De acuerdo con la Secretaria de Salud, el pasado 18 de agosto se registraron 28,953 nuevos contagios diarios, lo cual es el nuevo récord máximo desde la llegada de la pandemia a México, así también se alcanzó la mayor cifra de muertes con la tercera ola, llegando a 940 decesos diarios.
Mientras se escribía el presente artículo se informó que, durante las anteriores 24 horas se reportaron 6,543 nuevos contagios y 371 muertes. Eso quiere decir que el nuevo repunte en el pico de contagios supera por mucho a las dos primeras olas, pero con la diferencia de que la tasa de muertes no se ha visto rebasada.
Las autoridades informaron que, del 24 de agosto al 5 de septiembre, de los 32 estados de la república: siete estarán en semáforo epidemiológico rojo, 17 en naranja, 7 en amarillo y sólo 1 en verde.
A inicios de esta semana el gobierno de México aseguró que hubo una disminución del 10% en el último pico de la tercera ola, a pesar de los recientes contagios y defunciones. Podemos decir que esta tercera ola es el resultado de la presurosa reactivación de las actividades cotidianas (como lo es la economía y la educación) sin medidas o protocolos claros que garanticen un regreso a la normalidad verdaderamente segura. Un factor más que se suma es el avance de la variante delta, de mucho mayor contagio.
¿Quiénes son los afectados?
Según la información es la juventud, quienes todavía no han recibido la vacuna e incluso ha habido casos en infantes, quienes son más afectados por la tercera ola. Por lo tanto, los contagios y hospitalizaciones tienen muchísima más incidencia en este sector de la población.
Son los jóvenes entre 18 y 29 años los que han tenido que regresar a los centros de trabajo exponiéndose durante el traslado en transporte público, llegando a trabajar en las peores condiciones donde no existe una planificación para evitar los contagios. Esto sólo demuestra la necesidad de la reactivación económica, pero a costos lamentables, donde los trabajadores jóvenes son los que se ven empujados a jugarse la vida.
Asimismo, vemos que hay demasiada premura por regresar a clases presencialmente en el nivel básico (Preescolar, primaria y secundaria). El lunes 30 de agosto inicia el ciclo escolar 2021-2022, Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública señaló, en una reunión virtual con los gobernadores de los 32 estados del país: “Necesitan regresar, con todas las precauciones que hemos aprendido, a sus actividades académicas y lúdicas”. Aunque también enfatizó que el regreso a la modalidad presencial será opcional, “respetando la decisión que cada familia, institución y autoridades tome al respecto”.
A sabiendas de que no hay un plan de regreso seguro a las aulas por parte de la SEP, es sumamente importante levantar la consigna de vacunación inmediata para todo el sector estudiantil, así como asegurar las condiciones sanitarias óptimas que garanticen un regreso a clases de manera verdaderamente segura.
Volver a la normalidad
De no asegurar las condiciones para los trabajadores jóvenes y para la capa estudiantil, una vez más las grandes empresas, los patrones, las instituciones, las escuelas demuestran que nuestras vidas no les interesan y que, por el contrario, nos utilizan de nuevo como carne de cañón para acelerar el regreso a la “normalidad”.
Es así que podemos decir que la tercera ola de COVID-19 sigue y seguirá golpeando fuertemente la economía nacional. Se quiere (y después de una caída tan alta, se puede) reactivar la economía pero a costo de nuestra salud y nuestras vidas.
La Secretaria de Salud indica que el pico de la tercera ola seguirá disminuyendo, con índices más bajos a finales de agosto e incluso al finalizar septiembre. Esperaremos que los hechos los confirmen o desmientan, pero esta claro que lo que esta en juego son nuestras vidas y no se debe ante poner las ganancias de los empresarios.
Hoy más que nunca es necesaria la organización conjunta de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud para garantizar un retorno a la normalidad de manera segura, además es necesario exigir la elaboración de protocolos, así como el reajuste de planes y programas de estudio.
Echando abajo a la gran burguesía y su sistema, que durante toda la crisis sanitaria no ha hecho más que seguir acaparando riquezas y lanzando a la población a las filas de la incertidumbre y precariedad. Sólo de esta manera podremos tomar el rumbo de la economía, la educación, y así defender un futuro digno, donde la clase trabajara, las mujeres y la juventud no tengan que cargar el peso de la crisis capitalista.
El 5 de agosto del presente año Vicente Iván Suástegui Muñoz fue víctima de desaparición forzada por un comando armado que lo secuestró en la colonia Renacimiento en el municipio de Acapulco, Guerrero.
Vicente Suástegui es integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras la Presa La Parota (CECOP), que desde 2003 ha defendido el río Papagayo y luchado contra las afectaciones que dicha hidroeléctrica ocasionaría a 24 comunidades indígenas y rurales, además de perjudicar a 5 municipios, desplazando a más de 25 mil personas y a 70 mil más que sufrirían afectaciones indirectas.
Diversos organismos del movimiento popular, defensores de derechos nacionales e internacionales, legisladores locales y del Congreso de la Unión, incluidos funcionarios del gobierno federal han exigido a las autoridades estatales medidas que permitan la liberación de Vicente, con resultados casi nulos.
El CECOP ha señalado la posible colusión del actual director de la Policía Ministerial de Guerrero, Esteban Maldonado Palacios, en la desaparición forzada de Vicente Suástegui, y así mismo ha denunciado que continúa el hostigamiento en contra de su familia.
Por lo antes expuesto demandamos que el gobierno federal atraiga el caso, lleve a cabalidad las investigaciones con todos los medios y recursos que posee el Estado Mexicano; se logre la liberación de Vicente, así como el castigo a todos los responsables de su secuestro.
Llamamos al pueblo de México, a las organizaciones populares y democráticas, a los organismos defensores de derechos humanos a reforzar las acciones que hagan posible el regreso de Vicente Suástegui a casa.
¡Vivo se lo llevaron, Vivo lo queremos!
Agosto del 2021
Pedro Moctezuma Barragán, académico -Coordinación Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida
Sayuri Herrera- Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México
Héctor Díaz Polanco – Diputado por CDMX
Miguel Álvarez Gándara- SERAPAZ
Araceli Osorio- Defensora de Derechos Humanos
Alejandro Brito Lemus- Letra S, Salud, Sexualidad y Sociedad
Jaime Domínguez Pérez, Premio nacional Don Sergio Méndez Arceo defensor de derechos humanos
Súmate a este llamado suscrito por decenas de organizaciones Ambientalistas, de Mujeres, de la Diversidad Sexual, Organizaciones Campesinas, Indígenas, Populares y Sindicales, Cooperativas así como Colectivos, Organizaciones Políticas, Universitarios y ciudadanía en general
Firmas Internacionales:
Ian Weniger – Vancouver, BC (Canadá), Steve Leigh, Seattle Revolutionary Socialists (EEUU), Charles-André Udry, economista y editor (Suiza), Rolf Krauer, sindicalista (Suiza), Romolo Molo Romolo, abogado (Suiza), Christian Dandrès, diputado y abogado (Suiza), Ian Parker, Profesor Emérito de Administración de Empresas, Universidad de Leicester (Reino Unido), Democracia Socialista-Argentina; Movimiento Revolucionario de los Trabajadores – Ecuador; Red Feminista Ecosocialista – Ecuador; Valentino Franzani (Democracia Socialista Argentina); Corriente Amaru – Perú; Corriente Política y Social Marabunta – Argentina; Liga de Unidad Chavista Socialista, LUCHAS – Venezuela.
Ambientalistas:
Agua para Todos capítulo Guerrero; Agua para Todos Nayarit; Agua para Todxs Tribu Yaqui; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC.; Aguas para Todos capitulo Guerrero; Acción Colectiva Socioambiental, AC. de León, Gto.;Agua para Tod@s Capítulo Veracruz; Asamblea por la Defensa del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara ADA-AMG; Asamblea Social del Agua; Asamblea Social del Agua Solidaridad; Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.; Centro de Capacitación en Cuencas A.C.; Centro de Educación e Investigación para el Bienestar Ambiental y Social, A.C.; Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari A.C.; Colectivo Voces por el Rio Piaxtla, Sinaloa.
Comité ciudadano Defensa del Agua y territorio de B.C; Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Comunidad agroecologica U NEEK’ LU’UM;Concejo Maya del Poniente de Yucatan Chikin- Já; Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel; Consejo Ciudadano x el Agua de Yucatán; Consejo para la Equidad y Sustentabilidad del Agua (CONESA); Cooperativa RIOS, Red de Información para la Organización Social Cooperativa Utopía de los Bosques de Puebla- Hector Bernal;Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida; Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua Comisión de Cuenca Ríos Amecameca La Compañía; Ecología Yucatán Desarrollo Sustentable.
Encuentro Ciudadano Lagunero de los estados de Coahuila y Durango; Cuerpo Académico Desarrollo Regional Sustentable,Frente en Defensa del Maíz, Colima; Juventudes en Acción Climática; La Laguna Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo AUAS, A. C.; Maderas del Pueblo del Sureste, AC; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Red Regional de Sistemas Comunitarios y comités por la defensa del Agua ( La Escuelita del Agua ); Resistencia Civil Agua Dulce Veracruz; Resistencia Civil las Choapas Veracruz; Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST); Red Ciudadana x la Sostenibilidad de Yucatán.
Grupos de Mujeres y Diversidad:
Alianza Feminista Nuevo León; Feministas con Voz de Maíz; Libres y Combativas; Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo; Mundo y Conciencia A.C;Red de Feminismos Descoloniales; Voces Feministas en Aquelarre.
Letra S, Salud, Sexualidad y Sociedad; Orgullo Disidente.
Organizaciones No Gubernamentales:
Arca de Noé A C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH); Fuerza social choapense A.C.; Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Red Desaparecidos en Colima A.C.;
Organizaciones indígenas y Campesinas:
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina AC ; Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia – COPIR – Oaxaca; Frente Campesino; Movimiento Cívico Popular por la Defensa del Agua y la Tierra; La Coordinadora Democrática de Pueblos – Oaxaca; Movimiento Agrario Indígena Zapatista – MAIZ; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo – UCIZONI – Oaxaca; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S. C.; Unión General de Obreros y Campesinos de México “Bandera Roja”(UGOCM), Oaxaca; Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC), Chiapas.
Organizaciones populares:
Coordinadora de Colonias Unidas, CCU-COCEI, Salina Cruz – Oaxaca; Coordinadora Nacional de Usuarios y Usuarias en Resistencia – CONUR; Frente Popular Francisco Villa Independiente FPFVI; “Justicia para el Pueblo” de Tonalá Jalisco; Movimiento de Pueblo de Pueblos Originarios – MOPOR – Chiapas; Organización de la Resistencia Civil “Luz y Fuerza del Pueblo” – Chiapas; Comité Promotor Todos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Movimiento Nacional en Defensa del Patrimonio Familiar – MONADEPAF – Nayarit; Organización Pobladores de Oaxaca; Organización Pueblo Digno; Unión Popular Avanzar; Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública; Movimiento Ciudadano del Sur
Organizaciones sindicales:
Sección 9, Oaxaca, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS); Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); Sector INBAL / Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTSC); Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP); Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA); Sindicato de Estudiantes; Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior (SUTIEMS); Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh).
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM); Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep); Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA); Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF); Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC); Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM (SITTAUNAM); Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit (SITSEN).
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM); Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC Salud); Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU); Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE); Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M); Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Sindicato Nacional de Docentes de Conalep (SINADOCO); Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM); Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET).
Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (SUTTBCEO); Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (SUTCOBACH); Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN); Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP); Alianza de Tranviarios de México (ATM); Corriente democrática del Sindicato Nacional de Trabajador@s del Metro; Alternativa Sindical; Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados de Chapingo (APJPCH); Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI).
Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM); Centro de Información para Trabajadoras y Trabajadores, A.C. (CITTAC); Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS); Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, (CONJUPAM); Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC); Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FENASTE); Federación Nacional de Sindicatos Democráticos (FNSD); Programa de Autogestión Cooperativa de la UACM Junta Promotora de la Nueva Central de Trabajadores en Baja California; Corriente Democrática Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC).
Cooperativas:
Alianza Cooperativista Nacional, A.C. (ALCONA); Cooperativa de Agricultores de Chapingo (CACH); Cooperativa Labizet; Maak Raíz Artesanal; Cooperativa LF del Centro; Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL;
Organizaciones políticas y Colectivos:
Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR); Corriente del Pueblo Sol Rojo; Alternativa Socialista; Grupo Acción Revolucionaira; Izquierda Revolucionaria México; Movimiento Comunista Méxicano; Organización Nacional del Poder Popular-Partido Revolucionario del Pueblo (ONPP-PRP); Partido Comunista de México (PCdeM); Unidad Patriótica; Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo – Movimiento de Liberación – COCEI-ML – Oaxaca; Partido Revolucionario de los Trabajadores; La Izquierda Socialista; Movimiento Democracia Directa (MDD); Cátedra Socialista Antonio Gramsci; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI; Colectivo Coyoacán por el Cambio; Colectivo de Resistencia Estudiantil; Colectivo Ratio; Colectivo Brigada altavoz;
Investigadores y profesores universitarios:
Alejandra Gasca García Profesora, Investigadora UAM-Xochimilco; Alejandra Moreno Altamirano.- Profesora Investigadora UNAM; Alfredo Bravo.- Profesor FES- Aragón; Ana Rita Castro.- Profesora ENEO-UNAM; Aurelio Cuevas.- Profesor UNAM; Brenda Porras Rodríguez.- Profesora UNAM; Brenda Porras Rodríguez.- Profesora UNAM; Carmen Maldonado Vargas.- Profesora UNAM; Dora Romero Olivera, Profesora UNAM.
Fernando Alan López Bonifacio.- Profesor Arquitectura UNAM; Fernando Alan López Bonifacio.- Profesor Arquitectura UNAM; Florencia Peña Saint Martin, Profesora Investigadora ENAH; Gilberto Conde, Profesor Investigador Colegio de México.
Liliana López.- Profesora Facultad de Ciencias UNAM; Lydia Ramírez.- Profesora Facultad de Ciencias UNAM; Ma. Guadalupe Castillo M. Profesora UNAM; Márgara Millán, Profesora Investigadora Facultad de Ciencias Políticas UNAM; Profesor de la Facultad de Economía, UNAM y miembro del SITTAUNAM; Mayvelin Flores Villagómez Profesora Economía UNAM; Miguel Ángel Xochiteotzin.- Profesor Facultad de Economía UNAM.
Rosalba Espinoza Gómez.- Profesora UNAM; Sergio Antonio Alcalá Corona, Profesor Facultad Ciencias UNAM; Sergio López Moreno.- Profesor Investigador UAM-Xochimilco; Socrates Silverio Galicia Fuentes, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Sofía Velázquez Giles.- Profesora UNAM; Soledad Rojas Rajs.- Profesora Investigadora CONACYT; Víctor Ríos Cortázar.- Profesor Investigador UAM-Xochimilco; José Santos.- Profesor Facultad de Ciencias UNAM; Javier Villegas.- Profesor Prepa 5 UNAM, Tania O. Valadez George.- Médica Social y Profesora en Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM; Teresa Ruiz Olvera, Profesora UNAM.
Estudiantes:
Benito Benedetto Pérez Mendoza – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Alberto Alejandro Moreno Arellano – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Elda García Gómez – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Elda García Gómez – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Gabriela Montes Neri – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP.
Gilberto Salvador Blas – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Ixchel Fuentes Reyes – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Juan Daniel Montaño Rico.- Estudiante de Doctorado en Facultad de Ciencias Políticas UNAM; Lesly Elizabeth Solis Mendoza, Estudiante de Posgrado UNAM.
María Eugenia Ochoa García – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Mariana Cortés Cortés – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Marisa Higuera Cortes – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP.
Nubia Abrego González – Estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSYH de la BUAP; Juan Daniel Montaño Rico.- Estudiante de Doctorado en Facultad de Ciencias Políticas UNAM;
Ciudadanía:
Araceli Osorio; Ana Laura Ramírez Huitrón , Red de Trabajadoras de la Educación- SNTE; Camila Sofía Ceballos Gómez.- Feminista Socialista en Colima; Alina Duarte, periodista; Cristina Renaud del grupo ¿Y las Mujeres Qué?; Fabián Carvallo Vargas, Red Mexicana de Periodistas Ambientales (REMPA); Elsa Castorela Castro, Red de Mujeres AMARC; Galia Yolanda Padilla Carrasco – Dignas y Unidas Ganaremos, AC; Jaime Domínguez Pérez, Premio nacional Don Sergio Mendez Arceo defensor de derechos humanos
Rosa María Cabrera Lotfe, integrante de la Organización Nacional de Mujeres del PRD; Saúl Escobar Toledo del Instituto de Estudios Obreros; Alejandro Cabral Porchas, Comunicación Autogestiva A.C.; Cristina Hijar, Colectivo HIJAR; Martha Martinez Marin, Red Violeta por la Paz; Martín López Gallegos; Melquiades Rosas Blanco, Radio Comunitaria Radionandia; Mirna Vara Aguirre, Directora de la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco; Miguel Ángel Armada Latorre; Javier Contreras Villaseñor; Verónica Carrillo Ortega; Joel Simbron de Pilar ; Victor Manuel Garcia Paredes; Ivette Lacaba; Laura Marcela Hernández Aguilera; Erika Zamora Pardo; Laura Nieto Sanabria; Ramiro Humberto Solis Ortiz; Carmen Ortiz Elizondo; Rosa Isela Martínez Martínez; Alejandro Virgilio Alegría Matus; Molay Maza Ontiveros
Abraham Domínguez Madrigal; Aldo Hernandez Medrano, Veterinario; Alfonso Teja Cunningham, Periodista; Alicia Arines Santamaría; Alicia Hopkins Moreno; Álvaro Flores; Amalia Hidalgo Licona; Amira Muhech Medrano, Ingeniera Biomédica; Andrea Vivas Medrano, Abogada; Ángeles Márquez Gileta; Armando Romero López; Beatriz López Rosado; Blanca Estela Chávez; Blanca Radillo Murguía; Brandon Juárez; Brenda Hernández Medrano, Odontologa; María del Rosario Hernández Reza; María de Jesús Álvarez Moctezuma; Jannet Flores Calzada.
Camila Sofía Ceballos Gómez; Carla Torres Beltrán; Carlos Gomez Colín; Carlos Ruiz López; Carlos Vargas Cabrera; Carolina Ledesma; Cecilia Peraza Sanguinéz; Citlalli Real Medrano, Medica Epidemióloga; Claudia González Zuñiga; Coral Escoboza Castillo; Cuahutémoc Real Medrano, Arquitecto; David Benítez Valladares; Deaneb Prado Rojo; Diego Bugeda Bernal; Dionisio Ruizvisfocri; Eduardo Emir Muhech Medrano, Abogado; Eduardo Hernández Hdez; Elaine Levine Leiter; Elba González López; Eleonora Contreras Villaseñor; Etbaal Real Medrano, Abogado; Lucia Soriano
Evaristo Casanova Mendiola; Francisca Duarte Ahumada; Gengly Aguilar Linares.- Medica Internista; Georgina Bermúdez Guzmán.- Médica Ginecóloga; Georgina Martínez Antunes; Georgina Navarro; Gerardo Pérez Muñoz, Trabajador de la cultura; Gloria Aranda Gómez; Gloria Tobon; Graciela Gómez Ramírez; Griselda de Fuentes Rojano.
Guadalupe Hernández López; Guadalupe Quijano García; Heather Dashner Monk; Héctor Erick Hernández Avilés; Irving Radillo Murguía; Isaías Arroyo Gonzalez; Israel Pérez Martínez; Itzel Diaz Medrano, Comunicóloga; Ivette Leyva; Jade Colín; Jan Bross; Jonathan Javier Palacios Ruiz, Psicólogo; Jorge Robles; José Humberto Montes de Oca; José Luis García Bello; José Raymundo Díaz Taboada, médico homeópata; Juan Carlos Ocampo Jiménez, Medico Epidemiólogo; Laura Gómez Flores Defensora de Derechos Humanos,feminista, educadora popular, escritora.
Juan Manuel Esteban Castro Albarrán.- Médico Social; Juan Marcos González Roque, Medico Epidemiólogo; Juan Pablo Estrada Moreno Ricardo Pavom Ureña; Laura Colín López; Laura Elena Gaytán Saldívar; Laura Rojas Ortega, Psicóloga; Lena Brena, Facultad Políticas UNAM.
Leo García Contreras; León Fierro Reséndiz; Leopoldo Mendieta, CONUR; Leslie Serna; Leticia López Elías; Liliana Orozco Camacho; Livia Ulloa; Lorena Paredes Medrano, Comunicóloga; Lucero Josefina Peraza Nieto, Medica Epidemióloga; Luis Emilio Téllez; Luis Rey Carrasco; Luvina Camargo; Luz Angélica Sánchez; Hernández; Ma Eugenia Ochoa; Marco Antonio Hernandez Avilés; Marco Antonio Hernández Ayala. Jubilado STC Metro-CSR; Víctor Manuel García Paredes.
Marco Vinicio Saldaña Valero; María del Rosario Hernández Reza; María Elizabeth Estrada; María Guadalupe Guerrero González; María Teresa Fruto Torres; María Trinidad Gutiérrez Ramírez; Maria Verónica Carrillo, Marisol Santiago Trejo; Maritzel Fonseca; Martha Nava Pérez; Martha Paola Carranco Hernández, Medica Epidemióloga; Maru de la Garza; Melania Hernández López; Micaela Araceli Berto López.
Miguel Murillo Duarte; MIreya Avilés Avilés. Trabajadora STC Metro; Mónica Soto Elízaga; Natalia Odeth Santos Madrigal.- Médica Odontóloga; Omar Mendoza Heredia; Orión Toquero Colin; Peter Gellert; Rafael Galván AC; Gisela Espinosa Damian; Roberto López Rosado; Rocío Suárez López; Rosalba Álvarez Carreón; Rosalío Morales Vargas; Ruth Betancourt; Salud Valencia Ramos; Sandra Martín Villar; Stella Oranday; Susan Paola Adame Ruiz; Susana Huerta (chat Feminista); Thalia Hernández Medrano, Criminóloga.
Ulises Medrano Vargas, Abogado; Urania Chavarría Decanini, Psicologa Feminista Socialista; Vanessa de la Borbolla; Vanessa Paredes Medrano, Química Farmacobiologa; Ximena Díaz Medrano, Negocios Internacionales; Yolanda Ledesma Camargo; Yolanda Zamora Ríos.
Centro de Investigación Internacional de Economía Social de la Universidad Iberoamericana; Programa de Investigación para la Sustentabilidad UAM.
Son casi tres años de la entrada en el gobierno de la llamada cuarta transformación, que es como Andrés Manuel López Obrador le ha llamado a su régimen. Pero como hemos dicho en otros tiempos, el poder se centra en quienes son dueños de las palancas económicas del país, porque a partir de ellas se diseña un entramado jurídico-político, el cual justifica y defiende su sistema. Por esa razón, mientras no se toque la base económica, de ésta misma partirá un movimiento desde distintas vertientes —medios de comunicación, tribunales, boicots, etc.—, para reestablecer un régimen a modo.
Por lo cual podemos afirmar que la campaña de la oligarquía por reestablecer en el gobierno algunos de sus agentes más cercanos, no parará hasta lograr la restauración, a menos de que una nueva fase de luchas les arrebate el poder económico.
Nadie puede dudar que, a tres años de gobierno de AMLO, y a pesar de que su programa está de acuerdo en líneas generales con el sistema capitalista, tal y como se ha implementado durante los últimos 40 años, la 4T no es de la simpatía de la oligarquía, es decir, del conglomerado de 500 empresas que conducen más del 60% del PIB y, que, en su mayoría, llegaron a donde están durante el llamado periodo neoliberal, se oponen abiertamente a AMLO.
AMLO, supone que, con un poder político fuerte, es posible llevar una regulación de la economía con ciertas normas éticas y al mismo tiempo, utilizar este mismo poder para redistribuir la riqueza, de tal modo que se reduzca la pobreza. Para AMLO la austeridad y el combate a la corrupción no son políticas de urgencia sino prácticas permanentes, por ello se han establecido una serie de normativas para ejercer una profunda revisión de todos los gastos gubernamentales.
AMLO supone que el problema de la pobreza en México es resultado de la corrupción y no de la existencia del capitalismo. Nosotros no lo consideramos así, la corrupción está en el ADN de la burguesía, ya que su principal interés es la mayor acumulación de capital, sin importar los medios con los que lo consiguen. En general, buscan amoldar las leyes a sus intereses, cada vez más voraces. Por eso los intereses del actual gobierno, que da algunas dadivas a las masas, y los de la oligarquía son irreconciliables. Por lo tanto, no hay espacio para que convivan de manera armónica.
Así que, en estos tres años, este gobierno se ha puesto a prueba en distintos aspectos, con resultados que demuestran que se necesita mucho más para lograr la auténtica transformación del país.
Privatizaciones y Energía
El presidente afirmó que se frenaron las distintas concesiones a particulares, especialmente en el terreno energético. Para el gobierno la prioridad es poner al día tanto financiera, como tecnológicamente a CFE y a Pemex. Esto es correcto, pero también es cierto que los intereses de los capitalistas siguen siendo significativos, especialmente en el terreno energético, en donde aún tienen el control de la mitad de la producción de electricidad.
También es verdad que no se han tocado en lo fundamental los intereses de las 500 grandes empresas que controlan el país, porque cuando hay crecimiento económico éstas absorben todos los beneficios, pero cuando hay crisis se encargan de descargar todo su peso hacia los trabajadores por diversos medios.
Crecimiento y pobreza
Es verdad que el “libre comercio” estimulará el crecimiento económico en el corto plazo, especialmente ante el anuncio de un plan de infraestructura de parte del gobierno de los Estados Unidos por más de 1.2 billones de dólares. Esto ya genera una demanda de importaciones de todo tipo de productos desde México. No obstante, como hemos dicho, este crecimiento significará el enriquecimiento de los mismos que han sido beneficiados en los últimos treinta años.
En las circunstancias actuales no recurrir a mayor endeudamiento, como paradójicamente solicitaba la oligarquía, evitó una crisis presupuestal como la que viven países como Colombia, Ecuador o Argentina, lo que ha llevado a las finanzas públicas mexicanas a reducir el déficit presupuestal a niveles cercanos a cero. También ayudó la eliminación de la política de condonación de deudas fiscales. No obstante, esta es una medida clásica del neoliberalismo y no implica en si misma ni crecimiento económico ni reducción de pobreza.
Las medidas redistributivas por medio de becas y diversos subsidios son en realidad un ligero alivio, que se agradece, pero que no modifica en términos reales la pobreza. Los más de 30 millones de familias que reciben algún tipo de apoyo son la base sobre la que se sostiene AMLO, puesto que representa más del 60 % de la población. Sin embargo, de esta forma no se logra reducir la pobreza, la cual se incrementó producto de la crisis de 2020, y por los efectos de la pandemia.
Violencia e impunidad
Es cierto que el manejo de la pandemia, si bien ha sido polémica en muchos aspectos, no significó un caos como en otros países. No obstante, se confirmó la predisposición del capital para sacrificar las vidas que sean necesarias para mantener e incrementar sus beneficios. Ante estas circunstancias, el gobierno simplemente dejó actuar a los capitalistas con toda impunidad.
Un ejemplo más de la urgente necesidad de ir mucho más allá de las medidas de contención, es el nivel de violencia delincuencial, que no ha disminuido y que prevalece en las mismas regiones que en los años pasados. La impunidad que sufren las familias que son destruidas por medio de las personas con poder económico, que pueden pagar los servicios del poder judicial, no es menos que en otros tiempos. Quizá en la violencia contra la mujer es donde se hace más evidente esta situación.
Contra la violencia la respuesta más firme de AMLO es la creación de la Guardia Nacional, la cual ha jugado un papel importante en la protección de las instituciones del gobierno, fronteras, costas, algunas carreteras y algunos edificios, pero las masas trabajadoras del campo y la ciudad siguen indefensas. En muchos casos la creación de grupos de autodefensa no es una opción sino la única alternativa de sobrevivencia.
La fuente de la violencia que sufren las masas es la concentración del poder económico mientras éste siga intacto, la desigualdad social se mantendrá y las medidas que se implementen sólo serán paliativas.
Perspectivas
En este contexto, cuando ya han transcurrido tres años del actual régimen, resulta curioso que al contrario de lo que ha sucedido en otros países, la figura del presidente siga situada en la izquierda del espectro político electoral del país. Mientras que la oposición electoral, casi en su conjunto, se ha situado a la derecha, con un discurso prácticamente restauracionista y totalmente sometido a la oligarquía. Esto es una muestra de la profunda degradación en la que se encuentra el sistema político mexicano.
La única izquierda que es capaz de ofrecer una alternativa al actual gobierno es la que proviene de los movimientos de masas, trabajadores, estudiantes, campesinos, mujeres y jóvenes, que con organización y unidad podrían ir construyendo alternativas más allá de lo que el gobierno propone y de lo que la burguesía está dispuesta a permitir.
Sin duda, aún hay millones de personas trabajadoras que confían en el gobierno de AMLO y la consideran una contención necesaria ante los afanes depredadores de la oligarquía. No obstante, reiteramos, esto es útil por el momento, pero no es suficiente.
Los próximos tres años serán el escenario de constantes boicots e intentonas golpistas, hasta la batalla del 2024 y más allá. Sólo se puede impedir la restauración con una auténtica revolución, es decir, dando pasos firmes hacia la expropiación de la oligarquía.
Este domingo 29 de Agosto se llevará a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada de la Comunidad de Jarácuaro, perteneciente al municipio de Erongarícuaro, Michoacán, a efecto de determinar si desean autogobernarse y administrar los recursos presupuestales de manera directa y autónoma.
La consulta fue acordada en reunión de trabajo entre la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) con autoridades tradicionales de Jarácuaro, acompañados por el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM)
La consulta con carácter vinculatorio se realizará el próximo domingo 29 de agosto en plaza principal de la comunidad de Jarácuaro, iniciando a las 12:00 horas con el registro, posteriormente a las 13:00 horas se realizará la fase informativa, para culminar a las 14:00 horas con la fase consultiva. La pregunta rectora de la consulta libre, previa, informada y vinculatoria será ¿Están de acuerdo en autogobernarse y administrar los recursos presupuestales que le corresponden a la comunidad de manera directa y autónoma?
Historia de los gobiernos comunales en Michoacán
En Michoacán, gran parte de los pueblos originarios continúan organizándose de forma comunal, organización que mantiene sus raíces en una profunda historia de resistencia de más de 500 años. En tiempos contemporáneos, la organización comunal se ha concretado en los Consejos de Gobierno Comunal, mismos que representan la Libre Autodeterminación, el Autogobierno y la lucha por la Autonomía de los pueblos indígenas.
Consejo Comunal de Nurío
Bajo un contexto de efervescencia comunal, derivada de la Marcha del Color de la Tierra y del III Congreso Nacional Indígena realizado en Nurío en el 2001 y en un marco postelectoral, en el 2005, la máxima autoridad de Nurío, la Asamblea General, nombró un Consejo Comunal que buscaba recrear los antiguos Consejos de Ancianos P´urhépecha y declarar a la vez la autonomía respecto al Municipio, para lo cual se dieron a la tarea de exigir al Gobierno del Estado, los recursos económicos que le correspondían como comunidad en base a su número de habitantes (Ventura Carmen / Volver a la comunidad, derechos indígenas y procesos autonómicos en Michoacán, 2010).
El primer Consejo de Gobierno Comunal contemporáneo en Michoacán, se dio en el 2005 en la comunidad de Nurío integrado por 20 comuneros elegidos en Asamblea General y sin partidos políticos, mediante lo que a la postre denominaron la “autonomía sin permiso de nadie” “el camino a seguir es la autonomía en los hechos. Un camino a partir del derecho histórico de los pueblos indígenas”. Tata Juan Chávez (Hernández, Luis, Paracho: de autonomía por decreto a autonomía desde abajo, 2005).
Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán K´eri
El Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán K´eri emergió en el 2011, germinando de una lucha en defensa de los bosques y en contra el crimen organizado, que evolucionó en un movimiento por la Libre Autodeterminación y Autogobierno, expulsando a los partidos políticos y rigiéndose por usos y costumbres.
Desde entonces, y una vez concluido un largo proceso lleno de problemas con el IEM y el TEPJF, el pueblo de Cherán se encuentra organizado por medio de Concejos: “la forma, la estructura de gobierno que tiene Cherán es el resultado de una serie de aportaciones de muchas personas. La máxima autoridad es la Asamblea General, después viene el Concejo Mayor, los K´eris y de ahí se viene una serie de Concejos. Todo funciona a través de Concejos, los llamamos Concejos Operativos: Concejo de Administración Local, Concejo de Asuntos Civiles, donde está educación, cultura y deportes, está el Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia, el Concejo de Programas Sociales, Económicos y Culturales, el Concejo de Bienes Comunales, el Concejo Coordinador de los Barrios, todo funciona así. Cada barrio está representado, nosotros somos 12 miembros del Concejo Mayor, 3 por cada 1 de los 4 Barrios”. (Entrevista a Ramírez Trinidad, Miembro del primer Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán 8/Oct/2013).
Consejo de Administración de Tenencia de Tanaco
Bajo un contexto de efervescencia social en la Meseta P´urhépecha, la comunidad de Tanaco, perteneciente al Municipio de Cherán, en el ámbito de la consulta realizada por el Instituto Electoral de Michoacán tanto a Cherán como a Tanaco, la comunidad de Tanaco decidió no participar en las elecciones por usos y costumbres de Cherán, e iniciar un proceso que concluyó en su propio procedimiento electivo (Boletín TEPJF 18/2012). En una Asamblea General mediante una convocatoria única, el 22 de enero del 2012 a las 14:00 horas en el patio de la Escuela Primaria Emilio Bravo, la comunidad de Tanaco nombró a su Consejo de Administración de Tenencia, con una participación de 524 asistentes, realizando “una votación en forma directa y a mano alzada”, eligiendo a 4 integrantes por cada barrio, conformando un total de 16 consejeros, con la condicionante de que la Asamblea General puede revocar el mandato en cualquier momento a “quienes no cumplan con la función encomendada”.
Consejo Comunal de Pichátaro
El movimiento de Libre Autodeterminación de Pichátaro, fue un proyecto que se fue construyendo poco a poco, un proceso que duró más de dos años, el primer paso fue crear actividades de concientización mediante talleres, foros o conferencias, donde las autoridades civiles y comunales se nutrieron de información sobre los derechos que mantenían como comunidad originaria, datos estadísticos sobre la comunidad, documentos sobre las asignaciones presupuestales al Municipio, ejemplos históricos de lucha de comunidades originarias y la legislación internacional, nacional y estatal en materia indígena (Entrevista a Salvador Jesús, asesor del Consejo Comunal de Pichátaro 7/Feb/2017). El proceso de compartición de información surgió a partir de la iniciativa de la Jefatura de Tenencia, comunicando la información con el Comisariado de Bienes Comunales y sobre todo con los 7 Encabezados de Barrio existentes en la comunidad, a continuación, cada encabezado comenzó a bajar la información a sus respectivos barrios, iniciando una lucha en primer plano ideológica, hasta convertirse en un equipo de alrededor de 25 personas, en donde todos mantenían la misma idea: la Entrega y Administración del Presupuesto Directo y el inicio de una lucha por la Libre Autodeterminación.
Después del largo proceso legal y el resolutivo judicial, se firmó un acuerdo ante el Instituto Electoral de Michoacán entre el Ayuntamiento de Tingambato y el Consejo Comunal de Pichátaro, obteniendo la comunidad de Pichátaro durante 2017 el 30% de los fondos municipales: del Ramo 28 correspondiente a las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; y del Fondo III de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal, mismos que para el 2018 amentarán al 35.5% conforme a la proporción que le corresponde legítimamente por el número de habitantes (Monreal Patricia / Tras cinco horas de negociaciones signa convenio Pichátaro con Ayuntamiento de Tingambato, 2016).
De esta forma, el Consejo Comunal de Pichátaro quedó instituido en un principio por 7 consejeros, uno por cada barrio, integrándose posteriormente 2 consejeras como representación de las mujeres, manteniendo dentro de la estructura de gobierno comunal Asesoría Jurídica, Comisión de Enlace y Contralor.
Consejos comunales en la actualidad
Al día de hoy existen 15 Consejos de Gobierno Comunal en Michoacán que reciben su presupuesto de manera directa, estas son:
• Nurío
• Cherán
• Tanaco
• Pichátaro
• San Felipe de los Herreros
• Arantepacua
• Comachuén
• Sevina
• Urapicho
• Cheranástico
• Pomacuarán
• Tarecuato
• Nahuatzen
• Santa Fe de la Laguna
• San Benito
Se espera que las 60 comunidades pertenecientes al CSIM soliciten y realicen consultas vinculatorias para poder acceder a la autonomía municipal. Actualmente las comunidades de Ihuatzio, Ocumicho y Zirahuén están llevando a cabo campañas y procesos legales para obtener presupuesto directo y emprender su proceso de autogobierno y libre determinación, presentándose episodios de enfrentamientos violentos entre comuneros y gobiernos municipales y aguacateros tanto en Ocumicho como en Zirahuén.
Por un gobierno nacional de los trabajadores
El derecho de autodeterminación de las comunidades en lucha es progresista. El tener un gobierno que tenga el respaldo de las comunidades, debe ayudar a defender los intereses de las comunidades, el derecho a la tierra, el respeto a los recursos naturales, la lucha contra la violencia, etc. Las comunidades indígenas muestran que es posible que sea el propio pueblo, las clases explotadas, quienes gobiernen sus destinos. Pero la tarea no esta acabada, estos ejemplos se deben extender nacionalmente, para que seamos los trabajadores del campo y la ciudad quienes dirijamos nuestra sociedad y nuestros destinos en beneficio de las comunidades indígenas, campesinos y obreros.
El 25 de agosto se cumplieron dos años del feminicidio de Sara Abigail. Desde la Liga de Mujeres Revolucionarias se impulsó una campaña de fotografías en redes sociales que comenzó desde un día antes. En las fotos se mostraban varias consignas exigiendo justicia para Sara, denunciando la impunidad y el carácter feminicida del sistema capitalista.
Para el día 25 de agosto se convocó a un mitin frente a las instalaciones de la procuraduría general de justicia del estado de Hidalgo. El acto comenzó al mediodía, primeramente, colocando fotografías de Sara en las inmediaciones de la procuraduría y varios carteles con consignas. Al lugar llegaron varias chicas organizadas en la colectiva Tetlachihui Machtiani, jóvenes organizados en las juventudes marxistas, los familiares de Sara Abigail y algunos periodistas de medios de comunicación locales.
En el acto se expuso primeramente y de manera breve la historia de Sara Abigail. Su hermana, Noemí Salinas, dijo como ella fue víctima de hostigamiento y acoso constante por parte de su expareja sentimental, hasta el grado de que dicho agresor le quito la vida. Se expuso como las familias tienen que enfrentarse a un sistema judicial que no garantiza justicia para las víctimas y que no funciona para las mujeres y hombres de la clase trabajadora. La madre de Sara, Claudia Sandoval, denunció la incompetencia, contradicciones y desinterés de la Ministerio Público y de la fiscalía de género del Estado de Hidalgo que lleva el caso, la licenciada Griselda Yaredy Lozada, y como, en palabras de la Sra. Claudia, la fiscal de género Luz María Ramírez Pérez Brilla por su ausencia.
También dio un mensaje Elsa Ángeles quien trabaja de manera independiente dando acompañamiento a las víctimas y familiares colaborando de manera muy cercana al SEIINAC y al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Hizo el llamado de atención a las y los diputados locales de la necesidad de una reestructuración completa en el presupuesto de la procuraduría, puesto que, por un lado, existe una burocracia obesa que no nos sirve de nada y que absorbe gran parte del presupuesto y por otro lado existen áreas desprotegidas en la procuraduría que deberían ser atendidas por especialistas. En el caso de Sara Abigail existe un vacío en peritajes especializados.
De parte de la Liga de Mujeres Revolucionarias se leyó un pronunciamiento en el que se señaló cómo el sistema capitalista ha construido la situación de violencia y barbarie en la que estamos inmersos. La realidad que vivimos las mujeres en todo el mundo es el reflejo de un sistema podrido, en el cual las instituciones del estado, religiosas y las empresas están inmiscuidos. Es por eso que nos organizamos, para hacer frente a este sistema con el fin de derrocarlo, de transformar radicalmente a la sociedad de manera organizada. Igualmente, desde la Liga de Mujeres Revolucionarias Karen Campos reitero el llamado a mantenernos organizados, mujeres y hombres de la clase trabajadora para derrocar a este sistema capitalista de barbarie.
Por último, se hizo entrega de un escrito a la oficialía de partes de la procuraduría en el que se expone las irregularidades en el caso. Se tuvo una reunión con la fiscal de género Luz María Ramírez Pérez, cuya actitud para atender a los familiares de Sara fue distinta a la última vez que se reunieron con ella, en esta ocasión se mostró dispuesta a atenderlos. En dicha reunión también estuvo presente el subprocurador de derechos humanos del Estado de Hidalgo y el director del SEIINAC, Rafael Castelán.
La acción tuvo buen impacto en los medios locales, quienes sacaron varias notas. Los familiares de Sara tienen confianza en que esta iniciativa tendrá un impacto positivo en el caso, pero esta experiencia también nos hace darnos cuenta de que las autoridades actúan solamente mediante la organización y presión social, pues los familiares de Sara llevan 2 años buscando una explicación al caso, buscando justicia pero solo han encontrado trabas burocráticas y desdén, pues solo si el caso tiene seguimiento mediático entonces actúan como si les interesará como si de verdad estuvieran trabajando, es por ello que no quitaremos el dedo del renglón, continuaremos impulsando la organización permanente de los hombres y mujeres de la clase obrera, no permitiremos que las autoridades incumplan sus acuerdos y que el nombre de Sara Abigail quede en el olvido como el de otras tantas víctimas de este sistema.
Hacemos mención especial de agradecimiento a la Colectiva Tetlachihui Machtiani, Marea Verde Hidalgo, SEIINAC y a la compañera Elsa Ángeles, por el apoyo brindado, por su participación en la protesta y difusión del caso.
El pasado 2 de julio se publicó el Decreto Promulgatorio del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en el Diario Oficial de la Federación, el cual fue aprobado por la Cámara de Senadores el 12 de diciembre de 2019 y ratificado por el Ejecutivo Federal, el 31 de enero de 2020.
Posteriormente, el 3 de julio de 2020, fue depositado ante el director general de la Oficina Internacional del Trabajo; todo esto con una ceremonia que destacaba la “deuda histórica” que se tiene con más de 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. Según los datos recabados, 95 de cada 100 empleados en esta actividad son mujeres. La mayoría de ellas pertenece a los sectores más pobres de la sociedad.
El Convenio 189 refuerza los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este establece normas laborales mínimas para este sector. Aunque el Convenio promulgado estipula que los trabajadores pueden organizarse y movilizarse para influir en que se cambien las leyes para poder mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, en la práctica sabemos que las movilizaciones y la consolidación de organizaciones de los trabajadores domésticos, se enfrentan a dificultades para concretarse debido a su dispersión.
Las normas que se aprobaron con este Convenio son:
Promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores domésticos.
Respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de trabajos forzosos; la abolición del trabajo infantil; eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia.
Condiciones justas de empleo incluyendo vivienda digna.
Las trabajadoras y los trabajadores domésticos deben ser informados de sus términos y condiciones de empleo de manera que sea fácilmente comprensible, a través de contrato escrito.
Medidas que garanticen igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general con respecto a las horas de trabajo, compensación por horas extras, períodos de descanso diario y semanal, y vacaciones pagadas anuales.
Descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas.
Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien del régimen de salario mínimo, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.
El pago de salario debe ser en efectivo; y en intervalos regulares de no más de un mes. El pago puede hacerse con un cheque o transferencia bancaria (cuando la ley o los convenios colectivos lo permitan o con el consentimiento del trabajador). El pago en especie está permitido bajo tres condiciones: si este pago es sólo una parte limitada de la remuneración total; si el valor monetario es razonable y concuerda con el valor del pago en efectivo y si los artículos o servicios entregados son un beneficio para las trabajadoras y los trabajadores. Esto significa que los uniformes y equipo de protección no son un pago en especie, son herramientas que el empleador debe proporcionar a los trabajadores, sin ningún costo, para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones.
Los honorarios cobrados por las agencias privadas de empleo no pueden ser deducidos de la remuneración
Todo trabajador tiene derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable. Se debe poner en marcha medidas a fin de asegurar la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores.
Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad. Las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores domésticos no deben ser menos favorables que las aplicables a los trabajadores en general.
Se deben de asegurar las condiciones de vida digna que respeten la privacidad de las trabajadoras y los trabajadores que vivan en la residencia de sus empleadores; no hay obligación de permanecer en el hogar o con sus miembros durante los períodos de descanso o permiso. Tienen total derecho de mantener sus documentos de identidad y de viaje en su posesión
Se deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima. Se debe asegurar la educación obligatoria y las oportunidades para continuar sus estudios o adquirir formación profesional en las trabajadoras y los trabajadores domésticos mayores de 15 años pero menores de 18 años de edad.
Las y los trabajadores domésticos deben contar con el acceso efectivo a tribunales u otros mecanismos de solución de conflictos.
Si bien este convenio detalla un gran número de normas y reglas a seguir; e preocupante la falta de voluntad de los empleadores para poder ponerlas en práctica.
El trabajo doméstico se caracteriza por tener condiciones de trabajo inadecuadas, jornadas laborales extensas, bajos salarios, trabajo forzoso y casi siempre nula protección social. Los ingresos que perciben los trabajadores domésticos son de un salario mínimo o menos; de éstos 34.5% de las mujeres y 16.3% perciben este salario.
El trabajo doméstico en México y América Latina se remonta a la época colonial y constituye uno de los muchos legados de la herencia hispana. Durante esa época, servir (trabajar) en la vida doméstica; se pagaba con techo y alimentación. El grado de control del amo sobre el sirviente y la nula autonomía de este último; suponen un control que sólo puede ejercerse mediante un discurso ideológico bien estructurado que justifique la dominación de un hombre sobre otro ser humano. El trabajo doméstico comparte orígenes con la esclavitud y la trata de personas. Y a lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo la burguesía ha utilizado estos discursos y ha promulgado leyes que los beneficien, utilizado al Estado para mantener el orden establecido por ellos; creando así una división de clases; en la que se sitúan por encima de la clase trabajadora; todo esto, para perpetuar sus privilegios. El componente étnico desempeñó un papel esencial, determinando la relación entre la colonia y el trabajo doméstico; esta tarea doméstica situó a los nativos en el más bajo estatus, carente de los lazos de protección y respetabilidad.
Actualmente los trabajadores domésticos laboran bajo las mismas condiciones de esclavitud; la mayoría de ellos provienen de los lugares con mayor índice de pobreza; y desconocen sus derechos básicos; dejándolos así en el total desamparo y abandono laboral. Permitiendo así el abuso de sus empleadores.
En todo el mundo, cientos de miles de niñas y niños trabajan en el servicio doméstico, los cuales permanecen escondidos y se encuentran entre las personas más difíciles de censar. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo, nota que las estadísticas disponibles son “una indicación alarmante de la magnitud del fenómeno en todo el mundo”. Informa que alrededor de 175,000 niñas y niños menores de 18 años están empleados en el servicio doméstico en América Central. La mayoría de las trabajadoras y los trabajadores infantiles tienen entre 12 y 17 años; algunos tienen tan sólo 5 años. Se estima que hay más niñas menores de 16 años que trabajan en el servicio doméstico que en cualquier otra categoría de trabajo infantil.
Aun cuando la ley estipula que se deben adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada y fácilmente comprensible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos. En la práctica esto no sucede, Y al ratificar el Convenio 189, un país se compromete a aplicar todas las medidas y obligaciones que se establecen en él. No sólo basta con promulgarlo y adherirse a los estatutos de la Organización Internacional del Trabajo y esperar que, al día siguiente de su promulgación, se termine con la explotación y esclavitud de los trabajadores; es necesario transformar las leyes o incluso aprobar nuevas leyes, pero sobre todo es necesario cambiar las condiciones materiales que llevan a estas condiciones lamentables de trabajo.
La burguesía utiliza a un sector de los trabajadores domésticos para las labores en sus hogares, con las condiciones de desprecio, bajos salarios y discriminación que ya mencionamos, esto les ayuda a mantenerse en su estado de ocio y parasitismo. También un sector de la pequeña burguesía o incluso de la clase obrera con condiciones laborales un poco mejores, emplean a gente para el trabajo doméstico. No significa que todos ellos tengan las mejores condiciones laborales, a veces se ven forzados porque tienen que hacer largas jornadas y deben emplear parte de su salario para ello. Los extractos más bajos del proletariado no se pueden dar si quiera esos lujos. Mientras la gran burguesía puede sin problema deshacerse de las labores del hogar los trabajadores de una u otra forma seguimos atados a él. Se necesitan más que leyes para deshacernos de la esclavitud doméstica.
El trabajo doméstico nos muestra nuevamente la profunda diferencia que existe entre la clase burguesa y el proletariado; los intereses que defienden la clase burguesa siempre irán contra la clase trabajadora; tener que llegar a un Convenio Internacional para que respeten los derechos mínimos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, nos muestra el gran atraso en los derechos de los trabajadores. La bnurguesía se niega a dejar un mínimo de sus comodidades y beneficios en pro del proletariado; y es por ello por lo que debemos unirnos y organizarnos para poder salir y reclamar el cumplimiento irrestricto de todos nuestros derechos. Recordemos que ningún patrón o gobierno nos cede los derechos; es la clase trabajadora quién se los arrebata con la organización.
Se requiere la colectivización del trabajo doméstico para reducirlo a su mínima expresión, donde quienes realicen estas labores tengan buenas condiciones laborales y de vida. Hay que crear lavanderías y comedores públicos, a muy bajos costos para el trabajador que se paguen con las ganancias de los capitalistas. Hay que expropiar la gran propiedad privada de los medios de producción para reducir la desigualdad radicalmente. Hay que erradicar esta división de clases que permite la explotación y esclavitud es una de las tareas que debemos enfrentar para transformarnos cómo sociedad. Recordemos las palabras de Marx, pronunciadas durante la Liga de los Comunistas en 1850:
“Para nosotros no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva.”
Desde hace tres meses se iniciaron los trabajos de remodelación del centro histórico de Pachuquilla, cabecera municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
El presidente municipal, Israel Félix Soto representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señala que esta obra no le costará al municipio, que la empresa realizará el trabajo gratis, sin embargo, al momento de escribir estas líneas, me ha sido imposible encontrar información sobre la constructora que está realizando el proyecto, pero es completamente absurdo creer que esta obra se pueda realizar sin pagar un solo peso, mucho menos dentro del capitalismo. Bien sabemos que este tipo de obras “altruistas” regularmente son utilizadas para deducir impuestos o para lavar dinero.
Lo que se sabe es que dicha empresa está ligada a Benjamín Rico Moreno, ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, quien renunció a su cargo para suplir en la alcaldía a Sergio Baños, presidente municipal de Pachuca, y posteriormente competir por una diputación federal.
Dicho proyecto contempla la destrucción de los jardines ubicados a un costado de la Iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo, sobre la avenida Hidalgo, lo cual implica el derribo de 42 árboles.
Convenientemente, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma encontró una supuesta plaga que está destruyendo esos árboles, por lo que consiguieron un dictamen en el que se indica que debían ser talados. En opinión de Ximena Parra y Martha Guerrero, agrónomas y vecinas de Pachuquilla, los árboles estaban sanos y no era necesaria su tala. De igual forma, el gobierno municipal consiguió un permiso del INAH en el que no se reconoce al jardín lateral como parte de la iglesia, cuyo edificio tiene estatus de monumento histórico federal, sin embargo, en el plano del edificio, sí se considera al jardín como parte de éste.
El lunes 9 de agosto, dio inicio la tala de los árboles. Al rededor de las 9 de la mañana, arribé al lugar de los hechos y me recargué en el único árbol que quedaba en pie. Al lugar llegaron 5 personas más a apoyar, evitando así que el árbol fuera talado.
Posteriormente llegaron al lugar, Israel Félix Soto, Presidente Municipal de Mineral de la Reforma; Rubén Muñoz Saucedo, Secretario General del Ayuntamiento y Alejandra Calva Ramírez, Secretaria de Obras Públicas, con la finalidad de hablar con quienes nos manifestábamos e intentar llegar a un acuerdo. Sostuvieron que “el proyecto de remodelación va a quedar muy bonito”, “va a incentivar el turismo y reactivar la economía”, “el proyecto contempla plantar nuevos árboles”. Sin embargo, cuando les solicitamos que nos mostraran los planos del proyecto o una maqueta, no pudieron hacerlo.
Después de un rato de discutir, los manifestantes aceptamos firmar una minuta en la que el gobierno municipal se comprometió a no tirar el último árbol que quedó en pie. Ya estando en la oficina del cabildo, después de haber firmado la minuta, nos mostraron imágenes de render (imagen generada a través de un modelo 2D o 3D) de cómo planean que quede el proyecto, en dichas imágenes, se aprecia que planean plantar aproximadamente 11 jacarandas en las jardineras en el lugar afectado, destacando que este tipo de árboles, aunque son muy vistosos, no son una especie nativa de la zona como los árboles que talaron.
Alrededor de las 4:40 pm., maquinaria pesada comenzó a excavar para continuar los trabajos de destrucción del jardín. De inmediato se convocó de nuevo a los vecinos de Pachuquilla que llegaron a impedir que se continuara con los trabajos, de nuevo acudió al lugar el secretario general, Rubén Muñoz, a quien los vecinos comunicaron sus inconformidades con el proyecto, acto seguido, el secretario se retiró del lugar sin resolver nada, ante esta situación la inconformidad aumentó y cada vez fueron llegando más vecinos, hasta sumar más de 70 personas.
A las 9:00 de la noche llegó de nuevo el secretario general, pero ahora en una actitud mucho más conciliadora y cediendo en todos los puntos que se le presentaban. Se procedió a imprimir un escrito con peticiones de los vecinos, entre las cuales se menciona el paro de la obra. Dicho escrito fue firmado por el secretario y varios vecinos, esperando que se respetara la voluntad popular.
Posteriormente, el martes 10 de agosto, en la mañana se realizó la recolección de firmas para un documento que fue entregado por la tarde en las oficinas del INAH exigiendo que el jardín sea considerado parte del edificio patrimonial, para evitar que sea destruido. Lamentablemente en la tarde de ese mismo día, las obras sobre el jardín continuaron, violando así el acuerdo con el secretario general, por lo cual, los vecinos de Pachuquilla convocamos a un plantón en el jardín a partir de las 7:00 am del día 11 de agosto.
Para los habitantes de Pachuquilla, ha quedado claro que no podemos tener ni un miligramo de confianza en las autoridades locales, de quienes nada vale una firma o un supuesto compromiso, entendemos que este es un flagrante ataque contra el patrimonio cultural de nuestra comunidad, pues con tal de conseguir sus oscuros objetivos han causado un daño ecológico irreparable, pues los árboles y magueyes que talaron no podrán ser sustituidos.
No cabe duda de que la organización popular es necesaria, es por eso que hacemos un llamado a la comunidad de Pachuquilla a continuar con la movilización y las protestas.
Desde esta trinchera, hacemos un llamado a la solidaridad con nuestro movimiento, pues solo la organización popular podrá detener los atropellos y ecocidios de las autoridades del gobierno priísta de Mineral de la Reforma.
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, nace de una gran movilización de la clase trabajadora, producto de grandes luchas en contra del Estado, y del charrismo sindical (vanguardia revolucionaria), traducido en la explotación laboral, la miseria, las represiones en todos los aspectos, entre otros; su objetivo central es defender el derecho de la clase trabajadora y sus conquistas. Es la disidencia del SNTE, un sindicato controlado hasta la fecha por el Estado, cuya práctica no es más que servir al Estado mismo. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación surge en el Estado de Chiapas los días 17 y 18 de diciembre de 1979, en la cual participaron varios maestros de distintos Estados de la república, de diferentes niveles, como también de varias corrientes políticas. La Coordinadora Nacional nace con 22 principios rectores, producto de un amplio debate y análisis, entendida como una serie de normas, de reglas de conducción de esta organización de masas al alcance de sus objetivos generales; estos principios rectores no se crearon por casualidad, sino que tiene un carácter específico, revolucionario, reivindicatorio, entendida también como una clarificación de la lucha de la CNTE en contra del Estado, de la burguesía en general y del charrismo sindical como instrumento ideológico y practico de la burguesía. Con base a estos principios rectores, se da el seguimiento, se marcan los pasos a seguir en esta lucha actual, como la democratización del SNTE, la democratización de la educación, y la democratización del país.
De 1979 hasta la fecha, puede uno hacer varios cuestionamientos sobre ¿siguen vigente los principios rectores? ¿se están cumpliendo al pie de la letra? recordemos que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no es propiedad de ningún líder, ni de un grupo político, ni de una corriente política, sino que esta organización de masas, es propiedad de los trabajadores de la educación, como su nombre lo dice es de las masas. Por lo tanto, la vigencia de los principios rectores sigue más presente que nunca. En esta organización de masas, ha tenido de alguna forma la injerencia del Estado, a través de sus personeros, se han hecho presentes en eventos que la propia Coordinadora ha trazado, han agitado las discusiones, los debates y los acuerdos, y hasta han buscado todas las formas de hacer modificaciones de estos principios científicos que le dieron vida a la CNTE. Se ha dicho siempre que la base magisterial son los que hacen el movimiento, no las dirigencias, o ciertos grupos, entonces, son las mismas bases quienes retoman y retomarán el rumbo de esta gran movilización de masas. Los principios rectores como base fundamental, guía y acción de la Coordinadora, tiene esencia marxista, leninista, cuyo contenido y significado de cada uno es científico, por lo tanto, no puede ser sustituido por otro, cuando nuestra lucha es en contra del Estado, de la burguesía, del sistema capitalista en general.
El tiempo es cambiante, nada es estático, las condiciones de lucha pueden variar de un momento a otro, pero la variación no puede implicar una modificación del cuerpo de la CNTE, hablando de estos principios; la lucha contra el charrismo sindical no hay vuelta atrás, una cosa es tener como teoría los principios y otra cosa es la aplicación práctica, entendemos entonces que tiene que aplicarse en su más amplio sentido “teoría – practica” = praxis, porque no puede caminar con un solo pie sino que debe tener los dos pies, para alcanzar la meta (hablando de los propósitos de la Coordinadora).
A nivel nacional podemos encontrar una gran variación en lo que respecta a las formas de organización de la clase trabajadora, cada sección sindical tiene sus propias características, por ejemplo, en la sección VII, Chiapas, existe ciertas irregularidades del comité ejecutivo seccional que encabeza Pedro Gómez Bamaca, durante el periodo que ha venido representando y de los días que le quedan, ha hecho una multitud de cosas en las diferentes regiones y delegaciones sindicales que comprende la sección VII del SNTE-CNTE, en sus primeros días, semanas y meses de haber llegado como secretario general, empezó a hacer señalamientos a todos y todas quienes de alguna forma hacían cuestionamientos, debates de la forma como se venía conduciendo en esta política magisterial, si uno no está de acuerdo de lo que el planteaba, lo señalaba de charro y hasta empezó a desconocer varios secretarios generales delegacionales, coordinadores regionales entre otros. Empezó a vetar prestaciones a maestros socios en lo que es caja de ahorro y prestamos de la sección VII, varias regiones que durante 4 años no gozan de prestaciones; para poder avanzar con esta política de mano dura, lo que hizo fue hacer alianza con los charros aliancistas con su idea de hacer mayoría y aplastar a los maestros democráticos realmente, y esto tiene como resultado la violación de los 22 principios rectores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, como por ejemplo el principio tres que busca la destrucción de charrismo sindical.
1.- El gas y la gasolina son mercancías fundamentales en la vida diaria de las familias trabajadoras y del país en general, alrededor del 80% de las familias utilizamos el gas LP para las labores domésticas, cocinar o la limpieza personal.
2.- Los gobiernos del PRI y el PAN liberaron totalmente los precios del gas y estos fueron aumentando de forma exponencial, en 2015 el tanque de gas de 20 litros costaba 290 pesos, para 2017 su costo era de 324 pesos, al día de hoy se vende por encima de los 500 pesos.
3.- Si tomamos en cuenta que el salario mínimo no rebasa los 150 pesos, esto quiere decir que para comprar un tanque de gas se debe ahorrar más de 3 jornadas de salario, sin destinar un solo peso a otras necesidades.
4.- Además de los aumentos de precios, están los abusos de empresas que tienen el monopolio y juegan con las necesidades de las familias trabajadoras, vendiendo tanques a sobre precio o aumentando el costo del gas estacionario a placer, sin ninguna oportunidad que una persona pueda hacer algo contra esto. Cinco grandes empresas controlan la distribución del gas doméstico, los principales grupos gaseros que operan en México son Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza Fuentes, que desde Baja California controla la mayor parte de la región noroeste del país junto con Zeta Gas, de su hermano Miguel Zaragoza Fuentes. En este listado de los G5 está también Gas Uribe, que dirige Óscar Uribe, y que tienen alta penetración en el Valle de México y sus alrededores, donde también comparte el reino de esta zona con Vela Gas, de Lázaro Bello.
5.- El gobierno federal, el 28 de Julio, por medio de la Secretaria de Energía, emitió un decreto, “Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo”, en donde se
ponen topes al costo del gas. Además, se dictamina la creación de una empresa pública de gas para distribuirlo a bajo costo.
7.- Ante estas iniciativas, las empresas privadas y distribuidores intentan realizar un paro y detener la distribución del gas doméstico. Su intención es clara, forzar al gobierno para dar marcha atrás en el tope del precio del gas y en la creación de la empresa pública.
8.- Está medida es un claro ataque, no sólo al gobierno sino a las familias trabajadoras, que hemos sido las más afectadas por el incremento del precio y por el posible “paro” para detener la distribución de gas.
9.- Los dueños de las grandes empresas privadas buscan solamente la generación de ganancias, en última instancia dejan el satisfacer una necesidad, el caso de la industria de la distribución del gas es un gran ejemplo de esto.
10.- Aquellos productos y servicios que atiendan una demanda fundamental debería estar nacionalizados y bajo el control democrático de los trabajadores y la sociedad para garantizar el uso del agua el gas, la comida, la salud, etc. No se debería lucrar con nuestras necesidades.
11. Tanto el gobierno como los sectores organizados de los trabajadores no podemos permitir chantajes de las empresas gaseras. Toda aquella empresa que se nieguen a distribuir gas, debería de quitársele la concesión inmediatamente y proceder a su expropiación sin indemnización y se debería apoyar en comités barriales y de los trabajadores para garantizar su distribución y asegurar el control de precios.
12.- Nuestra vida y nuestras necesidades primordiales deben estar por encima de los negocios de un puñado de millonarios. Si la amenaza del “paro” se concreta y se profundiza, deberíamos preparar una respuesta obrera y popular contundente, en los barrios y en los centros de trabajo, creando comités de lucha y abastecimiento.
6.66 millones acudieron a votar a la consulta popular del 1° de agosto, de los cuales el 97.72% (6.5 millones) votó por el “Sí”, 1.54% optó por el “No” y el 0.73% anuló su voto; el resultado quedó lejos del porcentaje necesario para que el resultado sea vinculante, ya que sólo participó el 7.7% del padrón electoral nacional.
La derecha y los sectores de la cúpula empresarial optaron por boicotear la consulta y festejan “el fracaso” de la misma; los dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional, partido en el gobierno, sin dar mayor explicación, difunden que ganó masivamente el “Sí” de manera abrumadora. El comité promotor de la consulta denunció las maniobras del Instituto Nacional Electoral (INE) para entorpecerla y correctamente ha llamado a continuar la lucha para crear una Comisión de la Verdad que esclarezca los crímenes cometidos por los expresidentes y los funcionarios públicos de los gobiernos anteriores.
Los resultados nos deben llevar a la reflexión, sin discursos triunfalistas sin contenido, ni proyecciones derrotistas y catastróficas, del balance, debemos sacar todas las conclusiones políticas necesarias y aprender, para continuar la lucha.
Imagen obtenida del INE. Resutaldos de la Consulta Popular
La derecha boicotea la consulta popular
El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa (Carlos Marx, Manifiesto del Partido Comunista).
En la mente de millones de personas prevalece la idea de que Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser castigados, incluso una encuesta difundida por el periódico “El Financiero” el día 28 de julio, el cual no tiene ningún tinte progresista, arrojaba en sus resultados que el 77% de los encuestados deseaban que los expresidentes tenían que ser llevados a juicio.
Durante los sexenios anteriores miles de empresas públicas fueron privatizadas, derechos laborales y sociales fueron eliminados. Ocurrieron masacres al mando de fuerzas federales en comunidades indígenas, campesinas de Aguas Blancas, Guerrero (1995); Acteal, Chiapas en 1997; El Charco, Guerrero (1998), se implementaron operativos policiacos en contra del movimiento estudiantil, como es el caso de la ruptura violenta de la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2000 a manos de la entonces Policía Federal Preventiva; en contra la comunidad campesina de Atenco, Estado de México, en el año 2006; ese mismo año contra la huelga minera en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán o contra el movimiento magisterial en el año 2016 en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca.
Además, la mal llamada guerra contra el narco, del gobierno de Felipe Calderón, que dejó miles de familias desplazadas, miles de civiles muertos o desaparecidos . No olvidemos la reciente desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero en el año 2014.
Implementaron iniciativas para favorecer a un puñado de grandes empresarios y banqueros, como es el caso del rescate millonario que realizó el gobierno de Ernesto Zedillo, mediante el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario —Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (IPAB-Fobaproa)— y cargó esa deuda sobre la espalda de millones de familias de la clase trabajadora, convirtiendo la deuda privada en deuda pública.
En resumen, los gobiernos anteriores fueron fieles servidores de los grandes capitalistas, incentivaron sus negocios y cargaron la crisis sobre la espalda de los trabajadores; además, no dudaron en utilizar la mano dura contra las protestas obreras, populares o estudiantiles.
En septiembre de 2020, fue presentada una propuesta para la consulta que tenía como finalidad preguntar a la población si consideraba que era necesario llevar a juicio a los expresidentes. Dicha pregunta fue modificada sustancialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando un texto ambiguo y sin señalar a los responsables.
La pregunta original era:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Foto INE. La SCJN cambió la pregunta original, para dar paso a una redacción ambigua
El INE decidió postergar la consulta 2 meses después de las elecciones intermedias, colocar solamente un tercio de las casillas que en una elección federal (en total fueron colocadas 57,000 casillas) y la promoción de la misma fue deficiente, la única manera de saber el lugar donde se encontraba tu casilla era acceder a la página web del INE, no se contemplaron casillas especiales para aquellas personas que por su trabajo o cuestiones personales no se encontraban cerca de su domicilio. Existen denuncias sobre el cambio de la dirección de las casillas de última hora, varias de estas fueron colocadas en lugares inaccesibles.
La organización de la consulta fue ineficiente y destinada a mermar la participación de una institución que en teoría debería ser un “árbitro neutral” en la contienda, que trabajó en sintonía con los objetivos de la derecha, en particular el consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, consejero electoral.
Tras conocerse el resultado, los presidentes nacionales y políticos del PRI, el PAN, del casi extinto PRD, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otros, declararon de manera uniforme y triunfalistas que la consulta fue un rotundo fracaso. Medios de comunicación como El Universal, El Financiero, Milenio, Reforma y las televisoras, repitieron el mismo mensaje en sus artículos y columnas de sus analistas. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de México, Gustavo de Hoyos, se alegró que la participación solamente haya sido de un 7% del padrón electoral.
No podemos acusar a la derecha y a un sector de la cúpula empresarial de no tener un plan y un objetivo, pues lo tenían claro: boicotear la consulta. Actuaron conforme a lo que suponemos acordaron, y se apegaron al guion establecido. Ahora, festejan que solamente el 7.7% del total del padrón electoral haya acudido a la votación y se lo adjudican como un logro y triunfo.
Levantaron una consigna: “¡La ley no se consulta, se aplica!”; pusieron énfasis en los costos de la consulta, la cual tuvo un presupuesto de 528 millones de pesos, jugando con la sensibilidad de la mayoría de la población que se ha visto afectada por los efectos de la crisis económica; transmitieron la idea de que la consulta no era para enjuiciar a los expresidentes, debido a la ambigüedad de la pregunta, por supuesto no explicaron que la pregunta fue cambiada por la SCJN.
Los dirigentes del PRI y del PAN no asumieron la misma posición respecto a la ley, cuando se intentó detener al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por sus posibles vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero o de los encarcelados e implicados en los desvíos millonarios durante el sexenio de Peña Nieto, conocidos como la estafa maestra. La consigna de la derecha sobre la aplicación de la ley es selectiva y tiene un doble rasero, en estos casos no aplica, pues acusan de persecución política a sus militantes vinculados con estos delitos y crímenes.
Tras los resultados de la consulta, la derecha y a quienes sirven y sirvieron los expresidentes, festejan la posible impunidad, demostrando que el Estado, sus instituciones y sus leyes obedecen a la clase dominante, aplicando mano dura contra los trabajadores y los sectores populares y otorgando impunidad a los ricos y poderosos.
El carácter del Estado y sus instituciones no ha cambiado, incluso con el actual gobierno, sirven a los intereses de los grandes capitalistas.
Una locura, dicen que para “adelantar tiempo”, desde la una de la tarde están cancelando las boletas en varias mesas electorales. #AltoboicotdelINE.
(Esto en Tamaulipas). pic.twitter.com/vQmOiaTzAx
El principal obstáculo en el camino de la transformación de la situación pre-revolucionaria en revolucionaria consiste en el carácter oportunista de la dirección proletaria, su cobardía pequeño-burguesa y la traidora conexión que mantiene con ella en su agonía. (León Trotsky, El programa de transición).
El comité promotor de la consulta fue formado por Omar García, que sobrevivió a la noche en la cual desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa; la estudiante Ariadna Bahena; la periodista Alina Duarte y el periodista Epigmenio Ibarra. Quienes se encargaron de recorrer el país, conformar comités regionales para la promoción y la observación del ejercicio realizado el 1° de agosto.
A la promoción se sumaron sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos democráticos, organizaciones sociales, estudiantiles, populares y campesinas. Incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya comandancia ha tenido una postura muy crítica respecto a la participación electoral, llamó a la participación “no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas”, con la finalidad de “arrancar una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas”. En las comunidades zapatistas (12 caracoles que incluyen 756 poblados) el resultado fue unánime por el “Sí”.
Es importante mencionar que los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización que encabezó las protestas contra la imposición de la construcción del nuevo aeropuerto y fueron duramente reprimidos durante el sexenio de Vicente Fox, se sumó a la promoción de la consulta, como también lo hicieron las madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Por su parte el Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad “19 de junio”, de Nochixtlán, Oaxaca; el cual se formó tras la violenta represión contra el movimiento magisterial-popular en el año 2016 en la que fueron asesinados 11 maestros y pobladores a manos de la Policía Federal; participó en la consulta con la finalidad de iniciar contra los expresidentes, “no solo procesos de esclarecimiento, como lo señala la pregunta de la consulta popular, sino que debe garantizarse al pueblo de México que esos criminales sean juzgados y llevados a la cárcel, no sólo por sus decisiones políticas, sino también por los hechos de corrupción y todos los delitos de lesa humanidad cometidos por órdenes suyas”.
Por su puesto que a la promoción y difusión de la consulta también se sumaron miles de simpatizantes y militantes de base de Morena y la Cuarta Transformación, que contrastó con el ostracismo que prevaleció en la mayoría de sus dirigentes estatales y nacionales y personalidades favorecidas con candidaturas y puestos de elección popular en las recientes elecciones.
A pesar de las adversidades, del inicio de la tercera ola de COVID-19, y del boicot de la derecha y el INE, brigadas estuvieron presentes en parques públicos, recorrieron las calles, repartieron volantes, pegaron carteles y colgaron mantas, en un ejercicio militante realizado por diversas vertientes de la izquierda en nuestro país.
Los 6.6 millones que votaron por el “Sí”, sin duda representa un núcleo duro y el sector más militante y consciente de la izquierda y las organizaciones de los trabajadores de nuestro país, pues en algunos lugares encontrar las casillas no fue una situación sencilla y fácil.
La participación fue mayor a las consultas y plebiscitos realizados en nuestro país en años anteriores: en el Plebiscito por la Reforma Política del Distrito Federal (1993) participaron 330,812 personas; en la Consulta sobre el Fobaproa (1998) participaron 2 millones 100 mil; en la Consulta sobre el aeropuerto de Texcoco (2018), participaron 1 millón 69 mil 870.
El resultado es producto del esfuerzo militante de miles de activistas a nivel nacional, pero también saca a relucir las limitaciones de la dirigencia política de Morena, la mayor fuerza política de izquierda en nuestro país.
Andrés Manuel López Obrador durante meses mantuvo una postura ambigua, que generó confusión entre algunos sectores. Realizó declaraciones acerca de que no votaría en la consulta, posteriormente cambio de punto de vista y dijo que votaría, pero optaría por el “No”, bajo el argumento de que podía ser acusado de querer tomar venganza utilizando su investidura presidencial. Al final no votó, porque se encontraba en una gira de trabajo en el Estado de Nayarit; su postura, debido al peso político que tiene ante millones de personas, sin duda provocó la falta de interés de un sector de la población.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, vinculado a uno de los sectores más conservadores de la 4T, con vínculos bastante estrechos con la burocracia del Estado y algunos sectores empresariales, sus prácticas son más parecidas a la de un burócrata responsable del archivo de una oficina gubernamental, que a la de un dirigente político de un partido que pretende realizar un proceso de transformación social. Vinculado al grupo del canciller, Marcelo Ebrard, su trayectoria política ha sido en las oficinas de gobierno, detrás de los escritorios, no frente a asambleas, mítines, o grupos de orientación política o ideológica. Su papel nuevamente fue nulo en el desarrollo de la consulta, salvo algunas declaraciones de protocolo respecto a la consulta, su presencia pasó desapercibida.
Mientras la derecha avanzaba en su objetivo, un sector de la dirigencia de la 4T vacilaba o enviaba mensajes confusos. La dirigencia política de los sectores en pugna es decisiva en la lucha de clases.
La política de conciliación con sectores de la oligarquía y la derecha, y de visualizar a la organización política como una herramienta puramente electoral y como agencia de colocación de puestos, sigue mermando los procesos de organización de los trabajadores y sectores populares vinculados a la 4T. Los resultados obtenidos en las elecciones de junio pasado y ahora; deben ser analizados seriamente y extraer todas las conclusiones.
Las lecciones de la consulta popular
“Ni reír ni llorar, sino comprender” Baruch Spinoza
El Comité Promotor ha llamado el 8 de agosto a una concentración en el Zócalo, con la finalidad de discutir una ruta para conformar un Tribunal Popular que apoye la necesidad de construir una Comisión de Verdad para esclarecer los crímenes y deslinde responsabilidades, esta ruta es correcta y debe ser apoyada sin titubeos por las organizaciones de izquierda, de los trabajadores y por la propia 4T.
El propio AMLO puede llamar a rendir cuentas a los expresidentes, y convencer a algunos sectores que se dejaron llevar por la campaña de la “ley no se consulta” o de la ineficacia de la consulta. Esas medidas, junto con un llamado masivo en las calles, barrería cualquier intento de la derecha por frenar la conformación de una Comisión de la Verdad con la finalidad de enjuiciar y llevar a la cárcel a los expresidentes.
Debemos sacar conclusiones de los resultados de la consulta, la ambigüedad y las muestras de debilidad incitan a la agresión de la derecha.
Algunos argumentan que avanzar en ese sentido violentaría el resultado de la consulta y que lo mejor es dar un paso atrás. Esta posición no haría sino envalentonar aún más a la derecha, la cual, por cierto, aún no cuenta con una base social que pueda movilizarse masivamente.
La fortaleza de un proceso de transformación, si es que verdad quiere implementarlo en la realidad y no sólo en el discurso, radica en la organización y la movilización popular y de los trabajadores.
Una política audaz y decidida para otorgarle justicia a las víctimas, de recuperación de los derechos arrebatados, de nacionalización de las empresas privatizadas y para revertir todos las afrentas de los sexenios anteriores hacia los trabajadores y los sectores populares, inmediantamente despertaría el apoyo entusiasta de millones de jóvenes y trabajadores del campo y la ciudad.
La consulta nuevamente nos ha revelado a quién obedece el Estado y sus instituciones, la SCJN y el INE trabajaron para mermar la participación en este proceso y por consecuencia para darle continuidad a la impunidad a los crímenes de los expresidentes. El Estado no se tiñe del color del partido en el gobierno, por su puesto que pueden existir algunos peculiariedades, pero en general continúa sirviendo a los intereses de los grandes capitalistas. La derecha es la expresión política que mejor sirve para defender estos intereses.
La justicia no vendrá de los cúpulas de los tribunales o las instituciones del Estado, estas siempre se resistirán para castigar a los poderosos. Las conseciones que se han otorgado en los margenes de este sistema han sido productos de la organización de la clase trabajadora y movilización multitudinaria en las calles, la justicia para las víctimas de las políticas de los gobiernos anteriores se obtendrá de manera similar.
El llamado del comité promotor debe culminar en la conformación de un gran frente nacional de lucha, de víctimas y agraviados, tomando como referencia la experiencia la campaña de la consulta en la cual participaron diversos referentes, organizaciones y expresiones, que plantee una serie de demandas como el castigo a los expresidentes, el castigo y la cárcel a los represores y obligue al actual gobierno a actuar en consecuencia.
Foto: Izquierda Socialista. Una de las brigadas de la Izquierda Socialista difundiendo la consulta popular y la necesidad de construir una alternativa socialista y revolucionaria
Los marxistas acompañaremos este proceso como lo hicimos en la promoción y participación de la consulta, planteando nuestras ideas, de una manera paciente, no arrogante, ni con últimatums estridentes y la necesidad de construir una alternativa revolucionaria y socialista a lo interno del movimiento de los trabajadores y de los sectores populares.
