El declive del sistema de salud

La situación en la cual nos encontramos actualmente nos obliga a revisar aspectos básicos sobre el funcionamiento y desempeño del sistema de salud, principalmente para hacer notar que quienes ahora se dan golpes de pecho son los responsables del estado en el que se encuentran hospitales, clínicas, centros de salud, etc., al perseguir el beneficio de unos cuantos.

Uno de los principios básicos del neoliberalismo es la privatización de los sectores que administra el Estado, todo encaminado al enriquecimiento de una minoría rapaz, y por supuesto, siempre en detrimento de la mayoría de la población.

Casos de ese tipo los hemos venido viendo desde hace ya bastantes años, e incluso se podría decir que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se dio formalmente el banderazo de salida para aplicar en México las reformas neoliberales (laborales, educativas, de endeudamiento, entre otras), es decir, la participación del Estado en ciertos sectores disminuyó notablemente, todo con la finalidad de hacer parecer, a dichos sectores, ineficientes y como una carga para el erario público, facilitando la venta a un particular, quien lo adquiere a un precio muy bajo.

Y para muestra un botón, Carlos Slim Helú adquirió Telmex en 1990, pagando tan solo mil 757.6 millones de dólares, sin embargo, antes de ser vendida la paraestatal tuvo (entre enero y septiembre de 1990) utilidades por más de dos billones de pesos. Slim no era un empresario tan poderoso, fue a partir de la compra de Telmex que su fortuna creció de manera acelerada hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos del planeta.

Para iniciar con la exposición que se desea hacer sobre el declive del sistema de salud, mostraré brevemente cuál ha sido el desarrollo histórico del sistema público de salud, el cual se ha configurado principalmente de tres segmentos.

1.- El primero es la seguridad social para trabajadores con empleo formal, subdividido en distintas instituciones con atención a conjuntos específicos de trabajadores: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creado en 1943; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959; el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM) en 1976, y para trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

2.- El segundo es para quienes carecen de la seguridad social, arriba mencionada, con servicios de la Secretaría de Salud (1943), los Sistemas Estatales de Salud (1985), el programa IMSS-Prospera (IMSS-Coplamar desde 1979, posteriormente IMSS-Solidaridad e IMSS-Oportunidades), el Seguro Popular (2004-2019), y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi 2020).

3.- El tercero son servicios de salud privados, desde la gran empresa médica-hospitalaria, hasta los consultorios de farmacia.

“Reformas” en los 90´s al sector salud

En el sector de la salud, la privatización se ha dado a lo largo de los años de forma muy lenta, pero visible, las políticas neoliberales han ido avanzando, no tan rápido como les gustaría, pero han avanzado, muestra de ello es la notable reducción de los recursos estatales destinados a la salud (aunque no se puede obviar que también se han desviado para fines electorales o de enriquecimiento de funcionarios públicos, a costa del bienestar de miles de personas), todo con el fin de que el sector privado de salud gané más terreno en la atención médica, como se explica más adelante.

En palabras de Oliva López y Edgar Jarillo, investigadores de la UAM Xochimilco, a finales de los años 80 ya se delineaban los ejes neoliberales en el sistema de salud:

“La política neoliberal en salud modela el sistema sanitario a través de varios ejes: reconfiguración del financiamiento, privatización de lo público rentable, selectividad de intervenciones, focalización de poblaciones, impulso al aseguramiento individual y conformación de paquetes básicos de atención. Este proceso de reforma incorpora gradualmente la lógica mercantil a las instituciones públicas, fortalece los discursos tecnocráticos, descalificando la politicidad inherente al campo sanitario y privilegia propuestas que diluyen la responsabilidad del Estado, como sujeto obligado de garantizar los derechos humanos fundamentales -entre ellos el derecho a la salud-, trasladando a los individuos y las familias la tarea de gestionar/administrar sus riesgos para mejorar su salud”.ⁱ

En los inicios de la década de 1990 el sistema de salud a cargo de la red pública (IMSS e ISSSTE) alcanzó una enorme cobertura, se hacía cargo de la atención de más de la mitad de la población nacional, estimada en unos 81 millones de habitantes. El IMSS cubría a los asalariados de las empresas privadas en el sector formal de la economía y sus familias, y a un pequeño grupo de asalariados del campo y trabajadores agrícolas de algunos regímenes especiales. El ISSSTE atendía a los trabajadores del sector público y sus dependientes. Las demás instituciones de seguridad social (ISSSFAM y Pemex) cubrían a sus poblaciones de referencia.

El resto de la población que laboraba o dependía de trabajadores del sector informal urbano, de trabajadores por cuenta propia del campo o de los pequeños talleres artesanales, se encontraba bajo la responsabilidad de las instituciones públicas para la población abierta (fundamentalmente la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora Secretaría de Salud), con recursos siempre insuficientes. Y estaba también la medicina privada, accesible básicamente para la población de niveles de ingreso medios y altos.

Durante ese periodo entró en operación una agenda elaborada en la Presidencia de la República a partir de las recomendaciones del Banco Mundial y de una propuesta de la Fundación Mexicana Para la Salud (Funsalud, una asociación civil integrada por empresarios) que pretendía ofrecer una salida a la difícil situación en la que se encontraba el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así que, desde fines de la década de 1990, después de la modificación al sistema de pensiones de 1992 a 1995 y culminando en 1997 con la promulgación de las modificaciones a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que privatizó el sistema de pensiones, lo que quedó fueron grandes instituciones desfinanciadas en las cuales se ofrece, desde entonces, una deficiente atención a la población, en proceso de envejecimiento demográfico y con instalaciones en mal estado, equipos escasos, obsoletos o descompuestos, y un contingente de médicos y enfermeras cada vez más decepcionados ante las dificultades para poder ofrecer a sus pacientes los beneficios de su trabajo en condiciones dignas. Lo que ha conducido al crecimiento anárquico de un segmento privado amorfo y con muy diferentes calidades clínicas, cuyas características son también resultado directo de la falta de inversión y atención del gobierno.

Después de la expansión en los servicios públicos de salud, tanto de seguridad social laboral (IMSS), como de la Secretaría de Salud de los años 80, ésta es frenada por la imposición de las políticas neoliberales. Se privatizan áreas rentables de las instituciones de protección social, se modifica la relación público-privada en el sistema de salud, y se descentralizan problemas de la federación a los estados, sin fortalecer las capacidades técnicas, financieras y organizacionales locales, profundizando la inequidad preexistente y acelerando la exclusión de amplios sectores de la población.

La “modernización” neoliberal de las instituciones públicas de salud en México inicia a finales de los años ochenta y avanza con contenidos específicos en los distintos sexenios. En un primer momento, se define como el cambio estructural del sector salud que impulsa cambios legales, compactación de estructuras administrativas y descentralización de los servicios de salud para población sin seguridad social, posteriormente, los servicios y programas se reordenan en las lógicas de focalización de poblaciones y selectividad de intervenciones, con reducción sostenida del financiamiento sectorial. La cobertura se amplía a expensas de paquetes básicos de salud que, gradualmente, simplifican y reducen la prestación de servicios públicos e impactan negativamente sobre la integralidad de la atención.

Paralelamente, se disminuye el financiamiento del subsistema de seguridad social laboral y se privatizan las pensiones, pasando de sistemas de reparto a capitalización individual, creándose las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), vinculadas a la banca privada. Los cambios en la estructura del gasto reducen los recursos destinados a la seguridad social. En 1990 representan el 81,7% del total de gasto público en salud y para 2011 disminuyen a 55,7%. La reducción tiene efectos negativos en la inversión pública de equipamiento e infraestructura sanitaria e impacta en los indicadores de disponibilidad de servicios.

Si a las modificaciones que se realizaron desde los 90 a los servicios de salud, le agregamos factores como la pobreza, profundizada por la crisis de 1994 (y posteriormente la de 2008), y en general la desigualdad en los ingresos, pues a lo largo de los años la mayor parte de la población ha visto mermado su poder adquisitivo, tenemos que millones de habitantes en el país viven en condiciones que los ponen en riesgo de enfermedades con patología evitable, discapacidades y muertes prematuras.

Del Seguro popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)

Con el cambio de década, así como con el cambio de partido en el gobierno del PRI al PAN, las cosas no cambiaron nada, la aplicación de “medidas” al sistema de salud en nuestro país se aplicaron siguiendo en algún modo las “recomendaciones” del Banco Mundial, la OCDE, Funsalud y la OMS, tanto Vicente Fox, como Felipe Calderón, siguieron la línea de la privatización del sistema nacional de salud.

Las recomendaciones del Banco Mundial sobre las modificaciones a realizar en el sistema de salud, respaldadas por Funsalud son las siguientes, según Gustavo Leal y Carolina Martínez, también investigadores de la UAM Xochimilco:

“a) una clara separación entre financiamiento y prestación como elemento clave para introducir la competencia, transparencia y rendición de cuentas; b) descentralización de la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas del centro hacia el nivel en el cual la administración pueda responder mejor a las necesidades de los consumidores; c) desarrollo de mecanismos de mercado interno y cambios en la modalidad de reembolso a proveedores para asegurar que los recursos sigan a los pacientes; d) mayor rendición de cuentas a los pacientes ofreciéndoles opciones en términos de prestadores y el uso de médicos familiares como porteros, en la entrada del sistema, para también tomar las decisiones de compra en su seno; e) búsqueda del nivel más alto de calidad y valor de la atención con los recursos disponibles en el sistema; f) clara definición de un paquete de servicios esenciales para ser garantizado por todas las instituciones públicas y privadas; g) introducción gradual de la competencia, tanto entre los proveedores públicos de cómo entre los proveedores públicos y los privados, y h) garantizar un alto grado de flexibilidad que facilite las variaciones en los servicios locales para responder a sus necesidades específicas, así como para probar modelos alternativos de financiamiento/prestación y para cambiar estrategias a través del proceso de reforma”.

Asimismo, nos dicen los beneficios de la implementación de dichas recomendaciones:

“a) un paquete de salud esencial bien definido, accesible para toda la población; b) el gobierno en el papel de garante de un sector salud estructurado como un todo, que ofrece atención costo-efectiva y provisión de bienes públicos; c) un fondo para el seguro universal de salud financiado con recursos de todas las fuentes (gobierno, patrones y asalariados), todas las instituciones de seguridad social (ISSSTE, Sedena, Pemex, IMSS) que los transfiere a instituciones reguladas, organizaciones de atención administrada y planes de salud (incluidas las áreas médicas del IMSS y organizaciones privadas de atención administrada), sobre una base de capitación ajustada al riesgo; d) instituciones reguladas que asumen el riesgo de prestar los servicios dentro de un marco de reglas para resolver las fallas de mercado; e) instituciones reguladas que compran los servicios de prestadores públicos y privados, quienes a su vez cumplen con criterios mínimos de acreditación y estándares para la prestación del servicio; f)adecuada capacidad de supervisión para garantizar que los servicios se presten ordenadamente y se cumpla con las regulaciones; g) mecanismos para asegurar el acceso a servicios de segundo y tercer nivel que rebasen lo ofrecido en el paquete esencial de salud; h) un mercado de servicios de mejor calidad a través de un seguro de salud suplementario, que se adquiere voluntariamente”.ⁱⁱ

Lo que se puede leer entre líneas es que el gobierno debe favorecer una mayor intervención y participación del sector privado en el sistema de salud público, y es justamente bajo esta lógica que surge, en las administraciones panistas, el Seguro popular.

Retomando nuevamente la investigación de Leal y Martínez, se lee:

“En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se alude específicamente a las reformas requeridas en las estrategias, alcance, funcionamiento y organización del sector salud para prepararse ante las presiones que impondrán el envejecimiento demográfico y los cambios epidemiológicos sobre la infraestructura económica y social, así como los desafíos a la viabilidad de los sistemas de seguridad social y pensiones. Y en una ya muy evidente aproximación a los lineamientos del Banco Mundial/Funsalud, se anota:”

“El gobierno tiene el compromiso de seguir desarrollando los sistemas de salud de forma que se extiendan a la totalidad de la población, eviten la duplicación de esfuerzos y ahorren recursos. Las estrategias que se plantean buscarán, por lo tanto, unificar los esfuerzos de las principales instituciones y sistemas de salud que existen en el país”.

“Debe ser el principio de ciudadanía el que defina […] las reglas de acceso de la población a los servicios de salud […] lo primero que debe garantizarse es el derecho de los ciudadanos a exigir que se haga efectivo el acceso incondicional a los servicios básicos de salud […] que amplíe sus posibilidades de elección”.

Meses antes de la presentación del Programa Nacional de Salud (PNS), se puso a consideración de Fox un grupo de propuestas para “enriquecer” el PNS. Entre ellas destacan la de constituir un seguro nacional de salud que subsidiaría con diferentes montos a 21 millones de personas, y la de fomentar la prestación plural de los servicios y procurar una buena mezcla público-privada en salud. Según su propuesta, bajo este esquema:

“Se promovería una sana competencia que a su vez se traduciría en una mayor calidad en el sector. La pluralidad en la prestación de servicios es inevitable, dado el incremento en la demanda que se prevé tendrá lugar en el IMSS. Ante la imposibilidad de atender a la nueva población derechohabiente, la única alternativa viable es utilizar la infraestructura de los servicios estatales, los institutos nacionales y los establecimientos privados, los cuales podrían servir mediante el financiamiento público.”ⁱⁱⁱ

Finalmente, en 2003 se lanza el Seguro popular y hasta su cancelación en diciembre de 2019, se acumularon un sinfín de quejas y anomalías. Según el periódico La Jornada Maya, en su edición virtual del 15 de enero del presente año, se menciona que no había mecanismos de control, por lo que en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua se denunciaron irregularidades que llevaron a la Secretaría de Salud (SSA) a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

Adicionalmente se informó de más de siete mil millones de pesos, cuyo destino se desconocía, en los estados de Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Morelos y Nayarit. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre de 2018; aunado a que algunos de dichos estados tienen deudas que superan los 54 mil millones de pesos, principalmente dinero que se debe a proveedores de medicamentos, prestadores de servicios diversos e impuestos, entre otros.

De los desvíos registrados durante la vigencia del Seguro Popular, el efecto era evidente en la deficiente calidad de los servicios de salud que recibían los afiliados, así como en el desabasto de medicinas, que llegó a ser de 70 % en Veracruz.

El estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de 2013 reportó estos datos, según los cuales en Quintana Roo 48% de los usuarios había logrado surtir sus recetas. El promedio nacional ese año fue de 64%, a pesar de que sólo se consideraron los medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), de los cuales se suponía estaba garantizado el abasto.

No había justificación para que existieran estos problemas, porque la ley garantizaba la entrega de recursos económicos para la prestación de los servicios y la entrega de fármacos. Lo que no había, hasta 2014, eran mecanismos que aseguraran el uso eficiente del dinero.

Por eso se dieron casos como el de Veracruz, donde además del desabasto se encontraron almacenes con medicinas caducas y adquisiciones de productos irregulares o de procedencia sospechosa. Todos los ajustes y recortes que he mencionado los han realizado las administraciones del PRI y el PAN, han sido ellos los que han llevado al sistema de salud a su estado actual. No obstante, y a pesar de las denuncias de pacientes, médicos y enfermeras, no se realizaron investigaciones de ningún tipo, fue a lo largo de los meses que siguieron al triunfo de AMLO, en las elecciones de 2018, que se fueron destapando casos de corrupción, contratos ilegales, desvío de recursos e incluso la aplicación de medicamento placebo a pacientes con enfermedades terminales (Veracruz).

Y en el esfuerzo de terminar con ese legado, la administración de AMLO y la Cuarta Transformación se dieron a la tarea de crear un nuevo sistema de salud, que supliera al Seguro popular, orientado a quiénes no tienen un servicio de seguridad social, en la página oficial del Gobierno de México (www.gob.mx/Insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-230778), se explica que el Insabi brindará servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

Asume que, los beneficiarios del Insabi recibirán servicios médicos sin restricciones porque habrá atención universal para todos los padecimientos, incluidos aquellos que generan gastos catastróficos, para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el Bienestar; también recibirán medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos para sus tratamientos.

También se menciona que, a diferencia de antes, con el Insabi las personas sin seguridad social no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos; solo deberán contar con CURP o presentar acta de nacimiento.

Y que, para garantizar y mejorar la atención en los servicios públicos de salud, el Insabi reclutará a nuevos médicos y enfermeras con sensibilidad social, con alto sentido de la ética profesional y que estén dispuestos a trabajar en las regiones de mayor marginalidad del país, por lo cual recibirán estímulo adicional.

También habrá justicia laboral pues se basificará a quienes por años han trabajado en el sector salud de manera eventual, garantizará el abasto de medicamentos y el equipamiento suficiente para la atención de los beneficiarios en todos los niveles de atención a la salud, además que rehabilitará y ampliará la infraestructura médica.

Veremos hasta dónde llega el Insabi, lo cierto es que el panorama no es muy halagüeño, hay muchas trabas, y es obvio que 30 años de desfalco al sistema de salud no se resarcirá pronto, además de que para llevar adelante el propósito del nuevo instituto se necesitan recursos y AMLO ha dicho que no contraerá una nueva deuda, que con la lucha anticorrupción y la recaudación de impuestos alcanzará, pero es notorio que eso no es suficiente ante el estado de deterioro y abandono del sistema de salud nacional.

El sistema de salud frente al Covid-19

Todo lo anterior nos trae a la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando. Por un lado, para desenmascarar a la famélica oposición, que no deja escapar ninguna oportunidad para golpear a AMLO, y responsabilizarlo de lo que ocurre, cuando fueron ellos (PRI y PAN) los que llevaron a cabo las políticas que han hundido al sistema de salud, y que por ahora nos deja en la incertidumbre si es que los contagios llegaran a ser masivos.

Por otro lado, tenemos que analizar el alcance que tendrá el Insabi, porque bien dicen que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y lo que se pretende es eso, buenas intenciones para que la población sin ningún tipo de seguridad social sea atendida.

Por lo tanto, el cuestionamiento es ¿podrá el sistema de salud mexicano enfrentar la pandemia mundial del Covid-19?

El número de médicos, enfermeras y camas por cada mil habitantes aún se encuentra por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000 habían 1.6 médicos (del sector público y privado) por cada mil habitantes, tasa que subió a 2.4 para 2017 y a 2.6 para 2019, de acuerdo al Primer Informe de Gobierno 2018 – 2019. Dichas cifras están por debajo del promedio de los países de la OCDE que es de 3.5 doctores por cada mil habitantes.

La tasa del personal de enfermería en nuestro país también se encuentra por debajo del promedio de la OCDE (8.8). Si comparamos el número de enfermeras en el 2000 (2.2 por cada mil habitantes) con las 2.9 de 2017, vemos un ligero aumento. Lo que no cambió para 2019. La situación en cuanto a camas hospitalarias es peor. México reportó 1.8 por cada mil habitantes en 2000 y 1.4 en 2017. Para 2019 las camas hospitalarias siguieron disminuyendo, ahora 30%, para llegar a 1.0 por cada mil habitantes. Lo que evidentemente se encuentra lejos del promedio de 4.7 de la OCDE.

Si las estimaciones que dicen que el número de contagiados en México será de un 0.2% de la población, tenemos que por lo menos habría unas 250,656 personas con Covid-19. De esa cantidad, unas 140,367 solo requerirían tratamiento ambulatorio, es decir, en su hogar, sin requerir ser hospitalizadas. En cuanto a pacientes que sí demandarían hospitalización, aunque sin necesidad de ser atendidos en terapia intensiva, el cálculo es de 24,564 personas; mientras que 10,528 personas sí podrían necesitarla.

La red de hospitales públicos de todo el país, y que incluye los de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, los de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, disponen de alrededor de 3 mil camas para cuidados intensivos para atender a los pacientes que se encuentren gravemente enfermos por este coronavirus.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud, el IMSS tiene 1,867 de estas camas y 2,565 ventiladores para soporte respiratorio; el ISSSTE, 551 camas y 3,064 ventiladores; Pemex, 102 y 103, respectivamente, y Salud (con sus hospitales de alta especialidad) tiene 218 camas y 443 ventiladores.

Otro problema es la falta de insumos de protección básicos, en el IMSS se debe por un lado a la mala gestión de los burócratas y por otro a la especulación capitalista. En su lucha contra la corrupción, AMLO centralizó el abasto de medicamentos, eso ha acentuado el desabasto a nivel general de medicina.

Cada hospital debe hacer sus pedidos de medicamento con mucho tiempo de anticipación, puede tardar hasta dos semanas en lo que se envía la solicitud más el tiempo en que tarda en llegar el envío. En el caso de la contingencia actual, que se supone estaba preparándose desde hace tiempo, los burócratas asignados para estas tareas, no hicieron las compras a tiempo y ahora que se necesitan no hay. Trabajadores del IMSS nos comentan que antes un cubre bocas N95 (capaz de filtras el 95% de las partículas) le costaba al IMSS 0.50 centavos, ahora se lo quieren vender hasta en 100 pesos. Los trabajadores de hospitales, de todas las áreas, exigen ese material básico de protección, que por ahora no tienen.

Conclusiones

A lo largo del artículo se ha podido ver que la problemática viene heredada del pasado, de políticas públicas que fueron arruinando el sistema de salud, en pro de los particulares, se fue adelgazando el sistema, le fueron cortando los recursos, los volvieron ineficientes, todo siempre en contra de la salud de la población más vulnerable, que en muchos de los casos no tienen un trabajo estable o está contratado por outsourcing.

Según un artículo de Animal Político, en el sector público, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información en Salud, el personal médico con el que cuentas las instituciones del gobierno ascienden a 69 mil 896 médicos generales y familiares, 94 mil 603 médicos especialistas, 10 mil odontólogos y 26 mil 066 residentes. Además, hay 144 mil 784 enfermeras generales, 36 mil 602 enfermeras especialistas y 104 mil 853 auxiliares de enfermería.

El INEGI reporta en sus estadísticas particulares de salud que, en 2018, había 2,863 establecimientos privados, de estos 2,599 son generales. La mayoría se concentran en CDMX (260), Estado de México (460) y Jalisco (214).

Los hospitales particulares registraron 90,784 médicos: 89,846 en atención directa con el paciente y 938 en el desarrollo de otras labores. Considerando el total de médicos que atienden directamente a los pacientes, 83.8% son médicos especialistas, 12.1% médicos generales, 2.1% residentes, 1.2% odontólogos y 0.8% pasantes.

De este modo podemos ver claramente que el sector privado ha crecido drásticamente, algo totalmente opuesto al sector público. Ante la situación que nos aqueja no es nada descabellado, si las estimaciones de contagio se materializan, exigir que se nacionalice el sector privado de salud, porque la prioridad debe ser dar la seguridad a toda la población de que tendrá un servicio de salud ante un posible contagio, por lo tanto lo único que se exigiría es la recuperación de los servicios que las administraciones anteriores pusieron en bandeja de plata al sector privado, y sobre todo porque hay un número elevado de personas que están en la indefensión total ante el Covid-19.

Asimismo, es indispensable que a los trabajadores del sistema de salud se les proporcione el equipo de seguridad necesario para protegerse de cualquier contagio, y si llegara a ver escasez, y de ser necesario se tendría que nacionalizar las industrias pertinentes para garantizar el suministro de insumos.

Por último, decir que esta crisis pone las cosas muy claras sobre la mesa y deja al descubierto a aquellos que solo buscan lucrar o no ver mermada su tasa de ganancia, incluidas las grandes farmacéuticas, que no están dispuestas a apoyar sin una jugosa cantidad de dinero, ha dejado ver que Estados Unidos “ayuda” o “libera” pueblos solo si sus intereses económicos y políticos están de por medio, mientras que Cuba, una pequeña isla, bloqueada económicamente y con muchas carencias sale al quite, esto principalmente por tener (con todo y la burocracia) una economía socialista planificada.

Referencias.

– Cerrillo, Shelma. (2020). México no tiene los médicos, enfermeras y camas de hospital que necesita. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de https://cuestione.com/detalle/mexico/mexico-no-tiene-los-medicos-enfermeras-y-camas-de-hospital-que-necesita.

– Gómez, Octavio Gómez, et al. (2011). Sistema de salud de México. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5043/10023.

– La Jornada Maya. Opacidad y desvío de recursos, problemas del Seguro Popular. Recuperado en 25 de marzo de 200, de https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-15/Opacidad-y-desvio-de-recursos–problemas-del-Seguro-Popular

– Leal, Gustavo, & Martínez, Carolina. (2017). Tres momentos en la política de salud y seguridad social en México. Papeles de población, 8(34), 107-133. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252002000400005&lng=es&tlng=es.

– López, Oliva & Jarillo, Edgar. (2002). La reforma neoliberal de un sistema de salud: evidencia del caso mexicano. Recuperado en 23 de marzo de 2020, de http://www.scielo.br/pdf/csp/v33s2/1678-4464-csp-33-s2-e00087416.pdf.

– Vega, Andrea & Daen, Arturo. (2020). Con pocas camas de hospital y baja proporción de médicos México enfrenta al COVID-19. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de https://www.animalpolitico.com/2020/03/pocas-camas-hospital-baja-proporcion-medicos-enfrentaria-mexico-covid-19/.

Uno de los principios básicos del neoliberalismo es la privatización de los sectores que administra el Estado, todo encaminado al enriquecimiento de una minoría rapaz, y por supuesto, siempre en detrimento de la mayoría de la población.

Casos de ese tipo los hemos venido viendo desde hace ya bastantes años, e incluso se podría decir que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se dio formalmente el banderazo de salida para aplicar en México las reformas neoliberales (laborales, educativas, de endeudamiento, entre otras), es decir, la participación del Estado en ciertos sectores disminuyó notablemente, todo con la finalidad de hacer parecer, a dichos sectores, ineficientes y como una carga para el erario público, facilitando la venta a un particular, quien lo adquiere a un precio muy bajo.

Y para muestra un botón, Carlos Slim Helú adquirió Telmex en 1990, pagando tan solo mil 757.6 millones de dólares, sin embargo, antes de ser vendida la paraestatal tuvo (entre enero y septiembre de 1990) utilidades por más de dos billones de pesos. Slim no era un empresario tan poderoso, fue a partir de la compra de Telmex que su fortuna creció de manera acelerada hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos del planeta.

Para iniciar con la exposición que se desea hacer sobre el declive del sistema de salud, mostraré brevemente cuál ha sido el desarrollo histórico del sistema público de salud, el cual se ha configurado principalmente de tres segmentos.

1.- El primero es la seguridad social para trabajadores con empleo formal, subdividido en distintas instituciones con atención a conjuntos específicos de trabajadores: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creado en 1943; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959; el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM) en 1976, y para trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

2.- El segundo es para quienes carecen de la seguridad social, arriba mencionada, con servicios de la Secretaría de Salud (1943), los Sistemas Estatales de Salud (1985), el programa IMSS-Prospera (IMSS-Coplamar desde 1979, posteriormente IMSS-Solidaridad e IMSS-Oportunidades), el Seguro Popular (2004-2019), y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi 2020).

3.- El tercero son servicios de salud privados, desde la gran empresa médica-hospitalaria, hasta los consultorios de farmacia.

“Reformas” en los 90´s al sector salud

En el sector de la salud, la privatización se ha dado a lo largo de los años de forma muy lenta, pero visible, las políticas neoliberales han ido avanzando, no tan rápido como les gustaría, pero han avanzado, muestra de ello es la notable reducción de los recursos estatales destinados a la salud (aunque no se puede obviar que también se han desviado para fines electorales o de enriquecimiento de funcionarios públicos, a costa del bienestar de miles de personas), todo con el fin de que el sector privado de salud gané más terreno en la atención médica, como se explica más adelante.

En palabras de Oliva López y Edgar Jarillo, investigadores de la UAM Xochimilco, a finales de los años 80 ya se delineaban los ejes neoliberales en el sistema de salud:

“La política neoliberal en salud modela el sistema sanitario a través de varios ejes: reconfiguración del financiamiento, privatización de lo público rentable, selectividad de intervenciones, focalización de poblaciones, impulso al aseguramiento individual y conformación de paquetes básicos de atención. Este proceso de reforma incorpora gradualmente la lógica mercantil a las instituciones públicas, fortalece los discursos tecnocráticos, descalificando la politicidad inherente al campo sanitario y privilegia propuestas que diluyen la responsabilidad del Estado, como sujeto obligado de garantizar los derechos humanos fundamentales -entre ellos el derecho a la salud-, trasladando a los individuos y las familias la tarea de gestionar/administrar sus riesgos para mejorar su salud”.ⁱ

En los inicios de la década de 1990 el sistema de salud a cargo de la red pública (IMSS e ISSSTE) alcanzó una enorme cobertura, se hacía cargo de la atención de más de la mitad de la población nacional, estimada en unos 81 millones de habitantes. El IMSS cubría a los asalariados de las empresas privadas en el sector formal de la economía y sus familias, y a un pequeño grupo de asalariados del campo y trabajadores agrícolas de algunos regímenes especiales. El ISSSTE atendía a los trabajadores del sector público y sus dependientes. Las demás instituciones de seguridad social (ISSSFAM y Pemex) cubrían a sus poblaciones de referencia.

El resto de la población que laboraba o dependía de trabajadores del sector informal urbano, de trabajadores por cuenta propia del campo o de los pequeños talleres artesanales, se encontraba bajo la responsabilidad de las instituciones públicas para la población abierta (fundamentalmente la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora Secretaría de Salud), con recursos siempre insuficientes. Y estaba también la medicina privada, accesible básicamente para la población de niveles de ingreso medios y altos.

Durante ese periodo entró en operación una agenda elaborada en la Presidencia de la República a partir de las recomendaciones del Banco Mundial y de una propuesta de la Fundación Mexicana Para la Salud (Funsalud, una asociación civil integrada por empresarios) que pretendía ofrecer una salida a la difícil situación en la que se encontraba el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así que, desde fines de la década de 1990, después de la modificación al sistema de pensiones de 1992 a 1995 y culminando en 1997 con la promulgación de las modificaciones a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que privatizó el sistema de pensiones, lo que quedó fueron grandes instituciones desfinanciadas en las cuales se ofrece, desde entonces, una deficiente atención a la población, en proceso de envejecimiento demográfico y con instalaciones en mal estado, equipos escasos, obsoletos o descompuestos, y un contingente de médicos y enfermeras cada vez más decepcionados ante las dificultades para poder ofrecer a sus pacientes los beneficios de su trabajo en condiciones dignas. Lo que ha conducido al crecimiento anárquico de un segmento privado amorfo y con muy diferentes calidades clínicas, cuyas características son también resultado directo de la falta de inversión y atención del gobierno.

Después de la expansión en los servicios públicos de salud, tanto de seguridad social laboral (IMSS), como de la Secretaría de Salud de los años 80, ésta es frenada por la imposición de las políticas neoliberales. Se privatizan áreas rentables de las instituciones de protección social, se modifica la relación público-privada en el sistema de salud, y se descentralizan problemas de la federación a los estados, sin fortalecer las capacidades técnicas, financieras y organizacionales locales, profundizando la inequidad preexistente y acelerando la exclusión de amplios sectores de la población.

La “modernización” neoliberal de las instituciones públicas de salud en México inicia a finales de los años ochenta y avanza con contenidos específicos en los distintos sexenios. En un primer momento, se define como el cambio estructural del sector salud que impulsa cambios legales, compactación de estructuras administrativas y descentralización de los servicios de salud para población sin seguridad social, posteriormente, los servicios y programas se reordenan en las lógicas de focalización de poblaciones y selectividad de intervenciones, con reducción sostenida del financiamiento sectorial. La cobertura se amplía a expensas de paquetes básicos de salud que, gradualmente, simplifican y reducen la prestación de servicios públicos e impactan negativamente sobre la integralidad de la atención.

Paralelamente, se disminuye el financiamiento del subsistema de seguridad social laboral y se privatizan las pensiones, pasando de sistemas de reparto a capitalización individual, creándose las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), vinculadas a la banca privada. Los cambios en la estructura del gasto reducen los recursos destinados a la seguridad social. En 1990 representan el 81,7% del total de gasto público en salud y para 2011 disminuyen a 55,7%. La reducción tiene efectos negativos en la inversión pública de equipamiento e infraestructura sanitaria e impacta en los indicadores de disponibilidad de servicios.

Si a las modificaciones que se realizaron desde los 90 a los servicios de salud, le agregamos factores como la pobreza, profundizada por la crisis de 1994 (y posteriormente la de 2008), y en general la desigualdad en los ingresos, pues a lo largo de los años la mayor parte de la población ha visto mermado su poder adquisitivo, tenemos que millones de habitantes en el país viven en condiciones que los ponen en riesgo de enfermedades con patología evitable, discapacidades y muertes prematuras.

Del Seguro popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)

Con el cambio de década, así como con el cambio de partido en el gobierno del PRI al PAN, las cosas no cambiaron nada, la aplicación de “medidas” al sistema de salud en nuestro país se aplicaron siguiendo en algún modo las “recomendaciones” del Banco Mundial, la OCDE, Funsalud y la OMS, tanto Vicente Fox, como Felipe Calderón, siguieron la línea de la privatización del sistema nacional de salud.

Las recomendaciones del Banco Mundial sobre las modificaciones a realizar en el sistema de salud, respaldadas por Funsalud son las siguientes, según Gustavo Leal y Carolina Martínez, también investigadores de la UAM Xochimilco:

“a) una clara separación entre financiamiento y prestación como elemento clave para introducir la competencia, transparencia y rendición de cuentas; b) descentralización de la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas del centro hacia el nivel en el cual la administración pueda responder mejor a las necesidades de los consumidores; c) desarrollo de mecanismos de mercado interno y cambios en la modalidad de reembolso a proveedores para asegurar que los recursos sigan a los pacientes; d) mayor rendición de cuentas a los pacientes ofreciéndoles opciones en términos de prestadores y el uso de médicos familiares como porteros, en la entrada del sistema, para también tomar las decisiones de compra en su seno; e) búsqueda del nivel más alto de calidad y valor de la atención con los recursos disponibles en el sistema; f) clara definición de un paquete de servicios esenciales para ser garantizado por todas las instituciones públicas y privadas; g) introducción gradual de la competencia, tanto entre los proveedores públicos de cómo entre los proveedores públicos y los privados, y h) garantizar un alto grado de flexibilidad que facilite las variaciones en los servicios locales para responder a sus necesidades específicas, así como para probar modelos alternativos de financiamiento/prestación y para cambiar estrategias a través del proceso de reforma”.

Asimismo, nos dicen los beneficios de la implementación de dichas recomendaciones:

“a) un paquete de salud esencial bien definido, accesible para toda la población; b) el gobierno en el papel de garante de un sector salud estructurado como un todo, que ofrece atención costo-efectiva y provisión de bienes públicos; c) un fondo para el seguro universal de salud financiado con recursos de todas las fuentes (gobierno, patrones y asalariados), todas las instituciones de seguridad social (ISSSTE, Sedena, Pemex, IMSS) que los transfiere a instituciones reguladas, organizaciones de atención administrada y planes de salud (incluidas las áreas médicas del IMSS y organizaciones privadas de atención administrada), sobre una base de capitación ajustada al riesgo; d) instituciones reguladas que asumen el riesgo de prestar los servicios dentro de un marco de reglas para resolver las fallas de mercado; e) instituciones reguladas que compran los servicios de prestadores públicos y privados, quienes a su vez cumplen con criterios mínimos de acreditación y estándares para la prestación del servicio; f)adecuada capacidad de supervisión para garantizar que los servicios se presten ordenadamente y se cumpla con las regulaciones; g) mecanismos para asegurar el acceso a servicios de segundo y tercer nivel que rebasen lo ofrecido en el paquete esencial de salud; h) un mercado de servicios de mejor calidad a través de un seguro de salud suplementario, que se adquiere voluntariamente”.ⁱⁱ

Lo que se puede leer entre líneas es que el gobierno debe favorecer una mayor intervención y participación del sector privado en el sistema de salud público, y es justamente bajo esta lógica que surge, en las administraciones panistas, el Seguro popular.

Retomando nuevamente la investigación de Leal y Martínez, se lee:

“En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se alude específicamente a las reformas requeridas en las estrategias, alcance, funcionamiento y organización del sector salud para prepararse ante las presiones que impondrán el envejecimiento demográfico y los cambios epidemiológicos sobre la infraestructura económica y social, así como los desafíos a la viabilidad de los sistemas de seguridad social y pensiones. Y en una ya muy evidente aproximación a los lineamientos del Banco Mundial/Funsalud, se anota:”

“El gobierno tiene el compromiso de seguir desarrollando los sistemas de salud de forma que se extiendan a la totalidad de la población, eviten la duplicación de esfuerzos y ahorren recursos. Las estrategias que se plantean buscarán, por lo tanto, unificar los esfuerzos de las principales instituciones y sistemas de salud que existen en el país”.

“Debe ser el principio de ciudadanía el que defina […] las reglas de acceso de la población a los servicios de salud […] lo primero que debe garantizarse es el derecho de los ciudadanos a exigir que se haga efectivo el acceso incondicional a los servicios básicos de salud […] que amplíe sus posibilidades de elección”.

Meses antes de la presentación del Programa Nacional de Salud (PNS), se puso a consideración de Fox un grupo de propuestas para “enriquecer” el PNS. Entre ellas destacan la de constituir un seguro nacional de salud que subsidiaría con diferentes montos a 21 millones de personas, y la de fomentar la prestación plural de los servicios y procurar una buena mezcla público-privada en salud. Según su propuesta, bajo este esquema:

“Se promovería una sana competencia que a su vez se traduciría en una mayor calidad en el sector. La pluralidad en la prestación de servicios es inevitable, dado el incremento en la demanda que se prevé tendrá lugar en el IMSS. Ante la imposibilidad de atender a la nueva población derechohabiente, la única alternativa viable es utilizar la infraestructura de los servicios estatales, los institutos nacionales y los establecimientos privados, los cuales podrían servir mediante el financiamiento público.”ⁱⁱⁱ

Finalmente, en 2003 se lanza el Seguro popular y hasta su cancelación en diciembre de 2019, se acumularon un sinfín de quejas y anomalías. Según el periódico La Jornada Maya, en su edición virtual del 15 de enero del presente año, se menciona que no había mecanismos de control, por lo que en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua se denunciaron irregularidades que llevaron a la Secretaría de Salud (SSA) a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

Adicionalmente se informó de más de siete mil millones de pesos, cuyo destino se desconocía, en los estados de Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Morelos y Nayarit. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre de 2018; aunado a que algunos de dichos estados tienen deudas que superan los 54 mil millones de pesos, principalmente dinero que se debe a proveedores de medicamentos, prestadores de servicios diversos e impuestos, entre otros.

De los desvíos registrados durante la vigencia del Seguro Popular, el efecto era evidente en la deficiente calidad de los servicios de salud que recibían los afiliados, así como en el desabasto de medicinas, que llegó a ser de 70 % en Veracruz.

El estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de 2013 reportó estos datos, según los cuales en Quintana Roo 48% de los usuarios había logrado surtir sus recetas. El promedio nacional ese año fue de 64%, a pesar de que sólo se consideraron los medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), de los cuales se suponía estaba garantizado el abasto.

No había justificación para que existieran estos problemas, porque la ley garantizaba la entrega de recursos económicos para la prestación de los servicios y la entrega de fármacos. Lo que no había, hasta 2014, eran mecanismos que aseguraran el uso eficiente del dinero.

Por eso se dieron casos como el de Veracruz, donde además del desabasto se encontraron almacenes con medicinas caducas y adquisiciones de productos irregulares o de procedencia sospechosa. Todos los ajustes y recortes que he mencionado los han realizado las administraciones del PRI y el PAN, han sido ellos los que han llevado al sistema de salud a su estado actual. No obstante, y a pesar de las denuncias de pacientes, médicos y enfermeras, no se realizaron investigaciones de ningún tipo, fue a lo largo de los meses que siguieron al triunfo de AMLO, en las elecciones de 2018, que se fueron destapando casos de corrupción, contratos ilegales, desvío de recursos e incluso la aplicación de medicamento placebo a pacientes con enfermedades terminales (Veracruz).

Y en el esfuerzo de terminar con ese legado, la administración de AMLO y la Cuarta Transformación se dieron a la tarea de crear un nuevo sistema de salud, que supliera al Seguro popular, orientado a quiénes no tienen un servicio de seguridad social, en la página oficial del Gobierno de México (www.gob.mx/Insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-230778), se explica que el Insabi brindará servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

Asume que, los beneficiarios del Insabi recibirán servicios médicos sin restricciones porque habrá atención universal para todos los padecimientos, incluidos aquellos que generan gastos catastróficos, para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el Bienestar; también recibirán medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos para sus tratamientos.

También se menciona que, a diferencia de antes, con el Insabi las personas sin seguridad social no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos; solo deberán contar con CURP o presentar acta de nacimiento.

Y que, para garantizar y mejorar la atención en los servicios públicos de salud, el Insabi reclutará a nuevos médicos y enfermeras con sensibilidad social, con alto sentido de la ética profesional y que estén dispuestos a trabajar en las regiones de mayor marginalidad del país, por lo cual recibirán estímulo adicional.

También habrá justicia laboral pues se basificará a quienes por años han trabajado en el sector salud de manera eventual, garantizará el abasto de medicamentos y el equipamiento suficiente para la atención de los beneficiarios en todos los niveles de atención a la salud, además que rehabilitará y ampliará la infraestructura médica.

Veremos hasta dónde llega el Insabi, lo cierto es que el panorama no es muy halagüeño, hay muchas trabas, y es obvio que 30 años de desfalco al sistema de salud no se resarcirá pronto, además de que para llevar adelante el propósito del nuevo instituto se necesitan recursos y AMLO ha dicho que no contraerá una nueva deuda, que con la lucha anticorrupción y la recaudación de impuestos alcanzará, pero es notorio que eso no es suficiente ante el estado de deterioro y abandono del sistema de salud nacional.

El sistema de salud frente al Covid-19

Todo lo anterior nos trae a la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando. Por un lado, para desenmascarar a la famélica oposición, que no deja escapar ninguna oportunidad para golpear a AMLO, y responsabilizarlo de lo que ocurre, cuando fueron ellos (PRI y PAN) los que llevaron a cabo las políticas que han hundido al sistema de salud, y que por ahora nos deja en la incertidumbre si es que los contagios llegaran a ser masivos.

Por otro lado, tenemos que analizar el alcance que tendrá el Insabi, porque bien dicen que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y lo que se pretende es eso, buenas intenciones para que la población sin ningún tipo de seguridad social sea atendida.

Por lo tanto, el cuestionamiento es ¿podrá el sistema de salud mexicano enfrentar la pandemia mundial del Covid-19?

El número de médicos, enfermeras y camas por cada mil habitantes aún se encuentra por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000 habían 1.6 médicos (del sector público y privado) por cada mil habitantes, tasa que subió a 2.4 para 2017 y a 2.6 para 2019, de acuerdo al Primer Informe de Gobierno 2018 – 2019. Dichas cifras están por debajo del promedio de los países de la OCDE que es de 3.5 doctores por cada mil habitantes.

La tasa del personal de enfermería en nuestro país también se encuentra por debajo del promedio de la OCDE (8.8). Si comparamos el número de enfermeras en el 2000 (2.2 por cada mil habitantes) con las 2.9 de 2017, vemos un ligero aumento. Lo que no cambió para 2019. La situación en cuanto a camas hospitalarias es peor. México reportó 1.8 por cada mil habitantes en 2000 y 1.4 en 2017. Para 2019 las camas hospitalarias siguieron disminuyendo, ahora 30%, para llegar a 1.0 por cada mil habitantes. Lo que evidentemente se encuentra lejos del promedio de 4.7 de la OCDE.

Si las estimaciones que dicen que el número de contagiados en México será de un 0.2% de la población, tenemos que por lo menos habría unas 250,656 personas con Covid-19. De esa cantidad, unas 140,367 solo requerirían tratamiento ambulatorio, es decir, en su hogar, sin requerir ser hospitalizadas. En cuanto a pacientes que sí demandarían hospitalización, aunque sin necesidad de ser atendidos en terapia intensiva, el cálculo es de 24,564 personas; mientras que 10,528 personas sí podrían necesitarla.

La red de hospitales públicos de todo el país, y que incluye los de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, los de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, disponen de alrededor de 3 mil camas para cuidados intensivos para atender a los pacientes que se encuentren gravemente enfermos por este coronavirus.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud, el IMSS tiene 1,867 de estas camas y 2,565 ventiladores para soporte respiratorio; el ISSSTE, 551 camas y 3,064 ventiladores; Pemex, 102 y 103, respectivamente, y Salud (con sus hospitales de alta especialidad) tiene 218 camas y 443 ventiladores.

Otro problema es la falta de insumos de protección básicos, en el IMSS se debe por un lado a la mala gestión de los burócratas y por otro a la especulación capitalista. En su lucha contra la corrupción, AMLO centralizó el abasto de medicamentos, eso ha acentuado el desabasto a nivel general de medicina.

Cada hospital debe hacer sus pedidos de medicamento con mucho tiempo de anticipación, puede tardar hasta dos semanas en lo que se envía la solicitud más el tiempo en que tarda en llegar el envío. En el caso de la contingencia actual, que se supone estaba preparándose desde hace tiempo, los burócratas asignados para estas tareas, no hicieron las compras a tiempo y ahora que se necesitan no hay. Trabajadores del IMSS nos comentan que antes un cubre bocas N95 (capaz de filtras el 95% de las partículas) le costaba al IMSS 0.50 centavos, ahora se lo quieren vender hasta en 100 pesos. Los trabajadores de hospitales, de todas las áreas, exigen ese material básico de protección, que por ahora no tienen.

Conclusiones

A lo largo del artículo se ha podido ver que la problemática viene heredada del pasado, de políticas públicas que fueron arruinando el sistema de salud, en pro de los particulares, se fue adelgazando el sistema, le fueron cortando los recursos, los volvieron ineficientes, todo siempre en contra de la salud de la población más vulnerable, que en muchos de los casos no tienen un trabajo estable o está contratado por outsourcing.

Según un artículo de Animal Político, en el sector público, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información en Salud, el personal médico con el que cuentas las instituciones del gobierno ascienden a 69 mil 896 médicos generales y familiares, 94 mil 603 médicos especialistas, 10 mil odontólogos y 26 mil 066 residentes. Además, hay 144 mil 784 enfermeras generales, 36 mil 602 enfermeras especialistas y 104 mil 853 auxiliares de enfermería.

El INEGI reporta en sus estadísticas particulares de salud que, en 2018, había 2,863 establecimientos privados, de estos 2,599 son generales. La mayoría se concentran en CDMX (260), Estado de México (460) y Jalisco (214).

Los hospitales particulares registraron 90,784 médicos: 89,846 en atención directa con el paciente y 938 en el desarrollo de otras labores. Considerando el total de médicos que atienden directamente a los pacientes, 83.8% son médicos especialistas, 12.1% médicos generales, 2.1% residentes, 1.2% odontólogos y 0.8% pasantes.

De este modo podemos ver claramente que el sector privado ha crecido drásticamente, algo totalmente opuesto al sector público. Ante la situación que nos aqueja no es nada descabellado, si las estimaciones de contagio se materializan, exigir que se nacionalice el sector privado de salud, porque la prioridad debe ser dar la seguridad a toda la población de que tendrá un servicio de salud ante un posible contagio, por lo tanto lo único que se exigiría es la recuperación de los servicios que las administraciones anteriores pusieron en bandeja de plata al sector privado, y sobre todo porque hay un número elevado de personas que están en la indefensión total ante el Covid-19.

Asimismo, es indispensable que a los trabajadores del sistema de salud se les proporcione el equipo de seguridad necesario para protegerse de cualquier contagio, y si llegara a ver escasez, y de ser necesario se tendría que nacionalizar las industrias pertinentes para garantizar el suministro de insumos.

Por último, decir que esta crisis pone las cosas muy claras sobre la mesa y deja al descubierto a aquellos que solo buscan lucrar o no ver mermada su tasa de ganancia, incluidas las grandes farmacéuticas, que no están dispuestas a apoyar sin una jugosa cantidad de dinero, ha dejado ver que Estados Unidos “ayuda” o “libera” pueblos solo si sus intereses económicos y políticos están de por medio, mientras que Cuba, una pequeña isla, bloqueada económicamente y con muchas carencias sale al quite, esto principalmente por tener (con todo y la burocracia) una economía socialista planificada.

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Referencias

– Cerrillo, Shelma. (2020). México no tiene los médicos, enfermeras y camas de hospital que necesita. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de https://cuestione.com/detalle/mexico/mexico-no-tiene-los-medicos-enfermeras-y-camas-de-hospital-que-necesita.

– Gómez, Octavio Gómez, et al. (2011). Sistema de salud de México. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5043/10023.

– La Jornada Maya. Opacidad y desvío de recursos, problemas del Seguro Popular. Recuperado en 25 de marzo de 200, de https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-15/Opacidad-y-desvio-de-recursos–problemas-del-Seguro-Popular

– Leal, Gustavo, & Martínez, Carolina. (2017). Tres momentos en la política de salud y seguridad social en México. Papeles de población, 8(34), 107-133. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252002000400005&lng=es&tlng=es.

– López, Oliva & Jarillo, Edgar. (2002). La reforma neoliberal de un sistema de salud: evidencia del caso mexicano. Recuperado en 23 de marzo de 2020, de http://www.scielo.br/pdf/csp/v33s2/1678-4464-csp-33-s2-e00087416.pdf.

– Vega, Andrea & Daen, Arturo. (2020). Con pocas camas de hospital y baja proporción de médicos México enfrenta al COVID-19. Recuperado en 25 de marzo de 2020, de https://www.animalpolitico.com/2020/03/pocas-camas-hospital-baja-proporcion-medicos-enfrentaria-mexico-covid-19/

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Notas

i López, Oliva & Jarillo, Edgar. (2017). La reforma neoliberal de un sistema de salud: evidencia del caso mexicano. Recuperado en 23 de marzo de 2020, de http://www.scielo.br/pdf/csp/v33s2/1678-4464-csp-33-s2-e00087416.pdf.