Si algún crédito se le puede dar a Alberto Fujimori, fue el de inventar un nuevo tipo de dictadura: una dictadura del siglo XXI. Lejos quedaron esas épocas donde, para instaurar una dictadura, se tenía que entrar a la fuerza. Él entró democráticamente y poco a poco acaparó todas las instituciones del Estado y medios de comunicación para que trabajaran a su favor. Y esto ya lo están copiando gobernantes actuales como Milei o Bukele. Entonces, podríamos analizar su gobierno desde distintos puntos.
Lucha de clases y neoliberalismo
Para fines de los años 80, el Perú llegó a tener una inflación del 2000%, escasez de productos y alta burocracia, fruto del desastroso gobierno socialdemócrata de Alan García. En las elecciones de 1990, un desconocido Fujimori llegó al poder, previa contienda en segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Este último, un conocido literato y candidato de la derecha, propuso un shock económico para poder levantar el país, algo con lo que estaban de acuerdo los economistas de la época. Fujimori en campaña prometió no hacerlo, pero una vez llegado al poder implementó un paquete de reformas neoliberales conocido como el “Fujishock” y disparó una ráfaga de decretos que incluyó: la liberalización de la economía, privatizaciones masivas (remate de empresas estatales a un precio menor que el del mercado), eliminación de derechos laborales como facilitar el despido y recortes al gasto público. Esto fortaleció el poder de la burguesía (empresarios y élites económicas) a expensas de la clase trabajadora y campesina. Al privatizar empresas estatales, Fujimori permitió que los recursos estratégicos del país quedaran en manos privadas.
El Estado como instrumento de represión
Durante el gobierno de Fujimori, se fortalecieron los aparatos represivos del Estado, especialmente en el contexto de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Si bien se logró reducir la violencia de esos grupos maoístas, esto se hizo a través de la concentración del poder en el Ejecutivo; violaciones a los derechos humanos de guerrilleros y campesinos y trabajadores que no tenían ningún lazo con estas guerrillas, además de un fuerte control autoritario. Esto fue el fiel reflejo de cómo el poder político puede utilizarse para proteger y mantener las estructuras económicas capitalistas, suprimiendo cualquier amenaza revolucionaria que busque desafiar ese orden. Fujimori implantó un terrorismo de Estado, lo que provocó que los proletarios dejaran de hacer política por temor a ser tildados de terroristas. Y hasta ahora se sigue acusando de terrorista a cualquier grupo o colectivo que busca defender sus derechos y osa a alzar su voz de protesta.
Consolidación del capitalismo global
Fujimori promovió la apertura del mercado peruano al capital extranjero siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Esta subordinación a intereses globales podría interpretarse como una forma de neocolonialismo, porque los recursos y la fuerza laboral del país se explotaron para el beneficio de empresas multinacionales, beneficiando la economía extractiva con un nulo desarrollo interno que permitiera mejorar la situación de la clase obrera y campesina. Los dueños eran extranjeros en su mayoría y la burguesía parasitaria, como los llamaba Mariátegui, se dedicó al comercio y la intermediación, sin interés en establecer una industria nacional.
Desigualdad económica
Sus defensores indican que Fujimori estabilizó la economía y redujo la hiperinflación, y lo hizo, pero a un alto costo social. La pobreza extrema y la desigualdad persistieron (incluso se puede decir que aumentaron), y las condiciones de vida para los sectores menos favorecidos de la sociedad se mantuvieron igual.
Alienación y desesperanza
El campesino escucha, espera, y ya no espera nada. Lo que antes era frustración ha dado paso a indiferencia. El Congreso fujimorista fue una maquinaria que solo sirvió para que unos pocos sigan en el poder, beneficiándose de leyes a medida, de tratos opacos y de lobbies que ni siquiera se molestan en disimular. Para el campesino, fue un teatro del absurdo: mientras ellos discutían si sus sueldos les alcanzaban para pagar sus lujos, el campesino siguió sobreviviendo día tras día, con lo justo, y a veces con menos que eso. Porque la alienación no sólo es económica, como todos piensan, también es política y social.
Paternalismo populista
Lo más trágico no es el descaro, sino la resignación. ¿Cómo llegamos a un punto donde la corrupción, las matanzas y las injusticias son parte de la cotidianidad? Pese a los crímenes que cometió el régimen fujimorista, aún hay quienes en el campo lo defienden. Se aferran a los recuerdos de las ollas comunes, de los regalos populistas, de esa imagen paternalista de un “Chino” que, con una sonrisa, les daba la mano mientras con la otra robaba el futuro de una nación. Se quedaron en esa ilusión, en esa añoranza, y no ven, o no quieren ver, lo que se esconde detrás de esos gestos calculados.
Si algo nos ha enseñado esta tierra es que, por más dura que sea la realidad, siempre hay espacio para la resistencia. Nos toca organizarnos, prepararnos y reclamar lo que nos pertenece. Porque si seguimos callados, si seguimos esperando que algo cambie desde el Congreso o el Gobierno, solo estaremos alimentando un ciclo que parece no tener fin. Porque, como dijo Marx en el Manifiesto Comunista “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.
Los primeros meses de Dina Boluarte en la presidencia estuvieron marcados por el rechazo del pueblo trabajador y la demanda de nuevas elecciones generales, entre otros; sin embargo, lejos de hacer un llamado a la calma, el Gobierno optó por el uso de la fuerza.
Se reportó que 49 manifestantes y transeúntes fueron asesinados en el marco de las protestas ocurridas en las distintas regiones del Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Esto debido a la dura respuesta de la Policía y las Fuerzas Armadas a las movilizaciones en contra de la asunción al poder de Dina Boluarte.
En el día central del aniversario de la independencia del Perú, el 28 de julio, la mandataria brindó su segundo mensaje oficial a la nación, y como respuesta, distintas delegaciones se movilizaron exigiendo su renuncia en rechazo de las muertes ocurridas durante las protestas pasadas. Pero la manifestación no solo se desarrolló el día 28, sucedieron desde el 27 hasta el 29 de julio.
Los manifestantes, autoconvocados, partieron desde distintas regiones hacia la capital, principalmente desde Ayacucho y Puno (donde se registró la mayor cantidad de asesinados en las protestas) y de Arequipa (donde se planea empezar el proyecto minero “Tía María”, a pesar del rechazo de la población de la zona).
Mientras tanto, en la capital, se sintió el desgano de participar en estas manifestaciones. A pesar de que la mayoría está en desacuerdo con el Gobierno (la desaprobación alcanza el 95% según las últimas encuestas), no acude al llamado de los manifestantes de provincia por distintos motivos:
El cansancio de ver tantas marchas y que la situación siga igual.
La división en los objetivos de la lucha: unos solicitando la liberación de Pedro Castillo, otros pidiendo sólo la renuncia de Boluarte, otros demandando un adelanto de las elecciones y, por el otro lado, organizaciones pidiendo una Asamblea constituyente.
El sentimiento de engaño y traición de militantes y ex militantes por sus partidos políticos.
El miedo a la represión policial y a ser arrestado (el Congreso sigue sacando leyes buscando maximizar las penalizaciones por manifestarse).
Los flujos masivos de movilidad interna en el país que suceden al mismo tiempo. En estas fechas los limeños acostumbran a viajar masivamente al interior del país, ya sea como turistas o para visitar a la familia (alrededor del 30% de habitantes de Lima han nacido en alguna provincia y el 40% es hijo de migrantes).
A todo esto, hay que añadir que la CGTP (Confederación General de Trabajadores) convocó a un paro y salir a marchar, pero su presencia no se sintió. En parte se debió a que convocaron al paro en días festivos, lo cual no es muy conveniente. Definitivamente se siente la ausencia de una dirección en la clase obrera. La CGTP solo vive de recuerdos, los sindicatos no defienden los derechos de los trabajadores y las organizaciones estudiantiles de índole político se han prohibido en numerosas universidades privadas.
¿Y el Partido Comunista? Solo saca comunicados, no renueva su cúpula directiva y no atrae a los jóvenes porque solo se dedican a realizar largas tertulias y no se enfocan en la educación, concienciación de las masas ni mucho menos en plantear un programa de lucha.
A falta de una verdadera dirección revolucionaria obrera en la capital y principales ciudades, la revolución se está cocinando en su interior y el destino del país se decidirá lejos de la capital. Es por eso que en Perú se necesita construir un nuevo Partido Comunista Revolucionario: obreros, estudiantes y trabajadores luchando codo a codo como militantes conscientes por la verdadera revolución en contra el enemigo común: El Capital.
En este mes se acaban de cumplir 20 años desde la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en el año 2001, con el objetivo de investigar y esclarecer los graves abusos a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno que tuvo lugar en el país entre 1980 y 2000. El informe final, publicado en 2003, documentó de manera exhaustiva los horrores de ese período, incluyendo actos de violencia, violaciones, desapariciones forzadas y masacres.
Este informe no sólo arroja luz sobre la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, sino que también pretendía hacer un llamado a la reconciliación y a la construcción de un futuro más justo dentro del sistema podrido, que había obligado a un sector de la población a radicalizarse. Y que para reprimir y exterminar estos grupos guerrilleros, el gobierno de A. Fujimori tuvo que hacer un autogolpe para crear así toda una política que lo blindara a él y a su cúpula de la responsabilidad por los excesos cometidos. También se aplicaron medidas militares traídas desde los EEUU y su experiencia en el enfrentamiento con el Vietcong.
Y justamente, por mencionar a los EEUU, se acaban de revelar cuatro documentos que describen todo el plan y seguimiento que tenía la CIA para la región y, en específico, para el Perú.
Una evaluación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), de 1994, describió la “Operación Aries” en la selva de Perú, citando relatos de testigos sobre helicópteros del Ejército ametrallando aldeas.
El informe también detalla cómo Armando Villanueva, uno de los principales dirigentes apristas y que en los años ‘85-‘90 fue premier de Alan García, estando al tanto de los abusos que desarrollaban los militares al interior de país, como en la masacre de Cayara (Ayacucho), en 1988, en la que los militares ejecutaron a más de treinta campesinos.
Esta revelación demuestra, una vez más, lo que tantas veces denunciamos de la socialdemocracia y sus políticas reformistas y oportunistas, que son totalmente opuestas a la clase proletaria y campesina.
Y sobre la dictadura de los años ’90, ya son conocidos los hechos, tras los juicios a los que fue sometido.
Con la revelación de estos cuatro documentos, lo que se demuestra es algo que ya la gran mayoría de peruanos sabíamos, con la novedad de que desde el país del norte, a pesar de manejar esta información, se mantenían relaciones cordiales con estos gobiernos, mientras les eran útiles, hasta que el desborde popular y los actos de corrupción televisados fueron de tal infamia que, desde Washington, le bajaron el dedo al japonés y a su asesor, el también ex espía de CIA Vladimiro Montesinos.
Lo que demuestran este informe de la CVR, y los archivos de la agencia de seguridad nacional de los EEUU, es que la burguesía utiliza todo tipo de elementos, dentro o fuera de la legalidad, para no perder su hegemonía cuando ésta se ve amenazada. Y no le tiembla la mano a la hora de deshacerse de los gobernantes títeres cuando ya no le son útiles, y hoy pretende que bajo los cimientos de la llamada “democracia” condenemos sólo a los actores políticos y militares y no al sistema que masacró a miles de peruanos entre 1980 y 2000, cuando se registraron alrededor de 69 ,280 víctimas del conflicto armado.
Debemos decir que dentro del marco del capitalismo la única verdad es que, tanto la burguesía peruana como el imperialismo estadounidense, tienen en las manos la sangre de los obreros y campesinos que se resistieron a continuar bajo su yugo opresor. Son ellos los que siguen ostentando el poder económico, político y social en el Perú, son ellos quienes nuevamente han asesinado a más de 60 personas durante las protestas contra el golpe de Estado de Dina Boluarte, con tal de salvaguardar sus intereses. Por lo tanto, no puede haber un proceso de reconciliación con los que nos siguen matando y beneficiándose de la explotación de nuestra clase. ¡No puede haber reconciliación con el opresor!
La única vía mediante la cual el pueblo peruano puede obtener justicia es la de la lucha de clases. Sólo con la organización de la clase obrera y campesina, y la dirección de un partido verdaderamente revolucionario, nuestra clase podrá aspirar a arrebatarle el poder a los dueños del capital, de modo que los medios de producción y los bienes de nuestro país estén a disposición de quienes generamos la riqueza y no al servicio de un puñado de asesinos.
La reivindicación, justicia y acceso a la verdad para los caídos sólo llegará a partir de la organización de los oprimidos del Perú.
19 de Julio, día histórico, reinicio del ciclo de marchas contra la dictadura cívico-militar.
El día 19 de julio se desarrolló una de las manifestaciones más masivas de los últimos meses, la cual se venía convocando por todas las redes sociales, la llamada:”Toma de Lima”, que la derecha quiso desprestigiar y terruquear comparandola de forma distorsionada con la toma de la Bastilla en la revolución francesa y la toma del palacio de invierno en la revolución rusa.
Semanas previas al 19J la Policía Nacional del Perú (PNP), la presidenta y sus ministros criminalizaron la protesta en diferentes medios de comunicación. En un discurso, Dina Boluarte dijo: “Cuántas muertes más quieren”. Afirmando que si el pueblo sale a ejercer su legítimo derecho a la protesta sería cruelmente reprimido, como ocurrió con los casi 70 peruanos asesinados por la PNP en el ciclo de protestas realizadas entre diciembre y enero.
Por su parte, la PNP hizo lo suyo colocando a cientos de policías en las entradas de Lima quienes hacían detenciones arbitrarias ante la llegada de buses interprovinciales, cuyo objetivo era evitar a toda costa la aglomeración de manifestantes. A la par, también la PNP, sus principales coroneles y generales, se presentaban en los medios de TV declarando: “Hemos identificado a la camarada Vilma detrás de estás protestas”, todo ello como parte de la campaña de terruqueo. La pregunta qué nos hacemos es: Si ya los tienen identificados ¿Por qué no los capturan?¿Es que detenerlos no les es rentable para sus intereses? Hay muchas interrogantes puesto que el fujimorismo hace suya la derrota de este agrupamiento politico que utilizaba metodos terroristas, y que, junto al Estado contribyó al desangre del país, pero a la vez, en cada campaña electoral, hay “atentados terroristas” y salta nuevamente el fantasma del terrorismo y el terruqueo.
Lo cierto es que el día 19 de julio se desarrollaron las marchas a partir de las 10:00 horas en distintos puntos del centro de la ciudad, convocadas por organizaciones como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc),la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP),quechuas y aymaras, diversos colectivos, mercados, así como la Federación de Pueblo Jóvenes de Construcción Civil, Macrocentro, Macro Sur, Macro Norte, y muchos otros gremios más.
Uno de los datos que cabe destacar es que se calcula que participaron aproximadamente entre 20.000 y 21.000 almas solo en Lima, lo cual la convierte en una de las marchas que mayor acogida ha tenido desde el 2020 tras la destitución que le hicieron al entonces presidente Vizcarra e imponiéndose Manuel Merino, cuyo mandato no duró más de una semana, y de las movilizaciones de diciembre-enero del año pasado.
La marcha del 19J no sólo fue en Lima —aunque tras ese nombre fue que se popularizó, “la toma de Lima”—, sino que también se realizó en las 26 regiones del país. Un dato importante que cabe señalar es la participación de la clase media limeña que fue convocada en gran parte por la periodista Rosa María Palacios (RMP) quien, mediante su programa en YouTube, hacía un llamado a la manifestación, a tener empatía con nuestros hermanos de otras regiones y a movilizarse por la indignación que generaba las tantas muertes y tantos abusos cometidos por la policía, dándole un toque liberal y humanitario a la lucha.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau, también se manifestó y pidió a la población asistir a esta marcha respaldando las causas nobles del pueblo. Cabe señalar que este rector también en el ciclo de manifestaciones anteriores había dado acogida a universitarios de otras regiones, quienes llegaban a la ciudad luego de ser expulsados por la rectora de la universidad nacional mayor de San Marcos (UNMSM) Jeri Ramón Ruffne. El rector, en un acto humanitario, les ofreció en aquel momento un lugar donde poder residir en la ciudad universitaria la UNI.
De alguna manera estos personajes, tanto la señora RMP y el rector de la uni, fueron una especie de canal para que la clase media salga de ese limbo donde se mantenía y se manifieste en contra de este gobierno, en contra de este congreso y también sume fuerzas para evitar la terrible represión policial, sin embargo lo que pasa es que se está quitando del escenario los sectores más radicalizados del Sur del país.
Al ser un grupo social con mejores condiciones económicas, la policía lo ha pensado dos veces al momento de disuadir la marcha y en este inicio de protestas por lo menos no ha ocurrido ningún asesinato a causa del uso de la fuerza. No es que saludemos o estemos agradecidos que no nos maten pero vale la pena contrastar la actitud de las fuerzas opresoras para quienes el proletariado y el campesinado no tiene ningún valor y al momento de disparar actúan sin medida alguna, pero cuando clases más pudientes salen a marchar tienen mayor control del daño que puedan ocasionar. Esto lo han demostrado la misma fuerzas armadas puesto que en los días siguientes al 19J pudimos apreciar con total indignación como un grupo de efectivos desalojaba a unas mamitas que habían tomado la plaza San Martín haciendo uso de su derecho legítimo a la protesta. No solo fueron gaseadas con bombas lacrimógenas sino que al resistirse a estas mismas unos cuantos policías las arrojaron desde un monumento a más de metro y medio de altura contra el suelo, quedando golpeadas y adoloridas. ¿La policía haría lo mismo con los señoritos de Lima que visten de traje y corbata y de apellidos rimbombantes?
El 19 de julio ha sido apenas el inicio de una serie de marchas constantes, las siguientes se está desarrollando. En el centro de la ciudad hay marchas, manifestaciones, todos los días pero de las cuales las que se está pidiendo mayor convocatoria es para los días 27, 28 y 29 que son los días festivos de las fiestas patrias. Por ejemplo, durante el día 28 la señora Boluarte tiene que dar su mensaje presidencial en el congreso haciendo un balance desde la toma de su poder y un programa que llevará su gobierno hasta julio del 2024. El 29 de julio es la famosa parada militar donde todas las fuerzas armadas “le juran lealtad” a la presidente. Es por ello es de suma importancia que esta convocatoria que se está haciendo para estos días sea de mayor aglomeración para no darle ningún respiro a este gobierno usurpador, que las mismas encuestas han demostrado su total rechazo por parte de la población y la impopularidad de la que goza. Tanto el congreso como la presidenta, uno cada vez más desprestigiado que otro.
En esta misma línea de impopularidad y desprestigio el congreso de la república en estos días se encuentra en elecciones para elegir a su mesa directiva. Lo más irrisorio, indignante y repulsivo es que ha resultado la fusión en una de las listas, vemos el pacto que tienen a todas luces el fujimorismo y el cerronismo, ambos partidos de extrema derecha y de extrema izquierda. Una vez más, como dicen: los extremos se juntan.
En nuestro círculo de discusión que hemos desarrollado durante el 2022 ya veníamos advirtiendo de los guiños que hacían Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. En una entrevista dada a un medio argentino, por ejemplo, Cerrón hablaba acerca de pactar con el fujimorismo en contra de los caviares. Decía que podía abrazar al fujimorismo, no tenía ningún problema con ello con tal de luchar contra los caviares. Por esos días también había pactado con el fujimorismo para tener el control del Tribunal Constitucional, puesto que ambos líderes de estos partidos tienen juicios en proceso y buscaban con esto una táctica para disolver estos juicios y/o para eliminar esas condenas. Durante 2022 veíamos con asombro y asco como en muchos proyectos de ley o censuras, el fujimorismo y el Cerrorismo votaban en conjunto.
Hoy a todas luces ese pacto es evidente, palpable y programático. A raíz de este suceso militantes y cuadros políticos de Perú Libre empezaron a renunciar al partido. Por su parte, Vladimir Cerrón intentaba por todos los medios posibles, principalmente mediante su cuenta de Twitter, exponer los motivos e intentar suavizar este pacto dando ejemplos estúpidos. Por mencionar la mesa directiva donde fue miembro un izquierdista de gran trayectoria como fue Javier Diez Canseco, quien en plena dictadura fujimorista del 2001 integró una lista de derechas, es verdad. Pero esta misma lista no era para asociarse con el fujimorismo sino todo lo contrario, se vivía en una época de dictadura y era para formar un bloque fuerte con todos los movimientos sociales con todos los partidos incluso los de la derecha, no para repartirse el poder, no para hacerse de un escaño o ganar más dinero sino para acabar con la dictadura fujimorista.
JDC jamás hubiera pactado con el fujimorismo. Cerrón mediante Twitter pretendía tener alguna legitimidad y a su vez se victimiza que por ser de izquierda y provincia el bloque de izquierda lo estaba criticando y censurando y mientras a JDC por ser blanco y de una clase acomodada lo hacían pasar por paños tibios.
Qué ha demostrado los líderes del partido Perú libre seudo marxista, seudo leninista, que en realidad sólo son una sarta de oportunistas en el fondo: que los intereses del país no les importa puesto que ellos sólo velan por tener el poder y por engordar sus billeteras. Pactar con el fujimorismo es prácticamente pactar con la Alemania Nazi, es el mismo pacto que hizo Stalin y Hitler en el denominado pacto Riveentrop-Molotov. Pactar e ir de la mano con el fujimorismo es darle legitimidad, es olvidar el saqueo programático, es olvidar a los cientos y miles y miles de muertos en la década oscura de los años 90, es olvidar a los desaparecidos, es darle la mano al neoliberalismo traído por fujimori; en otras palabras, pactar con el fujimorismo es garantizar la putrefacción del país, de las instituciones y asegurar el continuismo y el saqueo por parte de la burguesía.
Dentro del sistema capitalista, radican las más grandes contradicciones que conllevan un proceso de empobrecimiento de las grandes mayorías mientras tan solo unos pocos, el 1% de la población mundial para ser exactos, se enriquece de manera desmedida, pues este sistema existe tal como lo conocemos gracias a la super explotación de la clase trabajadora en beneficio del lucro de la burguesía, nacional o extranjera, como es el caso de nuestro país.
Para nadie es desconocido que dentro del Perú se mueven grandes intereses económicos, como los de las grandes mineras o empresas gaseras que extraen la riqueza de nuestro suelo para llenar las arcas multimillonarias de la oligarquía, mientras nuestro pueblo carece de servicios públicos de sanidad o educación de calidad.
Era evidente que tarde o temprano todas estas contradicciones se expresarían por medio de la lucha de los oprimidos, y así fue. La primera expresión del anhelo de un cambio radical para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y campesina del Perú se expresó por la vía electoral, eligiendo a Pedro Castillo, quien representaba estas aspiraciones de poner un alto a las multinacionales y arrebatarles un poco de lo que se llevan para ponerlo a beneficio del pueblo trabajador: “No más pobres en un país rico”. Pero toda aspiración fue frustrada desde la capitulación y limitantes del programa reformista de Castillo, hasta el golpe de Estado, que detona la segunda expresión, en la lucha contra la imposición de Dina Boluarte en la presidencia.
Han pasado ya 6 meses (a la fecha de la escritura de este artículo) desde que Dina “Balearte” fue impuesta en la presidencia del Perú, y a pesar de las grandes movilizaciones masivas, de los paros, de los bloqueos, de las tomas de aeropuertos y de los más de 60 asesinados, su gobierno espurio no ha caído. Aunque no tiene legitimidad, se ha sostenido con base en la estructura del Estado burgués, su brazo armado en defensa de los intereses de la oligarquía y una campaña incesante de los medios de comunicación por hacerla prevalecer.
Ante esto, se vuelve repetitiva una pregunta constante y sonante: ¿Por qué las marchas y manifestaciones en el Perú, y el mundo, no han surtido efecto como para derrocarla? ¿Por qué, a pesar de tantas muertes y heridos, denuncias por corrupción no logramos dar un golpe rotundo al Estado burgués? En este artículo, intentaremos dar algunas respuestas necesarias para llegar a una conclusión objetiva sobre las preguntas planteadas y la situación del país.
En primer lugar es importante aclarar que el Estado es la representación política de la clase económicamente dominante en la sociedad, en este caso el Estado peruano responde y legitima los intereses de la oligarquía capitalista nacional y del imperialismo internacional, a ellos sirve y por ellos fue impuesto. Toda decisión importante, aunque formalmente se pueda discutir en las cámaras, están a cargo de la oligarquía aliada con el imperialismo, de los dueños de los grandes monopolios bancarios, industriales, firmemente vinculados con los intereses de Washington.
La raíz de la inestabilidad política del Perú es que la política de capitalismo salvaje ha aniquilado la base social en la que se sustentaba el régimen político emanado de la constitución fujimorista. A las grandes masas se les presentaba que la raíz de la miseria eran los políticos corruptos en turno y no el sistema capitalista, de tal modo que manipulaban la indignación del pueblo contra tal o cual político, de no hacerlo las masas podrían haber dirigido su furia contra los dueños del capital.
El desgaste fue tan grande que Pedro Castillo, aún sin un programa claro, terminó siendo electo incluso sin ser del agrado de la oligarquía, no por ser un radical, sino por el simple hecho de que no era, como todos los anteriores, un político sometido a sus dictados. Castillo representaba una aspiración de cambio de millones de peruanos pobres que creían que teniendo a un presidente no controlado por los partidos tradicionales, podría corresponder a los ánimos de cambio del pueblo.
Sin embargo, incluso antes de llegar al poder, el propio Castillo fue haciendo concesiones y retrocediendo en relación a los aspectos más radicales de su propio programa. Aún así, la oligarquía capitalista nunca se reconcilió con aceptar un presidente que no estaba totalmente bajo su control y sobre todo temían a las masas obreras y campesinas que habían votado por él con una clara aspiración de cambio radical.
Por lo tanto desde el primer momento de su arribo al gobierno intentaron sustituirlo, por medio de las mociones de vacancia con la excusa de incapacidad moral y corrupción con la presunta declaración de otro “colaborador eficaz”. Todos estos intentos parlamentarios ya habían fracasado y demostraron que no tenían la fuerza suficiente para vacar a Castillo, así que tendrían que esperar a que este cometiera un error, y así fue.
Ante la ingobernabilidad del país por las trabas parlamentarias Castillo decide finalmente tomar medidas. Pero en lugar de confiar en las masas que le habían votado, lo hace confiando en que la legalidad del Estado burgués y en que sus fuerzas armadas lo respaldarían en su decreto de disolver el Congreso. Confió en las instituciones que desde que tomó la presidencia querían echarlo, en vez de confiar en el pueblo trabajador que lo respaldaba y que lo puso en la presidencia. Este no es un simple error infantil o por ingenuidad, es un error que marca claramente las limitantes e inutilidad de las políticas reformistas. El Estado no es un mediador de clases, es el defensor de los intereses de la clase dominante y por lo tanto todas sus instituciones, leyes, constituciones, y poderes funcionan al compás de los dictados del imperialismo y la burguesía nacional. Esto también demuestra nuevamente que ganar la presidencia no significa tener el poder político, ese se gana con las masas organizadas y luchando.
Así, durante el día 7 de diciembre, se sabe que su ministro del Interior (el recomendado por el caudillo expresidente Antauro Humala) le había asegurado que contaban con el apoyo de las FFAA en caso de que el presidente ejecutara un cierre del congreso. Y en efecto, en horas de la mañana dio un nervioso mensaje a la nación, pero las FFAA brillaban por su ausencia y mutismo. Apenas pasado el mediodía veíamos cómo la prensa transmitía en vivo a un Castillo sacando a su familia del Palacio de Gobierno con bolsas en la mano, siendo apresado por su personal de seguridad a los pocos minutos, en una avenida conocida del centro de Lima. El resto es historia.
Esta situación conmocionó al país, por un lado, la burguesía, el congreso y las fuerzas armadas celebraban, pero nuestra clase no estaría conforme con lo sucedido y el 8 de diciembre iniciaron una serie de marchas en el interior y centro del país. La indignación se acrecentaba constantemente. Hubo convocatorias multitudinarias en días clave como los llamados: La Toma de Lima y la Nueva Marcha de los 4 suyos. Estas marchas no pararon ni un día con excepción de las fiestas navideñas y los carnavales.
A pesar de que en las manifestaciones se logró tomar un aeropuerto, el cierre de algunas fábricas y centros mineros, más el bloqueo de carreteras, el gobierno de Boluarte no cayó. La represión de las FFAA fue brutal y hubo decenas de víctimas mortales en estas protestas. Compatriotas asesinados cobardemente por parte de la PNP y el Ejército, manifestantes y ciudadanos que no tenían nada que ver con la marcha.
También se produjo el extraño asesinato de un suboficial PNP, que en un primer momento, la prensa y los grupos de poder, querían culpar a los manifestantes por ello y que últimas investigaciones demuestran que uno de los culpables fue un policía en retiro.
Otro fue el caso de un grupo de jóvenes soldados, que, por cumplir órdenes de su superior, acatan cruzar un río en la región de Puno a pesar de que muchos de ellos ni siquiera sabían nadar. Seis soldados murieron ahogados y el resto fueron rescatados y socorridos por la misma población que estaban reprimiendo. Fuentes militares declararon que fue la población local la que los atacó a pedradas y por eso no pudieron cruzar, y un grupo minúsculo ayudó a un par de soldados. Una calumnia más contra el pueblo trabajador.
A pesar de la gran fuerza con la que contaban las manifestaciones, no fue suficiente para derrocar la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte. Mientras las direcciones sindicales, de los partidos de “izquierda” y de las organizaciones campesinas intentaban ponerse de acuerdo para un proceso de unificación, que nunca llegó, el gobierno respondió con más represión, más muerte, más cárcel, más amedrentamiento tanto físico como judicial. A esto se sumó la falta de una perspectiva de victoria y de una estrategia clara de las movilizaciones lo que finalmente terminó por mellar la moral de los manifestantes y disipar las fuerzas de las protestas.
Para las últimas marchas, donde nuevamente se había convocado a la Segunda Toma de Lima, la falta de dirección fue más evidente, pues resultó ser una marcha con apenas poco más de 50 personas provenientes de provincias, movilizadas por algún dirigente que evidentemente no tuvo ninguna capacidad de coordinación y convocatoria con distintos grupos, como por ejemplo: movimientos regionales, grupos sindicales, universitarios y grupos de egresados, no hubo una convocatoria unificada, y si convocaron fueron en distintos sitios en diferentes días u horarios. El desenlace fue un terrible aplastamiento de la movilización por las fuerzas que resguardan la seguridad del Estado burgués.
A todo esto se sumó el desastre ambiental por el fenómeno del ciclón Yaku y el fenómeno del niño que azotó al país donde aún se viven las consecuencias.
Aquí es cuando se hace más evidente la necesidad de una dirección revolucionaria, pues de ninguna manera podemos decir que el pueblo obrero y campesino no supo que hacer o al final se acobardó, sino todo lo contrario, nuestra clase dio la vida en las manifestaciones, el error está desde las cúpulas de las direcciones de las organizaciones que no tienen una base teórica correcta, ni un programa claro, ni tradiciones revolucionarias. En una palabra, no hubo un partido que estuviera a la altura de las circunstancias en el momento clave de la lucha.
Trotsky explicaba en su texto, El programa de transición que “la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección de las organizaciones de la clase obrera”. Y el caso peruano es una muestra viva de lo antes citado. Es decir, la dirección de las masas asciende, en un primer momento, de las luchas mismas, pero al mantenerse por encima de las masas, está sometida a la influencia de clases ajenas por lo que tiende a degenerar sin que las masas lo noten, es hasta los momentos de auge revolucionario cuando estas direcciones se ponen a prueba y muestran sus verdaderas limitantes y carencias, dejando a su suerte a las masas en lucha sin la posibilidad de avanzar hacia un triunfo emancipador.
La razón por la cual los marxistas reivindicamos que es la clase obrera la única capaz de llevar adelante las tareas de la revolución socialista, de la mano del campesinado, es por el papel que juegan en la producción. Si bien las marchas fueron multitudinarias, no hubo realmente una organización de las centrales obreras para paralizar la economía del Perú y poner contra las cuerdas a la oligarquía, hubo paros escalonados, de unas horas o un par de días, pero esto no es suficiente, lo que estaba en juego era ¿quién tenía el poder? y la dirección obrera nunca se planteó la posibilidad de tomar el poder económico, y mucho menos el político, dejando a la deriva a nuestra clase, sin rumbo, sin plan de lucha, sin objetivos, sin posibilidad de derrocar al gobierno espurio.
Ante la segunda pregunta se hace evidente el contraste que existe al comparar el ataque diario que recibía el gobierno de Castillo por parte de la prensa y los grupos de poder. Contra Castillo ha habido desde difamaciones, ataques racistas, clasismo e indicios de corrupción donde nunca se mostraron pruebas objetivas. Los medios de comunicación en el capitalismo no son imparciales, se venden al mejor postor, son negocios que hacen millonarios a unos cuantos mintiendo a la gente.
Caído el débil gobierno del profesor Pedro Castillo, se han destapado las graves denuncias contra el ejecutivo, legislativo y la fiscal de la nación. En el caso del ejecutivo, Dina Boluarte y sus nexos con su financista Henry Shimabukuro, por el delito de nepotismo, por haber permitido que su hijo, sobrino, hermano y primos ocupen puestos en el gobierno e instituciones gubernamentales cuando por ley están prohibidos.
Por su parte el congreso no se ha quedado atrás, la indignación no sólo se dio por el golpe perpetrado sino por los excesivos gastos que se dieron en el aumento de su menú congresal pasando de módicas sumas de 15 soles diarios a 190, lo que en suma generaba miles y miles de soles.
En el caso de la fiscal de la nación Patricia Benavides, es necesario mencionarla como una agente indispensable para que se diera el golpe, pues aprovechando su cargo como fiscal supremo, desde un primer momento se mostró parcial al remover a la fiscal, Bersabeth Revilla, del caso “cuellos blancos del puerto” (un caso donde era investigada su hermana por haber liberado de manera irregular a narcotraficantes: la jueza Emma Benavides), con la justificación de su baja productividad. Investigaciones posteriores demostraron que la fiscal Bersabeth Revilla, era la que más productividad tenía y que en una entrevista mencionó que la actual fiscal de la nación le había pedido por favor no investigar a su hermana.
Entre otras más perlas, la más actual y bochornosa que se sabe es la inubicable tesis de maestría y doctorado ambos obtenidos en tiempo récord y con altas notas: Cum Laude. Es necesario mencionar que estos estudios postgrado los obtuvo en la sancionada, censurada y clausurada universidad “Alas Peruanas” de propiedad del ex secretario general del partido político “Fuerza 2011”, Joaquín Ramírez, quien actualmente es gobernador de la región Cajamarca por “Fuerza Popular”.
Por todo lo expuesto se demuestra la evidente colaboración entre estos burócratas y las FFAA para que la situación se mantenga tal y como está y no perturbe su estatus.
En un momento determinado los medios de comunicación y diferentes actores políticos valoraron la posibilidad de entregar a la presidenta espuria a la justica en aras de salvar su régimen, de ahí que se sacaran reportajes en el New York Time sobre las corruptelas de Dina, pero solo era una artimaña. Ahora que las movilizaciones han cesado, han quitado el dedo del renglón.
Otra muestra de que el Estado no es imparcial y de que obedece a los intereses de la clase dominante es la sentencia de la Corte Suprema del Perú, donde concluye que las protestas sociales violentan a las personas, a la propiedad pública y privada y por lo tanto serán calificadas como delitos. Ahora se constituye un acto ilícito de connotación penal el hecho de manifestarse públicamente y si estas manifestaciones ponen en peligro otros derechos como la circulación del transporte público, la propiedad privada, la vida o sobre todo afecta al sistema económico del país, se considerará como un delito con agravantes.
A pesar de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos sobre la violación de los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta y que este tipo de medidas no son favorables para la consolidación de sociedades democráticas, la corte no cedió, pues esto no es más que palabrerías, lo que es claro es que el Estado burgués ha cerrado filas para impedir que las masas vuelvan a salir a las calles y dando la posibilidad de recluir, reprimir y asesinar a los dirigentes y manifestantes bajo el cobijo de la legalidad. Nuevamente se reafirma que el Estado modifica las leyes en beneficio y protección del gran capital.
Retornando a las cuestiones iniciales podemos concluir que mientras no haya un partido revolucionario que pueda aglutinar a los mejores cuadros de la lucha bajo sus planteamientos políticos socialistas y estén dispuestos a una lucha por la transformación de la sociedad, la falta de unidad de la clase trabajadora: obrero-campesina, mientras haya entre las poblaciones estás figuras de dirigentes caudillos que ven por sus intereses individuales o gremiales y mientras veamos sindicalistas oportunistas (CGTP); no se podrá lograr alcanzar los objetivos trazados, porque simplemente no tienen un programa de lucha claro, no ven más allá de las luchas económicas, de las luchas por reformas, que si bien son importantes, no lograrán que la explotación y la barbarie hacia nuestra clase termine.
Solo el pueblo salvará al pueblo. Pero para ello es necesario construir una organización revolucionaria con cuadros políticos capaces de demostrar cual es el camino que debe seguir el proletariado en su proceso de alcanzar la verdadera libertad, la democracia socialista, donde el rico no explote al pobre, donde ningún niño pase hambre y frío, donde ningún niño tenga que dormir en las calles, donde no haya una alta tasa de mortalidad infantil, donde no veamos como normal la mendicidad de las poblaciones más vulnerables, donde los grandes recursos de nuestro país se pongan a disposición de las necesidades de las mayorías y no en los bolsillos de unos cuantos parásitos.
Ese es el futuro que anhelamos y para llegar a obtenerlo son necesarios muchos sacrificios pues arrastramos los vicios de la decadencia de haber nacido y crecido en este sistema capitalista parasitario burgués, sin embargo, aunque parece que nada se mueve o que todo está perdido, tarde o temprano nuestra clase saldrá a las calles otra vez a entregar su vida si es necesario, la pregunta sería, esta vez ¿Vamos a estar preparados?
Nosotros, la clase trabajadora, obreros y campesinos somos mucho más que esta clase que nos dirige. Al cierre de este artículo una encuesta del IEP para el diario La República demuestra que la presidenta cuenta con el 78% de rechazo. El Congreso no se queda atrás y tiene un rechazo del 91%, el más alto en toda su historia. A pesar de esos porcentajes de desaprobación, la respuesta en las calles no muestra o evidencia esos números. Mientras que la derecha tiene líderes y figuras políticas claras (léase como la misma Dina Boluarte, Alberto Otárola, Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori con el apoyo de las FFAA y Policía Nacional), la clase trabajadora no cuenta con cuadros para combatirlos.
Dicho en otras palabras, la oligarquía puede quitar y poner personajes de paja a su conveniencia. Pero los trabajadores no tienen una organización fuerte con un programa alternativo claro y revolucionario. Por tanto la gran tarea de la clase trabajadora peruana es construir esa organización, el factor subjetivo.
Compañero trabajador del campo y la ciudad, te invitamos a luchar en la construcción de una alternativa revolucionaria para enfrentar las actuales carencias de la lucha contra la dictadura del Capital.
La elección de Lula en Brasil y de Petro en Colombia en 2022 ha provocado un aumento del ruido tanto en los medios de comunicación como en los círculos de izquierda sobre una segunda «marea rosa» en América Latina. Se trata de una referencia a la ola de gobiernos llamados «progresistas» que estuvieron en el poder durante varios años en diferentes países del continente entre 1998-2015. Tal vez sea acertado que se describa a estos gobiernos como una marea «rosa», ya que sin duda distan mucho de ser de color rojo socialistas. Es necesario examinar el carácter de esa primera oleada, las razones que le permitieron durar tanto tiempo, por qué llegó a su fin y las diferentes condiciones a las que se enfrenta esta nueva oleada.
De hecho, los gobiernos descritos por los medios de comunicación burgueses como, de una manera u otra, de ‘centro-izquierda’ han sido elegidos en Argentina (2019), Brasil (2022), Chile (2021), Colombia (2022) y México (2018). Son los cinco países más grandes de América Latina. A ellos podríamos añadir el efímero gobierno de Pedro Castillo en Perú (la sexta nación más poblada), Bolivia (2020) y Honduras (2021).
Se trata ciertamente de un cambio radical con respecto a los gobiernos abiertamente derechistas de Macri (Argentina), Bolsonaro (Brasil), Peña Nieto (México), Piñera (Chile) y los gobiernos golpistas de Honduras y Bolivia. Estos son también los principales países que componían el difunto «Grupo de Lima», una organización ad hoc creada en 2017 para llevar a cabo un cambio de régimen en Venezuela en nombre del imperialismo estadounidense.
A primera vista, parece un conjunto bastante poderoso. Algunos, como Jacobin, en su entusiasmo por estos gobiernos han llegado a decir que esta nueva ola será más fuerte que la primera. Sin embargo, como explicaremos, muchos de estos gobiernos no son en absoluto de izquierdas; varios incluyen a representantes abiertos de la clase dominante; y ninguno de ellos tiene un programa claro para desafiar al capitalismo.
Pero antes de entrar en materia, conviene analizar el carácter de la primera oleada de «gobiernos progresistas» y las razones de su caída.
La crisis de los 80
Durante la década de 1980, América Latina atravesó lo que se conoció como «la década perdida». Las causas inmediatas de la crisis tuvieron que ver con la crisis capitalista mundial de finales de los años setenta. La contracción de la economía mundial provocó el desplome de los precios del petróleo y otras materias primas, lo que afectó a las economías latinoamericanas que exportaban estos productos al mercado mundial. A esto se sumó la subida de los tipos de interés en los países capitalistas avanzados para luchar contra la inflación galopante que se había desarrollado durante la década de 1970. Esto hizo que los intereses de la deuda externa de América Latina, denominada en dólares, fueran mucho más caros.
Esta combinación de factores produjo una fuerte contracción económica en el conjunto del continente. El PIB se estancó en 1981 (creciendo un 0,8%), y se contrajo en 1982 (-0,3%) y 1983 (-1,9%). En términos per cápita, el PIB se contrajo un 9% entre 1980 y 1985. En 1982, México declaró el impago de su deuda externa, lo que provocó una crisis generalizada de la deuda en el continente. Los prestamistas extranjeros no estaban dispuestos a renegociar y exigieron la devolución de su dinero.
El único recurso que tenían los países latinoamericanos era el FMI, que intervino exigiendo la aplicación de brutales paquetes de austeridad, recortes masivos del gasto público y privatización de activos estatales, todo ello en nombre del pago de la deuda externa. Decenas de millones de personas fueron arrojadas a la pobreza mientras los gobiernos se veían obligados a pagar miles de millones de dólares a los acreedores imperialistas en el extranjero. En medio de una crisis brutal, se produjo una enorme transferencia de renta de los obreros y campesinos del continente a los banqueros parasitarios occidentales.
Las consecuencias sociales y políticas de la crisis se dejaron sentir en todo el continente: contribuyeron al fin de las dictaduras militares en Chile, Argentina y Brasil, debilitaron gravemente el gobierno del PRI en México y provocaron un levantamiento popular masivo en Venezuela en 1989.
Este fue el comienzo de lo que se conoció como «neoliberalismo». En realidad, se trataba de las políticas impuestas por el imperialismo y las oligarquías locales para hacer pagar a los trabajadores la crisis del capitalismo. A esto se sumó, a principios de los años 90, el proceso conocido como «globalización», es decir, la mayor explotación del mercado mundial por parte de las potencias imperialistas.
Los países latinoamericanos se vieron obligados a «abrir» sus economías, lo que supuso su mayor penetración por parte de las multinacionales extranjeras. En la práctica, los llamados acuerdos de libre comercio profundizaron la dominación de las economías de estos países por parte del imperialismo. Se derribaron las protecciones comerciales; se privatizó el sector estatal y se abrió a la inversión de las multinacionales; se suprimieron las protecciones laborales y medioambientales que había; se establecieron sistemas privados de pensiones.
Los países que fueron más lejos por esta senda fueron quizás Chile (donde el proceso se inició con la intervención de los «Chicago Boys» ultramonetaristas bajo el régimen sangriento de Pinochet) y en Perú (sobre todo durante la dictadura de Fujimori en los años noventa). Las multinacionales españolas desempeñaron un papel clave en este proceso, apoderándose de bancos, telecomunicaciones y gas. También se beneficiaron las multinacionales mineras británicas, canadienses y estadounidenses.
A finales de la década de 1990, el impacto total de estas políticas estaba a la vista de todos. Se produjo un aumento masivo de la pobreza y la pobreza extrema, abriéndose un enorme abismo de desigualdad en la distribución de los ingresos y una dominación cada vez mayor de estas naciones por parte el mercado capitalista mundial.
Levantamientos masivos
El escenario estaba preparado para levantamientos masivos de obreros y campesinos, que rápidamente adquirieron características insurreccionales. Ya en 1994 vimos el levantamiento zapatista en México, con su base entre los campesinos pobres de Chiapas, pero con un amplio apoyo y simpatía en todo el país.
Estas fueron las condiciones materiales, combinadas con los escándalos de corrupción, que condujeron a un descrédito masivo de todas las instituciones burguesas y a una apatía generalizada de los votantes. Según Latinbarómetro, sólo el 25% de la población de todo el continente estaba «satisfecha con la democracia» en 2001. Por primera vez, la proporción de quienes creen que «la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno» cayó por debajo del 50% en toda la región (48% en 2001).
El impacto de la crisis del sudeste asiático de 1998 desencadenó finalmente un proceso de luchas y levantamientos de masas en todo el continente. El PIB per cápita cayó un 1,3% en 2001 y otro 2,3% en 2002.
El siglo XXI comenzó en América Latina con el levantamiento masivo de trabajadores y campesinos en Ecuador, que condujo al derrocamiento del odiado gobierno de Jamil Mahuad. Ya en 1997 las masas habían derrocado al presidente Abdalá Bucaram cuando, tras incumplir sus promesas electorales, pasó a aplicar un paquete de austeridad impuesto por el FMI. Durante el levantamiento del año 2000, se planteó la cuestión del poder. Las masas, dirigidas por las organizaciones indígenas y con el apoyo de los sindicatos obreros, crearon una Asamblea de los Pueblos y cerraron el parlamento burgués. Cuando el gobierno intentó utilizar al ejército, una parte se pasó al bando de las masas. Pero en el momento crucial, cuando las organizaciones de masas de obreros y campesinos tenían el poder en sus manos, sus dirigentes no actuaron.
En Bolivia se produjeron acontecimientos similares, empezando por la «guerra del agua» en Cochabamba en 1999-2000. En esa victoriosa lucha, la masa de trabajadores y campesinos desafió los intentos de privatización del agua mediante un levantamiento local. Se rompió así un ciclo de derrotas y desmoralización que se había instalado tras la derrota de los mineros en los años ochenta. Luego vinieron las dos «guerras del gas«, en febrero y octubre de 2003 y en mayo-junio de 2005.
Fueron verdaderos movimientos insurreccionales desencadenados en torno a la reivindicación de la nacionalización del gas. La masa de obreros y campesinos paralizó el país con bloqueos de carreteras y una poderosa huelga general. Los mineros marcharon sobre la capital armados con cartuchos de dinamita. Los edificios del gobierno fueron rodeados. Una vez más, el poderoso sindicato COB podría haber tomado el poder, e incluso habló de ello en sus propias declaraciones. Así, en octubre de 2003, después del derrocamiento de Goñi Sánchez de Losada, el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana llegó a la siguiente conclusión: “los obreros, campesinos, naciones oprimidas y clases medias empobrecidas no le arrebataron el poder a la clase dominante porque no cuentan aún con un partido revolucionario». Sin embargo, no consiguieron llevar la situación hasta su conclusión lógica, la toma del poder, ni en 2003, ni tampoco en 2005.
A finales de 2001 asistimos a otro levantamiento, esta vez en Argentina, que se conoció como el Argentinazo. Espontáneamente, espoleadas por la crisis económica y la corrida bancaria, las masas salieron a la calle y desafiaron el orden establecido. En pocas semanas, cinco gobiernos se sucedieron, incapaces de controlar el poderoso movimiento de masas. Se planteó la cuestión del poder, y las masas se organizaron en Asambleas Populares y en un enorme movimiento piquetero de trabajadores desempleados.
El levantamiento aquí no llegó tan lejos como antes en Ecuador y después en Bolivia, pero el potencial estaba ahí para que un movimiento revolucionario desafiara el poder de la clase dominante. Desgraciadamente, las organizaciones que se decían «trotskistas» en Argentina no plantearon claramente la cuestión del poder obrero. En su lugar, sólo plantearon consignas democráticas, como la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que claramente no eran aplicables a una situación en la que ya existía una democracia burguesa en el país.
A estas insurrecciones hay que añadir también el Arequipazo en Perú en 2002, una huelga general masiva que derrotó la privatización de la electricidad en Arequipa; así como la comuna de Oaxaca en 2006 y el movimiento de masas contra el fraude electoral en México ese mismo año.
Subrayo la cuestión de estos levantamientos porque el proceso suele presentarse como la mera elección de gobiernos «progresistas» que luego procedieron a llevar a cabo reformas. En realidad, lo que había entonces era una explosión de ira acumulada contra las consecuencias sociales y económicas de las políticas ultraliberales (conocidas como «neoliberalismo») y las desacreditadas instituciones de la democracia burguesa. La masa de trabajadores y campesinos tomó el asunto en sus manos y planteó la cuestión del poder.
Fue la incapacidad de estos levantamientos de culminar en la toma del poder por parte de la clase trabajadora, debido a la debilidad de sus direcciones, lo que permitió luego el encarrilamiento y desvío del movimiento hacia el terreno electoral burgués, llevando a la elección de Néstor Kirchner (Argentina, 2003), Evo Morales (Bolivia, 2005) y Rafael Correa (Ecuador, 2006), entre otros. Una vez en el poder, el papel que desempeñaron estos gobiernos fue el de restaurar la legitimidad de las desacreditadas instituciones democrático-burguesas, cerrar por arriba el movimiento insurreccional de las masas desde abajo y restablecer cierto grado de equilibrio.
En el caso de Bolivia y Ecuador, las Asambleas Constituyentes desempeñaron un papel decisivo en este proceso de restauración de la legitimidad de las instituciones democrático-burguesas. Se redactaron nuevas constituciones, que contenían muchas palabras bonitas y grandilocuentes, incluso sobre el carácter «plurinacional» de estos países. A pesar de todos los cambios progresistas que se llevaron a cabo -y las reformas son siempre el subproducto de la revolución-, la propiedad capitalista permaneció intacta, y con ella la dominación imperialista y la opresión de los pueblos indígenas.
Venezuela
Los acontecimientos en Venezuela, por supuesto, formaron parte del mismo proceso general, pero siguieron líneas diferentes y tuvieron algunos rasgos distintivos específicos. La elección de Hugo Chávez en 1998 no fue tanto el inicio de un proceso como la consecuencia de cambios profundos en la conciencia de las masas que se remontaban al levantamiento del Caracazo de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez aplicó un paquete de austeridad impuesto por el FMI. Miles de personas fueron masacradas cuando este levantamiento espontáneo de trabajadores, jóvenes y pobres urbanos fue brutalmente reprimido por el ejército y la policía. Ello provocó a su vez escisiones en el seno del ejército y la aparición de un grupo de oficiales bolivarianos, liderados por Chávez, que se opusieron a la represión e intentaron en dos ocasiones desencadenar un levantamiento cívico-militar en 1992.
Cuando Chávez llegó al poder en 1998 defendía un programa progresista limitado: acabar con la corrupción y utilizar la riqueza nacional del país (procedente principalmente del petróleo) para llevar a cabo programas sociales en beneficio de la mayoría pobre. En aquel momento, ni siquiera tenía un carácter explícitamente antiimperialista. Eso llegaría más tarde, en 2004.
Sin embargo, el intento de poner realmente en práctica ese limitado programa nacional democrático, en particular la reforma agraria y el control gubernamental de la industria petrolera estatal PDVSA con las leyes habilitantes de 2001, provocó la ira de la oligarquía capitalista y el imperialismo que decidieron derrocar al gobierno mediante un golpe de estado el 11 de abril de 2002.
Ese golpe fue derrotado en menos de 48h gracias a la irrupción de las masas en escena, que pusieron de su lado a una parte del ejército. Fue un hecho inédito en la historia de América Latina: un golpe militar, organizado por la oligarquía capitalista y el imperialismo derrotado por las masas en las calles. Esto aumentó enormemente la confianza de las masas en sus propias fuerzas.
A través de una serie de golpes y contragolpes, y mediante la participación activa de las masas, la «revolución bolivariana», como se la había llegado a conocer, fue impulsada hacia la izquierda, en una dirección cada vez más anticapitalista. La experiencia de las masas en la derrota del paro patronal y el saboteo de la economía de diciembre de 2002 a febrero de 2003 condujo a un movimiento de ocupaciones de fábricas. Se desarrolló una relación dinámica entre Chávez y las masas: cada uno empujaba al otro a ir más lejos.
Mientras tanto, los campesinos ocupaban los grandes latifundios con el respaldo de Chávez. Y en todo el país, las masas se habían estado organizando desde el principio de su gobierno en decenas de organizaciones: comités de tierra urbana, sindicatos clasistas, radios y televisoras comunitarias, etc..
Lejos de restablecer la legitimidad de las instituciones burguesas, este proceso iba en la dirección contraria, aunque con muchas contradicciones: es decir, reforzaba la participación directa de las masas en la vida política y económica del país. Chávez llegó a plantear la necesidad de «pulverizar el Estado burgués», aunque esto nunca llegó a ponerse en práctica. Esto fue lo que enfrentó a la Revolución venezolana con los llamados «gobiernos progresistas» de América Latina.
La situación en Brasil también tenía un carácter diferente. Aquí tuvimos la elección de Lula en 2002, a la cabeza del Partido de los Trabajadores, una organización que había sido creada como expresión política de la clase obrera en los días revolucionarios de la lucha contra la dictadura. Su elección reflejaba el deseo de cambio fundamental de las masas trabajadoras, los campesinos sin tierra y los pobres urbanos y rurales en general. Pero para entonces, Lula y la dirección del PT ya habían abandonado su pretensión original de defender la independencia de clase. Habían moderado sustancialmente su programa y estaban dispuestos a trabajar dentro del sistema. Desde el principio, su gobierno fue de unidad nacional y colaboración de clases.
El fin de los altos precios de las materias primas
Pero a pesar de las diferencias, todos estos gobiernos se beneficiaron de un factor común: un ciclo relativamente largo de altos precios de las materias primas, que duró la mayor parte de una década, y que terminó con el desplome de las materias primas a partir de 2014. Se pueden elaborar gráficos para el precio del petróleo , el gas natural, el zinc, el cobre, la soja , etc., que son las principales materias primas de exportación de los países sudamericanos, y todos muestran la misma imagen: un fuerte aumento del precio a partir de 2004-05, una caída en 2007-08 y, a continuación, una fuerte recuperación que duró hasta 2014-15.
Precio del petróleoPrecio de la sojaPrecio del cobre
Lo que algunos economistas burgueses describieron como «superciclo de las materias primas» fue impulsado en gran medida por la entrada de China en el mercado mundial, el desarrollo de su industria y, con ella, un apetito insaciable de materias primas y fuentes de energía. El último repunte tras la crisis mundial de 2007 se debió a las fuertes medidas keynesianas de gasto público adoptadas por China tras dicha crisis, que tuvieron un fuerte impacto en Sudamérica. En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial de toda la región, desplazando a Estados Unidos.
Este ciclo de altos precios de las materias primas fue la base de la estabilidad de todos estos gobiernos «progresistas». Les dio cierto margen de maniobra para llevar a cabo ciertas reformas sociales sin cuestionar los límites del capitalismo. El aumento del nivel de vida y de los salarios les permitió mantener su popularidad estando en el poder.
Con la excepción de Venezuela, donde se hicieron incursiones en contra el derecho de propiedad privada capitalista, todos estos gobiernos se mantuvieron dentro de los límites del sistema. Aunque algunos de ellos hablaban de socialismo, en realidad se referían como mucho a la socialdemocracia, o más bien a tratar de suavizar las aristas más afiladas del capitalismo, preservando intactos sus cimientos. El único que se declaró abiertamente en contra del capitalismo fue Hugo Chávez. Pero incluso en Venezuela, el proceso nunca se completó, un hecho del que el propio Chávez se quejó amargamente justo antes de su muerte.
Ninguno de estos gobiernos cambió fundamentalmente el carácter de la acumulación de capital en la región, basada en la exportación de productos agrícolas, el saqueo de los recursos minerales y las fuentes de energía, y la explotación de mano de obra barata bajo la aplastante dominación del mercado mundial.
Entonces, como ahora, se insistía mucho en la idea de una «lucha contra el neoliberalismo», como si fuera posible gestionar el capitalismo de forma que beneficiara también a la masa de trabajadores y campesinos y no sólo a las acaudaladas élites capitalistas y a las multinacionales imperialistas. A medio y largo plazo, se demostró que eso era imposible. Pero durante un tiempo pareció funcionar.
Se propusieron todo tipo de ideas confusas, como la del «socialismo del siglo XXI«, o la del vicepresidente boliviano García Linera del «capitalismo andino-amazónico» como etapa necesaria de desarrollo antes de plantearse la tarea del socialismo. La primera, en boca de Dieterich era un galimatías confuso que combinaba idea de los socialistas utópicos con el reformismo más burdo, la segunda era simplemente un vulgar refrito de la teoría menchevique-estalinista de las dos etapas.
Todas estas ilusiones se vinieron abajo después de 2014, cuando la economía china se desaceleró bruscamente, poniendo fin al superciclo de las materias primas. Como la noche sigue al día, se demostró en la práctica la bancarrota de la idea de que el capitalismo (o el «neoliberalismo») puede ser domesticado, y todos estos gobiernos sufrieron derrotas electorales, fueron sustituidos de una forma u otra o cambiaron bruscamente de rumbo.
En noviembre de 2015, el derechista Macri ganó las elecciones en Argentina. En diciembre de 2015, el PSUV de Maduro fue derrotado en las elecciones a la Asamblea Nacional. En Bolivia, Evo Morales perdió el referéndum constitucional en febrero de 2016. En Ecuador, Lenín Moreno, candidato presidencial de Correa, tuvo que ir a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2017, y poco después rompió con su mentor y se alineó abiertamente con el imperialismo y la clase dominante. En Brasil, la candidata del PT Dilma Rousseff, que ganó por muy poco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 con una campaña escorada a la izquierda, fue destituida en 2016, ya con una popularidad en niveles mínimos, en un proceso de juicio político iniciado por su propio vicepresidente burgués, Temer.
En Venezuela, formalmente, el PSUV se mantuvo en el poder, con Maduro sustituyendo a Chávez tras su muerte en 2013. La revolución bolivariana fue capaz de resistir varios intentos de la contrarrevolución respaldada por el imperialismo para derrocarla. La revolución había llegado muy lejos, tanto en términos de la conciencia de las masas como en relación a las conquistas materiales que habían logrado. Sin embargo, incluso aquí, tras la derrota electoral de diciembre de 2015 hubo un claro proceso de giro a la derecha. La burocracia se atrincheró en el poder; las masas fueron empujadas a fuera; y de manera lenta pero segura, se revirtieron las conquistas de la revolución. Se destruyó el control obrero. La tierra que había sido expropiada bajo Chávez y entregada a los campesinos fue devuelta a los terratenientes (antiguos y nuevos). Las empresas nacionalizadas fueron privatizadas. Todo el énfasis se puso en hacer las paces con la clase dominante, manteniendo al PSUV en el poder.
En 2018, el gobierno de Maduro introdujo un paquete monetarista de medidas económicas antiobreras, que hizo recaer sobre los trabajadores el peso de la crisis económica. Se destruyó la contratación colectiva y, con ella, los derechos y condiciones adquiridos por los trabajadores. Activistas sindicales y obreros que se organizaron para resistir estas medidas fueron encarcelados. Quedó muy poco del espíritu revolucionario del chavismo, y la mayor parte de lo que queda existe en resistencia al gobierno de Maduro.
El anuncio prematuro de la «muerte de la izquierda”
Esto llevó a muchos a caer en un profundo pesimismo, argumentando que las masas en América Latina habían «girado a la derecha», y declararon que había comenzado una nueva «ola conservadora», que estaba destinada a durar años. Algunos llegaron a afirmar que el fascismo había llegado al poder en Brasil con la elección de Bolsonaro.
En marzo de 2016, el político mexicano Jorge Castañeda (que pasó de miembro del Partido Comunista a ministro en el reaccionario gobierno de Vicente Fox Quesada) publicó una columna en The New York Times bajo el título «La muerte de la izquierda latinoamericana». Basándose en las derrotas electorales del kirchnerismo en Argentina y del PSUV en Venezuela, Castañeda decretaba la «muerte» -atención a esto: no el declive, ni el retroceso, sino la muerte- ¡de la izquierda latinoamericana!
Nada más lejos de la realidad. Lo que experimentamos no fue un aumento significativo del apoyo a los partidos políticos de derechas, sino lo que puede describirse más precisamente como un colapso del apoyo a los gobiernos «progresistas» que habían estado en el poder y que ahora se enfrentaban a la gestión de la crisis del capitalismo. De hecho, estos acontecimientos fueron el resultado de la incapacidad de las políticas del «antineoliberalismo» para resolver los problemas fundamentales a los que se enfrentan las masas de estos países.
Esto provocó confusión y desmoralización en una parte de las masas. Pero las condiciones materiales concretas las empujaron de nuevo a la acción. Los nuevos gobiernos de derecha electos fueron incapaces de llevar a cabo sus políticas por completo, y se enfrentaron a la oposición de masas desde el principio. Este fue el caso de Macri, Bolsonaro, Lenín Moreno, etc.
Quizás el caso más claro sea el del Gobierno de Macri en Argentina. Cuando intentó aplicar el ataque a las pensiones en diciembre de 2017, se encontró con una enorme ola de protestas y enfrentamientos que le hicieron abandonar la idea de aplicar la contrarreforma laboral. El gobierno de Macri enfrentó cinco huelgas generales y, de no haber sido por las elecciones de octubre de 2019, es posible que hubiera terminado siendo derrocado por un levantamiento revolucionario.
En el contexto de la crisis capitalista, los gobiernos abiertamente derechistas y proimperialistas que sustituyeron a los gobiernos «progresistas» fueron incapaces de cosechar legitimidad alguna. Al contrario, su llegada al poder preparó el camino para otra oleada de movimientos insurreccionales en todo el continente.
A partir de 2019, lo que vimos no fue una «ola conservadora», sino insurrecciones masivas en un país tras otro. En Haití, hubo un movimiento revolucionario de masas que duró varios meses. En Puerto Rico, en julio de 2019, vimos protestas masivas que paralizaron la isla y forzaron la renuncia del gobernador. En Ecuador, en noviembre de 2019, hubo una insurrección masiva contra el gobierno de Lenín Moreno que realmente planteó la cuestión del poder, ya que el gobierno se vio obligado a huir de la capital, Quito. En Chile, entre octubre y diciembre de ese mismo año, asistimos a un prolongado movimiento que puso en entredicho todo el entramado político del país, establecido al final de la dictadura de Pinochet 30 años antes.
En todos estos movimientos, en un grado u otro, se planteó la cuestión del poder. Las masas obreras y campesinas, con la juventud revolucionaria al frente, no se limitaron a marchar de A a B para oponerse a tal o cual política. Hablamos de manifestaciones de masas, enfrentamientos con la policía que dejaron decenas de muertos, el país paralizado por huelgas y bloqueos, la organización de la autodefensa, todo ello condujo a una situación en la que la principal consigna de los movimientos se convirtió en el derrocamiento del gobierno existente.
Lo que faltó en todos y cada uno de los casos -lo vemos con particular claridad en Ecuador y Chile, donde las cosas fueron más lejos- fue una dirección revolucionaria plenamente consciente de lo que se requería: desarrollar las organizaciones embrionarias del poder obrero que entonces surgían más o menos espontáneamente (comités de huelga, cabildos abiertos, asambleas populares, guardias indígenas y populares, la Primera Línea) en una estructura nacional compuesta por delegados elegidos y revocables en cualquier momento, y que esta ‘asamblea nacional del pueblo trabajador’ tomara el poder.
Como faltaba este factor crucial -lo que los marxistas describimos como el «factor subjetivo», la dirección revolucionaria-, la clase dominante pudo derrotar a los movimientos. Lo hizo, no aplastándolos por la fuerza, aunque hubo una represión brutal como ya se ha mencionado, sino más bien por medios parlamentarios burgueses. Este fue el caso de Chile, donde el estallido fue desviado hacia el cauce parlamentario inocuo de una Convención Constituyente convocada por las estructuras existentes del Estado capitalista. Una vez que las masas salieron de las calles, la clase dominante pasó a la contraofensiva.
En Colombia, la falta de una dirección nacional clara para el paro nacionalde 2021 hizo que el movimiento se disipara, tras semanas de lucha, y finalmente las masas buscaron una solución en la arena electoral, a través de la elección de Gustavo Petro en junio de 2022. En Ecuador, la elección del banquero Lasso como presidente en 2021, por el más estrecho de los márgenes y sólo debido a la división de las fuerzas que contaban con el apoyo de obreros y campesinos, sentó las bases para un nuevo paro nacional en junio de 2022. Nada se ha resuelto.
En Bolivia, el derrocamiento del gobierno de Evo Morales en 2019 duró poco. La heroica resistencia de las masas no permitió a la oligarquía reaccionaria establecerse firmemente en el poder. En menos de un año, nuevas elecciones habían llevado a Arce, del MAS, a la presidencia.
El carácter de la nueva «ola progresista”
Lo que se está describiendo como la «nueva ola progresista» en América Latina es el resultado de esta situación. Se trata de gobiernos variados, cada uno con sus propias características.
Boric, en Chile, es quizás el más derechista de todos ellos. Partiendo de la posición de la «izquierda» posmodernista, obsesionada por las cuestiones de identidad frente a las de clase, y por los símbolos más que por las condiciones materiales, Boric se ha desplazado muy rápidamente hacia la derecha. Un gobierno que prometió la autodeterminación del pueblo mapuche, ha acabado militarizando el Wallmapu y encarcelando a los dirigentes de las organizaciones mapuches radicales.
Un gobierno que llegó al poder prometiendo una profunda reforma de la odiada policía de carabineros, ha acabado aprobando una ley que consagra su impunidad cuando usan armas de fuego contra civiles. Desde el principio, Boric apoyó abiertamente los intereses generales del imperialismo estadounidense en la región y a escala internacional (atacando a Venezuela en particular).
En Argentina, tenemos un gobierno que es una coalición inestable entre dos alas del histórico movimiento peronista. Alberto Fernández representa un ala que mira más hacia la clase dominante, mientras que Cristina Fernández representa al kirchnerismo, que pretende ser una corriente «nacional popular», y tiene raíces más profundas entre la clase trabajadora y los pobres. Pero al final, enfrentado a una profunda crisis económica, la fuga de capitales, una elevada inflación y la amenaza de un impago de la deuda, este gobierno en su conjunto (los de Alberto y los de Cristina) ha aceptado un acuerdo con el FMI que lo ata a una política de ajuste fiscal (es decir, hacer que los trabajadores carguen con el peso de la crisis capitalista). A pesar de las protestas y los gestos demagógicos, los kirchneristas son corresponsables de esta política antiobrera. Al final lo que prevalece es la salvación del régimen burgués y su “gobernabilidad”.
El gobierno de Lula en Brasil comienza donde terminó el de Dilma en términos de su giro a la derecha. Se trata, de nuevo, de un gobierno de colaboración de clases y unidad nacional. La elección del compañero de fórmula no fue casual: Alckmin es uno de los principales representantes políticos de la clase dominante. El mensaje era claro y lo repitió Lula hasta la saciedad en la campaña: somos los mejores gestores de los intereses de la clase dominante. Al llegar al poder, Lula ha hecho todo tipo de acuerdos con partidos burgueses en el Congreso y el Senado, y su propio Gabinete incluye incluso a bolsonaristas.
México
López Obrador, elegido en 2018 en México, ofrece un ejemplo muy claro de las ideas dominantes detrás de estos gobiernos. AMLO, como se le conoce, ha argumentado que los problemas a los que se enfrenta México se deben solamente a la corrupción, la burocracia y la mala gestión, y ha arremetido contra el neoliberalismo, abogando por el desarrollo del capitalismo nacional. Desde que llegó al poder, ha aplicado sistemáticamente su programa, que se mantiene dentro de los límites del capitalismo, recortando los salarios de los altos funcionarios, luchando contra la evasión fiscal y, en general, intentando aplicar un enfoque más frugal a la burocracia estatal.
A primera vista, si lo miramos de manera superficial, su programa parece funcionar: Ha puesto en marcha una amplia gama de programas sociales dirigidos a las capas más pobres de la sociedad, además de emprender una serie de proyectos de infraestructuras de gran envergadura. Pero, en realidad, su gobierno se ha beneficiado de una combinación particular de factores económicos que realmente no pueden durar: los altos precios del petróleo; la inversión extranjera de empresas estadounidenses que traen de vuelta parte de su producción de China a raíz del choque del COVID-19 en la cadena de suministros; y, como resultado de esto, un peso fuerte.
A diferencia de los países de Sudamérica, más vinculados a la economía china, México está muy dominado por su poderoso vecino del norte. En cuanto empiece la recesión en Estados Unidos, la economía mexicana se verá duramente afectada, y el intento de aplicar reformas limitadas y un programa de desarrollo nacional dentro de los límites del capitalismo se mostrará como lo que es: una quimera.
También en el caso de México, el gobierno de López Obrador ha trabajado para restablecer la legitimidad de las instituciones burguesas empañadas por décadas de gobiernos corruptos, fraude electoral y represión estatal.
Perú
Merece la pena estudiar en detalle el caso de Perú. Aquí la elección de Pedro Castillo en junio de 2021, como candidato de Perú Libre, fue un punto de inflexión importante. Representaba la aspiración de las masas a romper con el pasado, con el legado de la dictadura de Fujimori, sus políticas ultraliberales y 20 años en los que todos los presidentes electos las habían traicionado.
Aunque Perú Libre se autodenomina marxista, leninista y mariateguista, su política es en realidad un refrito de la vieja política de las dos etapas del estalinismo. El programa del partido habla de una «economía popular con mercados», en la que se frene el poder de las multinacionales y se fomenten las «empresas productivas». El propio Castillo, aunque no es miembro del partido, hizo campaña bajo el lema de «nunca más, pobres en un país rico», prometiendo renegociar los contratos con las multinacionales mineras (y si se negaban, expropiarlas), nacionalizar el gas y utilizar los beneficios para proporcionar educación, sanidad, vivienda y empleo para todos.
Este programa, limitado como era, chocaba frontalmente con los intereses de la oligarquía capitalista y los de las poderosas multinacionales mineras (de Canadá, EEUU, China y Gran Bretaña), respaldadas por el imperialismo. Desde el primer día de su presidencia, Castillo sufrió enormes presiones, fue objeto de una campaña de demonización por parte de los medios de comunicación capitalistas de Perú, altamente concentrados, y se enfrentó al constante sabotaje del Congreso, dominado por la oligarquía. Su respuesta fue hacer concesiones (destitución del ministro de Asuntos Exteriores, del primer ministro y del ministro de Trabajo) y aguar su programa (en relación con las multinacionales mineras y del gas).
Sin embargo, lejos de apaciguar a la clase dominante, sus concesiones fueron vistas como un signo de debilidad e invitaron a una mayor agresión, al tiempo que debilitaron su apoyo entre los trabajadores, los campesinos y los pobres. Finalmente, en diciembre de 2022, cuando apenas llevaba 16 meses en el poder, la oligarquía capitalista (con el visto bueno de la embajada estadounidense) dio un golpe de Estado y encarceló a Castillo.
La respuesta de las masas fue heroica y ejemplar. Durante dos meses, ocuparon las calles, organizaron huelgas masivas y marcharon sobre la capital, Lima, desafiando la brutal represión del régimen de Boluarte, que utilizó a la policía y al ejército contra manifestantes desarmados, matando a más de 60 (en sí, un recuento conservador).
La principal lección del gobierno de Castillo es que incluso un programa moderado y limitado de reformas pondrá a cualquiera que intente llevarlas a cabo (y Castillo se retractó de su propio programa desde el primer día) en rumbo de colisión con la clase dominante y el imperialismo. Estos no dudarán en utilizar todos los medios a su disposición (los medios de comunicación, las redes sociales, la opinión pública burguesa, el poder judicial, el aparato estatal y, en última instancia, la policía y el ejército) para socavar dicho gobierno y, finalmente, si es necesario, derrocarlo. A pesar de su moderación, Petro también se enfrenta en Colombia precisamente a una campaña de este tipo.
La actitud de la oligarquía capitalista y del imperialismo
La actitud de la clase dominante y del imperialismo hacia los gobiernos de estos países es mixta. Por un lado, los capitalistas quieren «estabilidad para hacer negocios» (es decir, para explotar a los obreros y campesinos). En la medida en que estos gobiernos son capaces de proporcionarla, adoptan un punto de vista pragmático y están dispuestos a tolerarlos aunque a veces sea a regañadientes.
Por otra parte, estos gobiernos han sido impulsados al poder, en uno u otro grado, por las aspiraciones de las masas de trabajadores y campesinos a una vida mejor. A pesar de sus programas moderados, la oligarquía capitalista dominante en América Latina, especialmente reaccionaria, no puede permitir que se cuestione su poder, su riqueza y sus privilegios, por muy limitados que sean (¡Dios nos libre de que se les pida que paguen impuestos! por ejemplo).
Políticos como Gustavo Petro en Colombia, por tanto, aunque no sean exactamente revolucionarios incontrolados, sino todo lo contrario, se enfrentan a una constante campaña de demonización en los medios de comunicación, y están siendo socavados mediante complots por parte de sectores del aparato estatal, y en algunos casos mediante intentos de movilizar a capas de la clase media contra ellos. Hemos asistido a acontecimientos similares en México.
Petro, López Obrador y otros son acusados de «castrochavistas», comunistas o cosas peores. ¡Ojalá lo fueran! En su discurso de victoria tras ganar las elecciones en Colombia, Gustavo Petro dijo abiertamente: «nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia». Durante su campaña electoral, incluso firmó un documento jurídico vinculante por el que se comprometía a no llevar a cabo ninguna expropiación.
El problema es que en el período de decadencia senil del capitalismo, particularmente en los países que están bajo la dominación del imperialismo, es imposible llevar a cabo ningún tipo de desarrollo nacional, ni satisfacer las acuciantes necesidades de las masas en materia de vivienda, empleo, educación, sanidad y pensiones, sin hacer incursiones en la propiedad de los terratenientes, banqueros, capitalistas y multinacionales. Como se ha demostrado en Perú, incluso la exigencia de renegociar los contratos mineros para aumentar los impuestos y las regalías es un anatema para los vampiros chupasangres de las multinacionales mineras.
Si estos gobiernos son, durante un tiempo, demasiado fuertes para ser derrocados, los capitalistas están dispuestos a aceptar la situación y esperar su momento, mientras que al mismo tiempo utilizan todos los medios a su alcance para socavarlos. Una vez que estos gobiernos han sido desacreditados y ya no sirven para adormecer a las masas en la pasividad, entonces son descartados, por cualquier medio necesario.
Obviamente, detrás de la atrasada oligarquía local -una clase dirigente especialmente despreciable, impregnada de un asentado odio y miedo a las masas, combinado con un racismo profundamente arraigado- se encuentra el imperialismo estadounidense, que siempre ha considerado el continente como su patio trasero. Desde la proclamación de la doctrina Monroe en 1823 («América para los americanos»), Washington se ha abrogado el derecho a destituir y derrocar a los gobiernos que no sean de su agrado.
Como dijo una vez el criminal Henry Kissinger: «No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados viendo cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo. Lo que está en juego es demasiado importantes como para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos.» Esto resume la actitud real del imperialismo estadounidense hacia la democracia burguesa.
En relación a esto, es común en los círculos progresistas de América Latina hablar de «lawfare», es decir, la práctica de utilizar el poder judicial para socavar y destituir a los «gobiernos progresistas». Esto puede verse, por ejemplo, en la investigación Lava Jato en Brasil, una operación políticamente motivada para destruir al PT y desmoralizar a la clase trabajadora, utilizando la corrupción como un ariete conveniente.
La investigación rompió todas las reglas de la legalidad burguesa. No importaba. El objetivo principal fue alcanzado: Lula fue encarcelado y por lo tanto se le impidió presentarse a las elecciones, el PT fue completamente desacreditado y el juez Moro, responsable del caso, se convirtió en ministro del gobierno reaccionario de Bolsonaro. Métodos similares se habían utilizado en 2016 para provocar el impeachment de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia del país por el PT.
Ahora vemos un desarrollo similar en Argentina, donde el poder judicial ha tomado medidas para impedir que Cristina Kirchner se presente a las elecciones. El objetivo, una vez más, es claro: destituir a una figura política que, a pesar de su programa burgués, conserva vínculos con las masas y a veces utiliza un lenguaje demagógico contra el FMI, que puede llegar a ser peligroso, no tanto por Cristina en sí, sino por las masas que escuchan esos discursos. También se han utilizado procedimientos judiciales contra el ecuatoriano Rafael Correa y otros.
Pero, ¿puede calificarse esto de «lawfare» que implica un uso indebido del poder judicial? ¿Es realmente un fenómeno nuevo? Sólo se puede llegar a la primera conclusión si partimos de la base de que el poder judicial es un órgano independiente e imparcial. En realidad, no existe un «Estado de Derecho» que esté por encima y al margen de los intereses de la clase dominante. La justicia en una sociedad burguesa siempre ha sido una justicia de clase, en beneficio de los capitalistas.
Por supuesto, para que esta ficción funcione, en la mayoría de los casos se respetan las reglas. Pero la clase dominante nunca ha dudado en doblegar o romper sus propias reglas si era necesario para defender su riqueza y su propiedad. No hay nada nuevo en el «lawfare». Y el uso clasista abierto del poder judicial para defender los intereses de la podrida oligarquía capitalista debería utilizarse, no para exigir un sistema judicial genuinamente «justo», que no puede existir en una sociedad dividida en clases, sino más bien para desenmascarar el verdadero carácter del llamado «Estado de derecho» burgués.
La primera y la segunda «olas progresistas”
El carácter de estos gobiernos actuales -que en su conjunto son mucho más débiles, mansos y en general más reaccionarios en sus políticas que los de la «ola progresista» precedente- viene determinado por el hecho de que no pueden contar ni siquiera con el limitado margen de maniobra del que disfrutaron los de la primera ola en 2005-15.
La situación económica de América Latina es de grave crisis capitalista. La región fue la más afectada del mundo por la pandemia, tanto por el número de muertos como por el impacto socioeconómico. En los diez años hasta 2023, el PIB de la región ha crecido a una media del 0,8 por ciento, lo que si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico significa un retroceso, más que un estancamiento. A modo de comparación, durante la ‘década perdida’ de los años 1980, el crecimiento medio fue del 2%.
Al comentar estas cifras, José Manuel Salazar-Xirinachs, responsable de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, dijo: «Esto es terrible, realmente encender todos los focos rojos».
En lugar de un «superciclo» de altos precios de las materias primas como el que disfrutó la anterior oleada de «gobiernos progresistas», ahora nos enfrentamos a un período de crisis capitalista mundial, agravada por la fuerte desaceleración de la economía china, el retroceso de la globalización, etc. Los países de América Latina, completamente integrados y dependientes del mercado mundial, sufrirán especialmente.
Esto no quiere decir que no pueda haber contracorrientes temporales. Actualmente hay una gran demanda de ciertos minerales relacionados con la transición a los vehículos eléctricos (litio); algunos países se han beneficiado de los altos precios de la energía impulsados en parte por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia; México ha recibido inversiones de empresas estadounidenses que «relocalizan» su producción de China a zonas más cercanas. Todos estos factores son limitados en su impacto y limitados en el tiempo. La recesión mundial que se avecina provocará una fuerte contracción de la demanda de materias primas, minerales y fuentes de energía, de cuya exportación dependen las economías latinoamericanas.
Esta nueva «ola rosa» u «ola de gobiernos progresistas» -como quieran llamarlos- no será, desde luego, más fuerte que la primera. Todo lo contrario. Desde el principio, se enfrenta a una grave crisis del capitalismo y se verá obligada a aplicar medidas antiobreras. En algunos casos ya lo están haciendo. Las masas no permanecerán pasivas. Un gobierno elegido por las masas, y en el que éstas han depositado ilusiones de cambio, puede provocar, por supuesto, un cierto período de desilusión o desmoralización cuando lleva a cabo políticas favorables a la clase dominante. Pero tan inevitablemente como que la noche sigue al día, los obreros y campesinos se verán espoleados a la acción en un intento de defender sus condiciones de vida y revertir los ataques.
Debemos sacar las lecciones necesarias: incluso las tareas nacionales y democráticas de la revolución que están pendientes en diferentes grados en los distintos países latinoamericanos, sólo pueden realizarse plenamente mediante el derrocamiento del capitalismo y la toma del poder por parte de la clase obrera a la cabeza de todas las capas oprimidas de la sociedad. Dentro de los límites del capitalismo, ninguno de estos problemas puede resolverse. Esta conclusión, que puede extraerse en la práctica de la experiencia de las últimas décadas e incluso de los dos siglos transcurridos desde que las naciones latinoamericanas alcanzaron la independencia formal, es la misma que formuló Trotsky en su teoría de la revolución permanente.
Esta fue además la política de la Internacional Comunista en sus primeros años eninistas con respecto a América Latina. La misma política fue formulada por comunistas latinoamericanos como el peruano José Carlos Mariátegui y el cubano Julio Antonio Mella en la década de 1920 en polémica justamente contra aquellos que pretendían separar la lucha anti-imperialista de la revolución socialista (como el APRA de Haya de la Torre). Sólo la revolución socialista puede empezar a abordar los problemas de atraso, opresión nacional, reforma agraria, vivienda, empleo, educación y salud a los que se enfrentan decenas de millones de trabajadores y pobres en todo este rico continente. Esto significa la expropiación de la minúscula y podrida oligarquía capitalista de terratenientes, industriales y banqueros, atados por mil lazos a la dominación del imperialismo.
La perspectiva para América Latina, como para el mundo en su conjunto, es de agitación y tensión, de grandes batallas y convulsiones revolucionarias. Una y otra vez se planteará la cuestión del poder, la cuestión de quien gobierna, si la parasitaria oligarquía capitalista o el pueblo trabajador. La tarea más urgente para los revolucionarios de todo el continente es extraer las lecciones necesarias de los últimos 25 años a fin de prepararse para las batallas que se avecinan.
El capitalismo, en su época de decadencia senil, no puede gestionarse «mejor», ni de forma que beneficie a la masa de los trabajadores. La lucha no es contra el neoliberalismo, sino por el derrocamiento del sistema capitalista en su conjunto y la toma del poder por la clase obrera. Confiamos plenamente en la capacidad de la clase trabajadora para transformar la sociedad y tomar el futuro en sus manos. Necesitamos urgentemente construir la dirección revolucionaria necesaria para llevar la lucha a la victoria.
Como era de esperarse, a causa de las constantes represiones, abusos y muertes cometidos por la Policía Nacional contra los manifestantes, (sumado a que el movimiento no tiene una dirigencia con una perspectiva clara y revolucionaria que los guíe a la unidad para lograr acabar con esta dictadura) el movimiento en el Perú ha decaído. Mientras que la clase dominante del país sabía que tarde o temprano las marchas iban a entrar en un punto de reflujo, desde un inicio se atacó a la población con toda la represión posible y, al no tener el grado de organización deseado, tuvieron que replegarse. Los hermanos de provincia regresaron a sus lugares de origen y luego vino el fenómeno climático de El Niño y el ciclón Yaku.
La toma de consciencia en el movimiento no se desarrolla al mismo ritmo, y en el norte parecían hacer de oídos sordos hacia el llamado a unirse a las protestas, desestimando la lucha popular e ignorando el llamado a la unidad; sin embargo, eso cambió cuando les tocó vivir en carne propia los maltratos, las injusticias y la indiferencia de este gobierno opresor e ilegítimo, pues al verse afectados por el fenómeno del niño, uno de los más fuertes en los últimos 10 años, la inoperancia de la usurpadora Dina Boluarte, la negación de recursos, la indiferencia en su actuar, en llevar apenas unas palas y picos, y decir: “no hay, no hay”. Pero el Congreso destina a sí mismos millones de dólares en remodelaciones, en bufés, en compras innecesarias; a los damnificados de zonas adineradas del país reciben el apoyo total e incondicional de la policía, mientras que a la población más vulnerable del Norte se les discrimina y se les niega cualquier apoyo de maquinaria, sobre todo de bombas hidráulicas para retirar el agua y que se sequen las calles inundadas.
Como consecuencia de la negación del apoyo más la indiferencia, la población norteña se indignó, se unió e hizo un llamado a un paro general, mismo que tuvo una buena acogida por parte de diferentes regiones, pero no se logró el impacto que se deseaba.
Paralelamente a estas protestas y de las catástrofes naturales, en Lima se venía viviendo algo sumamente crucial: un sector de la prensa, algunos políticos y la prensa independiente buscaban por todos lados la tesis de maestría y doctorado de la infame fiscal Patricia Benavides, obtenida en tiempos récord según los registros.
Imagen del semanario Hildebrandt en sus trece
Dicho grado lo obtuvo en una de las universidades que cuenta con un pésimo nivel académico del país, dicha universidad fue clausurada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en su momento, por no cumplir con los estándares de calidad en la educación. En esta universidad es donde obtiene de manera sospechosa su tesis, tanto de maestría como de doctorado, pero se niegan a presentarla para su análisis y escrutinio.
La abanderada en pedir las tesis para su revisión ha sido la congresista Susel Paredes, presentándose en diferentes medios. La crítica que se hace es que la tesis del presidente Pedro Castillo por lo menos estaba ahí, en físico para el análisis, para el debate, para la crítica, para lo que sea; en cambio la tesis de la fiscal Patricia Benavides no se encuentra. Y cuando se le exige dé una respuesta, hace caso omiso, oídos sordos y hasta el momento no ha presentado ninguna tesis, ni física, ni virtual que pruebe y fundamente sus supuestos grados académicos que son de suma importancia para alguien que ejerce el cargo como fiscal de la nación.
Pero no sólo es el tema de la tesis sino la de sus otros conocimientos académicos, por ejemplo, es requisito indispensable el dominio de dos idiomas para obtener estos grados y se ha demostrado que uno de los institutos en donde ella asegura haber obtenido sus estudios de inglés es en realidad una academia de cosmetología.
Otra curiosidad es que la fiscal asegura haber obtenido sus grados académicos en la universidad “Alas Peruanas” del hoy investigado Joaquín Ramírez, que en el 2011 fue secretario general del partido Fuerza Popular de la eterna candidata e investigada por lavado de activos Keiko Fujimori. Ramírez es un personaje oscuro en la política peruana, su familia tiene un conocido vínculo con el narcotráfico por lo que el ministerio público acaba de incautar sus bienes por un valor de mil millones de dólares por desbalance patrimonial.
Algo indignante que se ve, por ejemplo, si hacemos la siguiente comparación: Mientras a la hija de Pedro Castillo se le detenía por 9000 soles a este sujeto se le mantiene libre a pesar del origen desconocido de su fortuna (1000 millones de dólares). Joaquín Ramírez el actual presidente regional de la ciudad de Cajamarca, y al parecer goza de una impunidad privilegiada, goza de los amiguitos poderosos, goza de los cuellos blancos, así como de toda la mafia que parasita nuestro país. El que en algún momento fue el brazo derecho de Keiko Fujimori y el que hoy tiene a una sobrina de congresista y militando en Fuerza Popular, se pasea libremente por los canales de la prensa basura, prensa amarillista, dando su descargo intentando así lavar con ellos su imagen.
Otra de las particularidades de este caso resulta solo por mencionar, que hace ya más de 10 años se le investigó al hijo de exdictador Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, por hallarse en uno de sus almacenes toneladas de cocaína. Hoy lo curioso resulta ser que a las avionetas que son propiedad de Joaquín Ramírez, si se les pudiera hacer un análisis entre avionetas-depósitos-almacenes-droga-capos-cuellos blancos-hermanitos del puerto-mafia. Todo tiene un hilo conductor, y es evidente que la mafia burguesa tiene sumido al país en esta desgracia.
Por otro lado, mientras lo ya expuesto pasa por los hermanitos cuello blanco, por el partido naranja, no podemos dejar de mencionar las últimas manifestaciones que se están dando por parte de organismos internacionales como Human Rights y la última declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en sus análisis y conclusiones demuestran que hubo un abuso de poder por parte de la policía hacia los manifestantes, que hubo fuego abierto, matanzas, represión desmedida, falta de investigación por parte de la ministerio público hacia las víctimas de estos atroces sucesos.
Por su parte la usurpadora Dina Boluarte ha declarado ante los informes de la Human Rights, minimizando los hechos alegando que es apenas una ONG y que su mandato sigue firme y no haría caso de lo que diga una ONG.
En lo que respecta a la CIDH en su última manifestación con los sucesos de las 70 víctimas en el país la señora Boluarte ha declarado que admite algunos puntos, pero ha puesto en duda los análisis sobre el abuso cometido y sobre las muertes. Mientras tanto, hace unas semanas un pasquín de derechas contrató a una encuestadora para saber quién podría ser el nuevo presidente en una eventual elección y el resultado sorprende a la misma derecha que da a Pedro Castillo como ganador tanto en primera como en segunda vuelta. Ante tal resultado, el pasquín optó por no publicar la encuesta que se acaba de revelar en un seminario con fuentes confiables.
En estas últimas semanas algo inaudito ha ocurrido, es más hasta se ganaría un récord Guinness, y es que actualmente tres expresidentes se encuentran en el mismo penal, se trata de: Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Este último quien clama porque no lo dejen morir en prisión.
Tal vez serían cuatro, cinco o seis los exmandatarios que compartieran celda, pero como sabemos, Alan García cobardemente se quitó la vida de un tiro, también el aún hoy investigado Ollanta Humala quien estuvo bajo prisión preventiva y el último sería Pedro Pablo Kuczynski quien se encuentra con arresto domiciliario por la gravedad de su salud y por su avanzada edad.
Todo esto demuestra el estado putrefacto y fallido que es el Estado en el Perú y su clase dirigente. Hoy por hoy el anarquista Manuel González Prada se quedaría corto cuando en 1888 determinó “el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo brota pus”. Hoy me atrevo a decir que el nivel de decrepitud ha llegado a unos límites insostenibles, que ni las más agudas reformas planteadas desde Washington, ni las recetas del Banco Mundial ni mucho menos del Fondo Monetario Internacional (FMI) darán solución al caos generado durante más de 200 años de explotación y saqueo, todo lo contrario profundizarán aún más la crisis, sólo abuso, hambre, ignorancia y desempleo es lo generan sus recetas. Y cuánto más aún, es ingenuo pensar, que las más tímidas reformas que planteaba Pedro Castillo llevarían al país y a su clase trabajadora a ser dueño de su propio destino. Cuando una parte del cuerpo está gangrenada es necesario amputar esa parte para salvar el cuerpo, hoy el Perú tiene una gangrena muy avanzada y para salvarlo es necesario cortar de raíz con esa clase putrefacta, evitar una metástasis. Cerrar filas contra esa clase de políticos, dirigentes y gobernadores que nos llevan a la miseria y al caos. Solo una verdadera revolución será la que ejecute esa amputación, ese corte necesario. Una revolución dirigida por la clase obrera y campesina es la única solución a este mal endémico para salvar a las nuevas generaciones que se presentan como retoños en el campo.
A finales de enero, la dirección internacional de la Corriente Marxista Internacional (CMI) se reunió en Italia. Esta fue la primera reunión en persona del organismo líder en exactamente tres años, la última tuvo lugar en enero de 2020, justo cuando el COVID-19 se estaba extendiendo por todo el mundo. Ahora, por fin, los camaradas de todos los continentes – 27 países en total – pudieron reunirse para reflexionar y discutir.
La reunión reflexionó sobre las lecciones de los últimos tres años y sobre los enormes avances que la CMI ha logrado en ese tiempo. Los camaradas discutieron los procesos turbulentos que han dado forma al mundo y están preparando explosiones revolucionarias en el período próximo. Sobre todo, los camaradas discutieron los preparativos para nuevos avances y para el histórico Congreso Mundial que reunirá a cientos de camaradas de todo el mundo este verano.
Los últimos años han visto un enorme salto adelante en las fuerzas de la CMI. Desde 2019 hasta hoy, el número de compañeros que se adhieren a esta Internacional ha crecido en un 85 por ciento, con un crecimiento del 34 por ciento solo con respecto a 2020.
En algunas partes del mundo, ese crecimiento ha sido aún más rápido: 165 por ciento en Gran Bretaña; 125 por ciento en los Estados Unidos y más del 100 por ciento en Austria y Dinamarca. En muchos países, se ha llevado a cabo un proceso de rejuvenecimiento, sentando las bases para nuevos saltos hacia adelante. Mientras tanto, se han formado nuevos grupos de la CMI en más de diez países que están trabajando para convertirse en secciones de pleno derecho de la CMI, incluidos Sudáfrica, Chile, Colombia, Honduras, Irlanda, Portugal, Sri Lanka e India.
Estas son las medidas cuantitativas de nuestro avance, pero pintan sólo la mitad del cuadro. No dan una medida adecuada de los avances cualitativos de la Internacional.
En los últimos tres años se ha publicado la revista In Defense of Marxism-América Socialista, una revista teórica de calidad insuperable, de la que se venden más de 4.000 ejemplares por número. Se han celebrado dos notables universidades marxistas internacionales celebradas en 2020 y 2022, con 6.600 inscripciones y 7.700 inscripciones en cada una, respectivamente. ¡Y la recaudación internacional de fondos realizada por la CMI cada año ha aumentado en un 700 por ciento desde 2018! Estos hechos y cifras dan fe del creciente compromiso, energía y profesionalismo de la CMI.
Comunismo genuino
¿Cuál ha sido el secreto (si es que puede llamarse secreto) de nuestro éxito? Como explicó el camarada Hamid Alizadeh en el informe de la organización:
“[Muchos] de la izquierda no pueden entender cómo lo hacemos. Hemos construido una organización muy impresionante. No hay nada igual en ningún otro lugar del mundo. Todos estos éxitos pueden reducirse a una sola cosa: el poder de las ideas. Nuestras ideas son la única justificación de nuestra existencia, y son nuestra herramienta más importante.
“Los jóvenes de hoy se sienten perdidos; sienten que la vida es vacía y claustrofóbica bajo este sistema. Instintivamente andan a tientas por algo más. Quieren elevarse por encima de las trivialidades de la vida bajo el capitalismo; quieren algo real a lo que aspirar. Sólo el marxismo revolucionario puede proporcionar eso.
Esta búsqueda de ideas radicales y revolucionarias entre la juventud se puede encontrar en todas partes. Un informe muy interesante fue dado por los camaradas españoles sobre el surgimiento del “Movimiento Socialista” en el País Vasco. Comenzando como una escisión de izquierda de la sección juvenil del partido nacionalista, Bildu, los jóvenes miembros del “Movimiento Socialista” se han declarado a favor del comunismo, el internacionalismo y la dictadura del proletariado. Han atraído a miles de jóvenes a sus manifestaciones bajo estas consignas avanzadas.
Pero el mismo estado de ánimo existe en todo el Estado español. Como tal, el ‘Movimiento Socialista’ se extendió rápidamente desde el País Vasco a Cataluña, Valencia, Madrid y más allá. La misma capa está creciendo en todo el mundo. Cada vez son más los jóvenes que buscan el comunismo genuino . La principal barrera que encuentran es que los comunistas genuinos aún representan un pequeño grupo. Mientras tanto, la clase dominante ha tratado de enterrar estas ideas – y especialmente las ideas de Lenin – bajo un montón de mentiras y distorsiones. Los estalinistas también han jugado su propio papel infame en la difusión de mentiras y confusión.
Como antídoto a estas mentiras, el próximo año la CMI lanzará una campaña que coincidirá con el centenario de la muerte de Lenin en 1924. Su objetivo será precisamente pasar a la ofensiva; recuperar las ideas reales de Lenin y del bolchevismo; despejar el camino para la capa cada vez mayor de jóvenes que buscan ideas bolcheviques genuinas.
Un mundo en llamas
La discusión sobre la situación mundial que ha impresionado a todos los camaradas presenta la urgencia de nuestro trabajo: crecer, educar y de nuevo hacer crecer las fuerzas del marxismo.
Nuevos estallidos de la lucha de clases se están dando en todo el mundo / Imagen: Socialist Appeal
La situación mundial se está volviendo cada vez más turbulenta. En todo el mundo ha habido una explosión de desigualdad. Incluso en los países capitalistas avanzados, el hambre está en aumento. Una crisis agrava otra: crisis sanitarias, crisis del coste de la vida y de la inflación, guerra en Ucrania, crisis energéticas, etc., etc. La clase capitalista se ha quedado sin las municiones que utilizó para salir de las crisis pasadas, y ahora está afectada por el pánico y las divisiones. La lucha de clases va en aumento.
Precisamente en la semana en que los camaradas se reunieron para discutir la situación mundial, surgieron nuevos estallidos de la lucha de clases. En Francia, casi 3 millones de trabajadores se declararon en huelga contra la reforma de las pensiones de Macron. Unos días antes, la consigna, “Venganza de los trabajadores: ¡revolución socialista!” se pudo escuchar en una manifestación de 7.000 personas de la juventud vasca. Y unos días más tarde, medio millón de trabajadores estaban en huelga en Gran Bretaña, el mayor día de huelga en Gran Bretaña en más de una década.
Este es el comienzo de un despertar de la clase obrera. En palabras de Alan Woods, “nuevas capas de la clase están entrando en acción. Una brisa fresca está soplando “.
Pero a medida que estas capas entran en lucha, se encuentran con un obstáculo principal: el conservadurismo de su propio dirección.
Los viejos líderes se han vuelto mentalmente paralizados, inútiles, hipnotizados por las derrotas pasadas. Son incapaces de ver más allá del final de sus propias narices “, explicó Alan.
En contraste con estas capas viejas y cansadas, a modo de ejemplo, Alan describió el estado de ánimo entre las enfermeras en huelga en Gran Bretaña:
“Se puede ver el fuego, el instinto revolucionario, en los ojos de estas jóvenes enfermeras, que están en huelga por primera vez. La CMI se mantendrá o caerá en función de nuestra capacidad para alcanzar a esa capa… Debemos ir hacia los piquetes, hacia las fábricas, hacia los huelguistas ”.
Desde esta capa avanzada y desde la juventud revolucionaria, la CMI está construyendo las fuerzas del marxismo – inicialmente pequeñas, pero creciendo cada día – con el fin de intervenir en estos eventos tormentosos. Nuestro objetivo es ayudar a construir una dirección alternativa y revolucionaria de la clase obrera que pueda llevar a esta última a completar su misión histórica, poner fin al capitalismo de una vez por todas y construir una sociedad digna de los seres humanos. Únete a nosotros en esta tarea.
🎥La dirección de la Corriente Marxista Internacional, con camaradas de veintisiete países, expresa su total apoyo a la lucha de los obreros y campesinos peruanos contra el golpe de estado y el régimen asesino de Dina Boluarte. #PerúResiste#DinaRenunciaYApic.twitter.com/GH5ALwNnts
— Organización Comunista Revolucionaria (@comunistas_ocr) February 7, 2023
Llegaron de todo el país, del sur y del norte, de la costa y de la selva, muchos aymaras y quechua, obreros, campesinos y la juventud estudiantil, todos unidos en Lima con un objetivo: derrocar a la presidenta ilegítima Dina Boluarte, que asumió el poder tras el golpe del 7 de diciembre contra Pedro Castillo.
La marcha de los 4 Suyos (llamada así por los cuatro puntos cardinales de la división administrativa del imperio inca) fue multitudinaria, decenas de miles como mínimo, aunque es difícil hacerse una idea general clara por la dispersión de la misma. Desde primera hora de la mañana se reunieron en distintos puntos de la capital, Lima, para marchar hacia el centro.
Habían llegado desde el lunes 16 de enero, a pesar de que el gobierno había declarado el estado de emergencia en los departamentos de Lima, el Callao, Puno y Cusco. Los bloqueos policiales de las carreteras querían impedir que las caravanas de vehículos convergieran hacia la capital pero, en vano, obreros y campesinos encontraron la forma de evitarlas.
El movimiento de masas contra el golpe de Estado en Perú ha llegado a ese punto que la clase dominante teme en todo el mundo: la represión ya no sirve para acobardar a las masas. La policía y el ejército ya han matado a casi 50 personas.
El último incidente sangriento antes del paro nacional de ayer se produjo en Macusani, provincia de Carabaya, Puno. Aquí, miembros de las rondas campesinas habían llegado a la capital provincial para protestar contra Dina Boluarte y el golpe contra Castillo. Tras una marcha pacífica, se disponían a regresar a sus comunidades. Un rondero anónimo describió a La República lo que sucedió después:
“Todo estaba bien. Los policías comenzaron a apuntarnos y amenazarnos con insultos racistas y ahí se descontroló todo. Ellos disparaban armas y nosotros nos hemos defendido con hondas”.
La policía utilizó fusiles de asalto AKM. Sonia Aguilar, campesina rondera de 35 años, murió instantáneamente de un balazo en la cabeza. Salomón Valenzuela Chua, de 60 años, también rondero, moriría al día siguiente por heridas de bala en el tórax. “Cuando nuestra hermana cayó muerta, todos se enfurecieron porque no era posible que nos maten”. La rabia de la gente estalló e incendiaron el edificio del poder judicial y luego obligaron a la policía a abandonar el pueblo e incendiaron también la comisaría.
Los que llegaron a Lima fueron recibidos por estudiantes de dos de las principales universidades: la San Marcos y la Nacional de Ingeniería, que habían tomado las instalaciones para proporcionar un lugar donde dormir a los que habían recorrido largas distancias en buses y micros. Los limeños solidarios les proporcionaron comida, agua y mantas.
Las columnas de manifestantes convergieron en la Plaza Dos de Mayo hacia las 4 de la tarde. No se componían solamente de delegaciones de las provincias, sino también un número considerable de obreros y estudiantes de la capital. Los principales organizadores habían anunciado que la marcha se dirigiría al Parque Kennedy, pero muchos decidieron marchar hacia el Congreso y la Presidencia, con un objetivo en mente: que se vayan todos, tanto la ilegítima “presidenta” asesina Dina “Balearte” cómo todo el Congreso golpista.
Uno de los principales lemas de las protestas de los últimos días, tras el baño de sangre de diciembre, ha sido: “Esta democracia, ya no es una democracia”. Los manifestantes se han dedicado a avergonzar a los policías: “que triste debe ser, matar a campesinos para poder comer”.
El gobierno se había preparado, con casi 12.000 efectivos de la policía, muchos de ellos antidisturbios, y vehículos blindados. La represión policial dividió la enorme marcha en al menos cinco grandes bloques. En la avenida Abancay, que conduce al Congreso Nacional, una barrera policial contenía a la multitud. Cuando intentaron avanzar, la policía empezó a disparar botes de gas lacrimógeno desde vehículos blindados.
Grandes grupos de manifestantes se reagruparon en torno a la Plaza San Martín, otros decidieron marchar hacia el distrito de Miraflores. La represión policial fue brutal durante horas. Grupos de reservistas del ejército que se han unido al movimiento contraatacaron contra los antidisturbios. Los jóvenes, con escudos de fabricación casera, organizaban la autodefensa.
En un momento dado se incendió una vieja casona de madera en una esquina de la Plaza San Martín. Testigos presenciales afirman que fue un bote de gas lacrimógeno de la policía el que inició el fuego, que envolvió todo el edificio. El centro de la ciudad se llenó de humo y gases lacrimógenos. La policía propinaba brutales palizas al azar.
Además de Lima, hubo manifestaciones masivas en Arequipa, Cusco, Puno, en varias provincias del norte de la capital, etc. Decenas de bloqueos de carreteras cubrieron el mapa del país.
En Juliaca (Puno), Arequipa y Cusco, las masas intentaron tomar, de nuevo, los aeropuertos locales. El ánimo es insurreccional. En Arequipa consiguieron desbordar a la policía que lo custodiaba y esta respondió, también de nuevo, con munición real matando a Jhan Carlo Condori Arcana, de 30 años.
Pasadas las 9 de la noche, Dina Boluarte pronunció un discurso que fue televisado. En lugar de utilizar un tono conciliador, atacó de nuevo a los manifestantes. Culpó de las protestas a “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Añadió que no tenía intención de dimitir y que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Pero al mismo tiempo extendió el estado de emergencia por 30 días a las regiones de Amazonas (en la frontera noreste), La Libertad (en la costa norte) y Tacna (en la frontera sur), revelando cómo el movimiento sigue creciendo en extensión geográfica.
Sin embargo, detrás de esta fachada la clase dirigente está claramente preocupada. El movimiento no da señales de amainar, a pesar de la brutal represión. Las encuestas de opinión muestran un rechazo abrumador a Boluarte y al Congreso.
Algunos de los comentaristas más sagaces de la clase dominante empiezan a preguntarse si no sería buena idea que Boluarte se hiciera a un lado para restablecer la calma y desactivar el movimiento.
El problema al que se enfrentan es que, por un lado, esto supondría una victoria para el movimiento y no hay garantías de que las masas se detengan ahí. Por otro lado, no tienen un sustituto claro para ella. Necesitarían una figura que tuviera un cierto grado de apoyo popular para sustituirla. De hecho, ella, al ser la propia vicepresidenta de Castillo, era la “mejor” figura para encabezar el golpe desde el punto de vista de la clase dominante. Esa carta ya ha sido quemada.
La dimisión de Boluarte bajo la presión del movimiento de masas plantearía inmediatamente la cuestión de la Asamblea Constituyente y la libertad de Castillo. La clase dirigente teme las consecuencias. En un artículo de opinión en el medio de derecha argentino Infobae, Rafael Zacnich Nonalaya, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, advertía:
“Una nueva Constitución no resolverá las urgencias de la población de la noche a la mañana; sino, por el contrario, abriría el espacio para, por ejemplo, petardear una de las bases del crecimiento y la generación de recursos, como lo es el capítulo económico de la Constitución, volviendo al Estado empresario y desincentivando la inversión en nuestro país.” (énfasis nuestro).
La oligarquía capitalista y las multinacionales mineras temen lo que una Asamblea Constituyente pudiera decidir en materia económica. La nacionalización del gas y la minería fue una de las promesas electorales que auparon a Castillo a la presidencia. La misma encuesta de opinión que reveló el descrédito masivo de Boluarte y el Congreso, también mostró un fuerte apoyo a más empresas públicas.
Aún así, si se enfrentan a la perspectiva de ser derrocados por las masas de obreros y campesinos en las calles, la clase dominante podría considerar la opción de conceder algún tipo de Asamblea Constituyente: que se convocara después de muchos meses, que implicara un referéndum y luego unas elecciones meses después; y que tuviera una serie de mecanismos para garantizar que estuviera firmemente bajo su control. El objetivo sería desviar las masas de la movilización callejera y llevarlas a los canales seguros del parlamentarismo burgués, de la variedad constitucional.
El movimiento de masas de obreros y campesinos sigue en ascenso y se extiende en número y alcance. La resistencia de las masas peruanas es realmente inspiradora. Se han levantado y están dispuestas a llegar hasta el final. En el momento de escribir este artículo amaneció con 127 bloqueos de carreteras en las principales vías de todo el país, abarcando 18 regiones diferentes. Las masas obreras y campesinas están decididas y no han sido derrotadas.
Sin embargo, existe el peligro de una situación de empate virtual que podría agotar a las masas: Boluarte no está dispuesta a dimitir y el movimiento no está dispuesto a retroceder. Ahora es el momento de aprovechar la oportunidad y avanzar hacia adelante.
Para ello, el movimiento necesita una dirección democrática centralizada. Hasta ahora, la CGTP y la Asamblea Nacional Popular (ANP), le han dado un cierto grado de coordinación, junto con instancias de coordinación y organizaciones de masas que existen a diferentes niveles: Frentes de Defensa de los Pueblos regionales, la coordinación nacional de rondas campesinas, instancias sindicales, ligas campesinas, organizaciones indígenas, etc.
Todos ellos deberían reunirse en una gran Asamblea Nacional Revolucionaria de Obreros y Campesinos, formada por delegados elegidos y revocables, que tomara las riendas del país en sus propias manos y acabara con todas las instituciones existentes. La cuestión de quién gobierna el país está planteada. El pueblo trabajador del Perú debe llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias, tomando el poder en sus propias manos.
Llegaron de todo el país, del sur y del norte, de la costa y de la selva, muchos aymaras y quechua, obreros, campesinos y la juventud estudiantil, todos unidos en Lima con un objetivo: derrocar a la presidenta ilegítima Dina Boluarte, que asumió el poder tras el golpe del 7 de diciembre contra Pedro Castillo.
La marcha de los 4 Suyos (llamada así por los cuatro puntos cardinales de la división administrativa del imperio inca) fue multitudinaria, decenas de miles como mínimo, aunque es difícil hacerse una idea general clara por la dispersión de la misma. Desde primera hora de la mañana se reunieron en distintos puntos de la capital, Lima, para marchar hacia el centro.
Habían llegado desde el lunes 16 de enero, a pesar de que el gobierno había declarado el estado de emergencia en los departamentos de Lima, el Callao, Puno y Cusco. Los bloqueos policiales de las carreteras querían impedir que las caravanas de vehículos convergieran hacia la capital, pero, en vano, obreros y campesinos encontraron la forma de evitarlas.
El movimiento de masas contra el golpe de Estado en Perú ha llegado a ese punto que la clase dominante teme en todo el mundo: la represión ya no sirve para acobardar a las masas. La policía y el ejército ya han matado a casi 50 personas.
El último incidente sangriento antes del paro nacional de ayer se produjo en Macusani, provincia de Carabaya, Puno. Aquí, miembros de las rondas campesinas habían llegado a la capital provincial para protestar contra Dina Boluarte y el golpe contra Castillo. Tras una marcha pacífica, se disponían a regresar a sus comunidades. Un rondero anónimo describió a La República lo que sucedió después: “Todo estaba bien. Los policías comenzaron a apuntarnos y amenazarnos con insultos racistas y ahí se descontroló todo. Ellos disparaban armas y nosotros nos hemos defendido con hondas”. La policía utilizó fusiles de asalto AKM. Sonia Aguilar, campesina rondera de 35 años, murió instantáneamente de un balazo en la cabeza. Salomón Valenzuela Chua, de 60 años, también rondero, moriría al día siguiente por heridas de bala en el tórax. “Cuando nuestra hermana cayó muerta, todos se enfurecieron porque no era posible que nos maten”. La rabia de la gente estalló e incendiaron el edificio del poder judicial y luego obligaron a la policía a abandonar el pueblo e incendiaron también la comisaría.
Los que llegaron a Lima fueron recibidos por estudiantes de dos de las principales universidades, la San Marcos y la Nacional de Ingeniería, que habían tomado las instalaciones para proporcionar un lugar donde dormir a los que habían recorrido largas distancias en buses y micros. Los limeños solidarios les proporcionaron comida, agua y mantas.
Las columnas de manifestantes convergieron en la Plaza Dos de Mayo hacia las 4 de la tarde. No se componían solamente de delegaciones de las provincias, sino también un número considerable de obreros y estudiantes de la capital. Los principales organizadores habían anunciado que la marcha se dirigiría al Parque Kennedy, pero muchos decidieron marchar hacia el Congreso y la Presidencia, con un objetivo en mente: que se vayan todos, la ilegítima “presidenta” asesina Dina “Balearte” y todo el Congreso golpista.
Uno de los principales lemas de las protestas de los últimos días, tras el baño de sangre de diciembre, ha sido: “Esta democracia, ya no es una democracia”. Los manifestantes se han dedicado a avergonzar a los policías: “que triste debe ser, matar a campesinos para poder comer”.
El gobierno se había preparado, con casi 12.000 efectivos de la policía, muchos de ellos antidisturbios, y vehículos blindados. La represión policial dividió la enorme marcha en al menos cinco grandes bloques. En la avenida Abancay, que conduce al Congreso Nacional, una barrera policial contenía a la multitud, pero cuando intentaron avanzar la policía empezó a disparar botes de gas lacrimógeno desde vehículos blindados.
Grandes grupos de manifestantes se reagruparon en torno a la Plaza San Martín, otros decidieron marchar hacia el distrito de Miraflores. La represión policial fue brutal durante horas. Grupos de reservistas del ejército que se han unido al movimiento contraatacaron contra los antidisturbios. Los jóvenes, con escudos de fabricación casera, organizaban la autodefensa.
En un momento dado se incendió una vieja casona de madera en una esquina de la Plaza San Martín. Testigos presenciales afirman que fue un bote de gas lacrimógeno de la policía el que inició el fuego, que envolvió todo el edificio. El centro de la ciudad se llenó de humo y gases lacrimógenos. La policía propinaba brutales palizas al azar.
Además de Lima, hubo manifestaciones masivas en Arequipa, Cusco, Puno, en varias provincias del norte de la capital, etc. Decenas de bloqueos de carreteras cubrieron el mapa del país.
En Juliaca (Puno), Arequipa y Cusco, las masas intentaron tomar, de nuevo, los aeropuertos locales. El ánimo es insurreccional. En Arequipa consiguieron desbordar a la policía que lo custodiaba, y esta respondió, también de nuevo, con munición real matando a Jhan Carlo Condori Arcana, de 30 años.
Pasadas las 9 de la noche, Dina Boluarte pronunció un discurso televisado. En lugar de utilizar un tono conciliador, atacó de nuevo a los manifestantes. Culpó de las protestas a “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Añadió que no tenía intención de dimitir y que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Pero al mismo tiempo extendió el estado de emergencia por 30 días a las regiones de Amazonas (en la frontera noreste), La Libertad (en la costa norte) y Tacna (en la frontera sur), revelando cómo el movimiento sigue creciendo en extensión geográfica.
Sin embargo, detrás de esta fachada, la clase dirigente está claramente preocupada. El movimiento no da señales de amainar, a pesar de la brutal represión. Las encuestas de opinión muestran un rechazo abrumador a Boluarte y al Congreso.
Algunos de los comentaristas más sagaces de la clase dominante empiezan a preguntarse si no sería buena idea que Boluarte se hiciera a un lado para restablecer la calma y desactivar el movimiento.
El problema al que se enfrentan es que, por un lado, esto supondría una victoria para el movimiento y no hay garantías de que las masas se detengan ahí. Por otro lado, no tienen un sustituto claro para ella. Necesitarían una figura que tuviera un cierto grado de apoyo popular para sustituirla. De hecho, ella, al ser la propia vicepresidenta de Castillo, era la “mejor” figura para encabezar el golpe desde el punto de vista de la clase dominante. Esa carta ya ha sido quemada.
La dimisión de Boluarte bajo la presión del movimiento de masas plantearía inmediatamente la cuestión de la Asamblea Constituyente y la libertad de Castillo. La clase dirigente teme las consecuencias. En un artículo de opinión en el medio de derecha argentino Infobae, Rafael Zacnich Nonalaya, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, advertía: “Una nueva Constitución no resolverá las urgencias de la población de la noche a la mañana; sino, por el contrario, abriría el espacio para, por ejemplo, petardear una de las bases del crecimiento y la generación de recursos, como lo es el capítulo económico de la Constitución, volviendo al Estado empresario y desincentivando la inversión en nuestro país.” (énfasis nuestro).
La oligarquía capitalista y las multinacionales mineras temen lo que una Asamblea Constituyente pudiera decidir en materia económica. La nacionalización del gas y la minería fue una de las promesas electorales que auparon a Castillo a la presidencia. La misma encuesta de opinión que reveló el descrédito masivo de Boluarte y el Congreso, también mostró un fuerte apoyo a más empresas públicas.
Aún así, si se enfrentan a la perspectiva de ser derrocados por las masas de obreros y campesinos en las calles, la clase dominante podría considerar la opción de conceder algún tipo de Asamblea Constituyente: que se convocara después de muchos meses, que implicara un referéndum y luego unas elecciones meses después, y que tuviera una serie de mecanismos para garantizar que estuviera firmemente bajo su control. El objetivo sería desviar las masas de la movilización callejera y llevarlas a los canales seguros del parlamentarismo burgués, de la variedad constitucional.
El movimiento de masas de obreros y campesinos sigue en ascenso y se extiende en número y alcance. La resistencia de las masas peruanas es realmente inspiradora. Se han levantado y están dispuestas a llegar hasta el final. Hoy amaneció con 127 bloqueos de carreteras en las principales vías de todo el país, abarcando 18 regiones diferentes. Las masas obreras y campesinas están decididas y no han sido derrotadas.
Sin embargo, existe el peligro de una situación de empate virtual que podría agotar a las masas: Boluarte no está dispuesta a dimitir y el movimiento no está dispuesto a retroceder. Ahora es el momento de aprovechar la oportunidad y avanzar hacia adelante.
Para ello, el movimiento necesita una dirección democrática centralizada. Hasta ahora, la CGTP y la Asamblea Nacional Popular (ANP), le han dado un cierto grado de coordinación, junto con instancias de coordinación y organizaciones de masas que existen a diferentes niveles: Frentes de Defensa de los Pueblos regionales, la coordinación nacional de rondas campesinas, instancias sindicales, ligas campesinas, organizaciones indígenas, etc.
Todos ellos deberían reunirse en una gran Asamblea Nacional Revolucionaria de Obreros y Campesinos, formada por delegados elegidos y revocables, que tomara las riendas del país en sus propias manos y acabara con todas las instituciones existentes. La cuestión de quién gobierna el país está planteada. El pueblo trabajador del Perú debe llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias, tomando el poder en sus propias manos.
