La lucha por el derecho al aborto seguro en México
La despenalización del aborto en México ha avanzado desde septiembre del año pasado, cuando la SCJN declaró la inconstitucionalidad de penalizarlo, pues viola los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, solo en 13 de los 32 estados se ha modificado la legislación local, siendo Jalisco el último en sumarse a la iniciativa.
Los casos más representativos son la CDMX y Oaxaca, donde la legalización ha llevado a una mejora en el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las clínicas y hospitales del estado están ahora mejor capacitados y preparados para ofrecer estos servicios de manera segura. Sin embargo, en Oaxaca, a pesar de la legalización, el acceso al aborto puede ser limitado en áreas rurales y en comunidades con menos recursos.
La legalización en los demás estados ha disminuido el número de abortos clandestinos y de riesgo, pero la falta de una implementación seria en el sector público hace que esto no se haya resuelto completamente. Aunque ya no está penado, el acceso sigue siendo complicado, especialmente para la población más vulnerable. Esto ha llevado a que las clínicas privadas enfrenten mayor demanda y expandan sus servicios. A pesar de que algunas organizaciones no gubernamentales y grupos proderecho reproductivos colaboran con clínicas privadas para proporcionar servicios de aborto y apoyo adicional a mujeres, debido al costo de estas clínicas, las mujeres de escasos recursos siguen sin poder acceder. Al final del día el capitalismo también aprovecha la demanda de este derecho.
Respecto al acceso a los servicios públicos, la situación es burocrática, limitando el número de fichas al día para iniciar el trámite, lo que obliga a llegar en la madrugada. Además, se limita la atención a una pequeña cantidad de mujeres provenientes de otros estados, lo que significa que si no se obtiene ficha el primer día, se debe esperar hasta el siguiente. El proceso puede tardar varios días o incluso semanas antes de que se proporcione el medicamento para realizar el procedimiento en casa o se programe una intervención quirúrgica.
Esta limitación pone en riesgo el acceso a este derecho para las mujeres trabajadoras, quienes deben conseguir permisos en sus trabajos para poder acudir al trámite, con el riesgo de no obtener ficha y de exceder las semanas reguladas.
Debate a nivel nacional
A pesar de que la SCJN ha despenalizado el aborto a nivel nacional, los grupos de derecha conservadores y provida no han cesado en sus ataques contra el derecho de las mujeres a abortar. Una investigación realizada por Opendemocracy reveló que la organización Vida y Familia (ViFac) ha recibido donaciones de algunas de las familias y empresas más ricas del país. ViFac administra una red nacional de “centros de embarazos en crisis” y, mediante campañas de publicidad engañosa, atrae a mujeres que desean abortar ofreciendo ecografías gratuitas e información sobre el procedimiento. Sin embargo, su objetivo es disuadirlas de interrumpir el embarazo mediante juicios morales, religiosos e información falsa, e incluso ofreciendo alternativas de adopciones irregulares.
Es escandaloso el apoyo económico que ha recibido esta organización provida. Entre 2017 y 2023, ViFac recibió 1.9 millones de dólares de 22 fundaciones empresariales y familiares, incluyendo la Fundación del Dr. Simi, la Fundación José Cuervo, Soriana, Grupo Bimbo; así como los dos principales donadores: el Nacional Monte de Piedad ($389,909 USD) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense ($719,620 USD).
Estos datos evidencian quién tiene el control del poder económico en el país y que, independientemente de las legislaciones estatales, tienen la capacidad de impulsar campañas publicitarias en cines, bardas, espectaculares, anuncios en redes sociales, etc., con la finalidad de desinformar y polarizar a la opinión pública contra la lucha por el legítimo derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Finalmente, ellos son la burguesía, quienes controlan el capital y se sienten con el derecho de controlar la reproducción de nuestra clase a través de la opresión de las mujeres trabajadoras.
Por otro lado, las organizaciones feministas y de derechos han continuado su lucha en el ámbito legal, presionando a los congresos estatales que aún no han despenalizado el aborto para que lo hagan. Sin embargo, es innegable que, a partir del decreto de la SCJN, la lucha por la legalización y despenalización del aborto ha abandonado las calles para centrarse en la lucha legislativa. El debate ya no está en las escuelas y la agitación ha disminuido, como si de alguna manera ya no fuera necesario, pues tenemos “garantizado nuestro derecho”. Esto no es así, ya que el debate sigue estando bajo los términos de la legalidad burguesa.
La lucha no puede limitarse a términos legales, ya que lo que diga un papel no garantiza que las mujeres podamos acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Por lo tanto, el debate debe continuar y la lucha en las calles debe seguir, exigiendo que todas las instituciones de salud pública cuenten con los recursos necesarios para que todas las mujeres, tanto del campo como de la ciudad, puedan acceder a su derecho.
Gobierno de la 4T
El programa de la 4T siempre se presentó como progresista, a favor de los pobres y desposeídos de derechos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca se pronunció a favor de la legalización del aborto; al contrario, adoptó una postura tibia en cuanto a la legislación sobre el aborto, reconociendo la necesidad de respetar las decisiones judiciales y los derechos humanos, pero sin impulsar la iniciativa a nivel federal.
En los estados donde gobierna Morena, y bajo la política de alianzas sin principios del partido, la legalización se ha logrado gracias a la presión de las movilizaciones de mujeres y no por iniciativa del gobierno estatal. Algunos gobernadores, provenientes de otros partidos, han tratado de evitar que la reforma pase, y varios diputados y senadores se han manifestado abiertamente en contra.
Por lo anterior, queda claro que no debemos tener ninguna esperanza de que este partido, por sí mismo, nos garantice derechos bajo el sistema capitalista. Al contrario, debemos recalcar que lo que hoy es ley en un gobierno “progresista” puede ser arrebatado en un gobierno de derecha. Un ejemplo de esto es el caso de Estados Unidos, donde los estados más conservadores han prohibido nuevamente el aborto. Esto tuvo un impacto en la frontera norte de nuestro país, donde cientos de mujeres estadounidenses cruzaron la frontera para obtener medicamentos para realizar el procedimiento, aumentando así los precios de manera estratosférica.
La lucha continúa
El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es una batalla que continúa. Es un derecho que debemos ganar en las calles, organizándonos para cambiar nuestra situación de raíz. El aborto es solo una de las muchas cosas que deben cambiar para lograr una vida más digna. Bajo ningún gobierno, incluso de izquierda, la situación cambiará de raíz.
El 1 de octubre tomará posesión la primera mujer presidenta de la historia de nuestro país, y ha declarado que “es tiempo de mujeres”. Pero las comunistas nos preguntamos: ¿de qué mujeres? ¿De las que pertenecen a las familias y grupos empresariales más ricos del país que financian campañas contra los derechos democráticos de las mujeres que no pertenecemos a su clase? O es tiempo de que las mujeres trabajadoras tomemos las riendas de nuestro destino, porque, sin importar el género, las mujeres burguesas no tienen ningún interés en mejorar nuestras condiciones de vida. Ellas no están dispuestas a renunciar a sus vidas de lujos y excesos que pueden darse a partir de la explotación de nuestra clase.
Recordemos el ejemplo de la Unión Soviética, donde el aborto fue legalizado en 1920. Esto fue un parteaguas no sólo en términos de derechos, sino que tuvo un impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres proletarias, mejorando de manera considerable. Pero esto solo fue posible gracias a la lucha revolucionaria de las mujeres y hombres proletarios cuando tomaron el poder.
Por eso debemos luchar bajo la bandera del comunismo para lograr la emancipación completa de las mujeres proletarias y nuestros hermanos de clase, luchando contra el capitalismo voraz que se sirve de la opresión de la mujer para subsistir. La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por maternidades deseadas y en contra de la esclavitud doméstica, también es la lucha por el comunismo y por una vida digna.