de Guerrero. Uno de ellos, conocido como Arenita, huyó, pero fue alcanzado y retenido por 3 horas. El otro, Osiel, fue retenido por alrededor de 10 horas y torturado por los elementos policíacos estatales, sin que nunca fuera presentado al ministerio público.

Con la tortura se buscaba que Osiel declarara que llevaban armas y drogas, cosa que no consiguieron. Se acusó a los estudiantes de poseer dos armas, una larga y otra corta. La primera no fue nunca presentada y todo indica que la segunda no fue activada y parece sembrada en la escena del crimen. También se dijo falsamente que llevaban alcohol y drogas, en otro intento de establecer una “verdad histórica”, es decir, dar una versión falsa de los hechos para encubrir la culpabilidad del Estado en este nuevo crimen. Pero esta versión se vino rápidamente abajo.

Yanqui Kothan Gómez Peralta, el estudiante asesinado, tenía 23 años, su madre señala que era deportista, muy contrario a la versión de sus vínculos con las drogas. Su madre, en una entrevista al canal de YouTube Rompeviento TV, repitió una frase ya dicha por los estudiantes normalistas: “Para el Estado ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte”.

La Fiscalía estatal hizo una prueba de rodizonato en la que los estudiantes salieron positivos, pero la pólvora puede esparcirse y no es concluyente de que ellos hayan disparado. No olvidemos que, en 2011, en una protesta, dos estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados, salieron positivos en dicha prueba pero luego se descubrió que ya muertos la policía puso en sus manos armas y las detonaron.

La prueba balística de efectos, que indica la trayectoria de las balas, muestra que estas vinieron de fuera hacia adentro pero no de dentro hacia afuera de la camioneta. Es decir, los estudiantes no dispararon, el estudiante fue ejecutado por los hombres uniformados de la Policía estatal. AMLO también desmintió que estos estudiantes estuvieran armados y hubieran disparado.

AMLO se ha doblegado ante el poder militar

Vayamos un poco más atrás. El presidente AMLO prometió justicia por la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, estamos próximos a cumplir 10 años de este trágico hecho. En efecto, se dio un giro en la política, se realizaron nuevas investigaciones, se vino abajo la falsa verdad histórica construida por el Estado, se encontraron restos de dos estudiantes y se ratificó que este fue un crimen de Estado, donde actuaron conjunta y coordinadamente elementos policíacos de varios municipios, policías estatales, ejército, posteriormente marina y crimen organizado. Hacer justicia implica llegar al final de la verdad y el Ejército se ha protegido dando información parcial, mintiendo y ocultando pruebas clave que están bajo su control.

El gobierno de AMLO se ha apoyado en el Ejército para gobernar y le ha dado muchas concesiones. Este es un Ejército que no ha sido depurado y que ha presionado a AMLO. Un ejemplo claro es cuando fue detenido el general en retiro Salvador Cienfuegos por crímenes de tráfico de drogas en EEUU, él fungió como Secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Su actuar se puede resumir en su frase “no toquen a mis muchachos”, es decir no toquen al Ejército por el caso Ayotzinapa. Fue tal la presión de estas fuerzas armadas que AMLO tuvo que actuar al más alto nivel, para negociar con el gobierno de EEUU su liberación, sin que se hiciera ninguna investigación o juicio en México, dejándolo simplemente en libertad.

AMLO mismo condecoró el año pasado a Cienfuegos por sus aportaciones hechas en el Ejército, mientras declaraba que ya se había hecho justicia para Ayotzinapa. Ésta es una prueba de cómo el actual gobierno se ha doblegado ante el poder militar y se ha demostrado en el caso Ayotzinapa. Las distintas investigaciones han evidenciado la existencia de toda una serie de documentos que el Ejército tiene sobre su posesión y que no ha entregado. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), antes de abandonar el país, solicitó al Estado la entrega de esa información que tiene el Ejército. El que hubiera este freno fue la razón central de su salida de México.

AMLO dijo en la conferencia mañanera del 20 de septiembre de 2023 que “es falso que el Ejército no haya entregado toda la información”. Una semana después, Alejandro Encinas entregó el segundo informe de la CoVAJ, mostrando algunos documentos que habían estado en propiedad del Ejército y que aportaron nueva información. Con esto quedó en entredicho lo que había dicho AMLO, que el Ejército había entregado toda la información.

Los padres de los 43 y sus asesores demandan la entrega de más de 800 folios que el Ejército tiene y no ha mostrado. El informe de Encinas mostró algunos de éstos, poco tiempo después renunció y las relaciones entre el gobierno y los padres se enturbiaron aún más.

Un grupo muy pequeño de padres fue expulsado del movimiento por haber marchado a favor de la liberación de los Abarca (que gobernaban el municipio de Iguala cuando la noche del 26 de septiembre de 2014). Encinas fue muy cuidadoso de no negociar con este sector. Los padres tenían una reunión en enero con el nuevo subsecretario de gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y cuando llegaron estaban sentados en la mesa los padres expulsados. Eso era intolerable y se rompió el diálogo entre los padres y el gobierno. De allí los padres demandan diálogo directo con el presidente.

El presidente ha lanzado una ofensiva, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA y de la que se desprende el GIEI, como la Comisión de Derechos Humanos Agustín pro Juárez y en particular contra el abogado de los padres Vidulfo Rosales. AMLO apela a un diálogo directo con los padres, sin permitirles que se dé junto con los asesores que ellos decidan. También da largas para la reunión, diciendo que se está recabando nueva información valiosa que les quiere mostrar. Nosotros creemos que debe haber diálogo sin que el presidente ponga condiciones. Los padres tienen el derecho de asesorarse de quien ellos consideren. Si fuera el caso que Vidulfo no está actuando de manera congruente, debe ser decisión de los padres, y solo de ellos, el excluirlo.

Las protestas de los padres

Hay una clara ruptura entre los padres y los funcionarios estatales del gobierno de AMLO. Los padres de Ayotzinapa instalaron un plantón en el Zócalo desde el pasado 26 de marzo. Exigen la apertura de los archivos militares, y un diálogo directo con el presidente. El pasado miércoles 6 de marzo, se decidió levantar el plantón. En esos 10 días no se acercó ninguna autoridad del Gobierno Federal, sólo las de la CDMX para pedir que se movieran, pues iban a instalar el escenario para el acto de inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Obvio no se movieron del lugar.

Es significativo que la candidata de la 4T a la presidencia de la república, la clara favorita a suceder a AMLO en la presidencia, dio a conocer sus 100 compromisos de gobierno, mientras los padres de los 43 se encontraban en plantón allí mismo en el Zócalo, y no dijo una sola palabra explícita de justicia para Ayotzinapa.

Una de las consecuencias de que no se haya tocado a los militares, ni con el pétalo de una rosa, es que sus organismos de inteligencia siguen siendo los mismos que en el tiempo del PRI y el PAN. Recordemos que ellos mismos tenían un infiltrado entre los 43 de Ayotzinapa y que no tuvieron reparo alguno en dejarlo morir junto a los demás estudiantes, con tal de encubrir el crimen. Hoy en día la inteligencia militar sigue actuando a sus anchas para generar ante la opinión pública la imagen de que los de Ayotzinapa son merecedores de todo menos de justicia.

Antes de levantar el plantón, el 6 de marzo, decidieron hacer una corta marcha y entregar una petición formal del diálogo con el presidente. En el camino se encontraron una valla y se dieron fricciones con elementos policíacos, quienes golpearon a un padre y a otro compañero. La manifestación terminó con la puerta 1 de Palacio Nacional rota con una camioneta. Si las fuerzas de seguridad lo hubiesen querido, habrían contenido la manifestación, pero permitieron que se rompiera la puerta. Este tipo de provocaciones tienen como objetivo preparar a la opinión pública para justificar un acto represivo. Al día siguiente fue ejecutado el estudiante Yanqui Kothan. No cabe duda que las fuerzas oscuras del Estado, de burgueses y altos funcionarios reaccionarios, que son  las mismas que no han dudado en masacrar campesinos y estudiantes, siguen actuando impunemente.

Varios manifestantes ingresaron a las orillas de la sede presidencial, mientras Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia de prensa matutina. Estos podrían parecer actos ultraizquierdistas, y claro está que se deben analizar, no desde un punto moral sino desde su efectividad política. Pero no podemos abstraernos del contexto de violencia en que está sumido el Estado de Guerrero. Fueron los propios padres quienes pusieron una barrera humana para evitar un ingreso mayor de los manifestantes al Palacio Nacional que llevara a una mayor polarización y salieron del lugar.

Fue un día después, el 7 de marzo, que fue ejecutado en Guerrero el estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por miembros uniformados de la Policía estatal. Eso provocó la movilización de los normalistas quienes, según varios medios de prensa, como respuesta, retuvieron por algunas horas a algunos miembros de la Guardia Nacional.

Cuando se vino abajo “la verdad histórica” del caso Yanqui Kothan, se informó que habían sido detenidos los policías implicados. Pero estos nunca fueron entregados a la Fiscalía estatal ni se tiene claridad de qué dependencia los retuvo. Dándose así las condiciones para que el policía fuera liberado y escapara. Los estudiantes reaccionaron con una violenta protesta en la Fiscalía estatal, lanzando bombas caseras y quemando varios autos que se encontraban en el estacionamiento.

A la par de la fuga del policía, dos peritos que investigan el caso de los 43 y se trasladaban a Guerrero a apoyar la investigación del estudiante recién asesinado, desaparecieron. Por fortuna fueron encontrados con vida. Esto habla de que hay fuerzas que buscan generar la mayor inestabilidad y caos en la entidad y en el caso Ayotzinapa. También es claro que el Estado no se mueve bajo las órdenes de Evelin Salgado sino que tiene una lógica de actuación propia, donde sectores de la reacción controlan parte de este aparato y lo usan en su beneficio.

¿Caos provocado?

Lo primero que tenemos que señalar es que las demandas de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa son legítimas y siguen siendo una lucha justa. Que el actuar del gobierno de AMLO ha sido muy limitado y el no quererse enfrentar al Ejército ha llevado a que no se alcance la justicia. Es el claro límite de los reformistas que se apoyan en y fortalecen al Estado burgués que tiene una esencia represiva y asesina contra los trabajadores del campo y la ciudad.

Pero, por un lado hemos visto una campaña de desprestigio contra elementos como Vidulfo Rosales, el abogado de los padres; por otro, hemos visto también una campaña contra AMLO. La candidata de la derecha a la presidencia, Xóchitl Gálvez, se reunió con Luis Almagro, dirigente de la OEA. Poco después, The New York Times sacó un artículo que habla de un supuesto financiamiento a AMLO por parte del narcotráfico. Seguido de esto, se dio una guerra en redes sociales hablando de que AMLO es un narco presidente. Según el gobierno, el 96% de estos tuits vienen del extranjero. Más que un vínculo real del actual gobierno con el narco, vemos una guerra sucia de la derecha nacional e internacional, quienes aspiran al desprestigio del gobierno para ganar posiciones en las elecciones del 2 de junio. Por supuesto, la oposición de derecha busca acentuar que esta ruptura entre la lucha de Ayotzinapa y el Gobierno de AMLO se acentúe y en el choque jalar agua para su molino.

La noche de Iguala mostró cómo el Estado y el crimen organizado se pueden incluso fundir y confundir en el Estado de Guerrero. Políticos y empresarios mantienen vínculos o incluso son parte del crimen organizado. Las pasadas elecciones estatales fueron vistas por las masas como la oportunidad de deshacerse de esas mafias y se dio un voto masivo a Morena. Pero una elección no es capaz de cambiar la realidad y menos si los gobernantes no asumen un programa revolucionario ni se apoyan en el movimiento de masas de los trabajadores para transformar la realidad.

Viejos políticos mafiosos de los partidos del PRI y el PRD, apoyándose en el crimen organizado, buscan desestabilizar al Estado para debilitar y desprestigiar a los gobiernos de Morena y regresar a sus viejos cotos de poder. Esto, sumado a las disputas entre el crimen organizado y el combate a la lucha de las comunidades, estudiantes y trabajadores; es un coctel de violencia que mantiene a la población atemorizada. Lamentablemente, el caso de Yanqui Kothan no es aislado, hay un ambiente de violencia generalizada.

El fracaso de los gobiernos de Morena en el tema de la seguridad, la imposibilidad de dar justicia al caso Ayotzinapa y frenar la violencia en el Estado de Guerrero (que vive realmente una situación de barbarie), sumado a la violencia que han sufrido los estudiantes mismos, ha llevado a la FECSM de Ayotzinapa a realizar acciones de carácter ultraizquierdista.

Claro está, que en Guerrero es común la violencia en las protestas de masas y eso muchas veces está completamente justificado. Engels decía que la violencia es la partera de la historia. Pero lo que debemos cuestionarnos, alejados de moralismo, es qué métodos nos ayudan a alcanzar nuestros fines y cuáles nos alejan. Nosotros creemos que los métodos que nos sirven son los que ayudan a elevar la conciencia de los trabajadores, que ayudan a cohesionarnos e impulsar al movimiento de masas. En el contexto de violencia, evidentemente deben haber medidas de seguridad y autodefensa, pero la clave está en conseguir el apoyo y la movilización de los maestros, el resto de trabajadores, de los campesinos y los estudiantes.

Han habido acciones de los normalistas que han llevado a que pobladores de Tixtla (el histórico municipio donde se encuentra la normal) lleguen a pensar que sería mejor que cerraran Ayotzinapa y eso contribuiría a que la violencia bajara. Si la lucha de los estudiantes se aleja del pueblo trabajador, estarán perdidos. Los métodos ultraizquierdistas, además, son más susceptibles para que la reacción los use e incluso infiltre elementos en protestas para provocar inestabilidad. Esto se combate con democracia interna; con la formación de cuadros comunistas revolucionarios, con suficiente nivel y claridad política, y con una estrategia que ayude a cohesionar la lucha de los trabajadores.

El gobierno de Morena ha dejado en evidencia los límites de los reformistas y de la lucha electoral. Eso no significa que las masas hayan abandonado esas vías para expresar su descontento e incluso luchar contra la reacción. Pero hemos visto expresiones mucho más avanzadas de las masas en Guerrero para hacer frente a la barbarie del sistema capitalista. Podemos mencionar huelgas del transporte público que han paralizado a Acapulco para exigir seguridad. Si esto se generalizara en una huelga general de los trabajadores, daría una respuesta contundente a la violencia barbárica. Imaginemos a los normalistas parando y yendo a protestar, pero no solos, sino con los trabajadores del transporte en paro junto con los maestros (históricos aliados), con el clave sector turístico en huelga. Eso sí que sería una respuesta de unidad frente a la reacción y sus grupos armados. No olvidemos otros métodos: las Policías comunitarias. Es decir, las comunidades organizadas democráticamente con un sector armado para hacer frente al crimen organizado bajo el control de la base.

Recordemos algo más. ¿Qué pasó en 2014? La unidad de la masiva lucha de los maestros con otros sindicatos, con los estudiantes de Ayotzinapa y las comunidades organizadas en Policías comunitarias. Esto consiguió, en una histórica marcha a Chilpancingo, liberar a Policías comunitarios que habían caído presos. Esto en un contexto de lucha nacional, pero que tuvo su epicentro en la lucha local en Guerrero. Eso puso al régimen contra la pared y se establecieron, en varios municipios, elementos de doble poder.

En Tixtla, por ejemplo, se formó un Gobierno popular. Un dato curioso, producto de esa lucha el auditorio municipal fue ocupado por el movimiento y llenado de murales. A Yanqui Kothan le gustaba pintar y pintó un mural, siendo adolescente, en dicho auditorio.

La situación de doble poder o se generaliza y acaba con el Estado burgués actual o el Estado actual predominará y aplastará al naciente poder de los trabajadores. Esto segundo fue lo que pasó. Pero estas luchas marcan el camino a seguir.

Tenemos enemigos internos. Los reformistas están buscando institucionalizar la protesta, dar apoyos sociales a cambio que la gente no se movilice. Han fomentado el fortalecimiento del Estado y su monopolio de violencia. Si bien han atacado en algunos casos al crimen organizado, también han desmantelado a Policías comunitarias.

El problema central lo vemos en los límites del programa y la política de los reformistas. Sin duda que hay una intención de desestabilizar al Estado de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado del partido Morena. Los reformistas no son capaces de resolver los problemas de fondo porque no buscan cambiar al sistema que es el problema de raíz. También, es cierto, que la derecha lanza sus tentáculos e intenta infiltrar nuestra lucha o cooptar a nuestros camaradas. Esto no se resuelve con una visión paranoica de desconfiar todos de todos, que es justo lo que busca la reacción, sino estableciendo mecanismos de democracia y control obrero y pugnando por direcciones conformadas por cuadros políticos consecuentes (nosotros diríamos realmente comunistas revolucionarios que promuevan la democracia obrera).

Existen elementos en el magisterio, en la FCSUM, en las comunidades, en otras escuelas y centros de trabajo, que ven necesaria una lucha revolucionaria ante la incapacidad reformista, ante la corrupción de algunos líderes, frente a las ganas y necesidad de los trabajadores y estudiantes de luchar, pero también de defender a nuestras organizaciones. Necesitamos crear cuadros comunistas revolucionarios consecuentes que pugnen por la democracia en el seno de nuestras organizaciones de combate, que pugnen por promover que las protestas ayuden a elevar la unidad y el nivel de conciencia del conjunto del pueblo, que defiendan a muerte nuestras demandas sin ninguna concesión al reformismo. Lo de los normalistas han sido crímenes de Estado, de un narco Estado, y la real justicia vendrá cuando acabemos con ese aparato criminal, que sólo será posible con un levantamiento generalizado de los trabajadores que barra con esta escoria y establezca un Estado de y para los trabajadores del campo y la ciudad.

Las condiciones de la lucha de clases en Guerrero no es un juego de niños. No vamos a poner el pecho a la reacción para que masacran a compañeros como Yanqui (que realmente fue una víctima de la reacción que busca inestabilizar al Estado y al país). Hay que saber actuar con cautela, proteger a nuestros cuadros y fortalecer la organización de masas de las comunidades y trabajadores de la ciudad y crear los cuadros revolucionarios que el movimiento necesita.

¡Justicia para Yanqui Kothan y los 43 de Ayotzinapa!

¡Por el desarrollo del movimiento de masas de trabajadores y estudiantes!

¡Por un Estado de los trabajadores que acabe con la violencia criminal del sistema!

A 9 años: No sólo es Ayotzinapa, el capitalismo nos lleva a la barbarie

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Las fuerzas armadas estatales fueron partícipes, desde el primer momento, del crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa iniciado en la noche del 26 de septiembre de 2014. El saldo es de 6 personas asesinadas en esa noche, un estudiante aún en coma y la desaparición de 43 más, de los cuales se han encontrado hasta ahora restos humanos de 3 de ellos. Fue un actuar estructurado entre las fuerzas armadas del Estado y el crimen organizado. Perpetuado el crimen había que ocultar o distorsionar los hechos, tanto para la opinión pública como para encubrir el proceso legal. Eso ocurrió desde las altas esferas del Estado, inventando una versión falsa de los hechos, la llamada “verdad histórica”. El poder judicial dispersó el caso en varias fiscalías del país, para complejizar y hacer muy difícil el acceso a la justicia. Muchos jueces han liberado a presuntos culpables y desechado pruebas clave. Aunque el mismo presidente ha solicitado información fundamental que tiene el ejército y la marina, estos sólo han dado una pequeña parte de la misma, mienten sobre su actuar, destruyen información clave o la ocultan. No cabe duda, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el gobierno actual, el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado.

El corrupto Estado mexicano tiene una historia de sangre, donde la tortura y asesinato han formado parte de su actuar regular, basta recordar el 2 de octubre de 1968. Así como la democracia burguesa es una delgada hoja de parra que encubre la dictadura del capital, el Estado sirve para protegerse y defender los intereses de la burguesía legal e ilegal (narcotráfico) pero  debe dar una cara pública de paladín de la justicia imparcial y defensa de la democracia. Debido a acuerdos internacionales, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a aceptar la intervención del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Su objetivo ha sido siempre la defensa y fortalecimiento de las instituciones del Estado, pugnando por su buen actuar. Lo interesante es que eso ha implicado críticas a su funcionamiento, mientras hacen una investigación paralela en el caso Ayotzinapa. Esto ha dejado en evidencia la putrefacción del Estado mexicano y su implicación directa en el asesinato y desaparición de estudiantes y en el ocultamiento del crimen. No cabe duda: ¡Fue el Estado! ¡Fue el ejército!

Bajo el gobierno de AMLO ha habido más apertura, se ha intentado avanzar en la verdad y la justicia, se ha dado mayores facilidades al GIEI. Pero el aparato Estatal actúa de forma independiente, reacciona contra ello y sigue boicoteando para que no haya justicia. AMLO puede tener mejor voluntad política, en su persona podría querer que se sepa la verdad y se haga justicia. Pero su política entra en contradicción entre lo que quiere y lo que ocurre. En su lógica de reformar al sistema, inevitablemente se apoya y fortalece instituciones clave del Estado como el ejército para gobernar. A eso hay que sumar que esas no han sido ni siquiera depuradas y se convierten en el Estado dentro del Estado, ejerciendo una gran presión contra el mismo poder federal. El resultado es que AMLO no va a fondo pues significaría combatir al ejército criminal, en que se apoya y es su aliado. Eso quedó en evidencia en la negociación que hizo con Trump cuando en EEUU detuvieron al que fuera jefe de las fuerzas armadas en los tiempos de la desaparición de los 43, Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico (quien además actuó como protector del ejército tras la noche de Iguala).  Por la intervención de AMLO y Marcelo Ebrard, Cienfuegos fue liberado sin juicio ni investigación en México. El que AMLO no quiere enfrentarse al ejército lo vemos en el mismo caso Ayotzinapa, donde tiene una actitud tímida contra las fuerzas armadas.

El problema de fondo no es el gobierno, es el sistema y su Estado. No basta cambiar la administración del Estado, hay que destruirlo y sustituirlo por otro basado en la organización de los trabajadores.

El VI informe de GIEI

Los estudiantes de Ayotzinapa, tenían designado por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que están afiliados, conseguir autobuses para que los estudiantes de las normales rurales pudieran asistir a la marcha del 2 de octubre, aniversario de la masacre estudiantil de 1968, en ciudad de México. A eso fueron a Iguala ese 26 de septiembre. Tomaron 5 autobuses. En ese momento fueron atacados por fuerzas estatales y grupos de narcotraficantes Guerreros Unidos. Eso derivó, como ya dijimos, en 43 estudiantes desaparecidos, 6 muertos (incluyendo un estudiante desollado y 3 civiles que no pertenecían a la normal) y, entre los heridos, un estudiante en estado vegetativo.

El informe del GIEI demuestra la actuación de distintas corporaciones estatales: policías Estatales, Ministeriales, el ejército y la marina (en los días posteriores), así como del crimen organizado. Esto ocurre en distintas zonas de la ciudad de Iguala. Se ve el actuar coordinado de policías y elementos del crimen organizado, quienes atacan a los estudiantes, mientras que los elementos del ejército estaban presentes (dejando abierta la posibilidad de su actuación) y no actuaron en la defensa de los estudiantes.

El GIEI señala que las declaraciones del ejército han cambiado en el tiempo, de acuerdo a los descubrimientos que sus investigaciones han arrojado. Que han dado información parcial o de plano han ocultado la verdad. Por ejemplo, hay declaraciones de elementos de la Sedena que señalan que estuvieron en ciertos escenarios particulares pero la geolocalización de sus teléfonos móviles demuestra que estuvieron moviéndose en los distintos escenarios de la ciudad donde se perpetró el crimen.

También se sabe que el ejército tenía infiltrados dentro de los estudiantes que daban  información en tiempo real y que hubo también información entre el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y los militares (quienes de hecho tenían gente en esa dependencia manipulando las cámaras y manteniendo comunicación directa). Esa información, también, llegaba de manera continua con el Secretario de la Defensa Nacional, al que de hecho no se ha investigado. ¿Qué demuestra esto? Qué el ejército estuvo presente en los escenarios del crimen, saben qué pasó y ocultan la verdad.

Gracias a la investigación, por ejemplo la comunicación del ejército con otras dependencias, se sabe de la existencia de información y documentos probatorios en propiedad del ejército que éste ha ocultado o destruido.

También se muestra en el informe del GIEI que el ejército, en coordinación con el grupo Guerreros Unidos del narcotráfico, ayudó a desaparecer al menos a 6 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por ello los padres y estudiantes de la normal han realizado protestas frente al 23 batallón.

De la verdad histórica a la institucionalización de la mentira

¿Por qué se fue el GIEI del país? Porque no tenía posibilidad de avanzar significativamente en la investigación debido al ocultamiento de la verdad por parte de instituciones como el ejército. Sin embargo, AMLO, tras el VI informe, dijo que no coincidía con ellos señalando que se habían abierto las carpetas y habían 150 detenidos, incluyendo dos generales y altos funcionarios como el pasado fiscal.

A dos días del 9⁰ aniversario de la sangrienta noche de Iguala, el presidente mexicano ha declarado que ya se entregó toda la información. Se tuvo una reunión entre el gobierno y los padres de los 43 el 25 de septiembre de este año, pero en esta ocasión López Obrador no estuvo presente. Al finalizar la reunión, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales declaró:

“Alejandro Encinas lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos”.

“Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo… no se dice nada de quién construyó la verdad histórica”.

Este fue un crimen de Estado en colusión con el crimen organizado. Es el reflejo claro del fracaso del reformismo, que se apoya en las instituciones estatales que tienen un historial de crímenes contra los trabajadores y que después sucumbe a sus presiones. Vemos la claudicación de López Obrador ante la presión del ejército. No hay verdad y no hay justicia para Ayotzinapa

Nos faltan 43 y muchos más

El caso Ayotzinapa y el problema de la violencia serán cuentas pendientes que no logrará resolver el actual presidente. Es un problema heredado, pero que hunde sus raíces en la descomposición social a la que nos ha llevado el capitalismo. Décadas de ataques, privatizaciones, sobreexplotación, falta de educación, falta de empleos formales, pérdidas de contratos colectivos, ruina en el campo, etc. llevaron a un colapso de los niveles de vida y una desigualdad obscena. Esa precariedad dio paso a la instauración sólida del mercado de la droga, creándose poderosas organizaciones de narcotraficantes, con fuerte poderío económico y militar, que controlan o se disputan amplios territorios. AMLO lleva adelante programas sociales que contienen parcialmente la precarización de la población, pero eso es una aspirina para curar la enfermedad llamada capitalismo.

Combatir de raíz el problema significa atacar las riquezas de los grandes capitalistas y narcotraficantes, poner las palancas económicas en manos de los trabajadores y las riquezas al servicio de la sociedad, así podemos acabar con la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de educación y la violencia.

Parte del problema de la violencia está ligada al crimen organizado pero no se limita a éste. Fuera de esto también vemos alarmantes cifras de homicidios, feminicidios y desapariciones, lo que indica que hay una descomposición social muy profunda y arraigada, que, sostenemos, está intrínsecamente ligada a un sistema capitalista putrefacto que nos lleva a la barbarie.

La derecha arremete contra él actual gobierno de manera hipócrita. Xóchitl Gálvez ha reivindicado la política de seguridad de Felipe Calderón, donde no sólo se expone el saldo de sangre sino también la infiltración del narcotráfico en el Estado, llegando a las más altas esferas. Pero es verdad que la 4T no ha logrado revertir el problema de la violencia.

Para un burócrata reformista, si las cifras no cuadran no hay que cambiar la realidad sino las estadísticas. Dado el alarmante problema de los desaparecidos, se han arrojado cifras de más de ciento diez mil casos. El equipo de seguridad de AMLO presionó para hacer un nuevo censo de las víctimas. Se ha descubierto a desaparecidos en listas de vacunación sin que realmente se sepa dónde están, pero también vemos que algunos sí han aparecido en casas (donde no dan datos si fueron secuestrados y no quitaron el reporte u otra razón). Sin embargo, el fin no es tener datos más fidedignos sino el de bajar las estadísticas. Esto llevó a la renuncia de Karla Quintana, comisionada de búsqueda de personas desaparecidas, identificada con el equipo de Alejandro Encinas, quien no estuvo de acuerdo con esta política.

El caso de Jalisco 

No sólo no se ha dado justicia para Ayotzinapa, el problema de violencia persiste. El 11 de agosto desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco, 5 jóvenes. Se mostraron videos donde presuntamente se encontraban estos maniatados y posteriormente se encontró un auto, propiedad de uno de los chicos, en llamas, con restos humanos de una persona dentro del mismo. Eso generó la indignación de los tapatíos que realizaron protestas por su aparición.

Las cifras oficiales de desaparecidos en Jalisco son de más de 14 mil, aunque hay muchas críticas de que ocultan muchos casos. El actuar de las fiscalías y el gobierno de Alfaro es patético, parecen coludidos al crimen organizado

En Jalisco se han dado fenómenos de desapariciones múltiples como el de cuatro mujeres en Encarnación de Díaz, secuestradas fuera y dentro de su casa. Otro caso es el de unos trabajadores de un Call Center en Zapopan, que fueron secuestrados en su trabajo y luego aparecieron muertos. Es un ejemplo de la barbarie que recorre muchas zonas del país, donde los jóvenes, las mujeres y los trabajadores estamos en permanente riesgo y donde las autoridades se coluden con el crimen organizado y no son capaces de dar la más mínima justicia.

Jalisco representa un problema grave pero no el único. En varias zonas del país el crimen organizado es un cáncer. El estado de Guerrero mismo es un claro ejemplo de ello, donde el crimen organizado amedrenta a la población, impone tarifas en productos básicos, asesina a activistas sociales y a gente que les denuncia. Se infiltra en las policías y se disfraza en las policías comunitarias. Sólo ahí donde el pueblo trabajador muestra la fuerza de su unidad, su organización y lucha, es donde se les puede hacer frente y replegar.

La única forma de hacer frente a la violencia barbárica a que nos lleva el capitalismo es con un poderoso movimiento de masas revolucionario, como el que se vivió embrionariamente en 2014-15 que llevó a la  unidad de los comunitarios, con los estudiantes y proletarios (empezando por los maestros) y a la toma del palacio municipal de Tixtla por parte del pueblo trabajador.

No hay alternativa dentro de este sistema

El crimen organizado sigue actuando, se infiltra en los partidos políticos y en los gobiernos locales. El Estado está podrido. Fiscales y jueces siguen protegiendo a los criminales, no hablamos solo de narcotraficantes, de militares o policías, sino de feminicidios y asesinos comunes, que siguen libres. Las madres se organizan más efectivamente que el Estado para encontrar desaparecidos, los familiares hacen mejores investigaciones que las fiscalías, el pueblo trabajador organizado es más efectivo que el Estado burgués.

Ya en 2014 vimos emerger un inspirador movimiento de masas que puso al régimen contra la pared, donde la rabia se mezclaba con aires de revolución. Vimos un profundo movimiento que augura un cambio radical y no es para menos. Lo cierto es que este sistema capitalista nos ofrece ser carne de explotación o la muerte. El movimiento está pasando por la experiencia de AMLO, lo que podemos concluir es que el sistema está  tan enfermo, que pequeñas reformas no lo sanarán. El sistema debe morir para que la vida florezca. No hay salida, o nos organizamos para acabar con el capitalismo o el capitalismo acabará con nosotros.

¡Organízate, fórmate y lucha por el comunismo!

Ayotzinapa: filtración, revictimización y falta de justicia

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La presidencia para la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) hizo público, hace alrededor de un mes, un informe de la investigación, el cual contiene partes testadas. Estos testeos se entienden en el sentido que se busca no dificultar que avance el proceso judicial ni alertar a autores importantes que puedan ser procesados. Dos días antes de que se cumplan 8 años de la trágica noche de Iguala la periodista del diario Reforma, Peniley Ramírez, a quién fue filtrado el informe de la CoVAJ sin testar, ha publicado un artículo con información sensible y en su Twitter imágenes de algunas partes antes ocultas. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿A quién sirve este tipo de notas? No sirve a que el proceso legal de justicia avance pues se pueden argumentar violaciones al debido proceso y alertar a testigos o implicados claves que pueden darse a la fuga (como antes pasó con Zerón de Lucio), no ayuda a que el actual gobierno avance en resolver el caso, además que revictimiza a los padres de los 43.

El Centro de Derechos Humanos ProDH lamentó esta filtración y pone el énfasis en que “ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.

https://twitter.com/CentroProdh/status/1573756175715377152?s=20&t=9UMA6tga2Ry9koeTX5-BlA

Un periodista que en verdad está a favor de la justicia por el caso Ayotzinapa debe actuar en consecuencia, no como lo hizo Peniley y el diario Reforma. Ella señala que el gobierno defiende a Julian Assange, quien filtró información sensible, y a ella la crítica. La diferencia es que el primero desenmascaró el actuar hipócrita de los imperialistas y la nota de Reforma revictimiza a los padres y contribuye a dificultar el acceso a la justicia. Sin embargo, es verdad que el problema central está en la filtración que mismas estructuras del Estado hicieron.

Fue el Estado y el Estado sigue encubriendo

El propio informe público de la CoVAJ ha explicado cómo las estructuras del poder judicial han actuado con la intención de dificultar la justicia, nosotros diríamos con la intención de que no haya justicia. Esto lo hemos visto nuevamente con el juez Samuel Ventura Ramos (que pertenece a Matamoros, Tamaulipas, a más de mil kilómetros de distancia de Iguala) que hace unos días exoneró del delito de secuestro a José Luis Abarca, antiguo alcalde de Iguala y liberó a 24 encarcelados por el caso, sumando ya 120 presuntos implicados que ha liberado. La filtración de estos documentos sin testar es otra muestra clara de que el aparato Estatal mismo actúa para evitar verdadera justicia. La legalidad burguesa es como una telaraña, los poderosos la rompen y a los débiles atrapa.

¿Qué se dice que pasó?

La nota de Reforma señala que los estudiantes fueron en su mayoría ultimados esa misma noche del 26-27 de septiembre. Fue el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien ordenó que no quería a nadie vivo. Sin embargo, algunos estudiantes permanecieron vivos hasta 5 días después. Peña Nieto envió a Tomás Zerón para hablar con abarca, ofreciéndole que pidiera licencia y saliera del país. Luego vinieron medidas para encubrir los hechos y mover los cuerpos de lugar. Para ello intervino el ejército y se llevaron a los estudiantes al 27° batallón de infantería.

Esto no hace más que ratificar la implicación del Estado y del ejército en este crimen, su vínculo (o fusión) con el crimen organizado, el ocultamiento de la verdad y la protección de los criminales (protección de ellos mismos porque aunque hay nombres sigue quedando claro que es un crimen de Estado).

¿Qué queda por hacer?

Estos 8 años han sido una tortura para los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. No saber qué pasó ni donde están es una angustia permanente. Además, la justicia no llega. Dante Alighieri en La Divina Comedia decía que el camino al infierno está abonado de buenas intenciones. Incluso en el caso que el gobierno de AMLO y Alejandro Encinas quieran hacer justicia su estrategia está completamente errada. Se busca la justicia en el mismo Estado que cometió el crimen. Piensan que éste puede ser reformado, pero vemos que sigue actuando en contra de los pobres, de las familias campesinas, de los crímenes cometidos contra el pueblo trabajador. El gobierno de AMLO en vez de apoyarse en la organización y lucha de un pueblo que sigue clamando justicia y aspira a un cambio profundo, rescata a un Estado que estaba desacreditado y lo fortalece.

El 26 de septiembre de 2014 no se olvida y eso se debe a que desencadenó una de las más masivas, dignas e importantes luchas que ha dado este país. Todas las causas de la izquierda, todas las organizaciones de clase, el pueblo llano, los jóvenes naciendo a la política nos unimos al clamor de justicia para los 43. Frente a nosotros vimos la podredumbre del capitalismo que nos lleva a la barbarie y su estado que huele a putrefacción.

Los estudiantes caídos y desaparecidos en la noche de Iguala son semillas, que abonan a la lucha revolucionaria. 8 años después vemos que el problema es el sistema capitalista y su Estado. Cuando gritamos en las manifestaciones que el pueblo organizado es quien vengará estos crímenes no lo hacemos como una consigna vacía. La verdadera justicia vendrá de una lucha de los campesinos, los obreros y sus hijos por un cambio radical, socialista, de esta sociedad basado en la democracia de los trabajadores. Ahí si acabaremos con este Estado asesino y haremos justicia contra todos los criminales materiales que han actuado contra el pueblo y los 43 de Ayotzinapa.

¡Si quieres justicia para Ayotzinapa organízate y lucha contra el sistema capitalista y su Estado!

Ayotzinapa: mientras no haya justicia y verdad para los 43 la lucha debe continuar

Ayotzinapa: mientras no haya justicia y verdad para los 43 la lucha debe continuar

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Estamos próximos a cumplir 8 años de aquella trágica noche de Iguala, dónde estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por distintas corporaciones armadas del estado y del crimen organizado. 6 personas fueron asesinadas (3 de ellas normalistas), un estudiante quedó en coma y 43 fueron desaparecidos.

Bajo el gobierno de Peña Nieto  se ocultó la realidad y sé creo una versión de los hechos conocida como “la verdad histórica” que decía que los estudiantes habían ido a Iguala a boicotear un acto de la esposa del presidente municipal, siendo detenidos y entregados por la policía a un grupo de narcotraficantes, quienes los mataron, incineraron en el basurero de Cocula y metieron sus restos en bolsas negras para arrojarlas al Río San Juan. El objetivo de esta versión era ocultar la verdad, desviar la atención y encubrir a las instituciones estatales y funcionarios implicados. Esta versión se montó con testimonios obtenidos bajo tortura y sembrando pruebas, como se sabe lo hizo Tomás Zerón de Lucio, que ahora esta prófugo en Israel.

El caso Ayotzinapa levantó uno de los más dignos e inspiradores movimientos de masas que hemos visto en el país. Todos nos unimos bajo una misma bandera. Las instituciones del Estado y los medios de comunicación masivos quedaron desacreditados. En la mente de las masas nacía la idea de la necesidad de una transformación profunda, revolucionaria, de la sociedad. Esa masiva lucha y la dignidad que han mantenido todo esté tiempo los padres de los estudiantes, es lo que mantiene vivo el grito de justicia y la búsqueda de la verdad.

El informe de la CoVAJ

AMLO prometió verdad y justicia para Ayotzinapa. Ha reconocido que es una de sus promesas que no ha logrado cumplir. Recientemente la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha dado un informe (bit.ly/3wmYqhP). En medios de comunicación burgueses se ha dicho que este informe es lo mismo que lo dicho en la Verdad Histórica, algo claramente falso. La versión que da la CoVAJ es claramente diferente. El punto más importante es que hay un reconocimiento oficial de que lo de Ayotzinapa “constituyó un crimen de Estado” (Informe CoVAJ, p.93).

Otra diferencia con la verdad histórica es que este informe reconoce la existencia de un quinto autobús que contenía (sin que los estudiantes supieran) dinero o drogas. Los estudiantes fueron desalojados para salir sin pasajeros de Guerrero rumbo al Estado de Morelos. Eso ocurrió, como dice Luis Hernandez Navarro, “sin ser detenido, librando 16 retenes en el perímetro de Iguala en todas sus salidas. ¿Quién, sino el Ejército, fue capaz de facilitar una operación de esa magnitud?” (La Jornada – Ayotzinapa, al filo del abismo).

También estos medios dicen que el nuevo informe no aporta nada nuevo. Lo cierto es que no nace de la nada, es resultado de la colaboración con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, aportes de investigaciones periodísticas, intervención de organizaciones sociales, declaraciones de los sobrevivientes, etc. Pero, al contar con más fuentes de información (dicen que se usaron 41,168 documentos incluyendo conversaciones, videos, capturas de chats, intervenciones de la DEA y el ejército, entrevistas a implicados, etc.)  sí da nuevos datos y abre nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que goza de gran autoridad, ha criticado que no le han dado acceso a todas las fuentes. Los padres, si bien no desestiman a priori este nuevo informe, si piden que sea comprobado y verificado científicamente por el GIEI.

La CoVAJ dice que al salir de la central de autobuses, dónde los estudiantes tomaron  unidades, nunca volvieron a juntarse. Se refleja la actuación conjunta de distintas corporaciones armadas del Estado y del crimen organizado (algo ya conocido) que atacaron en distintos momentos a los estudiantes. Retuvieron a los estudiantes en distintos puntos para después recibir la orden de ejecutarlos y desaparecerlos (“pasarlos a machete”).

La CoVAJ reconoce a uno de los infiltrados del ejército en Ayotzinapa, Julio Cesar López Patolzin, quién daba información regular. Este joven es uno de los 43 desaparecidos y sus altos mandos no hicieron nada (cómo los protocolos del ejército indican) para rescatarlo.

Además, el informe ratifica lo que el GIEI y toda una serie de periodistas ya había dicho, “las autoridades federales, estatales y municipal (Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras), estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la FECSUM de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México” (Informe CoVAJ, pp. 31 y 32). Lejos de proteger a los estudiantes estuvieron implicados en su represión y desaparición, para después montar una versión falsa de los hechos para encubrirse.

El informe señala que por 5 días un grupo de estudiantes secuestrados se mantuvo vivo y el ejército tampoco hizo nada para rescatarlos.

Los estudiantes, entonces fueron retenidos en grupos diferentes en distintas lugares, fueron presuntamente ultimados y sus cuerpos tuvieron diferentes destinos. Señalan que han hecho labores de búsqueda en donde las investigaciones han señalado que pueden estar los estudiantes, así fue que encontraron ADN en algunos de los más de mil pequeños restos humanos recuperados, algunos de ellos corresponden a dos estudiantes desaparecidos: Joshvani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Anteriormente se encontraron en Cocula restos (que se sospecha pudieron haber sido sembrados) de Alexander Mora, otro de los 43.  De 40 estudiantes más, no hay un sólo rastro ni evidencia científica de su muerte.

No hay verdad sobre los 43

Los actuales estudiantes de Ayotzinapa están impulsado toda una jornada de lucha exigiendo saber dónde están sus compañeros. Los padres de los normalistas se han posicionado, al cumplirse 95 meses de la trágica noche de iguala, 7 años y 11 meses, salieron como cada día 26 a marchar. En esta lucha, estas familias pobres, han tenido que lidiar exigiendo justicia, llevándose con ello su salud, también la vida de algunos de los padres que han muerto sin encontrar el paradero de sus hijos. Ahora el gobierno dice que sus hijos pueden estar muertos, pero no les entregan sus cuerpos a quien llorarles y enterrarlos. En la Ciudad de México, declararon sobre el informe del CoVAJ:

“El reconocimiento que los hechos acontecidos el 26 de septiembre es un Crimen de Estado es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas.”

“La participación de autoridades de por lo menos cuatro municipios aledaños a Iguala, policía federal y elementos del 27 y 48 batallón de infantería, así como de la 35 zona militar. Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos.”

“Se desarrollaron en varios lugares por lo que fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión criminal y cobarde contra nuestros hijos.”

“El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostener la afirmación del gobierno. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y que pasó con ellos.” (Entre el dolor y la esperanza: 8 años de lucha por la verdad – Tlachinollan | Centro de Derechos Humanos de la Montaña).

Julio Cesar Mondragón, fue uno de los estudiantes asesinados en la noche del 26-27 de septiembre de 2014, sería además desollado. El informe menciona el momento en que fue sometido, mensajes posteriores entre sicarios que presuntamente cometieron el hecho y sabían su seudónimo. También dice que sólo 3 estudiantes llamaron la atención de Guerreros Unidos, uno de ellos fue Julio Cesar Mondragón.

La familia de Julio Cesar Mondragón señala que el informe de Encinas no aclara a cabalidad quienes fueron los culpables de su asesinato. En un comunicado dicen: “Exigimos que en el informe de la Comisión se profundice en cómo es [que] los asesinos sabían el sobrenombre Julio César Mondragón, y cómo y por qué había sido señalado como objetivo prioritario para quienes lo mataron”. Informe sobre Ayotzinapa no aclara caso de Julio César Mondragón, denuncian familiares – Desinformémonos (desinformemonos.org)

¿Habrá justicia?

Tras presentar el informe, el exprocurador Murillo Karam, la cara más pública de defensa de la verdad histórica, ha sido encarcelado y fincado a proceso. Se han extendido en total 83 órdenes de aprehensión, incluyendo a una veintena de militares. Pero al momento que Karam entraba a la cárcel, salía de ella Rosario Robles, ex funcionaria del gobierno de EPN que estuvo presuntamente implicada en una de los más grandes actos de corrupción de la historia del país. En este sexenio hemos visto desfilar en las cárceles a exfuncionarios y empresarios corruptos, para después verlos salir sin haber cubierto las condenas que les corresponden por sus delitos cometidos.

El informe de la CoVAJ da un dato relevante, 26 testigos clave han muerto durante el proceso, muchos de ellos asesinados. También muestra cómo el poder judicial ha actuado en contra de la justicia (incluso en los límites que te da el Estado burgués). El caso fue dispersado en 7 entidades del país, los jueces han actuado discrecionalmente interpretando las pruebas y los casos en detrimento de la justicia. Por ejemplo, se ha liberado a los posibles implicados sin dar aviso al Ministerio Público, se niegan pruebas o se argumenta falta de competencia para atender el caso, etc.

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, ha señalado que no basta con dar información para que esta se vuelva una prueba jurídica y el ejército tiene información que no quiere ratificar para darle validez en el proceso judicial.

Todo el aparataje legal actúa en contra de la justicia y la protección de los delincuentes, no podría ser diferente, pues es el actuar del Estado auto protegiéndose.

El informe de la CoVAJ dice:

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos. Alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes” (p. 96).

Pese a ello, no se está considerando (como ya lo dijo AMLO en una conferencia mañanera) investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ni a Salvador Cienfuegos, quien fuera encargado de la Secretaría de Seguridad Nacional (Sedena). Este general por breve tiempo fue detenido en Estados Unidos por delitos del narcotráfico pero fue liberado por negociaciones al más alto nivel entre el actual gobierno mexicano y el estadounidense.

El gobierno de AMLO está actuando de una forma diferente al gobierno de Peña Nieto, el problema radica en que el ejército está directamente implicado en este crimen y el gobierno actual, hasta el momento, no ha mostrado disposición a enfrentarse seriamente a él. Sus hechos muestran que está dispuesto a avanzar hasta el punto que no choque con las fuerzas armadas castrenses y, habrá que añadir, sin atacar a altos funcionarios gubernamentales implicados, empezando por el expresidente EPN. Eso, en el transcurso de estos años, ha sido percibido por los padres de los 43, sumado a que el tiempo avanza sin tener resultados concretos de justicia, ha llevado a una mayor incredulidad y desconfianza al actual gobierno por parte de los padres de los normalistas desaparecidos.

Fue, es, el Estado

¿Qué es el Estado? Es un instrumento creado, en última instancia, para proteger los intereses de la clase dominante. Los cuerpos de hombres armados y todo el entramado legal actúa a favor del gran capital y la gran burocracia Estatal, no a favor de los trabajadores ni para dar justicia a las mujeres agredidas o encontrar a los desaparecidos, etc.

El gobierno de AMLO se ha planteado no la construcción de un nuevo Estado organizado y controlado por los trabajadores sino reformar el viejo aparato Estatal burgués. Estructuras como la CoVAJ actúan como cuerpos extraños en un organismo que lucha contra ellos, porque va en contra de su naturaleza.

El Informe de la CoVAJ, además, muestra cómo el Estado (el ejército en particular) infiltró a los estudiantes para combatir la lucha que realizaban. Eso son acciones contrainsurgentes que no deberían permitirse dentro de una escuela pública. Guerrero es un Estado con gran tradición de lucha y también historia de represión, donde el ejército ha sido instrumento para los peores crímenes que incluyen asesinatos de líderes como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, así como masacres a poblaciones, pasando por torturas, vuelos de la muerte, violaciones sexuales y un largo etcétera.

Las instituciones estatales actúan con lógica propia, el gobierno actual trata de domarlas, pero no han dejado de actuar bajo una lógica propia. Cuando AMLO formó otra comisión,  para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990; el dirigente de las fuerzas armadas, Luis Crecencio Sandoval, dijo:

“De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.

Eso es una ofensa a los luchadores torturados, encarcelados, desaparecidos y asesinados. No puede haber reconciliación sin justicia, no puede ponerse en el mismo plano a las víctimas y a los victimarios.

La periodista Paula Mónaco Felipe, autora del libro Ayotzinapa, horas eternas, ha señalado sobre el actual informe: “Donde me quedó mal sabor de boca es en el abordaje muy superficial, muy poco detallado de la participación de las fuerzas armadas”. (77) Gran avance, el informe #43; falta precisión contra impunidad: Mónaco Felipe – YouTube

El que existan 20 órdenes de aprensión contra el ejército no es garantía de nada. Para los altos mandos son soldados sacrificables, que pueden caer en batalla, como lo fue el soldado infiltrado desaparecido entre los 43.

El gobierno de AMLO ha buscado que las fuerzas armadas actúen en otras labores como atender la emergencia sanitaria o construir las grandes obras públicas estatales. Es uno de los pilares con los cuales ha gobernado. Si bien no ha tenido la política de usarlo para reprimir, éste sigue intacto y sin ser mínimamente depurado. Todo el aparataje estatal se ha creado para la defensa del actual sistema, su clase gobernante (capitalistas), la alta burocracia y cúpula militar. AMLO no ha mostrado querer enfrentar al ejército, sino que contrario a esto les pone como propietarios del tren maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y quiere incorporar a su control a la enorme corporación de la Guardia Nacional. AMLO dejará un Estado y a su ejército fortalecido, mientras ellos no han cambiado su naturaleza de clase.

No son 43, son más de 104 mil

Si en el pasado el ejército había hecho atrocidades en Guerrero, ahora sumamos la presencia del crimen organizado. Estos grupos se infiltran en los partidos, imponen presidentes municipales o los someten. Están arraigados a las estructuras del Estado, eso se explica en el actuar de la noche de Iguala. Los grupos de narcotraficantes tienen presidentes municipales, diputados, funcionarios y hasta gobernadores. Sectores de las fuerzas armadas y, en general, del Estado actúan en su beneficio. Los carteles amedrentan a la sociedad, podemos mencionar el caso reciente en que establecieron el monopolio de la venta de pollos en ciudades como Chilpancingo, imponiendo altos precios con el objetivo de tener más recursos. En medio de la pugna entre los grupos del crimen organizado está la población.

Ese ambiente de reacción contrasta también con las fuertes tradiciones de lucha en Guerrero. Desde mediados de los 90 las comunidades formaron policías comunitarias y lograron su legalización, pero el crimen organizado (bajo el vacío dado por el Estado) suele atacarlos. En los lugares donde el movimiento no es tan fuerte activistas sociales son amedrentados y amenazados. No solo eso, siguen asesinando a líderes campesinos, comunitarios y del magisterio.

En 2014, el auge del movimiento hizo unificar al proletariado (encabezado por el magisterio), con las Policías Comunitarias arraigadas en las comunidades y el estudiantado de Ayotzinapa. En Tixtla, municipio donde se encuentra la Normal Rural, la población llegó a tener el control del municipio y no fue el único lugar donde vimos expresiones de este tipo. En medio de la barbarie a la que nos está llevando el capitalismo, una nueva sociedad comenzaba a nacer.

En el país se suman ya más de 104 mil 500 desaparecidos. Sabemos que este ambiente de violencia no inició en este sexenio, explotó en el gobierno de Felipe Calderón. Mientras que con Vicente Fox (2000-2006) hubo más de 60 mil homicidios dolosos, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la cifra se dobló a más de 120 mil. Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) los homicidios dolosos fueron más de 156 mil. Pero este gobierno, aunque pueda tener buenas intenciones, no ha frenado esta barbarie y en este periodo ya se superó las cifras de homicidios que hubo bajo el sangriento gobierno de Calderón.

El Estado y el sistema son el problema

La noche de Iguala nos mostró dos caras. La putrefacción, la descomposición, la barbarie a la que nos está llevando el sistema. Nos hizo ver la fea cara de un Estado criminal, ligado al crimen organizado. También nos mostró la dignidad de los jóvenes y trabajadores del campo y la ciudad, la inspiradora lucha que adquirió tintes revolucionarios y mostraba embrionariamente el nacimiento de una futura sociedad. Es sólo así, cuando los trabajadores del campo y la ciudad tomemos el poder, creemos un estado (del que las policías comunitarias arraigadas en el control de la comunidad, que embrionariamente muestran un futuro estado controlado por los trabajadores) y destruyamos este putrefacto sistema, cuando evitaremos que nuevas noches de iguala y desapariciones ocurren en el país. El actual gobierno hace reformas, hoy da un guiño que da, de alguna forma, esperanza pero no trastoca ni las estructuras del Estado (el mismo que desapareció a los 43) y que siguen frenando que haya justicia; ni tampoco transforma de manera radical el sistema que mantiene a la sociedad en la miseria, que descompone el tejido social y de la cual se nutre el crimen organizado. No podemos curar a un enfermo terminal con una aspirina, no salvaremos al sistema buscando reformarlo.

A la par que debemos continuar exigiendo la verdad, el castigo a los culpables materiales, la aparición de todos los estudiantes desaparecidos en la noche del 26 de septiembre y justicia para los que murieron y quedaron en coma esa noche; debemos ser claros que necesitamos luchar por un cambio verdaderamente radical en esta sociedad. Sepultar a este sistema violento y explotador y a su Estado.

En 2014 adolecimos de una organización revolucionaria a nivel nacional, necesitamos construir un partido no electorero sino de combate y revolucionario con un programa de clase, que plantee una sociedad diferente, socialista, basado en la democracia de los trabajadores.

Ayotzinapa es la bandera que nos exige luchar por la justicia que aún no llega

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El clamor popular dijo, desde el primer momento, que fue el Estado el culpable del asesinato, que hoy asciende al menos a 9 personas; 27 heridos y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ante los ojos de millones de personas en México y el mundo, se mostró la infiltración del crimen organizado y su protección por parte del Estado que en todo su actuar se movió en defensa de los criminales. La procuraduría de justicia inventó un escenario del crimen al que llamó la verdad histórica, que culpaba al alcalde de Iguala y decía que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hoy ha quedado más que demostrada la falsedad de la Verdad Histórica. Una prueba contundente contra ella es el encontrar restos de uno de los estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y posteriormente de Christian Rodríguez, en la barranca de La Carnicería, un hecho desgarrador.

El inicio del colapso del régimen

Como un castillo de naipes, la popularidad de Peña Nieto colapsó, llegando a ser el presidente con menor credibilidad en décadas. Pero junto a él la credibilidad del resto de las instituciones del Estado y del régimen cayeron: el ejército, las policías, las instituciones del poder judicial, los gobiernos a todos sus niveles, los partidos políticos, los medios de comunicación, etc. Vimos una crisis del régimen que expresaba que la burguesía ya no podía seguir gobernando como antes si no quería que le estallara una bomba en sus manos.

Las movilizaciones fueron la expresión clave del colapso del régimen, no sólo por su masividad sino por las conclusiones que el movimiento asumió. El movimiento se desarrolló, porque a diferencia de lo que había ocurrido con dirigentes de otras luchas sindicales, sociales y políticas, los padres de los 43 no se doblegaron y no aceptaron las migajas del régimen. Eso permitió al movimiento avanzar hasta cierto punto.

Métodos democráticos y la necesidad de una dirección revolucionaria

La lucha abarcó a trabajadores del campo y la ciudad, a amas de casa, y a sectores de la pequeña burguesía, pero fue la juventud el motor. Se buscaron organismos desde la base para articular la lucha en universidades (como las Asambleas, las interuniversitarias, etc.) así como en comunidades. El movimiento se extendió a nivel nacional, universidades que nunca habían realizado un paro en su historia ahora entraban en acción. Fueron varios estados donde se realizaron movilizaciones masivas, por casos locales de homicidios. El IPN viviría al mismo tiempo una masiva huelga, que si bien no de forma inmediata, terminaría dando un apoyo importante a esta lucha, aunque sin conseguir una unificación plena de ambos movimientos. También Ayotzinapa animó a la lucha magisterial, que ya venía de un importante movimiento contra la reforma punitiva de Peña Nieto.

Ayotzinapa fue el espejo de una realidad cruel que se vive a diario en el país: el de los homicidios dolosos y las desapariciones. El movimiento podría haber avanzado más lejos, por ejemplo, al conformar una organización nacional en busca de justicia de desapariciones, feminicidios y homicidios. El movimiento realizó movilizaciones masivas de gran radicalidad, pero llegó un momento que eso no era suficiente, o el movimiento pasaba a una insurrección nacional (en algunos lugares adquirió este carácter) o a acciones como una huelga general. Los padres eran una dirección moral, pero se necesitaba más que eso, se requería una dirección revolucionaria. Lo que muestra la lucha por los 43, es el enorme potencial revolucionario del pueblo mexicano, la fuerza de la espontaneidad de las masas, los avances de la articulación del movimiento localmente, pero también la necesidad de una organización de los explotados a nivel nacional, un partido revolucionario que pueda llevar al movimiento hasta sus últimas consecuencias.

El gobierno de AMLO muestra sus límites

Se cumplen ya 7 años, Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta que no logra cerrar. La justicia sigue sin llegar. Esta extensa batalla les ha desgastado y minado su salud. Varios padres de familia de los 43 normalistas ya han muerto en medio de la lucha por justicia.

La investigación se tuvo que repetir, se demostró que muchas de las declaraciones que sustentaban la investigación (y la verdad histórica) se obtuvieron por tortura. Recientemente se ha dicho que existen 40 videos extraídos de dependencias gubernamentales que demuestran esto. En esta nueva etapa desde sectores del Estado se ha filtrado información sensible de la investigación que ha puesto en alerta a implicados, dificultando su actuar para proceder contra ellos. Al menos ocho testigos clave del caso Ayotzinapa han sido asesinados, Alejandro Encinas, encargado del gobierno de AMLO para dar seguimiento al caso, ha dicho que en total han muerto 21 testigos clave. El actuar de las instituciones estatales sigue siendo lento y camina boicoteando la investigación, su naturaleza es proteger a las cabezas estatales y a los grandes capitalistas (incluyendo a los ilegales que actúan en el crimen organizado). Para contrarrestar esto, el gobierno de AMLO junto a la fiscalía impulsa, con la información recabada, procesos contra funcionarios que han ocultado o tergiversado los hechos.

El mismo presidente ha dicho:

“Y sí, no es un asunto sencillo porque es una red de complicidades y de componendas, nada más que hemos tomado la decisión y por convicción, porque no somos iguales a los de antes, de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”.

Esa red esta intrínsecamente ligada al Estado, es el Estado mismo y se usa al mismo Estado para combatirlo. Incluso si te planteas no la creación de un nuevo Estado sino su depuración y reforma se necesita un enfrentamiento real contra el crimen organizado, contra las cúpulas militares mafiosas, etc. Pero AMLO no ha mostrado estar dispuesto a hacerlo, no ha querido proceder con firmeza contra el ejército. Un ejemplo lo pudimos ver con la liberación negociada del general Cienfuegos de las cárceles de EEUU para dejarlo libre en México sin proceso alguno, no olvidamos que el general en retiro protegió al ejército para que no se le tocara ni investigara por el caso Ayotzinapa, cuando todo apunta a su clara implicación en la desaparición forzada de los 43. El gobierno señala que sí se ha actuado contra militares, por ejemplo, se tiene una orden de aprensión y se busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, que si bien tenía un cargo dirigente en la Seguridad Nacional no es un militar de carrera. También se tiene la detención del general Crespo, pieza clave en el caso. Los hechos dirán si en verdad se quiere acabar con las mafias incrustadas en el ejército vinculadas al crimen organizado o solo se cortará un par de cabezas para dejar a los jefes y las mafias en impunidad.

Pese a la lentitud, hay, sin embargo, algunos avances. Se habla que hay dos zonas de búsqueda nueva que pueden arrojar algún resultado. Que se han lanzado ya 89 órdenes de aprensión, pero 40 aún están sin ejecutarse, incluida la de Tomás Zerón. Se ha echado abajo la verdad histórica. Se ha demostrado que no hay vínculo entre los estudiantes y el crimen organizado (como algunos medios burgueses quisieron hacer ver). Se ha demostrado que se usó durante el sexenio de EPN la tortura de forma sistemática para obtener declaraciones y fabricar pruebas.

Hoy Encinas dice que se hará todo lo humanamente posible para encontrar a los normalistas, pero pasando 7 años los indicios y las pruebas se van perdiendo y no hay garantía de encontrarlos a todos. Los padres han manifestado que están inconformes con los resultados de la investigación, el propio Alejandro Encinas ha dicho que ellos también lo están. No se ve con claridad que habrá justicia y se encontrará a los normalistas.

Por el camino de la legalidad del Estado burgués tendremos como resultado un proceso lento y, en el mejor de los casos, una justicia a medias. Si esto pasa con Ayotzinapa, ¿qué esperanza hay de que haya justicia para los homicidios dolosos, los feminicidios y las desapariciones, que en su conjunto suman cientos de miles de casos?

Al final del día seguimos viendo que impera la impunidad y no se están generando cambios profundos en las condiciones materiales, llevando a la repetición de crímenes de violencia.

Los ataques al magisterio y a las normales continúan

Se requiere más que buena voluntad para que la justicia llegue. Según los datos del presidente Obrador, de sus 100 promesas que se comprometió al tomar la presidencia, 98 ya se han cumplido. Dice que queda pendiente la descentralización del gobierno (que no se ha cumplido por la pandemia) y el dar justicia para el caso Ayotzinapa.

El problema no es la buena voluntad sino la estrategia del gobierno que quiere rescatar y reformar a un Estado criminal en vez de destruirlo para sustituirlo por un Estado de los trabajadores.
Claro que hay esperanza e ilusiones de que, aunque tarde, la justicia llegue, pero no se niega el elemento de frustración de los padres. Sumado a esto, hay un enojo en el magisterio por la forma en que se ha procedido al regreso a clases, cuando los contagios estaban en niveles históricos.

Maestros reflexionan sobre los avances de este gobierno y varios sacan la conclusión que la reforma educativa no cambió más que en su forma punitiva. Es muy ilustrativo que Enrique Dussel, destacado intelectual obradorista y teórico del Instituto de Formación Política de Morena, dijera: “La reforma educativa es el mismo perro, pero con otro collar”. A lo que Luis Hernández Navarro ha dicho: “Su afirmación no es exagerada. La reforma educativa de la Cuarta Transformación (4T) es, en esencia, el mismo erizo neo¬li¬be¬ral de Enrique Peña Nieto, al que se le han limado algunas de sus espinas más filosas.” (La Jornada: El alebrije de la reforma educativa).

El enojo magisterial ha salido a relucir con las protestas recientes en Chiapas y cuando maestros interceptaron a AMLO y retuvieron su auto por dos horas, impidiéndole asistir a su conferencia mañanera.

Los estudiantes normalistas también han estado en conflictos, siendo reprimidos por gobiernos locales dirigidos por la derecha de Morena como el caso de Chiapas y Puebla. A penas, al finalizar agosto, fueron liberados 95 estudiantes normalistas de Mactumatzá. En algunas Normales existen autogobiernos, pero la ausencia de cuadros, de métodos efectivos democráticos de control y de una política no sectaria y políticamente revolucionaria, ha llevado a casos de corrupción interno. Muchos de los recursos ni siquiera llegan a los estudiantes, llegan a los profesores y directivos, donde también faltan cuadros políticos con consciencia de clase e irónicamente, profesores de varias normales no pertenecen al magisterio democrático y son del SNTE.

AMLO criticó los autogobiernos, pero su propuesta ha sido eliminar los históricos internados y comedores, dando el dinero directamente a los estudiantes para que ellos decidan donde comer o vivir. Eso debilitaría políticamente a la organización estudiantil y en el futuro abriría la puerta para que se concreten ataques. Lo que se requiere es luchar por una organización de estudiantes y del magisterio sólida y revolucionaria, que no actúe bajo métodos burocráticos, que tenga un programa y consciencia de clase y permita la militancia en organizaciones revolucionarias consecuentes. Por eso esa propuesta de AMLO debe ser rechazada respondiendo con mayor democracia y formación política interna, que fortalezca a la organización. Se requiere una política revolucionaria firme en los principios pero que sea capaz de dialogar y vincularse con el pueblo, también aquel que confía y apoya al gobierno de AMLO. Éstos también quieren un cambio en la sociedad y están dispuestos a luchar por él, aunque se puedan tener diferencias esta base del pueblo es nuestra potencial aliada, no nuestra enemiga.

Ayotzinapa sigue exigiendo justicia

El 26 de septiembre no se olvida y no debemos dejar de luchar hasta que la justicia deje de estar sólo en las palabras y se traduzca en hechos. Por su historia y vínculos, también debe ser espacio para manifestar el descontento magisterial y del estudiantado normalista, también debe servir para exigir justicia por el resto de los desaparecidos, homicidios y feminicidios. Ayotzinapa sigue siendo nuestra bandera, pero a su vez es muchas banderas de reclamo de una justicia que aún no llega.

¡Justicia para los 43 y los miles de desaparecidos del país!

¡Ni una ni un asesinado más!

¡Abajo toda la reforma educativa de Peña Nieto, por una educación al servicio de los trabajadores!

¡Combatir los ataques de las normales fortaleciendo la organización con democracia y formación política!

 

A siete años de Ayotzinapa, en Hidalgo seguimos exigiendo justicia.

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El 26 de septiembre de 2014 tuvo lugar uno de los peores acontecimientos del siglo en México, un hecho que evidenció la aún vigente incompetencia y podredumbre del gobierno mexicano, estoy hablando del ya bien conocido caso Ayotzinapa. Este mes se cumplen siete años de búsqueda de justicia, siete años de dolor y frustración que inundan a la clase obrera, el mandato de Peña Nieto formó parte de esa línea de gobiernos hipócritas y descarados que se han enriquecido a costa de la vida del pueblo, se destaparon los lazos que mantiene el crimen organizado con los altos mandos del gobierno y cómo el brindar justicia y revelar sus acciones corruptas resulta más difícil que arrebatar las vidas de 43 hijos, hermanos y amigos del proletariado. Nuestra realidad se ha ido complicando y el sistema, lejos de impulsarnos para llegar a la verdad, nos retrasa, pone trabas y nos castiga por aproximarnos a ella.

La contradictoria “verdad histórica”

La versión oficial que el gobierno nos presentó fue la siguiente:

El grupo de normalistas llegó a Iguala, con el fin de botear para sacar recursos y así viajar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Tomaron autobuses con el fin de regresar a la normal de Ayotzinapa, sin embargo, antes de dejar la ciudad fueron atacados por policías y hombres armados, quienes dispararon a los estudiantes. En el transcurso de la noche tuvieron lugar tres agresiones donde murieron cinco estudiantes y cuatro personas más. Esa misma noche, 43 normalistas fueron secuestrados, según esta versión, por la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos quien supuestamente confundió a los jóvenes con sicarios de una banda rival, Los Rojos, por lo que los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero municipal de Cocula, los restos fueron arrojados en bolsas al Río San Juan.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”

Dijo Murillo Karam al presentar esta historia como oficial.

Durante siglos, la sociedad de clases nos ha dictado lo que debemos creer y en esta búsqueda de formar una realidad se han generado imposiciones que encubren hechos crueles, el caso Ayotzinapa fue cerrado muy pronto, sin embargo, las investigaciones GEI   llevaron a datos inconvenientes para el gobierno, en primer lugar, los celulares de los normalistas, (que seguían funcionando) apuntaron al Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (Cisen) y al Campo Militar No. 1, de igual manera, sabemos que tanto el ejército como la policía estatal y municipal, estaban al tanto de la situación que ocurría esa noche en Iguala, Guerrero. Éstos dos hechos nos hacen preguntarnos ¿Cómo puede brindarnos justicia el estado cuando estuvo directamente involucrado con las desapariciones?

Se sabe que la fecha y el lugar que la PGR señaló como el momento de la defunción de los 43 normalistas no es exacta, puesto que se descubrió que los estudiantes seguían utilizando sus celulares tiempo después de su supuesto “deceso”. Durante el sexenio de Peña Nieto se sostuvo una versión que resultó no tener ni pies ni cabeza, sin embargo al cambiar de gobierno, AMLO hizo el compromiso de dar con el real paradero de los 43 normalistas y fue en Diciembre de 2018 cuando se creó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, de igual forma, el gobierno aceptó la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), este grupo ha sacado conclusiones que quiebran la máscara conocida como verdad histórica, detrás de la cual encontramos que el ejército (específicamente el batallón 27 de infantería de Iguala) tuvo implicaciones muy fuertes en la desaparición de los normalistas. Las recientes investigaciones apuntan a que la realidad de esta historia es que los normalistas, sin saberlo, abordaron un camión cargado con drogas, sin embargo, la repentina intervención de la policía nos indica que es el mismo Estado quien crea y controla las redes criminales, por lo que no puede estar exento de culpabilidad, puesto que el Estado es el origen de la represión y las injusticias.

En el año de 2020, la FGR solicitó la aprehensión de 46 exfuncionarios de Guerrero, a quienes se les acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada.

“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR” dijo el fiscal Gertz Manero, confirmando así la incompetencia del gobierno de Peña Nieto y su afán por mantener al pueblo engañado.

Por otra parte, resulta importante mencionar que, aunque el caso Ayotzinapa tuvo lugar en el estado de Guerrero, la indignación no se contuvo ahí, estudiantes de todo el país y personas de diversas naciones mostraron su solidaridad y se organizaron para protestar en contra de este cruel suceso.

Hablemos del caso de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Las autoridades de la UAEH son parte del Estado represor, por lo que, en lugar de impulsar la conducta inconforme y revolucionaria del alumnado, optó por intentar frenarlos, tanto el Comité Universitario, encabezado en ese entonces por Jorge Olvera Mayorga, y el Consejo Estudiantil, evitaron a toda costa sumarse a las manifestaciones organizadas por los estudiantes, por lo que estos últimos, formaron la Coordinadora Estudiantil Universitaria. No obstante, las autoridades de la UAEH  se encargaron de crear roses entre los alumnos, e incluso hubo un confrontamiento físico entre profesores y estudiantes. A pesar de todas las trabas y problemas que hubo para organizar la manifestación, ésta se llevó a cabo con el apoyo y solidaridad de cientos de alumnos de las distintas facultades y preparatorias que conforman a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este suceso es una muestra de que a pesar del ambiente represivo y controlador de las autoridades y los consejos estudiantiles de la UAEH, existe un gran potencial organizativo y revolucionario en la comunidad estudiantil, no debemos olvidarnos de esto y es nuestro deber seguir adelante, impulsando la organización permanente de los estudiantes.

Durante los últimos años, se han dado grandes avances en las investigaciones, no obstante, esto no se lo debemos al gobierno actual, sino a las cientos de movilizaciones que el proletariado ha hecho, los avances se los debemos a todas las horas que miles de estudiantes, obreros, campesinos y trabajadores han invertido al comprometerse e ir a cada marcha, al asistir a cada mitin y al mandar cada palabra de aliento para las familias de los normalistas, las progresivas respuestas que hemos obtenido no son gracias al cambio de gobierno, pues a pesar de reanudar el proceso sigue protegiendo intereses, sino al no conformarnos con las cientos de “verdades históricas” que nos han dicho para callarnos y aplacarnos, hoy más que nunca tenemos claro que la organización del proletariado es la clave para lograr el avance de la sociedad. Seguimos exigiendo justicia, Ayotzinapa fue un crimen de Estado el mismo que hoy boicotea la investigación y pone trabas. Hacer justicia para los 43 implica enfrentarse a las mafias criminales que operan fuera y dentro del actual Estado para así construir uno diferente, uno que pertenezca a los trabajadores, que se ponga al servicio de los proletariado.

 

 

 

Ayotzinapa, seis años

Seis años transcurridos desde aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, la búsqueda sigue y el reclamo popular se mantiene. En lo profundo de la nación las venas persiguen abiertas latiendo por la herida constante, los vientos del llamado cambio soplan sin dirección fija, hay avances sí, ciertas nuevas formas ¿pero y el fondo? Apariencias de voluntad mientras la estructura queda intacta, la esperanza de justicia es fuerte, sin importar el cansancio, los tiempos de inmundicia vividos y las puertas cerradas con candados flagelantes del capitalismo y su desdén. Las familias, los amigos y compañeros, la nación y la solidaridad internacional permanecen, algunas voces ciertamente se acomodan y apartan, pero quienes hacen suyo el dolor ajeno continúan con el clamor por los 43 estudiantes de Ayotzinapa violentados, desaparecidos, seis asesinados y un manto de impunidad que cubre muchas huellas, borra nombres de implicados, libera presos sin ser enjuiciados, simula preocupación ejerciendo la influencia mediática de los intereses ocultos.

Los años pasan y se acumulan, seis se escribe con cuatro letras pero se pronuncia en este contexto como una eternidad, nunca se podrá restituir la musicalidad al número revestido de dolor, incluso cuando los hechos queden todos al descubierto, no se borrará la asociación trágica entre verdad, crimen de Estado, desaparecidos, impunidad, Ayotzinapa y las largas noches reiteradas como un constante malestar. Septiembre marcado en nuestra historia mexicana y latinoamericana por tanta carga de inhumanidad, pues no es para menos la cercanía que hay entre Tlatelolco y Ayotzinapa, sin importar los kilómetros de distancia física, en la geografía de impunidad, las palabras guerra sucia, genocidio, represión y lucha popular, se entrelazan en la continuidad cómplice de la bota militar que pisa hasta el fondo en cada una de las venas abiertas de nuestros pueblos lacerados.

La ausencia está presente en cada rincón despojado del ser pero jamás de la esencia. 43 desaparecidos, seis asesinados, cientos y miles a lo largo del continente, tantos y tantas en el México nuestro, en el profundo sentimiento hecho humano que produce la conciencia y la organización proletaria y popular. En Ayotzinapa la principal enseñanza es justamente la solidaridad-pertenencia comunitaria y de clase, el apego a las raíces y la reflexión puesta al servicio de la transformación, los vínculos humanos entre camaradas-compañeros indisolubles por el individualismo burgués y la codicia sistémica del capitalismo.
Ayotzinapa es cuna de compromiso, por eso se atenta contra la vida emanada de sus aulas, no se trata nada más de los efectos del narco-estado implantado décadas atrás, ni de un incidente circunstancial por la conjugación de la mala fortuna, las acciones perpetradas con alevosa organización responden a la planificación perversa de las estructuras sistémicas gobernadas por seres creyentes de su inagotable impunidad, aquellos que forman parte de la “verdad histórica”, ya sea por qué efectuaron los actos o los planearon, ya sea por qué los encubrieron y divulgaron las mentiras convenientes para asegurar el crimen y su olvido, todos esos seres carentes de la mínima peculiaridad humana, serán condenados tarde o temprano por la historia y la verdad que abra de surgir de la misma perseverancia que aún sostiene el grito por la justicia y la aparición de los 43. Sin importar el paso del tiempo, superando los seis años de dolor y ausencia, Ayotzinapa sigue siendo esperanza y ejemplo.

Ayotzinapa: se desploma la “verdad histórica”; insistimos, fue el Estado

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La maltrecha “verdad histórica” sobre desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, construida por el gobierno de Enrique Peña Nieto con base a la tortura y una grotesca simulación, se ha derrumbado completamente. El pasado 7 de julio la Fiscalía General de la República confirmó la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas, sus restos no fueron hallados en el basurero de Cocula, ni en el Río San Juan, sino en un lugar a 800 metros de donde se construyó la “verdad” peñista.

Los nuevos resultados en las investigaciones

El 4 de Diciembre de 2018 se decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), cuyo propósito, de acuerdo a documentos oficiales, es asistir a los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa para lograr el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad.

En enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que el gobierno de México aceptó la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el cual jugó un papel importante para el esclarecimiento de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. En sus conclusiones manifiestan que los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula, tal y como lo afirmaron los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, que todas las fuerzas de seguridad, incluyendo el ejército, eran conscientes del ataque coordinado y las agresiones hacia los estudiantes normalistas; que el motivo de este ataque era la posesión de un autobús que sería usado (junto con otros) para que los estudiantes de las normales rurales pudieran trasladarse a la marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México y que dicho autobús podría haber contenido un cargamento de droga, lo cual los normalistas desconocían.

En marzo la CoVAJ-Ayotzinapa encontró restos vinculados a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos durante la madrugada del 26 de septiembre de 2014, los cuales fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis. Los resultados fueron presentados en días pasados, los restos se tratan de Christian Alfonso Rodríguez, estudiante desaparecido y fueron encontrados no en el basurero de Cocula, sino en una barranca ubicada a 800 metros de ese lugar.

Los anteriores resultados derrumban completamente la llamada “verdad histórica”, la cual ya había sido socavada por las investigaciones y conclusiones del GIEI y las multitudinarias movilizaciones sociales que pusieron en la lona al gobierno de Peña Nieto y al Estado durante el segundo semestre de 2014.

Sin embargo, los siguientes pasos en la investigación pueden encontrar grandes resistencias de sectores del Estado mexicano, pues las conclusiones señalan que el ejército, en particular el Batallón 27 de Infantería de Iguala, tuvo una participación en los sucesos de la noche del 26 de septiembre del 2014 y la madrugada del 27.

La verdad histórica versus ¡Fue el Estado!

Lamentablemente la violencia generalizada en el país la hemos normalizado, dicha situación se agravó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y siendo objetivos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no la ha podido contener.

Los cárteles de la droga se han apoderado de regiones completas del territorio nacional, en colaboración con policías, funcionarios de gobierno, e incluso altos mandos del ejército, también han diversificado sus actividades delictivas. La existencia de un narco-Estado o como en su momento le denominaron un “Estado fallido”, no es algo descartable.

Esta situación ha alcanzado incluso a altos niveles del gobierno, el ejemplo de Génaro García Luna, quién fuera Director de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Vicente Fox y Secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y ahora preso, acusado de vínculos con el crimen organizado, es un ejemplo clarificador de esta situación; sin embargo no es el único.

Las conclusiones del GIEI e investigaciones de periodistas han clarificado bastantes claroscuros iniciales sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en aquel fatídico 2014.

La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización que agrupa a una buena parte de los normalistas rurales del país, como cada año en el 2014 decidió participar masivamente en la marcha estudiantil conmemorativa del 2 de Octubre en la Ciudad de México. Para hacerlo delegó a los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero la tarea del transporte para todos los normalistas rurales del país, dicha tarea comenzaron a implementarla en días previos a la fecha de la manifestación mediante la apropiación momentánea de diversos autobuses de las terminales en Iguala y municipios aledaños.

En la tarde del 26 de septiembre acudieron a la terminal de Iguala, se apropiaron de algunos autobuses y partieron rumbo a la Normal Rural “Isidro Burgos”, sin embargo, durante el trayecto fueron atacados violentamente por policías municipales, estatales y federales.

Por la trayectoria de lucha y la resistencia de los normalistas rurales, durante décadas se han granjeado el odio de políticos y la clase dominante de la región. 2014 no era la primera vez que se enfrentaban a la violencia del Estado, tres años antes fueron asesinados dos estudiantes normalistas por la policía estatal durante un desalojo en la autopista del Sol Mexico-Acapulco.

Sin embargo la manera en que la policía reaccionó durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre era incomprensible, hasta que salieron a la luz varios datos que el gobierno de Peña Nieto trató de encubrir y enterrarlos en una montaña de falsificaciones. Sin desearlo y sin saberlo, los normalistas se apropiaron de un autobús que presuntamente contenía un cargamento de droga, que formaba parte de una red de transporte de Guerrero hacia Chicago. La forma violenta en como actuaron diversos niveles del Estado y la desaparición de los normalistas habla del involucramiento de sectores del gobierno, las corporaciones policíacas e incluso el Ejército en esta red de tráfico de drogas.

La participación del 27 Batallón de Iguala en los acontecimientos se encuentra documentada y fue descartada al momento de construir la llamada “verdad histórica”. Durante la madrugada del 27 de septiembre un grupo de normalistas, se presentó a una clínica privada con un estudiante herido y tuvieron contacto con un grupo de soldados que allanaron la clínica, se ha comprobado que elementos del ejército tomaron fotos al momento en que los estudiantes eran bajados por la policía de los autobuses para posteriormente desaparecerlos, estuvieron al tanto e informados de como transcurrieron los hechos y de acuerdo con investigaciones del periodista Francisco Cruz, autor del libro “La guerra que nos ocultan”, afirma que el celular del estudiante Julio César Mondragón, que fue asesinado y desollado, estuvo activo seis meses después de su asesinato y se puede rastrear su uso y el lugar donde estuvo durante esos meses: el cuartel del ejército de Iguala, el Campo Militar No. 1 ubicado en el Estado de México y las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en la Ciudad de México.

El gobierno de Enrique Peña Nieto construyó su “verdad histórica” con base a falsificaciones, verdades a medias y grandes distorsiones. Incluso periodistas como Anabel Hernández han documentado que las declaraciones de los supuestos sicarios y de las policías detenidos fueron arrancadas con base a la tortura que fue realizada en las propias instalaciones de la Procuraduría General de la República. La idea de que solamente policías municipales, por orden de José Luis Abarca (entonces presidente municipal de Iguala) y su esposa, en coordinación con una banda local del crimen organizado atacaron, secuestraron, asesinaron y posteriormente cremaron los cuerpos en el basurero de Cocula, fue fuertemente cuestionada desde que se dio a conocer esta versión, fue desmontada en las semanas posteriores y ahora ha sido enterrada con los resultados de las nuevas investigaciones.

La “verdad histórica” a su vez trató de encubrir a funcionarios públicos federales, a las corporaciones policiacas nacionales y al propio ejército mexicano involucrados en negocios y actividades ilícitas.

La versión peñista se ha derrumbado completamente, ahora se debe avanzar en conocer completamente la verdad de lo sucedido en la noche de Iguala. La consigna de “Fue El Estado” sigue siendo completamente valida.

El Estado no es un ente neutral, “en última instancia es un grupo de hombres armados al servicio de la propiedad”, es una maquinaria de opresión de una clase sobre otra, el cambio de gobierno no cambia la esencia opresora y represora del Estado. En el caso de México no solamente defiende los intereses de la clase dominante, sino los negocios turbios del crimen organizado, pues es parte de los mismos. En la búsqueda de justicia para los familiares de Ayotzinapa se encuentra de por medio revelar ese carácter del Estado, habrá resistencias, presiones y amenazas de un sector involucrado en el horrendo crimen y en la desaparición, pero se debe ir al fondo y juzgar a los responsables,  los cuales no solamente son los funcionarios públicos del gobierno de Peña, se debe voltear a ver a los altos mandos del ejército en Iguala, Guerrero, si es que en verdad se pretende hacer justicia.

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