Recientemente AMLO dijo que tenía preparado un testamento político en caso de que ocurriera una desgracia. Es claro que él no será eterno y una transformación no puede depender de una sola persona. Hay muchas tareas pendientes y problemas por resolver. También es claro que existen elementos de derecha infiltrados que claramente quieren dar un giro de timón a la derecha. Como bien dice el periodista Ricardo Raphael:
“Estos documentos no son vinculantes. Vladímir Lenin dejó escrito en su testamento político que José Stalin debía ser removido como secretario general del partido comunista soviético. Stalin hizo que se juzgara como traidor a quien creyera en la veracidad de dicho texto. Lenin se fue a la tumba con todo y su testamento”.
La transformación de la revolución rusa fue radicalmente más profunda y muchas conquistas se mantuvieron por décadas pese a la contrarrevolución burocrática estalinista. Lo que tenemos ahora en México es una transformación, aun sumamente endeble, pero con un peligro de retroceder y burocratizarse.
Hay fuerzas de clase en disputa. Morena y la 4T se han llenado de buitres al asecho, dispuestos a colocarse en cargos, sin importar la opinión de la base ni la población. Una burocracia ha emergido y, sobre todo en su ala más derecha, tiene una clara presión de la clase capitalista a la que están dispuestos a hacerle concesiones. AMLO seguramente terminará su sexenio, pero ¿qué pasará después? Hay sectores claramente dispuestos a dar un giro a la derecha. Ya lo vimos en Ecuador, donde el sucesor de Rafael Correa (Lenin Moreno), que venía de su mismo partido, terminó sucumbiendo vergonzosamente a los dictados del FMI. Eso habla de la importancia de la organización de la base para revertir los peligros.
En un proceso de transformación impulsado por las masas, los espacios de participación y debate son necesarios. La burocracia de Morena, la dirección espuria de Mario Delgado, han preferido buscar alianzas con empresarios y políticos del PRI, PAN o PRD en vez de seleccionar a militantes con trayectoria de lucha. Lamentablemente vemos una oposición muy floja desde la dirección de las estructuras, al final aceptando los hechos consumados. La burocracia ha disuelto las estructuras de base y las elecciones desde abajo, para sustituirlas por las decisiones y acuerdos cupulares, se han impuesto las obscuras encuestas como método de elección. La burocracia está secuestrando este proceso, negando a los militantes de base y al pueblo trabajador poder ser partícipes directos de la toma de decisión del rumbo de la lucha que se emprende.
En este contexto se ha llamado a la Convención Nacional Morenista. Una iniciativa no oficial. John M. Akerman, uno de sus principales impulsores, ha criticado duramente el actuar de la dirección de Morena, pero señala también que no se plantea dividir al partido sino tener ante todo un espacio para reunirnos y discutir, así como defender la legalidad. Por supuesto, hay cuestiones criticables pues en algunas zonas hay compañeros que prefirieron acomodarse en cargos y tras esto acallar su crítica en el pasado. Pero es positivo ahora abrir estos espacios de debate que deben traducirse en acciones a seguir.
Se debe buscar espacios que permitan debatir el rumbo de la transformación, la lucha por la reactivación de las estructuras de base y porque Morena se vincule y no abandone las demandas de los sindicatos, organizaciones sociales, de mujeres y demás sectores del pueblo en lucha.
Hay un elemento aún más preocupante. Si bien AMLO ha demostrado ser un presidente no corrupto con una forma de gobernar distinto, ha dado apoyos sociales a sectores desprotegidos, se realizan importantes obras de infraestructura de gran importancia, etc.; los cambios que ha implementado no están en un punto de no retorno. No se ha roto con la lógica del capital y el país está sumamente expuesto a los vaivenes de la economía mundial. Es verdad que ha tocado un periodo difícil con la crisis económica mundial y la pandemia. La economía de México se ha recuperado, pero sin posibilidad de alcanzar el crecimiento vivido antes de la pandemia. Después de una caída tan grande es inevitable un crecimiento, pero este fue de poco más de 6% en 2021 cuando la caída de 2020 fue de 8.2% del PIB. El panorama internacional sigue siendo incierto y turbulento.
Pero más allá de la difícil coyuntura, hay un dato que es muy ilustrativo. Los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres más pobres. Carlos Slim tiene una fortuna equivalente a la “riqueza” de la mitad de la población más pobre de México. Durante la pandemia, donde la mayoría de nosotros vimos reducir nuestros ingresos, la riqueza de los multimillonarios más ricos del país incrementó en un 29.7%. La 4T se plantea un combate al neoliberalismo pero: “Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailleres González y Juan Francisco Beckmann Vidal acumulan un capital de 124 mil millones de dólares, la mayoría de ellos como herencia de las privatizaciones realizadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.” Ellos equivalen al 0.00001% de la población mexicana (La jornada 20/01/2022).
Lo mínimo que se debería hacer, siendo consecuente con el combate al neoliberalismo, es la recuperación de las empresas que fueron privatizadas en el pasado. Pero somos conscientes que el problema no es un modelo económico en específico, sino el sistema capitalista en crisis orgánica. Reflejo de ello es que siguen sin solucionarse problemas profundos como la violencia (que cobra la vida de jóvenes, mujeres, niños, periodistas, etc.) y la desigualdad social. Más allá de buenas intenciones, se requiere una estrategia y un plan adecuado. Este debe ser radical, pero eso significa combatir el problema de raíz que es el capitalismo y la propiedad privada de los grandes medios de producción, de la que emana la desigualdad y consecuente violencia.
Esto lo que nos dice es que los cambios no han ido suficientemente lejos. La economía de mercado sigue actuando a favor de los intereses de los multimillonarios y no de los pobres. Necesitamos poner orden, las palancas fundamentales de la economía deben estar bajo propiedad y administración democrática de los trabajadores. Lo mismo debe pasar con el Estado, que hoy sigue actuando como un elefante reumático y oponiéndose a medidas que van en contra de su naturaleza (pues fue creado históricamente para defender los intereses de los capitalistas). Casos muy ilustrativos de esto es el actuar del poder judicial, del INE y de la propia fiscalía que no ha condenado con plenitud a ningún corrupto del pasado ni del presente.
Este año el gobierno entregará dos de sus proyectos centrales, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Un tema importante será la reforma energética, que desde nuestro punto de vista debería llevar a que todo el sector energético este bajo propiedad estatal y control obrero. Una coyuntura central será la consulta por la revocación de mandato, que el INE está boicoteando. Con esto se pretende ratificar el mandato de AMLO. Esto debería servir para dar un fuerte bofetón a la derecha, que no ha dejado de boicotear a este gobierno, pero, sobre todo, el avanzar en la organización de los trabajadores, elevando la exigencia de que esta transformación se radicalice, pues está en peligro.
Como trabajadores, que sufrimos la crisis y las nefastas consecuencias del sistema en los huesos, pese a que el gobierno pueda tener buenas intenciones, debemos enarbolar con claridad un programa que defienda nuestros derechos laborales y aspire a que la transformación lleve a una verdadera igualdad social.
Saludamos la lucha contra la burocracia, contra las alianzas con la derecha, por la vinculación de Morena al movimiento social, por la democracia real en la 4T y el fortalecimiento general de las luchas sociales y el movimiento obrero independiente. Hay que cerrar el paso a los oportunistas a favor de la organización del pueblo. Pero esto es la mitad de la lucha. El tiempo se agota, debemos luchar por que el proceso se radicalice y aspire a un Estado y una economía bajo control y al servicio de los trabajadores, es decir, que acabe con el capitalismo para centrar las bases de una sociedad donde exista verdadera justicia social. La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos.
El pasado 5 de febrero se llevó a cabo, en la Ciudad de México, la Primera Convención Nacional Morenista, que dio cita en la Plaza de la República —o Monumento a la Revolución— a los participantes inscritos en sus 8 mesas de discusión a partir de los foros locales celebrados, entre el 15 y el 31 de enero, en 20 de las 32 entidades federativas de la República. Las mesas temáticas versaron sobre la vida interna de Morena, su ideología, la convocatoria de su Congreso Nacional, la definición de sus candidaturas, la formación política de sus cuadros, su vinculación con los movimientos sociales, su relación con el gobierno y la transparencia de sus órganos dirigentes. Y si bien los foros locales no se reprodujeron en cada uno de los Estados de la Federación, todos ellos convocaron a los militantes de los Estados cercanos donde no se celebró el foro respectivo, en el afán de hacer de la Convención un evento tan amplio y plural como fuera posible.
La trayectoria de este encuentro inició desde la publicación, el 9 de diciembre pasado, de un pronunciamiento titulado “Momento de definiciones”, firmado y suscrito por “más de 3 mil dirigentes, militantes y simpatizantes del partido” inconformes con el rumbo político de la actual dirigencia partidista de Morena y asumiéndose como los y las convocantes de la Convención. La misma procuró presentarse en su planteamiento y planeación como una iniciativa perteneciente a las bases del propio partido, no obstante, también se pudo identificar fácilmente con algunos personajes pertenecientes al ala más crítica contra la dirigencia derechista de Mario Delgado, tales como Jesusa Rodríguez, Bernardo Bátiz, Enrique Semo, Jaime Cárdenas, Alejandro Solalinde, Víctor Toledo, John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval y Paco Ignacio Taibo II, entre otros, que participaron como oradores antes y después de los trabajos de la Convención.
Como resultado, se suscribió una serie de 21 acuerdos, que incluyen el apoyo a la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, así como a la consulta popular por la revocación o renovación de su mandato, el respaldo a los candidatos morenistas para las 6 gubernaturas estatales que se disputan este año, la derogación de la estructura de delegados estatales paralela al partido, la renovación de sus consejos nacional y estatales, así como de sus comités ejecutivos, la celebración del VII Congreso Nacional del partido con carácter extraordinario y el cumplimiento de los estatutos violados u omitidos por la actual dirigencia nacional, como los referentes a las prerrogativas del Instituto Nacional de Formación Política. También se acordó la organización de un curso de inducción para toda la militancia a nivel nacional por parte de dicho Instituto, la creación de comités sectoriales del partido y no sólo territoriales, la integración del Consejo Consultivo, la derogación de los cargos partidistas que simultáneamente ocupen cargos públicos, la descentralización financiera del partido, la auditoría de los recursos partidistas del ejercicio de 2021, la convocatoria para una Segunda Convención, el 6 de agosto, y la instalación de mesas de seguimiento en todas las entidades federativas del país, mas, sin que quede del todo claro cuáles son los medios precisos por los que se pretenden concretar estos propósitos.
Esta Primera Convención se esmeró en cuidar los formalismos, centrando su discusión en cuestiones más estatutarias que políticas, quizás en el afán de sustraerse a las acusaciones y señalamientos que pudieran arrojarse en su contra para tacharla como facciosa o sectaria a fin de desvirtuarla, pese a lo cual, y previsiblemente, el actual dirigente nacional de Morena se apresuró a descalificarla, afanándose en identificar su interés personal con el del partido mismo al acusarla espuriamente de sembrar divisiones, de no apoyar las iniciativas del gobierno de AMLO y de “hacerle el juego a la derecha”. No puede menos que llamar la atención que Mario Delgado se arrogue unilateralmente la autoridad para hablar en nombre de un movimiento social al que ignora y margina sistemáticamente en su conducción política, caracterizada por la toma de decisiones al margen de las bases partidistas, el pragmatismo sin principios (particularmente en su alianza político electoral con el PVEM) y el reparto discrecional de candidaturas, muy a menudo en favor de personajes repudiados por la propia militancia morenista y que ya le han costado al partido no pocas derrotas en las urnas (como la ocurrida en Nuevo León, en 2021, donde la candidata ex priista de Morena se fue en picada al ser vinculada con la secta sexual NXIVM y dejó así un vacío capitalizado por el ahora gobernador Samuel García, del partido MC).
Otros personajes dentro de Morena, como Gibrán Ramírez, quien se identifica como aliado del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (conocido aspirante a la presidencia de la República), comparten la crítica de la Convención Morenista a la dirigencia actual del partido (e incluso le corrigen la plana en lo referente al apoyo disciplinado a los candidatos para las gubernaturas disputadas en 2022, al margen de su arraigo entre las filas morenistas), pero califican como vano su afán de organizar a las bases del partido en una lógica democrática y no electoral, de cara a la inercia y las ambiciones políticas que arrastra la anticipación por las elecciones presidenciales de 2024. Este posicionamiento, sin embargo, valida la interpretación reduccionista que priva en los medios informativos de la derecha y que describe esta coyuntura en los términos burdos de una lucha fraccional, frente a la cual un tercero en discordia buscaría presentarse, dentro de las filas de Morena, como una “alternativa responsable” entre la dirección nefasta de Mario Delgado y el “peligroso radicalismo” de la Convención.
No son menores las circunstancias que convocan a los sectores críticos del partido a tratar de organizarse contra el bloque monolítico de su dirigencia política, que afirma hipócritamente que atenderá los mismos reclamos que ha ignorado a todo trance desde que se constituyó como tal, a la vez que transgrede los estatutos partidarios, desacredita toda iniciativa que no parta de sí misma y minimiza sus propios yerros, escudándose en el apoyo masivo a un gobierno que detenta una legitimidad mucha mayor que la del partido que lo postuló de cara al triunfo popular de 2018. Los organizadores de este encuentro no se equivocan al afirmar que: “La continuidad histórica de la Cuarta Transformación más allá del sexenio actual dependerá del fortalecimiento y la consolidación de su principal instrumento político”. Y si los mismos se pueden identificar como una corriente adversa a la dirigencia de Mario Delgado, esto no significa que la Convención no representara una oportunidad para que las bases del partido expresaran su genuino descontento, en el ánimo de encontrar una salida para la frustración de sus ideales a merced del oportunismo.
Si bien es cierto que los partidos de la derecha se han desdibujado desde su derrota en las pasadas elecciones presidenciales y su alianza ha resultado fútil para competir electoralmente contra Morena (sólo MC parece ganar algún terreno al desmarcarse del PRI, el PAN y el PRD, aunque no represente políticamente algo distinto), esto no quiere decir que la oligarquía mexicana cifre en éstos todas sus esperanzas para frenar las aspiraciones sociales de las masas y recuperar su control sobre el Estado tal como lo ejerció durante los gobiernos anteriores. Al imponer a instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a una dirigencia partidista que suprima la vida institucional de Morena y copte a sus órganos colegiados, los personeros de la clase social dominante se aseguran de hacer mella en el proyecto político de la Cuarta Transformación, haciendo al propio partido dependiente de las fuerzas externas para impulsar su modesto programa de reformas, desgastándolo políticamente, enajenándolo de sus principios rectores, sembrando la desmoralización entre la militancia de base (que es su principal fuerza motriz) y sustituyéndola por una burocracia mezquina que sólo está en busca de posiciones políticas. De continuar esta trayectoria, la bancarrota de Morena en algún momento posterior a las próximas elecciones presidenciales se convertiría en uno de sus probables desenlaces.
Sin embargo, aunque la iniciativa de organizar el justo descontento de base militante en contra de una dirección partidista claramente facciosa —así como contraria al anhelo social de dignidad y justicia depositados en el proyecto de la Cuarta Transformación— es un empeño tan necesario como encomiable, se pueden observar ciertas reservas que persisten en la articulación de esta Convención en cuanto a los alcances de la lucha de las propias bases morenistas por la democratización del partido. Tal parecería que las discusiones y los acuerdos derivados de este ejercicio se hubieran orientado dentro de lindes bien definidos, evitando la confrontación directa, priorizando los intereses electorales y apelando al liderazgo moral del presidente López Obrador, pero acotando en última instancia el desarrollo político de una militancia más crítica. Es elocuente que los términos de los acuerdos aludan solamente a la continuidad de la Cuarta Transformación y no a su profundización, limitando sus reivindicaciones dentro de límites aceptables para la burguesía nacional, adhiriéndose, por ejemplo, a los términos de la Reforma Eléctrica tal como fue planteada por el gobierno de AMLO, en vez de pugnar por la construcción de una correlación de fuerzas políticas que baste para poner al alcance del movimiento social la renacionalización completa de los sectores productivos privatizados por los gobiernos neoliberales.
Estará por verse qué tan lejos están dispuestos a llegar los organizadores de la Convención en su afán de democratizar al partido y si las llamadas enérgicas a restituir una conducción política apegada a los estatutos partidistas, y su estrategia en general, serán suficientes para reencausar a Morena, como es deseable, rearticulando su aspiración original de constituirse como un partido-movimiento y no tan sólo como un aparato electoral (la función primaria que le asigna su actual dirigencia). En tal sentido, es también bastante notorio que los acuerdos suscritos no incluyen la movilización callejera de las bases militantes para defender de las ambiciones estrechas de la cúpula burocrática al partido que erigieron con su propio sacrificio; propósito para el que sobra disposición, como lo evidenció el ambiente de la Convención Morenista y las nutridas y recurrentes consignas que se hicieron oír durante su celebración en favor de la destitución de Mario Delgado, al que una parte significativa de las bases del partido no dudan en calificar de traidor.
Para resolver los problemas del pueblo trabajador y de la sociedad mexicana, recrudecidos por la crisis mundial capitalista, la Cuarta Transformación no puede conformarse con preservar sus logros actuales en materia social, sino que debe ampliarlos, y para conseguirlo precisa de un partido tan disciplinado como democrático, en el que la militancia participe orgánicamente en la toma de decisiones, sin ser marginada por una camarilla rastrera. Como lo demuestra la experiencia de la más grande transformación social de la historia, la Revolución rusa, que fue traicionada por una burocracia reaccionaria que eliminó todo rastro del bolchevismo, sin un partido que luche por las demandas de la clase obrera, incluso los cambios más audaces en la organización social pueden ser revertidos por las fuerzas conservadoras. Si las facciones partidistas no atinan a construir ese partido, dependerá de sus bases aprovechar oportunidades como la de la Convención Nacional Morenista para estrechar sus lazos y bregar por el partido que necesitamos.
La cuarta ola de contagios por COVID-19, con la variante Ómicron como la cepa más contagiosa, se ha desatado a nivel global, impacteando con mayor fuerza a los países del hemisferio norte del continente americano, y México es uno de los países que más está sufriendo las consecuencias con récords diarios en las cifras de contagios. Esto amenaza con desbordar el sistema sanitario, pues los servicios médicos y de salud están colapsando y sufren de una fuerte ineficiencia. Las filas para la prueba del antígeno son interminables y la cantidad de pruebas insuficientes, los hospitales comienzan a saturarse por casos de COVID-19 y el proceso para tramitar la incapacidad es otra tortura.
En medio de esta tormenta, la desesperación provoca que mucha gente culpe a los trabajadores de la salud por las ineficiencias que se presentan en los servicios médicos, sin embargo, la razón de esta ineficiencia está ligada a la perpetua búsqueda de la ganancia, que la lógica de la sociedad capitalista exacerba, y que, en una institución como el IMSS, que a pesar de su carácter público y gratuito, carece de toda democracia obrera, pues se encuentra dirigida por una camarilla de burócratas que están más interesados en mantener sus prebendas e intereses personales que en asegurar un servicio digno.
En medio de esta tormenta, la desesperación provoca que mucha gente culpe a los trabajadores de la salud por las ineficiencias que se presentan en los servicios médicos, sin embargo, la razón de estas ineficiencias no recae sobre los trabajadores, sino que está ligado a las condiciones imperantes del sistema de salud bajo el capitalismo, en donde, los servicios médicos no están destinados a dar atención a quien lo necesite sino a quien pueda pagarlo, esto se refleja en los diferentes servicios y su respectiva calidad, dependiendo de la posición económica del usuario. Mientras que los servicios privados de mejor calidad están destinados para la burguesía y los sectores privilegiados, los servicios públicos están destinados a los trabajadores y sus familias, servicios que se caracterizan generalmente, por poseer un presupuesto e infraestructura insuficiente en relación con la demanda, estas condiciones se terminan por manifestar en un servicio ineficiente. Esto no es accidental, ya que para el Estado burgués no es una prioridad ofrecer un servicio de calidad y suficiente a los trabajadores, por tanto, no se destinan los recursos necesarios. La generación de medicamentos y equipo tecnológico sigue dependiendo de las importaciones, esto debido a la posición de México como país dependiente. Estos contratos en general responden a la lógica de la ganancia y no a la de cubrir las necesidades de la sociedad.
Bajo el capitalismo la salud es un negocio, e incluso los servicios públicos de salud operan bajo los intereses de la burguesía, pues el Estado Burgués se encarga que varias actividades de sistema de salud pública sean altamente lucrativas para las farmacéuticas y todas las empresas ligadas al sector salud.
Otro problema al que se enfrenta el sistema de salud, es su gestión burocrática, como todas las instituciones del Estado burgués, se encuentra en manos de una burocracia que gestionada de forma autoritaria y se encuentra más interesada en mantener sus prebendas e intereses personales que en asegurar un servicio digno.
Mientras estos burócratas se benefician y enriquecen, gracias a sus puestos y capacidad de mando, los trabajadores de la salud viven en condiciones de trabajo precarias, con sueldos insuficientes y una enorme carga laboral, carga que se exacerba con el alza en los contagios. También son a los trabajadores de la salud a quienes les tocan recibir las quejas de los derechohabientes, esto a pesar de que ellos están desprovistos de una capacidad real en el manejo de los recursos del sistema de salud y carecen de una auténtica democracia en gestión del trabajo.
El Día 11 de enero del año en curso, me tocó asistir a mi clínica para buscar una prueba e incapacidad por COVID-19, al llegar al lugar, alrededor de las 07:00 am, ya había una fila de por lo menos 300 personas esperando su turno para el mismo asunto. Los que iban hasta el frente comentaron que estaban desde las 05:30, las consultas empiezan hasta las 08:00 am, algunos tuvimos que esperar más de 10 horas (además de la lluvia que trajo el Frente Frío) para ser atendidos y poder ir a nuestros hogares. Otro asunto es que se habían habilitado permisos en línea, pero, como es usual, el sitio estaba fallando y no logró su cometido. Le pregunté a otras personas en la fila si lo habían intentado en la página, pero me comentaron lo mismo. El sitio web no les permitía continuar su trámite en cierto punto o simplemente no estaba disponible. Esto no es algo particular de una clínica, sino un problema generalizado que ocurre en todos lados del país en este momento aún.
A pesar de que la 4T subraya en su programa la necesidad de rescatar el sistema de salud, frente al saqueo, abandono y descuido que padeció durante los gobiernos neoliberales, es importante subrayar que los esfuerzos del gobierno en este aspecto siguen siendo insuficientes. Mientras no se combata a la burocracia, por más que se tengan buenas intenciones respecto a gobiernos anteriores, solo se cambiara a un burócrata por otro, provocando los mismos resultados.
En México, en el IMSS y las demás instituciones de salud pública imperan estas condiciones, y ahora bajo el gobierno de AMLO se ha comenzado a hacer frente a esta situación. A pesar de que la 4T subraya en su programa la necesidad de rescatar el sistema de salud, frente al saqueo, abandono y descuido que padeció durante los gobiernos neoliberales, es importante subrayar que los esfuerzos del gobierno en este aspecto siguen siendo insuficientes, es vital tomar acciones más contundentes para revertir el rezago.
Es necesario romper con el carácter burgués imperante en la salud pública, donde la salud es un negocio, se debe reorientar la salud pública para satisfacer las necesidades sociales, que se preste a todo quien lo necesite; que el servicio sea realmente universal, gratuito y de calidad. Esto implica aumentar sustancialmente el presupuesto destinado a salud, mejorar y expandir la infraestructura, combatir la burocracia e implantar el control obrero.
Mientras no se combata con acciones más contundentes por la izquierda, la situación no mejorará y se continuara obteniendo los mismos resultados.
Nosotros, los marxistas, consideramos que la respuesta está en democratizar la institución del Seguro Social. Para obtener resultados diferentes debemos hacer las cosas diferentes, y esto, sólo podrá venir de mano de los trabajadores de la salud y de los trabajadores de todo sector, implementando la democracia y el control obrero. Solo con los trabajadores al frente de la gestión del trabajo y los recursos será posible mejorar el servicio de salud. Para tener más y mejores instalaciones, para que el personal no esté expuesto a una carga laboral exacerbada, sino, que, acorde con un plan de salud efectivo, incluso, las emergencias sanitarias como la pandemia del COVID-19 sean atendidas de la mejor manera posible y no en condiciones de precariedad y carencias.
Ayer, el ejército y las fuerzas de seguridad de Kazajistán, respaldados por las fuerzas especiales rusas, se movilizaron para reprimir por la fuerza lo que se ha convertido en el mayor movimiento de masas en Kazajistán desde el colapso de la Unión Soviética.
El jueves 6 de enero, se produjeron enfrentamientos callejeros en varias grandes ciudades de Kazajistán después de que las autoridades declararan el estado de emergencia y movilizaran al ejército para restablecer su control del poder. En un mensaje diseñado para conmocionar y provocar, un portavoz policial dijo a noticias estatales que “decenas de atacantes fueron liquidados”. Ha habido informes de cientos de heridos y miles de detenidos. Al aparecer en la televisión hoy (viernes 7 de enero), un pomposo presidente Kassym-Jomart Tokayev dijo que personalmente dio la orden a las fuerzas de seguridad y al ejército de “abrir fuego con fuerza letal” contra lo que llamó “bandidos y terroristas”.
Es evidente que el aparato estatal se está moviendo rápida y violentamente para recuperar el control, que parecía estar escapándose de sus manos en los últimos días. Todos los aeropuertos, carreteras, plazas y otros puntos clave de comunicación y transporte, que anteriormente habían sido ocupados por manifestantes, ahora están firmemente de vuelta en manos del Estado.
En ausencia de una dirección y una organización claras, una fuerza tan abrumadora parece, al menos por ahora, haber rechazado las protestas, que habían envuelto a las principales ciudades del país durante la última semana. El movimiento adquirió un carácter semi insurreccional después de que invadiera aeropuertos y edificios gubernamentales en las principales ciudades, y hubo indicios de confraternización entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, sin un plan claro de adónde ir a partir de ahí, la iniciativa se inclinó hacia la contrarrevolución, que logró reorganizarse y contraatacar con una combinación de concesiones y fuerza bruta.
Ante el poderoso movimiento, el Estado se vio inicialmente obligado a otorgar una serie de concesiones de gran alcance, como la reducción de los precios del gas en la región de Mangistau y la introducción de la regulación estatal de la gasolina, del diésel, del gas natural y de los productos alimenticios básicos como así como la destitución de todo el gobierno. Esto había aumentado la confianza del movimiento y lo había impulsado a avanzar mientras las fuerzas estatales se desintegraban lentamente. Tokayev parecía estar reaccionando a los acontecimientos, lo que provocó una desmoralización y desorientación generalizadas dentro de las filas del aparato estatal en particular.
El jueves, sin embargo, Tokayev, que hasta entonces había operado como presidente interino de facto, con el ex presidente Nursultan Nazarbayev conservando el poder real en el fondo, dio un paso al frente y tomó las riendas. Despidió al gobierno y apartó a Nazarbayev, anunció el estado de emergencia y pidió la ayuda de las tropas rusas (bajo la cobertura de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva). Este movimiento audaz y confiado parece haber galvanizado a las fuerzas del Estado y las ha impulsado para la ofensiva que hemos presenciado en las últimas 24 horas.
Mientras tanto, habiendo sido concedidas muchas de las reivindicaciones iniciales del movimiento y sin plantearse objetivos nuevos y claros, algunas capas empezaron a vacilar. Esta tendencia se vio reforzada por el saqueo y la violencia sin sentido, que sin duda fue promovida y orquestada en su mayor parte por el Estado. En estas condiciones, y ante la perspectiva de luchar contra la represión estatal sin una organización o programa claro, una capa se habría retirado, dejando a los elementos más radicales potencialmente aislados en las calles.
Pero mientras las calles se han despejado en algunos lugares, como Almaty y la capital Nursultan, en otros lugares como Yanaozen y Aktau, las protestas continúan y se han renovado hoy. No se puede descartar que una vez que el movimiento haya superado su impacto, se radicalizará y dará nuevos pasos hacia adelante. Pase lo que pase, esto no es de ninguna manera el fin de la revolución kazaja. Al contrario, esto es solo el comienzo.
Inestabilidad por delante
Lo que estamos presenciando es un punto de inflexión en la historia de Kazajistán. El país, que durante años había sido destacado por la burguesía como modelo de estabilidad, entra ahora en una nueva etapa de inestabilidad, crisis y lucha de clases. La estrategia del régimen será contraatacar al movimiento a través de una combinación de represión violenta y concesiones económicas.
Kazajistán tiene algunas de las mayores reservas de cromita, wolframio, plomo, zinc, manganeso, plata y uranio del mundo. También cuenta con importantes reservas de bauxita, cobre, oro, mineral de hierro, carbón, gas natural y petróleo. Sobre la base de estas reservas, también ha construido un importante fondo soberano en el que puede recurrir para otorgar ciertas concesiones sociales y económicas.
Sin embargo, esto no será suficiente para comprar una estabilidad sostenida. Estos recursos dependen de una economía mundial que se encuentra en una situación desesperada. En 2014, cuando los precios del petróleo y los minerales comenzaron a bajar como resultado de la desaceleración del crecimiento económico en China y Occidente, el crecimiento del PIB de Kazajistán cayó del 4,2 al 1,2 por ciento. Una vez que golpeó la pandemia, la situación empeoró, ya que los precios aumentaron y el acceso a la asistencia social disminuyó para los más pobres. En el próximo período, la economía mundial se enfrentará a nuevas recesiones, que ejercerán presiones adicionales sobre la economía de Kazajistán, lo que significa que la clase dominante está destinada a atacar los niveles de vida para mantener su propia posición.
Durante dos décadas, el régimen kazajo, dirigido de manera bonapartista por Nursultan Nazarbayev, pudo mantener una estabilidad relativa sobre la base de una economía que crecía rápidamente y un crecimiento relativo de los niveles de vida, al menos para algunas partes de la población. Esa era, sin embargo, ha terminado. Si no quedó claro la semana pasada, ciertamente después de anoche, el régimen ha quedado completamente desacreditado y se verá cada vez más obligado a depender de la fuerza bruta para mantenerse, un hecho que a su vez empujará a más capas a la oposición. Así, el “orden” que Tokayev ha proclamado con tanto orgullo en NurSultan y Almaty, constituirá la base para un nuevo período de inestabilidad y lucha de clases.
¿Una revolución de colores?
Algunas personas de la izquierda se han apresurado a calificar el movimiento de la semana pasada en Kazajistán como una “revolución de colores”, orquestada por Occidente como parte de un complot para aislar a Rusia. Según esta línea de opinión, lo que estamos presenciando es similar al movimiento reaccionario Maidan en Ucrania, que fue esencialmente un movimiento controlado por elementos fascistas y de extrema derecha incitados por Washington. Sin embargo, esa es una comparación superficial que ignora los hechos sobre el terreno en Kazajistán.
En todo caso, el movimiento que hemos presenciado en los últimos días ha sido notable por la presencia limitada que hemos visto de elementos liberales y pequeñoburgueses. A diferencia de los movimientos de protesta entre 2018 y 2020, las protestas de la semana pasada tuvieron un verdadero carácter revolucionario y fueron iniciadas por trabajadores, que jugaron un papel clave, así como por parados pobres y elementos de clase media baja.
El punto de partida y el epicentro inicial del movimiento fue en la región occidental de Mangistau, el corazón de las grandes compañías petroleras y hogar de una clase trabajadora industrial grande y poderosa con tradiciones de lucha. La región es el hogar de Yanaozen, una ciudad en la que decenas de miles de trabajadores petroleros se declararon en huelga en 2011 y esencialmente ocuparon la ciudad durante siete meses antes de ser brutalmente reprimidos por las fuerzas armadas. Es evidente que esta experiencia jugó un papel importante en el movimiento actual, que en gran medida se basó en las tradiciones de lucha de esa región.
Este impresionante desarrollo del movimiento en el espacio de unos días se explicó muy bien en una declaración del Movimiento Socialista de Kazajistán, que citaremos extensamente:
“Ahora hay un levantamiento popular real en Kazajistán. Desde el principio las protestas fueron de carácter social y de clase; la duplicación del costo del gas licuado en la bolsa de valores fue solo la gota que colmó el vaso. Después de todo, los hechos comenzaron de la misma manera en Yanaozen, por iniciativa de los trabajadores petroleros, que se convirtió en una especie de sede política de todo el movimiento de protesta.
“La dinámica de este movimiento es indicativa. Desde que comenzó como una protesta social, luego comenzó a expandirse, las organizaciones laborales utilizaron sus mítines para plantear sus propias reivindicaciones de un aumento del 100 por ciento en los salarios, cancelación de objetivos de producción irrazonables, mejora de las condiciones laborales y libertad de actividad sindical. Como resultado, el 3 de enero, toda la región de Mangistau se vio envuelta en una huelga general, que se extendió a la vecina región de Atyrau.
“Es de destacar que ya el 4 de enero, los trabajadores petroleros de la empresa Tengizchevroil, el 75 por ciento de la cual está controlada por multinacionales estadounidenses, se declararon en huelga. Fue aquí donde 40.000 trabajadores fueron despedidos en diciembre del año pasado y se planeó una nueva serie de despidos. Estos trabajadores fueron posteriormente apoyados durante la jornada por los trabajadores petroleros de Aktobe y las regiones de Kazajistán occidental y Kyzylorda.
“Además, en la noche del mismo día, comenzaron las huelgas de los mineros de la empresa ArcelorMittal Temirtau en la región de Karaganda, y de las fundiciones y de los mineros de cobre de la corporación Kazajmys, que ya puede considerarse una huelga general en toda la industria minera nacional del país. Y también hubo reivindicaciones de salarios más altos, una edad de jubilación más baja, el derecho a dirigir sus propios sindicatos y realizar huelgas.
“Al mismo tiempo, las concentraciones indefinidas ya habían comenzado el martes en Atyrau, Uralsk, Aktobe, Kyzyl-Orda, Taraz, Taldykorgan, Turkestán, Shymkent, Ekibastuz, en las ciudades de la región de Almaty y en la propia Almaty, donde el cierre de las calles resultó en un enfrentamiento abierto de manifestantes con la policía en la noche del 4 al 5 de enero, como resultado de lo cual el akimat [gobierno provincial] de la ciudad fue tomado temporalmente. Esto dio una excusa para que Kassym-Jomart Tokayev declarara el estado de emergencia.
“Cabe señalar que a estos discursos en Almaty asistieron principalmente jóvenes desempleados e inmigrantes internos que vivían en los suburbios de la metrópoli y tenían trabajos temporales o mal remunerados. Los intentos de calmarlos con promesas de reducir el precio del gas a 50 tenge, por separado para la región de Mangistau y Almaty, no han satisfecho a nadie.
“La decisión de Kassym-Jomart Tokayev de destituir al gobierno y luego destituir a Nursultan Nazarbayev del cargo de presidente del Consejo de Seguridad tampoco detuvo las protestas. Las manifestaciones masivas de protesta ya comenzaron el 5 de enero en los centros regionales del norte y este de Kazajistán, donde no habían estallado previamente, en Petropavlovsk, Pavlodar, Ust-Kamenogorsk, Semipalatinsk. Al mismo tiempo, se intentó asaltar los edificios de los akimats regionales en Aktobe, Taldykorgan, Shymkent y Almaty.
“En Yanaozen mismo, los trabajadores formularon nuevas reivindicaciones en su manifestación indefinida, incluida la renuncia del presidente actual y de todos los funcionarios de Nazarbayev, la restauración de la Constitución de 1993 y las libertades conexas de formar partidos, el derecho a crear sindicatos, la liberación de presos y el cese de la represión. Inmediatamente se creó un Consejo de Ancianos, que se convirtió en una autoridad informal.
“Así, las reivindicaciones y consignas que ahora se utilizan en diferentes ciudades y regiones se difundieron a todo el movimiento y la lucha recibió un contenido político. También se está intentando crear comités y consejos sobre el terreno para coordinar la lucha”.
Lo que vemos muy claramente de lo anterior es el enorme papel de la clase trabajadora industrial de Mangistau, que esencialmente dirigió el movimiento y lo imbuyó de su propio programa político proletario y métodos de organización y lucha. Mientras tanto, las vagas reivindicaciones democráticas y nacionalistas de la oposición liberal respaldada por Occidente seguían siendo, en el mejor de los casos, periféricas.
En una entrevista muy interesante publicada en Zanovo-media, Aynur Kurmanov, uno de los líderes del Movimiento Socialista de Kazajistán en el exilio, responde a la afirmación de que se trataba de una conspiración orquestada por las potencias occidentales:
“Esto no es un Maidan, aunque muchos analistas políticos están tratando de presentarlo de esta manera ¿De dónde salió una autoorganización tan asombrosa? Se basa en la experiencia y tradiciones de los trabajadores. Las huelgas han sacudido la región de Mangistau desde 2008, y el movimiento de huelga comenzó en la década de 2000. Incluso sin ninguna aportación del Partido Comunista ni de cualquier otro grupo de izquierda, hubo reivindicaciones constantes para nacionalizar las compañías petroleras. Los trabajadores simplemente vieron con sus propios ojos a qué estaban conduciendo la privatización y la toma de control capitalista extranjera. En el curso de estas manifestaciones anteriores, adquirieron una enorme experiencia en términos de métodos de lucha y solidaridad. Vivir en el desierto hizo que la gente se mantuviera unida. Fue en este contexto que la clase trabajadora y el resto de la población se unieran. Las protestas de los trabajadores en Yanaozen y Aktau marcaron la pauta para otras regiones del país. Las yurtas y tiendas de campaña, que los manifestantes empezaron a instalar en las principales plazas de las ciudades, no se tomaron en absoluto de la experiencia del “Euromaidan”: estuvieron en la región de Mangistau durante las huelgas locales del año pasado. La población misma trajo agua y comida para los manifestantes”.
Los trabajadores de la región de Mangistau no solo no están confabulados con el imperialismo estadounidense, ¡tienen una rica tradición de lucha contra las multinacionales occidentales! Esto no quiere decir que no haya organizaciones burguesas “liberales” y nacionalistas que estén tratando de capitalizar el movimiento, pero una cosa es cierta: no lo iniciaron y no lo controlan.
Kazajistán, Rusia y Occidente
Sería incorrecto presentar a Kazajistán como un país dominado por Rusia. El régimen kazajo de Nazarbayev pasó 30 años haciendo un juego de equilibrio entre Rusia, EE. UU., China e incluso Turquía, enfrentando a cada potencia entre sí para obtener el mejor trato para sí misma. De hecho, no es Rusia, sino los EE. UU., debido a las inversiones de Chevron y ExxonMobil, quien ocupa el primer lugar entre los inversores extranjeros en Kazajistán. La propia Chevron es el mayor inversor en Kazajistán.
Mientras tanto, la mayor parte de la gran riqueza en el extranjero del establishment kazajo se almacena en Occidente y en los países del Golfo. La principal política interna de Nursultan Nazerbayev no era el nacionalismo kazajo antioccidental, sino antirruso, lo que ha provocado un peligroso abismo entre los hablantes de kazajo y ruso del país.
No hay un supuesto complot para que el imperialismo estadounidense entre en Kazajistán, ¡ya está allí y se está beneficiando bien de su presencia! También lo es la clase dominante de Kazajistán. Esta relación quedó clara en la dócil declaración del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, quien dijo que EE. UU. “… espera que el gobierno de Kazajistán pronto pueda abordar problemas que son fundamentalmente de naturaleza económica y política” ¡Price continuó enfatizando que Estados Unidos es un “socio” de la nación de Asia Central!
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, quien habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Mujtar Tileuberdi, “reiteró el pleno apoyo de Estados Unidos a las instituciones constitucionales y a la libertad de prensa de Kazajistán y abogó por una resolución de la crisis pacífica y respetuosa con los derechos”. Estas no son las palabras de una potencia imperialista beligerante que intenta abrirse camino en Kazajistán, sino de una potencia imperialista que está nerviosa por la futura estabilidad de ese país y la capacidad del régimen kazajo para garantizar la seguridad de sus intereses. En todo caso, revela la impotencia de Occidente para intervenir, incluso si quisiera hacerlo.
Mientras tanto, Rusia sigue con nerviosismo los acontecimientos en Kazajistán. Similar al reciente movimiento de masas en Bielorrusia, el movimiento kazajo representa una amenaza para la estabilidad de Rusia, donde las masas sufren condiciones similares. Por lo tanto, la intervención de las fuerzas rusas tiene un importante propósito interno. Sin embargo, esto no significa que Putin no exigirá un cierto “pago” por salvar al régimen de Kazajistán, tal como exigió obediencia al régimen de Bielorrusia. Sin embargo, Estados Unidos no podrá hacer nada al respecto. Más bien, es probable que dependa cada vez más de Rusia para proteger sus intereses en el país.
¿Qué camino seguir?
Lo que estamos presenciando no es una revolución de colores, una conspiración de la CIA, ni un enfrentamiento entre diferentes sectores de la clase dominante kazaja. Es un genuino movimiento revolucionario de los trabajadores, la juventud, los pobres y los desposeídos.
Se basa en el programa y los métodos organizativos de lucha desarrollados por las capas más avanzadas de la clase trabajadora industrial. Estos métodos (huelgas, concentraciones masivas, etc.) y un programa de reivindicaciones económicas, sociales y democráticas resultaron altamente efectivos, como lo demuestra la rapidez con la que avanzó el movimiento, amenazando con derribar todo el edificio del Estado en cuatro días.
Sin embargo, la cuestión de la dirección y de la organización sigue siendo la principal debilidad del movimiento. Sin una organización nacional de la clase obrera, el movimiento fue incapaz de extender las huelgas al nivel de una huelga general revolucionaria nacional; o de responder a las rápidas maniobras del régimen. Tampoco pudo organizar una campaña sistemática para ganarse de manera decisiva a los rusohablantes, que representan poco menos del 20 por ciento de la población.
En el próximo período, particularmente si somos testigos de una retirada general de las calles de las capas más amplias de las masas, los elementos liberales burgueses intentarán sin duda secuestrar lo que quede del movimiento. Dada la falta de un partido y una dirección obreros nacionales sólidos para contrarrestar sus maniobras, incluso pueden tener éxito. Sin embargo, la lucha entre estas diferentes tendencias en el movimiento no está determinada de antemano. Caracterizar al actual movimiento como reaccionario equivale ahora a capitular en tal lucha desde el principio. En cambio, lo que se necesita es que los elementos revolucionarios más avanzados extraigan las lecciones de estos eventos y comiencen la lucha para construir una dirección revolucionaria, basada en los elementos más avanzados de la clase trabajadora y la juventud.
Aquí, tenemos que estar en desacuerdo con Aynur Kurmanov, a quien citamos anteriormente, quien parece sugerir que, incluso si las fuerzas de oposición burguesas liberales llegan al poder, esto de alguna manera podría beneficiar a la clase trabajadora. En la entrevista anterior, dice:
“Los grupos de izquierda existentes en Kazajistán son más como círculos y no pueden influir seriamente en el curso de los acontecimientos. Las fuerzas oligárquicas y externas intentarán apropiarse o al menos utilizar este movimiento para sus propios fines. Si ganan, comenzará la redistribución de la propiedad y el enfrentamiento abierto entre varios grupos de la burguesía, una “guerra de todos contra todos”. Pero, en cualquier caso, los trabajadores podrán conseguir ciertas libertades y obtener nuevas oportunidades, incluso para la creación de sus propios partidos y sindicatos independientes, que facilitarán la lucha por sus derechos en el futuro”. (énfasis nuestro).
Debemos advertir contra cualquier ilusión al respecto. No se puede considerar de ninguna manera que la clase obrera y el movimiento revolucionario promuevan la llegada al poder de las fuerzas liberales burguesas. El papel de la oposición liberal “democrática” es diluir la naturaleza de clase del movimiento y las contradicciones de clase en la sociedad en general. Como demuestran la experiencia de la Liga Nacional para la Democracia en Birmania, el movimiento Maidan en Ucrania y las experiencias de innumerables revoluciones, el papel de la oposición liberal es salvar el sistema. Son enemigos de las masas y, como revolucionarios, debemos luchar para no dar concesiones a estas fuerzas. Cualquier colaboración o incluso voluntad de colaborar con tales reaccionarios desacreditará y socavará el movimiento. La llegada al poder de una banda diferente de oligarcas capitalistas no resolvería ninguno de los problemas a que se enfrentan las masas trabajadoras. Independientemente de su pretensión de ser ‘democráticos’ y ‘liberales’, no hay garantía alguna de que al llegar al poder estos caballeros (muchos de los cuales formaban parte del régimen de Nazarbayev no hace mucho tiempo) no aplicarán las mismas medidas y usarían los mismos métodos para prohibir los partidos políticos y sindicatos de izquierda, encarcelar a activistas de izquierda y trabajadores, y responder a las movilizaciones masivas con represión.
La masa de trabajadores y pobres solo puede confiar en su propia fuerza para terminar la revolución kazaja. En cuestión de días, sobre la base de métodos y demandas proletarios radicales, han logrado más de lo que cualquier ONG liberal hubiera soñado lograr en la última década. Han conseguido una serie de victorias y han expulsado al gobierno en funciones y al viejo dictador. Solo sobre la base de profundizar esta lucha pueden prepararse para terminar el trabajo y derrocar a todo el régimen corrupto.
El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric gana la elección presidencial con un 56% de los votos. Una mayoría récord en términos absolutos, con unos 4 millones 600 mil votos y casi 1 millón de votos de ventaja sobre el candidato pinochetista Juan Antonio Kast, que obtuvo el 44%
Luego de la baja participación en primera vuelta (47%), la campaña de Apruebo Dignidad logró movilizar una importante cantidad de votos en comunas obreras y populares, donde obtuvo una amplia ventaja, como en Puente Alto (70%) y Maipú (66%), sumando un 55% de participación a nivel nacional. Comparado con las comunas ricas, dónde el voto aumentó unos 4 puntos de media, la participación aumentó considerablemente más en las comunas pobres urbanas, llegando a 10 puntos de incremento. Correctamente y con instinto de clase, trabajadores y jóvenes se movilizaron para derrotar a Kast. En total hubo 1 millón 250 mil votos más en la segunda votación.
Además en Antofagasta, en el norte del país, el balotaje sorprendió con una mayoría holgada de 20 puntos a favor de Boric. En el norte el candidato populista Parisi se había impuesto en primera vuelta para luego dar su apoyo a Kast, pero a pesar de esto, Boric logró ganar parte significativa de ese voto, recapturando un voto tradicionalmente de izquierda en esa región minera.
El presidente “millennial”
La prensa internacional califica al Presidente Electo como el “millennial” de izquierdas que ganó las elecciones. Pues con 35 años, Boric es el presidente más joven de la historia del país. Alguna prensa destacaba su programa socialdemócrata frente a las ideas conservadoras y reaccionarias de Kast.
Las comparaciones con otras agrupaciones representativas de una “nueva izquierda” como Podemos (España) y Syriza (Grecia) ya son lugares comunes. Efectivamente, Apruebo Dignidad, la coalición de gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista, tendrá un carácter reformista de izquierda, en una época de crisis capitalista en la que no hay márgen para reformas. Son nuevos agrupamientos políticos que irrumpen electoralmente ante la debacle de los partidos tradicionales que gobernaron las últimas décadas. Convocan las ilusiones de sectores de la juventud y trabajadores, por llevar a cabo reformas profundas, pero estos gobiernos progresistas no logran superar los marcos del capitalismo en crisis.
En el contexto actual, luego de 2 años de pandemia y crisis económica, hay muy poco espacio para que un gobierno así pueda hacer reformas profundas. Más bien, los pronósticos anuncian una desaceleración económica para 2022.
En todo caso, Boric ni siquiera ha presentado un programa de reformas profundas. Nos habla de responsabilidad fiscal y cambios a “pasos lentos pero firmes”. En su programa insiste: “Nuestro Gobierno tendrá como prioridad recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural”. Quiere probarse como un buen administrador de los negocios de la clase capitalista y así calmar a la burguesía. Su mensaje a los capitalistas es que “se necesita sanar la fractura social para que el país pueda crecer”. Esto es lo que se llama un programa de conciliación de clases.
La candidatura de Kast logró cerrar filas en el sector de derecha más duro y reaccionario que desde el 2019 sienten amenazados sus intereses por la insurrección popular. La muerte de la viuda de Pinochet, Lucia Hiriart, a solo 4 días de las elecciones, colocó al centro del momento político el recuerdo de la dictadura de Pinochet. Por esto, y después del resultado de primera vuelta, la candidatura del pinochetista Kast, que revive los horrores de la dictadura cívico-militar y amenaza los derechos democráticos de las minorías, dió un sentido de épica a la propuesta moderada de Gabriel Boric. Como afirmamos después de la primera vuelta, evidentemente amplios sectores de la clase trabajadora ahora buscaron instintivamente votar unidos contra la posibilidad de un gobierno de Kast que atacaría derechamente las libertades democráticas.
Este sentimiento de urgencia se acentuó durante la misma jornada electoral de este pasado domingo, cuando se acusaba al gobierno de un sabotaje del transporte público para dificultar el voto en las comunas pobres y de clase obrera. Un dirigente sindical del transporte explicaba cómo se efectuó esta infame maniobra desde las empresas del transporte, dando el día libre a los conductores de manera que la mayoría de los buses no circulaban. Esta situación provocó la iniciativa y la solidaridad de quienes tuvieran auto para acercar a las personas a sus lugares de votación. La participación podría haber sido quizás aún mayor.
Pero lo importante para lo que viene es que algunos sectores empresariales y de la derecha están dispuestos a actuar con métodos “extraparlamentarios”. Tal como hiciera el dirigente de empresarios camioneros Sergio Pérez hace algunas semanas, cuando atacaba la propuesta de transporte ferroviario en el programa de Apruebo Dignidad. Este mismo gremio reaccionario amenazó con desabastecer el país en medio de la pandemia, además de presionar por la militarización del Wallmapu (territorio Mapuche). En el período que se abre será importante recordar que ante el sabotaje patronal, sólo la solidaridad y la organización de base de los trabajadores puede vencer.
La cristalización del Acuerdo
La consigna del octubre de 2019 fue “no son 30 pesos, son 30 años”, significando una denuncia a los partidos que gobernaron después de la dictadura, profundizando el modelo económico capitalista de privatizaciones y dejando impunes las violaciones a los derechos humanos. El primer presidente de la transición, Patricio Aylwin, es célebre por la frase “Justicia en la medida de lo posible”. Se gobernó mediante una política de acuerdos, de conciliación con la derecha y los empresarios, cuyos intereses quedaron consagrados en la constitución del 80, luego de la derrota histórica de la clase trabajadora chilena en 1973.
Durante la transición se nos vendió la idea de que la dictadura había caído con el plebiscito del SI y el NO de 1988, simplemente por obra de un lápiz y un papel. Se oculta la importancia de las jornadas de protesta nacional, de cientos de miles de personas que arriesgaron sus vidas luchando contra el régimen dictatorial, con la esperanza de conquistar la alegría de una vida mejor. El presidente democratacristiano Aylwin que recibe la banda presidencial de manos de Pinochet, fue una figura clave del golpismo en el congreso durante el Gobierno del socialista Allende en los años 70. Al final de la dictadura se hicieron acuerdos secretos con los partidos de la Concertación para preservar los pilares económicos e ideológicos del modelo y la impunidad de las fuerzas armadas. Ahora la Concertación estaba unida en su apoyo a Boric.
Después de 30 años, de la mano de la rebelión de octubre en 2019, una nueva generación que no vivió la dictadura se abrazaba con las generaciones más experimentadas. La idea era acabar de una vez con esa política “en la medida de lo posible”, y más bien luchar por una vida que valga verdaderamente la pena vivir. Piñera declaró la guerra a los pobres y trabajadores, y las masas enardecidas vencieron el estado de emergencia. La huelga general puso al gobierno contra las cuerdas. Pero volvieron los acuerdos y la impunidad. El llamado “acuerdo por la paz y la nueva constitución”, fue un acuerdo entre los partidos del régimen para salvar al gobierno criminal de Sebastián Piñera, en el que Boric jugó un papel clave. Y en vez de paz, continuaron las leyes represivas y el Wallmapu sigue militarizado. Piñera sigue todavía en el poder y después de más de dos años Gabriel Boric tendrá el “honor” de recibir la banda presidencial de sus manos.
Boric ha demostrado ser un político que sabe estar parado en el lugar justo y el momento justo, que lo colocan en posiciones de “diálogo” para alcanzar acuerdos y encumbrar su carrera política. De momento es el tiburón más grande que emergió de los quiebres, alianzas y disputas internas de los colectivos del Frente Amplio. Para los libros de historia Boric ya aparece como el profeta que gestó aquel acuerdo que fue el desvío institucional de la rebelión de octubre. El gobierno de Boric representa la cristalización de la vía institucional del acuerdo en oposición a la vía de la rebelión de las masas. En este sentido el triunfo de Boric representa entonces un cierre por arriba de la insurrección del 2019.
La composición del parlamento no da mayorías al próximo gobierno para aprobar sus reformas. Por otra parte, en Apruebo Dignidad esperan poder encauzar a buen puerto el proceso constituyente. Estas dos cosas obligan a seguir recurriendo a la repudiada “política de los acuerdos”.
El gobierno estará bajo bastante presión de la calle. En el discurso del triunfo electoral, que fue una celebración masiva, se escuchaban cantos por la liberación de los presos de la revuelta y el fin de las administradoras privadas de pensiones (AFP), que lo obligaron a dar respuestas poco convincentes. Además recibió pifias cuando mencionó sus intenciones de dialogar con la derecha: “Con Kast sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor”.
En realidad, cuánto más amable se muestre con la derecha, ésta ganará confianza de recuperar el terreno perdido y responderá ofensivamente. La resistencia de la derecha a cambios sustantivos provocará la reacción de las masas. Inevitablemente el gobierno deberá elegir si reprimir las movilizaciones o apoyarse en ellas para vencer la resistencia de la derecha. Pero las masas llevarían el programa más lejos de la moderación y la responsabilidad fiscal de Boric. El PC estará también complicado en el dilema de cómo mantener un pie en el gobierno, y otro en la calle.
Las comparaciones con el gobierno de Castillo en Perú son apropiadas. El programa de Castillo en relación a las mineras era incluso más radical que el de Boric. Al igual que Boric, Castillo está en minoría en el congreso. Enfrentado a la presión de la burguesía, el ejército, la opinión pública burguesa y las multinacionales, Castillo rápidamente empezó a hacer concesiones, abandonando los puntos más avanzados de su programa. Boric apunta en la misma dirección.
La crisis social y económica de fondo no podrá solucionarse en los marcos de reformas dentro del capitalismo. Es de esperar que tarde o temprano ocurran movilizaciones importantes por las demandas pendientes de octubre de 2019. La derrota de Kast aumenta la confianza de las masas y lo que ahora se expresa por la vía electoral, se trasladará a exigencias al nuevo gobierno y en movilización de masas ante sus medias tintas.
La crisis hídrica seguirá agravándose. El Wallmapu seguirá siendo militarizado y dando lugar a un conflicto cada vez más complejo donde la derecha ha establecido un bastión. La despenalización del aborto seguirá siendo una demanda del movimiento feminista y de mujeres. Es probable ver un aumento de conflictos laborales por salarios y condiciones de trabajo.
Se expondrá la falta de determinación de Gabriel Boric para llevar a cabo un cambio radical que mejore las condiciones de vida. Para una transformación profunda de la sociedad necesitamos acabar con el sistema capitalista y establecer un gobierno de trabajadores. Solo podremos confiar en la fuerza de las movilizaciones y la auto organización de la clase trabajadora. La clave es construir una dirección revolucionaria que esté a la altura de las tareas que la clase obrera puso sobre la mesa en la insurrección de octubre.
Desde el inicio del gobierno de AMLO hemos sido muy firmes al decir que las cosas han cambiado muy poco y que, si bien los programas sociales han alcanzado a sectores que antes eran relegados, lo que ha significado un alivio a la enorme penuria que se vive cotidianamente, es muy notorio que hay ámbitos concernientes al Estado que se mantienen inamovibles, es decir, siguen manteniendo sus privilegios y peor aún, son una piedra en el zapato, y una muy molesta, por cierto.
Por eso es importante abordar la cuestión del Estado para aterrizar en la cuestión de un sector estatal que fiel a sus principios y de una manera muy férrea sigue defendiendo los intereses de la clase poseedora, es decir, el poder judicial y por ende la impartición de justicia en nuestro país.
El Estado, garante de la burguesía
Para nosotros los marxistas la cuestión del Estado es fundamental, nos distingue claramente tanto de los reformistas, como de los anarquistas. Unos creen que es posible “reformarlo” y los otros, suponen su “erradicación” de un tajo. En ambos casos la forma de abordar el problema es deficiente.
Por un lado, los reformistas pugnan por pequeños cambios que, acumulándose harán un “gran cambio”. Pero lo hacen de forma lenta, para no asustar a la burguesía, pero en realidad no buscan ese cambio. Más bien se adaptan al Estado burgués y se convierten en un freno del movimiento de los trabajadores. Por otro lado, los anarquistas consideran que cualquier rastro de autoridad debe de ser erradicado de una vez y para siempre sin tener en cuenta que, aun después de derrocar a la burguesía, ésta tiene de miles de formas de lanzar una contrarrevolución y la principal la pueden encontrar en el poder estatal.
Lenin en el Estado y la Revolución, cita la obra de Federico Engels: El origen de la familia, la propiedad privada y el estado y pone énfasis en que:
“El Estado —dice Engels, resumiendo su análisis histórico— no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco es ‘la realidad de la idea moral’, ni ‘la imagen y la realidad de la razón’, como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurarlos. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no se consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del ‘orden’. Y este poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia cada vez más de ella, es el Estado”.
Por lo tanto, podemos decir que el Estado no es un ente que haya existido siempre y no necesariamente va a ser eterno, más bien, surge bajo determinadas condiciones para “regular” las contradicciones de clase. En otras palabras, desde su surgimiento, el Estado nació para proteger la propiedad privada, convirtiéndose en un instrumento de opresión y explotación de la clase oprimida y todos los elementos que se desprenden de él (cuerpos armados, leyes, cárceles, etc.) cumplen la misma función.
De esta forma la cuestión del Estado es clave para comprender las características del gobierno en turno, así como el cúmulo de contradicciones que trae consigo. AMLO es un reformista y en sus planes no está el derrocamiento del Estado burgués ni del capitalismo. Sus políticas van más en función de “reformar” o hacer menos pesarosa la vida de los oprimidos.
Sin embargo, y aunque AMLO no atenta contra la propiedad privada, ni contra la extracción de plusvalía, él no es un representante de la burguesía, pero tampoco es un fiel representante de los intereses de la clase trabajadora, lo que intenta hacer es maquillar la brutalidad del capitalismo con los programas sociales. Aun así, se ha enfrentado a los más rabiosos representantes de la burguesía nacional, porque lo que hace AMLO va en contra de las funciones del Estado burgués y que, en su momento, tanto Calderón y Peña —como todos los gobiernos anteriores—, cumplieron cabalmente, es decir, abrir de par en par las puertas del erario para el enriquecimiento lícito e ilícito de la burguesía.
La 4T y la impartición de justicia
Partiendo de lo expuesto anteriormente, es obvio que bajo la administración de AMLO la estructura estatal, cabe mencionar burguesa, sigue intacta. Morena ha llegado al gobierno, pero eso no ha significado un cambio en el funcionamiento del gobierno en ninguno de sus aspectos fundamentales.
Muy al contrario, siguen prevaleciendo los elementos esenciales y básicos del Estado burgués, y a AMLO y a Morena eso no parece incomodarles lo más mínimo, pues en lugar de eliminarlos, lo que pretende es “reformarlos”. Pero a pesar de que la 4T, AMLO y Morena no van al fondo del asunto, son el blanco de los ataques más furiosos, porque bajo su administración han ido cerrando la llave de los recursos públicos con los que se enriquecían algunos burócratas, así como ha ido regulando la entrega de concesiones a particulares. Y aunque AMLO no atenta de ningún modo contra la propiedad privada, su política si ha atacado los privilegios de sectores que en administraciones anteriores se llenaban las manos con los recursos del gobierno, ya sea por medio de corruptelas a la hora de entregar una concesión o desviando el dinero para su beneficio personal.
En algunos frentes ha tenido éxito, en algunos casos dicho éxito ha sido parcial, pero en algunos más va en franca derrota. Y justamente uno de los frentes que más trabajo le ha costado es el de la impartición de justicia, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación que, al ser organismos autónomos del gobierno, actúan en pos de sus intereses y de los de la burguesía. Esto puede sonar muy grotesco, porque generalmente se pensaría que en la impartición de justicia no hay diferenciación, sin embargo, es en donde existe una mayor separación entre las clases sociales.
Dicho de otra forma, estos organismos velan por los intereses de los ricos y poderosos, no porque sean malas personas, sino más bien porque esa es la función que deben de cumplir. No existe otra manera de entender que en nuestro país una persona de la tercera edad que roba un pan y jamón para saciar el hambre sea procesado, mientras que un empresario o político por el desvío de millones de pesos pague un amparo y siga el proceso en libertad.
Un ejemplo en el que vemos que solo pugnan por sus intereses y privilegios fue cuando se ampararon en 2018 contra la reducción de sus salarios, siendo que ese dinero iba a ser destinado a los programas sociales de AMLO. Obviamente no pensaron en las familias que viven en pobreza extrema o que sufren desnutrición.
Pero, enfocándonos en la relación que mantiene el gobierno con las instancias que dictan justicia en México, existe una enorme contradicción, porque se supone que el Estado y sus instituciones deben de jalar parejo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, vemos que el presidente, representante del poder ejecutivo, jala para un lado, mientras que el poder judicial jala para otro. Esto es entendible, AMLO quiere “reformar” el Estado mexicano, pero éste tiene miles de elementos que salen en su defensa (por los intereses que están involucrados).
Algunos de esos intereses se reflejan en los amparos que la burguesía y sus esbirros han estado lanzando en contra de los megaproyectos de la 4T. Por ejemplo, después de cancelar el aeropuerto en Texcoco, en el que estaba metida la cuchara de la burguesía, y anunciar la construcción del aeropuerto en Santa Lucia, el Poder Judicial tuvo que analizar y juzgar un total de 147 recursos interpuestos contra la construcción del nuevo aeropuerto. La razón principal para suspender provisionalmente las obras fue esperar los dictámenes ambientales, pero bien sabemos que era una forma de presionar al gobierno para echar marcha atrás y continuar las obras en Texcoco. De entre las organizaciones que promovieron los distintos amparos encontramos a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia.
Otro caso que ha marcado las contradicciones en el seno del Estado mexicano es el referente a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). A todas luces sabemos que desde 2009, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se inició el desmantelamiento del sector energético. Fue en 2013, con el llamado Pacto por México, que se erigieron las bases para que el sector privado, nacional y extranjero, empezara a recibir contratos y concesiones sobre sectores antes exclusivos de la nación como lo fue la industria eléctrica y los hidrocarburos. Y ahora que la 4T pretende, al menos en materia eléctrica, volver a los que existía antes de 2013, se ha encontrado con la férrea defensa de la derecha, de la burguesía y del poder judicial.
Hasta ahora se han interpuesto más de 250 amparos contra la LIE, algunos de ellos todavía no son analizados hasta que se publiquen los nuevos reglamentos y la legislación secundaria. Es decir, los jueces han aceptado los amparos, aunque éstos no se refieren directamente a la LIE, en cualquier caso, los amparos van a servir para frenar la ley y con eso el poder judicial antepone los intereses de particulares, sobre los intereses de la población en general.
En ese sentido podemos ver el ejemplo del juez Juan Pablo Gómez Fierro que consideró que la política de la Secretaría de Energía (Sener) afecta la libre competencia e incumple requisitos regulatorios. El juez amparó a todas las compañías de electricidad contra la nueva política de la Sener con la que se pretende limitar la generación privada de fuentes renovables. El juez no solo resolvió a favor de la empresa EGP Magdalena Solar, sino que hizo extensivos los efectos a todas las compañías que participan el mercado eléctrico mayorista.
Este mismo jurista amparó a todas las empresas contra el acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el pasado 29 de abril, en el que se prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó en octubre la suspensión definitiva de la política de la Sener, lo que significa que queda sin efecto mientras resuelve su constitucionalidad y el argumento del juez Gómez Fierro es que la política de la Sener es inconstitucional porque afecta la libre concurrencia y competencia, además de incumplir con los requisitos regulatorios.
Aquí vemos nuevamente la contradicción entre el ejecutivo y el poder judicial ya que, mientras AMLO dice haber acabado con el neoliberalismo este juez aboga por la libre competencia, algo que afecta directamente a los bolsillos de millones de habitantes pues los costos de la energía dependerán del mercado, es decir, es una receta para marcar aún más la diferencia entre los explotados y los explotadores.
Decretos presidenciales: ¿la mejor respuesta ante la ofensiva del poder judicial?
Lo expuesto líneas arriba deja claro que, aunque AMLO puede tener muchas buenas intenciones en beneficio de la mayoría de la población, se ha topado con miles de trabas dentro del mismo Estado. Y desde mi punto de vista no es que los jueces y magistrados sean conservadores, más bien juegan muy bien el papel que se les dio: defender los intereses de la burguesía y la propiedad privada.
AMLO pretende sacar de la jugada al poder judicial, y de paso al legislativo, por medio de decretos, es decir, desde su posición como presidente, tiene la capacidad de emitir normas que todos deben acatar, sin que éstos pasen por la aprobación del poder legislativo o judicial. Obviamente, AMLO quiere estar un paso adelante por los posibles amparos que los jueces seguirán dando en contra de los proyectos que la 4T lance.
Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto presidencial que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional.
Las obras relacionadas con este decreto están vinculadas a la infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles en todas sus modalidades: energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
Así que, proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Olmeca, en Tabasco, entre otros, podrían ser beneficiarios de este decreto. Mismos que han sido bombardeados por innumerables amparos que han detenido parcialmente su construcción.
Aunque muchos pueden ver como algo lógico y hasta normal el decreto, éste es un arma de doble filo. Hay que recordar que Calderón, por medio de un decreto, extinguió Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que hizo que miles de electricistas perdieran su fuente de empleo. Entonces se debería de tener mucho cuidado con los precedentes que deja, porque, aunque Morena gane las elecciones en 2024, no sabemos qué tipo de gobierno será. Incluso, si es que el PRI o el PAN lograrán ganar, podrían echar atrás a través de decretos lo que hasta ahora se ha obtenido por medio de la lucha de la clase trabajadora.
Reformismo o revolución
López Obrador ha sido muy enfático al decir que todos los males que aquejan a México, como a muchos países en el mundo, derivan de la corrupción. Si somos benevolentes, y aceptamos esa premisa, tenemos que ser muy estrictos y decir que la corrupción no es el problema de fondo, sino más bien una consecuencia del verdadero problema. Por lo tanto, eliminar la corrupción no hará que el resto de los males que aquejan a millones de mexicanos desaparezcan de un momento a otro.
Asimismo, también es muy frecuente escuchar que el neoliberalismo ha sido abolido en nuestro país. Sin embargo, eso está muy lejos de ser cierto, porque en materia económica se siguen los ejes principales de esta doctrina. Porque una cosa es que el gobierno se apriete el cinturón, lo que en la 4T se llama austeridad republicana, y a parir de esos ahorros se destinen recursos a los programas sociales, así como a los proyectos sexenales, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. Y otra, muy diferente, sería realmente erradicar no solo el neoliberalismo, sino el capitalismo, ya que uno es inherente al otro.
Sin embargo, la política del gobierno no se enfoca en esto último, sino más bien en querer reformar el capitalismo, algo que es totalmente imposible dadas las características del sistema mismo. Por ejemplo, eliminar la corrupción no eliminará la explotación, ni los bajos salarios, muchos menos el enriquecimiento de los empresarios y banqueros.
Y aunque en los discursos del presidente, de algunos diputados, senadores e incluso gobernadores hablen del fin del neoliberalismo, son solo eso, discursos. Ya que la realidad de miles de mexicanos no cambia con discursos iracundos contra los males del neoliberalismo, y es que la visión reformista se centra en ir “reformando” el capitalismo, volverlo más humano y a partir de ahí que la población más vulnerable pueda “vivir mejor”. De forma certera podemos decir que si eso llega a suceder es algo temporal, porque mientras el Estado siga existiendo tal y como está, nada de fondo cambiará.
Sabemos muy bien que AMLO no busca ni desmantelar el Estado burgués, ni acabar con el capitalismo en México, lo que él busca es el desarrollo social, pero ese es un tema muy ideal, sobre todo si tomamos en cuenta lo que dice Rosa Luxemburgo en su obra Reforma o Revolución:
“El Estado actual es, ante todo, una organización de la clase dominante, y si ejerce diversas funciones de interés general en beneficio del desarrollo social es únicamente en la medida en que dicho desarrollo coincide en general con los intereses de la clase dominante. (…) Pero esta armonía solamente dura hasta un cierto momento del desarrollo capitalista.”
Por lo tanto, AMLO ha estado generando cierto equilibrio entre las clases, sin embargo, en varias ocasiones se ha encontrado entre la espada y la pared, y para salir bien librado ha hecho concesiones a la burguesía, no a los trabajadores.
Así podemos ver claramente que, AMLO y la 4T quieren minimizar las contradicciones, más no erradicarlas. La vía que proponen es “meter en cintura” a los empresarios y banqueros, algo que no es posible, al menos no dentro de los límites del Estado burgués y del capitalismo. La única vía para terminar con las contradicciones, para que la justicia realmente sea pronta y expedita, no viene de reformas, sino de un proceso revolucionario que barra con el Estado y sus instituciones que son garantes de la clase dominante en la actualidad.
AMLO dijo, en la plaza de un Zócalo repleto, que el ejército mexicano nació de la revolución, que no es un ejército de la oligarquía y que el soldado es pueblo uniformado. Pero en realidad el ejército mexicano no nació gracias a la revolución, sino de la derrota de la revolución, nació del asesinato de Zapata y Villa, pues Zapata representaba al campesinado pobre en armas y el nuevo Estado burgués que nacía debía derrotar al Ejército Libertador del Sur y también aplastar la insubordinación de la División del Norte de Villa para consolidarse como tal.
La principal preocupación de los gobiernos postrevolucionarios (desde Madero a Calles) fue desarmar a los campesinos. Por esto Rubén Jaramillo escondió armas, para volverse a levantar cuando fuera posible y por eso fue asesinado por el propio ejército supuestamente “revolucionario”. Madero también cometió el error de confiar en el ejército. Huerta, quien se suponía luchaba contra el golpe de Estado, se unió a los golpistas y asesinó a Madero en complicidad con la embajada gringa. Allende también confió en Pinochet y todos sabemos lo que pasó. Todo lo anterior por pretender ignorar el carácter de clase del ejército y apoyarse en él al mismo tiempo que se intenta emprender una transformación social.
El punto álgido de la revolución mexicana puede resumirse como una situación de doble poder entre un ejército de campesinos pobres armados en lucha por la tierra, frente a otro ejército naciente bajo control de una nueva burguesía. Esta situación de doble poder -uno popular e incluso anticapitalista frente a otro ejército bajo control de una nueva burguesía- no podía durar, uno de esos poderes debía imponerse. No es un secreto que la principal preocupación de Carranza fue la de aplastar a Zapata y acabar con Villa. El nuevo estado burgués se fue consolidando con la derrota de los verdaderos héroes de la revolución y a través de la reestructuración de gran parte del Ejército Constitucionalista que estaba bajo control de caudillos burgueses como Carranza y Obregón. Tras la derrota de Zapata y Villa se estableció una lucha entre diversas facciones militares que pugnaban por el control del naciente estado visto como un botín para el enriquecimiento personal y vehículo de corrupción.
La terea de gobiernos como el de Obregón y Calles fue el de institucionalizar esa lucha de facciones corruptas -generales ambiciosos en busca de poder- e institucionalizar al ejército dentro de la normalidad burguesa. Esto se hizo dando un inmenso poder a la Secretaría de Guerra y Marina, con el establecimiento de grados definidos y la diferenciación salarial -es decir, la cooptación de los generales “revolucionarios”-, la formación de cuadros militares y la participación de los altos mandos dentro del partido oficial que se organizó por sectores. Esta estructura daría origen al PRI. Claro que el nuevo régimen se vio obligado a hacer concesiones a las masas para montarse en el discurso de la “revolución” mientras hacía todo para dejar esas conquistas únicamente en el papel y dejar la dotación de tierras en un sistema de cuentagotas, enterrada bajo una montaña de trámites burocráticos. Aunque la situación cambió temporalmente durante el cardenismo éste periodo también fue el de una mayor coorporativización tanto del movimiento obrero como del campesino.
El carácter del ejército posrevolucionario se demostró en la acción, sobre todo durante el periodo postcardenista. No fue un asunto teórico o académico. Una y otra vez el ejército fue usado para aplastar al movimiento de los trabajadores: el cerco en el Deportivo 18 de marzo de los trabajadores de Nueva Rosita, las ocupaciones militares para aplastar huelgas como la de los médicos, los ferrocarrileros; su papel en la masacre del 68 y el entrenamiento de los grupos de porros que actuaron en ese movimiento estudiantil y en el halconazo de 1971. El combate sangriento al movimiento de Lucio Cabañas y Genero Vázquez. Su papel en la guerra sucia y la contrainsurgencia contra la guerrilla y en la desaparición -incluso dentro de instalaciones militares- de decenas de jóvenes del movimiento de izquierda. Se usaba la fuerza aérea del ejército para arrojar a los activistas asesinados al mar. El bombardeo contra comunidades indígenas tras el alzamiento neozapatista, las masacres de Acteal y Aguas Blancas, la represión de la huelga del 99 -la PFP no eran más que militares vestidos de policías-, la violación y asesinato de la anciana Ernestina Ascencio, la masacre de Tanhuato,… su papel activo en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Hablar aquí de un ejército “revolucionario” resulta en una broma de muy mal gusto.
Por el momento los altos mandos del ejército no pueden realizar un golpe contra AMLO – un verdadero golpe de Estado, no las estupideces que dice Denisse Dresser- porque la enorme popularidad de éste y la correlación de fuerzas se los impide, AMLO sigue teniendo una popularidad enorme y llena el Zócalo con la mano en la cintura como vimos el 1 de diciembre. Pero la burguesía espera su oportunidad y trabaja conscientemente para lograrla, ya sea dentro de este sexenio o el que siga al de Obrador. Que no quepa duda que la plana mayor de los altos mandos se pasarían de lado de los golpistas si vieran la oportunidad.
AMLO confunde la extracción popular del soldado raso con la naturaleza y función clasista del ejército. En realidad el pacto de AMLO con el ejército forma parte de la manera en que su gobierno se está equilibrando entre el ejército, las masas y sectores de la burguesía, haciendo malabares para llevar adelante parte de su programa reformista de izquierdas en los marcos del capitalismo. Pero este equilibrio bonapartista tiene sus costos, gobernar sentado en las bayonetas de ejército pone al gobierno bajo la presión de los altos mandos que, por ejemplo, lograron la negociación del gobierno para la liberación del corrupto general Salvador Cienfuegos. El gobierno ha dado mucho poder al ejército -construcción de obras, banco de bienestar, la Guardia Nacional, etcétera-, en una situación donde si el control del estado regresa a la derecha -al control directo de la burguesía- las bases constitucionales para una dictadura cívico militar de derechas estarían dadas. Confiar en el ejército burgués es como confiar el cuidado del cordero al lobo.
Un verdadero ejército del pueblo significa armar al pueblo, purgar los altos mandos del ejército y basarse en la experiencia de las policías comunitarias y guardias populares para crear un ejército del pueblo, que sea un verdadero garante de los avances y motor para verdaderamente radicalizar los cambios. Lo demás es autoengaño. Pero desmontar al ejército corrupto y reconstruirlo con el pueblo significa llevar adelante la destrucción del estado burgués y esto sólo tiene sentido si existe un programa de expropiación de la gran burguesía, es decir, un programa socialista. Esto es lo que necesitamos los trabajadores.
Por supuesto, que los marxistas apoyamos muchas de las medidas progresistas del gobierno – rescate de la soberanía energética, programas sociales, lucha vs la corrupción, etcétera- pero también es necesario tener cabeza propia, ser críticos y tener conciencia de clase. Necesitamos organizarnos para luchar por el socialismo. Hay que llamar a las cosas por su nombre, el ejército actual no es un instrumento para el cambio, sino el aparato represivo de la clase dominante. La gran burguesía está desesperada por recobrar el control directo de su estado y su ejército; y éste también espera las condiciones para volver a la correa de su verdadero amo.
Doscientas cincuenta mil personas se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México este 1° de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, para escuchar el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siendo la mayor concentración política desde el año 2018, año en que el Movimiento Regeneración Nacional ganó las elecciones y tras casi dos años de pandemia de Covid-19.
El actual gobierno llegó al informe con un apoyo sin precedentes en la historia reciente, aunque existe una guerra de cifras, ya que las encuestas varían en cuanto al apoyo recibido. Reforma le da el 58%, aquí hay que tomar en cuenta que es un periódico conservador y opositor al actual gobierno; por su parte el Universal de la un 68%, y Demotecnia le da un 71% de apoyo con entre la población. Estas cifras son interesantes debido a que sucedió un desplome económico comparable a los efectos de la crisis económica de 1929 en el año 2020, más los efectos sociales de la pandemia del Covid-19, que aún no han logrado superarse. Parte de esa popularidad proviene de los programas sociales que se han implementado en los últimos 3 años, pero también debido a que no se olvida lo que significaron los gobiernos del PRI y el PAN, pues aún están presentes en la mente de millones de trabajadores en todo el país.
Para AMLO las bases para la transformación del país ya están cimentadas, el antiguo régimen ha sido superado y el neoliberalismo es parte de la historia en nuestro país, debido a que existe una transformación en la mentalidad de la población en general. Sin embargo, lo que realmente existe es un gran desprestigio de los principales partidos de la derecha, así como de los personajes de los antiguos gobiernos, los cuales aún se sostienen de pie debido a la política conciliadora de la 4T, con algunos de esos elementos.
¡Buen día!
¿Alguien sabe si el señor @ClaudioXGG ya terminó de anotarnos en la lista tan solo a quienes respaldamos la #CuartaTransformación ayer presencialmente en el Zócalo?
Los asistentes, que vinieron de todos los rincones del país, y que se identifican con el proyecto Lopez-Obradorista, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con sus distintas expresiones, el Partido de Trabajo, organizaciones sociales, algunos sectores sindicales y organizaciones campesinas llenaron el Zócalo. Pero para la derecha, la única explicación de la asistencia multitudinaria es el acarreo de personas, por supuesto que éste existe y lo hubo entre algunos sectores, sin embargo, la asistencia mayoritaria no se puede explicar por estas prácticas, hay un sólido y fuerte respaldo hacia Andrés Manuel López Obrador.
Algo relevante para la reflexión es la mención y la participación de la Secretaria de Defensa Nacional, la Secretaria de Marina en las actividades previas al informe, así como la presencia de dos contingentes vinculados al sindicalismo charro, con prácticas corporativas como lo son los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que movilizaron algunos sectores de las secciones que componen el sindicato, también estuvieron algunos sectores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX). Además, el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, estuvo presente junto al canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.
No solo es la plancha del Zocalo por el #AMLOFEST, miren el llenon en la calle Madero:
El proyecto de AMLO, su apoyo y sus contradicciones
Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal –que ya se fue, se está terminando esa pesadilla– los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad en la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro; es decir, quedar bien con todos; pues no, eso es un error: el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. (Discurso de AMLO, 1 de Diciembre de 2021)
Miles de personas refrendaron su compromiso con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y otra vez salieron a las calles, llenaron el zócalo y mostraron que, aún con las adversidades coyunturales, arrebatarles su conquista política no será tarea fácil. Aunque contradictoriamente, sus “enemigos” estén también dentro de su partido.
Millones apoyan al actual gobierno, negar eso sería negar la realidad, aunque parezca contradictorio, la base masiva de apoyo a la Cuarta Transformación, compuesta mayoritariamente por trabajadores del campo, la ciudad y sectores populares, en ocasiones se encuentra con un gran muro de contención a sus iniciativas de organización en las propias filas del partido de la 4T, algunos de sus dirigentes, algunos de sus candidatos, la política de alianzas y la propia línea política oficial del movimiento Obradorista.
Parte de ese apoyo proviene de los deseos profundos de transformación, en el terreno económico, político y social. En la mentalidad de millones de personas aún está muy fresco lo que significaron los gobiernos del PRI y el PAN: privatizaciones de las empresas públicas a precio de remate, saqueo de los recursos naturales por las trasnacionales, pérdida de conquistas laborales y del poder adquisitivo del salario, represión, violencia, corrupción y una larga lista de agravios.
Mientras los ricos se hicieron más ricos, el nivel de vida de los trabajadores y nuestras familias se degradó a límites insostenibles. Los gobiernos del PRI y el PAN, fueron, lo que Carlos Marx denominó un comité de administración al servicio de los negocios comunes de la clase burguesa, que se sostuvieron mediante la violencia y escandalosos fraudes electorales.
Además, durante todos esos años, la burocracia y los gobernantes del PRI y el PAN exigieron una gran tajada del pastel y de los negocios, el saqueo por medio de la corrupción de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo costó en el año 2018 entre el 5% y el 10% del Producto Interno Bruto.
Además, la aplicación de una serie de programas sociales financiados desde las arcas públicas ha afianzado el apoyo al presidente, por el momento, a 9 millones de adultos mayores se le otorga un apoyo económico de manera bimestral, como un tipo de pensión; a más de 6 millones de estudiantes de nivel medio superior se les otorga una beca también bimestral, además de apoyos económicos a personas con discapacidad, a los trabajadores del campo, estudiantes de bajos recursos del nivel básico, etc.
El proyecto limitado de regularizar el outsourcing permitió, en algunos sectores de trabajadores, la regularización y contratación estable; además los incrementos salariales, destinados a la clase trabajadora que gana el salario mínimo se han ido incrementando cuantitativamente y han sido superiores a los de los sexenios anteriores.
Existe una sensación en amplios sectores de la población de que el proyecto de la 4T, a pesar de sus limitantes y contradicciones, está funcionando, y hay un consenso que es preferible que exista dinero en bolsillos de los adultos mayores, estudiantes y personas con bajos recursos en lugar de que éste se vaya a las cuentas bancarias en el extranjero de los bandidos corruptos del PRI y el PAN.
Sin embargo, por debajo de la superficie se están desarrollando las contradicciones del proyecto político de la 4T; el cual también implica una alianza y la incorporación de elementos de la derecha a Morena y al gobierno, se apela a la honestidad de sectores de los ricos y la clase dominante para lograr una gran unidad contra los sectores más reaccionarios y corruptos; existe una fuerte presión en las finanzas del Estado para desarrollar los programas sociales, que se le conoce como la austeridad republicana; se apuesta a lo electoral como estrategia política y se pone al Estado (el ejército, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas) como elemento central y fundamental para que solucionen los problemas de inseguridad, de corrupción y gestionen los proyectos de gobierno.
Ayer cuando @lopezobrador_ decía “ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear” me preguntaba, ¿qué harán con eso las bases de Morena al ver a personajes como Monreal o burdos oportunistas que nada de izquierda tienen? pic.twitter.com/XdJaKGT1m9
Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación; cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores, cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres; cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno; cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras; cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos, cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país. En fin, un retroceso no sería cosa fácil. Informe de gobierno. 1° de septiembre de 2021. (Discurso de AMLO el 1 de Diciembre de 2021).
La Izquierda Socialista, sección mexicana de la Corriente Marxista Internacional, distribuimos una publicación en el mitin en el Zócalo con el título: “Hay que acabar con el capitalismo, no rescatarlo”.
El mensaje es sugerente.
El actual gobierno cuenta con el respaldo de millones de personas y existe una oposición activa de un sector de la clase dominante y la burguesía. El empresario Claudio X. González se ha encargado de unificar a los partidos de la derecha, adicionalmente cuenta con el apoyo de algunas cámaras empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana y aquellas que se reúnen en el Consejo Coordinador Empresarial, además del respaldo de algunos medios de comunicación, periodistas e intelectuales reaccionarios. La empresa de este sector carece de una base de apoyo sólida, sus cuadros están desprestigiados, acusados de corrupción y algunos se fugaron al extranjero, por el momento, este sector se encuentra a la defensiva y en plena crisis.
Otro sector de la burguesía, la derecha, y elementos del PRI y el PAN han buscado un acercamiento con el gobierno de la 4T, buscado cobijo para sus negocios e influir desde dentro en las decisiones políticas del mismo, o tomar fuerza por medio de las candidaturas y en la estructura de Morena.
No significa que estos sectores sean parte de la “gente lúcida y humana de la clase media y alta” que se han convencido del proyecto de la 4T. Sus banderas políticas siguen siendo las mismas: la explotación y el saqueo, y sus principios: la ganancia y la acumulación.
En el evento del 1° de diciembre, también se observaron algunos elementos de estos sectores: estuvieron presentes el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila. En el pasado, se les han otorgado posiciones políticas dentro del partido de la 4T o cedido candidaturas a figuras provenientes del PRI o el PAN, bajo la lógica de ser los mejores posicionados entre el electorado.
Además, dentro de las propias filas de Morena existe un sector abiertamente conservador, representado por el actual presidente nacional, Mario Delgado, que es parte del equipo del actual canciller Marcelo Ebrard, y el grupo en torno al senador Ricardo Monreal, los cuales son una especie de correa de transmisión de los intereses del poder económico a lo interno de Morena y la 4T. Y ha habido un acercamiento con algunas de las viejas estructuras corporativas del PRI, con algunos sindicatos charros o sus derivados, Morena firmó una alianza con los restos del partido de la burocracia del SNTE: Nueva Alianza.
¿Cómo transformar la masividad en fuerza social organizada? ¿Cómo pasar de la movilización a la organización?Vaya capítulo que se abre hoy, la segunda parte del sexenio, y acá andamos, acompañando y aportando desde lo vivido, lo aprendido, lo que venga por construir con la gente. pic.twitter.com/bSpBKWSiLO
La lógica electoral, de ser competitivos y poner a candidatos populares se ha impuesto, Alejandro Ruíz, plasma la declaración de un militante de Morena que obtuvo en el mitin en el Zócalo
“Creemos que la dirigencia del partido se ha alejado de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación. Creemos que le quedó chica la dirigencia nacional de Morena a la Cuarta Transformación. Le van a quedar mucho a deber al pueblo de México. El compañero presidente no merecía esto, el compañero presidente está siendo traicionado por la mafia en el poder incrustada, infiltrada, en Morena nacional”.
Asimismo, el gobierno le ha apostado a una transformación basada en la estructura del Estado, se ha conformado la Guardia Nacional para las tareas de seguridad, se le ha entregado puertos, empresas, proyectos e instituciones al ejército, para evitar, en palabras del propio López Obrador, la privatización de las empresas públicas y los proyectos impulsados por el gobierno.
Para evitar el sabotaje de la derecha, AMLO ha preferido apoyarse en las fuerzas armadas, en lugar de las masas, los trabajadores organizados y movilizados. Bajo la idea de que el Estado es neutral y sirve a los intereses del gobierno en turno.
Sin embargo, el Estado no ha perdido su carácter de clase, sigue siendo burgués y sus instituciones obedecen a los intereses de los capitalistas.
La cúpula de las fuerzas armadas ha aceptado con gusto las empresas encargadas, no tanto por su compromiso con un proceso de transformación social, sino por el interés monetario que existe detrás de la construcción del Tren Maya, del nuevo aeropuerto, las empresas, la distribución de medicinas o los puertos del país.
La acumulación de poder y dinero de la cúpula del ejército puede ser utilizada en un momento dado en contra del propio proceso de la 4T y en contra de los procesos de organización y movilización de la clase trabajadores y los sectores populares.
Un militante crítico de la 4T, le comentó a Alejandro Ruiz:
“Junto a él (refiriéndose al presidente) aprendimos a denunciar, a ser firmes en nuestra postura. Nosotros no estamos de acuerdo en que se aplique la doctrina de seguridad nacional, no es justo, no lo merecemos, señor presidente. Creemos todavía en ti, tenemos mucha fe en ti, pero necesitamos que ordenes un cese al fuego en el sureste mexicano. Alto a la guerra en Chiapas, alto a la guerra en Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán. Basta. Nunca más se vuelva a utilizar la desaparición forzada como método de acallar la denuncia, el señalamiento, la rebeldía. Aprendimos con él a ser rebeldes, a ser contestatarios. Hoy no merecemos que los defensores del agua, de la vida, de los derechos humanos, de los bosques, sean asesinados, desaparecidos o detenidos”.
Nadie en su sano juicio, salvo la derecha y los reaccionarios, se opone al otorgamiento de una pensión a los adultos mayores o becas para los estudiantes, tampoco al combate a la corrupción.
Sin embargo, debemos señalar que la desigualdad en la sociedad actual no se basa solamente en el saqueo de las arcas públicas por parte de los políticos reaccionarios o porque el Estado no implemente una serie de programas fundamentales en beneficio de los más desprotegidos.
La desigualdad, bajo el capitalismo, se genera de su propia estructura económica; una ínfima minoría rica, que no trabaja, que es dueña de los medios de producción: las fábricas, los recursos naturales, el capital, la maquinaria, y, por otro lado, tenemos a la gran mayoría que trabaja, que es explotada y que vive en condiciones de pobreza.
La sed por la acumulación y la ganancia por parte de la clase poseedora (los capitalistas), no desaparece con un gobierno honesto, sino que permanece. La burguesía busca de manera de domesticar a los gobiernos que no sirven fielmente a sus intereses o en su caso descarrilarlos mediante métodos como los que hemos observado en América Latina: golpes de Estado o golpes blandos, para tener un gobierno que administre sus negocios y no que se oponga a ellos.
Afirmamos, que para hacer realidad las aspiraciones de los millones de trabajadores y de los sectores populares que apoyan a la 4T, para evitar el sabotaje de la derecha, el retorno de los elementos de lo que se denomina el viejo régimen, mantener lo que se ha logrado y ampliarlo, se deben dar pasos en contra del poder económico, que continúa con el objetivo de recuperar el gobierno.
Además, mucho de la riqueza de esa ínfima minoría, fue obtenida con base en privatizaciones durante el llamado periodo neoliberal, las cuales fueron realizadas por medio del remate de las empresas públicas.
Con el control de la banca el gobierno podría ampliar los créditos hacia el campo, ampliar las pensiones hacia los adultos mayores, aumentar los apoyos a los sectores vulnerables y revertir esa política funesta de las afores, las cuales han realizado un jugoso negocio con el ahorro de los trabajadores.
Un decreto para nacionalizar la gran industria, las mineras, la industria petrolera, la industria eléctrica y la banca, apoyándose en los trabajadores, serie una medida real para revertir los agravios de los gobiernos del PRI y el PAN.
Para evitar los efectos de la inflación, el gobierno podría decretar el control de precios, y la nacionalización de la industria alimenticia para garantizar los alimentos a toda la población.
Para combatir la violencia y la inseguridad, se podrían promover comités comunitarios y barriales de la población, capacitados por los sectores de las fuerzas armadas dispuestas a colaborar con una transformación real y que no busquen solamente hacer negocios por medio de los megaproyectos.
Es decir, un proceso de transformación social, basado en los trabajadores y los sectores populares organizados y movilizados, no solamente para la coyuntura electoral, sino de manera permanente. Se necesitan medidas que tiendan a desmantelar el poder económico que aún conspira en los subsuelos, así como iniciativas para recuperar lo privatizado en los gobiernos anteriores, creemos que podría incrementar y solidificar el apoyo a la 4T.
Par evitar una posible regresión al pasado, se tendrían que dar pasos audaces en la lucha contra el capitalismo.
Publicación distribuida por la Izquierda Socialista, sección mexicana de la Corriete Marxista Internacional
Una de las más importantes conquistas de la revolución mexicana fue la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas. Como Trotsky dijo: “La expropiación del petróleo no es ni socialista ni comunista. Es una medida de defensa nacional altamente progresista”. La cual apoyó sin abandonar su programa. A partir de la expropiación petrolera se dio paso a la nacionalización de la electricidad, la banca, las comunicaciones y la creación de toda una serie de empresas estatales. El Estado tuvo que intervenir fuertemente en la economía para conseguir un desarrollo económico, esto también es un reconocimiento del débil papel de la burguesía nacional, incapaz de jugar un rol progresista para cumplir la tarea básica del desarrollo capitalista y la mínima independencia nacional.
Las nacionalizaciones empujaron el desarrollo
Fue tras Cárdenas y las nacionalizaciones que el país experimentó el mayor desarrollo económico de su historia, éste también tuvo condiciones internacionales favorables que lo permitieron, como la guerra mundial (de la cual se favoreció económicamente México) y la reconstrucción económica en la posguerra.
El modelo keynesiano mexicano entró en crisis, la economía no se diversificó ni eliminó las contradicciones de la economía de mercado que seguían siendo las imperantes. La ausencia de control obrero en la producción llevó a corrupción extrema en las empresas estatales y a su parálisis.
Tras el cambio de modelo, vimos una integración mayor de la economía mexicana al mercado mundial, más específicamente un incremento y dependencia hacia el vecino del norte. La burguesía nacional mostró una vez más su parasitismo, no solo recibió las empresas estatales a precio de regalo, también, cuando llevó éstas a la quiebra, recibió rescates estatales que triplicaron el monto de recursos que el Estado recibió de su venta. Hoy los opositores a la reforma energética de AMLO dicen que el manejo Estatal de la electricidad sería algo muy costoso, pero olvidan que nos ha costado más la empresa privada, parasita y acostumbrada a ordeñar los recursos públicos.
El nuevo modelo capitalista, el neoliberal, enfrentó resistencia. No solo fueron las privatizaciones, también vivimos una contraofensiva que comenzó a arrebatar cada una de las conquistas conseguidas tras la revolución mexicana, no solo privatizando las empresas estatales sino también arrebatando los derechos para obreros, campesinos y sus hijos. Hay que recordar las distintas luchas en defensa de la educación, la resistencia obrera en contra de los cambios reaccionarios a la Ley Federal del Trabajo, las protestas del Campo “No Aguanta Más”, las grandes movilizaciones en defensa del petróleo, la histórica batalla del SME en contra de la privatización y la injerencia del capital privado en la industria eléctrica (que el Estado contestó con el cierre de Luz y Fuerza del Centro), etc. Fue con Peña Nieto que finalmente lograron pisar el acelerador en los ataques a la industria energética, modificando la constitución para abrir la industria al capital privado. El voto masivo hacia AMLO fue claramente un rechazo a esos ataques y la búsqueda de un cambio radical.
Existe la ilusión de que el problema es el modelo económico, que es posible un capitalismo menos injusto. Los ataques de las últimas décadas son reflejo de la decadencia y crisis orgánica del capitalismo. AMLO nunca se ha planteado un cambio de sistema, se declara antineoliberal. En Ese sentido ha puesto un freno a las políticas más agresivas del pasado. Eso es positivo pero insuficiente. A nuestro parecer, una de sus grandes debilidades es que, al llevar adelante su programa, siempre evita que la confrontación con la clase empresarial escale. Esto se traduce en que no lleva sus reformas hasta sus últimas consecuencias y termina por hacerles concesiones, quedándose a medio camino incluso en su combate al neoliberalismo. El ejemplo más claro es que no se ha recuperado el porcentaje de empresas que el Estado tuvo antes del neoliberalismo. En su nueva reforma energética, por ejemplo, aspira a que Comisión Federal de Electricidad, que junto a LyFC eran hegemónicas en la generación de electricidad, produzca sólo el 54% de la electricidad. Eso es una reforma que los grandes capitalistas, nacionales y extranjeros, no toleran pero que no deja de respetarles un terreno avanzado en el pasado.
¿En qué consiste la reforma energética de AMLO?
El 1° de octubre AMLO envió una iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la constitución, poniendo un freno a la reforma energética aprobada en 2013 en el sexenio de Peña Nieto. Al presentar su iniciativa, el actual presidente dijo:
“Se trata de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso la industria eléctrica nacional y que sea posible que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos. (…) Ya no estaremos sujetos, como hasta hoy, a que los intereses privados sean los que fijen las tarifas, los que despachen la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional” (Presentan iniciativa de reforma para el fortalecimiento de CFE y protección de litio – AMLO (lopezobrador.org.mx)).
La nueva reforma constitucional plantea que la compañía estatal de electricidad, la CFE, será responsable de la electricidad, del sistema eléctrico nacional y de su control. El Estado queda a cargo de la llamada transición energética, hacia energías no contaminantes, buscando reducir emisiones de gases y componentes de efecto invernadero
El servicio de abastecimiento será prestado exclusivamente por la CFE. Se cancelan permisos de generación eléctrica y contratos de compraventa de electricidad con el sector privado. Se piensa que, de continuar esta tendencia de avance del sector privado, en 2024 la CFE generaría sólo el 30% de la electricidad. Eso llevaría a un encarecimiento de este energético y a poner en duda su abastecimiento. Desde ahora la CFE deberá producir al menos el 54% de la electricidad en México.
La reforma también reintegrar al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE y suprimen órganos reguladores como la comisión nacional de hidrocarburos y la comisión reguladora de energía. Eso lleva a que la empresa estatal de electricidad tenga mayor control y regulación del sector.
Se legisla que no se darán concesiones a privados para explotar minerales radioactivos como el litio y otros que sean considerados estratégicos para la transición energética. El litio se ha convertido en un recurso de gran importancia, necesario para la producción de dispositivos eléctricos. Lo que hace es poner un freno a su producción privada para que en el futuro sea el Estado el que se encargue de su explotación y comercio.
Se plantea el no aumentar el costo de la energía por arriba de la inflación, pero también señala que con el sector privado se establecerá una relación honesta y de buena fe al servicio de la nación. La historia nos dice que la única moral que tiene el capital es la que justifica y le asegura su mayor ganancia.
La oposición defiende las ganancias, no la ecología
Una de las principales críticas de la oposición es que AMLO está en contra de las energías limpias, que se basa en combustibles fósiles. Dicen que se cierra el paso a la generación eléctrica eólica y solar. Estas voces, en realidad, no defienden la ecología sino la sobre ganancia de la empresa privada. Con la apertura energética dada en el periodo anterior se dio una situación sumamente favorable, donde la empresa estatal se usa para aumentar la ganancia de los empresarios privados.
Primeramente, debemos decir que el mayor productor de energía limpia del país no es el sector privado sino la Comisión Federal de Electricidad, quien produce el 55% de éstas. En segundo lugar, esta compañía estatal distribuye sin costo la energía de los privados y además tiene que resolver otros profundos problemas de funcionamiento. El problema radica en que algunas de estas energías limpias que hacen los privados son energías intermitentes, que dependen de factores externos variables. Por ejemplo, las eólicas o solares no generan electricidad todo el día, además que en un día nublado o sin viento no se generará la misma cantidad de electricidad.
La energía generada por estas empresas privadas, la CFE debe almacenarla y distribuirla, pero también asegurar la distribución con otras fuentes cuando esta no sea generada. A la empresa privada lo que le importa es la ganancia, han generado empresas donde le es mas rentable y de forma anárquica, trasladando la seguridad energética (que implica asegurar la distribución y una generación excedente de electricidad frente a eventualidades) a la compañía estatal. Esto puede ser muy rentable, pero el crecimiento de esta anarquía a la larga provocaría problemas como los sucedidos en Texas que quedó desabastecida cuando estas fuentes dejaron de producir por eventualidades externas. La oposición busca asegurar la mayor cantidad de ganancias, aunque esto genere perdidas para el Estado y ponga en riesgo el desabasto energético.
La reforma de AMLO busca que la mayor participación de la CFE ponga orden ante esta anarquía del capital privado. Pero al tener ellos el 46% de la producción seguirán presionando para empujar al máximo beneficio. Lo mejor sería que fuera la compañía estatal la que controle todo este sector clave, con mecanismos de control democrático de la clase obrera. No sólo la electricidad necesita entrar en orden, lo requiere toda la economía en su conjunto que debería ser nacionalizada para ser planificada. Eso aseguraría la soberanía y poner los recursos en beneficio de la sociedad.
Controlar la economía o tratar de regularla
Uno de los puntos que promete AMLO con esta reforma es que la electricidad no incrementará su precio por encima de la inflación. El gobierno llamado de la cuarta transformación, ha usado mecanismos como evidenciar parcialmente las ganancias de los empresarios, abusos como el no dar litros de a litro ni llenar completamente los tanques de gas para las casas y también mecanismos como el usar al Estado para contrarrestar la inflación. Un ejemplo de esto último es la introducción de una compañía distribuidora de gas que da un precio más accesible en barrios populares, con ello no elimina a los competidores privados pero si busca que el precio no se eleve y regularlo.
La lógica capitalista es la voracidad del libre mercado que lleva a la anarquía, a la búsqueda del beneficio y los consiguientes saqueo y explotación. La consecuencia es la sobreproducción y las crisis recurrentes. Tratar de regular la anarquía del mercado va en contra de la naturaleza del sistema, por eso la clase dominante lucha contra ello. No se puede dirigir lo que no se controla. No basta con poner límites a la avaricia capitalista. Hay que abrir los libros de cuentas de las grandes empresas y demostrar como se han beneficiado del saqueo y la explotación. Hay que poner la economía al servicio de la sociedad expropiando el conjunto del sector energético al igual que el resto de las palancas claves de la economía. De esta forma podremos planificarla en beneficio de los más pobres.
La reforma energética de AMLO sería un paso adelante, pero insuficiente. De no completarse, la tarea la voracidad del sistema, tarde o temprano, se va a manifestar. Un problema importante es que hay un amplio sector que asume una posición acrítica al actual gobierno. Eso abre la puerta para que las presiones de la burguesía se hagan oír con más eco traduciéndose en mayores retrocesos. Los trabajadores no debemos abandonar nuestro programa, en la reforma eléctrica debemos exigir ir más lejos, expropiar todo el sector energético bajo control obrero.
La estrategia de Morena es buscar la mayoría parlamentaria para aprobar la reforma energética, es atraer a un sector del PRI en su votación. Ellos han planteado posponer el debate de la reforma, eso le permite negociar, ganar concesiones en otros rubros como el presupuesto, etc. Cárdenas se apoyó en la clase obrera y las masas para defender la soberanía frente al imperialismo y defender el petróleo, nacionalizándolo. Ese es el único camino consecuente para defender la soberanía nacional.
Es importante hacer oír la voz del trabajador. Tenemos que pugnar por no hacer concesión alguna al gran capital que ha saqueado al país. La burguesía, a lo largo de nuestra historia, ha demostrado su parasitismo y que no es una clase progresista ni revolucionaria. Tras Cárdenas se tuvo la ventaja de encontrar en el porvenir un periodo de importante crecimiento económico del capitalismo internacional. Esa perspectiva hoy esta cerrada. No es sólo la pandemia, el capitalismo ha llegado a sus límites y su tendencia general es de declive, sin dar posibilidad a reformas serias y mucho menos, a concesiones importantes en beneficio de las masas. Un regreso a una política keynesiana no encontrará el mismo efecto del pasado. La única salida es un cambio de raíz, un cambio de sistema.
El mes de noviembre de este 2021, ha sido escenario de un hecho inusitado: la salida a Estados Unidos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero para asistir a la apertura de las sesiones del consejo de seguridad de la ONU, el 9 de noviembre, y la otra, unos días más tarde, en la cumbre de jefes de estado de Norteamérica los días 17 y 18 de noviembre.
Dichos procesos son una ilustración muy clara de la política exterior del gobierno de López Obrador.
Uno de los principales planteamientos de AMLO a inicios de su gestión fue el decir que “la mejor política exterior es la interior”. En el fondo ello significa que, para tener autoridad moral para intervenir en el escenario internacional, es necesaria una política interna que le genere el consenso necesario. Esta táctica de intervención tiene sentido en cuanto a la forma, pero aún quedaba pendiente el asunto del contenido de esta política, puedes hacer una política interna del tipo que sea y al mismo tiempo plegarte al imperialismo, o ser critico ante ello.
Sin duda el principal referente de la política exterior mexicana frente a Estados Unidos en el siglo XX fue Venustiano Carranza, al cual se le atribuye la frase “ no se fijen en lo que digo sino lo que hago”, esto dirigiéndose a los políticos norteamericanos que miraban con recelo el discurso nacionalista de Carranza, al final, a cambio de la garantía de velar por los intereses norteamericanos en México, Estados Unidos reconoció a Carranza e incluso le permitió cruzar el desierto de Sonora para sorprender a Villa en Agua Prieta. El juego es mas o menos el siguiente: “protejo tus intereses estratégicos a pesar de mi discurso a cambio de que me dejes hacer y deshacer en asuntos internos”.
Esta política se mantuvo firme a lo largo de todo el siglo XX. En la cual el gobierno mexicano seleccionada algún tema puntual para reivindicar su política no intervencionista , como el caso de Cuba y el asilo político a ciertas personalidades, al mismo tiempo que justificaba su inacción ante cualquier atrocidad con el pretexto de la no intervención.
Así pues podía cuestionar la intervención en Vietnam y al mismo tiempo vender materias primas para la industria de guerra norteamericana a mas no poder.
Históricamente los gobiernos priistas del siglo pasado, habían adoptado una posición formalmente solidaria con ciertas causas de izquierda, así fue como el gobierno de José López Portillo reconoció al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del El salvador como fuerza beligerante en 1981, además de que unos años antes, había roto relaciones diplomáticas con la dictadura de Somoza en Nicaragua y fue uno de los primeros países en reconocer al Frente sandinista de Liberación Nacional, como el gobierno en funciones en Nicaragua, luego del triunfo de la revolución sandinista. Todo esto mientras la guerra sucia interna acababa con los últimos residuos de la Liga Comunista 23 de septiembre. Es decir, la bandera izquierdista se enarbolaba en el escenario internacional mientras que internamente se aplicaban las mismas políticas genocidas mediante ejecito y policía secreta.
Otro tanto se podría decir de Luis Echeverria Alvarez, quien mientras presumía encabezar cumbres del tercer mundo y homenajear a salvador Allende masacraba estudiantes y campesinos.
La política exterior mexicana era una fachada para el régimen del PRI, el gobierno norteamericano era consciente de este doble juego y ponía poca atención en las declaraciones grandilocuentes de política exterior. Como se supo poco después el propio Diaz Ordaz y Luis Echeverría colaboraban como informantes de la CIA.
En realidad para los Estados Unidos en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI hay un interés real por evitar que crisis social importante se desate en México, las consecuencias pueden ser también catastróficas para ellos. Tan solo las secuelas de la crisis de 1995 del error de diciembre significaron la salida a Estados Unidos de mas de 10 millones de mexicanos.
Al mismo tiempo, para Estados Unidos en las últimas décadas, México es más contemplado como un espacio de contención a los flujos humanos de Centroamérica y el caribe que no dejan de crecer.
Los gobiernos mexicanos modificaron su discurso frente al exterior especialmente luego de la firma del tratado de libre comercio que entró en operaciones en 1994, a partir de ahí establecieron una corrección de su discurso absolutamente en sintonía con las necesidades de los Estados Unidos, la convergencia se fortaleció en los gobiernos panistas y se sostuvo en el sexenio de Peña Nieto.
En el fondo el tema que ha dominado las relaciones internacionales de México ha sido el Tratado de Libre comercio, que luego de 27 años ha propiciado la integración de la economía mexicana a los Estados Unidos, actualmente el comercio exterior representa el 78 % del PIB, de este total el 75% es comercio con los Estados
Unidos. La dependencia es una de las mayores de nuestra historia y sin duda esto determina todo lo demás.
La decisión respecto de estas relaciones se determinó por parte de AMLO desde el momento mismo en que impulsó la firma del nuevo tratado T- MEC. Derivado de ellos operó de una manera más firme la política de contención de migrantes, de hecho durante su gestión se han triplicado las deportaciones de extranjeros en México.
Frente a estos aspectos estratégicos, el gobierno de AMLO ha intentado revivir la política de acercamiento a ciertas posiciones de izquierda en el terreno latinoamericano, es indudable el acercamiento a gobiernos como el boliviano y argentino, así como el distanciamiento de las políticas golpistas de los propios Estados Unidos promovidas por la OEA.
Las declaraciones de AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU están más en el plano de mostrar una relativa independencia con respecto al gobierno norteamericano, las criticas a la inoperancia de la ONU y la propuesta de crear un organismo supranacional fuera del control de los gobiernos nacionales, no están orientadas a que se concreten, sino a generar pronunciamientos de simpatía que le den un margen para negociar los temas regionales en una posición de mayor fuerza.
Esto se puede observar en el segundo acto internacional en el que participó AMLO, es decir el encuentro tripartito de América del Norte, en el cual Estados Unidos tuvo un relativo triunfo al obtener de López Obrador una declaración de solidaridad para hacer frente al avance de China:
“La integración económica con respecto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial” (…) ““No olvidemos que mientras Canadá, EU y México representamos el 13 por ciento del mercado mundial, China domina el 14.4 por ciento. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7 por ciento, y la de América del Norte de 16 por ciento”
Por supuesto que hubo llamado a la solidaridad con el desarrollo de Centroamérica y el caribe, pero esto no paso de pronunciamientos, el único tema relevante en las relaciones internacionales de México es que suma su voluntad a la de Canadá y Estados Unidos para frenar a China.
El gobierno de AMLO en el terreno exterior muestra continuidad en cuanto a los intereses estratégicos que se fincaron con el TLC y al mismo tiempo rescatar la preocupación con el “tercer mundo” tradicional en tiempos pasados.
Por supuesto una política revolucionaria de un gobierno en México implicaría extender la revolución a Estados Unidos, el libre comercio ha encadenado el destino de los dos países, pero ese es un escenario que se dará al margen de los deseos de los actuales gobiernos, la Federación Socialista de América, será la única forma de unidad progresista de nuestros países.
