La clase obrera húngara está despertando y el movimiento estudiantil radical está allanando el camino para realizar protestas en todo el país. Desde mediados de diciembre se han organizado protestas a lo largo y ancho del país contra la prolongación de las horas de trabajo. Por primera vez el primer ministro Victor Orbán está bajo presión.
El 12 de diciembre, Fidesz, el partido en el gobierno desde 2010, impulsó una nueva contrarreforma a la Ley de Horas de Trabajo, también conocida como la “ley esclavista”, utilizando su mayoría absoluta en el parlamento. Esta nueva medida hará que sea legal para los empresarios exigir 400 horas de tiempo extra por año, y los salarios por las horas extra no tendrán que pagarse durante tres años. De hecho, esto significa la introducción a nivel nacional de una semana de seis días o un año de 14 meses. Orbán enfatiza que este aumento de las horas extraordinarias es “voluntario” y que “los húngaros quieren trabajar más tiempo”.
Durante la mayor parte del período posterior a la reintroducción del capitalismo en Hungría (a principios de la década de 1990), los socialdemócratas (ex-estalinistas) estuvieron en el gobierno, a menudo en alianza con los liberales. El último gobierno de este tipo, que actuó como un agente a sueldo para supervisar la venta de Hungría a compañías occidentales, se derrumbó en 2010 en un pantano de mentiras y un Estado al borde de la bancarrota. El castillo de naipes cayó cuando las ilusiones políticas de las masas en el reformismo se derrumbaron y abrieron el camino para que Orbán llegara al poder. Orbán ha utilizado todos los recursos económicos disponibles para desarrollar la clase burguesa húngara y así asegurar una clientela de unos dos millones de votantes para Fidesz. Así, el crecimiento económico y el uso demagógico de la desesperación política de las masas son columnas centrales de apoyo a su gobierno.
“El administrador de las corporaciones”
En contraste con su retórica nacionalista y su abierto racismo, el modelo político-económico de Orbán depende totalmente del capital internacional. Los fondos para infraestructura que aporta la UE y las inversiones de compañías automovilísticas alemanas son económicamente decisivos, superados solo por los contratos económicos con China y Rusia.
Los subsidios de la UE representan hasta el 5 por ciento de la producción económica húngara. Fluyen en una red de redes de empresas afiliadas a Orbán. El más conocido de la nueva clase de “capitalistas estatales” húngaros es el fontanero Mészáros, cuya riqueza se ha multiplicado por veinte en pocos años, y solo en 2017 fundó 82 nuevas empresas y recaudó 1.000 millones de euros en contratos estatales.
La riqueza de Mészáros se estima en 350 millones de euros. Pero esto corresponde solo al beneficio anual de la filial húngara del fabricante de automóviles alemán Audi. Opel, Mercedes-Benz, Suzuki y BMW generan aproximadamente un tercio de las exportaciones húngaras y emplean a decenas de miles de trabajadores. El gobierno húngaro garantiza a estas corporaciones las ganancias más altas y los impuestos más bajos (9 por ciento), una contribución a la seguridad social baja (menos del 20 por ciento del salario) y gran cantidad de mano de obra. Mientras tanto, el gasto en educación y el sistema social se están reduciendo permanentemente, mientras que es literalmente peligroso ser admitido en un hospital público húngaro y no tener dinero para sobornar a los médicos.
En casi todas las fábricas, los flujos de producción se establecieron antes de que hubiera representación de los trabajadores. En consecuencia, las condiciones son altamente explotadoras y las huelgas fueron prohibidas de facto en 2013. Los salarios en Hungría son los terceros más bajos de la UE. Con el fin de garantizar que los grandes salones de actos no se queden sin trabajadores mal pagados, las horas de trabajo ya se han ampliado en los últimos años, la asistencia escolar obligatoria se ha reducido en un año, el acceso a las universidades para jóvenes de familias de la clase trabajadora se ha hecho más difícil y se ha hecho obligatorio que los estudiantes participen en la producción sin recibir salario utilizando la figura de las pasantías.
Pero este débil modelo económico está bajo presión. Por un lado, fuerzas poderosas están presionando para que la ayuda regional de la UE se reduzca a Europa del Este. Por otro lado, la desaceleración económica general significa una reducción de las inversiones. Al mismo tiempo, el modelo de desarrollo de Hungría, como el paraninfo de Europa, se está quedando sin fuerza de trabajo. Entre medio millón y un millón de trabajadores húngaros se han mudado al extranjero en busca de una vida mejor. Por lo tanto, la “ley esclavista” tiene dos resultados: los trabajadores húngaros se vuelven esclavos de sus compañías, y también es una expresión de la debilidad de Orbán, plantada bajo los talones del capital occidental, principalmente el alemán. Los patrones de las multinacionales se benefician mucho del clima de inversión en Hungría, donde los salarios son bajos, los sindicatos son débiles, los impuestos son mínimos y el Estado está dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerlos sentir cómodos.
Protestas en la calle
Ya a principios de diciembre, hubo protestas más pequeñas por aumento de salarios, contra la nueva ley laboral y contra el gobierno de Orbán en general. Inicialmente, había entre 2 y 3.000 estudiantes y trabajadores bloqueando algunos de los puentes del Danubio, marchando hacia el edificio del gobierno e intentando romper las barricadas policiales para entrar al parlamento.
Las protestas se intensificaron en los días siguientes, hasta que finalmente, el 16 de diciembre, 20.000 personas se encontraron en las calles de Budapest manifestándose contra Orbán y su partido Fidesz. Trabajadores, estudiantes, políticos de todos los partidos de oposición, sindicatos y ONG’s acudieron a la manifestación. Ondearon banderas de la UE, banderas del partido de extrema derecha JOBBIK, pero también banderas rojas: una novedad en las calles de Budapest. Por primera vez, muchas personas también se unieron a manifestaciones en ciudades más pequeñas, como Györ, Szeged, Miskolc, Debrecen, Veszprém y Békescsaba. Las consignas eran muy generales e incluían: “Orbán: vete a la mierda”, “Democracia”, “Es suficiente”. Probablemente el más conocido es: O1G (“Orbán egy geci” / “Orbán es una eyaculación de mierda”). Por supuesto, los años de propaganda estatal, así como las innumerables traiciones de los llamados líderes sindicales, significan que existe una gran confusión política entre las masas. Sin embargo, estos eventos representan una reacción contra la clase dominante.
Durante las manifestaciones, algunos miembros del parlamento de los partidos de oposición intentaron ingresar al edificio de la televisión estatal (MTV) para leer en voz alta las demandas de los manifestantes. Esto recuerda simbólicamente a la Revolución húngara de 1956, cuya memoria está muy viva en la sociedad.
La caída de Orbán: la caída de capitalismo
Las masas han sido despertadas por la reforma inhumana de Orbán y obligadas a salir a la calle. En 2017, hubo grandes protestas por la expulsión de la Universidad Centroeuropea del país. Estas protestas fueron muy pacíficas (“tomados de la mano por la democracia”) y fueron ignoradas por la policía. El movimiento actual tiene un nuevo carácter: no es la clase media timorata y liberal la que toma las calles, sino los jóvenes radicales y los trabajadores enojados y unos pocos “chalecos amarillos”. La gente está enormemente insatisfecha y se ha desarrollado su conciencia de que a la explotación de clase de los que están arriba debe presentársele oposición a través de la solidaridad de quienes están debajo. El aparato estatal está reaccionando y, por primera vez, la policía está tomando medidas enérgicas. Mientras tanto, los medios de comunicación controlados por Fidesz están disparando todos sus cartuchos: el número oficial de manifestantes está siendo subestimado y descrito como una mezcla de enemigos del cristianismo, judíos y anarquistas que fueron reclutados por George Soros.
El aparato de Fidesz definitivamente quiere evitar que las capas atrasadas de la clase trabajadora se introduzcan en el movimiento, pero en el contexto de las enormes presiones que se acumulan sobre estas capas, es más probable que esto suceda tarde o temprano. En contraste con la pseudocrítica liberal hacia el régimen de Orbán, hoy la vida de la clase obrera es el epicentro de la resistencia a Orbán.
La parte más dinámica del movimiento son los estudiantes. A finales de 2018, los estudiantes de ciencias sociales fundaron una organización estudiantil (“Hallgatói Szakszervezet”). Su objetivo inicial era luchar por los derechos de los estudiantes, contra los altos costos de matrícula, el bajo número de becas y los altos alquileres; y por la libertad académica en general. Desde la introducción de la “ley esclavista”, han ampliado sus perspectivas y están luchando al lado de los sindicatos, especialmente de los trabajadores metalúrgicos, el sindicato más combativo. Juegan un papel central y, a veces, principal en las protestas (especialmente en los bloqueos de calles).
Su consigna más importante es “trabajadores y estudiantes unidos”. La mayoría de los sindicatos son muy cautelosos en la forma en la que abordan estas coyunturas. Por lo general, le dan un ultimátum al gobierno y, de acuerdo con el debate y las críticas internas, amenazan con una huelga general en la que los líderes de los sindicatos realmente no tienen confianza. En realidad, los líderes sindicales esperan que, por primera vez puedan ser reconocidos como socios negociadores por el gobierno de Orbán.Los acontecimientos del 19 de enero serán importantes para la continuación inmediata de la lucha pues será el próximo día de acción a nivel nacional, y se está coordinando principalmente en las redes sociales. Pero independientemente de cómo se desarrolle esta ronda de huelgas, la lucha contra la ley esclavista es un punto de inflexión en la historia reciente de Hungría. Las luchas laborales reivindicativas, que se pueden contar con los dedos de una mano en los últimos años, aumentarán. Esto se derivará de la nueva ley, combinada con la escasez general de mano de obra, que otorga a los trabajadores más influencia y, sobre todo, del despertar político de la clase trabajadora y la juventud.
Las organizaciones estudiantiles, que ya son la fuente de inspiración más importante para los activistas de la clase trabajadora, podrían desempeñar un papel central en este proceso. A los ojos de la Corriente Marxista Internacional la consigna popular: “Estudiantes libres: trabajadores libres” significa la liberación de la clase obrera y de los jóvenes de un sistema capitalista en crisis, porque la crisis en Hungría es solo una expresión de una crisis capitalista internacional.
La burguesía autoritaria y mafiosa que gestiona la mesa de trabajo barata de las empresas extranjeras, se corresponde con lo que el capitalismo tiene para ofrecer a la clase trabajadora de la “periferia” de Europa. La integración desigual de Hungría en el mercado mundial no permite objetivamente que una vida digna para los trabajadores y sus familias se logre a través de reformas dentro del capitalismo. Por lo tanto, decimos: ¡no a la ley esclavista, abajo Orbán, por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
El movimiento de los chalecos amarillos es un seísmo social de una potencia excepcional. Es un punto de inflexión en el curso de la lucha de clases en Francia, y una fuente de inspiración para los trabajadores del mundo entero. Tendrá un impacto profundo y duradero en la vida política del país.
Los cientos de miles de explotados y oprimidos que se movilizaron el 17 de noviembre lo hicieron en muchos casos por primera vez en su vida. No fue una movilización de la capa más organizada de los trabajadores. Tampoco fue una movilización sólo de asalariados, ya que participaron también artesanos, pequeños campesinos, jubilados, etc. En consecuencia, este movimiento fue y sigue siendo políticamente heterogéneo. Aquellos que se lamentan soñando con una “revolución pura”, en palabras de Lenin “no entienden lo que es una verdadera revolución”, que por definición moviliza a las capas más profundas del país. La muy numerosa presencia de mujeres en los bloqueos y manifestaciones es un ejemplo evidente de esto.
El RIC y el “poder para el pueblo”
El Referéndum de iniciativa ciudadana (RIC) ha emergido como la demanda democrática central de los chalecos amarillos. Su principio es simple: si un número suficiente de ciudadanos lo pide, debe poder celebrarse un referéndum sobre cualquier tema de interés público (leyes, la constitución, el despido de un representante electo, etc).
La popularidad de esta demanda indica la profunda desconfianza hacia las instituciones de la democracia burguesa. Esto no es sorprendente: durante décadas, la derecha y la “izquierda se han ido pasando el poder la una a la otra para llevar a cabo básicamente las mismas políticas reaccionarias. En el parlamento, la mayoría de los representantes del pueblo han organizado el saqueo de éste en beneficio de unos cientos de grandes familias capitalistas.
La crisis del capitalismo socava las bases materiales de la democracia burguesa. Las instituciones de la Quinta República se muestran cada vez más como una gran maquinaria con la función de crear la ilusión de que “la mayoría decide”, cuando en realidad una pequeña minoría lo controla y lo decide todo.
En este contexto, se percibe el RIC como un medio de intervención directa de la gente en los asuntos del país: una manera de imponer su voluntad pasando por encima de las instituciones oficiales y “democráticas”. En este sentido, la demanda del RIC tiene un subtexto potencialmente revolucionario. Los chalecos amarillos acompañan esta demanda con otra consigna: “¡Poder para el pueblo!”. Esto, a su vez, está conectado con una serie de demandas sociales (salarios, pensiones, etc).
Los políticos burgueses han comprendido esto y, consecuentemente, muestran sus reservas en lo que respecta al RIC. Por ejemplo, es obvio que un referéndum revocatorio del Presidente de la República, a mitad de mandato, sería fatal para Macron. Conscientes de esto, los que se oponen a este referéndum promueven el lamentable argumento de la “estabilidad de las instituciones”. En nombre de esta “estabilidad” se pide a las masas dejarse robar por Macron hasta el fin oficial de su mandato en mayo de 2022.
No obstante, hay que comprender que no todos los políticos burgueses rechazan el RIC categóricamente, ya que algunos de ellos creen que pueden neutralizar este mecanismo y desarmarlo para que resulte inofensivo para los intereses y el poder de la clase dirigente. Éste ya es el caso de determinadas democracias capitalistas como Italia y Suiza, donde la posibilidad de convocar referéndums no reduce la dominación económica y política de la burguesía. Por tanto, en Francia no se puede descartar que, con la esperanza de debilitar a los chalecos amarillos, el gobierno tome la iniciativa y abra la posibilidad de organizar referéndums, estrictamente delimitados para garantizar la “estabilidad” del sistema.
Por una democracia obrera
El movimiento obrero debe explicar el peligro de cooptación del RIC por parte de nuestros adversarios de clase. Si debe ser tan solo un simple correctivo de la maquinaria “democrática” de la Quinta República, el RIC acabará siendo “neutralizado” inevitablemente. Por este motivo, es necesario romper la maquinaria entera del Estado burgués y sustituírla por los órganos democráticos de la clase obrera, conectados entre sí a nivel local y nacional por medio de un sistema de delegados electos y revocables. No se puede compartir el poder con los capitalistas (“para ellos las instituciones burguesas, para nosotros el RIC”), sino que hay que quitárselo de manera total. E incluso si la demanda del RIC, defendida por los chalecos amarillos, progresa, el “poder para el pueblo” sólo será efectivo en forma de gobierno obrero, confiando en los cuerpos democráticos arraigados en lugares de trabajo, barrios, servicios públicos, etc. Estos órganos, además, no caen del cielo, sino que deben emerger de la propia lucha. La ausencia de estos cuerpos democráticos es precisamente una de las debilidades de los chalecos amarillos.
Finalmente, una democracia obrera auténtica presupone el control del aparato productivo por parte de los propios productores: la clase trabajadora. Mientras un puñado de parásitos gigantes sean los propietarios de los bancos y de los principales medios de producción, no habrá democracia real. Bajo el capitalismo, la democracia se detiene en las puertas de las empresas, donde reina la dictadura de la dirección y de los accionistas. Por contra, el socialismo presupone el control democrático de la producción por parte de los propios trabajadores a nivel local y nacional en el contexto de una economía planificada, que pretenda satisfacer las necesidades del mayor número posible de gente.
Las demandas democráticas y sociales de los chalecos amarillos no se pueden satisfacer plenamente sin una revolución socialista. En el escenario actual, esta idea no es en absoluto evidente para todo el mundo, pero la experiencia es una gran maestra.
Desplazamientos hacia la izquierda
A lo largo de las semanas la orientación política dominante de este movimiento se ha ido afirmando cada vez más: contra los impuestos a los pobres, por los impuestos a los ricos, por mejores salarios, mejores pensiones, mejores servicios públicos… Y, en definitiva, contra el “gobierno de los ricos”, por “el poder del pueblo”. La reivindicación del RIC es la expresión inmediata, transitoria, de esta aspiración de las masas a tomar su destino en sus manos. Al calor de la lucha colectiva su conciencia política da pasos de gigante. Y esto es sólo el principio.
Esta orientación del movimiento hacia la izquierda ha suscitado la hostilidad creciente de todas las fuerzas reaccionarias, incluyendo a esos políticos de derechas y de extrema derecha que, al principio, le dieron un “apoyo” envenenado e interesado. Laurent Wauquiez se ha quitado rápidamente su chaleco amarillo, después incluso ha negado haberlo llevado. Marine Le Pen se ha ocultado en la sombra, como siempre que el pueblo lucha. Por contra, los mejores militantes de la izquierda y del movimiento sindical han aportado a los chalecos amarillos un apoyo cada vez más entusiasta. Y es la Francia Insumisa, pese a todas sus carencias, la que ha aparecido como la organización política más acorde con el movimiento. Todo esto tendrá implicaciones políticas en un momento dado.
La perspectiva de la burguesía
No se puede prever la evolución del movimiento en las próximas semanas. Es posible que se desarrolle de nuevo desde el mes de enero. Sea como sea, un movimiento de esta naturaleza y de esta envergadura no puede ser un simple paréntesis entre dos fases de relativa estabilidad social. Es, por el contrario, el comienzo de una fase de aceleración de la lucha de clases.
La burguesía es consciente de esto. Le Figaro del 2 de enero se preguntaba: ¿Podrá Macron llevar a cabo sus reformas en 2019? Buena pregunta, a la que el politólogo Jérôme Sainte-Marie contesta: “Toda reforma liberal que aparezca como una exigencia de sacrificios inmediatos puede reactivar la movilización. Estos próximos meses Macron deberá dirigir el país bajo esta amenaza permanente de bloqueo”. Precisamente, en 2019 el gobierno ha previsto atacar las pensiones, las prestaciones por desempleo y la función pública, entre otros. Cada una de estas ofensivas es susceptible de reavivar el brasero social, como cada intento de imponer nuevos sacrificios a la masa de la población con el solo objetivo de defender los beneficios de la gran patronal.
Ciertos observadores sugieren a Macron que haga “una pausa” en las reformas, con vistas a iniciar un “giro social”. Pero para la burguesía francesa esto no está en discusión. Esta no puede tolerar la menor pausa en la destrucción sistemática de nuestras conquistas sociales: se trata de la competitividad del capitalismo francés, en declive desde hace tres decenios en todos los mercados (mundial, europeo y nacional). Dicho de otro modo, incluso si la burguesía teme nuevas explosiones sociales, no tiene más opción que correr ese riesgo. Y para liderar esa lucha no tienen una alternativa inmediata al gobierno de Macron. No tienen ninguna garantía de que unas elecciones legislativas anticipadas lleven a un gobierno sólido de la derecha. Por tanto, en los meses que vienen, se agarrarán a Macron, a falta de algo mejor, a pesar de su arrogancia visceral, de su comunicación arriesgada, del odio que despierta entre las masas y de las nuevas noticias sobre Alexandre Benalla, el Rasputín del Eliseo.
El movimiento sindical
La burguesía cuenta también con la moderación de los dirigentes sindicales. ¡Ah, cómo lamenta que los chalecos amarillos no tengan también dirigentes “razonables”, abiertos al “diálogo”, al “acuerdo”, y que se conformen con organizar inofensivas “jornadas de acción” de vez en cuando! El 12 de diciembre, Le Figaro hacía esta confesión: la CGT “ha canalizado el descontento popular a lo largo de un siglo. La crisis de los chalecos amarillos ha demostrado hasta qué punto ese saber hacer era precioso. Y hasta qué punto la crisis general del sindicalismo es un problema”.
De hecho, las direcciones sindicales no han ejercido el menor control sobre el movimiento de los chalecos amarillos. Laurent Berger (CFDT) realmente lo ha insultado. Sacudida por una crisis interna, la dirección de FO ha estado ausente. En cuanto a la dirección de la CGT, esta ha faltado totalmente a su deber, que era apoyarse en la dinámica de los chalecos amarillos para poner en el orden del día una movilización general de la clase obrera, bajo la forma de un movimiento de huelgas prorrogables. En vez de esto, Martínez ha tomado cada vez más distancia respecto de los chalecos amarillos, ha programado algunas jornadas de acción sin continuidad… Y finalmente ha ofrecido sus servicios al Eliseo para iniciar “negociaciones” entre gente razonable y “no violenta”.
La actitud de Martínez ha suscitado duras críticas en la base de la CGT, en la que muchos militantes han entendido la necesidad de apoyar al movimiento de los chalecos amarillos, pero también de apoyarse en su formidable energía para tocar a rebato contra el conjunto de la política gubernamental. La oposición interna a la dirección de la CGT se va a intensificar probablemente en los próximos meses, especialmente a la vista del congreso de mayo próximo.
Pero en lo inmediato la izquierda y el movimiento sindical deben tomarle la medida a la situación política y sacar conclusiones prácticas. El gobierno Macron está al borde del abismo. Podemos y debemos empujarlo. ¿Cómo? Si el movimiento de los chalecos amarillos recupera y aun supera el vigor que tenía a principios de diciembre, no se puede descartar que Macron se vea obligado a disolver la Asamblea Nacional. Pero el movimiento obrero no debe esperar pasivamente esa eventualidad. Debemos pasar a la ofensiva. ¡Que no se diga esta vez que “los trabajadores no quieren batirse”! Los chalecos amarillos han pulverizado este argumento. El problema no es la combatividad de las masas, es el conservadurismo de las direcciones sindicales. En unas semanas los chalecos amarillos han arrancado al gobierno más concesiones que las decenas de “jornadas de acción” de los últimos veinte años.
Para empezar, la cuestión de la huelga debe ser planteada y discutida con seriedad en los sindicatos, pero también en las organizaciones políticas de la izquierda. Debe llevarse a cabo una amplia campaña de agitación en las empresas, los barrios, las universidades, los institutos y, por supuesto, las asambleas de chalecos amarillos. La huelga debe ser preparada seriamente y en breve. Los chalecos amarillos han probado que Macron es mucho menos fuerte de lo que pretendía. El desarrollo de una huelga prorrogable le daría el golpe de gracia.
La situación social y política en Francia evoluciona a una velocidad vertiginosa. En menos de un mes, el desarrollo del movimiento de los chalecos amarillos ha puesto al país en el umbral de una crisis revolucionaria. En los próximos días, dicho umbral puede ser traspasado.
En La bancarrota de la II Internacional, Lenin enumeraba así las premisas “objetivas” de una revolución:
“1) La imposibilidad para las clase dominante de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las “alturas”, una crisis en la política de la clase dominante, que abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no suele bastar con que “los de abajo no quieran”, sino que hace falta, además que “los de arriba no puedan” seguir viviendo como hasta entonces
2) Una agravación, fuera de lo común, de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas.
3) Una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempos de “paz” se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda la situación de crisis, como por los mismos “de arriba”, a una acción histórica independiente.”
Es exactamente esto lo que está pasando en Francia. “La miseria y los sufrimientos” de las masas no han parado de agravarse estos últimos años. Pero es el “impuesto carbono” el que ha encendido el barril de pólvora. Este miércoles, en una cadena de televisión, una mujer con chaleco amarillo resumía la situación: “Hasta ahora, estábamos en el filo de la navaja económicamente. Ahora hemos caído”.
En consecuencia las masas se han lanzado a una “acción histórica independiente”, bajo la forma del movimiento de los chalecos amarillos, que ha creado las condiciones para una fuerte movilización de la juventud en los institutos y las universidades.
Por último, la “crisis en las alturas” no es una novedad. La victoria electoral de Macron, en detrimento de los dos grandes partidos “de gobierno” (PS y Republicanos), fue en sí misma una expresión de la crisis de régimen del capitalismo francés. Desde abril de 2017 esta crisis de régimen se ha manifestado de muchas maneras: abstención masiva en las elecciones legislativas, el asunto Benalla, la dimisión de Hulot, la dimisión de Collomb, etc. La arrogancia de Macron, sus pretensiones jupiterianas, sus múltiples insultos al pueblo han completado el cuadro, alimentando la furia y el odio de las masas hacia el poder. Todo esto ha ampliado la “grieta” en la cúspide del Estado, “por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas”, como escribía Lenin.
Un grupo de Gilets Jaunes negocia con los CRS y les dejan pasar al Arco del Triunfo. pic.twitter.com/4xDB5QalXp
En las tres últimas semanas la crisis gubernamental se ha agravado. En cuestión de pocas horas, la “moratoria” anunciada por el Primer Ministro se convirtió, por orden de Macron, en una anulación pura y simple de las subidas de impuestos previstas en enero de 2019. Asimismo Macron corrigió a la ministra Marlène Schiappa, que había sugerido públicamente restablecer el ISF. Los medios hablan de “cacofonía”, pero no es más que esto: el gobierno se divide porque ya no sabe cómo gestionar la crisis social. Están en pánico, y este pánico se lee también en los rostros pálidos de los periodistas que, desde hace año y medio, hacen el servicio posventa de la política gubernamental en los platós de televisión.
De este modo, las premisas objetivas de una crisis revolucionaria están dadas. También se puede añadir una a la lista de Lenin: el grueso de las clases medias apoyan al movimiento de los chalecos amarillos, como señalan todas las encuestas. Dicho esto, en el mismo texto Lenin explica que estas premisas objetivas por sí mismas no bastan para desencadenar una revolución: “la revolución no surge de cualquier situación revolucionaria, sino sólo en el caso en que, a todas las transformaciones objetivas enumeradas, se añade un cambio subjetivo, a saber: la capacidad, en lo que respecta a la clase revolucionaria, de llevar a cabo acciones revolucionarias lo bastante vigorosas como para quebrar completamente (o parcialmente) al viejo gobierno, que no “caerá” nunca, ni siquiera en época de crisis, si no se le “hace caer”.
La “clase revolucionaria” es la clase obrera (los asalariados). Es revolucionaria porque es la clase sin propiedad y porque su posición en el aparato productivo la destina a tomar las riendas del país, a derrocar el capitalismo y a reconstruir la sociedad sobre nuevas bases, bases socialistas. Hoy, como en época de Lenin, la movilización de los trabajadores es el factor decisivo de toda revolución. Para que la situación actual se transforme en revolución, hace falta pues “una movilización lo bastante vigorosa”, como escribió Lenin, de la clase obrera. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma vigorosa por excelencia, para que esta paralice la producción: un amplio movimiento de huelgas indefinidas.
Los militantes de Révolution han conseguido que se apruebe la siguiente resolución en las asambleas generales de estudiantes en la Universidad Toulouse Jean Jaurès y en la Facultad Paul Valéry de Montpellier:
“La Asamblea General da su apoyo al movimiento de los Chalecos Amarillos, así como a todos los trabajadores, estudiantes de secundaria y universitarios movilizados contra la política antisocial del gobierno Macron.
Ya no se trata hoy por hoy de luchar contra tal o cual ataque del gobierno, sino contra el conjunto de su política. Este gobierno ya no es legítimo. Hay que derrocarlo.
En esta perspectiva, el movimiento sindical debe poner en el orden del día una huelga general de 24 horas como punto de partida de un amplio movimiento de huelgas indefinidas.”
Desde el 17 de noviembre, visto el éxito de la movilización de los chalecos amarillos, las direcciones sindicales (si fueran dignas de su función) debieron haber lanzado todas sus fuerzas en la preparación de un gran movimiento de huelgas indefinidas. No han hecho nada de esto. Tres semanas más tarde, siguen sin hacerlo. Peor aún: las direcciones de los sindicatos (salvo la del SUD) han firmado un comunicado conjunto que es prácticamente un llamamiento a cesar el movimiento, a no manifestarse y a dejarlos a ellos, los dirigentes sindicales, “negociar” con el gobierno. ¿Negociar qué, en el momento en que el movimiento y la presión sobre el gobierno hayan cesado? Este comunicado es una vergüenza que provoca la indignación de las bases sindicales, con razón. Muchos militantes de los sindicatos se movilizan junto a los chalecos amarillos y ahora también con la juventud, que está sufriendo una represión brutal.
[HILO] #GiletsJaunes los principales sindicatos franceses (a excepción de SUD) han firmado un comunicado conjunto del 6 de diciembre que es una vergüenza: “nuestras organizaciones rechazan toda forma de violencia en la expresión de las reivindicaciones”
Dicho esto, incluso sin la participación de las direcciones confederales de los sindicatos, se puede desarrollar un poderoso movimiento huelguístico en los próximos días, por el impulso de la base, como en junio del 36 y mayo del 68. Esto lo entienden decenas de miles de trabajadores y de militantes sindicales en las empresas, y están empujando en esta dirección. Si consiguen su objetivo, Macron estará de rodillas. Se verá obligado a, como mínimo, disolver la Asamblea Nacional. Aun así, la cuestión del poder seguirá sobre la mesa, ya que una revolución plantea siempre esta cuestión. Incluso si Macron disuelve la Asamblea Nacional, no es seguro que la burguesía pueda retomar el control de la situación rápida y fácilmente. Para entenderlo, basta con escuchar el fervor con el que muchos chalecos amarillos (despreciados ayer como “nada”) exigen el “poder para el pueblo”.
El movimiento debe dotarse de órganos democráticos desde ya. Asambleas generales abiertas a todos los sectores en lucha deben elegir delegados a nivel local y nacional para organizar la huelga y su extensión al máximo de empresas. El objetivo inmediato es la paralización de la economía y el derrocamiento del gobierno. Al mismo tiempo, estos órganos democráticos del pueblo en lucha sentarán las bases de un gobierno de los trabajadores, dado que si el gobierno Macron es derrocado esta cuestión se planteará inmediatamente.
Las protestas de los Gilet Jaunes (chalecos amarillos) en Francia están en un punto de inflexión. Enfrentado a la creciente radicalización de la protesta, que ahora amenaza la supervivencia de su gobierno, Macron cambió su tono desafiante y prometió “suspender” el aumento de los impuestos sobre los combustibles que provocó el movimiento. Este paso atrás se produjo después de las batallas callejeras del fin de semana entre miles de manifestantes y la policía que dejaron más de 200 heridos solo en París y resultó en al menos una muerte.
La clase obrera organizada ha comenzado a entrar en la lucha (aunque los líderes sindicales han sido arrastrados a ella), al igual que los estudiantes, que están ocupando sus instituciones en solidaridad y planteando sus propias demandas. Pero a pesar del intento de Macron de desactivar la situación, la explosión de rabia y frustración por los años de austeridad y desigualdad ha adquirido una lógica propia, y no será fácil hacer volver el genio a la botella.
Los acontecimientos del sábado y domingo marcaron el tercer fin de semana consecutivo de disturbios en la capital francesa. Miles de manifestantes tomaron las calles de París, aunque las cifras exactas no están claras, es cierto que más de 100.000 personas participaron en manifestaciones en todo el país. Esto es menos de lo que salió el fin de semana pasado (200.000 según las cifras oficiales, ampliamente subestimadas), pero el estado de ánimo era mucho más radical, y estaba claro que las demandas del movimiento se han movido mucho más allá de la cuestión del impuesto a los combustibles. Entre ciertas capas del movimiento hay un ambiente insurreccional y revolucionario. Los 5.000 que marcharon por los Campos Elíseos al mediodía del sábado gritaban y portaban las consignas “¡Poder para el Pueblo!” y “¡Macron dimite!” Muchos llevaban esta última consigna en sus chalecos.
Odio de clase
El movimiento de los chalecos amarillos comenzó inicialmente en ciudades periféricas, ciudades y áreas rurales de toda Francia (que dependen de vehículos personales para moverse, y por lo tanto se verán gravemente afectados por un mayor impuesto al combustible) e incluye a muchas mujeres y madres solteras. La mayoría son trabajadores de bajos ingresos, incluidas secretarias, trabajadores informáticos, trabajadores de fábricas, trabajadores de reparto y trabajadores de atención y cuidados: en resumen, las personas más afectadas por el aumento de los costes y el estancamiento de los salarios. Estas capas de clase trabajadora y clase media pobre están resentidas por los años de estar exprimidos por la austeridad y el aumento de los costes de vida, y ahora están expresando un profundo odio hacia los ricos y el gobierno de Macron que los representa.
Como Idir Ghanes, un técnico de computación desempleado de París de 42 años, dijo: “Tenemos salarios bajos y pagamos demasiados impuestos y la combinación está creando más y más pobreza… Por otro lado, están los ministros del gobierno y el Presidente con sus fabulosos salarios”. Otros manifestantes, como Marie Lemoine, de 62 años (una maestra de escuela de Provins) señalaron la naturaleza procapitalista e hipócrita de la política de Macron: “Somos el objetivo en lugar de las aerolíneas, las compañías navieras, aquellas compañías que contaminan más pero no pagan impuestos … Macron es nuestro Luis XVI, y sabemos lo que le sucedió”.
El carácter de clase de los chalecos amarillos, y su aversión por los ricos, se hizo evidente durante la manifestación en París el sábado. Actos de vandalismo golpearon el rico oeste y centro de la ciudad, con fachadas de tiendas destrozadas y saqueadas, decenas de caros automóviles quemados y el Arco de Triunfo cubierto de graffitis antigubernamentales, junto con la consigna: “Los chalecos amarillos triunfarán”. Los manifestantes rompieron las ventanas de una tienda de Apple recién inaugurada y las lujosas boutiques de Chanel y Dior, garabateando “Feliz Caos” en una tabla de madera y fijándola a la fachada. Por supuesto, también hubo algunos elementos lumpen y criminales que aprovecharon esta situación, pero ese no es el personaje principal del movimiento.
Imágenes de destrucción fueron difundidas en toda la prensa francesa e internacional en un intento de debilitar y desacreditar a los chalecos amarillos. Sin embargo, una encuesta de Harris Interactive mostró un 72 por ciento de apoyo al movimiento hoy mismo, sin cambios desde hace quince días. En París, hubo una gran simpatía por los manifestantes, y las expresiones de ira se consideraron legítimas. “Estoy totalmente detrás de los ‘Gilets Jaunes'”, dijo George Dupont, residente en el distrito 16 de París, a La Province. “El estado ha robado dinero a los franceses. Es hora de que lo devuelvan”. La maestra asistente Sandrine Lemoussu, de 45 años, quien viajó desde Borgoña para protestar, estuvo de acuerdo y dijo que la gente estaba harta de Macron. “La gente está revuelta. La ira aumenta cada vez más, y el presidente desprecia a los franceses. No estamos aquí para destruir cosas, pero la gente ya está harta”.
Enfrentamientos policiales
Las autoridades no estaban preparadas para la magnitud de los disturbios. Hubo batallas campales en la parte superior del bulevar de los Campos Elíseos y en varios sitios de la ciudad, incluyendo la Ópera y la Plaza de la Bastilla. A pesar de lanzar cañones de agua, estiércol, gas lacrimógeno y porras contra la multitud, la policía se vio abrumada en más de una ocasión cuando la multitud arrojó proyectiles a sus filas y los hizo retroceder. Frederic Lagache, del sindicato de policías Alliance, pidió un estado de emergencia y dijo que se deberían traer “refuerzos del ejército” para proteger los monumentos públicos, para aliviar la presión de la policía.
En algunos casos, la policía simplemente se negó a reprimir a los manifestantes, como se puede ver en un video viral grabado en la ciudad de Pau, en el suroeste de Francia. El video muestra una fila de policías antidisturbios que se enfrentan a un gran grupo de chalecos amarillos y se quitan los cascos para indicar que no atacarán, para saludar y aplaudir a la multitud. Al parecer, esto no fue una muestra genuina de simpatía, sino el resultado de un acuerdo entre el jefe de policía local y los chalecos amarillos (“detendremos nuestra manifestación y retirará su equipo antidisturbios”). Sin embargo, las imágenes ciertamente confirman la confianza del movimiento y la debilidad de la policía.
Como era de esperar, la clase capitalista está horrorizada ante las protestas. No solo porque es malo para los negocios durante el período navideño o debido a la creciente escasez de combustible debido a los bloqueos espontáneos en los depósitos, sino por el temor a que este movimiento se convierta en una amenaza para el régimen en su conjunto. Jeanne d’Hauteserre, la alcaldesa del distrito 8 de la ciudad de París, cerca del Arco del Triunfo, le dijo a BFM TV: “Estamos en un estado de insurrección, nunca he visto algo así”. Varios representantes regionales del gobierno central hablaron anónimamente a Le Monde de una situación “explosiva y casi insurreccional” o “pre-revolucionaria”. También señalaron que fue un sector de la población que se alzó contra los impuestos lo que provocó la revolución de 1968. Un representante concluyó: “Lo que más se expresa es el odio al Presidente de la República”.
Hipocresia de Macron
Macron (quien estaba a miles de kilómetros de distancia en la reunión del G20 en Argentina), respondió a los acontecimientos del fin de semana amenazando con declarar un estado de emergencia y condenando la destrucción, diciendo que “nunca aceptará la violencia”. En general, el gobierno ha intentado crear divisiones en los chalecos amarillos distinguiendo entre los “reclamos legítimos” de los manifestantes “pacíficos” y los “grupos radicales violentos” que se han infiltrado en el movimiento. “Lo que sucedió en París no tiene nada que ver con la expresión pacífica de ira legítima”, dijo Macron el sábado al final de la cumbre del G20. “Ninguna causa justifica que la policía sea atacada, los negocios saqueados, los transeúntes o los periodistas sean amenazados, o que el Arco de Triunfo sea profanado”. Mientras tanto, el ministro del Interior, Christophe Castaner, argumentó que los elementos “ultra-derecha” y “ultra-izquierda” habían incitado a “las personas que acababan de llegar a París a causar estragos”.
Si bien es cierto que hubo elementos lumpen y de extrema derecha en las manifestaciones durante el fin de semana, estos fueron marginales. Desde el principio, el movimiento de los chalecos amarillos ha penetrado en capas muy profundas de la sociedad, con votantes del Frente Nacional y elementos de la clase media que participan junto a la clase trabajadora y sindicalistas. Pero a medida que el movimiento comienza a radicalizarse y la huella de la clase trabajadora aumenta, gran parte de la basura de la derecha se está desechando y las contradicciones de clase se han vuelto más claras. Por ejemplo, otro video viral muestra a Yvan Benedetti, ex presidente del grupo ultranacionalista L’Œuvre française (él mismo vestido con una chaqueta de alta visibilidad), siendo atacado y expulsado por antifascistas de los chalecos amarillos.
Sin embargo, es cierto que la falta de organización y de dirección en el movimiento lo abre a elementos oportunistas. Esto podría ser resuelto con la participación decidida del movimiento obrero francés. Pero la crítica de Macron a la “violencia” de los chalecos amarillos apesta a hipocresía dada la violenta represión que los manifestantes han soportado del Estado francés. Están circulando videos en línea de bandas de policías antidisturbios que persiguen y golpean brutalmente a manifestantes aislados y desarmados.
“Violence on the streets will.not be tolerated” says Emmanuel Macron. Does that apply to police brutality too?
También está el caso de una mujer de 80 años que murió en Marsella luego de recibir un golpe en la cara por un bote de gas lacrimógeno disparado por la policía mientras estaba en su balcón, y la de un hombre de 20 años que ha quedado en coma después de un enfrentamiento con la policía. Esto no incluye la violencia estatal previamente empleada por el gobierno de Macron para reprimir otras huelgas y manifestaciones (como durante las movilizaciones contra la austeridad en 2017, y las huelgas de trabajadores ferroviarios lideradas por la CGT a principios de este año), y el terrible sufrimiento ya inflingido a los franceses por años de austeridad. Los chalecos amarillos son la manifestación inevitable de toda la frustración y el dolor que las masas francesas han estado acumulando. Finalmente han alcanzado el punto de ruptura y han desatado su ira contra el gobierno.
Solidaridad de las bases
Como hemos informado anteriormente, los principales líderes del movimiento obrero han intentado distanciarse de los chalecos amarillos, alegando que “no marcharán con el FN”. Pero de esta manera, abandonaban el campo a la extrema derecha para que intente controlar el movimiento demagógicamente y descarrilarlo. Sin embargo, sindicalistas de la CGT de base, en oposición a su propia dirección, han ofrecido esporádicamente solidaridad al movimiento desde el principio y varias secciones (FNIC, UD13, UD31, etc.) pidieron huelgas y ocupaciones en solidaridad con el movimiento contra el impuesto al combustible. Esto ejerció presión sobre la dirección, quien finalmente accedió a convocar una acción conjunta el sábado. Como resultado, varios manifestantes, compuestos por chalecos amarillos y miembros de la CGT, marcharon juntos en la Plaza de la República en París. Sin embargo, debido a la falta de una planificación adecuada, la manifestación fue bastante pequeña. Aún así, los trabajadores de la CGT (algunos de ellos con chaquetas rojas, otros con amarillas) se destacaron durante todo el día.
La amplitud de las protestas contra el aumento de impuestos de Macron ha resultado en una convergencia de demandas y reclamos de toda la sociedad, y varias capas de la clase trabajadora han entrado espontáneamente en la lucha. Por ejemplo, el domingo, los paramédicos se enfrentaron con la policía antidisturbios el domingo cuando docenas de ambulancias se unieron a las protestas en la Plaza de la Concordia, bloqueando un puente cerca de la Asamblea Nacional. Además de apoyar la lucha de los chalecos amarillos contra el aumento del impuesto sobre el combustible, estos trabajadores se oponen a una serie de reformas de la seguridad social y de la salud que dicen podrían afectar sus servicios. Un manifestante dijo a la agencia Reuters: “[Las reformas] nos aplastarán financieramente y destruirán a nuestras compañías”.
Los estudiantes también han comenzado a vincularse con el movimiento. La semana pasada, las organizaciones estudiantiles de varias universidades importantes (entre ellas Montpellier, Nantes, Rennes) convocaron asambleas generales para discutir un nuevo proyecto gubernamental para aumentar las tasas estudiantiles y la campaña en curso para detener la introducción de criterios de selección para la admisión en la universidad y limitar el acceso a ciertas carrera de prestigio. Estas asambleas plantearon la cuestión de unirse a los chalecos amarillos, en parte para promover sus propias demandas, lo que plantea la posibilidad de un movimiento estudiantil a nivel nacional en solidaridad con los chalecos amarillos.
Posteriormente, durante la semana pasada, más de 300 escuelas secundarias han sido ocupadas y bloqueadas en todo el país, incluso en la ciudad sureña de Toulouse y en Créteil en el área de París. Varios estudiantes de secundaria fueron arrestados después de que la policía antidisturbios fuera llamada a la escuela secundaria Jean-Pierre Timbaud en Aubervilliers, en los suburbios del norte de París. Están circulando en línea videos de policías que disparan granadas de humo a los adolescentes, a quienes se les muestra siendo pateados conforme avanza la policía. Alrededor de 1.000 alumnos, muchos con chalecos amarillos, se manifestaron en Niza y corearon “¡Macron, dimite!” y fotografías de una protesta estudiantil en Burdeos muestran a la policía antidisturbios usando porras para golpear a los jóvenes manifestantes. En otra manifestación en Marsella, los estudiantes secundarios fueron protegidos de la policía antidisturbios por delegados sindicales de la CGT. Los estudiantes universitarios y de secundaria también participaron ampliamente en las manifestaciones durante el fin de semana.
Una retirada parcial
A medida que la presión ejercida sobre el gobierno de Macron se acumulaba, en una reunión con líderes de los partidos de la oposición el lunes, Edouard Philippe, primer ministro, se enfrentó a llamamientos de todas las partes para que sofocara los disturbios eliminando el aumento de impuestos. Marine Le Pen intentó reforzar su imagen demagógicamente pidiendo al gobierno que pusiera fin al aumento de combustible, mientras que Jean-Luc Mélenchon no solo pidió la eliminación “inmediata e incondicional” del aumento de impuestos, sino también que Macron renunciara.
El gobierno finalmente anunció hoy que “suspendería” el aumento del impuesto sobre el combustible, en un intento de aplacar a los manifestantes. Stanislas Guerini, quien el sábado fue elegido el nuevo líder de La République en Marche de Macron, dijo a la radio RTL: “Debemos apaciguar el país”.
Si bien esta retirada forzada es una validación de la acción radical de los chalecos amarillos, en realidad es una concesión muy pequeña que, de hecho, no resuelve nada, ya que se suma a décadas de aumento de impuestos y también se han programado más tarifas para 2019. Este movimiento simplemente tiene la intención de dividir y desmovilizar las protestas y darle al gobierno el tiempo para recobrar el aliento y reagruparse. Sin embargo, podría resultar demasiado poco y demasiado tarde, dadas las conclusiones extremadamente radicales que han sacado los chalecos amarillos, que desde hace mucho tiempo han ido más allá de la cuestión de los precios del combustible. Esto se ha convertido en un movimiento sobre las injusticias crónicas de la sociedad francesa. Si bien algunas capas moderadas podrían retirarse, la mayoría probablemente no estará satisfecha hasta que el gobierno de Macron sea derribado. Además, el movimiento incluso está empezando a extenderse internacionalmente. Manifestantes en Bélgica destruyeron el viernes varios vehículos policiales y arrojaron piedras a la oficina del primer ministro, Charles Michel, pidiendo su renuncia por los altos impuestos y los precios de los alimentos; y los bajos salarios y pensiones. Estos manifestantes “imitadores” llevaban chalecos amarillos de alta visibilidad y bloquearon calles en Bruselas con piezas de andamios que impedían el tráfico. Queda por verse si esto representa una tendencia genuina o un desarrollo a corto plazo, pero refleja el hecho de que existen contradicciones sociales similares en toda Europa.
El problema de la dirección
A lo largo de todo el movimiento de los chalecos amarillos, un problema importante ha sido la falta de coordinación y de dirección adecuados. Hay elementos dentro del movimiento que se resisten a la presencia de la “política”, en forma de partidos políticos o sindicatos, y que presentan a los chalecos amarillos como un fenómeno únicamente “antipolítico”. Los chalecos amarillos no tienen estructuras formales ni dirección electa, sólo un número de “portavoces” no elegidos, que reflejan el carácter político confuso y heterogéneo del movimiento en su conjunto. Algunos de éstos están muy a la derecha, incluido Christophe Chalençon, quien pidió a Macron que renuncie a favor del general Pierre de Villiers: un ex jefe reaccionario de las fuerzas armadas francesas, a quien Chalençon llamó un “verdadero comandante”. Sin embargo, a medida que el movimiento ha madurado y se ha vuelto más radical, ha comenzado a ir más allá de estas figuras accidentales. Los portavoces moderados, Jacline Mouraud y Benjamin Cauchy (el último de los cuales ha sido echado del movimiento de los chalecos amarillos en Toulouse), querían aceptar una invitación para “negociar” con el Primer Ministro, pero se vieron obligados a dar marcha atrás tras la indignación de miembros de base de los chalecos amarillos, que sospechaban que cederían en las demandas más radicales del movimiento, que incluyen la disolución de la Asamblea Nacional.
Debe hacerse un llamamiento a los chalecos amarillos para convocar asambleas generales (que algunos grupos de chalecos amarillos ya han comenzado a solicitar), y elegir una dirección democráticamente responsable que pueda traducir la energía en las calles en un programa de acción. Este es un llamamiento que los sindicatos están en una muy buena posición para hacer, pero hasta ahora, la oportunidad no ha sido explotada. De hecho, el campo está muy abierto al movimiento obrero para proporcionar liderazgo y un programa radical de clase a los chalecos amarillos. Los sindicatos y la Francia Insumisa, en particular, deben aprovechar el impulso que este movimiento ha creado para movilizar a favor de una ofensiva general contra Macron. La política actual de los líderes sindicales ha sido muy insuficiente. La CGT está convocando un “gran día de acción” para el 14 de diciembre, que, dado el rápido ritmo de los acontecimientos, es demasiado tiempo para esperar. Además, el movimiento ya ha visto muchos “grandes días de acción” y pocos resultados. Lo que se necesita es una huelga general de 24 horas, como punto de partida para una serie de huelgas renovables, con el objetivo de derribar al gobierno.
Foto: CGT
La Francia Insumisa, para mérito suyo, criticó las vacilaciones de la CGT y respaldó las demandas de los chalecos amarillos desde el principio. Sin embargo, también ha pedido a Macron que acepte una serie de demandas “progresivas” (cancelar los aumentos de impuestos sobre el combustible, reintroducir los impuestos progresivos sobre las personas con altos ingresos y asignar 40.000 millones de euros de créditos fiscales a las empresas para la “transición ecológica”), o dimitir. Esto es utópico: Macron no hará ninguna de las dos cosas, y continuará combinando pequeñas concesiones con la represión. En lugar de presionar a Macron para que encuentre “una salida a la crisis”, deberían explicar que no existe una solución bajo el régimen burgués actual. Por lo tanto, el objetivo solo puede ser derribar al gobierno de Macron, que solo representa los intereses de la clase capitalista. Pero Mélenchon no ha estado clarificando qué hay detrás del conflicto en líneas de clase. Él ha estado minimizando el carácter de clase de los chalecos amarillos, que describió como una “revolución de los ciudadanos” por una “nueva acción histórica: el pueblo”.
Pero ninguna de las demandas más amplias del movimiento se puede lograr sin la lucha de la clase trabajadora, que tiene la capacidad de paralizar al país y dejar al gobierno suspendido en el aire, como en mayo de 1968. Es por eso que la huelga coordinada y generalizada —unificar a los trabajadores de todos los sectores con la juventud radicalizada— es el único camino hacia la victoria. No importa qué suceda con este movimiento en particular, está claro que se ha abierto un nuevo capítulo en la lucha de clases en Francia, donde, como dijo Frederick Engels, la lucha de clases siempre se lleva hasta el final.
Lo que parecía imposible hace un año puede ser realidad en poco tiempo: el PSOE está a punto de perder el gobierno de la comunidad que ha gobernado ininterrumpidamente los últimos treinta y seis años. Susana Díaz ha cosechado el peor resultado de un PSOE de Andalucía carcomido por la corrupción y abandonado por gran parte de su base social, que se ha abstenido de votar en estas elecciones autonómicas.
Lamentablemente, el descontento con el PSOE no ha sido capitalizado por la confluencia de Podemos e IU, sino que se ha perdido en una abstención que ha superado del 41% y que se ha concentrado en las zonas obreras de la comunidad. Se abre de este modo la puerta a que la derecha (incluyendo a la extrema derecha de Vox) pueda hacerse con el gobierno de la Junta por primera vez.
Sin duda, la gran derrotada en estas elecciones ha sido Susana Díaz. La presidenta ha agudizado el declive del PSOE andaluz, rompió el pacto con Izquierda Unida para acometer un pacto de legislatura con el ahora denostado Ciudadanos; llevó a cabo una campaña pública ante todo el país de intrigas palaciegas contra Pedro Sánchez para facilitar la investidura de Mariano Rajoy; lo defenestró, en una sesión vergonzosa retransmitida en directo ante el mundo entero por televisión; luego compitió con él por la máxima representación del PSOE, perdiendo, a pesar de contar con el apoyo de casi todo el aparato, haciéndose más público aún ante las masas su sesgo derechista y pro-establishment; y, sobre todo, los recortes y privatizaciones que ha llevado a cabo en sus cinco años al frente de la Junta. Han sido estas políticas, estos hechos, junto con la herencia recibida, las que han desmovilizado a la base tradicional del PSOE abriendo el camino de San Telmo a la derecha.
Estos resultados demuestran la falsedad de las teorías del “voto cautivo” y las “redes clientelares” tan repetidas por las derechas y por sectores de la izquierda estatal y andaluza; por muchos “enchufaos” del PSOE que haya en la Junta y por mucha gente que coma del aparato, esto deja de ser un factor decisivo cuando éste se enfrenta a su declive.
La crisis económica y social es muy profunda y lacerante (y hace demasiado poco ruido). La precariedad laboral ronda el 36%. En el segundo trimestre de este año, la tasa de paro en Andalucía era del 23%, con un 47% de paro juvenil. De los quince barrios más pobres de todo el Estado, diez son andaluces (y siete de ellos de la ciudad de Sevilla). En torno al 42% de la población andaluza está en riesgo de pobreza y exclusión social. Sólo en 2017 se ejecutaron en Andalucía 10.437 desahucios, el 17% de todos los desahucios del Estado español. El fracaso escolar estaba en el 23% en 2016. Andalucía concentra el 21% de las víctimas de violencia machista en todo el Estado. La clase obrera andaluza lleva elección tras elección resistiendo, como mejor ha podido, y resulta que todo material tiene su límite. Cientos de miles de trabajadores andaluces han decidido no renovar su confianza en un PSOE que no ha cumplido con sus tareas históricas.
El PSOE andaluz es víctima de su propia política al frente de la Junta en los últimos treinta y seis años. Éste es el resultado final de haber vaciado el partido de socialistas para llenarlo de arribistas y representantes de la burguesía; de haber arrasado con todo el tejido de organizaciones vecinales, agrarias, juveniles o de mujeres heredado de la lucha contra el franquismo; de haber coadyuvado a hacer de los sindicatos mayoritarios meros apéndices de la administración; de haber inculcado valores conservadores y nacionalistas españoles a través de la enseñanza y la televisión pública andaluzas… Víctima, en fin, de una política que no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales de la clase trabajadora andaluza. El PSOE ha agotado buena parte de sus bases de apoyo y, una vez hecho el trabajo sucio durante todos estos años, ahora la burguesía no tendrá miramientos para darle la patada y poner a sus representantes directos al frente de la Junta de Andalucía.
Resultaba patético escuchar a Susana Díaz, en su valoración de los resultados, apelar a un “frente constitucionalista” para frenar a una extrema derecha que ella misma ha contribuido a alimentar con sus políticas de derechas y su nacionalismo español. Por supuesto las damas y caballeros del PP y Ciudadanos se encogen de hombros ante esta soflama, conscientes como son de cuáles son sus verdaderos intereses. En realidad, no hay diferencias políticas sustanciales entre PP, C’s y Vox, ni siquiera entre la base social que comparten. Todos ellos son fieles representantes y marionetas de la burguesía y de la pequeña burguesía adinerada. Y todos ellos han manifestado ya su decisión de unirse para echar al PSOE de la Junta de Andalucía.
“Viva la lucha de la clase obrera” miles en Sevilla responden a la entrada de Vox en el parlamento andaluz pic.twitter.com/qAEOpi5IDo
El voto conjunto de la derecha en estas elecciones andaluzas, 1,8 millones, no ha sido su máximo histórico. Éste superó el 26 de junio de 2016 los 2 millones, en las elecciones generales, y aun así la izquierda en Andalucía los superó en votos. Sí es cierto que éste ha sido su máximo histórico en unas elecciones autonómicas, (su máximo anterior fue de 1,7 millones en 2012). Lo que ha habido fundamentalmente ha sido un reordenamiento del voto de la derecha, con un trasvase del PP a Vox, que ha crecido sobre todo entre la pequeña burguesía cabreada y reaccionaria y en los barrios ricos. Y también se ha notado que un sector de la derecha que tradicionalmente no votaba en las elecciones autonómicas sí lo ha hecho esta vez al sentirse más estimulada para participar.
Lo relevante ha sido el desplome del voto de izquierda, que ha sacado casi 1,6 millones, 200.000 votos menos que la derecha. La izquierda ha perdido 690.000 votos respecto a 2015 que se han ido mayoritariamente a la abstención (340.000 más abstenciones que en 2015), al voto nulo y blanco (47.000 más que en 2015), o a partidos minoritarios de la izquierda extraparlamentaria: PACMA, EQUO, PCPE, Nación Andaluza, etc. (que han recibido 25.000 votos más que en 2015). Sin eso, el voto de izquierda hubiera superado en 250.000 al bloque de la derecha.
Los resultados son históricos porque la derecha jamás ganó unas elecciones autonómicas en Andalucía, si bien lo ha hecho no porque incrementara sus puntos de apoyo en la sociedad andaluza respecto a uno o dos años atrás, sino por la desmovilización del voto de izquierda.
Pese a todo, es importante señalar que en la mayor parte de las zonas más proletarias de Andalucía, la izquierda ha sacado del 50% al 80% de los votos, aun con la abstención: cuenca minera y polo químico de Huelva, barrios obreros de Sevilla así como en gran parte de las demás capitales, todas las zonas jornaleras de Andalucía sin excepción, pueblos industriales como Puerto Real o La Carolina, etc.
El voto a Vox y a Ciudadanos
En efecto, Es cierto que la entrada de Vox en el Parlamento andaluz con doce escaños no es una anécdota ni un accidente. Una irrupción de este calibre no fue prevista por nadie, ni siquiera por los marxistas, debemos admitir. Es importante para la izquierda entender el origen y el carácter de este voto para intervenir de forma correcta en la legislatura que empieza.
Un vistazo superficial a los resultados nos indica que consigue sus escaños en las capitales y en la comarca del Poniente de Almería y también, aunque en menor grado, de Huelva, en las que la agricultura intensiva bajo plástico con un gran porcentaje de mano de obra inmigrada ha generado una pequeña burguesía agraria especialmente reaccionaria (aglutinada durante décadas por el PP) y con tendencias racistas que ya se evidenciaron en los disturbios de El Ejido en 2000, en el caso del poniente almeriense. Los resultados en esta comarca tan particular han propulsado a Vox hasta la tercera posición en la provincia de Almería (en la que el partido más votado es el PP).
En las capitales, por su parte, los votos que consigue Vox coinciden poco más o menos con los que pierde el PP, y estos se concentran fundamentalmente en los distritos burgueses (como Los Remedios en Sevilla o el distrito Este de Málaga). Por el contrario, Vox no ha penetrado con tanta fuerza en los distritos obreros (en los que, pese a la alta abstención, la izquierda sigue ganando) ni en los municipios metropolitanos (en los que sí crece con fuerza Ciudadanos). En resumen, los doce escaños de Vox aparecen como el ala derecha del PP emancipada y crecida por la abstención de la izquierda, sumado como decíamos antes a votantes tradicionales de derechas que se abstenían en las autonómicas y que ahora han decidido participar.
Sería un error exagerar el peligro que puede representar Vox, pero también sería un error infravalorarlo. A pesar de que, en general, su electorado no parezca haber desbordado los límites de la derecha franquista tradicional, hay en cambio en el discurso y la imagen de este partido una apariencia de radicalidad y de novedad que hace ya tiempo que Podemos ha perdido. A pesar de su tufo a franquismo y sacristía, a Vox se le ha identificado con el llamado “populismo” de derechas, en realidad nacionalistas y racistas extremos de derechas, que ha triunfado en EEUU, Brasil o Italia en estos últimos años, pudiendo arrastrar a sectores de las capas medias y de trabajadores atrasados a los que la izquierda no ha ofrecido ninguna alternativa consistente.
El voto a Ciudadanos tiene características diferentes, pese a que en última instancia es parte del mismo fenómeno. También, como Vox, ha rentabilizado la ola de chovinismo españolista a la que el PSOE ha contribuido con denuedo y a la que Unidos Podemos no ha sabido o no ha querido oponer la defensa del derecho de autodeterminación y del internacionalismo (tampoco Adelante Andalucía). Ciudadanos crece mucho más que Vox en las áreas metropolitanas y, sobre todo, residenciales (es primera o segunda fuerza en la mayor parte de los municipios de la Vega de Granada o de la Costa del Sol) queda en primer lugar en ciudades importantes como Jerez y Algeciras. El triunfo de Ciudadanos es el fruto más genuino de la política del PSOE: sectores de capas medias y trabajadores cualificados que optan por una opción “moderna” y “liberal” tras décadas de adoctrinamiento en los valores de la “clase media” y del españolismo. No deja de ser una opción reaccionaria pero “dentro de los límites de la Constitución”.
El resultado de Adelante Andalucía y las tareas de la izquierda
Adelante Andalucía ha obtenido un mal resultado; pierde 290.000 votos respecto a la suma de Podemos e IU en 2015 y pierde tres escaños (en Cádiz, Málaga y Granada). La confluencia no ha logrado ofrecer una alternativa a la caída del PSOE ni ampliar sus bases de apoyo, y hay que analizar por qué.
En nuestro análisis de la precampaña planteábamos que “las propuestas y el discurso de Rodríguez y Maíllo se alimentan y conectan con esta capa de trabajadores movilizados y con la juventud que está buscando una alternativa de izquierdas al régimen del 78. Si Rodríguez y Maíllo mantienen este discurso y este tono en la campaña, pueden entusiasmar a su base social e incluso pueden ensancharla, apelando a los indecisos y a los desencantados del PSOE.”
Lo cierto es que, pese a que la precampaña parecía mostrar que la izquierda llegaba con buenas perspectivas, la campaña en sí no ha supuesto ningún avance ni ningún desborde. Pese a que Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo han mantenido ese tono combativo en los mítines, estos han reunido mucha menos gente que los de la campaña de Podemos en solitario en 2015. Finalmente, pese a los esfuerzos de la militancia, se ha impuesto la tendencia al estancamiento del espacio Unidos Podemos a nivel estatal. Una campaña relativamente buena no ha podido revertir los errores de los últimos tres años.
En estos tres años, Podemos ha desaparecido prácticamente como fuerza organizada en los barrios y pueblos de Andalucía, limitándose al trabajo parlamentario. Esto no es fruto del azar, sino de una política consciente por parte de la dirección, tanto estatal como andaluza, de reducir al mínimo las estructuras del partido para evitar cualquier tipo de control democrático por la base. Unido a esto, las luchas internas han hecho mella en la organización y en la imagen que de esta tienen importantes capas de trabajadores. En especial, el ataque de la dirección estatal a la dirección andaluza en las primarias de julio hizo un daño tremendo, fracturando buena parte de los pocos círculos que quedaban activos y provocando la desmoralización de muchos inscritos.
El peso de la campaña ha recaído en buena parte en IU, con una implantación mucho mayor pero que aún no se ha recuperado totalmente de la crisis que le supuso el cogobierno con Griñán y Susana. En resumen, para miles de jóvenes y de trabajadores, el espacio Unidos Podemos aparece como algo totalmente adaptado al sistema y no han visto que Adelante Andalucía ofreciera una alternativa sustancial y consistente a un PSOE en declive. La subordinación cada vez más acusada de la dirección estatal de Podemos respecto al gobierno Sánchez ha reforzado aún más esta idea, por lo que mucha gente pensaba que votar a Adelante Andalucía era votar indirectamente al PSOE, lo que sin duda ha alimentado aún más la abstención.
Frente a lo que dicen, y sin duda dirán, muchos oportunistas, la confluencia no resta. De hecho, honestamente pensamos que gracias a esta se ha obtenido un resultado más digno que de haberse presentado cada fuerza en solitario. Lo que resta es la adaptación a las instituciones, la ausencia de implantación y militancia y, en definitiva, la ausencia de ideas y de un programa de transformación social que entusiasme a la juventud y los trabajadores de Andalucía y de todo el Estado. Ese es el debate central que los dirigentes de Adelante Andalucía no deben eludir.
En relación a Vox, más allá de la propaganda mediática recibida en estos dos meses, y el giro a la derecha de PP y C’s que ha pavimentado a Vox su discurso contra “separatistas” y “emigración”, la crítica de la izquierda a este partido ha sido superficial. No basta decir que son extrema derecha o fascistas (cosas que no dicen nada a mucha gente), no se lo ha criticado desde un punto de vista de clase, no se lo ha vinculado a los intereses de los empresarios y banqueros, no se han indagado sus fuentes de financiación, las corruptelas de sus dirigentes, no se ha insistido en qué significó el franquismo en lo concreto (no derecho al divorcio, ausencia de libertades democráticas, prohibición de huelgas, torturas, asesinatos, enriquecimiento de los ricos, etc.).
No pretendemos idealizar a la clase obrera andaluza, ni del resto del Estado, si bien ya hemos dejado sentado que, en las zonas más proletarias de Andalucía, sus capas más avanzadas sí han estado a la altura de las circunstancias y salvado el honor de la clase trabajadora, y han mostrado su determinación de no dejar pasar a las derechas. Es cierto que ha habido un reblandecimiento en la conciencia en algunas capas de la clase obrera, no sólo en Andalucía, con una cierta pérdida de identidad de clase y de tradiciones antifranquistas. Esto viene de años. Creemos que aquí la dirección de Podemos –y la dirección de IU no ha contrarrestado esto– ha jugado un papel nefasto en lo ideológico, ayudando a diluir la conciencia de clase cuando no a combatirla conscientemente, incluyendo su estúpido juego con el patriotismo español, lo que ya había preparado el camino a Ciudadanos hace 3 años cuando se apuntó a su discurso (ni izquierda ni derecha, ciudadanos, patria, etc.).
En este reblandecimiento de la conciencia de clase pueden entrar sectores de la ultraderecha para instalar su repelente discurso de la “patria”, de “España”, contra separatistas, inmigrantes, etc. La excesiva orientación del discurso de Podemos hacia aspectos periféricos en relación al feminismo, a la cuestión LGTBI, al animalismo; aspectos importantes, sin duda, pero marginando la cuestión de clase, como si ésta fuera un lastre en lugar de considerarla la palanca más potente para desacreditar a la derecha y conectar con las preocupaciones reales de la mayoría (salarios, vivienda, empleo, sanidad, barrios, etc.) les ha pasado factura.
Han tenido alergia a la calle en los últimos dos años. Contra el acoso a los derechos democráticos en estos años, se negaron a poner un movimiento en la calle que hubiera agrupado a decenas de miles, por no querer aparecer como “antisistema”, cuando lo que hacían era potenciar su imagen de gente inserta en el régimen, como decíamos anteriormente.Han estado a la defensiva en la cuestión catalana, en lugar de denunciar a todas las instituciones del Estado burgués, señalando que su patriotismo era sólo una mascarada para saquear a ese mismo Estado y al pueblo.
Es increíble que con la que está cayendo los dirigentes miedosos de Unidos Podemos no estén levantando una consigna clara como “nacionalizar el sector eléctrico”, o “expropiar los pisos vacíos de los bancos y fondos buitre”, o “nacionalizar a los banqueros parásitos” para utilizar los recursos en beneficio de la mayoría. Son esas ideas “rompedoras”, “radicales”, que transmiten de verdad la idea de que vamos contra los poderosos y a solucionar los problemas de raíz, la única manera de conectar con el ambiente social y desarrollar un movimiento potente hacia una verdadera transformación de la sociedad. En ese proceso, incluso podrían ser ganados sectores de la pequeña burguesía enrabietados y que miran ahora a la ultraderecha porque no ven otra opción “rompedora”.
En su valoración de los resultados, Teresa y Maíllo declararon que desde hoy Adelante Andalucía será una barrera de contención contra la extrema derecha. Esta actitud combativa, que está muy bien, sin embargo por sí misma no ofrece en cambio ninguna propuesta concreta para hacer avanzar la organización y recuperar el terreno perdido. Es el momento de abrir las estructuras de Podemos e IU y convertirlas en una herramienta útil para los trabajadores y jóvenes avanzados que quieran transformar la sociedad, en las que se debata de ideas y se organice un trabajo sistemático en los barrios y pueblos, lejos de la burbuja de las redes sociales, en contacto con la realidad cotidiana de los trabajadores.
“La izquierda está desmovilizada”, dice un portavoz. Aunque siguen siendo cientos, el número de asistentes ha bajado con el traslado al Ayuntamiento pic.twitter.com/7nePbIZwlE
Pese a que al día siguiente de las elecciones PP y Ciudadanos enfatizan sus divergencias, lo más probable es que ambos acaben pactando un gobierno con el apoyo parlamentario de Vox. No se puede descartar ningún giro dramático en los acontecimientos, aunque sea poco probable, que pueda incluir una hipotética dimisión de Susana Díaz para facilitar un pacto a dos o a tres para aislar a Vox y a Adelante Andalucía. En cualquier caso, el próximo gobierno de la Junta de Andalucía va a ser un gobierno de recortes, con una agenda antisocial dictada por los grandes empresarios y banqueros, y que va a profundizar la crisis de régimen en lo social y lo territorial.
Cualquier intento de aislar a Vox sobre la base de un gobierno “constitucional” está condenado al fracaso; sólo conseguirá hacer inevitable el crecimiento de la extrema derecha en la siguiente cita electoral. Adelante Andalucía tiene que oponerse a cualquier intento de frente democrático “à la Macron” y plantar cara al crecimiento de Vox con sus propias banderas y su propio programa, siendo la oposición primero y sobre todo al gobierno de la Junta y a sus recortes. Hay que desenmascarar a PP y C’s, señalar que representan lo mismo que Vox, que defienden todos los mismos intereses de clase, y que comparten en lo sustancial la misma base social, más allá de que PP y C’s se disfracen de “constitucionalistas” y “democráticos”.
No obstante todo esto, la clase obrera andaluza y del Estado van a aprender de su experiencia, de su dura experiencia. La reacción es “fuerte” en la soledad individual de la masa de pequeñoburgueses y trabajadores atrasados que no saben de dónde le vienen los palos, en la calle son polvo social, a diferencia de la clase obrera en lucha. No pasará mucho tiempo, cuando se instale un gobierno de la derecha en la Junta de Andalucía, para que veamos un potentísimo movimiento en la calle contra sus políticas que adquirirá una radicalización y un odio de clase como no se ha visto en años, y que revelará las bases endebles de la reacción en Andalucía.
En el fondo, es la reacción la que está temblando ante la perspectiva de pilotar los mandos de la autonomía andaluza, ante su incapacidad para solucionar ni uno sólo los problemas de las masas trabajadoras saben que van a montar sobre un tigre fiero del que no sabrán como bajarse.
Es necesario fortalecer el movimiento popular para hacer frente a la etapa que viene. El 6 de diciembre en Granada tendrá lugar la primera movilización de envergadura tras la cita electoral. Ya en la tarde del 3 de diciembre miles de jóvenes se han manifestado espontáneamente en Sevilla, Málaga y Granada contra Vox y contra el régimen. Es necesario llenar las calles para mandar un mensaje a la derecha: su victoria de hoy no es sino el preludio de las luchas de mañana.
Últimamente, los medios de comunicación burgueses, sobre todo en Europa, se han deleitado con el “milagroso” cambio de suerte de Portugal. Hace apenas siete años, la economía portuguesa estaba al borde del colapso. El país se dirigía hacia el tipo de agitación social que causó una situación pre-revolucionaria en Grecia, y llevó a un enorme movimiento de masas en la vecina España.
A principios de este año, Matthew C. Klein, del Financial Times, observó con admiración que ahora, en algunos aspectos, “Portugal se parece mucho más a Alemania que, digamos, a España”.
En 2017, la economía portuguesa creció un 2,7%, la mayor tasa desde antes de la crisis. La tasa de desempleo es del 6,7%, más de un 10% por debajo de la cifra máxima de enero de 2013 después de la crisis. El salario mínimo ha aumentado casi un 20% en comparación con finales de 2014 (sin ajuste por inflación). Al mismo tiempo, el gobierno logró reducir el déficit presupuestario al nivel más bajo en más de 40 años, al 2% del PIB. Esto significa que, por primera vez en la historia, Portugal fue uno de los pocos miembros de la Eurozona que realmente cumplió con las normas de la UE sobre el control del déficit, lo que el año pasado el Comisario Europeo de Economía, Pierre Moscovici, calificó de “una noticia muy buena y muy importante”. Y todo esto logrado por un gobierno socialista, apuntalado por los comunistas, como lo señalan alegremente ciertos sectores menos críticos de la izquierda.
Antonio Costa / Foto: Flickr, Partido de los Socialistas Europeos
Al entrevistar al líder del Partido Socialista y Primer Ministro, Antonio Costa, en abril, The Economist proclamó:
“Tiene mucho por lo que sonreír. Lisboa, uno de los destinos turísticos más atractivos de Europa, está en pleno auge. Los futbolistas portugueses son los campeones de Europa, y sus políticos han conseguido un buen número de puestos de trabajo internacionales de alto nivel. Y sobre todo, es el ganador de una apuesta política de alto riesgo”.
Esta imagen optimista de la reactivación económica portuguesa está siendo utilizada por todo tipo de comentaristas políticos, desde los liberales hasta autodenominados marxistas, como un brillante ejemplo de cómo gestionar la salida de una crisis capitalista. El gobierno de Costa de alguna manera ¡ha equilibrado los balances y ha aumentado el salario mínimo al mismo tiempo! Si tan sólo otros gobiernos mostraran el mismo ingenio, entonces no habría crisis en Grecia, España o Italia. ¡No habría ninguna crisis del euro!
¿Qué es lo que realmente ha llevado a esta recuperación?
David Stubbs, estratega de la importante firma de capital financiero JP Morgan, afirma que la recuperación se basa, de hecho, en la adhesión del gobierno portugués a las políticas de austeridad del Banco Central Europeo. El propio gobierno, junto con muchos otros reformistas, argumenta exactamente lo contrario, que la recuperación se está produciendo porque se han “atrevido a dejar de lado la austeridad”, como ha afirmado el New York Times en un llamativo titular. La verdadera razón de la recuperación no es ninguna de estas cosas.
La política económica de este gobierno ha sido en gran medida una continuación del anterior gobierno de derecha. La mayoría de las medidas incluidas en los presupuestos de emergencia aprobadas en el punto álgido de la crisis del euro -que condenó a millones de portugueses a sufrir penurias abrumadoras-, han pasado a ser permanentes. Pero esta austeridad impuesta por el BCE ha sido un fracaso colosal incluso desde el punto de vista capitalista en toda Europa. Sólo ha conducido a un aumento constante de la deuda pública, incluso a una reducción del mercado de inversiones de los capitalistas europeos y, -como resultado de la pobreza y la miseria causadas por estas circunstancias-, a una inestabilidad política cada vez mayor en todo el continente.
Es cierto, por otra parte, que en algunos casos aislados el actual Gobierno portugués se ha negado a aplicar los dictados de las principales instituciones capitalistas, incluyendo los recortes salariales exigidos al sector público, así como una reducción del mínimo legal de vacaciones anuales. Pero es evidentemente falso, como veremos más adelante, decir que han “echado a un lado la austeridad”.
La recuperación de la economía portuguesa está vinculada, en primer lugar, a la mayor y más amplia tendencia al alza de las economías europeas en el período actual. Esta tendencia no representa en absoluto un crecimiento significativo y tiene el potencial de invertirse incluso a corto plazo, bajo el impacto de acontecimientos colosales como el inicio del Brexit o la apertura de la crisis bancaria italiana. Las cifras del crecimiento de Portugal no son exactamente asombrosas, y como David Stubbs comenta con razón, “sólo porque vayas en la dirección correcta, no significa que estés fuera de peligro”.
La deuda pública de Portugal sigue siendo del 125,7% del PIB, no muy lejos de su máximo del 130% en 2014. Para mantener la cifra baja en este nivel históricamente alto, los sucesivos gobiernos han confiado en la política del BCE de Expansión Cuantitativa (Quantitative Easing, QE), que ha permitido que el pago de intereses de la deuda nacional sea relativamente barato. Esta política coloca ahora a Portugal por delante de otros países de la UE en la cola para obtener dinero extra, ya que sólo se prevé para los gobiernos que siguen las normas sobre gasto deficitario. Una vez que esta política deje de ser una opción viable para la Unión Europea, las enormes deudas de Portugal supondrán una amenaza inmediata para la estabilidad económica, como lo fueron hace varios años.
En segundo lugar, hay un aspecto político de la influencia de Europa en el resurgimiento de Portugal, que se deriva de la situación económica y que la alimenta. Una declaración del FMI sobre la zona euro en junio de 2017 decía: “Los países deben aprovechar el respiro que ofrece la recuperación para impulsar las reformas estructurales”. En su mayor parte, las reformas estructurales siguen significando recortes en el nivel de vida de la clase obrera. Sin embargo, en el caso de Portugal, el momentáneo respiro de la crisis del euro ha dado margen para ajustar algunos elementos del programa de austeridad que el anterior Gobierno de derechas estaba llevando a cabo.
Quizás aún más vital, con la crisis económica en toda Europa dando lugar a un sentimiento antisistema en lo que Donald Tusk ha llamado un “contagio político”, lo último que la clase dominante europea quiere hacer es avivar aún más las llamas de la revuelta popular. En esta etapa, están tratando de evitar confrontar abiertamente -y estrangular- cualquier oposición a su programa de contrarreformas. Lo hicieron con el gobierno de Tsipras hace tres años, lo que puso directamente en escena a las masas griegas.
Por lo tanto, si Antonio Costa quiere suavizar algunos de los recortes que el BCE ha intentado imponer a Portugal, o incluso si introduce algunas reformas propias, por el momento están dispuestos a dejarle. Es decir, mientras siga en la línea general de austeridad, lo que asegurará que el gobierno establezca un presupuesto equilibrado cada año. Y mientras la situación económica en Europa no cambie. Inevitablemente, llegará un momento en que el BCE y el FMI no se mostrarán tan complacientes con las divergencias, ni siquiera mínimas, de su política.
Turismo, más trabajo prescindible y contabilidad creativa
Paralelamente con su base en el clima económico y político inmediato de Europa, la principal fuente de la recuperación en Portugal ha sido la industria del turismo. Para el año 2017, el número de turistas que visitaron Portugal subió un 12% hasta los 12,7 millones. El año pasado, el turismo representó el 18,5% del PIB; este año se espera que supere el 20%. El turismo es actualmente el mayor sector de empleo del país, con alrededor de un millón de puestos de trabajo (más de una quinta parte de los trabajadores portugueses) que dependen de él. Según las proyecciones actuales, esta cifra ascenderá a 1,2 millones de puestos de trabajo en un plazo de cinco años. De estas cifras se desprende claramente que el turismo fue el factor clave del crecimiento económico de Portugal el año pasado y que representó una parte muy importante de la disminución del desempleo.
Teniendo en cuenta el papel cada vez más destacado del turismo en la economía portuguesa, podemos ver los fundamentos extremadamente débiles de la recuperación del país. El turismo es una base increíblemente poco fiable para la prosperidad económica. A escala masiva, depende de la renta de que disponen las clases trabajadoras extranjeras, que apenas pueden costearse en el mejor de los casos. Incluso sin una recesión o crisis económica mundial, está sujeta a las tendencias de mercado más efímeras e impredecibles.
De hecho, las estadísticas de turismo para el verano de 2018 sugieren que el boom ya ha llegado a su punto máximo. El número de visitantes extranjeros en julio cayó un 3% en comparación con la misma cifra del año anterior, mientras que la cifra de agosto cayó un 2%. Con el aumento de los precios en Lisboa, los turistas europeos ya están empezando a buscar otros lugares más baratos para escapadas de fin de semana. La caída de la libra esterlina también ha afectado al número de turistas británicos que buscan vacaciones en el extranjero. Además, el colapso de los precios en Grecia ha llevado a su industria turística a superar a países como España y Portugal, mientras que el turismo en Turquía y los países del norte de África también se ha recuperado en cierta medida tras los atentados terroristas y la inestabilidad política que han disuadido a los visitantes en los últimos años.
Al fundar una recuperación económica en la industria del turismo, la clase dominante portuguesa está preparando la economía para una caída importante en los próximos años. Además, para facilitar el boom turístico, el Gobierno ha continuado con el proyecto de sus predecesores de liberalizar el mercado de la vivienda, despojando a los inquilinos de sus derechos e incluso amañando la competencia a favor de los especuladores inmobiliarios super-ricos del extranjero. Los males sociales que surgen de esta política contribuyen a la idea de que este gobierno está haciendo que el capitalismo funcione para todos.
La normalización del empleo temporal, estacional y a corto plazo en Portugal desde la crisis del euro está vinculado al crecimiento de la industria turística. Este tipo de trabajo constituye la mayor parte de la diferencia en las cifras de desempleo desde 2013. En 2008, el 10% de los jóvenes trabajadores portugueses (16-24 años) tenían un empleo a tiempo parcial. En 2015, esa cifra había aumentado al 22%. El porcentaje de todos los trabajadores portugueses con contratos de corta duración (seis meses de media) aumentó en el mismo período del 22% a un asombroso 67,5%. Este proceso ha sido fundamental para romper el espinazo a la clase obrera en Portugal -facilitando la aplicación de las medidas de austeridad- y sólo ha continuado durante el gobierno actual.
El empleo precario ha sido el principal punto de venta para los capitalistas extranjeros que duplicaron la inversión en los mercados de exportación portugueses el año pasado. Las exportaciones aumentaron del 24% al 40% del PIB entre 2005 y 2017. Portugal ha sido históricamente un portal para el movimiento de mercancías dentro y fuera de Europa debido a su costa atlántica. Si a ello se añaden los salarios más bajos de Europa Occidental y las masas de mano de obra temporal, Portugal se ha convertido en una perspectiva muy atractiva para los inversores en todo tipo de producción, incluida la industria pesada. Los suburbios de Lisboa y Oporto albergan ahora enormes plantas de montaje de automóviles, por ejemplo.
El “boom de las start-up” en Lisboa, por su parte, consiste en que miles de ingenieros portugueses reciben un salario inferior al salario mínimo británico, estadounidense o alemán por realizar trabajos de programación altamente cualificados para multinacionales tecnológicas (o agencias portuguesas que trabajan para multinacionales tecnológicas). Muchos más miles de jóvenes portugueses, así como otros de toda Europa, están trabajando largas horas con contratos de corta duración en los diversos “call centers” con bajos salarios que están surgiendo por toda la ciudad.
Mientras que el turismo y las exportaciones son los factores clave en la mejora de las estadísticas económicas de Portugal, el gobierno portugués también ha trabajado duro en las mismas. Algunos gastos han sido excluidos del déficit de 2017, como el rescate de 4.000 millones de euros del banco Caixa Geral, que por sí solo eleva el déficit hasta el 3% del PIB y supera la línea roja de la UE. La manipulación de las cifras puede ser políticamente conveniente y mantiene el flujo de la QE a corto plazo. Pero apenas enmascara la imagen real de la economía portuguesa, que incluso en términos de estadísticas superficiales no es tan prometedora como se afirma.
¿Hasta qué punto la austeridad ha sido realmente “dejada de lado”?
Es innegable que el crecimiento del turismo y de las exportaciones ha proporcionado ingresos fiscales adicionales al gobierno portugués desde 2015. Sin embargo, aunque ha utilizado algunos de estos fondos adicionales para contener pequeños detalles del programa de austeridad, se han destinado en gran medida a equilibrar el presupuesto.
Los aumentos del salario mínimo y del empleo no son expresiones de la mejora del nivel de vida. Por el contrario, son una cobertura de problemas críticos que afectan a la vida de los portugueses y que el Gobierno no está haciendo nada por resolver. Los aumentos salariales están muy por detrás de los astronómicos aumentos de los alquileres en las principales ciudades, y no hacen nada para combatir el azote del trabajo precario y del subempleo crónico. Este fenómeno es el verdadero medio por el que se ha controlado el desempleo.
Además, las estadísticas de desempleo se han visto favorecidas por un descenso de la tasa de población activa (la proporción de portugueses que trabajan o buscan trabajo). Ésta bajó del 62% en 2010 al 59% en 2014, y no se ha recuperado desde entonces. Otro factor es la pérdida neta de 200.000 personas (principalmente jóvenes) -una parte considerable de la clase trabajadora- desde el comienzo de la crisis del euro, que Matthew C Klein se vio obligado a señalar mientras elogiaba la economía portuguesa para el Financial Times. Y aunque el desempleo juvenil se ha reducido a la mitad desde su máximo en 2013, sigue siendo del 20%, igual al máximo anterior a la crisis.
Además del empleo, las políticas del gobierno en materia de salud actúan como una referencia de sus credenciales de “anti austeridad”. Desde el año 2000, el porcentaje de la asistencia sanitaria portuguesa financiada por medios privados ha aumentado gradualmente. Bajo el gobierno de Costa, esta tendencia ha persistido. El gasto en salud como porcentaje de la libra esterlina se redujo desde el mínimo del gobierno anterior del 9% al 8,9% en 2017. El número de médicos y enfermeras que emigran al extranjero ha tendido a aumentar año tras año desde 2011, debido al deterioro de las condiciones en el Servicio Nacional de Salud (SNS).
Entre 2011 y 2012, como parte del “programa nacional de reestructuración”, el conjunto de tasas de usuario para el SNS se duplicó con creces. Algunos de ellos se volvieron prohibitivamente costosos. Las urgencias generales pasaron de 9,60€ a 20€, las consultas de atención primaria de 2,25€ a 5€, lo que supone un aumento significativo para las personas con problemas de salud en curso y a las que se les cobra repetidamente durante un periodo de tiempo. Aunque desde entonces se han aplicado ciertas reducciones y exenciones, el aumento de los costos de los productos farmacéuticos recetados está siendo cubierto cada vez más por los propios usuarios, incluidos los pensionistas y las personas con enfermedades crónicas. Después de casi tres años de gobierno de Costa, los pagos de uso del SNS se mantienen casi exactamente en los niveles introducidos por la austeridad hace siete años.
El gasto en educación también ha seguido disminuyendo constantemente desde 2010, y Costa lo ha reducido del nivel del 3,8% que heredó, al 3,7% del PIB. Este descenso se ha visto favorecido por el éxodo juvenil de los últimos años, pero los recortes de gran alcance en la financiación de las universidades también están desanimando a los jóvenes para que continúen su educación.
Aunque el gasto en servicios públicos está disminuyendo, los niveles impositivos siguen siendo casi idénticos a los introducidos por el gobierno anterior. Las subidas del impuesto sobre la renta anunciadas en 2012 suponen una carga desproporcionada para los trabajadores con salarios bajos y medios que ya estaban regalando el mismo porcentaje de sus salarios en pagos de seguridad social que sus gerentes. El único cambio que ha hecho el gobierno actual es ampliar el cuarto tramo del impuesto sobre la renta (el segundo más alto) disminuyendo su límite inferior. Esto tendrá poco impacto en la mayoría de las personas, excepto en los bolsillos de profesionales como médicos, abogados y profesores universitarios.
Mientras tanto, el impuesto de sociedades ( a las empresas) se mantiene en el 21% -la tasa más baja del sur de Europa- después de haber sido reducido del 25% en 2014-15. Un cambio significativo ha sido la reducción del IVA de los restaurantes, que antes se elevaba al 23%, y en 2016 se redujo al 13%, para fomentar la rápida expansión de la industria del turismo. Junto con la contracción de los servicios públicos y los altos niveles de impuestos que se imponen a los trabajadores -una continuación de las políticas del gobierno anterior-, esto difícilmente indica una reversión de la austeridad.
Hay que preguntarse: ¿cómo puede considerarse que un gobierno que casi equilibra el presupuesto de una de las economías más débiles y más afectadas por la crisis de Europa sea “anti-austeridad”?
La explosión social se cuela sobre la vivienda
La cuestión de la vivienda, en particular, llega al corazón de una crisis social que se está gestando en Portugal y que sólo se ha profundizado bajo este Gobierno. En 2012, como parte del programa de reestructuración impulsado por el BCE y el FMI, una nueva ley eliminó los límites de alquiler de larga duración para las personas con rentas bajas y los pensionistas. Estos topes estavab establecidos de alguna manera para proteger a los trabajadores, así como a otros sin ingresos, congelando efectivamente su renta durante décadas.
Su eliminación ha provocado miles de desalojos, precipitando la especulación y el desarrollo inmobiliario en las principales ciudades de Lisboa y Oporto, así como en el Algarve. A medida que los propietarios y los inversores extranjeros intentan sacar provecho del auge turístico, cada vez más edificios de apartamentos urbanos se están remodelando para alquilarlos durante las vacaciones. En Lisboa, ahora es común ver bloques de apartamentos y hostales Airbnb recientemente renovados adyacentes a las ruinosas casas de los inquilinos locales de larga data. Los propietarios simplemente están esperando a que terminen sus contratos para aumentar los precios y echarlos, de modo que estas casas también se puedan convertir en alojamientos de vacaciones.
Comunidades enteras están siendo destruidas por este proceso. En algunos casos, los más desfavorecidos se ven obligados a salir a la calle. Los pensionistas y las familias trabajadoras que han vivido en el mismo apartamento durante décadas no tienen adónde ir. Incluso las clases medias de las zonas centrales de las ciudades están siendo golpeadas. En un artículo del New York Times en se cita un ejemplo de un propietario de un bar de Lisboa cuyo propietario ha cuadruplicado su alquiler de un año para otro, y lo está desalojando este año.
Sin embargo, los jóvenes son la población más afectada por este problema. Un estudio publicado en enero de 2017 por Cáritas Europa reveló que la mayoría de los jóvenes no pueden alquilar ni comprar una propiedad en Portugal. El estudio explica: “Los precios de una propiedad en Portugal, comparados con el salario medio, son desproporcionados”. Además de desplazarse precariamente de un empleo temporal a otro, y de que el sector de la educación se ve devastado por los recortes de fondos, el joven portugués medio se queda a vivir con sus padres hasta los 29 años.
Lejos de resolver este problema, el proceso se ha acelerado bajo el actual gobierno, ya que la burbuja turística se ha inflado. La coalición liderada por los socialistas, en lugar de revertir la ley de liberalización y apoyar a los inquilinos contra los propietarios y las grandes empresas, ha continuado con las mismas políticas. Estos incluyen un programa de “visado dorado”, que concede un permiso de residencia a los especuladores inmobiliarios no europeos que compran o invierten en propiedades de un valor superior a un determinado valor (normalmente superior a 500.000€).
Bajo la creciente presión de abajo, que ha incluido varias ocupaciones de alto impacto, el gobierno ha tomado algunas medidas para retrasar los peores efectos sociales de la situación de la vivienda. Una enmienda que han aprobado a la ley de 2012 aumenta la permanencia de un inquilino que no paga, a tres meses antes de ser desalojado. Mientras tanto, los pensionistas y las familias de bajos ingresos que todavía alquilan a través de los antiguos contratos de arrendamiento tienen ahora un período de transición prolongado antes de que se permita a los propietarios imponer nuevos precios. Por lo tanto, al menos ahora estos grupos demográficos tienen tiempo de prepararse para que les quiten sus hogares o, en el caso de los pensionistas, se les ha dado la oportunidad de morir antes de ser expulsados.
Para mantener su posición en las encuestas de opinión, el gobierno busca retrasar la explosión social que se está gestando sobre la situación de la vivienda. No han hecho nada con respecto a la gran cantidad de desalojos que ya han tenido lugar y que siguen teniendo lugar. Mientras continúe la orgía de la especulación inmobiliaria, la explosión que se está preparando -para este gobierno o el siguiente- será cada vez mayor.
El papel del Bloco de Esquerda y del PCP
El gobierno socialista cuenta con el apoyo del Bloco de Esquerda y del Partido Comunista Portugués para aprobar leyes en el parlamento. Esta posición deja margen para que se ejerza una enorme presión desde la izquierda. El PCP controla la mayoría de los sindicatos más grandes de Portugal, mientras que Bloco, al menos durante un tiempo, ha tenido un apoyo electoral significativo entre los jóvenes.
Sin estos partidos, el llamado gobierno de “izquierda” de Portugal no existiría. Podrían utilizar el poder que viene con esta situación para forzar una verdadera derrota de las medidas de austeridad impuestas desde la crisis del euro y, además, para conseguir verdaderas reformas para los trabajadores y los jóvenes portugueses. De hecho, el año pasado, el Financial Times advirtió que la recuperación portuguesa podría causar una “crisis de buenas noticias”, lo que podría llevar a los partidos de izquierda a exigir más a sus socios de coalición.
Al movilizar un apoyo masivo para derrocar las medidas de austeridad impuestas al pueblo portugués en los últimos años, los dos partidos de izquierda tendrían una posibilidad real de afectar a la política gubernamental. Su fuerza -especialmente en el caso del PCP- no reside en las cámaras del parlamento, sino en las calles.
Apoyarse en el movimiento de la clase obrera demostraría el poder real en manos del PCP, cuyos lazos históricos con las masas portuguesas son mucho más profundos que los del Partido Socialista. Y el Bloco podría traducir el apoyo electoral que ha recibido por su lenguaje radical durante las campañas electorales en un movimiento de su base de jóvenes, para forzar cambios en las políticas de empleo, educación y vivienda.
En cambio, la dirección de ambos partidos, en distintos grados, ha logrado hasta ahora poner cabeza abajo esta posición. Se acobardan ante la idea de que se les culpe del colapso del gobierno, levantando la más mínima oposición lo más silenciosamente posible para no perturbar la paz, mientras votan presupuestos cuyo objetivo declarado es la reducción del déficit a costa de la clase obrera portuguesa.
Foto: PÚBLICO
Ciertamente, tanto el Bloco como el PCP han desempeñado un papel en ciertas alteraciones menores de las políticas del gobierno anterior, como las nuevas leyes de tenencia. Pero el carácter mínimo de estas reformas sólo sirve para exponer las limitaciones de la dirección de estos partidos, cuya idea de imponer la voluntad de las masas portuguesas al gobierno es la de prolongar la vigencia de los avisos de desahucio.
Los dirigentes del Bloco, en particular, han demostrado su hipocresía en este sentido. Mientras los activistas de Bloco se hacen visibles en las ocupaciones espontáneas de inquilinos en toda Lisboa, un concejal de alto rango que representa al partido ha sido desenmascarado como un casero que se aprovecha de la subida de los alquileres. Mientras que su partido se ha pronunciado públicamente en contra de los ataques a los inquilinos y sus derechos, este concejal ha estado aumentando el alquiler de su propia propiedad, forzando efectivamente el desalojo de sus inquilinos.
Además, en el reciente congreso del partido, la resolución propuesta por el actual grupo de dirección, que establece un marco para la actividad del próximo año, fue aprobada casi por unanimidad. La resolución abrió la posibilidad de una alianza total con el Partido Socialista en la campaña electoral del próximo año. Esta medida sería consecuencia lógica de la orientación que ha tomado la dirección del partido desde que acordó apoyar al gobierno en 2015.
Parte de la razón por la que la resolución se aprobó sin ninguna oposición real es que, más allá de las diferentes capas de la burocracia, el Bloco se ha vaciado en gran medida de la base activa que tenía. Los miembros o bien han rechazado la acogedora relación entre la dirección del partido y el gobierno, o bien han adoptado esta posición, lo que niega la necesidad de un activismo partidario independiente. Si el partido sigue adelante con la alianza electoral, es probable que su base electoral se divida de manera similar.
El PCP, por su parte, ha prestado un gran servicio al Partido Socialista al mantener bajo control el movimiento obrero, asegurándose de que las huelgas del sector público, en particular, no se salgan de control.
Militancia de base y liderazgo débil
Dicho esto, uno de los conflictos laborales más grandes en la historia de la docencia en Portugal fue liderado por FenProf, un sindicato dominado por el PCP. Maestros, profesores y personal universitario participaron en una serie de huelgas contra la baja remuneración, la precariedad y la semana laboral de 35 horas, entre marzo y julio. La participación alcanzó el 70 % y, ante la ausencia de sindicatos oficiales de estudiantes en Portugal, la alta participación de jóvenes universitarios y personal eventual fue especialmente notable. También hubo una gran manifestación pública en el centro de Lisboa en mayo. Sin embargo, a pesar de la combatividad de las bases, muchos se quejaron amargamente de que la dirección no mostraba el camino a seguir.
La línea seguida fue la que, en general, ha sido transmitida a los trabajadores portugueses desde 2015 por la jerarquía sindical. En pocas palabras: es importante que los trabajadores cumplan con su deber saliendo a la luz y dejando claras sus reivindicaciones, pero también es importante que ninguna acción ponga en peligro al Gobierno. Una vez que la disputa ha llegado a un cierto punto, es necesario que todos acepten su lugar, se vayan a casa y estén agradecidos de que el PCP mantenga al gobierno bajo control, trabajando arduamente para cambiar la opinión del primer ministro, aquí y allá, en su nombre.
En otros lugares, una huelga militante de SEAL, el sindicato nacional de trabajadores portuarios, contra una campaña brutal de destrucción de sindicatos llevada a cabo por los patrones de la industria, así como contra las condiciones de trabajo precarias, ha estado en curso desde mayo. Esta huelga se caracteriza por la vergonzosa falta de solidaridad, tanto en palabras como en acciones, por parte de los dirigentes de otros sindicatos dirigidos por el PCP, especialmente si se tiene en cuenta que ambas razones de la huelga son temas generalizados en toda la clase obrera portuguesa.
La estrategia de la dirección del PCP -disminuir las disputas laborales que dirigen y desestimar de manera sectaria las que no dirigen- ha logrado dos cosas.
En primer lugar, ha demostrado más allá de toda duda la debilidad de su dirección, justo cuando parece que se le ha dado una verdadera oportunidad de ejercer presión directa sobre la clase dominante portuguesa. En el caso de la huelga de maestros, la débil dirección de FenProf llevó a algunos trabajadores a abandonar el sindicato por completo y unirse al recién formado sindicato independiente STOP, que se benefició en gran medida de las vacilaciones del ejecutivo de FenProf, dominado por el PCP.
Aunque la situación política en Portugal se encuentra claramente en un punto bajo, existe el deseo de un enfoque más combativo en el plano industrial. Esto es particularmente cierto en el caso de las capas que recientemente han sido arrojadas a las precarias condiciones de trabajo que han ayudado a mejorar las estadísticas de desempleo del gobierno, como lo demuestra una huelga masiva por el empleo y los derechos sindicales por parte de los trabajadores temporales y subcontratados el 15 de noviembre. SEAL, por su parte, aprobó una moción para la afiliación de los trabajadores portuarios ocasionales de Setúbal a su sindicato poco después de que estos trabajadores dieran ejemplo a sus camaradas ya sindicados.
Pero el ejecutivo de la principal federación sindical, la CGTP, dirigida por el PCP, no hace más que hablar de palabra de las luchas de estos trabajadores, a la vez que elogia al gobierno por reducir el desempleo. La CGTP no se involucró hasta el 15 de noviembre, bajo la enorme presión de las bases de algunos de sus sindicatos afiliados. Las otras luchas que ha llevado a cabo en los últimos tres años sugieren que su papel consistirá en limitar el alcance de las medidas adoptadas. Por lo tanto, los líderes del PCP están desaprovechando una y otra vez la posibilidad de ejercer una enorme presión sobre el gobierno, lo que podría empujarlo a llevar a cabo las reformas genuinas que las masas de trabajadores eventuales necesitan desesperadamente.
En segundo lugar, las hazañas -o la falta de ellas- del PCP han sembrado ilusiones masivas en el Partido Socialista, cuyo gobierno la dirección del PCP está dispuesta a defender a toda costa. Esto ha llevado a que los socialistas consigan votos provenientes del PCP en las encuestas de opinión.
Foto: CPUSA
Como el Bloco ha mantenido su posición en las encuestas por el momento (aunque sin hacer ninguna ganancia), el porcentaje del PCP en realidad ha caído desde las elecciones de 2015. Las lecciones de aliarse con un partido socialdemócrata y aprobar pasivamente sus políticas antiobreras se encuentran entre los escombros de los partidos comunistas en toda Europa, sobre todo en la historia del propio PCP. Si ambos partidos de izquierdas continúan en esta línea, en lugar de ser culpados de derrocar al Gobierno, serán objeto de acusaciones mucho más graves cuando la recuperación de Portugal se agote.
Aunque ser abiertamente crítico de un gobierno popular y aparentemente estable desde dentro puede ser un acto polémico en este momento, no destruirá la base de apoyo o la credibilidad de un partido. Las repetidas traiciones a los intereses de clase sobre los que se construye ese apoyo, lo hará. Si el PCP y el Bloco son vistos como que están atados de pies y manos a este gobierno, con la más mínima diferencia entre ellos y el Partido Socialista, cuando la popularidad del gobierno comience a hundirse, junto con la situación económica en Portugal, caerán con él. La clase obrera portuguesa tardará mucho tiempo en volver a confiar en ellos.
El futuro inmediato de Portugal
En su estudio sobre la juventud portuguesa, Cáritas Europa sugirió de forma preocupante que la combinación de condiciones de trabajo precarias y condiciones de vida inasequibles supone una amenaza para “el futuro del país”. Que tales advertencias se hagan en un momento en que la economía portuguesa parece estar en alza, en el contexto más amplio de un equilibrio político económico extremadamente frágil en toda Europa, debería preocupar seriamente a la clase dominante portuguesa.
Antonio Costa tiene asegurada su reelección como primer ministro en las elecciones generales del próximo año, ya sea a través de una mayoría parlamentaria o de una coalición con el Bloco. Pero es más que probable que una crisis llegue por cualquier medio durante su segundo mandato. El turismo al menos se habrá paralizado, si no estancado, devolviendo a muchos de los ahora empleados precarizados a las cifras de desempleo y amenazando con hacer estallar la burbuja inmobiliaria especulativa que se está inflando en la actualidad. La crisis de la vivienda que se avecina puede estallar en los próximos años.
Movilizaciones de los trabajadores de telemarketing / Foto: STCC
Y, quizás lo más importante, la Unión Europea podría estar sumida en la crisis más profunda de su historia en ese momento, arrastrando a la economía portuguesa con ella. Aunque no sea así, la continuación de una recuperación a escala europea significaría una reducción de las políticas del BCE de la Expansión Cuantitativa (QE), dejando a Portugal atrapado en la misma espiral de deudas impagables que lo llevó al borde del desastre a principios de esta década.
Para la izquierda, estas cosas deberían ser una señal para prepararse para las monumentales luchas que llegarán antes de lo que indica la relativa estabilidad de la situación actual. Esto no significa subordinar los objetivos políticos al éxito de un gobierno cuyas políticas (por muy radicales que sean de palabra) están en consonancia con el BCE y el FMI. Esto significa tomar las lecciones de los acontecimientos anteriores, tanto históricamente en Portugal como más recientemente en el resto de Europa, y aplicarlas hoy. Sobre todo, el PCP y el Bloco tienen que pasar de las maniobras parlamentarias a la lucha y la movilización en las calles.
El discurso de Macron del martes por la mañana fue una larga e interminable provocación. Mientras que los chalecos amarillos exigen, como mínimo, medidas inmediatas contra la carestía de la vida, el Presidente habló sobre todo de la situación mundial en el horizonte 2050. No nos ahorró ninguna consideración de “método” ni de “pedagogía”. Pero no anunció ni una sola medida concreta. La modulación de los impuestos en función del precio del petróleo no es una medida concreta: es una vaga hipótesis, sin coste y sin plazos.
Las medidas a tomar son enviadas a las “consultas” a organizar en los próximos meses a nivel territorial. Por supuesto, de ahí no puede salir nada positivo. Ese no es el objetivo. En lo inmediato, lo que le importa al gobierno es anunciar las negociaciones con la esperanza de desmovilizar a los chalecos amarillos. El gobierno les dirá “¿para qué os movilizáis, si hemos abierto negociaciones?”[1].Sin embargo, la jugada es demasiado evidente, y la cantidad de cólera acumulada es demasiado grande, la exasperación demasiado viva, para que este movimiento se conforme con promesas vagas formuladas en un tono docto y arrogante. La lucha va a proseguir con una etapa importante este sábado: la movilización simultánea en las calles de los chalecos amarillos y la CGT (entre otros). En muchas ciudades se anuncian manifestaciones conjuntas. Lo ideal sería que esto se hiciera en todas partes bajo consignas comunes: contra la imposición a los pobre, contra las políticas de austeridad, etc.
El papel de los sindicatos
¿Por qué el gobierno no cede en nada? Porque teme, con razón, que una concesión anime la lucha de las masas y que el conjunto de los trabajadores se digan entonces: “para conseguir algo, ¡hay que hacer como los chalecos amarillos!”. Pero, por otro lado, al rechazar cualquier concesión, el gobierno corre el riesgo de estimular y radicalizar el movimiento.
La experiencia demuestra que un gobierno se enfrenta a este tipo de disyuntiva cuando la exasperación de las masas y su combatividad son tales que el país se encuentra en el umbral de una poderosa explosión social. Ciertamente, nadie puede decir si esta explosión (o más bien esta segunda explosión) tendrá lugar. Pero las condiciones están creadas. Y en este momento la pelota está en el tejado del movimiento obrero; de los sindicatos en primer lugar, pero también de los partidos de izquierdas. Estos tienen que intervenir en el movimiento, apoyarlo y, sobre todo, apoyarse en su impulso para construir una ofensiva general contra el gobierno Macron.
Dejado a su suerte, el movimiento de los chalecos amarillos corre el riesgo de agotarse y dispersarse a la larga. El gobierno probablemente no cederá a la estrategia de bloqueos de carreteras, comercios e instituciones. Éste las “desbloqueará” una a una y apostará por el cansancio del movimiento. Es por esto que el movimiento debe aumentar su potencia, traspasar un umbral decisivo. Hay que combinar la estrategia de bloqueos con el desarrollo de un amplio movimiento huelguístico. Esta es la precondición para la victoria. Pero, en lo inmediato, los chalecos amarillos no pueden organizar estas huelgas ellos mismos. Esa es la tarea, en primer lugar, de las organizaciones sindicales. Estas deben lanzar todas sus fuerzas a esta batalla, no dentro de tres meses, sino ahora.
En vez de hacer esto, los dirigentes sindicales se mantienen a distancia de los chalecos amarillos, cuando no les atacan (Laurent Berger, de la CFDT, es el más virulento). Felizmente la base de los sindicatos reacciona de otra manera, especialmente en la CGT, en la que la posición de la dirección confederal está siendo muy contestada. Y con razón: es escandalosa. En un primer momento, Martínez[2] rechazó apoyar las acciones del 17 de noviembre con la excusa de “no desfilar con el Frente Nacional” (aun cuando la presencia organizada de éste era marginal). Después, para no llamar a participar en las manifestaciones del 24 de noviembre, la dirección de la CGT ha llamado a manifestarse el 1 de diciembre. A fin de cuentas, la CGT no siempre apoya con claridad la anulación de la subida de impuestos a los carburantes. Prefiere pedir un aumento de los salarios (¡como si ambas reivindicaciones se contradijeran!).
Mientras que Martínez multiplica las excusas para mantenerse al margen de los chalecos amarillos, las estructuras de base de la CGT están interviniendo en el movimiento, o al menos se declaran favorables. Estos acercamientos tienen que multiplicarse. Allá donde sea posible, los militantes de la CGT deben proponer a los chalecos amarillos organizar asambleas generales, en las que pueda someterse la cuestión de la huelga. El movimiento de los chalecos amarillos puede jugar un papel importante en la organización de un amplio movimiento huelguístico. No será difícil conectar ambos, ya que muchos chalecos amarillos son trabajadores. Si se les gana para la estrategia de la huelga, se convertirán en excelentes defensores de esta causa en sus empresas. Hay que apoyarse en la extraordinaria combatividad que este movimiento ha hecho surgir.
Las asambleas permitirían también hacer más democrático y más eficaz al movimiento. La elección de ocho portavoces (¿Cómo? ¿Por quién?) ha puesto esta cuestión en el centro del debate. Es necesario un control democrático del movimiento de abajo arriba, con delegados elegibles y revocables a nivel local y después nacional. Por cierto, esto permitiría descartar a los militantes de extrema derecha que buscan prosperar en la confusión. Un discurso anticapitalista claro tendrá mucho más éxito entre los chalecos amarillos que las jeremiadas nacionalistas de la extrema derecha.
¿Apolítico?
Algunos nos dirán: “¡No! El movimiento de los chalecos amarillos es apolítico y debe seguir siéndolo”. Los mismos que normalmente rechazan toda implicación de los sindicatos. No hay que ceder a estas presiones, que siempre favorecen a los elementos más derechistas. Los chalecos amarillos rechazan el sistema político actual, con razón, y a la vez desconfían de los dirigentes políticos y sindicales, también con razón. Pero su movimiento no es en absoluto “apolítico”. Algunas de las reivindicaciones que surgen, como la disolución de la Asamblea Nacional, no sólo son muy políticas, sino también muy radicales. Y hace falta que encuentren una expresión clara en la izquierda y en el movimiento sindical.
La CGT y La Francia Insumisa en particular deben explicar que no se podrá derrocar al gobierno sin un fuerte movimiento de huelgas prorrogables, ya que los bloqueos y las manifestaciones no bastarán. Al mismo tiempo, deben defender un programa de ruptura con el sistema capitalista, ya que la crisis es la causa fundamental de la carestía de la vida y de todos los sufrimientos de las masas. No intervenir políticamente en este movimiento sería dejar el terreno a la derecha y la extrema derecha. No podemos permitirlo.
[1] Conocemos bien este método: se usa sistemáticamente contra el movimiento obrero con la complicidad de los dirigentes sindicales, que corren sin cesar hacia las “concertaciones”, “cumbres sociales” y otras “mesas redondas”
Cuando se cumplen 40 años del régimen del 78, su falta de autoridad nunca ha sido tan grande como ahora. No sólo se ha intensificado el malestar popular a partir de la crisis iniciada en 2008, por la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población; sino que esa mayoría social ha percibido y padecido que las instituciones oficiales –Justicia, fuerzas represivas, Monarquía, Parlamento– han defendido a los ricos y poderosos, y a su corrupción, y se han ensañado con los pobres y las familias trabajadoras a través de leyes injustas y de la represión.
El último episodio de esto fue la escandalosa decisión del Tribunal Supremo de “corregir” un fallo suyo anterior para beneficiar a los bancos en el llamado “impuesto de las hipotecas”, un requisito que beneficia a estos últimos para asegurarse el cobro de las créditos, pero que se hace pagar a los clientes. El gobierno Sánchez, rápido de reflejos, aprobó inmediatamente un decreto-ley para que los bancos pagaran este impuesto, desactivando así una protesta social en la calle que podría haber adquirido una fuerza explosiva.
Un régimen represivo y neofranquista
El enorme auge de luchas iniciado el 15M de 2011, que alcanzó su clímax a comienzos de 2014 y que luego fue seguido por la tremenda irrupción de Podemos, sobrecogió de pánico al régimen, que sintió en su nuca el soplo ardiente de la revolución. La abdicación de Juan Carlos fue una medida de urgencia improvisada, completada con el giro a la derecha en el propio aparato de Estado y el endurecimiento de la represión social, como mecanismo automático de preservación del régimen.
La actitud hostil y despiadada del aparato judicial en estos años contra tuiteros, raperos, titiriteros y cómicos, activistas sociales, miembros de piquetes y, sobre todo, contra el republicanismo catalán; así como la actitud arrogante y violenta de policías y guardias civiles contra manifestantes inermes, y las protestas de los altos oficiales del ejército contra la salida de la momia de Franco del “valle de los caídos”, ha sacado a la luz el perfil franquista de todo el aparato del Estado, que había permanecido agazapado durante décadas. La razón de ello es que en este ambiente social, donde el régimen llama al aparato del Estado (Monarquía incluida) a destacarse y a dar un paso adelante para que lo defienda, este aparato se siente más liberado y más confiado para mostrarse abiertamente como realmente es. Nos gobierna una casta judicial, de mandos del ejército y de la policía que ha heredado las posiciones que ostentaban sus padres, tíos y abuelos hace 40 años, y más. Este aparato de Estado sin depurar representa, como estamos viendo, un enorme peligro para la clase obrera y para todos los que padecen las injusticias del sistema.
Las señas de identidad de este aparato de Estado, así como de la derecha y la ultraderecha, han sido siempre el nacionalismo español y su bandera rojigualda, a cuyo frente se ha colocado ahora de manera destacada la figura de Felipe VI, como máximo garante del orden y de los privilegios de los poderosos.Es la obligación del activismo de izquierdas atacar, desacreditar y exponer la hipócrita falsedad de estos elementos patrioteros para presentarlos como realmente son: un instrumento de opresión social.No puede haber igualdad de intereses ni hermandad entre el patrón que explota y el obrero explotado, entre el rico y el pobre, entre los que honran a Franco y quienes sufrieron la dictadura o tienen a los suyos enterrados en cunetas; entre Casado, Aznar y Abascal y los activistas populares y de izquierdas. La auténtica soberanía nacional pasa por que toda la riqueza del país sea propiedad colectiva y común de quiénes la crean, de la clase trabajadora.
El nacionalismo españolista: un instrumento de opresión
Cuando reprochamos desde años atrás a los dirigentes de Podemos su coqueteo con el nacionalismo español y con términos de tan infausto recuerdo para la clase obrera, como “patriota” y “patria”, sabíamos de los peligros que entrañaba realzar la autoridad de términos tan queridos para los fascistas y la derechona.
Ahora vemos con claridad meridiana el papel reaccionario y nefasto del nacionalismo opresor español, no sólo contra otros pueblos o sentimientos nacionales dentro del Estado, sino contra cualquier reclamo progresista y de clase, que es tildado de “antiespañol”, y que debe ser destruido. La expresión más concentrada de esto, en absoluto anecdótica, ha sido el caso del fascista Manuel Sánchez Murillo, simpatizante de Vox e hijo del último alcalde franquista de la localidad catalana de Rubí, que planeaba atentar como francotirador contra Pedro Sánchez, y cuyo caso ha sido desestimado por la Audiencia Nacional como “terrorismo”, mientras que este mismo tribunal condenó a prisión al rapero Valtonyc, por hacer “apología del terrorismo” en las letras de sus canciones.
También vimos la provocación criminal de Ciudadanos, el PP y Vox en Alsasua (Navarra) haciendo un acto de apología de la Guardia Civil para humillar a los vecinos de esta localidad y a los jóvenes condenados a largas penas de prisión por una pelea en un bar con guardias civiles fuera de servicio, o la detención del dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, por “injurias a la Corona”.
Lo más preocupante es la ausencia de una respuesta organizada y coordinada a nivel estatal para responder a estas provocaciones del aparato del Estado. Si los dirigentes de Unidos Podemos, el movimiento de Alsasua, el republicanismo catalán, los movimientos de la Memoria Histórica, los diversos artistas “famosos” encausados por delitos de opinión, y el resto de la izquierda militante unieran sus esfuerzos para organizar un frente único estatal contra la represión y por los derechos democráticos, eso tendría una respuesta potentísima que cambiaría toda la situación y ofrecería una alternativa a la ofensiva franquista del aparato del Estado y su bandera rojigualda.
Pánico a la agitación republicana
Y, sin embargo, ha bastado con que los dirigentes de Unidos Podemos levantaran su voz a favor de la República para que todo el régimen empiece a agitarse con temblores. Y esto es así porque todas las fuerzas reaccionarias del país están pivotando alrededor de la monarquía borbónica, y menoscabar su autoridad significa menoscabar el régimen en su conjunto.
Ha empezado a rodar una bola de nieve que puede y debe agrandarse en los próximos meses, agitando y extendiendo el sentimiento republicano en la sociedad. Ahí están los referéndums simbólicos en barrios, ciudades y universidades para decidir entre monarquía y república, la proliferación de banderas republicanas en todas las movilizaciones de masas e, igualmente de importante, la conformación de una coordinadora estatal por la República, acordada el pasado 10 de noviembre en Madrid, que aglutina a más de un centenar de asociaciones republicanas y organizaciones de izquierdas, para hacer agitación y movilizaciones por todo el país.
La agitación por una república democrática avanzada está preñada de posibilidades revolucionarias. Una república democrática sería un golpe decisivo contra la reacción, implicaría no sólo la abolición de la monarquía, sino la extirpación del aparato de Estado neofranquista, la separación completa de la Iglesia del Estado y el fin de los privilegios escandalosos de esta institución reaccionaria, aseguraría el derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas y le daría un sentimiento de poder y soberanía verdaderos a las masas populares, comenzando por la clase trabajadora.
Por la república y el socialismo
Aun cuando los marxistas revolucionarios insistimos en vincular la lucha por la república con la transformación socialista de la sociedad, única manera real de solucionar los problemas que aquejan a nuestra clase, poner en pie un frente único por el objetivo central de la república con todas las fuerzas de izquierdas y auténticamente democráticas, para hacerla realidad, sería un paso adelante en sí mismo y también reforzaría la lucha por el socialismo.
Es significativo, en este sentido, el informe publicado por El País, a través de una encuesta encargada por este diario, en el que se constata: “La encuesta deja una crítica rotunda al sistema y a quienes toman las decisiones: el 42,4% cree que el capitalismo no es compatible con la democracia, ya que genera desigualdad y pobreza” (Los españoles responsabilizan de la Gran Recesión a la banca y la política, El País 10/11/18). Y que los trabajadores de la empresa de aluminio, Alcoa, estén reclamando al gobierno de Sánchez la nacionalización de la empresa, amenazada de cierre, es un indicativo también del carácter anticapitalista y socialista que puede adquirir la lucha del movimiento obrero español cuando se desate la próxima crisis económica que se está anunciando a nivel global.
En este aniversario, pues, la voz de mando para el movimiento obrero y la izquierda española debe ser: ¡Abajo el régimen monárquico del 78, su corrupción y sus injusticias! ¡Por la República! ¡Por el socialismo!
La movilización de los chalecos amarillos marca una etapa importante en el desarrollo de la lucha de clases en Francia. Sin partido, sin sindicato, sin organización preexistente, cientos de miles de personas han participado en las acciones de bloqueo, barriendo de un golpe las pseudo concesiones y las amenazas del gobierno. Una gran mayoría de la población les apoya.
Su determinación está a la altura de su cólera y sus sufrimientos. Arden de indignación contra un gobierno que no para de aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores, los jubilados y las capas medias, mientras que los más ricos se benefician de todo tipo de desgravaciones, subvenciones y otras ventajas fiscales. Los chalecos amarillos han entendido perfectamente que el argumento de la “transición ecológica” no es más que un nuevo pretexto para saquear a la masa de la población en beneficio de un puñado de parásitos riquísimos.
Este movimiento es política y socialmente heterogéneo. ¡Naturalmente! La política reaccionaria del gobierno golpea no solamente a los trabajadores, sino también a los artesanos, los pequeños comerciantes, los pequeños campesinos, los profesionales liberales, los jubilados y otras capas sociales intermedias. La heterogeneidad social y política del movimiento de los chalecos amarillos demuestra precisamente su profundidad. No es una movilización sólo de la “vanguardia obrera”, de los trabajadores más conscientes y organizados. Es un movimiento de masas que, de repente, levanta a capas sociales normalmente inertes. Por supuesto, nadie puede decir hasta dónde va a llegar. Pero lo que sí está claro es que un movimiento de esta naturaleza es característico del inicio de una revolución. En la isla Reunión, el movimiento ha adquirido ya un carácter insurreccional.
Los militantes de la izquierda que se ponen exquisitos ante la “confusión” del movimiento, deberían reflexionar sobre esto que escribió Lenin en 1916:
“Quien espere la revolución social pura no la verá jamás. Será un revolucionario de palabra que no comprende la verdadera revolución. […] La revolución socialista en Europa no puede ser otra cosa que una explosión de la lucha de masas de todos y cada uno de los oprimidos y descontentos. En ella participarán inevitablemente parte de la pequeña burguesía y de los obreros atrasados (sin esa participación no es posible una lucha de masas, no es posible ninguna revolución) que aportarán al movimiento, también de modo inevitable, sus prejuicios, sus fantasías reaccionarias, sus debilidades y sus errores. Pero objetivamente atacarán al capital, y la vanguardia consciente de la revolución, el proletariado avanzado, expresando esta verdad objetiva de la lucha de masas de pelaje y voces distintas, abigarrada y aparentemente desmembrada, podrá unirla y dirigirla, tomar el poder, adueñarse de los bancos, expropiar a los trusts, odiados por todos (¡aunque por motivos distintos!) y aplicar otras medidas dictatoriales [1] que llevan en su conjunto al derrocamiento de la burguesía y a la victoria del socialismo” [2]
Estas líneas de Lenin caracterizan bien al movimiento de los chalecos amarillos. Al mismo tiempo, indican el papel que deberían jugar las organizaciones sindicales y políticas del movimiento obrero en estas circunstancias: deberían “unir y orientar” la lucha de masas hacia la conquista del poder y el derrocamiento del capitalismo. En este sentido, la diferencia entre lo que escribía Lenin hace un siglo y lo que hacen hoy la mayoría de los “dirigentes” del movimiento obrero es flagrante, abisal. En los hechos, no “dirigen” nada. Peor todavía, dan la espalda al movimiento de los chalecos amarillos, cuando no lo atacan.
Por ejemplo, el dirigente de la CFDT Laurent Berger ha calificado el movimiento como “totalitario”. En su calidad de agente de la burguesía en el seno del movimiento obrero, Laurent Berger no pierde nunca una buena ocasión de defender el orden establecido, es decir la dominación (“totalitaria” en cierto sentido) de los bancos y las multinacionales.
¿Y por parte de Philippe Martínez (CGT), que dirige la confederación sindical más poderosa y más militante? El “derrocamiento de la burguesía” y la “victoria del socialismo” están a años luz de sus intenciones (lo que es lamentable, ya que los problemas de las masas no se pueden solucionar en el marco del capitalismo). Dicho esto, ¿qué posición defiende Philippe Martínez? Dice comprender la “cólera legítima” de los chalecos amarillos, pero rechaza implicar a su organización en el movimiento ya que no quiere ver a la CGT “desfilar al lado del Frente Nacional”. Al mismo tiempo, sin embargo, reconoce que la extrema derecha es “minoritaria” (de hecho, es incluso marginal como fuerza organizada). Entonces, pese a que la reivindicación inicial y central de los chalecos amarillos es la anulación del aumento de impuestos a los carburantes, Philippe Martínez ni asume ni defiende esta reivindicación. Al contrario, aprovecha la ocasión para pedir al gobierno que suba ampliamente el salario mínimo, de manera que los trabajadores puedan, entre otras cosas, ¡comprar sus propios vehículos!
Esta posición es completamente errónea, está completamente desconectada de la situación real. Por supuesto, hay que luchar por un aumento del salario mínimo y de los salarios en general. Pero esta reivindicación no excluye ni se contradice en absoluto con la que está en el corazón del movimiento de los chalecos amarillos(que no moviliza sólo asalariados): la anulación del incremento de impuestos sobre los carburantes. En vez de oponerle la reivindicación de un aumento de salarios, la dirección de la CGT debería hacer suya la reivindicación central (y justa) del movimiento de los chalecos amarillos, defendiendo a la vez su programa general en defensa del poder adquisitivo, que por supuesto incluye el aumento de los salarios.
La CGT debería explicar: “La subida de impuestos a los carburantes no tiene nada que ver con la ecología. Es un saqueo en beneficio de las multinacionales, ya que el dinero de los impuestos acabará en los bolsillos de los grandes patronos bajo la forma de subvenciones y de regalos fiscales. Si el gobierno necesita algunos millones de euros para cuadrar el presupuesto, ¡que los coja de los cofres de las multinacionales y no de los bolsillos del pueblo!” En vez de lanzar este discurso sencillo y claro, Philippe Martínez cree distinguir el sombrero del patrón detrás de los cascos de los chalecos amarillos y grita “¡Desconfiad!”. Es lamentable.
Rechazando comprometerse con la lucha por la bajada de impuestos sobre el carburante, la dirección de la CGT deja ese terreno a la derecha y la extrema derecha, cuyos demagogos profesionales han descubierto en estos últimos días que están contra estos impuestos y lo hacen saber ruidosamente. Felizmente, militantes y estructuras de base de la CGT no han tenido en cuenta las consignas de Philippe Martínez. Se han movilizado con los chalecos amarillos. Se han creado vínculos, se han llevado a cabo acciones comunes. ¡Éste es el camino a seguir!
Por otro lado, ¿cómo piensa la dirección de la CGT arrancarle al gobierno, y a la patronal, el aumento en más de trescientos euros del salario mínimo que reclama? ¿Organizando una nueva “jornada de acción” sin continuidad, pese al fracaso patente de la estrategia de jornadas de acción en estos últimos diez años? Se supone, no se sabe. Por el momento, frente a un movimiento de masas en el que rechaza participar, Martínez exige aumentos de salarios. Punto. ¡Que lo entienda quien pueda!
Lo hemos subrayado a menudo: la estrategia de las “jornadas de acción” sindical es un impasse. Ha llevado a la derrota grandes movimientos sociales en 2010, 2016 y 2017, entre otros. La crisis del capitalismo francés es tan profunda que, en su carrera de contrarreformas, el gobierno Macron no retrocederá frente a jornadas de acción, por masivas que estas sean. Y por lo tanto, en este momento, para que nuestra clase obtenga una victoria seria, será necesario el desarrollo de un movimiento de huelgas prorrogables [3] en un número creciente de sectores económicos.
Esto es precisamente lo que la burguesía y su gobierno temen: que el movimiento de los chalecos amarillos juegue el papel de detonador de un movimiento de huelgas prorrogables. Este es el momento que ha elegido Philippe Martínez para declarar: “¡Sin mí! No me manifestaré al lado del FN”. Esto es absurdo. Lo que el movimiento de los chalecos amarillos demuestra muy claramente es la exasperación y la combatividad crecientes de ampliar capas de trabajadores. En consecuencia, en vez de disertar en el vacío sobre el FN y los trabajadores, la dirección de la CGT debería hacer todo por apoyar este movimiento y apoyarse en su impulso para poner en el orden del día una ofensiva general de la clase obrera contra toda la política reaccionaria del gobierno. Para empezar, la dirección de la CGT debería llamar a participar masivamente en la manifestación de los chalecos amarillos prevista en París el próximo 24 de noviembre. Entonces, los Wauquiez [4], Le Pen y otros demagogos burgueses no tardarían en desertar del movimiento, es decir, en dejar caer su máscara.
[1] En época de Lenin, antes de los horrores del nazismo y el estalinismo, el término “dictatorial” no tenía en absoluto la resonancia que tiene hoy en día. Lenin designa como “medidas dictatoriales” simplemente las medidas económicas y políticas mediante las cuales los trabajadores imponen su voluntad a la burguesía, exactamente como la burguesía bajo el capitalismo impone su voluntad a los trabajadores. En este sentido, la “dictadura del proletariado” no es otra cosa que la democracia obrera, el poder de los trabajadores, una vez que han derribado la “dictadura del capital”
[2] Lenin, Balance de la discusión sobre la autodeterminación, en Obras escogidas, Moscú, Editorial Progreso, 1973. Énfasis en el original.
[3] La huelga prorrogable es una huelga convocada por tiempo definido pero con la posibilidad de continuarla en caso de no llegar a un acuerdo. Es un método habitual del movimiento obrero francés. [Nota de LdC]
[4] Laurent Wauquiez, presidente de Les Républicains, nueva denominación de la derecha tradicional gaullista [Nota de LdC]
Hoy se han conocido las penas que pide la Fiscalía del Estado español para los procesados en el juicio por el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. A 9 de los procesados se les pide penas por el delito de rebelión que van desde los 25 años para Oriol Junqueras, a los 17 años para Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell, y 16 años para los otros cinco (Turull, Forn, Romeva, Rull y Bassa). A otros nueve imputados se les pide penas que van desde 10 años de cárcel a multa de 10 meses por delitos de desobediencia y malversación. Un total de más de 177 años de prisión para 12 procesados por el único delito de querer ejercer el derecho de autodeterminación.
Ante estos hechos queremos dejar patente:
Rechazamos esta decisión de la Fiscalía que al pedir las penas más altas posibles, y por los delitos más graves, muestra un carácter vengativo y de castigo ejemplar. Es la doctrina penal que el enemigo aplica a los vencidos en el campo de batalla.
El delito de rebelión (y también el de sedición que pide la Abogacía del Estado) son una herencia del código penal franquista, casi sin enmienda, y ponen al descubierto el carácter del régimen del 78, de continuidad y no de ruptura con la dictadura.
Incluso dentro del marco estrecho de la legalidad española, no se puede acusar a los procesados ni de rebelión ni de sedición, dos delitos que requieren el levantamiento violento o por la fuerza, lo que no se produjo en ningún momento.
Esta petición de penas de la Fiscalía responde al carácter del régimen del 78, para quien el ejercicio del derecho de autodeterminación representa una amenaza a uno de sus pilares fundamentales y por tanto requiere un castigo ejemplar para impedir una repetición.
Este es claramente un juicio político contra el derecho de autodeterminación.
Este juicio no es sólo una amenaza al movimiento soberanista catalán, sino que pone a prueba los derechos democráticos en el Estado español en general.La represión que hoy se utiliza contra el republicanismo catalán, mañana servirá de precedente contra cualquiera que se atreva a alzar su voz contra cualquiera de los elementos que componen el régimen del 78 (la Monarquía, la unidad de España garantizada por las fuerzas armadas, la impunidad de los crímenes del franquismo, la propiedad privada de los medios de producción, etc.)
Ante esta situación es urgente y necesario construir un Frente Único Republicano Anti-represivo y en Defensa de los Derechos Democráticos. La tarea que tenemos por delante es levantar una movilización general que haga tambalear los cimientos del régimen y lo obligue a retroceder. No se trata de limitarse a declaraciones institucionales rimbombantes, sino de impulsar una movilización de masas: manifestaciones, huelga general, desobediencia civil, contra este juicio.
Es primordial implicar a la izquierda estatal en esta lucha y llevar la movilización también fuera de Catalunya. Unidos Podemos debe unirse a este frente si de verdad quiere luchar por la República y la defensa de los derechos democráticos básicos.
¡Libertad de los presos políticos! ¡Retirada de los cargos a los exiliados!¡Todos a las calles para hacer retroceder el Estado español!
